chile

investigarán muerte de allende

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Por primera vez, Chile investiga la muerte de Allende, a más de 37 años del golpe de Pinochet.

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Chile. La justicia chilena investigará las circunstancias de la muerte del ex presidente, fallecido durante el golpe militar del 11 de septiembre de 1973. El juez a cargo de coordinar las causas por violaciones a los Derechos Humanos había detectado que existían muchos casos de víctimas que no habían presentado ninguna demanda, entre ellos el de Allende. Una autopsia determinó que el ex presidente se suicidó, aunque los resultados siguen siendo cuestionados por algunos sectores políticos y de derechos humanos.
El caso del ex mandatario se encuentra entre las 726 querellas por violaciones a los derechos humanos hasta ahora desconocidas por la Justicia que fueron presentadas ayer por la fiscal de la Corte de Apelaciones de Santiago de Chile, Beatriz Pedrals.
La fiscal presentó las querellas ante el juez especial Mario Carroza, en su calidad de representante del Ministerio Público Judicial, quien ahora deberá indagar las circunstancias de la muerte de Allende, que siempre se ha atribuido a un suicidio en el interior del Palacio de La Moneda.
Las causas presentadas ayer corresponden a casos de violaciones a los derechos humanos ocurridos durante la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990) respecto de las cuales no se habían abierto hasta ahora acciones judiciales.
Las querellas se presentan después de que el año pasado el magistrado de la Corte Suprema de Chile, Sergio Muñoz, en su calidad de coordinador para casos de derechos humanos, detectara que existían casos de víctimas de violaciones de derechos humanos en los que no existían acciones interpuestas por sus representantes. Ante ello se elaboró un catastro para verificar el número total de personas que figuraban en esta calidad y se encomendó a la fiscal Pedrals la redacción de las querellas respectivas.
Según datos oficiales, durante la dictadura de Augusto Pinochet murieron unas 2300 personas a manos de agentes del Estado, de las cuales unas 1192 tienen aún la condición de detenidos desaparecidos.
3 de febrero de 2011
27 de enero de 2011
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derogarán ley del cobre

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Piñera anuncia fin de la Ley Reservada del Cobre para FFAA. Tras cita con el ministro Allamand, el presidente comunicó el cambio al cuestionado marco legal de financiamiento de las FFAA. Antes del 21 de mayo, el proyecto respectivo y la creación de un fondo de contingencia para Defensa serán enviados al Congreso.

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[Constanza Hernández Narbona] Santiago, Chile. Un proyecto para reemplazar la Ley Reservada del Cobre por un mecanismo de financiamiento plurianual para las Fuerzas Armadas fue la determinación adoptada por el presidente Sebastián Piñera en la cita con el ministro de Defensa Andrés Allamand en La Moneda.
En esta primera cita del Mandatario a su retorno de vacaciones, el gobierno explicitó su intención de poner fin a un marco legal fuertemente cuestionado por varios sectores, dado su carácter secreto y la obligatoriedad que impone a Codelco de traspasar el 10% de sus ventas a las FFAA.
Piñera fijó como objetivo enviar antes del 21 de mayo al Congreso los proyectos de ley ad hoc, para lo cual apeló a todas las fuerzas políticas a dar sus votos para sacar adelante la nueva legislación.
"Vamos a convocar a todas las fuerzas políticas para buscar y encontrar un acuerdo nacional que le de estabilidad y viabilidad a esta importante reforma", comentó, insistiendo en que ésta es una "política de Estado".
El cambio a la Ley Reservada del Cobre irá complementado con la creación de un Fondo de Contingencia en Defensa, el cual permitirá, según el gobernante, "suplementar los presupuestos aprobados cuando las circunstancias futuras así lo exijan".
El presidente destacó que con este anuncio se cumple el compromiso del gobierno "modernizar y perfeccionar el sistema de financiamiento de nuestras FFAA".
El nuevo proyecto de financiamiento tiene por objetivo principal otorgar "un horizonte de estabilidad" a las FFAA, lo que "permitirá planificar su acción de acuerdo a sus necesidades y a sus importantes misiones en la defensa de nuestra soberanía y de nuestro territorio", puntualizó el mandatario.
En este contexto, el fin de la Ley Reservada del Cobre para las FFAA chilenas es "coherente con la política de Defensa Nacional y con las necesidades y compromisos que Chile adquiere en esta materia", agregó. Además, implica ligar estos recursos al Presupuesto nacional, pero con un carácter plurianual de 12 años.
3 de febrero de 2011
2 de febrero de 2011
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insisten en remoción de general rata

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Un llamado al gobierno a "terminar con la impunidad" hizo la AFDD junto al miembro de la Comisión Política del PC, Juan Andrés Lagos. "Aquí no estamos hablando del Hogar de Cristo, estamos hablando de aparatos represivos y terroristas", dijo Lorena Pizarro.

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[José Antonio Torres] Santiago, Chile. Hasta el ministerio de Defensa llegaron agrupaciones de Derechos Humanos para entregar una carta al ministro de Defensa, Andrés Allamand, en la que se le solicita la destitución a la brevedad del actual jefe del Estado Mayor del Ejército, general Guillermo Castro Muñoz, por su vinculación con la CNI durante la dictadura.
"El gobierno de Piñera avanza en la impunidad. Las palabras de buena crianza las venimos escuchando hace 20 años, por lo tanto le decimos al Presidente que empiece de una vez por toda a cumplir con lo que lo obliga el derecho internacional. Aquí no estamos hablando del Hogar de Cristo, estamos hablando de aparatos represivos y terroristas como fueron la DINA y la CNI", señaló Lorena Pizarro, presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD).
Juan Andrés Lagos, miembro de la Comisión Política del Partido Comunista, sostuvo que esto es una reiteración que han mantenido las agrupaciones de DDHH, en el sentido de que el único camino para establecer la verdad y justicia en Chile es no seguir ocultando ni seguir manteniendo una política que permita a militares con pasado en organismos represores vayan haciendo carrera al interior de las Fuerzas Armadas.
"Nos preocupa que el ministro Rodrigo Hinzpeter trate de justificar el respaldo al general Castro sobre la base de algo que no se hizo antes, refiriéndose a gobiernos de la Concertación. El ministro olvida que la derecha ha sido parte de los consensos que se han realizado en nuestro país, especialmente en relación a los derechos humanos", afirmó Juan Andrés Lagos.
Lorena Pizarro dijo que la imagen del país queda en entredicho ante la comunidad internacional al tener como segundo hombre del Ejército de Chile, a "un terrorista de Estado y a un criminal".
"Aquí lo que se está transmitiendo, es que el Estado de Chile ampara a genocidas y violadores de derechos humanos. Estamos convirtiéndonos en un Estado que da señales claras de legitimar el exterminio a personas que piensan distinto. Eso se condice con la  decisión de aplicar la Ley de Seguridad del Estado en Magallanes", dijo la dirigenta.
3 de febrero de 2011
2 de febrero de 2011
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gobierno respalda a general homicida

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En medio de fuertes cuestionamientos por su pasado CNI. El jefe del Estado Mayor del Ejército, general de división Guillermo Castro, es el segundo hombre en la línea de mando de la institución.

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Santiago, Chile. En el Ejecutivo se señaló que la situación del Jefe del Estado Mayor del Ejército es distinta a la de los tres ex asesores -también vinculados con los servicios de inteligencia del Régimen Militar- despedidos del Ministerio de Defensa. "Ahí operan otras normas legales y otros entendimientos para tomar decisiones", dijo el ministro Rodrigo Hinzpeter.
A las investigaciones por supuestas irregularidades que por estas horas afectan a las tres ramas de las Fuerzas Armadas, se suman ahora los vínculos que integrantes del Ejército tuvieron con los servicios de seguridad del Régimen Militar.
Tras la desvinculación el lunes de cinco ex oficiales de la institución que prestaban asesorías para el Ministerio de Defensa por este tema, ayer se abrió una nueva polémica tras la revelación de que el jefe del Estado Mayor del Ejército, general de división Guillermo Castro Muñoz, fue agente de la Central Nacional de Informaciones (CNI) desde 1979 a 1982.
Así lo confirmó el propio Castro en una declaración judicial que prestó ante el juez Héctor Solís, que investiga el asesinato de 22 campesinos en Paine en octubre de 1973, caso en que el general prestó testimonio en calidad de inculpado en 2008.
Tras conocerse estos antecedentes, el ministro de Defensa, Andrés Allamand, analizó detalladamente con los principales asesores del ministerio el caso del Jefe del Estado Mayor, segundo en la línea de mando del Ejército.
En el estudio de este escenario se llegó a la conclusión de que la situación de Castro es distinta a la de los ex asesores despedidos, principalmente por tratarse de un militar en servicio activo al cual jamás se le puso una objeción a su continuidad ni a los asensos que obtuvo al interior de la institución.
"Ahí operan otras normas legales y otros entendimientos para tomar decisiones", dijo el ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter, quien fue el encargado de entregar la versión oficial del hecho. "La decisión del ministro Allamand, que nosotros compartimos, es que, tratándose de asesores a honorarios, hay ciertas conductas que están reñidas con el espíritu de nuestro gobierno", agregó.
Por esto es que el Ejecutivo puso énfasis en la trayectoria de Castro durante los gobiernos de la Concertación, que siempre tuvo conocimiento de los antecedentes que vinculaban al oficial con la CNI: Comandante del Regimiento Maipo (durante la era Frei Ruiz-Tagle); agregado militar en Argentina (con Lagos) y ascendido a general en 2003 (nuevamente con Lagos y con Michelle Bachelet como ministra de Defensa).
"La posición que ocupa hoy dentro del Ejército es una posición a la que llegó con una trayectoria militar dentro de los gobiernos de la Concertación, no producto de decisiones de este gobierno", explicó Hinzpeter.
Esta versión fue reconocida por el ex ministro de defensa concertacionista, Francisco Vidal, quien sostuvo haber conocido el historial de Castro.
"La política de nuestro gobierno fue: en la medida que ese oficial sea procesado y acusado, se le pide la renuncia. Mientras no haya una acusación, no se le pide la renuncia (...) En el caso del general Castro, obviamente había prestado declaraciones ante el juez que lleva el Caso Paine. Pero ese juez lo declaró fuera de responsabilidad", explicó.
En esa línea Vidal sostuvo que en su época de ministro, el 20% de los oficiales del Ejército pasaron por la CNI (es decir 1 de cada 5 oficiales).

Petitorio de Renuncia
Ante estas informaciones, parlamentarios de la oposición y representantes de organizaciones de DD.HH solicitaron la salida del general Castro del Ejército.
"Quien perteneció a la Dina o la CNI, algún grado de responsabilidad tienen en los crímenes. A Castro además de darlo de baja hay que quitarle todos los honores", sostuvo Lorena Pizarro de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos.
A su turno el presidente del PS, Osvaldo Andrade expresó que "sería un gesto de mínima dignidad que no prestara servicio como militar activo del Ejército".
El diputado del PC, Hugo Gutiérrez, dijo a su vez que "ninguna persona que haya integrado la DINA o la CNI en organismos de seguridad de la dictadura militar tiene la probidad necesaria para ocupar un cargo público".
3 de febrero de 2011
1 de febrero de 2011
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más pobreza en chile

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Medio millón de chilenos pasaron a ser pobres tras el terremoto del 27 de febrero de 2010, según los resultados de una encuesta realizada entre mayo y junio pasados. Los ministros de Planificación, Felipe Kast y de Vivienda, Magdalena Matte, precisaron que la cifra supone un aumento de tres puntos porcentuales en el índice de pobreza, que de este modo abarca al 20 por ciento de la población.

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Chile. Las cifras corresponden a la última encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional (CASEN), que mide las condiciones socioeconómicas de los diferentes sectores sociales del país y que se realiza periódicamente.
Al comentar los resultados, en un acto celebrado en el sector obrero de Cerro Navia, en el área oeste de Santiago, Kast lamentó que más de medio millón de chilenos se hayan sumado "a la triste realidad de la pobreza, producto del terremoto", precisó.
En cuanto al número de indigentes, la cifra aumentó en 80.000 personas, pasando de 620.000, según la encuesta CASEN 2009, a 700.000 en mayo pasado.
Kast advirtió que había que ser cautos con la interpretación de los resultados, puesto que el sondeo se realizó en mayo y no en diciembre como es lo habitual, por tanto, no cabe comparar la situación, por razones estacionales.
Por otra parte, la medición estableció que un 17,3 por ciento de las viviendas del país resultaron con algún tipo de daños o completamente destruidas a causa del terremoto.
Frente a esta realidad, la ministra Matte defendió la estrategia de reconstrucción del gobierno, que consideró "una de las más eficientes que se han conocido en Chile y en muchos lugares del mundo".
En diciembre de este año está prevista una nueva encuesta para analizar si se han reducido los índices de pobreza, considerando las políticas que implementará el gobierno en temáticas como el Ingreso Único Familiar y las modificaciones que se harán en un programa contra la pobreza conocido como Chile Solidario.
Esta vez la medición no solo contabiliza la pobreza, sino también el estrés postraumático con que quedaron los chilenos que se encontraban en las zonas afectadas por el terremoto, registrándose un 6,4 por ciento de hombres afectados y un 14,8 por ciento en el caso de las mujeres.
2 de febrero de 2011
25 de enero de 2011
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documental sobre ex presos políticos

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‘37 años después’: documental sobre ex presos políticos de la dictadura. El documental del director español Miguel Herberg buscará indagar sobre el destino de los protagonistas.

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Chile. El film del español Miguel Herberg narrara la vida de los supervivientes de los campos de concentración chilenos durante los primeros años de la dictadura de Augusto Pinochet. El documental nace 37 años después de hacer una película clandestina que descubrió al mundo su existencia.
El cineasta explicó a EFE que lo que le interesa es poner a los antiguos presos políticos de nuevo ante las cámaras, "desde un punto de vista puramente humano". Agregó que "tienen que hablar libremente y contar lo que en su día no pudieron hacer: sus penas, dolores y todo eso, pues yo me tenía que limitar a preguntarles exclusivamente por sus nombres".
Herberg expresó que ha seguido "muy de cerca los acontecimientos en Chile, filmando la preparación del golpe de Estado contra el entonces presidente Salvador Allende entre los años 1972 y 1974". Rodaje que culminó en los campos de concentración de Chacabuco y Pisagua.
El director de "37 años después", titulo del documental, dijo que "después del rescate de los 33 mineros atrapados en la mina San José, ha llegado la hora de desenterrar también a los otros enterrados en ese lugar".
"Hace 37 años la finalidad era filmarlos para que no se pudiera decir que estaban desaparecidos, pero ahora me interesa saber qué ha sido de ellos, de sus familiares, de los que no se pudieron salvar y siguen enterrados en el desierto", recalcó.
El presupuesto del documental es de 169 millones de pesos y hasta la fecha llevan recaudado sólo 19 millones. Es por eso que Herberg ha solicitado a distintas televisiones públicas la financiación necesaria para llevar a cabo el documental, que pretende comenzar a rodar el próximo mes de julio.
2 de febrero de 2011
30 de enero de 2011
©la nación

deploran presencia cni en ejército

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Diputado Gutiérrez critica presencia de ex CNI en el Ejército. El parlamentario comunista se refirió a la información de que el jefe del Estado Mayor de la institución castrense, general Guillermo Castro Muñoz, perteneció a la CNI. "Es preocupante porque es engañar a la ciudadanía", dijo.

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Valparaíso, Chile. El diputado del Partido Comunista (PC), Hugo Gutiérrez, manifestó su preocupación ante la permanencia del general Guillermo Castro Muñoz en el cargo de jefe del Estado Mayor del Ejército, luego de que éste reconociera en una declaración judicial haber sido un agente de la Central Nacional de Informaciones (CNI).
El parlamentario y abogado especialista en materia de derechos humanos estimó que quienes han estado a la cabeza del Ejército deberían desmentir sus dichos respecto a que en los altos mandos no hay ex integrantes de la CNI.
"Como (Óscar) Izurieta y como (Juan Miguel) Fuente-Alba han sostenido de que en el alto mando del Ejército no hay integrantes de la DINA o de la CNI, se debiera desmentir con el caso de Castro que sin duda él ha confesado en un proceso judicial que integró las filas de la CNI", dijo el diputado PC.
En este sentido, Gutiérrez hizo un llamado para que no se engañe a la ciudadanía. "Cuando uno lee el currículum de Castro en la página web del Ejército de Chile, uno se encuentra con los cursos de inteligencia que hizo en la Escuela de las Américas en Panamá y no se encuentra que él perteneció a la CNI, en consecuencia es una página que oculta parte de la carrera militar de Castro (…) sin duda es preocupante porque es engañar a la ciudadanía", agregó.
Respecto al ex brigadier (r) Pablo Belmar Labbé, quien declaró como inculpado en el crimen de Carmelo Soria y que fue contratado como jefe de seguridad del Parque Metropolitano de Santiago por el Ministerio de Vivienda, Gutiérrez sugirió que debiese ser destituido.
"Ninguna persona que haya integrado la DINA o la CNI en organismos de seguridad de la dictadura militar tiene la probidad necesaria para ocupar un cargo público (…) deben ser destituidas de sus cargos", sostuvo el parlamentario.
1 de febrero de 2011
©la nación

cesan a ex agentes cni en defensa

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La limpieza de Allamand continúa: Ex DINA y ex CNI fuera de Defensa. El subsecretario de Defensa, general (r) Oscar Izurieta, fue el responsable de la contratación de los ex agentes de las desaparecidas DINA y CNI.

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Santiago, Chile. Ayer fueron desvinculados tres ex agentes de los servicios de inteligencia del régimen militar que asesoraban a la subsecretaría de Defensa. Esto, cuando el secretario de Estado debe enfrentar una nueva denuncia por irregularidades al interior las FF.AA, esta vez en el Comando de Aviación del Ejército: "Muchas veces esto se produce porque hay ciertas prácticas que no son las adecuadas", dijo.
Ayer a mediodía y a través de un escueto comunicado, el Ministerio de Defensa confirmó que los ex agentes de la CNI Alejandro Romero Peragallo, José Pérez Manríquez y el general (r) Orlando Carter Cuadra, yerno del ex director de la DINA Manuel Contreras, fueron cesados de sus cargos en la subsecretaría de Defensa donde cumplían labores de asesoría.
La medida, que se hizo efectiva ayer mismo, si bien fue comunicada a los involucrados el 17 de enero último, fue decidida por el propio titular de Defensa, Andrés Allamand, tras los duros cuestionamientos que surgieron desde las agrupaciones de DD.HH. y parlamentarios de oposición por estas contrataciones, realizadas por el subsecretario Óscar Izurieta al inicio de su gestión. Esto, a pesar que oficialmente los despidos fueron explicados como parte de una "nueva política de personal".
Al interior de La Moneda la permanencia de ex agentes de los organismos de inteligencia del régimen militar era mirada por incomodidad, por los flancos de críticas que el asunto podía abrir en un tema sensible para el gobierno dadas las relaciones existentes con las organizaciones de defensa de los DD.HH. De hecho, el Segundo de Piso de palacio ya había advertido que esas personas debían ser desvinculadas de la cartera.
Por esto es que al interior del gobierno se comenta que parte importante de la mala evaluación que existe del trabajo de Izurieta, que según se comentaba hasta la semana pasada saldría del gabinete en el recambio de subsecretarios que se realizará durante los próximos días, es debido a este tema.
A estas salidas se suman las del coronel (r) Italo Seccatore Gómez, ex agente de la DINA y la CNI y de Pedro Fernández Neira ex CNI, también contratdos por Izurieta y que trabajaron en la secretaría de Estado hasta el 31 de diciembre.

Malas Prácticas
En este contexto, ayer Allamand volvió a enfrentar una nueva investigación por irregularidades al interior de la FF.AA, tras la petición del Consejo de Defensa del Estado (CDE) de un ministro en visita para investigar supuestas anomalías en ciertos contratos ("millonarios") del Comando Aéreo del Ejército, para compra y mantención de aeronaves.
A pesar que el fin de semana el secretario de Estado había realizado algunos gestos para normalizar las relaciones con las FF.AA (el sábado en Lolol –Región de O’Higgins- reconoció la labor de las tres ramas en los trabajos post-terremoto), Allamand sostuvo que "muchas veces esto se produce porque hay ciertas prácticas que no son las adecuadas".
Junto con reconocer que su equipo ya está revisando el caso, el ministro aseguró que la denuncia será investigada al interior del Ejército. "Cuando se produce una situación que amerita ser investigada, la norma es la total proactividad de todas las instituciones", subrayó.
1 de febrero de 2011
©la nación