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querellas por violencia sexual


Violencia sexual en dictadura: presentan nuevas querellas.Las detenidas sufrieron violaciones y vejámenes sistemáticos.

[Carolina Miranda C.] Santiago, Chile. Cuatro acciones judiciales interpondrá hoy, en la Corte de Apelaciones de Santiago, la ONG Corporación Humanas con el fin de poner sobre el tapete la violencia sexual como método de tortura y obligar al Estado a investigar estos hechos a la luz del derecho internacional, sancionar a los culpables y reparar a las víctimas.
Hoy, a las 11 horas en la Corte de Apelaciones de Santiago, la Corporación Humanas, a través de la abogada Paulina Maturana, dará un paso más en el esfuerzo de la ONG para que se investigue la violencia sexual aplicada, como método de tortura, a víctimas de la dictadura.
La presentación de cuatro nuevas querellas será realizada en el marco de la investigación sobre violaciones de DDHH que realiza el juez Mario Carroza y que contempla 725 casos de ejecutados políticos y las causas de la muerte del presidente Salvador Allende.
En la práctica, Corporación Humanas considera sustancial visibilizar la violencia sexual como método de tortura y por ende, obligar al Estado chileno a investigar estos hechos a la luz del derecho internacional, sancionar a los culpables y reparar a las víctimas.
Las acciones judiciales serán por delitos de asociación ilícita para secuestrar, torturar y aplicar tratos crueles, inhumanos y degradantes en los casos de Elizabeth Rubio, Catalina Palma, Ximena Zavala y Carmen Gloria Díaz, que sufrieron violencia sexual durante el régimen militar.
Un aspecto relevante es que -en estas nuevas querellas- se presentan casos de mujeres chilenas que fueron torturadas en Argentina, en el marco de la Operación Cóndor, lo que presenta un antecedente que permite no sólo concluir que la tortura fue una práctica sistemática en Chile, sino que también investigar la conexión entre las dictaduras de cono sur.
Este hecho, asegura la abogada Maturana, "permitirá a la Justicia Chilena investigar y establecer la existencia de una asociación ilícita entre las dictaduras de Chile y Argentina para la tortura de mujeres chilenas".
Hasta antes de la presentación de querellas por parte de Corporación Humanas, no existían procesos judiciales que apuntaran a la dimensión de género de la tortura. En definitiva, explica la jurista, "no se ha considerado la especial situación de las mujeres víctimas de la dictadura, cuya forma de tortura fue el abuso sexual".
En diciembre, la Corporación Humanas interpuso la primera querella por violencia sexual como forma de tortura aplicada a Patricia Herrera, militante del Partido Socialista que fue detenida en 1974 y víctima de vejaciones.
Herrera tenía 19 años y era estudiante universitaria. Fue detenida en la noche del 27 de junio de 1974 y llevada a un centro de detención y tortura que había en la época bajo la Plaza de la Constitución, frente al Palacio de La Moneda, donde, mientras la tenían encañonada con una pistola, la violaron sistemáticamente durante 11 días.
Tras pasar por otros centros de tortura, un pabellón secreto en el que se convirtió en una "desaparecida" y por un campo de concentración, el 2 de septiembre de 1975 fue puesta en libertad y empezó su exilio en París.
"Es una querella simbólica, porque es la primera vez que estamos diciendo con todas sus letras: las mujeres fueron torturadas durante el gobierno militar y la forma de tortura que sufrieron fue la violencia sexual", dijo -en esa ocasión- Maturana.
La abogada ha señalado que durante el régimen militar miles de mujeres fueron violadas de forma "sistemática y generalizada".

Lo Que Dice el Derecho Internacional
Distintas normas internacionales prohíben la tortura. Chile ha suscrito:

· Convenios de Ginebra, relativos al Derecho Internacional Humanitario o derecho de los conflictos armados. En ellos, se define la aplicación de tortura como una infracción grave y se le califica como crimen de guerra. Se establece un régimen especial respecto a la prescripción, amnistía y punición por toda la Comunidad Internacional.

· La Declaración Sobre Protección a Todas las Personas Contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos y Degradantes, adoptada en Resolución 3452 del 9 de Diciembre de 1975, que es el precedente de la Convención contra la Tortura.

· La Convención Internacional Contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos y Degradantes, que define tortura como "todo acto por el cual se infrinja intencionadamente a una persona dolores y sufrimientos graves, ya sea físico o mental, con el fin de obtener de ella o de un tercero información o una confesión, de castigarla por un acto que haya cometido o se sospeche que haya cometido o de intimidar o coaccionar a una persona o a otras o por cualquier razón basada en cualquier tipo de discriminación cuando dichos dolores sean ocasionados por funcionarios públicos u otras personas en ejercicio de funciones públicas a instigación suya o con su consentimiento o aquiescencia. No se considerarán torturas los dolores o sufrimientos que sean consecuencia únicamente de sanciones legítimas o sean inherentes o incidentales a éstas".

Garantías de No Repetición
En Chile, a pesar de que 3.399 mujeres prestaron su testimonio ante la Comisión Valech, existe un déficit de relatos de mujeres que se expresa en la ausencia de un análisis global de lo ocurrido con ellas en dictadura. Hasta antes de la presentación de querellas por parte de Corporación Humanas, no existían procesos judiciales que revelaran la dimensión de género de la tortura. En definitiva, no se ha considerado la especial situación de las mujeres víctimas de la dictadura, cuya forma de tortura fue el abuso sexual.
5 de febrero de 2011
3 de febrero de 2011
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investigarán muerte de allende 2


Por primera vez se investigará en Chile si fue suicidio la muerte de Salvador Allende. Una fiscal judicial presentó 726 querellas por delitos de violación a los derechos humanos durante la dictadura, entre los que se cuenta la muerte del ex presidente Salvador Allende el día del golpe en La Moneda.
[Christian Palma] Santiago, Chile. "Es una responsabilidad tremenda." Con esa frase, el juez Mario Carroza sintetizó la tarea de investigar la muerte del ex presidente de Chile Salvador Allende, ocurrida el 11 de septiembre de 1973, cuando las fuerzas armadas, comandadas por Augusto Pinochet, perpetraron un golpe de Estado, bombardeando el Palacio La Moneda, entre otras atrocidades. Históricamente, el fallecimiento del ex mandatario se ha atribuido a un suicidio; sin embargo, la presentación por parte de la fiscal judicial, Beatriz Pedrals, de 726 querellas por casos de violación de los derechos humanos cometidos desde septiembre de 1973 hasta el 11 de marzo de 1990 –entre los que se encuentra la muerte de Allende– reabrió la investigación que busca determinar si hubo suicidio –como señala el informe tanatológico oficial– o si murió producto de la metralla que atacó La Moneda, aquel día que partió en dos la historia de Chile.
"Pienso que es una labor más que importante, es una responsabilidad tremenda. Soy parte del Poder Judicial, que es el que tiene la responsabilidad en estos casos, y espero hacer mi labor y mi trabajo", sostuvo Carroza.
En el marco de las investigaciones, el magistrado advirtió que solicitará al Servicio Médico Legal los resultados de la autopsia realizada al ex mandatario fallecido al poco tiempo del atentado a La Moneda.
"Todo elemento, testigo, documento o antecedente al que sea necesario recurrir obviamente lo haré, por lo tanto, si hay alguna persona que pueda declarar va a ser importante."
También pedirá antecedentes a la Vicaría de la Solidaridad (entidad de la Iglesia Católica chilena cuya función era prestar asistencia a las víctimas de la dictadura militar) y el expediente de quienes fueron detenidos en La Moneda.
La próxima tarea de Carroza será dictar las órdenes correspondientes de indagar a la Policía de Investigaciones (PDI) para comenzar con las diligencias de los más de 700 procesos que se reabrieron con la presentación masiva de las querellas mencionadas. El magistrado Carroza ya tiene en su poder más de 1500 querellas presentadas por la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos (AFEP).
Desde España, la senadora socialista Isabel Allende, hija del ex mandatario, recordó que el 11 de septiembre de 1973 "hubo un ataque premeditado de las fuerzas armadas. Ellos conspiraron para derrocar al presidente constitucionalmente elegido, al atacar bombardeando la casa de gobierno, en el instante que se encontraban numerosas personas, incluyendo al presidente Allende, su familia y varios de sus asesores. Ese acto buscaba, además, doblegar la voluntad del presidente, humillarlo y finalmente eliminarlo físicamente. Así se ha evidenciado en los registros de las conversaciones de Pinochet con el resto de los conspiradores".
La parlamentaria agregó que "ese atroz atentado constituye una deuda pendiente de la Justicia que es reconocer los numerosos delitos cometidos e identificando a quienes participaron, estableciendo sus responsabilidades penales y conocer toda la verdad de ese día".
Para Isabel Allende, "la familia no tiene dudas respecto a la decisión del presidente de defender con su vida la democracia, pero es importante establecer la verdad. Apoyaré a la Justicia con todos los antecedentes que sean requeridos para facilitar su trabajo efectivo", dijo y pidió al Estado chileno que colabore al máximo con la Justicia.
Por su parte, Alicia Lira, presidenta de la AFEP, reiteró anoche que la muerte del ex presidente Salvador Allende se trató de "un magnicidio". "Al momento del golpe de Estado, Allende no tenía ninguna salida y ninguna seguridad, por lo tanto aquí también (los responsables) tienen que responder por su crimen."
En tanto, el timonel del Partido Socialista, el diputado Osvaldo Andrade, sostuvo que "todavía hay un déficit de justicia y verdad en Chile".
Desde el gobierno, la ministra vocera, Ena von Baer, aseguró que la administración de centroderecha, liderada por Sebastián Piñera, respeta lo que determine la Justicia.
"Respetamos todas las decisiones de los tribunales y como gobierno creemos que todas las situaciones que tengan que ser investigadas se investiguen", manifestó.
Finalmente, Beatriz Pedrals precisó que "queremos judicializar todo lo ocurrido, de modo que en diez años más no se diga que quedó esta causa pendiente y ahora vamos a investigarla. Se va a investigar todo".
4 de febrero de 2011
28 de enero de 2011
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en retén de parral buscan a dddd


SML reanuda búsqueda de DDDD en retén policial de Parral. Las nuevas diligencias se efectuarán a través de un georradar detectará los restos óseos por medio de ondas electromagnéticas, sin la necesidad de que realizar excavaciones.
Parral, Chile. El Servicio Médico Legal (SML), retomó la búsqueda de posibles osamentas humanas de detenidos desaparecidos en las dependencias del cuartel policial de Catillo, ubicado en la precordillera de Parral, a 20 kilómetros de la ex Colonia Dignidad.
Así, un equipo de Identificación Forense del SML compuesto por antropólogos, arqueólogos y un fotógrafo forense, retomó las investigaciones mediante el uso de un georradar que permitirá detectar la presencia de restos óseos, sin necesidad de realizar  excavaciones.
El aparato emite impulsos de ondas electromagnéticas al subsuelo que rebotan en los objetos y devuelven la información a un monitor, que revelará la existencia o no de cuerpos en el área.
El equipo permanecerá inicialmente hasta este viernes analizando el terreno.
4 de febrero de 2011
2 de febrero de 2011
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gobierno mantiene a general homicida


Hinzpeter dice que le "incomoda" la situación del jefe del Estado Mayor del Ejército. El ministro del Interior, no obstante, reiteró su postura de no desvincular al uniformado, en medio de las críticas por haber formado parte de la CNI.
Santiago, Chile. El ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter, se refirió hoy a la polémica en torno al jefe del Estado Mayor del Ejército, general Guillermo Castro, luego que se revelara que formó parte de la CNI. El hecho ha provocado una serie de críticas de parlamentarios de oposición y de agrupaciones de derechos humanos, quienes piden la salida del uniformado.
Al respecto, el secretario de Estado dijo que "la posición nuestra en materia de CNI es súper clara: ninguna persona que haya participado en una violación de los derechos humanos, tal como lo dijo el Presidente ayer, va a ser parte de nuestro gobierno".
Consultado por la situación en particular del general Castro, Hinzpeter dijo que el tema "me incomoda". Sin embargo, aclaró que "el presidente Lagos lo ascendió a coronel y la presidenta Bachelet lo ascendió a general".
En ese sentido, dijo en radio ADN que "entonces, llegar nosotros y estropearle toda su vida, a lo mejor porque cuando joven, a los 22 años, lo mandaron durante unos meses a la CNI".
El ministro aclaró, además, las diferencias entre los casos de los desvinculados asesores de la Subsecretaría de Defensa, quienes formaron parte de la CNI y la DINA, y la situación del general Castro.
"Este general es miembro de la institución. Por lo tanto, para sacarlo habría que iniciar un proceso de llamarlo a retiro", dijo, junto con explicar que los ex colaboradores trabajaban solamente a honorarios en la cartera de Defensa.
"Yo tengo una juicio tremendamente formado y crítico de la CNI. La encuentro un organismo que cumplió un rol que me para los pelos sólo de recordarlo. Pero, también, tengo un respeto por la dignidad de los seres humanos. Y, en el caso del general Castro Muñoz, a él le tocó pasar por la CNI cuando era muy joven. Después, lo sometieron a muchos juicios y los jueces determinaron que era inocente y que nunca había participado en una violación a los derechos humanos", concluyó Hinzpeter.
4 de febrero de 2011
3 de febrero de 2011
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piden salida de general castro


PC y AFDD piden salida de general Castro del Ejército. Lorena Pizarro dijo que "la Concertación y la derecha han mantenido a los violadores de derechos humanos al interior de las filas del Ejército".
Santiago, Chile. La presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD), Lorena Pizarro, junto a Juan Andrés Lagos, miembro de la comisión política del PC, le enviaron hoy una carta al ministro de Defensa, Andrés Allamand, en la que exigen la destitución del general Guillermo Castro, jefe del Estado Mayor del Ejército, luego que se revelara que formó parte de la CNI y de que el ministro Rodrigo Hinzpeter afirmara que el gobierno "en esta materia, no va a innovar respecto de los criterios aplicados por la Concertación".
En la carta, manifestaban su "indignación por el hecho de que personas con antecedentes que los vinculan a organismos represivos, que ejercieron probadamente el terrorismo de Estado, no sólo continúen en servicio activo, sino que inexcusablemente ocupen los más altos cargos en la Fuerzas Armadas, así como en otras instituciones del Estado".
Además, el representante del PC señaló que "no nos parece una razón de Estado ni una explicación razonable que el ministro Hinzpeter justifique esta situación de respaldo al general Castro aduciendo una responsabilidad anterior".
No obstante, responsabilizó también a la Concertación por permitir la trayectoria de la carrera militar del general Castro. "Aquí hay responsabilidades compartidas. Ni la Concertación ni la derecha pueden evitar estas responsabilidades", expresó Lagos.
Más dura en sus palabras fue Pizarro, quien dijo que tanto el conglomerado opositor como "la derecha han mantenido a los violadores de derechos humanos al interior de las filas del Ejército, y no sólo eso, han favorecido la impunidad".
4 de febrero de 2011
2 de febrero de 2011
©la tercera
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piden ley para inhabilitar a ex agentes


Accorsi insistirá en proyecto de ley que excluye a ex miembros de la CNI de las FF.AA. El parlamentario dijo que era "inconveniente para el prestigio de las FF.AA." que en un cargo de alta responsabilidad estuvieran ex miembros de la DINA o la CNI.
Valparaíso, Chile. El diputado PPD Enrique Acorsi, junto al ex presidente de la Cámara Baja, Antonio Leal, anunciaron hoy que insistirán en la discusión del proyecto de ley que pretende excluir de las Fuerzas Armadas a quienes hayan participado en aparatos de seguridad durante el régimen militar.
El parlamentario explicó la iniciativa, diciendo que "no sólo quienes estén procesados o condenados por violaciones a Derechos Humanos deben abandonar las Fuerzas Armadas, sino también todos quienes pertenecieron a la DINA o la CNI, por la gravedad que ello implica".
Accorsi fue claro en decir que el actual Jefe del Estado Mayor del Ejército, el general Guillermo Castro Muñoz, vinculado recientemente a la CNI, debe ser removido de su cargo, pues "es altamente inconveniente para el prestigio de las FF.AA. que en un cargo de alta responsabilidad, haya un oficial que por varios años fue parte de la CNI".
De igual forma, Accorsi puntualizó que no comparte el criterio expresado por el ex titular de Defensa, Francisco Vidal, de no alejar de sus cargos a estas personas, mientras no fueran procesadas por violación a los derechos humanos.
Este criterio también fue utilizado durante el gobierno de Ricardo Lagos.
4 de febrero de 2011
3 de febrero de 2011
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descubren a otro militar paria


Jefe de la Tercera División del Ejército también fue de la CNI. El general Alejandro Maggi Ducommun perteneció al organismo represor de la dictadura de Augusto Pinochet, según un documento que la institución castrense entregó en 1998 al juez Sergio Muñoz, que investigó la muerte de Tucapel Jiménez, y que fue dado a conocer hoy.
Santiago, Chile. El general Alejandro Maggi Ducommun, actual comandante en jefe de la Tercera División del Ejército en Valdivia, fue un agente de la Central Nacional de Informaciones (CNI), el organismo represor de la dictadura de Augusto Pinochet, según un documento al que tuvo acceso la agencia EFE.
El nombre del uniformado aparece en una lista de 539 agentes de la CNI que el propio Ejército envió en junio de 1998 al juez y actual magistrado de la Corte Suprema Sergio Muñoz, cuando éste investigaba el crimen del líder sindicalista Tucapel Jiménez.
En esa lista el general Maggi aparece en el número 255, aunque de acuerdo a la investigación del juez Muñoz, no está vinculado al asesinato del dirigente sindical, cometido en febrero de 1982 en una operación conjunta de la CNI y la Dirección de Inteligencia del Ejército (DINE).
La pertenencia del general a la CNI se puede corroborar en una segunda lista más amplia, a la que también tuvo acceso EFE, elaborada igualmente por el Ejército y que llegó a manos del juez Muñoz, en la que el uniformado ocupa el número 305.
En el alto mando de 43 generales de la institución castrense, Maggi se encuentra en el número 31 por antigüedad.
El general es el segundo caso de un integrante del alto mando del Ejército vinculado a la policía secreta de Pinochet, después que el "número dos" de esa institución, el general Guillermo Castro Muñoz, reconociera en una declaración judicial a la que accedió EFE haber sido agente de la CNI.
Con el grado de coronel, Maggi fue uno de los principales asesores del general Óscar Izurieta mientras éste fue comandante en jefe del Ejército, entre 2006 y 2010.
Actualmente Izurieta es subsecretario de Defensa en el gobierno de Sebastián Piñera.
4 de febrero de 2011
3 de febrero de 2011
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no hay pruebas contra castro


Juez del caso Paine: "No hay antecedentes que involucren al general Castro". Héctor Solís, ministro en visita del caso de la matanza de 22 campesinos en octubre de 1973, confirmó que el actual jefe del Estado Mayor reconoció su participación en la CNI.
Santiago, Chile. El ministro en visita Héctor Solís, a cargo del caso de la matanza de 22 campesinos de Paine ocurrida en octubre de 1973 durante la dictadura militar, confirmó que el actual jefe del Estado Mayor del Ejército, general Guillermo Castro Muñoz, no está involucrado, por ahora, en el hecho.
Así los sostuvo, después que se filtró la declaración judicial realizada por el general en 2003 donde reconoció haber sido un agente de la Central Nacional de Informaciones (CNI).
"Describió su trayectoria profesional y dentro de ella menciona haber trabajado en la CNI. Acorde con esos antecedentes entregados por él y por los que disponía el tribunal, quedó en libertad", declaró el juez.
Solís agregó que "efectivamente en contra de él no existen, por ahora, antecedentes que permitan imputarlo".
El ministro en visita explicó que "hay algunos soldados que mencionan que en los hechos, a parte del teniente Andrés Magaña (procesado en el caso) habrían participado 1 o 2 oficiales, pero al serles exhibida la fotografía de todos los oficiales de la época ninguno fue capaz de identificar a Guillermo Castro Muñoz".
3 de febrero de 2011
©la nación
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