clemencia y crímenes de lesa humanidad
30 de junio de 2008
[Mauricio Carvallo] Santiago, Chile. Casi toda la vida del abogado José Zalaquett Daher (PPD) ha girado en torno a los derechos humanos. Como director legal del Comité Pro Paz que defendía a los detenidos del régimen militar, en noviembre de 1975 fue encarcelado en Tres Álamos, de donde salió al exilio cuatro meses después. En Londres, fue jefe del comité ejecutivo de Amnistía Internacional (1978-82), y al regreso, fue parte de la Comisión Rettig y de la Mesa de Diálogo. Ahora codirige el Centro de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la U. de Chile, donde se ha capacitado en este rubro a 300 latinoamericanos que trabajan en organismos del Estado o de la sociedad civil.
También asesoró en Sudáfrica a la Comisión Verdad, que se basaba en la experiencia chilena. Fue presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (2002-05) y continúa siendo una voz muy respetada que va por el mundo dando conferencias sobre estas materias.
Hace ocho años, no sin recibir críticas de otros abogados y de la izquierda, sugirió la aplicación de una ’justicia con clemencia’ para casos muy determinados. Por eso a alguien como él no le pasó inadvertido el llamado de la Cruzada de Reconciliación Nacional (CREN), creada por militares procesados y condenados que se defienden de lo que califican atropellos a sus propios derechos humanos.
Dice la CREN que no se respetan las leyes vigentes, y describe enfermedades y condiciones carcelarias...
Es muy natural que los militares procesados y condenados se organicen, movilicen y enfrenten su problema común. Cosa distinta son los fundamentos de lo que piden y los principios en juego. Parte de las leyes vigentes son los compromisos internacionales que ha asumido Chile a través de la firma y ratificación de los Convenios de Ginebra, como de la incorporación en sus leyes de las normas perentorias del Derecho Internacional.
Pero ellos piden aplicar la ley de amnistía de 1978...
Es que, precisamente, esas obligaciones de los Estados tienen una jerarquía mayor que una simple ley. Así lo han estado entendiendo los tribunales. No es que digan que la ley de amnistía carece de valor -aunque personalmente lo creo así-, sino que afirman que no puede aplicarse en ciertos delitos, respecto de los cuales hay una obligación superior que manda su juzgamiento y castigo. Y en esta categoría están la cúpula de la Dina y de los servicios secretos que fueron arquitectos de los crímenes.
Ellos dicen que "es un deber del Estado y de la comunidad hacer justicia a los que no actuaron bien, de uno y otro lado, de acuerdo con la ley en vigor, pero al mismo tiempo se debe buscar la reconciliación y el perdón".
Veamos: Cuando la Junta Militar se instauró en el poder, aplicó su propio sentido de justicia, que consistió en una represión masiva y sistemática contra quienes consideraba sus enemigos, incluyendo muertes, desapariciones, torturas y juicios militares profundamente injustos. Ello no quiere decir que la respuesta debiera ser una vuelta de mano vengativa, pues sería caer en las mismas atrocidades. La justicia y la clemencia no son irreconciliables. Quiero destacar que el argumento ’paritario’ es erróneo.
¿En qué se puede fundamentar lo que usted llama ’clemencia’?
Tradiciones milenarias, religiosas y humanistas distinguen dos tipos de perdón. El primero es individual, de corazón a corazón y sobre éste el Estado y las políticas públicas no pueden inmiscuirse. Por ejemplo, el Papa Juan Pablo II perdonó en la cárcel a Ali Agca, el terrorista turco que intentó matarlo en 1981. Pero el Estado italiano, que tiene jurisdicción penal sobre El Vaticano, lo mantuvo preso.
En cambio, el perdón institucional no es nunca gratuito. Por ejemplo, la religión católica no sólo exige que se confiese la verdad para poder otorgar la absolución. Además, se requiere que se exprese la resolución de no volverlo a cometer y la disposición de hacer penitencia. Aquí podríamos también usar la moderna palabra ’reparación’.
¿Así se puede perdonar, dice usted?
Sí, porque se entiende que la persona, que con su delito sacó una de las vigas del edificio moral de la sociedad, la vuelve a poner en su lugar. Esa actitud de arrepentimiento, reparación y de reconocer la verdad reafirma la idea moral de la sociedad, y se puede perdonar. Pero si la persona niega los hechos o persiste en su decisión de seguirlos cometiendo, entonces se le castiga como una manera de hacer valer la norma violada.
Así lo sostuvo ya en 2000, en su columna ’Justicia con clemencia’...
Precisamente, y en esa ocasión sostuve que siempre hay que juzgar los crímenes contra la humanidad y los crímenes de guerra, pero que respecto de los demás, se puede perdonar o amnistiar si hay una actitud de reconocimiento, de favorecer la verdad, y de determinación que esto no vuelva a suceder nunca más.
Además, en todo caso, aunque haya condenas, hay cabida a medidas de clemencia. En algunos países a las personas de cierta edad, o de cierta condición de salud -incluso si se las encuentra culpables- se les pueden aplicar medidas humanitarias. No es irreconciliable la justicia con actos de humanidad. Pero aquí viene el profundo error de los movimientos militares...
¿A qué error se refiere?
En tratar de ganar ’por secretaría’: no sólo se rehúsan a decir cómo murieron o dónde están los restos de los desaparecidos, sino que quieren a la vez guardar silencio y que se asuma legalmente que están muertos y no secuestrados. No pueden tener ambas cosas a la vez. Si dijeran qué sucedió y se estableciera la verdad, se podría considerar legalmente que las personas fueron asesinadas y avanzar en los procesos, incluso con medidas de clemencia (excepto para los peores crímenes) en lugar de mantener los procesos en suspenso por largos años.
¿Esta posición es compartida por otros abogados de derechos humanos?
La comparten algunos, otros no. Si uno quisiera ser popular, y conociendo la importancia ética y emocional del tema, lo más seguro sería tratar de no levantar ninguna duda. Pero yo creo que una cosa muy distinta es combatir la violación a los derechos humanos cuando está ocurriendo, y otra es armar el complejo entramado de un proceso de reconstrucción moral y política, y también de reconciliación. Inevitablemente, como obra humana, estos procesos están llenos de dilemas y conflictos.
Sin mencionar a nadie en particular, hay personas que luego de su trabajo en derechos humanos adoptaron una actitud como de poseer la verdad indiscutible. Pienso que debemos tener más modestia intelectual y moral. Evidentemente, quienes trabajamos en esta causa estamos satisfechos con nosotros mismos (no vanidosos) por haber cumplido con el deber moral de defender los derechos humanos, pero no por ello debemos arrogarnos una condición de superioridad moral respecto de las alternativas éticas y políticas que la sociedad debe analizar. Entonces, aunque creo que deben siempre afirmarse la responsabilidad de las personas por sus actos, creo que hay espacio para armonizar justicia y clemencia, teniendo en cuenta que los tiempos cambian y también las personas que fueron protagonistas de las situaciones extremas. El que ayer fue asesino, puede hoy estar arrepentido.
¿Como para sacarlas de las cárceles?
A muchas personas se les pueden aplicar medidas como rebajas de condenas, o que cumplan el resto de la pena en sus domicilios, si han pasado una parte significativa de ella; o bien pueden tenerse consideraciones humanitarias con aquellas de avanzada edad o con problemas de salud. E incluso extenderles una medida de perdón a quienes hasta el momento no han revelado la verdad, siempre que no hayan cometido crímenes de guerra o contra la humanidad.
¿Cómo se ha recibido esta idea?
En Sudáfrica, por ejemplo, se aceptó la idea de que las personas que reconocían la verdad se les otorgara un perdón, siempre que no hubieran cometido crímenes atroces. Miles se inscribieron para reconocer la verdad, y muchos fueron beneficiados. En Chile, esto ha sido más vacilante. Fui una de las personas (no el único) que asesoró al Presidente Lagos en su propuesta ’No hay mañana sin ayer’, que propuso cuatro medidas: dos se ejecutaron (la Comisión Valech sobre prisión política y tortura, y un incremento de las reparaciones a los familiares de los desaparecidos), una está pendiente y una fracasó, que es precisamente la clemencia a cambio de verdad.
¿Por qué se frustró?
Por una oposición política comprensible de ciertos sectores parlamentarios y sociales. Se ha generado en el mundo político una especie de sentimiento de que el tema es tabú, y que tocarlo irroga sólo costos. Pero, al mismo tiempo, es una verdad innegable que, a medida de que pasa el tiempo, nos estamos quedando sin la verdad que todavía falta obtener porque la gente se está muriendo. Se han muerto familiares de desaparecidos que han vivido con la angustia de no saber. Se han muerto también el general Pinochet y el general Humberto Gordon, y hay otros que están en edad avanzada.
¿Considera apropiado que estos militares tengan los mismos derechos de aquellos chilenos procesados y condenados por hechos subversivos?
Independientemente de comparaciones, todo el mundo tiene derecho a la presunción de inocencia y a un debido proceso. Además, el problema consiste en determinar de qué manera construimos mejor una convivencia sin esconder el pasado bajo la alfombra, sin perdonazos, y con un sentido de justicia con clemencia.
¿Por qué esto no sería impunidad?
Porque impunidad tiene connotaciones altamente negativas, y con razón, porque significa una actitud completamente negligente e incluso contraria a la justicia. En cambio, si las cosas salen a la luz y se actúa sobre ellas, hay un espacio para la sanción alternativa, salvo en los peores crímenes. Y eso no es impunidad. La clemencia no niega la justicia ni el elemento disuasivo de los mecanismos judiciales, porque se puede aplicar a quienes han contribuido a establecer la verdad y muchas veces han cumplido una parte significativa de la pena.
Propuesta de Adolfo Zaldívar
¿Qué opina del llamado del senador Zaldívar de terminar los juicios a militares vinculados a casos de derechos humanos?
Me gustaría conocer de él, o de cualquier persona que haga una propuesta semejante, un análisis más detallado. Lo que he tratado de exponer acá es que no se trata de decir que ’ya está bueno’, o, por el contrario, que sigamos hasta el final. Debemos hacer las distinciones que no son puramente académicas, sino éticamente muy fundadas, de hasta dónde se puede llegar y cómo. No digo que el senador Zaldívar no tenga una posición a este respecto, sino que no la conozco.
Ningún político pareció seguir a Zaldívar, por lo menos públicamente...
El debate sobre grandes temas sociales y políticos todavía tiende a polarizarse en blanco o negro. Esto requiere un diálogo fundamentado para saber cuáles son los imperativos legales y morales que debemos observar, qué nos conviene hacer para reconstruir nuestra convivencia, hasta dónde se puede llegar con la justicia y el perdón. Y esto se debe hacer razonadamente.
¿Se necesita una solución política?
Inevitablemente, algunas de las medidas que debieran adoptarse necesitan aprobación por ley. Por ejemplo, lo que algunas personas propusimos en la Comisión Rettig y luego en la Mesa de Diálogo, y que no fue aceptado: la obligación legal de decir la verdad, y a los que lo hicieran, que no se les pudiera enjuiciar después (salvo que hayan cometido crímenes contra la humanidad), porque no se puede violar el principio de que nadie está forzado a autoincriminarse. Esto se propuso en el paquete de medidas de ’No hay mañana sin ayer’, y fue abortado.
¿La clase política delega sus responsabilidades en el Poder Judicial?
En cierta medida, sí. Es verdad que las instituciones deben funcionar y que el Poder Judicial ha evolucionado en la dirección, a mi juicio, correcta en líneas generales. Pero hay aspectos que tienen que abordarse desde el punto de vista de las decisiones políticas, y esto es responsabilidad del Poder Ejecutivo, del Parlamento y de la clase política. Hay una falta de decisión.
Pero no estoy seguro de que, debido a la trayectoria que ha tenido este tema, se puedan dar las condiciones para que esto ocurra. Porque se junta la ausencia de voluntad política y la porfía de los militares.
¿Y qué piensa de la oposición del PS y de familiares de desaparecidos?
No son las víctimas ni los victimarios quienes dictan las leyes, sino los procedimientos institucionales de mayoría. Por sus implicancias éticas, una ley de esta naturaleza tiene que consultarse con toda seriedad, pero, en último término, las decisiones se toman por los mecanismos apropiados.
¿Tuvo más voluntad Lagos que el gobierno actual?
Durante el gobierno de Lagos hubo una mezcla de dejar que las instituciones funcionaran con el reconocimiento de que la nación esperaba ciertas iniciativas del Jefe de Estado. Durante el gobierno de la Presidenta Bachelet, la agenda política ha estado colmada de tensiones y conflictos sociales y políticos, y le ha sido difícil colocar estos temas en la agenda. Pero creo que este gobierno ha estado marcado principalmente por la sensibilidad con las personas que han sufrido. También es deber del gobernante mirar con realismo cuáles son las posibilidades en el Parlamento. Y, probablemente, la apreciación es que sería infructuoso intentar algo.
©el mercurio 
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