chile

afdd pide baja de general castro

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AFDD pide dar de baja al general Guillermo Castro Muñoz. Lorena Pizarro, presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, no puede entender como ex agentes de la CNI ostenten todavía altos cargos en el Ejército.

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Santiago, Chile. Con indignación han recibido en la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD) el hecho de que ex agentes de servicios represores de la dictadura de Augusto Pinochet, como la DINA y la CNI, siguen teniendo importantes cargos en reparticiones públicas y en las Fuerzas Armadas.
Es el caso del general Guillermo Castro Muñoz, actual jefe del Estado Mayor del Ejército, y del ex brigadier Pablo Belmar Labbé, quien fue contratado por el Ministerio de Vivienda para ser el jefe de seguridad del Parque Metropolitano.
Lorena Pizarro, presidenta de la AFDD, expresó a Radio Cooperativa con respecto al general Castro que "no lo puedo entender, no lo puedo aceptar. No sé si la gente dimensiona la barbaridad de lo que estamos hablando. Estamos hablando del segundo hombre al interior del Ejército de Chile, estamos hablando de un criminal, estamos hablando de un sujeto que participa en la masacre" de 22 campesinos de Paine, caso por el cual el representante de la institución castrense declaró en calidad de inculpado y en donde haber sido agente de la CNI.
"Al parecer eso no significó nada durante todos estos años al interior del Ejército, más que hacerlos ascender y hacerlo llevar una carrera brillante al interior de la institución que en teoría nos venden la idea de que es de todos los chilenos", agregó.
Pizarro declaró que tenía antecedentes al respecto. "Nosotros hemos señalado muchas veces situaciones gravísimas vinculadas a violadores de derechos humanos y en muchas ocasiones se relativiza esta situación. En el caso de Castro y de muchos otros casos, hemos dicho que quien perteneció a los aparatos represivos de la dictadura jamás puede ser tratado con el criterio de la presunción de inocencia. No estoy cometiendo una aberración jurídica, lo que estoy diciendo es que quien perteneció a la DINA o la CNI, a aparatos represivos de un Estado terrorista, algún grado de responsabilidad tienen en los crímenes", aseveró.
Solicitó que "a Castro, además de darlo de baja, hay que quitarle todos los honores. Todos éstos son asesinos y criminales. Hoy día tenemos al segundo hombre del Ejército de Chile vinculados a crímenes de lesa humanidad".
En relación al brigadier Belmar, inculpado en el crimen de Carmelo Soria, manifestó que "lo del Parque Metropolitano es gravísimo, estamos hablando de sujetos que cumplen funciones donde se relacionan con la gente. Además de la impunidad y de lo grosero, es grave porque son personas que debieran estar en la cárcel. A esta gente se le vuelve a asignar cargos de control, de protección, sujetos que son criminales y asesinos. ¡Qué barbaridad, qué brutalidad, qué falta de ética, qué falta de responsabilidad lo que está pasando en Chile y que está pasando hace años!".
"Si las Fuerzas Armadas fueran instituciones depuradas y que toman distancia de lo que fue la dictadura militar, jamás permitirían que hubiesen hecho carrera sujetos como estos", añadió.
Pizarro afirmó que esta situación se puede repetir. "Con (general Juan Miguel) Fuente-Alba a lo mejor puede pasar lo mismo y con (Juan Emilio) Cheyre también se ha hablado de posible participación en delitos. Antes de ascender a la gente, antes de que lleguen a las responsabilidades que llegó, por ejemplo Juan Emilio Cheyre, hay que asegurarse y garantizar su no vinculación en crímenes", sostuvo.
Con respecto a la desvinculación de ex agentes de la CNI que estaban trabajando en la subsecretaría de Defensa, la dirigente manifestó que "lo que hizo Andrés Allamand (ministro) en Defensa esperamos que no sea solamente una muestra de algo" y agregó que esto "es solamente la punta de un iceberg gigante".
Pizarro denunció una falta de voluntad política de este gobierno como también de los gobiernos de la Concertación, a los que pidió explicar porque no fueron capaces de tomar una decisión como la que tuvo Allamand en Defensa.
"Conversamos con todos los ministros de Defensa de los gobiernos anteriores, sin excepción, y les señalamos estas denuncias y les demandamos el cese de funciones de los subjefes vinculados a causas de violaciones de los derechos humanos", informó.
1 de febrero de 2011
©la nación

número 2 del ejército era rata

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Actual número 2 del Ejército habría sido ex agente de la CNI. Así lo afirmó el propio general Guillermo Castro Muñoz, actual jefe del Estado Mayor, en una declaración judicial a la que tuvo acceso la agencia EFE.

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Santiago, Chile. El general Guillermo Castro Muñoz, actual jefe del Estado Mayor del Ejército, reconoció haber sido un agente de la Central Nacional de Informaciones (CNI), durante la dictadura de Augusto Pinochet, según una declaración judicial a la que tuvo acceso la agencia EFE.
El general, un especialista en el área de inteligencia y el segundo militar con más antigüedad en la institución castrense, reconoció su pertenencia a la CNI en una declaración judicial que prestó en la investigación por la masacre de 22 campesinos en Paine ocurrida en octubre de 1973.
En la declaración, del 19 de junio de 2003 y en la que participó en calidad de testigo, el actual "número dos" del Ejército relata que estuvo en la Escuela de Infantería de San Bernardo, cerca de Santiago, hasta fines de diciembre de 1973, y a principios de 1974 hizo un curso en Panamá.
"En marzo 1974 se me destinó al regimiento de Infantería N°16 de Talca, y en 1979 se me envía a la Comandancia en Jefe, a la Central Nacional de Informaciones", señaló el uniformado.
Castro añadió que permaneció en ese organismo represor hasta 1982, cuando se fue "a la Cuarta Comisión Legislativa (de la Junta Militar) y en 1985 ingreso a la Academia de Guerra".
Hasta el momento se desconocen las labores que cumplió el general en la CNI, organismo que a fines de 1977 reemplazó a la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA).
En el proceso judicial por la muerte de los 22 campesinos, el juez Héctor Solís aún trata de identificar a un oficial del Ejército que en 1973 servía en la Escuela de Infantería de San Bernardo con el grado de subteniente, y que participó en la matanza junto al coronel retirado Andrés Magaña, que se encuentra procesado.
El 14 de enero de 2008, el general Castro prestó una segunda declaración en la investigación del mismo caso, aunque esta vez en calidad de inculpado.
En esa declaración, a la que tuvo acceso EFE, el uniformado admitió que después del golpe militar también formó parte de una compañía de fusileros en el llamado "Cuartel Dos", de la Escuela de Infantería de San Bernardo, recinto conocido como el centro de detención "Cerro Chena".
Sin embargo, Castro dijo al magistrado que "en el ‘Cuartel Dos’ nunca vi detenidos y sólo me enteré después por la prensa que los hubo".
El general Castro es en la actualidad el "número dos" del Ejército, y se encarga, entre otras funciones, de firmar los informes y documentos que la institución envía a los jueces que investigan la participación de uniformados en los delitos de lesa humanidad cometidos durante la dictadura militar (1973-1990).
Tanto el anterior comandante en jefe del Ejército y actual subsecretario de Defensa, general Óscar Izurieta, como el actual jefe de esa rama castrense, general Juan Miguel Fuente-Alba, han manifestado que en el cuerpo de generales de la institución no queda ningún ex agente de la DINA o la CNI que permanezca en servicio activo.
1 de febrero de 2011
©la nación

rechazan licitación de casa de ddhh

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Organización de ex presos políticos se opone a licitación de la Casa de los Derechos Humanos. El alcalde de Punta Arenas, Vladimiro Mimica, se reunió con la ministra de Bienes Nacionales para pedirle que no se licite y que sea entregada en comodato a la municipalidad.

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Punta Arenas, Chile. Como una determinación "monstruosa", calificó el presidente de la Agrupación de Ex Presos Políticos y Familiares, Francisco Alarcón Barrientos, la decisión de Bienes Nacionales de concesionar, mediante una licitación, el uso de la Casa de los Derechos Humanos, ubicada en Avenida Colón Nº636.
El dirigente señaló que la licitación, pasaría por sobre la voluntad de la Armada de entregar el recinto a las organizaciones de Derechos Humanos. "La Concertación no fue capaz de resolver el tema y ahora este gobierno quiere entregarlo para que alguien lucre con esta casa, que tiene tanta historia", enfatizó Alarcón.
En tanto el alcalde Vladimiro Mimica, se reunió con la ministra de Bienes Nacionales, Catalina Parot, en Santiago. En la cita, acordaron que no se realizará la licitación, al menos, hasta que el municipio pueda entregar una propuesta de proyecto.
Por eso el edil pretende reunirse con las organizaciones de Derechos Humanos y proponerles realizar un proyecto en conjunto, para levantar en el lugar un Museo de la Memoria.
Francisco Alarcón afirmó que ellos valoran la intención del alcalde, "pero creemos que debe estar en manos de las organizaciones. Si eso no es posible, apoyaremos la gestión que está realizando". Como sea, lo que sí tienen claro los dirigentes es que "no vamos a permitir que se licite", aseguró Alarcón.
23 de enero de 2011
22 de enero de 2011
©la prensa austral

apoyo a reformas en ddhh

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Estudio de Observatorio Parlamentario muestra alto apoyo de diputados a reformas sobre derechos humanos y democracia.

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Santiago, Chile. Según una encuesta efectuada a 78 diputados de todas las bancadas, un 93,6% apoyó una ley antidiscriminación y un 85,9% está a favor de la iniciativa ciudadana de ley, entre otros temas.
Un amplio respaldo de los diputados de los distintos bloques parlamentarios a las iniciativas legales que amplían el reconocimiento de derechos y profundizan la participación ciudadana, mostró un estudio realizado por organizaciones no gubernamentales que promueven avances en la agenda de derechos humanos y profundización de la democracia.
La investigación se denomina ‘Estudio sobre reformas legislativas en derechos humanos y democracia’ y fue llevado adelante por el Observatorio Parlamentario, entidad de la sociedad civil que monitorea el trabajo de los congresistas y que agrupa a entidades como Fundación Humanas, el Centro de Derechos Humanos de la Universidad Diego Portales, el Centro de Estudios de la Mujer, Fundación Ideas y el Observatorio Ciudadano.
La abogada Camila Maturana, coordinadora de este trabajo, explica que "buscamos mejorar los canales de interlocución entre el Parlamento y la ciudadanía informando sobre el desempeño de los congresistas y el funcionamiento del Congreso Nacional, además de incidir en la aprobación de proyectos de ley relevantes en derechos humanos y democracia".
"Este estudio que en particular busca conocer cuáles son las posiciones de cada uno de los diputados y diputadas frente a proyectos relevantes para el fortalecimiento de los derechos humanos y profundización de la democracia y evaluar el grado de compromiso que tienen estos congresistas en estas materias", añadió.
Para tal fin, en julio del año pasado se entregó un cuestionario de 11 preguntas a todas las bancadas, que fue contestado durante agosto y septiembre por un total de 78 diputados (66 varones y 12 mujeres), información que fue sistematizada y analizada durante octubre y noviembre.
Específicamente, en el cuestionario se consultó a los parlamentarios su posición frente a diez temas relacionados con iniciativas legales en trámite: medidas antidiscriminación, pacto de unión civil, aborto terapéutico, extensión del posnatal compartido entre madre y padre, reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas, iniciativa ciudadana de ley, paridad de género en la participación política, límite a la reelección en los cargos parlamentarios y voto de chilenos en el exterior sin condiciones.
La recepción de los diputados a la iniciativa fue dispar: el 100% de los diputados del PS (12), el PC (3) y el PRI (2) respondieron el cuestionario, mientras que hicieron lo propio el 95% de la DC (18), el 94% del PPD (17), el 75% de los Independientes (3), el 60% del PRSD (3), el 50% de RN (9) y el 28% de la UDI (11).
De ese universo, un 93% se manifestó a favor del proyecto que prohíbe la discriminación en instituciones públicas y privadas, incluyendo los cultos religiosos (2,6% en contra); un 88,5% apoyó la reforma constitucional que reconoce a los pueblos indígenas (3,8% en contra), un 76,9% se mostró a favor del pacto sobre unión civil (16,7% en contra), un 71,8% apoyó el posnatal de seis meses compartido entre madre y padre (19,2% en contra) y un 61% se declaró favorable a un proyecto que interrumpa el embarazo cuando se encuentre en riesgo la vida o salud de la mujer (30,8% se opone).
En materia de participación y democracia los resultados fueron los siguientes: Un 85,9% está a favor de la iniciativa ciudadana de ley (12,8% en contra), un 75,6% está por limitar a 3 el máximo de periodos parlamentarios consecutivos que puede ejercer un diputado (20,5% en contra), un 74,4% favorece el derecho a voto de los chilenos en el exterior sin condiciones (25,6% en contra) y un 48,7 % apoya que se obligue a los partidos a incluir un mínimo de 40 por ciento de candidaturas femeninas en sus listas de candidatos a cargos parlamentarios (43,6% en contra).
A modo de conclusión, Camila Maturana afirmó que "el Presidente de la República tiene un amplio programa de Gobierno que considera medidas sobre derechos humanos y profundización de la democracia y gran parte de las iniciativas que priorizamos en este estudio están incluidas en dicho programa, sin embargo durante el año 2010 no se observó ningún avance en su tramitación, pese a que gran parte de los diputados declara apoyar estas iniciativas".
Januari 22, 2011
22 de enero de 2011
©diario de la cámara

denuncian nuevas formas de impunidad

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Organizaciones de derechos humanos acusan "nuevas formas de impunidad". Como "preocupante" fue catalogada la situación del Programa de DDHH del ministerio del Interior, según expresaron las entidades en una misiva dirigida a Hinzpeter.

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[Rodolfo Gasset] Santiago, Chile. Hasta La Moneda llegaron representantes de varias organizaciones de derechos humanos para entregar una carta al ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter en la cual le manifiestan su inquietud por las "nuevas formas de impunidad que se busca instalar como parte de la políticas del actual gobierno".
Las entidades acusaron un "desmantelamiento" del Programa de DDHH de Interior, y expresaron su inquietud por los traslados recientes del comisario Sandro Gaete y del inspector Ricardo Luego de la Brigada de DDHH de la PDI.
En el documento leído por el vocero, Roberto Dorival, las organizaciones lamentan la postergación "injustificada", de la presentación de las querellas criminales por los ejecutados en dictadura.
"Nos parece que eso lesiona, desde el aspecto de las leyes la investigación de los crímenes en dictadura", subrayó. Es más, solicitaron al Poder Judicial, a través del presidente de la Corte Suprema, un pronunciamiento sobre los efectos de estas decisiones.
La misiva es firmada por entidades como Londres 38, la Comisión Etica contra la Tortura, la Corporación Parque por la Paz Villa Grimaldi, la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Ejecutados de Paine, entre otros.

Caso Frei
En tanto, el diputado comunista Hugo Gutiérrez puso en duda el compromiso de justicia señalado por el presidente Sebastián Piñera en la ceremonia de conmemoración de los 100 años del nacimiento de Eduardo Frei Montalva.
El parlamentario dijo que la promesa del Jefe de Estado de colaborar en el esclarecimiento de la muerte del padre del actual senador por la Región de Los Ríos no es concreta, dado que "no hay por parte de los tribunales, policía, ni los servicios públicos el personal idóneo que pueda llevar a cabo esta tarea de romper la impunidad en Chile y que haya justicia".
[Foto viene de zigaurre.]
21 de enero de 2011
©la nación

bajo compromiso con democracia

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Estudio: Oficialismo registra bajo compromiso con derechos humanos y democracia. Muestra realizada por el Observatorio Parlamentario y Corporación Humanas indagó cómo votarán los legisladores frente a temas como aborto terapéutico o pacto de vida en común.

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[C.M.C.]   Santiago, Chile. El ‘Estudio sobre Reformas Legislativas en Derechos Humanos y Democracia 2010’, realizado por el Observatorio Parlamentario y Corporación Humanas, que será presentado hoy a las 10:30 horas, reveló una baja disposición de los diputados UDI y RN para dar a conocer a la ciudadanía su posición y compromiso en materia de derechos humano y democracia.
La situación fue lamentada por Camila Maturana, coordinadora del Observatorio Parlamentario, pues -explicó- la mayoría de las bancadas revelan sin problemas las posiciones de sus legisladores.
Asimismo, expresó preocupación porque en el estudio 2010, participaron 66 diputados y 12 diputadas, es decir el equivalente sólo al 65% de la Cámara Baja.
El estudio aborda iniciativas que llevan años de tramitación en el Congreso. De ahí -y considerando que algunas son parte de la agenda de compromisos del Presidente Sebastián Piñera- resulta relevante conocer cómo votarán los diputados.
"En un sistema democrático es central conocer la posición de nuestros representantes frente a diversos temas, pues sólo así es posible evaluar si efectivamente representarán los intereses de la ciudadanía en el desempeño de sus cargos. Ésta es una dimensión fundamental de la transparencia que hasta ahora no ha sido debidamente considerada por gran parte de los diputados oficialistas", enfatizó.
Para ello, se les aplicó - entre julio y septiembre de 2010- un cuestionario, consultando si votarían a favor o en contra de un conjunto de proyectos de ley en debate.

Temas Analizados
Entre las reformas legislativas priorizadas en el estudio, destaca el proyecto de ley sobre medidas contra la discriminación, porque "se requiere que el ordenamiento jurídico chileno incorpore, en conformidad al derecho internacional, disposiciones expresas que prohíban y condenen toda forma de discriminación", aseguró la abogada de Corporación Humanas.
Asimismo, se les consultó si votarían a favor o en contra de un proyecto sobre Pacto de Unión Civil que reconozca a las parejas los mismos derechos hereditarios, previsionales y de salud que tienen las personas casadas.
Maturana recordó que existe un retraso en el cumplimiento de las obligaciones internacionales sobre igualdad y no discriminación por orientación sexual, asumidas por el Estado de Chile. En 2007, el Comité de Derechos Humanos recomendó "garantizar a todas las personas la igualdad de los derechos establecidos en el Pacto, independientemente de su orientación sexual, incluyendo igualdad ante la ley".
Asimismo, se abordó el aborto terapeútico que estuvo permitido en Chile entre 1925 y 1989, cuando fue derogado por el régimen militar.En este sentido, Maturana advirtió la urgencia de "reponer la norma sobre aborto terapéutico para proteger debidamente los derechos humanos de las mujeres, especialmente cuando se encuentra en riesgo su vida o su salud".
Otro tema abordado fue la extensión del postnatal con carácter compartido entre madre y padre, ya que se debe -en opinión del Observatorio Parlamentario- apuntar a impulsar la corresponsabilidad como mecanismo para "avanzar hacia una efectiva desvinculación de los costos de la maternidad de la contratación de mujeres".
El reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas, que fue parte de los compromisos asumidos por el Presidente Piñera durante la campaña y destacado en la Cuenta Pública del 21 de mayo de 2010, también fue abordado.
Respecto de la iniciativa ciudadana de ley, Maturana la consideró "fundamental para incrementar el nivel de participación ciudadana en los procesos de toma de decisiones públicas, así como para mejorar la calidad de la democracia".
Además, se abordó el límite a la reelección de legisladores/as, a tres períodos consecutivos; el voto de los chilenos/as en el exterior y la importancia asignada a las recomendaciones internacionales sobre derechos humanos en el proceso legislativo.
21 de enero de 2011
©la nación

vuelven elecciones complementarias

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Presentan proyecto que reinstituye elecciones complementarias en caso de renuncia de parlamentarios.

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Valparaíso, Chile. El proyecto, presentado por diputados de distintas bancadas, obliga a realizar elecciones complementarias cuando un diputado o senador deje su cargo.
El diputado Jorge Tarud (PPD) -acompañado por los diputados Carlos Montes (PS), Alfonso De Urresti (PS), Patricio Vallespín (DC), Carlos Abel Jarpa (PR) y Adriana Muñoz (PPD)- presentó en la Cámara de Diputados el proyecto de ley que obligará a realizar elecciones complementarias cuando un diputado o un senador deje su cargo, de tal manera que sea un verdadero representante de la ciudadanía y no un parlamentario designado.
En este sentido, Jorge Tarud señaló que durante tantos años luchamos para no tener senadores designados y hoy día volvemos a tenerlos, "es impresentable ante la ciudadanía esta situación. Aún más cuando se ha comprobado que la gente, más que por los partidos, vota por las personas. Es un fraude a la democracia, el que entre cuatro paredes, seis o siete dirigentes nombren a un senador de la República".
Es por lo anterior, que el parlamentario presentó este proyecto de ley para terminar con esta facultad que tienen hoy día los partidos políticos. "Si un senador y un diputado deja su cargo, se tienen que hacer elecciones complementarias como existía antes en la constitución de 1925", expresó.
Reglón seguido, el diputado calificó de inaceptable que el 5% del Senado está representado nuevamente por senadores designados "esta situación aumenta la apatía que siente la gente por la política, los electores que representaba el senador Allamand y la senadora Matthei, en estos momentos, deben estar tremendamente defraudados, porque ellos votaron por una persona, no por un partido político y hoy día se les pone alguien que ni siquiera conocen", concluyó el diputado Tarud.
20 de enero de 2011
19 de enero de 2011
©diario de la cámara

regulan venta de videojuegos violentos

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Diputados despachan proyecto que regula venta y arriendo de videos violentos a menores. Ley busca proteger contra la violencia a menores de edad, pero no explica por qué.

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Valparaíso, Chile. Con 91 votos a favor, 2 en contra y 13 abstenciones, la Sala de la Cámara de Diputados dio su aprobación, en primer trámite constitucional, a una moción parlamentaria que busca regular la venta y arriendo de videos excesivamente violentos a menores de 18 años y exige control parental de consolas.
La iniciativa legal (boletín 5579) se originó en una moción de los diputados UDI Gonzalo Arenas, Enrique Estay, Javier Hernández, Juan Lobos, Iván Moreira, Felipe Salaberry, Marisol Turres y Gastón Von Mühlenbrock, además de los ex diputados Marcela Cubillos y Juan Masferrer.
El texto legal busca proteger a los menores de edad de la excesiva violencia exhibida en los videojuegos obligando, para ello, a los fabricantes e importadores de los mismos a colocar en los envases de estos productos la advertencia del nivel de violencia que contienen.
El proyecto fue objeto de una indicación del Ejecutivo que fue aprobada por la Sala.
La propuesta incorpora en la Ley 19.496, sobre protección de derechos de los consumidores, un nuevo articulado que obliga a los fabricantes y/o importadores de videojuegos a colocar en los envases en que comercialicen sus productos leyendas que señalen claramente el nivel de violencia contenida en el videojuego respectivo.
Agrega el proyecto que los fabricantes, importadores, proveedores y/o comerciantes no podrán vender ni arrendar videojuegos que sean calificados "sólo para adultos" a personas menores de dieciocho años, debiendo exigir en cada venta o arriendo la cédula de identidad respectiva.
Se establece también que todo envase o envoltura que contenga un videojuego, sea nacional o importado, destinado a su distribución dentro del territorio nacional, y toda acción publicitaria de los mismos, cualquiera sea la forma o el medio a través del cual se realice, deberá contener en forma clara y precisa la advertencia sobre los grados de violencia y valor educativo presentes en dicho videojuego y, de acuerdo a tales parámetros, clasificarlos como aptos para "mayores de 3 años", "mayores de 7 años", "mayores de 12 años", "mayores de 16 años" y "mayores de 18 años". Esta calificación será realizada por el Consejo de Calificación Cinematográfica.
La advertencia deberá ocupar, a lo menos, el 25% del espacio de ambas caras del envase o envoltorio del videojuego respectivo.
La infracción a estas disposiciones será sancionada, por el juez de policía local correspondiente a la comuna del infractor, con una multa de 1a 50 unidades tributarias mensuales y comiso de las especies materia de la infracción.
En caso de reincidencia dentro del mismo año calendario se aplicará el doble de la multa.
20 de enero de 2011
18 de enero de 2011
©diario de la cámara