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chacales no califican para indulto


Manuel Contreras y Álvaro Corbalán no calificarían para razones humanitarias. Contreras está condenado a dos perpetuas y más de trescientos años de cárcel. No ha pedido perdón ni está arrepentido de sus crímenes.
[Claudio Leiva Cortés] Chile. Ex director de la DINA tiene 81 años mientras que el ex jefe operativo de la CNI sufre las consecuencias de un grave cáncer a la tiroides. Se maneja la posibilidad de excluir del beneficio a los condenados a cadena perpetua. En Punta Peuco hay otros dos presos que cumplirían con los requisitos.
Juan Manuel Guillermo Contreras Sepúlveda es un preso que tiene 81 años (nació el 4 de mayo de 1929) y que sufre de cáncer al colon, diabetes, hipertensión y trombosis. Es decir, cumpliría con los requisitos para el indulto por razones humanitarias que impulsaría el gobierno para los reos mayores de 80 y enfermos terminales.
El problema es que el general de Ejército (R) Juan Manuel Guillermo Contreras Sepúlveda no fue humanitario al mando de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA). Entre los años 1974 y 1977, ‘El Mamo’ encabezó la brutal represión del régimen de Augusto Pinochet en contra de cualquier tipo de disidencia.
Distinto es el caso del general (R) Odlanier Mena Salinas, el ex militar de mayor edad que cumple condena y el primero en mencionarse como eventual indultado. Mena tiene 85 años y fue condenado a seis por su complicidad en el asesinato de tres víctimas de la Caravana de la Muerte.
En cambio, el general (R) Contreras Sepúlveda está sentenciado a más de 300 años de cárcel y a dos cadenas perpetuas por diversos crímenes, entre ellos torturas, ejecuciones y desapariciones forzadas. Los más graves son los asesinatos del ex canciller Orlando Letelier y del general Carlos Prats. Por lo mismo, una de las medidas que se maneja para que Contreras no opte al beneficio sería excluir a los condenados a cadena perpetua.
‘El Mamo’ se encuentra recluido en el penal Cordillera, al interior del Regimiento de Telecomunicaciones del Ejército, en Peñalolén. Este recinto y el de Punta Peuco, en Tiltil, no tienen problemas de hacinamiento, el principal motivo del gobierno para desocupar las cárceles. Todo lo contrario, son considerados penales "5 estrellas".
La última "aparición pública" de Contreras ocurrió el domingo 6 de marzo pasado, en el blog "El once de un gran mes", donde escribió que "después de haber reflexionado profundamente acerca de la situación que viven los presos políticos militares (…) si el gobierno cumple con lo prometido y los uniformados regresan a sus hogares, seremos los primeros en apoyarlos para que continúen otro período".

"El Protector"
Pero el general (R) Manuel Contreras no es el único personaje funesto que podría ser beneficiado con un indulto de esta naturaleza, si es que llega a aprobarse en el Congreso. Existe otro gran protagonista de la represión que sufriría una grave enfermedad.
Se trata del teniente coronel (R) Álvaro Julio Federico Corbalán Castilla, ex jefe operativo de la Central Nacional de Informaciones (CNI), donde ocupaba la chapa de Álvaro Valenzuela; ex pareja de la vedette española María José Nieto y, según la leyenda popular, protector de Tito Fernández, El Temucano.
Corbalán tiene 59 años y se encuentra recluido en Punta Peuco, donde cumple una cadena perpetua por el homicidio del carpintero Juan Alegría Mundaca, crimen ligado al asesinato de Tucapel Jiménez. También fue condenado por los asesinatos de 12 frentistas en la Operación Albania y por el crimen del periodista José Carrasco.
En mayo pasado, Corbalán Castilla fue operado en el Hospital Militar por un cáncer a la tiroides y estuvo internado grave durante dos semanas. No se ha informado de su actual estado de salud, pero según sus cercanos está perdiendo la visión y sufriría de otras complicaciones derivadas de su obesidad.
Su última declaración se publicó el 1 de marzo pasado, en el sitio Despierta Chile, y en ella afirmó que "respetuosamente hago saber al Tribunal que por salud mental y física -la que debo priorizar en el último tramo de vida que me queda-, hasta aquí llegó mi contribución y tributo a la justicia, en lo que dice relación con estos hechos (violaciones a los DDHH) acontecidos hace tanto tiempo".

Dos Verdaderamente Terminales
En Punta Peuco hay otros dos presos que, de acuerdo a los antecedentes entregados por sus familiares, cumplirían con los requisitos para un indulto por razones humanitarias. Uno de ellos es enfermo terminal y el otro tiene más de 80 años.
El primero es el capitán (R) de Carabineros Guillermo Arturo Cofré Silva (en la foto), condenado a cinco años y un día por el secuestro calificado de la detenida desaparecida Marta Edith Vásquez Fredes, en octubre de 1973 en Curanilahue.
El oficial en retiro, según sus familiares, está aquejado de un cáncer terminal, se encuentra postrado en cama, sufre de insuficiencia respiratoria y depende del suministro de oxígeno de modo permanente para sobrevivir. El año pasado, el gobierno le negó un indulto.
El segundo es el ex detective Risiere Altez España, de 82 años, condenado a cinco años por los secuestros calificados de los detenidos desaparecidos Antonio Soto Cerna, Luis Mahuida Esquivel y Luis González Mella, todos ocurridos en La Cisterna en 1974.
Según sus familiares, Altez España es enfermo crónico y espera morir en el mismo penal. Él ha solicitado su libertad condicional, pero no se la conceden por considerarlo un peligro para la sociedad.
10 de marzo de 2011
©la nación

piden renuncia de fuentealba


Diputados piden renuncia del Comandante en Jefe del Ejército por dichos sobre indulto a violadores de derechos humanos.
[Ricardo Salazar] Valparaíso, Chile. Diputados de la Comisión de Derechos Humanos exigieron la renuncia del Comandante en Jefe del Ejército, Juan Manuel Fuentealba, por sus dichos acerca de la igualdad ante la ley de todos los chilenos en vista del proyecto de indulto, presionando para incluir a ex militares condenados crímenes de lesa humanidad. Sin embargo, el Gobierno respaldó al uniformado afirmando que puede opinar "como cualquier ciudadano" y nos descartó incluir los "perfeccionamientos que plantea Fuentealba en la ley".
Los declaraciones del Comandante en Jefe del Ejército, general Juan Manuel Fuente Alba, generaron una serie de reacciones políticas acerca de la obediencia y no deliberancia de las Fuerzas Armadas en las decisiones del Estado.
El martes, cuando el Ejecutivo anunció el proyecto de indulto excluyendo a violadores de derechos humanos, Fuentealba señaló en el Congreso que "en la Constitución Política de la República todos los chilenos tenemos una condición de igualdad ante la ley y que es un principio constitucional que me parece interesante de tener a la vista, pero respecto del proyecto no me voy a referir".
Sus declaraciones no pasaron inadvertidas entre los parlamentarios de oposición, quienes acusaron que es ilegítimo que Fuentealba se pronuncie sobre un proyecto de ley.
La presidenta de la Cámara de Diputados, Alejandra Sepúlveda,  recalcó que "las Fuerzas Armadas tienen que guardar silencio frente a la contingencia política. A mí me extraña que el general hoy día esté opinando en esto, pero las FFAA tienen que guardar obediencia y silencio frente a lo que está ocurriendo, sobre todo en temas legislativos, que son tan delicados".
Una molestia mayor se generó entre los parlamentarios de la comisión de Derechos Humanos de la Cámara. El presidente de esta instancia, el diputado PC Hugo Gutiérrez, señaló que el titular del Ejército debe renunciar debido a que está representando intereses de grupos privados.
"Lo que está haciendo Fuentealba sin duda es instar al Ejecutivo a que incluya a los que violaron los derechos humanos dentro de los beneficios carcelarios. Esa presión es ilegítima, ilegal y el Presidente de la República debería pedirle cuenta de sus dichos. Lo insto a que mejor presente su renuncia, que se vaya del Ejército y asuma la vocería de los militares en retiro y que violaron los derechos humanos, tal cual lo sostuvo el Poder Judicial chileno", afirmó Gutiérrez.
Mientras tanto, el diputado PS Fidel Espinoza, quien es integrante de la comisión, dijo que este tema debe ser tratado en el Parlamento y el ministerio de Defensa, ante la gravedad del caso.
"El Comandante en Jefe del Ejército se equivoca en su actitud y con eso violenta el alma de los chilenos que sufrieron violaciones a los derechos humanos y de la ciudadanía en su conjunto. Tiene razón en que son chilenos, pero se olvida que son chilenos, pero asesinos. Haré saber esta situación en la comisión de DD.HH. y pediremos que el ministro Allamand tome cartas en el asunto porque es sumamente grave", manifestó Espinoza.
La comisión de Derechos Humanos puede solicitar oficios de información, tanto el Ejército, como al Ministerio de Defensa, o en su defecto, citar al titular de la cartera, Andrés Allamand o al comandante en Jefe del Ejército, para que se haga cargo de sus polémicos dichos.
Sin embargo, desde el Ejecutivo, a través del ministro Secretario General de la Presidencia, Cristián Larroulet, no tardaron en respaldar al uniformado.
Haciendo caso omiso de que se trata del Comandante en Jefe del Ejército, Larroulet señaló que "todo ciudadano, cualquiera sea su cargo, tiene derecho a plantear perfeccionamientos a las iniciativas legales".
El ministro fue más allá y se abrió a la posibilidad de acoger la petición de indulto para ex militares condenados. "Obviamente estamos abierto a que haya perfeccionamientos a esa iniciativa legal en el Parlamento, como la que plantea el general Fuentealba", sostuvo.
En la misma línea, el Presidente Sebastián Piñera afirmó en España que "cuando se habla de razones humanitarias no se puede hacer ninguna distinción por el hecho de ser civil o militar" y aclaró que buscarán incorporar en la tramitación del proyecto en el Congreso el indulto para mayores de 80 años y enfermos terminales.
Ayer, los parlamentarios de la Alianza, María Angélica Criti (UDI) y Alberto Cardemil (RN) manifestaron públicamente su "molestia" con el Ejecutivo por no considerar a los ex militares violadores de derechos humanos en el proyecto que busca descongestionar las cárceles.
10 de marzo de 2011
©radio udechile

cheyre defiende indulto a pinochetistas


General (r) Juan Emilio Cheyre respalda dichos de Fuente Alba y califica de "injusta" la propuesta de indulto. Entrevista exclusiva con Radio Universidad de Chile.
[Juan San Cristóbal] Santiago, Chile. "Es una injusticia aplicar una medida para unos y otros no", afirmó el ex comandante en jefe del Ejército, quien apoyó el argumento de "igualdad ante la ley" esgrimido por el actual líder militar. Cheyre señaló que hoy el país vive una situación distinta, que permite el indulto a procesados por violaciones a derechos humanos, pues no representan "un peligro para la sociedad".
El ex comandante en Jefe del Ejército, Juan Emilio Cheyre, manifestó su concordancia con la posición de Juan Manuel Fuente-Alba, actual líder de la institución, quien señaló que "todos los chilenos tenemos igualdad ante la ley", frente a la exclusión del proyecto de indulto que prepara el Gobierno de ex militares encarcelados por violaciones a los Derechos Humanos.
"Comparto la opinión del comandante en jefe del Ejército, él indicó dos palabras; ciudadanos y chilenos, entonces debe primar el sentido de igualdad ante la ley, eso es también lo que ha señalado el Presidente Piñera y también hace poco lo escuché del senador Jorge Burgos", declaró Cheyre en el programa El Megáfono de Radio Universidad de Chile.
El general (r) agregó que "es una injusticia aplicar una medida para unos y otros no, ahora si hay un asunto de compromiso con principios universales de derechos humanos, no creo que sea adecuado indicar a gente con grados inferiores como grandes criminales".
Respecto a la posición del Ejército, Juan Emilio Cheyre indicó "que esta institución ha trabajado más que nadie por esclarecer los casos". Incluso, cuestionó el actuar de la Justicia al declarar que "los tribunales se hicieron los ciegos sordomudos durante tantos años, negando cualquier diligencia que pudiera salvar vidas en ese entonces".
Cheyre recalcó que ninguno de los militares que hoy están encarcelados  " constituye un peligro para la sociedad, porque las circunstancias en las que cometieron los delitos pasaron, las organizaciones en las que se escudaron pasaron, el terrorismo de Estado pasó, entonces no hay puerta giratoria, yo no digo que sean santos, si están condenados es por algo".
En esta dirección, Cheyre señaló que fue contactado por parlamentarios "de todos los sectores" mientras ejercía la comandancia en jefe buscando apoyo a planes de indultos estudiados durante la Concertación. Entre ellos, destacó a Ricardo Nuñez y Hernán Larraín, a quienes negó, según dijo, tajantemente su colaboración ante una iniciativa que busque suprimir las condenas que hoy existen en materia de derechos humanos.
10 de marzo de 2011
©radio udechile

quiénes bombardearon la moneda


Ministro Carroza pide a FF.AA. identidades de quienes participaron del bombardeo a La Moneda. Tras la medida del magistrado, el ministerio de Defensa deberá responder de oficio indicando los nombres y cédulas de identidad de quienes atacaron la sede presidencial.
Santiago, Chile. El ministro Mario Carroza que tramita la causa en la cual se investiga la muerte del presidente Salvador Allende, solicitó a la Fuerza Aérea (FACh) y al Ejército identificar a los pilotos de los aviones y las tripulaciones de los helicópteros que atacaron el Palacio de La Moneda el 11 de septiembre de 1973.
El magistrado accedió, de esta manera, a una petición  formulada por los querellantes del Movimiento Socialista Allendista, e implica que el ministerio de Defensa deberá responder de oficio al magistrado, indicando los nombres y cédulas de identidad de los pilotos y tripulantes que participaron del asalto a la sede presidencial.
El abogado patrocinante Roberto Ávila Toledo aseguró que "la resolución dictada se ajusta a derecho. El bombardeo a La Moneda con el evidente propósito de matar al Presidente de la República fue un acto de terrorismo de Estado y un crimen de lesa humanidad. Sus autores deben ser identificados y sancionados. Confiamos en que el ministro de Defensa tramite sin dilaciones este requerimiento judicial".
Ávila informó además que está solicitando también el nombre de quienes leyeron los bandos militares en los cuales se amenazó con fusilar a los disidentes que se resistieran a los procedimientos del régimen de facto.
9 de marzo de 2011
8 de marzo de 2011
©la tercera


ejército respalda a militares condenados


Indulto: Ejército reclama "igualdad ante la ley". Polémica por exclusión de condenados por derechos humanos.
Santiago, Chile. El principio de igualdad ante la ley reclamó el Ejército en medio del debate por establecer beneficios carcelarios para efectivos en retiro de las ramas castrenses condenados por casos de derechos humanos.
"Los ex militares son ciudadanos y son chilenos y lo que establece la Constitución es eso, por lo tanto, lo que usted me está preguntando es como si no fueran chilenos y sí son chilenos", expresó, añadiendo que "en tal condición, se debe cumplir el precepto constitucional. Se debe considerar eso: las condiciones de igualdad ante la ley".
Así lo expresó este martes el comandante en jefe de la institución, Juan Miguel Fuente-Alba, luego que el gobierno anunciara indultos para reducir la población penal, sin incluir a los enfermos terminales y mayores de 80 años, cuestión que podría dejar fuera a los ex militares que cumplen sus condenas efectivas.
Si bien no quiso pronunciarse sobre el contenido de la iniciativa, "ni a la opinión de otros personeros", subrayó que "de acuerdo a lo establecido y preceptuado en la Constitución Política de la República, todos los chilenos tienen una condición de igualdad ante la ley, principio constitucional que me parece interesante mantener siempre a la vista".
9 de marzo de 2011
8 de marzo de 2011
©la nación

indulto no incluirá a pinochetistas


Indulto: Propuesta del gobierno genera críticas en el oficialismo. Diputada de la derecha psicótica defiende crímenes de militares pinochetistas como actos de patriotismo.
Santiago, Chile. Una nueva polémica generó en la esfera política y social el anuncio del gobierno que contempla una batería de medidas para combatir la crisis carcelaria y que no contempla beneficios a enfermos terminales o mayores de 80 años, cerrando con ello la puerta a la posibilidad de que violadores de derechos humanos en dictadura pueda acceder al indulto.
Las primeras críticas vinieron de legisladores oficialistas que respaldaron el régimen del fallecido Augusto Pinochet.
A juicio de la diputada María Angélica Cristi (UDI) dijo la iniciativa tiene exclusiones "con nombre y apellido y es un nuevo portazo a los militares condenados por violaciones a los derechos humanos enfermos, muchos de ellos con cánceres terminales, mayores".
Fue un poco más allá y dijo que "el gobierno se asustó frente a los reclamos y gritos destemplados de personeros de la Concertación", lo que consideró "lamentable", por lo que espera que "recapacite y dé una oportunidad a quienes, por defender la patria, están hoy condenados".
Cristi formuló su reclamo junto a su colega Jorge Ulloa (UDI), quien acusó que se estaría violando el principio de igualdad ante la ley con esta propuesta y que la situación "no se aborda por falta de coraje moral".
Para el diputado Alberto Cardemil (RN), "no es una señal de buen gobierno avanzar en medidas para descongestionar las cárceles, manteniendo en ellas a enfermos terminales y ancianos de más de 80 años, por temor a que alguno de ellos sea ex militar, cediendo de esta manera a presiones de la izquierda".
El senador Patricio Walker (DC), replicó estos dichos al valorar  a quienes "han cometido crímenes de lesa humanidad", subrayando que la iniciativa busca descongestionar las cárceles y que "el hacinamiento no está en Punta Peuco".
Dijo no entender "cómo algunas personas que siguen a Pinochet, a Manuel Contreras y a todos los que violaron los derechos humanos, hasta ahora siguen pidiendo beneficios para personas que no están hacinadas en las cárceles, que gozan de muchas comodidades. Por lo tanto bien ha hecho el gobierno dejando fuera a quienes han sido autores de crímenes de lesa humanidad".
El senador RN Alberto Espina optó por dar un paso al lado en la polémica, sentenciando que "esa es una decisión del gobierno, que lo conteste el gobierno. Él es el responsable de este proyecto y tendrá que decir por qué un elemento que en muchas partes del mundo se considera humanitario el gobierno ha decidido eliminarlo. Cada uno en el rol que le corresponde".
Hernán Larraín (UDI) apuntó que "hay que ver que otros elementos podríamos agregar, siempre fundados en hechos objetivos que permitan dilucidar temas que, no importa a quien afecten, puedan ser beneficiarios de esta ley en la medida que la seguridad pública no esté comprometida y que delitos de lesa humanidad o violentos o atentados a  menores no puedan quedar beneficiados por esta norma".
El diputado Gonzalo Arenas (UDI) expresó su desconcierto con el proyecto de reforma carcelaria anunciado por el Gobierno.
"No me niego a discutir este proyecto, ni tampoco me niego a aprobarlo, pero aquí se requiere que el Gobierno explique, con peras y manzanas, qué pretende, hacía dónde va, ya que esto es inexplicable en el contexto de acabar con la puerta giratoria".
"Queremos explicaciones sólidas de los argumentos políticos, jurídicos y técnicos que avalan esta decisión", añadió el parlamentario gremialista, precisando que "el gobierno debe explicar, además, qué antecedentes nuevos tiene para cambiar la posición tan tajante que tenía hace un año, cuando rechazó cualquier indulto propuesto por la Iglesia", agregó.

Ejército e Indulto
Por el principio de igualdad ante la ley abogó el Ejército en medio del debate por establecer beneficios carcelarios para efectivos de las ramas castrenses, condenados por casos de Derechos Humanos.
"Los ex militares son ciudadanos y son chilenos y lo que establece la Constitución es eso, por lo tanto, lo que usted me está preguntando es como si no fueran chilenos y sí son chilenos", expresó, añadiendo que "en tal condición, se debe cumplir el precepto constitucional. Se debe considerar eso: las condiciones de igualdad ante la ley".
Si bien no quiso pronunciarse sobre el contenido de la iniciativa, el comandante en jefe de la institución, Juan Miguel Fuente-Alba, sostuvo que "de acuerdo a lo establecido y preceptuado en la Constitución Política de la República, todos los chilenos tienen una condición de igualdad ante la ley, principio constitucional que me parece interesante mantener siempre a la vista".
9 de marzo de 2011
8 de marzo de 2011
©la nación

mayores de 75 pueden no votar


Sala aprueba proyecto que suprime multa a ciudadanos mayores de 75 años que no voten.
Valparaíso, Chile. Con 93 votos a favor y 5 abstenciones, la Sala de la Cámara de Diputados dio su aprobación y despachó al Senado, en primer trámite constitucional, un proyecto que modifica la Ley 18.700 de Votaciones Populares y Escrutinios para exceptuar a las personas mayores de 75 años de edad de la obligación de concurrir a votar en las elecciones y plebiscitos.
La iniciativa legal (boletín 7052) tuvo su origen en una moción de los diputados Germán Becker (RN), Pedro Pablo Álvarez-Salamanca (UDI), Gabriel Ascencio (DC), Enrique Estay (UDI), Iván Moreira (UDI), Sergio Ojeda (DC) y Alejandra Sepúlveda (PRI).
La reforma constitucional aprobada el año 2005 estableció la inscripción automática y el voto voluntario, cambio que no estará en vigor hasta que no entre en vigencia la modificación respectiva a la ley orgánica de elecciones.
Al no haberse dictado la ley correspondiente, se encuentra vigente la obligatoriedad del sufragio, establecida en el artículo 60 de la Ley de Votaciones Populares y Escrutinios, que sanciona con multa de media a tres unidades tributarias, a beneficio municipal, al ciudadano que no concurra a votar y no se encuentre dentro de las excepciones contempladas (enfermedad, ausencia del país, encontrarse el día de la elección o plebiscito en un lugar situado a más de 200 kilómetros o por otro impedimento grave debidamente comprobado ante el juez competente).
La moción recoge la tendencia mundial de considerar los 75 años como edad límite para desarrollar ciertas actividades, como es el caso de los obispos de la Iglesia Católica que deben renunciar a sus diócesis cuando cumplen dicha edad. Además, en Chile la Constitución establece que diversas autoridades deben acogerse a retiro también a esa edad. Entre ellos se encuentran los jueces, los fiscales, los miembros del Tribunal Constitucional y el Contralor General de la República.
Por ello, los autores de la moción plantean que imponer multa a los ciudadanos mayores de 75 años que no concurren a votar contradice las normas básicas de consideración con los adultos mayores, al someterlos a riesgos innecesarios al tener que concurrir a los locales de votación, normalmente con gran asistencia de público, exponiéndolos así a sufrir accidentes.
Recuerdan, asimismo, que el artículo 44 de la Ley 18.700 contempla expresamente que tener más de 70 años de edad está comprendido entre las excusas fundadas para no ser vocal de mesa.
9 de marzo de 2011
8 de marzo de 2011
©diario de la cámara

tipifican delito de trata


Cámara despacha proyecto que tipifica delitos de tráfico ilícito de migrantes y trata de personas.
Valparaíso, Chile. Con 100 votos a favor, la Sala de la Cámara de Diputados dio su aprobación a las modificaciones introducidas por el Senado al proyecto iniciado en moción que tipifica los delitos de tráfico ilícito de migrantes y trata de personas, y establece normas para su prevención y más efectiva persecución criminal.
La iniciativa legal (boletín 3778) tiene su origen en una moción presentada en el año 2005 por la diputada María Antonieta Saa, que fue objeto de una indicación sustitutiva del Ejecutivo durante la tramitación parlamentaria.
La idea matriz del proyecto apunta a establecer una normativa integral que contenga una adecuada tipificación penal, medios especiales investigativos y normas específicas para la protección de las víctimas, respecto de los delitos de trata y tráfico ilícito de personas, acorde con el marco conceptual sugerido por los convenios internacionales ratificados por Chile, en especial la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional.
El cuerpo legal sanciona con reclusión menor en su grado medio a máximo (541 días a 5 años) y multa de 50 a 100 UTM al que incurriere en el delito de tráfico ilícito de migrantes. Comete este delito quien con ánimo de lucro facilite o promueva la entrada ilegal al país de una persona que no sea nacional o residente.
Si en la comisión de este delito se pusiere en peligro la integridad física o la salud de la persona, la pena se impondrá en su grado máximo (de 3 años y 1 día a 5 años) y, si se hiciere peligrar la vida de las personas o éstas fueran menores de edad, la pena se aumentará en un grado.
También establece la pena de reclusión menor en su grado máximo (de 3 años y un día a 5 años) y multa de 20 UTM a quien promueva o facilite la entrada o salida del país de personas para que ejerzan la prostitución, ya sea en el país o en el extranjero.
Asimismo, se castiga el delito de trata de personas con reclusión mayor en sus grados mínimo a medio (de 5 años y un día a 15 años) y multa de 50 a 100 UTM. Comete este ilícito el que mediante violencia, intimidación, coacción, engaño o abuso de poder, aprovechamiento de una situación de vulnerabilidad o de dependencia de la víctima, o la concesión de pagos u otros beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra, capte, traslade, acoja o reciba personas para que sean objeto de alguna forma de explotación laboral o sexual, incluyendo la pornografía y extracción de órganos.
El proyecto incorpora medidas tendientes a proteger la integridad física y psicológica de las víctimas de estos delitos y permite la participación de agentes encubiertos en las investigaciones de organizaciones o asociaciones destinadas a la comisión de estos delitos.
En el debate en la Sala de la Cámara intervinieron los diputados Jorge Burgos (DC), Felipe Harboe (PPD), Giovanni Calderón (UDI), María Antonieta Saa (PPD), Marcelo Schilling (PS), Guillermo Ceroni (PPD), Carlos Abel Jarpa (PRSD) y Manuel Rojas (UDI).
La iniciativa fue remitida al Presidente de la República para que proceda a su promulgación o eventualmente le formule observaciones.
9 de marzo de 2011
8 de marzo de 2011
©diario de la cámara