piden degradar a militares pinochetistas
9 de julio de 2008
[Jorge Escalante] Valparaíso, Chile. La posibilidad de someter a un Tribunal de Honor a los oficiales (R) condenados recientemente en primera instancia por el doble crimen del general Carlos Prats y su esposa, ocurrido en 1974 en Buenos Aires, agregaría una nueva fuente de conflicto en materia de las violaciones de los derechos humanos durante la pasada dictadura.
El senador socialista Jaime Naranjo manifestó ayer que, tras entrevistarse con el comandante en jefe del Ejército, general Óscar Izurieta, le quedó claro que la única vía para lograr ese objetivo es reunir los votos necesarios para aprobar en el Parlamento una modificación al Código de Justicia Militar (CJM).
Esto es así debido a que sólo pueden resultar degradados mediante un proceso realizado por un Tribunal de Honor militar, perdiendo todos sus privilegios, aquellos oficiales que se encuentren en servicio activo, lo que no es el caso de los seis oficiales condenados por el doble homicidio de Prats y su cónyuge, los cuales desde hace años están en situación de retiro.
El asunto no sólo abrirá un debate político en el Parlamento, sino también, de prosperar la iniciativa legal, generará un nuevo frente de controversia entre las agrupaciones de oficiales en retiro y el propio Ejército, el cual, si el proyecto se transforma en ley, no tiene otra alternativa que cumplir con ella de acuerdo al CJM.
Y de ahí a que el mismo criterio de "degradar" vía Tribunal de Honor militar se pretenda luego aplicar a todos los oficiales condenados por crímenes de lesa humanidad, habrá sólo un paso.
El CJM contempla la formación de este Tribunal de Honor en sus artículos 203 y 204, estableciendo que "si algún oficial de cualquier jerarquía cometiere un acto deshonroso para sí o para la unidad, cuerpo o repartición en que sirva, podrá ser sometido a un Tribunal de Honor para que éste juzgue si puede continuar en el servicio".
El funcionamiento de este tipo de tribunales se rige por el Reglamento de Tribunales de Honor para las Instituciones de la Defensa Nacional aprobado por Decreto Supremo Nº 2076 del 27 de octubre de 1947.
Que se recuerde, en el Ejército no se tiene memoria de que en las últimas décadas se haya realizado un juicio de estas características en contra de algún oficial.
No obstante, tanto el senador Naranjo como los diputados Antonio Leal y Tucapel Jiménez, quienes buscan ahora nuevos partidarios de esta posición para tratar de convertir este proyecto en ley, sostienen que, más allá del castigo penal que los autores, cómplices y encubridores de este tipo de delitos deban sufrir, deben además ser castigados dentro de la institución con una sanción moral y ética mediante un Tribunal de Honor que los degrade.
En fuentes militares sostienen que para los oficiales, sean activos o pasivos, peor que una condena de prisión por la justicia penal, es ser juzgado y sentenciado a la degradación y pérdida de todos los privilegios por un tribunal del mismo Ejército, por el alto contenido moral y ético que ello conlleva.
Hay versiones opuestas sobre si una degradación conllevaría, por ejemplo, la pérdida de la pensión que reciben los oficiales que pasan a retiro.
Por el Senado
En su entrevista de ayer con el comandante en jefe, general Óscar Izurieta, el senador Jaime Naranjo le planteó al jefe militar el asunto, en principio sólo relacionado con el caso del general Prats y su esposa. El parlamentario expresó que "quedé muy satisfecho con la reunión en la cual el general Izurieta me manifestó que esos oficiales condenados aún en primera instancia, ya perdieron en todo caso su honor militar con el crimen que cometieron en contra de un comandante en jefe del Ejército".
Naranjo dijo que el general Izurieta le explicó la imposibilidad de degradar a un oficial retirado porque lo impide la ley "y por ello me quedó claro entonces que hay que redactar un proyecto de ley que resuelva ese problema, y eso es lo que vamos a hacer para ingresarlo por el Senado".
©la nación 
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