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udi defiende crímenes de dictadura


Diputados UDI molestos por medidas que excluyen a militares de eventuales beneficios carcelarios.
Valparaíso, Chile. Los parlamentarios indicaron que "el Gobierno se asustó frente a los reclamos y a los gritos destemplados de personeros de la Concertación", y expresaron que las normas y beneficios deben aplicarse a todos sin exclusión.
Decepcionados dijeron sentirse los diputados de la UDI María Angélica Cristi, Jorge Ulloa y Eugenio Bauer, luego de conocer el anuncio realizado esta mañana por los ministros de Justicia e Interior, Felipe Bulnes y Rodrigo Hinzpeter, respectivamente, donde se deja fuera de eventuales beneficios a militares procesados o condenados por violaciones a los derechos humanos.
Si bien valoraron la iniciativa en términos que servirá para disminuir el hacinamiento en las cárceles, señalaron que el Ejecutivo se demoró en presentarlo, pese a que la Iglesia lo había pedido hace tiempo, e indicaron que "nos parece tremendamente lamentable que expresamente se haya dejado fuera la conmutación de pena o la libertad condicional o la detención a domicilio para los mayores de 80 años y a las personas gravemente enfermas. Esto va con nombre y apellido, y es un nuevo portazo que se les da a la posibilidad que militares condenados por violaciones a derechos humanos, enfermos, muchos de ellos con cánceres terminales", dijo Cristi.
"El Gobierno se asustó frente a los reclamos y a los gritos destemplados de personeros de la Concertación. Y yo les quiero decir, que eso no es tan así, porque muchos parlamentarios con los cuales yo he conversado, habrían estado dispuestos, en casos especiales por compasión, asuntos humanitarios, a conceder, por lo menos, una detención a domicilio a estas personas que sufren graves enfermedades".
Ulloa, por su parte, expresó su molestia afirmando que las normas contempladas en el anuncio del Ejecutivo debieran ser aplicables a todos sin excepción. "Tengo la idea de que aquí se está rompiendo el principio de igualdad ante la ley", enfatizó.
"Esto no se aborda por falta de coraje moral, me parece impresentable, que esta actitud se esté asumiendo cuando precisamente se ha señalado que las personas que han faltado, o que pueden ser beneficiadas, se les aplicó la ley común, esta ley también se les aplicó a los militares, por lo tanto, debieran estar afectos a cualquier disposición que afecte a cualquier persona privada de libertad", expresó.
En este contexto, los legisladores de la UDI sostuvieron que "es lamentable lo que ha ocurrido y esperamos que el Gobierno recapacite y de una vez por todas le dé una oportunidad a quienes, por defender la Patria, están hoy en día condenados".
9 de marzo de 2011
8 de marzo de 2011
©diario de la cámara

grave situación de ddhh en cárceles


Comisión de Constitución recibe testimonios sobre grave vulneración de derechos en cárceles chilenas.
Valparaíso, Chile. Instancia especializada de la Cámara que investiga la crisis penitenciaria sesionó este lunes en Santiago para recabar antecedentes sobre las condiciones carcelarias de parte de la Comisión Defensora Ciudadana, el sacerdote Nicolás Vial y el especialista en derecho internacional de los derechos humanos Nicolás Espejo.
Una extensa sesión de trabajo en la sede santiaguina de la Cámara de Diputados celebró este lunes la Comisión de Constitución, que actúa como investigadora de la crisis carcelaria a raíz del mortal incendio del penal de San Miguel, oportunidad en la que escuchó presentaciones con un sombrío diagnóstico sobre la precaria situación de los derechos humanos que se vive al interior del sistema penitenciario chileno.
Sobre el particular concurrieron a prestar testimonio ante la Comisión el sacerdote Nicolás Vial, de la Fundación Paternitas, entidad que atiende social y espiritualmente a reclusos al interior de los recintos penales; el presidente de la Comisión Defensora Ciudadana, Alberto Precht; y el profesor de derecho internacional humanitario y derechos humanos, Nicolás Espejo.
El religioso planteó que el incendio de la cárcel de San Miguel y su trágico saldo de 81 reclusos muertos constituye un hecho vergonzoso que deja al descubierto un sistema penitenciario inhumano y degradante, cuyas indignas condiciones son fuente permanente de violencia y muerte en su interior. Por ello llamó a un urgente cambio en la manera y la metodología para abordar la recuperación de las personas infractoras de la ley, precisando que "la sistemática vulneración de personas privadas de libertad debe ser cambiada por la sistemática colaboración profesional, espiritual y religiosa en pos de una exitosa inserción personal, social familiar y comunitaria".
El sacerdote denunció insuficiente preparación de los gendarmes, rivalidad continua entre uniformados e internos, maltrato y abusos de autoridad de parte de los vigilantes y registro grosero y violento de los familiares de los reclusos. Como propuestas de mejora planteó reconocer en la Constitución los derechos de los presos, crear un código penitenciario, tribunales especializados para fiscalizar las condiciones carcelarias y terminar con la administración estatal del sistema penitenciario entregándola completamente a los privados.
Por su parte, el académico de la Universidad Adolfo Ibáñez, Nicolás Espejo, manifestó que la violación sistemática a los derechos de los privados de libertad en Chile está ampliamente documentada en informes, estudios y recomendaciones tanto de entidades internacionales de derechos humanos como órganos internos, las que resultan inaceptables conforme al derecho constitucional chileno y las obligaciones internacionales del país.
Ante los anuncios de reforma en el ámbito penitenciario, el jurista advirtió que ellos se enfocan más bien en aumentar la capacidad del sistema y reducir el hacinamiento en lugar de concentrarse en cuestiones básicas que ayuden a consolidar la protección de los derechos de los privados de libertad. En ese plano propuso la creación de un mecanismo autónomo de supervisión de las cárceles de adultos, que no dependa de Gendarmería ni de ningún ministerio, que haga un diagnóstico de cómo están funcionando las cárceles y si se respetan los derechos de los internos. Además, sugirió reemplazar el reglamento por una Ley Penitenciaria que establezca derechos de los reclusos y además generar indicadores y fijar metas que permitan verificar los avances en el cumplimiento de estándares de respeto a las garantías de los internos.
"Las iniciativas anunciadas por el Gobierno van en general por el buen camino pero tienen que ser complementadas con metas y una visión más robusta de la protección de los derechos de los privados de libertad. Eso hasta ahora no lo veo en las últimas medidas anunciadas", dijo Espejo.
El presidente de la Comisión Defensora Ciudadana, Alberto Precht, explicó que la entidad que dirige, que depende del Gobierno, detalló a la Comisión Investigadora el contenido del informe sobre realidad carcelaria que realizó esa instancia el año 2010.
"Para este informe se visitaron 13 recintos penitenciarios, constatándose las malas condiciones de habitabilidad en muchos de ellos, pero también destacando las buenas labores que se están haciendo en pos de la dignidad de los internos. El informe busca que se mejoren las condiciones del personal de Gendarmería, de habitabilidad, construcción y también cómo se están aplicando los reglamentos penitenciarios, además de solucionar ciertos problemas urgentes de violación a los derechos de las personas, tanto en las celdas de castigo como dentro de los módulos de los penales", especificó Precht.
Al término de la sesión de la Comisión, su presidente, el diputado Pedro Araya (PRI), expresó que "fue bastante importante escuchar a distintos actores como la Fundación Paternitas, la Comisión Defensora Ciudadana y al profesor Nicolás Espejo. De todo esto nosotros vamos a ir tomando elementos necesarios para el informe que va emitir nuestra Comisión, que van a apuntar a la necesidad de modificar la estructura actual de Gendarmería, separando lo que es la función de custodia de lo que es la reinserción, y ver de qué manera vamos terminando con el hacinamiento".
Araya dijo compartir plenamente el crudo diagnóstico carcelario trazado por el sacerdote Nicolás Vial, precisando que coincide con lo que le tocó ver en su visita al penal de Antofagasta, donde las precarias condiciones en las que conviven gendarmes y reclusos incentivan la violencia al interior del penal e impiden que los condenados por delitos se puedan reinsertar socialmente. También dijo concordar con la apreciación del religioso en orden a que la administración privada de los recintos penales supera en condiciones y dignidad a la que impera en la gestión estatal.
"Nos quedan pendientes algunas visitas a centros penales como el de Rancagua, Penal Cordillera, Punta Peuco y un recinto de regiones, como el de Antofagasta, además de un par de invitados más que van a venir en los próximos días, con lo cual la Comisión va a ir cerrando su trabajo de investigación para tener el informe definitivo en las próximas semanas", precisó el parlamentario.
La diputada Marisol Turres (UDI), en tanto, expresó que "con las exposiciones que hemos recibido tenemos un diagnóstico bastante claro de cuál es la situación penitenciaria en Chile y nos queda por delante escuchar al Gobierno, a través del Ministerio de Justicia, sobre las medidas que se están implementando y sobre todo saber de qué forma se va a evaluar el resultado de esas medidas. Nosotros heredamos un régimen penitenciario que no es posible poner al día en un corto plazo, pero sí tomar medidas que puedan aliviar la carga y políticas de mediano y largo plazo que permitan a los condenados cumplir su pena privados de libertad pero no en las condiciones inhumanas en las que hoy viven muchísimos internos en nuestro país".
El diputado Guillermo Ceroni (PPD), por su parte, opinó que la grave crisis carcelaria que se vive se debe a una falta de conciencia en la sociedad sobre las consecuencias de una política fuertemente punitiva que se ha impuesto desde hace años en materia de seguridad ciudadana y que busca sancionar con privación de libertad todo tipo de infracciones a la ley, incluso las de menor cuantía y gravedad. En este plano, el parlamentario acusó una "actitud hipócrita" de la sociedad frente al trágico incendio de la cárcel de San Miguel y responsabilizó directamente a los medios de comunicación de alentar un clima represivo y de inseguridad que ha llevado a este desenlace.
8 de marzo de 2011
©diario de la cámara


condenas con testigos secretos


"La ley antiterrorista se usó en el juicio". Denuncian en Chile que en la condena de cuatro mapuches se aplicó la polémica normativa. De 17 presos aborígenes, 13 resultaron absueltos. Los otros cuatro fueron juzgados por un caso de usurpación de tierras.
[Ailín Bullentini] Chile. El análisis del resultado que tuvo la huelga de hambre que 34 integrantes de comunidades mapuches presos sostuvieron durante más de 80 días en 2010 es complicado de realizar. Es que depende de los elementos que caigan bajo la lupa, la conclusión es positiva o nula. El final del juicio iniciado a 17 de esos huelguistas hace más de tres meses es ejemplar para comprender tal complejidad: el Estado y el Ministerio Público retiraron las acusaciones que habían impuesto a los originarios basadas en la ley antiterrorista, principal reclamo de la huelga. Trece de ellos resultaron absueltos. Pero los cuatro restantes fueron condenados por supuestamente haber emboscado a un fiscal y a tres oficiales de la Policía y atacarlos con armas letales, en el marco de un caso considerado por el gobierno chileno como usurpación de tierras. "La situación es complicada. El Estado desestimó el uso de la ley y eso presionó al Poder Judicial. Pero en los hechos, la antiterrorista continuó utilizándose hasta el final", señaló Pamela Pessoa, en diálogo telefónico con Página/12. Su compañero, Héctor Llaitul, mapuche, es uno de los condenados. Sabrá el tamaño de su pena el próximo 22 de marzo.

¿Por qué asegura que el juicio se basó en la ley antiterrorista?
El juicio fue un proceso abiertamente direccionado a castigar y encerrar a militantes mapuches. Y no hubiera podido llevarse a cabo esa misión a no ser a través de la aplicación de la ley. Mi compañero y los otros tres mapuches que fueron condenados son los únicos del total de acusados que integran la Coordinadora Arauco Malleco (CAM, que reivindica la autonomía de las comunidades mapuches en Chile). Quedó demostrado que la intención del Ministerio Público Fiscal fue siempre criminalizar la lucha mapuche. Trece hermanos de comunidades originarias fueron absueltos, pero las condenas que recayeron sobre mi compañero y los otros tres hombres no tienen razón de ser, más que para enviar un mensaje a la organización ideológica y política que lucha de manera más radical contra las inversiones capitalistas en territorios mapuches en Chile. Las acusaciones de la fiscalía fueron realizadas con el aporte de testigos "sin rostro", secretos. Ni la defensa ni el tribunal pudieron acceder a esos testigos. Tal mecanismo se tiene en cuenta por la ley antiterrorista. Eso es lo que se hizo, y el Estado chileno no hizo demasiado por impedirlo.
Llaitul, Ramón Llanquileo, Jonathan Huillical y José Huenuche fueron considerados culpables de homicidio frustrado al fiscal Mario Elgueta y lesiones en contra de tres funcionarios policiales, en el marco de una supuesta emboscada que esos funcionarios denunciaron en 2008. Entonces, un grupo de comunidades a las que pertenecen los 17 mapuches que ocuparon el banquillo de los acusados frente al Tribunal Oral de Cañete acampaban en los terrenos donde ancestralmente se localizaban y que, por estos años, son ususfructuados por una empresa forestal. Además, fueron condenados por robo con intimidación en perjuicio de José Santos Jiorquera, un agricultor chileno acusado por los organismos defensores de los pueblos originarios de ceder su estancia a miembros de las fuerzas de seguridad pública en épocas de la dictadura de Pinochet con fines de tortura y secuestros clandestinos. Ninguno de esos cargos tiene la carga de terrorismo que poseían al inicio del proceso.

¿Cuáles fueron esas pruebas?
Una es el testimonio de uno de los cuatro condenados, a quien la policía mantuvo 16 horas detenido de manera ilegal, durante las cuales fue torturado. Bajo tortura, el hombre firmó una declaración en la que se asume como atacante del fiscal y los acompañantes en la noche de la supuesta emboscada. Hoy, Jonathan Huillital Méndez sostiene una denuncia contra la policía de investigación chilena por torturas, que se encuentra en proceso. La otra prueba es el testimonio del testigo secreto nº 26 –la Fiscalía presentó 36 pero sólo declararon siete–, una persona que estuvo imputada durante el inicio del proceso judicial, pero que quedó fuera del juicio al haber colaborado con la versión oficial de la emboscada. Como declaró que Héctor había ideado todo el ataque al fiscal y a la policía, el Ministerio Público dejó de perseverar en su acusación.

¿Por qué considera que ambas pruebas no son suficientes para determinar las condenas?
No son justas. Pero además, que esos dos elementos hayan sido los tomados en cuenta para determinar la existencia del delito y la culpabilidad certifica que la Justicia sigue aplicando la ley antiterrorista. Sólo esa norma permite la presentación de testigos sin rostro. La tortura es inadmisible. Incluso la Defensoría Pública consideró el fallo como un retroceso de la Justicia chilena a la época de la dictadura de Pinochet.

¿Cómo considera la absolución de los otros 13 mapuches que fueron sometidos a juicio?
Es un hecho muy significativo y sin duda hay que leerlo como una victoria del pueblo mapuche. En gran parte se debió a la huelga de hambre del año pasado, que sirvió para descomprimir la situación. Ahora restan otros dos grandes y emblemáticos juicios en los que se intentará criminalizar a hermanos que no hicieron más que reclamar por sus territorios: uno en Angol y otro en Temuco.

¿Consideran que a resolución del juicio responde al reclamo de ustedes respecto de la ley?
El gobierno cumplió con su parte del acuerdo surgido luego de la huelga. Prometió eliminar de su querella la ley y cumplió. Las acusaciones por las que condenaron a los mapuches son penales. Sin embargo, la ley se utilizó de hecho durante todo el juicio. El veredicto está basado en fragmentos de esa ley, incluso. En ese sentido, la lucha será más larga.
7 de marzo de 2011
©página 12

investigan dos asesinatos en dictadura


Víctimas de violaciones a los derechos humanos. Ministra inició la investigación por la muerte de dos magallánicos hace 38 años. Poco antes de iniciarse el toque de queda, uno de ellos fue baleado y el otro atropellado. En ambos casos se sindica como responsables a patrullas militares.
[Poly Raín] Punta Arenas, Chile. La Corte de Apelaciones de Punta Arenas aceptó la competencia para investigar las muertes de dos magallánicos ocurridas a manos de militares en los inicios del gobierno militar en esta ciudad. Los antecedentes por los trágicos fallecimientos de José Orlando Álvarez Barría, 28 años, y de Juan Carlos Cárdenas Pérez, 24 años, fueron pasados a la ministra Beatriz Ortiz Aceituno, quien decretó la apertura de un sumario y paralelamente ordenó a la Policía de Investigaciones las primeras diligencias con miras a esclarecer la real causa de las muertes y establecer responsabilidades de terceros en los hechos.
La investigación criminal se abre después de 38 años y responde a los requerimientos de oficio o a petición de familiares sobre víctimas de violaciones a los derechos humanos agrupados por la fiscal judicial de la Corte de Apelaciones de Santiago, Beatriz Pedrals. Fueron en total 726 causas las que fueron traspasadas al ministro Mario Carroza, quien respecto de dos muertes ocurridas en el territorio de Magallanes se declaró incompetente por estar fuera de su jurisdicción y ordenó remitir los antecedentes a la Corte de Apelaciones de Punta Arenas, la que designó a la ministra Beatriz Ortiz para el conocimiento de ambos casos.
Ortiz, quien actúa como juez de primera instancia, caratuló los procesos como "homicidio calificado de José Orlando Alvarez Barría" y "homicidio calificado de Juan Carlos Cárdenas Pérez". Ambos fueron considerados víctimas de violaciones a los derechos humanos.
Alvarez era obrero, casado y padre de 3 hijos. Tenía su domicilio en el barrio Prat y el día anterior al 30 de septiembre de 1973 y en horas cercanas al toque de queda salió de su casa con la clara intención de ir a comprar. Testigos presenciaron cuando fue detenido en la calle por una patrulla del Ejército. Al rato, se escuchó un disparo. Al día siguiente su cuerpo fue hallado en la morgue de Punta Arenas.
En el caso de Juan Carlos Cárdenas, también casado, sus familiares dieron cuenta que su cadáver fue encontrado por Carabineros en la vía pública, el 5 de febrero de 1974. Su esposa fue informada que momentos antes había sido víctima de un atropello. Cerca de la medianoche de ese día, y poco antes de iniciarse el toque de queda, una patrulla militar detuvo al camión en que viajaba Cárdenas junto con el chofer. De acuerdo a lo señalado por testigos, ambos fueron obligados a descender del vehículo, produciéndose una discusión entre Cárdenas y los militares. Se escucharon disparos y luego uno de los uniformados se subió al camión y arrolló a la víctima. Su cuerpo permaneció hasta el día siguiente en la vía pública.
A comienzos de febrero, la ministra sumariante Beatriz Ortiz despachó el decreto de investigar a la PDI y ordenó oficiar al Servicio Médico Legal, Registro Civil e Identificación, Archivero Judicial Nacional y Quinto Juzgado Militar de Punta Arenas a fin de que remitan todos los antecedentes que tengan en su poder respecto de ambas víctimas.
[La foto viene del blog largo camino.]
7 de marzo de 2011
6 de marzo de 2011
©prensa austral


quedan casos por aclarar


DDHH: Juez Carroza se compromete a aclarar casos pendientes. El magistrado se reunió este viernes con miembros de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos, quienes en el marco de los 20 años del Informe Rettig, le presentaron 403 querellas.
[Rodolfo Gasset] Santiago, Chile. El juez Mario Carroza afirmó que la justicia se está esforzando para aclarar los casos pendientes en materia de derechos humanos, como también para "dilucidar la verdad jurídica" que hay tras el suicidio del ex presidente Salvador Allende.
"Tal como lo dijo el presidente Sebastián Piñera en el discurso inaugural, el poder judicial hace un esfuerzo con el fin de aclarar este tema de los derechos humanos y abarcar toda la cantidad de víctimas que no hubo acciones en su momento, entre ellas la del ex presidente Salvador Allende, y bueno, nosotros haremos el esfuerzo posterior de poder aclarar, investigar y dilucidar ya con una verdad jurídica este tema histórico", dijo.
El magistrado formuló esta declaración tras reunirse este viernes con la Agrupación de Familiares de Ejecutados al cumplirse 20 años de la publicación del Informe Rettig elaborado por la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación Nacional, ocasión en la que le presentaron 403 querellas por un total de 566 víctimas.
Al respecto, la presidenta de la entidad, Alicia Lira Mattus, señaló que "le hemos planteado al ministro Carroza la obligación y el derecho que tenemos nosotros, que investigue los casos que le hemos presentado, puesto que el poder judicial tuvo una etapa tan negra, en donde no hubo justicia con los casos de asilos, y las desapariciones de nuestros familiares".
Agregó que "nos vamos tranquilos, ya que como nunca hemos encontrado una buena disposición de un ministro, que están haciendo lo que juraron hacer, investigar y sancionar a los culpables si son encontrados".
También expresó que "a esta altura es la tercera presentación de querella, en la primera hicimos 150 familiares, en el día nacional del ejecutado político hicimos 350, y hoy 403 querellas que tienen que ver con 566 víctimas".

CUT
Por su parte la encargada de Derechos Humanos de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), María Eugenia Puelma, quién fue parte de la comisión Rettig, señaló que esta fecha tiene mucha significancia para ella, sin embargo, cuestionó la voluntad del gobierno de hacer parte de la verdad.
"Siento que el tema Verdad y Justicia está muy lejano en nuestro país, y hoy con un gobierno de derecha en la cual un ministro del interior no se hace parte de estas querellas demuestra lo lejano que estamos de haber firmado a nivel internacional ciertas conductas de los Derechos Humanos".
Luego añadió que "el ministro Juica nos da garantía que estas cosas pueden continuar, pero con la oposición del gobierno aquí hay dos poderes importantes, por ello es trascendental que el Estado de una señal que está por verdad y justicia en este país, y eso de momento, no lo hemos sentido".
5 de marzo de 2011
©la nación

juicio a mapuches fue injusto


Defensora Nacional dice que juicio a mapuches en Cañete "no fue justo". Destacó que ninguno de los 17 comuneros fue condenado por delitos terroristas y reclamó que los defensores no recibieron un trato igualitario con respecto a la fiscalía.
[Claudio Leiva Cortés] Santiago, Chile. La Defensora Nacional Pública, Paula Vial, criticó el juicio contra los 17 comuneros mapuches que terminó el martes en Cañete y que concluyó con veredicto absolutorio para 13 de ellos y con condenas para cuatro, pero sólo por dos delitos comunes. Afirmó que el juicio no fue justo.
"De los 17 imputados perseguidos por supuestos delitos terroristas en el larguísimo juicio, ninguno fue condenado por éstos y sólo cuatro por algunos de los delitos comunes por los que eran perseguidos. Incluso, existió un voto de minoría de una de las juezas que estuvo por absolver de todo a todos", recordó la defensora.
"Y pese a que todos los representados por la Defensoría Penal Pública fueron absueltos -noticia con la que debiéramos sentirnos satisfechos de nuestra actuación-, la conclusión no puede ser positiva, pues se da en un contexto en el que existen algunos detalles con los que no concordamos y que eventualmente podrían ser revisados por un tribunal superior si se presentaran recursos", agregó.
"Resulta sin duda inquietante que en los únicos casos en los que hubo condenados, esta decisión se haya afirmado sobre la base del testimonio de uno de los sentenciados, aparentemente obtenido bajo tortura, y al de uno de los testigos sin rostro que señalaba en su testimonio haber participado, no obstante no haber sido perseguido por el Ministerio Público", añadió.

Grupo Social Marginado
En opinión de la Defensora Nacional, los 17 comuneros mapuches acusados de terrorismo son "miembros del grupo social más empobrecido y marginado de Chile. Pero un juicio justo exige una especial protección de sus derechos. Sin embargo, antes y durante el juicio se dieron situaciones de evidente desequilibrio entre las partes".
Según Paula Vial, "sólo una vez concluida la investigación, y no durante aquella como era su derecho, la defensa conoció algunas pruebas y fue necesario un reclamo ante la fiscalía para obtener cierto orden en la información de los testigos secretos, no contrastable de todas formas".
"En el juicio se pudo constatar que uno de los acusados denunció haber sido torturado durante su detención e interrogatorio de madrugada, luego de 16 horas detenido, y pese a una querella y constatación de lesiones, la causa fue archivada sin una investigación imparcial", dijo Vial.
Añadió que "mediante testigos de oídas, se introdujeron supuestas declaraciones de menores que también denunciaron haber sido objeto de torturas en su interrogatorio. Ellos no fueron presentados en el juicio, ni tampoco su caso investigado".
"Se utilizaron sin restricciones las declaraciones de testigos sin identidad, cuya credibilidad no tuvo posibilidad de desvirtuar la defensa y aun así quedó en evidencia que uno de ellos era sordo, pero decía haber reconocido a los acusados por la voz, o que otro tenía razones para actuar por enemistad. De ninguno se pudo saber si tenía condenas o si obtuvo algún beneficio procesal o económico por declarar", recalcó la defensora.

Ley Incompatible con Derechos Humanos
"Además, todo el proceso se siguió en el marco de la Ley Antiterrorista que, pese a la reciente reforma legal, mantiene tipos penales subjetivos, imposibles de diferenciar de delitos comunes, privando de garantías, sin control judicial e incompatibles en algunos casos con estándares universales de derechos humanos", aseguró.
"En una democracia, un individuo debe ser capaz de enfrentar la acción penal del Estado en un pie de igualdad jurídica. Un procedimiento racional y justo supone que la enorme diferencia de poder entre el acusado y el acusador debe ser eliminada o al menos reducida a su mínima expresión. ¿Es posible afirmar que estos ciudadanos enfrentaron con igualdad de armas al Estado? ¿Es posible afirmar que tuvieron un juicio justo?", concluyó la Defensora Nacional.
26 de febrero de 2011
24 de febrero de 2011
©la nación

hace 29 años mataron a tucapel jiménez


Conmemoran 29 años de la muerte de Tucapel Jiménez.
Santiago, Chile. En presencia de diputados PPD, Ramón Farías, Pepe Auth y la timonel de la tienda, Carolina Tohá, el subsecretario del Trabajo, Bruno Baranda, familiares, sindicalistas y de Derechos Humanos, se realizó este viernes la conmemoración de los 29 años del asesinato del líder de la Asociación Nacional de Trabajadores (ANEF), Tucapel Jiménez Alfaro.
El romeral tuvo lugar a un costado de la tumba del otrora líder de la ANEF, en el Cementerio General de Santiago, y estuvo marcado por el discurso en su honor a cargo de su nieto, Sebastián Jiménez, quien a su vez es hijo del diputado PPD, Tucapel Jiménez Fuentes.
26 de febrero de 2011
25 de febrero de 2011
©la nación

eua desconfiaba de bachelet


Wikileaks: La ambivalencia de EE.UU. ante las "convicciones socialistas" de Bachelet.
[Juan Pablo Figueroa Lasch] Santiago, Chile. Los cables de la embajada de Estados Unidos dan cuenta de las contradicciones de la administración de George W. Bush ante la gestión de Michelle Bachelet. Tras una buena impresión inicial, las dificultades de sus dos primeros años fueron transmitidas sin anestesia a Washington. Una de las mayores preocupaciones era que los principios socialistas de Bachelet quedaban claramente en evidencia y que se acercaba mucho a países ‘anti-imperialistas’. La comparan con un trozo de carne asado por fuera pero crudo por dentro: una persona moderada con corazón socialista. Los cables reflejan la falta de autoridad con que era percibida Bachelet y aunque dicen que muestra "las clásicas marcas del síndrome del pato cojo", admiten que aún era demasiado pronto para ponerle esa etiqueta. Su carisma y su política exterior alineada con intereses norteamericanos serían claves para mejorar la idea que EE.UU. tenía de ella y su gestión.
Michelle Bachelet sólo llevaba 10 días como la primera mujer que ganaba una carrera presidencial en Chile cuando desde la embajada de Estados Unidos (EE.UU.) salió el cable Nº 50.684, un documento confidencial con destino directo a Washington. Para ese 25 de enero de 2006, Bachelet aún no asumía el cargo en La Moneda y en todos los medios se especulaba sobre cómo estaría compuesto su gabinete. Para muchos, esa primera decisión marcaría el rumbo que seguiría su mandato.
Durante su campaña, Bachelet dijo que sería ella –y no los partidos de la Concertación– la que elegiría a sus ministros. También que habría paridad de género, que incluiría tanto a gente con experiencia en el sector público como a caras nuevas y que nadie se repetiría el plato. El cable señala que las primeras apariciones y declaraciones de Bachelet "parecen diseñadas para mostrar su intención de gobernar independientemente, mientras trabaja de cerca con la maquinaria de los partidos de la Concertación". Y aunque el documento muestra cómo Bachelet intenta reafirmar su independencia, también expone cómo la máquina partidaria ya estaba en funcionamiento.
Esa misma semana, Bachelet se reuniría con los presidentes de los cuatro partidos de la Concertación y se esperaba que le entregaran una lista con una propuesta de nombres para el gabinete. La duda estaba en si sería capaz de imponer su independencia o sucumbiría ante la presión de los partidos.
El 23 de enero, el entonces diputado y senador electo del PPD, Guido Girardi, se reunió en un almuerzo con el embajador de EE.UU., Craig Kelly, y le comentó que no estaba seguro de que Bachelet podría pasar por alto la presión de los partidos. Girardi dijo que "la fuerza de los partidos y el rol que jugaron en asegurar la victoria de Bachelet no debían ser subestimados". De hecho, según el cable, el parlamentario aseguró al diplomático norteamericano que la Concertación ya había decidido otorgarle a la Democracia Cristiana (DC) "11 de los 18" cargos ministeriales (en realidad eran 20), a pesar de su pobre resultado tras las elecciones parlamentarias de diciembre de 2005.
Lo que vino, en todo caso, fue un fortalecimiento de la imagen independiente de Bachelet. Finalmente, sólo siete democratacristianos formarían parte de su primer gabinete y cuatro meses después, según consta en el cable Nº 63.933, un funcionario de la Cancillería la describiría ante el embajador Kelly como "su propia líder", que "toma sus propias decisiones" y que no opera dentro de los círculos partidarios. El documento dice que "en términos de estilo, Bachelet es una sintetizadora que prefiere consultar ampliamente y considerar varios puntos de vista antes de tomar una decisión". Sólo unos meses después, esos aspectos serían vistos negativamente por EE.UU. y serían claves para determinar el miedo de la administración de George W. Bush por sus principios socialistas y su falta de liderazgo, imagen que llevaría a cuestas al menos hasta la mitad de su período presidencial.

"Cruda por Dentro"
A fines de 2006, Bachelet cumplía ocho meses en La Moneda y para ese entonces ya tenía a su haber el primero de sus cuatro cambios de gabinete, la revolución de los estudiantes secundarios, el primer presupuesto público hecho bajo su mandato, la muerte de Pinochet y un crítico informe de la embajada de EE.UU. sobre su gestión y sus bases de izquierda. En el documento etiquetado como confidencial queda clara la desconfianza que tenía Washington sobre los principios que guiaban a la presidenta chilena. Para catalogarla políticamente hacen una analogía con el punto de cocción de un trozo de carne y la califican de bleu*: cocida por fuera pero cruda por dentro. Con ello, querían decir que era una persona moderada pero socialista en el fondo. El cable Nº 91.254 fue despachado el 29 de diciembre y titulado Punto de cocción bleu: Las convicciones socialistas de Michelle Bachelet.
Según el cable firmado y clasificado por el embajador Kelly, a esa altura los principios socialistas de Michelle Bachelet se hacían evidentes. Se refiere al incremento cercano al 11% del gasto público en áreas como educación, salud y vivienda y la excesiva dedicación de capital político que la mandataria había puesto en temas como la disposición gratuita en los consultorios de la píldora del día después para adolescentes sin el consentimiento de sus padres. Además, agrega que debido a que favorece las soluciones colectivas a los problemas, "el país está inundado con comisiones".
En el ámbito internacional, dice que su inclinación inicial ha sido adoptar una posición de "solidaridad fraterna, incluso con aquellos (países) con tinte ‘anti imperialista’". El documento asegura que cuando a Bachelet le tocó votar por la inclusión de Venezuela en el Consejo de Seguridad de la Organización de Naciones Unidas (ONU), contra el que Washington hizo un intenso lobby durante siete meses, sólo se abstuvo porque "los tropiezos de (Hugo) Chávez, la fuerte oposición doméstica (desde la oposición y la DC) y la persistente persuasión de los EE.UU." hicieron insostenible su voto a favor. Según el cable, varias fuentes, incluso "un casi desesperado canciller (Alejandro) Foxley", le habrían revelado que ella se inclinaba por el apoyo al gobierno de Chávez. Esa opinión se vería reforzada en marzo de 2007, tal como aparece en el cable Nº100.428, luego de una entrevista otorgada a Telesur por el entonces embajador chileno en Venezuela, Claudio Huepe. Allí, el fallecido embajador dijo que si bien Bachelet le había reconocido en una conversación privada que apoyaba la candidatura de Venezuela, se había abstenido solamente por el costo político que significaba votar a favor. Después de eso, Huepe se vio obligado a renunciar.
El embajador norteamericano asegura en su informe que Bachelet simpatiza ideológicamente con mucha de la retórica y algunas políticas de izquierda; y añade que "corriendo el riesgo de ir demasiado lejos en una psicología pop fácil, Bachelet es una niña de los ‘60". El cable señala que frente a las acusaciones de corrupción bajo su gestión, específicamente por la asignación irregular de fondos públicos detectados en Chiledeportes –que según un informe de Contraloría habría alcanzado los $474 millones–, la siguiente frase reveló "su visión socialista del mundo":

-No soy de las que piensa que reformar el Estado signifique su debilitamiento. Para reformar el Estado lo primero que hay que hacer es creer en el Estado.

En todo caso, bajo el título ‘Un mal necesario’, Kelly agrega en su informe que la habilidad de Bachelet para conectarse con la gente refuerza el concepto de que la centro izquierda chilena es más "cariñosa" y que eso explicaría la alta aprobación en las encuestas. Dice que además de estar "bendecida con carisma, Bachelet tiene un lado pragmático" que le permitiría "abrazar –o al menos aceptar– políticas que normalmente le repugnan a la izquierda". Y que el crecimiento económico del país durante su primer año en la presidencia "ha sido respetable si no espectacular".

-En un continente que ha navegado a la deriva hacia la izquierda populista, y con diatribas anti-EE.UU. en aumento, Michelle Bachelet se mantiene comprometida a continuar políticas económicas y sociales moderadas y responsables. A pesar de sus convicciones centrales que normalmente sugieren un alineamiento cercano con Chávez y su clase, Bachelet reconoce que los lazos correctos, respetuosos e incluso cercanos con EE.UU. son parte de los intereses a largo plazo de Chile (…). La gran pregunta es si su anticuada fe en el poder del Estado para resolver todos los males le permitirán moverse lo suficientemente rápido para dirigir los problemas que enfrenta Chile –dice el cable en su parte final.

El Pato Cojo
Cuando el cable Nº 148.287 fue enviado al Departamento de Estado, la CIA y otros diez destinatarios en abril de 2008, hacía poco menos de un mes que Bachelet había cumplido el segundo de sus cuatro años al mando del país. Pero según el documento, poco tenía que celebrar. A diferencia del informe anterior, que cuestionaba los principios ideológicos sobre los que Bachelet se movía, este reporte apuntó directamente a su gestión. A los ojos de EE.UU., era "un hito tal vez convertido en una carga, un aniversario colmado con el peso de expectativas insatisfechas".

-Bachelet carga con las clásicas marcas del síndrome del pato cojo: constitucionalmente impedida para buscar la reelección, con débiles resultados en las encuestas y, gracias a una pérdida de la mayoría activa en el Congreso, aquejada por la percepción de falta de autoridad (incluso al interior de su dividido sector político) para definir la agenda de Chile –dice el cable.

Según el informe, para Bachelet "la luna de miel fue corta". Si ya el primer año le había tocado difícil, a esta altura arrastraba además con el peso de varios "eventos que subrayan las dudas sobre su habilidad de liderar efectivamente". Llevaba tres cambios de gabinete en sólo 20 meses, la caótica implementación del Transantiago y la acusación constitucional –aprobada en el Congreso sólo un día antes del despacho de este cable– contra su ministra de Educación, Yasna Provoste, por las irregularidades detectadas por Contraloría en el pago de subvenciones escolares. Además, el quiebre interno en la Concertación que vino con la salida de Adolfo Zaldívar (gatillado por la discusión sobre el financiamiento del Transantiago) le significó a Bachelet perder la mayoría en el Congreso. De acuerdo al cable, "a diferencia de su predecesor (Lagos), Bachelet ha fallado repetidamente en producir consenso en su coalición, un defecto que ha impactado en la confianza pública en su liderazgo y dificulta su habilidad para implementar su agenda".
A juicio de la embajada, los resultados legislativos no fueron los esperados y aún en aquellas áreas donde hubo avances -como educación y la reforma previsional- la implementación se había transformado en la pesadilla del gobierno. El cable cita al arzobispo de Santiago Francisco Javier Errázuriz como uno de los críticos, diciendo que "se ha gastado mucho dinero en reformar la educación pero no hay resultados", por lo que no le sorprendería que las protestas de los estudiantes se reiniciaran. En cuanto a la implementación de la reforma previsional, fue el entonces ministro del Trabajo Osvaldo Andrade quien planteó sus dudas a la embajada. Según el cable, los chilenos se preguntaban por qué en un país con superávit fiscal los estándares de vida parecen empeorar.
A pesar de lo duro que resulta la primera parte del documento diplomático, el cable señala que para esa fecha aún "es prematuro ponerle la etiqueta del pato cojo". Los representantes norteamericanos reconocen que el carisma y la convicción de que sus políticas sociales van por buen camino le juegan a favor a Bachelet. Y también su política exterior. De hecho, la última parte del informe señala claramente el interés y las intenciones de EE.UU. para que lo que le quede a Bachelet en La Moneda sea mejor y continúe alineado con los intereses de Washington.

"Somos Neutrales Pero…"
El cable que analiza la primera mitad del gobierno de Bachelet, culmina señalando que lo que ocurra en lo que le queda del período y con la Concertación en las elecciones de 2009, son temas internos sobre los cuales EE.UU. es neutral. "Dicho eso, y mientras han existido desacuerdos en el camino (como con Venezuela y el voto en el Consejo de Seguridad de la ONU, aun cuando Chile eventualmente vio la luz), el récord de la política exterior de Bachelet ha sido generalmente sólido y en línea con los objetivos de EE.UU."
En 2007, el gobierno chileno promocionó varias iniciativas acordes a los intereses norteamericanos. El cable señala algunas: Seguridad en la Proliferación, Combate al Terrorismo Nuclear y la Sociedad para un Gobierno Democrático. También agrega que Chile ha participado en la Agencia Internacional de Energía Atómica (IAEA) "en un momento difícil (Irán)", que su nombre ya está en carrera para un puesto en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, que ha apoyado fuertemente los tratados comerciales regionales y que ha participado activamente con sus delegaciones militares para mantener la paz en Haití y Bosnia.
Después de alabar la política exterior de Bachelet, el cable anticipa que la preocupación de la mandataria chilena durante el resto de su período será solucionar los temas internos. En todo caso, eso no significa que las relaciones internacionales podrían quedar relegadas por una mayor dedicación de la presidenta a temas locales: el desarrollo de las relaciones seguiría su curso mediante la "agenda positiva" que desarrollaron el canciller Alejandro Foxley y la secretaria de Estado Condoleezza Rice. A pesar de la neutralidad de EE.UU., el cable deja claro que mientras los esfuerzos internacionales vayan alineados con sus intereses, da lo mismo el escenario interno o si las convicciones de la presidenta son marcadamente de izquierda. Si le interesa que el modelo chileno influya en la región, en esa dirección irán los esfuerzos.

-Eso nos da –y a Foxley– flexibilidad amplia para profundizar la cooperación en materias como el Plan Chile-California, el acuerdo de Becas de Igualdad de Oportunidades e iniciativas en diversificación energética e innovación. A pesar del debate político doméstico en Chile, no deberíamos enfrentar obstáculos significativos en seguir llevando adelante e incluso incrementando el liderazgo chileno en la región y promocionando el exitoso modelo económico y político chileno.
[* La palabra original utilizada en el cable es "bleu" o azul, término usado para definir un punto de cocción de la carne cuando queda apenas cocinada.]
24 de febrero de 2011
©ciper chile