Blogia
mQh

chile

calafate, zoológicos humanos


Valdivia conoce el dramático documental ‘Calafate, zoológicos humanos’. La foto sin autor es de un grupo selknam, en 1889. El trailer del filme se puede ver aquí.
Valdivia, Chile. Su primera exhibición a público general, luego del reciente estreno mundial en Punta Arenas y Puerto Williams junto a las etnias originarias de la zona, tendrá el documental nacional ‘Calafate, zoológicos humanos’, este sábado en el Festival Internacional de Cine de Valdivia.
La investigación audiovisual, filmada en Chile y Europa, tiene como origen y eje la reconstrucción del viaje forzado (por engaño y secuestro) de grupos de indígenas fueguinos y patagones que fueron llevados al ‘viejo continente’ hacia fines del siglo XIX para ser exhibidos en ferias y teatros públicos.
Con imágenes insolentes de sus rostros desencajados actuando ante el público europeo su vida original en el extremo austral de América, sigue con la construcción del dramático recorrido de un grupo kawésqar recogido del Estrecho de Magallanes y el sorprendente hallazgo de sus restos en el Departamento de Antropología de la Universidad de Zurich, en Suiza.
El desconsuelo que provocan las pequeñas cajas en que los guardan da paso a un final escabroso y emocionante: la decisión de entregar los restos a sus sucesores, el difícil apoyo del gobierno, el reencuentro, el tardío mea culpa del Estado y el adiós definitivo sólo con los de su sangre en una isla del fin del mundo, 128 años después de su captura.
El documental, dirigido por el periodista Hans Mülchi, llega a la muestra ‘Disidencias’ del Festival de Valdivia, en el Paraninfo del Campus Isla Tejas de la Universidad Austral a las 21:30 horas del sábado 16 de octubre, precedido de buenas noticias. El Consejo Nacional de Televisión, a través de su concurso, lo galardonó este martes (el martes de los 33 mineros de Atacama) con fondos para realizar una serie de tres capítulos sobre esta historia.
Luego de su paso por la capital de la Región de los Ríos seguirá su camino al norte para su estreno en Santiago, la noche del miércoles 27 de octubre en la cineteca del Centro Cultural Palacio de La Moneda. Todo mientras los restos de los cinco kawésqar descansan en una isla del sur, custodiados por las gélidas aguas del mar que alguna vez surcaron en una canoa.
15 de octubre de 2010
©la nación
rss

chile tiene constitución fraudulenta


"La Constitución que nos rige es la que se estableció en un plebiscito fraudulento bajo la dictadura".
Valparaíso, Chile. Los diputados Guillermo Teillier y Lautaro Carmona, la alcaldesa de PAC Claudina Núñez, Jorge Arrate y diversos dirigentes sociales y políticos del Juntos Podemos Más, se reunieron a 22 años del NO y establecieron su evaluación de esta fecha tan significativa para la historia de nuestro país.
El diputado Guillermo Teillier señaló que "el 5 de octubre y el triunfo del NO, es patrimonio de todas las fuerzas que lucharon por terminar con la dictadura en nuestro país y por volver a la democracia y todos aquellos que nos opusimos a la dictadura tenemos algo que decir sobre esta fecha. La derrota de la dictadura significó para nosotros una gran alegría, así como para todo el pueblo de Chile, para la mayor parte del pueblo de Chile, porque se dio termino a una dictadura terrorista que cometió muchos crímenes de los cuales todavía hay centenares que no se han aclarado, respecto de los cuales no se ha hecho justicia y respecto de los cuales no se conoce la verdad".
"Si bien es cierto terminó un régimen autoritario y se abrió paso a una transición a la democracia, todavía está presente una institucionalidad que heredamos de ese régimen y hoy la constitución que nos rige sigue siendo la constitución que se estableció en un plebiscito fraudulento bajo la dictadura, por lo tanto, se mantiene la exclusión y la discriminación contra amplios sectores de nuestra sociedad, así como se mantienen las enormes brechas y diferencias económico sociales que afectan a los trabajadores chilenos y a los sectores más desposeídos. Nosotros no vamos a negar que el país ha avanzado en estos últimos 22 años. Desde la dictadura hasta ahora se han producido cambios que no podemos dejar o desconocer, sin embargo, falta todavía mucho por hacer y nosotros como izquierda pensamos que se debe perfeccionar la democracia, que queremos llegar a una democracia mucho más participativa", expresó el parlamentario.
Sobre los temas y reformas pendientes, el diputado manifestó que "debemos avanzar hacia una cuestión fundamental que es cambiar la Constitución, tenemos que recuperar nuestra riquezas básicas -lo hemos dicho una y otra vez-, no puede ser que las empresas trasnacionales del cobre se llevan más de 20.000 millones de dólares al año pagando una minucia en impuestos y a cambio de eso le vamos a regalar la invariabilidad tributaria hasta el año 2025, que significan miles de millones de dólares de ganancias para estas empresas".
Consultado sobre posibles alianzas, el timonel del PC precisó que "el pueblo de Chile a dado un veredicto a 20 años de gobiernos de la Concertación y eso significa que hay que producir cambios profundos en nuestro país. Esos cambios no lo puede llevar a cabo una fuerza política o un conglomerado político por sí solo, nosotros no creemos que la Concertación por sí sola pueda sacar a la derecha del Gobierno, tampoco lo podemos hacer nosotros y pensamos que ni siquiera llegando a una convergencia nuestra con la Concertación sería posible cambiar el rumbo del actual gobierno para plantearse las grandes transformaciones que Chile necesita".
Y agrega "porque para poder realizar cambios de fondo se necesita la concurrencia de todas las fuerzas opositoras de centro y de izquierda, progresista y democrática de nuestro país, tenemos que abrir mucho más el abanico de la convergencia que nos permitan arribar a un programa de transformaciones profundas, como el que ya planteaba".
"Es un momento de reflexión de todas las fuerzas políticas, y a mí me da la impresión que la Concertación tenía dos caminos, uno era abrirse de inmediato a toda una diversidad de fuerzas que participaron en el último proceso electoral, pero que no estaban dentro de la Concertación y algunos que incluso compitieron con ésta, porque hubo sectores que se separaron y tal vez esta dispersión fue lo que produjo la victoria de la derecha".
El parlamentario PC sostiene, "pero la posibilidad que han elegido es mantenerse los cuatro partidos como Concertación tratando de magnificar al máximo posible los éxitos de sus gobiernos y no entrar todavía en un camino de autocrítica real y compactada con aquéllos que se fueron precisamente por tener posiciones distintas desde el seno de la Concertación. Tenemos que buscar la forma de encontrarnos, no se pueden presentar programas que el pueblo ya ha rechazado, y no tiene que ser un programa nuevo, tal vez refrescándose en lo que fue el programa del NO y el programa del primer gobierno de la Concertación ", concluyó Teillier.
Consultado sobre la los últimos procesos electorales ocurridos en el continente, Teillier indicó que "muchos países latinoamericanos ya avanzan hacia sistemas más democráticos, más progresistas, más representativos. En estos días se han realizado elecciones en América Latina, en Venezuela, en Brasil, cuyo proceso continua y cuyos resultados son muy importantes para el futuro de la integración latinoamericana y para cada uno de nuestros pueblos. Nosotros nos sentimos parte de esa gran corriente que existe en América Latina y estamos seguros que va a pasar en algún momento por Chile".
En tanto, el diputado Lautaro Carmona, manifestó que "el 5 de octubre de 1988 no salió del aire, es un espacio obligado a propósito de una multiplicidad de formas de lucha para terminar con la dictadura y recuperar la democracia, entregando a la izquierda y los sectores democráticos de Chile un mandato y una exigencia y, por tanto, creo que 22 años después hace bien que todas las fuerzas que estuvieron comprometidas en esta batalla por recuperar la democracia se pregunten y se auto obliguen para que las tareas pendientes, o las expectativas que habían en esa gran gesta heroica e histórica se cumplan, como dijera Allende, más temprano que tarde".
13 de octubre de 2010
6 de octubre de 2010
©diario de la cámara
rss

reforma de la justicia militar


Las condiciones para cumplir estándares internacionales. Huelga de hambre de comuneros mapuches apresuró una inevitable, obligada reforma de la justicia militar. Un análisis en CIPER.
[Pablo Contreras Vásquez] Santiago, Chile. La reforma a la Justicia Militar, gatillada por la huelga de hambre de los comuneros mapuches, era inevitable. Y desde hace cinco años, cuando la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) falló en contra del Estado de Chile por el caso Palamara. Pero no hay acuerdo para despojarla de todos los elementos cuestionados. Jueces ordinarios de carrera con especialización militar o uniformados con formación jurídica en retiro es una de las condiciones de independencia para cumplir con estándares internacionales.
La huelga de hambre de los comuneros mapuches ha gatillado la modificación de la Ley de Seguridad del Estado y del Código de Justicia Militar. La reforma a la justicia militar es, de hecho, una obligación internacional dada la condena al Estado de Chile ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en el caso Palamara hace casi cinco años.
De allí que la reforma a la Justicia Militar era inevitable: por consideraciones jurídicas (obligaciones internacionales) y políticas (el conflicto mapuche). Sin embargo, la profundidad de la reforma y sus alcances no tienen acuerdo político claro. A continuación, desarrollaremos las alternativas de reforma según los estándares de cumplimiento de normas internacionales sobre el debido proceso e imparcialidad e independencia de los tribunales militares.
Lo primero es que no parece haber piso político para abolir la Justicia Militar. Bien o mal esto nos pone en un escenario de reforma moderada. Examinemos sus claves:

a) Reducción de la competencia de los tribunales: La huelga de hambre de los comuneros mapuches sentó las bases de esta modificación en torno a la completa exclusión de civiles de la competencia de los tribunales militares. Justicia Militar sólo para militares. Se trata de una cuestión básica. Sin embargo, olvida parte importante de la reducción de competencia que busca extraer, asimismo, la competencia de los tribunales militares sobre los delitos comunes que cometen los uniformados, como robo, violación, falsificación o tortura, entre otros. Por lo tanto, el estándar debe ser: Justicia Militar para militares que cometen delitos militares. Eso es lo que exige la CIDH y, por lo tanto, la ley corta de reforma es insuficiente en este punto.

b) Debido proceso y garantías judiciales: En el mundo académico hay acuerdo en que debe sustituirse el proceso inquisitivo por los estándares actuales que establece el Código Procesal Penal. Esto no presenta problemas y debería ser asumido como un piso elemental. Lo que no genera consenso es la siguiente clave:

c) Independencia e imparcialidad de jueces militares: Este será el verdadero nudo gordiano de la reforma. Aquí se juegan los intereses corporativos de los cuerpos de justicia de las Fuerzas Armadas, el antiguo concepto de juez scabini o justicia "por pares" y la mantención de jueces militares bajo el estatuto de las Fuerzas Armadas. En otras palabras, que los jueces militares sigan siendo o no parte de la Administración del Estado, bajo el poder Ejecutivo. Esto es inaceptable y debe ser recalcado. ¿Cuáles son las alternativas? Jueces ordinarios de carrera con especialización militar o uniformados con formación jurídica en calidad de retiro. Cualquier opción fuera de este espectro no cumple los estándares internacionales.
[Pablo Contreras Vásquez, LLM ©Internacional Human Rigths Universidad de Northwestern]
9 de octubre de 2010
5 de octubre de 2010
©ciperchile
rss

cuentas pendientes del fpmr


De la mano de un periodista de CIPER, una puesta al día sobre el asesinato de Jaime Guzmán. Las cuentas pendientes en la alta jefatura del Frente por el crimen de Guzmán.
[Cristóbal Peña] Desde una cárcel de Brasil, Ramiro (Mauricio Hernández) dio una entrevista televisiva con la que activó una bomba de tiempo: el asesinato de Jaime Guzmán fue una decisión colectiva de la jefatura del FPMR –aseguró–, y de ella participó Enrique Villanueva. Entonces, éste fue detenido y se agilizó la extradición de Galvarino Apablaza, ex líder del FPMR, finalmente rechazada por Argentina. No es primera vez que dice algo así. Según consta en el proceso del caso, al que tuvo acceso CIPER, al ser detenido en 1993, éste declaró que "por decisión de la Dirección Nacional (del FPMR) fue ajusticiada la rata Guzmán". El juez Mario Carroza debe desentrañar ahora una maraña de acusaciones originadas en rencillas que se arrastran desde los años en que la jefatura del grupo fue copándose de oficiales formados en Cuba sin mayor experiencia en la guerra subversiva contra Pinochet. Una trama con otros antecedentes desconocidos que aquí se relatan. Y en el telón de fondo, otra bomba: la posible infiltración del FPMR por el Ejército.
Cuando se enteraron de la noticia, los jefes máximos del Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR) no podían darle crédito. Roberto Nordenflycht, uno de sus más queridos y experimentados comandantes a quien conocían como Aurelio o -más en confianza- Huevo, había muerto de un modo absurdo, torpe, como un aficionado. Una fría noche de agosto de 1989, junto a un pequeño grupo de apoyo, fue al Aeródromo de Tobalaba a instalar dos lanzacohetes LOW apuntando hacia helicópteros del Comando de Aviación del Ejército. Hasta ahí podía ser excusable. Pero como el sistema de relojería que detonaría los lanzacohetes falló, la noche siguiente volvió al mismo lugar y una vez dentro se encontró con un teniente de Ejército y un conscripto. Entonces hubo un enfrentamiento a tiros y dos oficiales muertos, uno por cada bando.
Lo absurdo estuvo en el objetivo de la acción, pero principalmente en su origen: quien la autorizó fue el comandante Eduardo, alias de Conrado Francisco Enrique Villanueva Molina, quien en esos días estaba a cargo de la jefatura máxima del FPMR. Hoy Villanueva está en prisión preventiva por su presunta responsabilidad en el asesinato del senador Jaime Guzmán, ocurrido dos años más tarde, en abril de 1991.
Que Villanueva haya liderado en ese periodo el FPMR habla de su jerarquía. Pero esa situación era pasajera y obedecía a un motivo casual. El resto de la Comandancia, con Galvarino Apablaza Guerra a la cabeza, había partido a la conmemoración de los diez años del triunfo de la Revolución Sandinista en Nicaragua. Luego de ello, según confidencia hoy un ex oficial del FPMR, la Comandancia siguió viaje por diversos países del Medio Oriente en busca de apoyo político y financiero ante el nuevo escenario que se abría en Chile por el retorno de la democracia. En eso ocurrió la muerte de Nordenflycht, hijastro de Volodia Teitelboim y uno de los primeros oficiales formados en Cuba que retornó a Chile para enfrentar a la dictadura por las armas.
La muerte de Nordenflycht tuvo consecuencias que repercuten hasta hoy. Como Villanueva visó el fallido atentado a los helicópteros, y además tomó parte de esa acción, prestando una cobertura que a todas luces resultó ineficaz -y para algunos sospechosa-, fue sacado de la Comandancia y de otras tareas asignadas hasta entonces. Una de ellas tenía que ver con la vocería. Sin embargo, pese a ser degradado, siguió formando parte de la Dirección Nacional.
La distinción está explicitada a fojas 2413 del proceso judicial de caso Guzmán, correspondiente a la declaración que en julio de 1997 prestó el ex frentista Rodolfo Maturana, quien conoció de cerca ese proceso.
Al ser citado por el juez Hugo Dolmestch, quien entonces conducía esa investigación, Maturana dijo que desde 1989 o 1990 el comandante Eduardo, alias de Villanueva, "tenía ingerencia en la Dirección Nacional pero no en la Comandancia, que era el órgano superior y que en la práctica disponía de las acciones concretas a realizar, pues ya era disidente de las políticas operativas".
En estos días, Rodolfo Maturana refrendó sus dichos ante el ministro en visita Mario Carroza, quien reactivó la causa de Jaime Guzmán a raíz de la entrevista concedida a Chilevisión por Mauricio Hernández Norambuena. El comandante Ramiro, como es conocido este último, dijo que el asesinato de Guzmán fue una decisión colectiva de la Dirección Nacional y que de ella tomó parte Villanueva. Una tesis contraria a la sostenida por este último, quien plantea que esa acción obedeció a una decisión inconsulta de Ramiro para romper con un proceso de discusión en que el FPMR se debatía en esos días entre una línea política y otra militar.
Lo que no precisó Ramiro es el momento exacto en que la jefatura habría decidido la muerte de Guzmán. Habla de una lista que se elaboró a comienzos de los noventa en la que se sugirieron nombres de posibles víctimas. Y también de que "se informaba (a la Dirección) hace dos meses del seguimiento a Guzmán", lo que suponía "una aprobación tácita". Pero hay otro antecedente.
Ya en 1989, la Comandancia de la que entonces participaba Villanueva había aprobado una política de ejecuciones masivas llamada No a la Impunidad, que proponía la muerte de diversos colaboradores de la dictadura. Hubo incluso una lista pública de 50 posibles víctimas: el primero era Augusto Pinochet; el último, Jaime Guzmán. La campaña debutó con Roberto Fuentes Morrison, ex agente del Comando Conjunto conocido como el Wally, quien cayó bajo fuego del FPMR en junio de 1989.

"La Rata Guzmán"
No ha sido fácil para la justicia precisar responsabilidades en el asesinato de Jaime Guzmán. Menos tratándose de un grupo subversivo que a principios de los noventa vivía una aguda descomposición, con pugnas internas y desconfianzas que se arrastran hasta estos días entre protagonistas que están en la mira del ministro Carroza. Pese a esas dificultades, durante casi 20 años el expediente ha acumulado más de 5 mil fojas con testimonios que dan luces importantes de lo que antecedió al crimen del senador de la UDI.
Cuando Ramiro cayó detenido, en agosto de 1993, prestó una larga declaración a la Policía de Investigaciones. En ella recorrió su trayectoria subversiva y dio cuenta de los fundamentos de la lucha armada y del proceso vivido por el FPMR desde fines de los ochenta.
"Debido a mi trayectoria como rodriguista, es que paso a ser miembro de la Dirección Nacional del FPMR en calidad de ‘Comandante encargado operativo’ y asumo y tomo conocimiento, con toda responsabilidad, (de) la totalidad de las directrices político-militares diseñadas y ejecutadas hasta el momento de mi detención", se lee en la declaración, que quedó adjunta al proceso judicial del caso Guzmán.
Lo anterior sirve de preámbulo para lo que sigue:
"En el año 1991, y por decisión de la Dirección Nacional, fue ajusticiada la rata Guzmán. En dicha acción, y como jefe operativo, me correspondió supervisar y evaluar el desarrollo de ésta (…) Yo pienso que al pueblo más le hubiese gustado que este desgraciado pagara siendo colgado y dejado en pelotas en medio de una población, debido a que fue uno de los más connotados colaboradores de la violación a los derechos humanos".
Al decir luego que, "esta acción, en la Dirección Nacional nadie la plantea como un problema terminal", da a entender de paso que se trató de un plan concertado y discutido por la jefatura: "Este mismo análisis se realizó con el ajusticiamiento de Fontaine (coronel de Carabineros Luis Fontaine), ya que ambos tienen como denominador común la violación a los derechos humanos, el primero en forma ideológica y el otro en forma directa".
De acuerdo con este relato, la decisión de secuestrar a Cristián Edwards, en septiembre de 1991, respondió a una dinámica similar:
"A fines de 1990 participo en una reunión con integrantes de la Dirección Nacional o Colectivo del FPMR donde procedemos a analizar la situación general de nuestra organización, y debido a que se necesitaban recursos para su funcionamiento, para la mantención de las estructuras y cuadros, se decide realizar una operación de envergadura (…) En esta ocasión, se toma la decisión de realizar el secuestro de una persona, encomendándome la Dirección Nacional esta misión".
Aunque no firmó este testimonio, y por tanto carece de validez legal, unos días después de su detención, desde la cárcel de San Miguel, Ramiro prestó una primera declaración judicial en la que se refiere a la muerte de Guzmán en los siguientes términos:
"Yo formaba parte de la dirección del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, como miembro de la Dirección (Nacional), y como tal se tomaban decisiones de tipo político, las cuales eran cumplidas por las instancias que corresponden".
Para entonces las palabras de Ramiro no parecían apuntar a ningún dirigente en particular. Diecisiete años después, desde una cárcel de Brasil, las palabras de Ramiro tienen nombre y apellido.

Filosofía Aristotélica Tomista
Ramiro era uno de los jefes más cercanos a Nordenflycht. El primero no se había formado en las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Cuba ni había combatido en Nicaragua como el segundo. Ambos, sin embargo, eran hombres de acción. Probados en combate urbano en los años más duros de la dictadura.
Por eso fue natural que tras la muerte de Nordenflycht, Ramiro tomara transitoriamente su lugar al mando de las Fuerzas Especiales del FPMR, un grupo de elite encargado de operaciones de mayor envergadura. La cercanía entre ambos también llevó a que Ramiro pidiera duras sanciones contra Villanueva por su responsabilidad en la muerte de Nordenflycht. Pero no era el único motivo de discordia.
El comandante Eduardo, alias de Villanueva, había tenido un fuerte enfrentamiento con Ramiro al momento de finalizar el secuestro del coronel Carlos Carreño, liberado en Brasil en diciembre de 1987, tras 92 días de cautiverio. El primero, que era comandante y encargado de relaciones internacionales del FPMR, tenía mayor jerarquía que el segundo y esa jerarquía se la hizo sentir a la hora de discutir el modo de liberar al coronel de Famae. Un ex oficial del FPMR dice que debatieron violentamente y que incluso ambos se amenazaron con sus armas de fuego. Más tarde, por este hecho, Eduardo lograría una sanción para Ramiro.
Desde entonces la relación entre ambos estuvo lejos de ser armónica. Así lo corroboró Villanueva en su reciente declaración al juez Carroza, justificando en parte por qué Ramiro lo involucró en la muerte de Guzmán, a la vez que lo sindicó como informante de la Dirección de Seguridad Pública, la Oficina, que a comienzos de los noventa desarticuló los grupos armados mediante un proceso de infiltración.
Antipatía había. Eso es seguro. Pero también menosprecio de uno hacia el otro. Ramiro era un hombre operativo. De combate en terreno. En cambio Villanueva se debía más a la academia.
Villanueva era un cabo de la FACH que fue torturado y sometido a Consejo de Guerra junto al grupo constitucionalista de Alberto Bachelet, el padre de la ex Presidenta, antes de ser condenado y salir al exilio rumbo a Inglaterra. Después de licenciarse en Economía en la Universidad de Londres, partió a Cuba, colaboró en la formación de la Fuerza Aérea Sandinista y para 1987 oficiaba de vocero y encargado de las relaciones internacionales del FPMR. Su perfil era más cercano al de un intelectual que al de guerrillero.
En 1997, cuando su identidad y supuesta vinculación a la Oficina quedaron al descubierto por obra de sus propios ex compañeros de armas, el historiador Luis Oro Tapia, con el que dos años antes había coincidido en un postgrado en Ciencias Políticas la Universidad de Chile, dijo ante el juez Dolmestch sentirse muy sorprendido de la vida oculta de Villanueva Molina, el verdadero nombre de Eduardo:
"Efectivamente existió con él una relación de amistad y camaradería intelectual. Me interesaba que me colaborara en la parte de traducción del idioma porque yo no hablo inglés y muchos textos estaban en esa lengua. (Yo) le colaboraba sobre mis conocimientos de filosofía aristotélica tomista, indispensable para aprobar uno de los cursos", declaró el historiador.

Cosas de Niños
De acuerdo con varios testimonios, Villanueva había tenido un rol eminentemente político. Uno de esos testimonios corresponde al del ex frentista Rodolfo Maturana, quien en su declaración judicial de 1997 lo definió como "una persona muy inteligente y muy preparada intelectualmente. Su discurso y actuación fue siempre política y, que yo sepa, jamás fue operativo. Esto es, nunca participó de acciones armadas".
Esta es la razon principal por la cual Ramiro lo menospreciaba. Y también por qué Nordenflycht, el hijastro de Volodia Teitelboim, habría empujado a Villanueva a acompañarlo a la frustrada acción del Aeródromo de Tobalaba donde el primero perdió la vida. "Lo desafió, poniéndolo a prueba, aprovechando que los otros comandantes estaban fuera de Chile", dice un ex oficial del FPMR.
Ese reto también pudo haber traslucido una pizca de resentimiento, dice un cercano a la organización armada. A comienzos de 1989, cuando llegó la hora de elegir al sucesor de Raúl Pellegrin, los candidatos eran Salvador y Aurelio. Vale decir, Galvarino Apablaza y Roberto Nordenflycht. El elegido fue Salvador y Aurelio debió resignarse a ocupar el tercer puesto en el FPMR, detrás de Eduardo, como se hacía llamar Villanueva. "Tal vez Aurelio pensaba que él merecía ser el segundo y por eso actuó como actuó. Una cosa muy de niños", sostiene esta fuente.
A esa nueva Comandancia también llegó Gregorio, cercano a Villanueva y con pergaminos por su paso por Nicaragua. Gregorio, cuyo verdadero nombre es Iván Figueroa, también era un suboficial de la FACH que fue sometido a Consejo de Guerra tras el Golpe de Estado y condenado a pena de extrañamiento. En el exilio siguió los pasos de Villanueva y si no volvió a Chile con él fue porque permaneció en la Fuerza Aérea Sandinista hasta fines de los ochenta.
Resulta paradójico que Gregorio haya llegado a ocupar el puesto dejado por Bigote (Luis Eduardo Arriagada). Bigote era un antiguo dirigente formado en Chile que participó del asalto al cuartel de Los Queñes -donde murieron Raúl Pellegrin y su pareja Cecilia Magni, los dos máximos referentes del FPMR- y que en marzo de 1989 fue ejecutado por sus propios compañeros y hecho desaparecer tras ser acusado de traición. Seis años después de este hecho, Gregorio correrá la misma suerte por motivos similares.
La desaparición de ambos hoy es foco de investigación del juez Carroza, cuyo propósito es desentrañar si una probable infiltración en el FPMR puede haber llevado a algunas autoridades -civiles y militares- de la época a conocer los planes para asesinar a Guzmán.

Verano en Reñaca
En la entrevista que dio desde la cárcel en Brasil, al analizar lo ocurrido tras la muerte de Raúl Pellegrin, Ramiro dijo que a partir de ese momento "el Frente fue otro" y a la Dirección Nacional llegó gente a la que jamás había visto en su vida. O que si alguna vez había visto, habían hecho su carrera fuera de Chile. Se refería, con un cierto desdén, a gente como Gregorio y al propio Salvador. Galvarino Apablaza, el verdadero nombre de Salvador, era un oficial de las Fuerzas Armadas Revolucionarias cubanas, con experiencia de guerra en Nicaragua, que estuvo yendo y viniendo antes asumir la dirección. En ese sentido era desconocido para la mayoría de los combatientes formados en Chile.
Ramiro dirá además en esa entrevista, que el nuevo estilo de conducción de Salvador impondrá una Comandancia, pues "un plan de guerra requiere una comandancia", y que a comienzos de 1990, en un ampliado de la Dirección Nacional, se definirán los nombres de colaboradores de la dictadura sujetos a ser ejecutados. Es probable que se haya referido a la reunión de Reñaca, celebrada en febrero de ese año, donde se constituyó la nueva jefatura y definieron las políticas a futuro. Esa discusión se extendió por varios meses y dio pie a la Consulta Nacional, que consistió en un proceso de discusión interna que estaba llegando a su cúlmine al momento de ocurrir el asesinato de Jaime Guzmán.
Un ex oficial del FPMR dice que a nivel de jefatura los principios de la Guerra Patriótica Nacional no estaban en discusión. Lo que se debatía era la estrategia a seguir. Al respecto había dos posturas. Más bien tres. Eduardo (Villanueva) proponía una vía política a largo plazo que favoreciera el trabajo social, sin abandonar la estrategia guerrillera. Ramiro y más tarde Gabriel o Chele, apodo de Juan Gutiérrez Fischmann, estaban por la "basificación", lo que significaba una guerra frontal y decidida. En medio de ambos grupos permanecían Salvador (Apablaza) y Gregorio (Figueroa), intentando conciliar ambas posturas. Ese proceso de discusión se romperá de golpe con el atentado a Guzmán, generando de paso duras críticas hacia Salvador por el estilo conducción.
El mismo ex oficial del FPMR sostiene que, al menos hasta 1990, en materia de ejecuciones a colaboradores del régimen militar, no había dos lecturas. Sólo matices. De hecho –según otra versión– los ex funcionarios de la FACH fueron los más proclives a atentar contra el ex comandante en jefe de esa institución, Gustavo Leigh, contra las dudas de otros jefes.
Dos meses después de esa reunión en Reñaca, Leigh y su socio y ex jefe de Inteligencia de la Fach, general Enrique Ruiz Bunger, quien protegió el funcionamiento del Comando Conjunto, quedaron muy malheridos tras ser sorprendidos en su oficina por dos pistoleros del FPMR.
Lo que ocurre un año después, cuando sobreviene el atentado a Jaime Guzmán, está cruzado por el proceso de debate, cuyas conclusiones habían comenzado a ser recogidas en la llamada Carta Orgánica Rodriguista. Una tarea eminentemente política a la que está abocado Villanueva, entre otras tareas vinculadas al área pública como la Juventud Patriótica y el Movimiento Patriótico Intransigente. Sus cercanos dicen que las conclusiones apuntaban a convertirse en partido político y que el proceso de discusión supuso la interrupción de la política de ejecuciones. Por eso, agregan hoy quienes trabajaron con él, Eduardo no supo responder cuando le preguntaron quiénes estaban detrás del crimen de Guzmán.

Informe Reservado
Entre los argumentos esgrimidos por el gobierno argentino para negar la extradición de Galvarino Apablaza (Salvador), quien es requerido por la justicia chilena por el crimen de Jaime Guzmán, se expuso la carencia de antecedentes que liguen al ex comandante Salvador y líder del FPMR con ese hecho. Un supuesto que se cumple parcialmente.
En septiembre de 1993, a un año y medio de la muerte del senador y fundador de la UDI, la Jefatura Nacional de Inteligencia Policial de la Policía de Investigaciones (JIPOL), entregó al juez del caso un informe reservado de cuatro puntos que indica, entre otras cosas referentes al FPMR, que el Chele (Juan Gutiérrez Fischmann) "es el máximo responsable de la decisión política del homicidio del senador Guzmán, ya que dicha acción se ejecutó con desconocimiento del líder máximo, comandante Salvador, y de una forma de quebrar las decisiones del Congreso del FPMR en marzo de 1991".
La información es concordante con lo señalado tres años después por el ex comisario Jorge Barraza, el policía que se llevó los principales créditos en la resolución de los casos Guzmán y Edwards. En una de sus declaraciones judiciales, el ex policía sostuvo que de acuerdo con una de sus fuentes, a la que identifica como la francesa Emmanuelle Verhoeven, el Chele (Juan Gutiérrez Fischmann) "es el verdadero responsable de la orden de ejecutar a Jaime Guzmán Errázuriz, ya que él le ordenó a Ramiro la ejecución en desconocimiento de Salvador y Gregorio".
Sin embargo, hay antecedentes en sentido contrario. No son pocos, partiendo por la ya citada declaración policial del propio Ramiro, que responsabilizó a la totalidad de la dirección del FPMR en el crimen.
En mayo de 1996, el ex director de la Dirección de Seguridad e Informaciones, Isidro Solís, declaró lo siguiente ante la justicia:

"Nosotros teníamos conocimiento de que el asesinato del senador Guzmán fue acordado por todos los miembros de esa Dirección Nacional e incluso que originalmente habían barajado los nombres de cuatro personas pertenecientes a la oposición: Sergio Diez, Sergio Fernández, el almirante (r) Ronald MacIntyre y Jaime Guzmán, habiendo en definitiva optado por este último en atención a que era el que contaba con menos protección".

No tenía ni qué decirlo. En octubre de ese mismo año, en la edición Nº 68 de El Rodriguista, revista oficial del FPMR, el Chele (Gutiérrez Fischmann) y Salvador (Apablaza) protagonizaron una entrevista en la que sostienen que "la acción de Guzmán formó parte de una de las líneas políticas asumidas al término de la dictadura en la perspectiva de la campaña No a la Impunidad. Esta fue una línea decidida colectivamente por la Dirección Nacional".
En cuanto a Villanueva, cualquiera haya sido su responsabilidad en el crimen de Jaime Guzmán –del que hoy es el único detenido–, lo cierto es que ese acontecimiento determinó poco después su alejamiento definitivo de la jefatura.
No obstante eso, un par de meses después del asesinato de Jaime Guzmán, Villanueva saldrá a reivindicar públicamentre el hecho al decir que "Guzmán bien ajusticiado está". Casi veinte años después, en una entrevista con El Mostrador, dirá que en esa oportunidad fue "sacado de contexto" y que para entonces desconocía quienes eran los verdaderos autores del crimen.
Para Ramiro, más que una línea disidente, el alejamiento de Villanueva marca el comienzo de su colaboración con la Oficina. No hay constancia de ello, sólo testimonios que se contradicen con otros y por tanto no resultan concluyentes. A ese misterio también está abocado el juez Carroza, que al dejar detenido a Conrado Francisco Enrique Villanueva Molina, el verdadero nombre de Eduardo, parte de una presunción que se refuerza por la reciente entrevista a Ramiro: Eduardo es uno de los autores del crimen de Jaime Guzmán.
9 de octubre de 2010
6 de octubre de 2010
©ciperchile
rss

querellas en caso bombas


Caso bombas: CDE presenta querella contra dos imputados. La acción judicial está dirigida contra Francisco Solar Domínguez y Gustavo Fuentes Aliaga.
Santiago, Chile. Una querella por delito de colocación de artefactos explosivos contra dos imputados en el denominado caso bombas interpuso el Consejo de Defensa del Estado (CDE) ante el 11° Juzgado de Garantía de Santiago.
La acción judicial está dirigida contra Francisco Solar Domínguez, quien permanece en prisión preventiva desde el pasado 17 de agosto, cuando fue formalizado por la Fiscalía Metropolitana Sur por su presunta participación en una asociación ilícita terrorista para la instalación de artefactos explosivos en distintos puntos de la capital.
El libelo también apunta a Gustavo Fuentes Aliaga, otro de los imputados por estos hechos en agosto pasado. En su caso, sin embargo, ya se encontraba privado de libertad cumpliendo una condena anterior al momento de ser formalizado.
La presentación del CDE responde a que la instalación de artefactos explosivos ha afectado a edificios pertenecientes a reparticiones públicas de propiedad del fisco.
Entre estas entidades se cuentan la Agencia Nacional de Inteligencia, la Dirección Nacional de Gendarmería, el Departamento Provincial de Educación, una sucursal del Banco del Estado, una oficina de la Inspección del Trabajo, un cuartel y una comisaría de Carabineros, la sección de capuchinos de Gendarmería, el Juzgado de Policía Local de Providencia, la Municipalidad de Pudahuel, la Prefectura Oriente de la Policía de Investigaciones y el mismo CDE.
En el denominado caso bombas se encuentran formalizadas 15 personas. De ellas, enfrentan cargos como presuntos líderes del grupo Pablo Morales y Rodolfo Retamales, mientras que como colaboradores figuran Omar Hermosilla, Carlos Riveros, Camilo Pérez, Iván Goldenberg, Cristián Cancino, Andrea Urzúa, Vinicio Aguilera y Diego Morales Muñoz.
En tanto, como instaladores de artefactos explosivos, además de Solar y Fuentes, están imputados Mónica Caballero, Felipe Guerra, Candelaria Cortés-Monroy
8 de octubre de 2010
©la tercera
rss

juicio por asesinato de frentistas


Carroza dictó acusación por caso del FPMR y PC de 1987. El juez acusó a más de 30 ex agentes CNI y funcionarios del DINE por el secuestro, desaparición y muerte de 4 frentistas y un militante comunista.
Santiago, Chile. El ministro en visita Mario Carroza dictó este jueves acusación contra 35 personas en la investigación que dirige por el secuestro, homicidio y desaparición forzada de cuatro miembros del Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR) y uno del Partido Comunista, ocurrido entre el 9 y 10 de septiembre de 1987.
El juez acusó a 30 ex agentes de la CNI y funcionarios de la DINE como coautores del delito de secuestro calificado, mientras que otros cinco enfrentan cargos como encubridores del mismo ilícito cometido contra Julián Peña Maltés, Alejandro Pinochet Arenas, Manuel Sepúlveda Sánchez, Gonzalo Fuenzalida Navarrete y Julio Muñoz Otárola.
Entre los acusados como coautores está el director de la Dirección de Inteligencia Nacional del Ejército (DINE) de la época, general (r) Julio Cerda Carrasco; el ex director de la disuelta Central Nacional de Informaciones (CNI), general (r) Hugo Salas Wenzel; el entonces director del Batallón de Inteligencia del Ejército (BIE), brazo operativo de la DINE, coronel (r) Hugo Prado Contreras; el jefe operativo de la CNI, mayor (r) Álvaro Corvalán Castilla; y el ex agente del mismo organismo represivo, capitán (r) Luis Sanhueza Ross.
Según los antecedentes contenidos en el proceso, el magistrado establece en la acusación que "con ocasión del secuestro del coronel del Ejército Carlos Carreño Barrera, acaecido en esta ciudad con fecha 1 de septiembre de 1987, funcionarios de la Central Nacional de Informaciones participaron en un operativo, en el cual, entre los días 9 y 10 del mismo mes, recibieron instrucciones de detener, sin orden judicial, a cinco miembros del Frente Patriótico Manuel Rodríguez elegidos de entre los archivos institucionales, para eventualmente canjearlos por dicho oficial".
La detención de los frentistas por parte de la Central Nacional de Informaciones (CNI), se logró con informes de la Dirección de Inteligencia Nacional del Ejército (DINE) justamente a raíz del plagio de Carreño.
La investigación judicial arrojó también que los cinco frentistas fueron asesinados en el Cuartel Borgoño, de la CNI. Después, se presume fueron llevados hasta la base aérea de Peldehue, del Ejército, sus cuerpos fueron cargados en un helicóptero y, posteriormente, arrojados al mar frente a las costas de Quintay.
La acusación reseña también que "en tales acciones no sólo participaron agentes de la Central Nacional de Informaciones a esa fecha, sino también miembros del Batallón de Inteligencia (el brazo operativo de la DINE) y del Comando de Aviación del Ejército de Chile, operativos que la línea de mando militar de las organizaciones aludidas no pudieron desconocer ni dejar de controlar , toda vez, que se trata de una institución con poder jerarquizado, en la cual existe una línea vertical y directa de mando".
A partir de hoy, las partes del proceso, es decir, los querellantes, el Consejo de Defensa del Estado (CDE) y el Programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior, tienen 20 días de plazo para adherir a la acusación o formular acusación particular e interponer eventualmente acciones civiles.
Una vez realizado ese trámite los acusados serán notificados de los cargos y las acciones deducidas por los querellantes y una vez concluida ese tema se pasa al plenario, previa a la sentencia de primera instancia.
El magistrado, además de esta causa, está a cargo de la indagatoria por el asesinato del senador (UDI) Jaime Guzmán ocurrido en abril de 1991 y de instruir las diligencias en cerca de 200 querellas presentadas por familiares de ejecutados políticos durante el régimen militar.
8 de octubre de 2010
©la nación
rss

llegan nietos de general prats


Emocionante arribo de los nietos del General Prats al cementerio. Francisco Cuadrado finalizó en el camposanto de Recoleta la simbólica travesía iniciada en Buenos Aires, en un auto réplica del ‘gris soldado’ donde sus abuelos encontraron la muerte en un atentado perpetrado por agentes de la dictadura. Un documental registrará la acción de recuerdo.
[Jorge Escalante] Santiago, Chile. "El sueño está cumplido", dijo Francisco Cuadrado, el nieto del general Carlos Prats y su esposa Sofia Cuthbert, al arribar este sábado pasadas las cuatro de la tarde al Cementerio General donde se encuentra la tumba de ambos, asesinados el 30 de septiembre de 1974 por agentes de la DINA en Buenos Aires.
A unos metros de distancia, el nieto estacionó el reconstituido Fiat 125 color gris que, junto a su hermano Carlos y un grupo de amigos, condujeron desde la capital argentina en un acto de simbolismo, pues era el mismo modelo que utilizó el comandante en jefe del Ejército como su vehículo particular y con el que el 15 de septiembre de 1973 salió al exilio obligado luego del golpe de Estado.
Ante las tumbas esperaban las hijas del ex vicepresidente de la República, Sofía y Angélica, junto a sus esposos, otros familiares y amistades. Dos ex GAP del Presidente Salvador Allende también aguardaban el arribo, formalmente vestidos de ambo y corbata: uno de ellos fue escolta de seguridad del general mientras ocupó altos cargos en el gobierno de la Unidad Popular.
Francisco contó algunos detalles del viaje que iniciaron en Buenos Aires en los primeros minutos del 30 de septiembre pasado, cuando se cumplían 36 años desde el atentado en la calle Malabia en el barrio de Palermo bonaerense.
En la partida fueron acompañados por ciudadanos argentinos y chilenos que se congregaron para rendir un homenaje a las 2 víctimas del terrorismo de Estado de la dictadura de Augusto Pinochet.
La sencilla ceremonia del arribo arrancó emociones entre los familiares y amistades, que valoraron el gesto de amor y memoria realizado por los hermanos Francisco y Carlos.
Todos sabían que el auto no era el mismo que resultó totalmente destrozado con la explosión de la bomba que 2 días antes de la explosión instaló en el garage de calle Malabia 3351 el agente de la DINA Michael Townley, asistido por su entonces mujer y también agente, Mariana Callejas.
Pero todo lo realizado en torno al acto de recuerdo, incluyendo la pintura gris del color original que se puso sobre el azul del auto encontrado en un garage en La Serena que, luego de acondicionarlo se trasladó a Buenos Aires a bordo de un camión, dio al vehículo el aura de autenticidad. La acción de recuerdo será registrada en un documental.
El ingreso a Chile se hizo por el túnel Caracoles, el mismo por el cual el general Prats dejó Chile en su último viaje, vía que actualmente permanece cerrada pero que tanto por el lado argentino y chileno fue abierto especialmente para abrir el paso al ‘Gris Soldado’.
3 de octubre de 2010
2 de octubre de 2010
©la nación
rss

tras acuerdo mapuches deponen huelga


Comuneros deponen huelga de hambre tras 82 días. Con gestiones de último minuto de personeros de gobierno, los mapuches que permanecían en ayuno en diversos recintos penales de las regiones del Biobío y La Araucanía. No obstante hay 9 en el penal de Angol que no adhirieron a la decisión.
Chile. Casi la totalidad de los presos mapuches en huelga de hambre en las cárceles de las regiones del Bío Bío y La Araucanía, depusieron ayer la medida que por 82 días llevaban a cabo dando paso a un camino de diálogo con el gobierno en torno a sus demandas.
Las tratativas para lograrlo se intensificaron durante la jornada que comenzó con la visita de los ministros del Interior, Rodrigo Hinzpeter, y de la Presidencia, Cristián Larroulet, a la Araucanía para conversar en terreno con algunos de los representantes de los huelguistas.
Todo ello, un día después de que ambos personeros de gobierno se reunieran en La Moneda -por más de tres horas- con algunas de las madres de los comuneros en ayuno, quienes les solicitaron personalmente que hicieran todo lo posible para terminar con la medida de presión.
Las esperanzas del gobierno de poner fin al ayuno comenzaron a acrecentarse luego que el arzobispo de Concepción, Ricardo Ezzati, confirmara que había logrado reactivar las conversaciones que desde hace unas semanas llevaba adelante, por encargo del Ejecutivo, y que el lunes pasado se habían paralizado.
Antes de las 9 de la mañana se reunió con el subsecretario de la Presidencia, Claudio Alvarado, a quien le aseguró que los comuneros nuevamente estaban dispuestos a conversar.
Durante la tarde y tras una maratónica reunión que se extendió por más de cinco horas, Natividad Llanquileo, vocera de los mapuches detenidos en el penal El Manzano, manifestó que el acuerdo para poner fin a la huelga estaba casi cerrado y que sólo faltaba que los comuneros dieran luz verde a la propuesta entregada por la administración Piñera.
"La última decisión la van a tomar los presos, por lo tanto en este momento se les van a hacer las consultas pertinentes", afirmó escuetamente Llanquileo, antes de abordar un vehículo rumbo a la cárcel de Concepción.
La mayor parte de los huelguistas estuvieron representados en el encuentro, que se llevó a cabo cuatro días después de que las conversaciones volvieran a cero tras la exigencia del vocero de Angol, Rodrigo Curipán, de que en la mesa de diálogo se incluyera además del Ejecutivo, al Poder Judicial y al Legislativo.
Durante el día en La Moneda nadie se refirió al tema. Y es que en palacio estaban confiados en que todo lo que habían hecho para que los comuneros depusieran el ayuno (Plan Araucanía, mesa de diálogo, reforma a la Ley Antiterrorista y a la justicia militar), iba en el camino correcto.
Quien también estaba convencido de que los huelguistas terminarían con la medida era el senador DC Mariano Ruiz-Esquide. "No se descarta que los mapuches que están en Concepción levanten la huelga", recalcó el legislador horas antes de que se oficializara el término.
El parlamentario de la falange sostuvo que se estaban "haciendo las gestiones y estamos esperanzados porque se han dado pasos contundentes. Al parecer la voluntades están". Subrayó además que "la impresión que nos hemos formado por las conversaciones que hemos tenido con los comuneros y la disposición que han mostrado… Van en una posición que no estaba antes. Hay nuevas fórmulas que están avanzando".

Humo Blanco
Finalmente, lo esperado se concretó pasadas las 22:30 horas cuando el arzobispo de Concepción, Ricardo Ezzati, comunicó que "los voceros nos han señalado la decisión de sus representados de deponer y concluir la huelga en forma inmediata. Las partes confían en que éste sea el inicio de una relación apropiada en el marco de la cual se fundará un nuevo trato con el pueblo mapuche".
El facilitador del diálogo leyó una declaración referida al acuerdo alcanzado entre las partes, cuyo eje fundamental es el compromiso del Gobierno de, en un plazo de cinco días, retirar las querellas por Ley Antiterrorista, bajo la que están procesados los ahora ex huelguistas, para que sean encausados por delitos comunes.
Tras la cita la vocera de los reclusos de Concepción, Natividad Llanquileo declaró que "la decisión ha sido tomada por los propios huelguistas de manera responsable y racional, quienes son luchadores sociales mapuches que cargan en sus hombros es de años de trabajo en las comunidades. Quien quiera desconocerlo es porque simplemente no estaba involucrado en este proceso de lucha de resistencia mapuche. Además, considerar que esta huelga es sólo una acción más en el proceso de reconstrucción de nuestro pueblo".

Faltan Nueve en Angol
Del los 34 comuneros que terminaron la huelga, uno de los 10 que están en el penal de Angol adhirió a la determinación mayoritaria de los comuneros, aunque se espera que los restantes concluyan con la medida este sábado.
Así lo manifestó el subsecretario general de la Presidencia, Claudio Alvarado, quien señaló a nombre del Ejecutivo "nuestra satisfacción por este acuerdo logrado y esperamos sinceramente que en las próximas horas, aquellos huelguistas que ya están en conocimiento de este acuerdo puedan recapacitar y sumarse, ojala, en el día de mañana finalmente para que todos los que estuvieron en algún minuto en huelga, la hayan depuesto".

Hinzpeter Agradece a Mapuches
Pasada la medianoche en La Moneda el ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter, se refirió al término de la situación que mantuvo en riego la vida de los reclusos y que tras varios intentos y mediaciones se logró.
"Trabajamos para construir un diálogo que básicamente pudiera cimentarse en el respeto y en la confianza, porque advertimos que más allá del contenido de nuestras propuestas, quizá la dificultad más grande para construir una solución estaba dada por la falta de confianza recíproca, porque muchas veces nos sostuvieron que habían sido defraudado por parte del Gobierno", manifestó.
Acompañado por el titular de Justicia, Felipe Bulnes, el jefe del gabinete agradeció a todos los actores que hicieron posible alcanzar el acuerdo que permitió que los procesados no continuaran deteriorando su salud.
"Quiero agradecer el trabajo abnegado y siempre serio de monseñor Ezzati, quien fue un pilar fundamental que acompañó no sólo al gobierno sino al pueblo mapuche, generando las piedra iniciales que permitieron construir este nuevo trato de confianza y entendimiento".
También tuvo el mismo gesto hacia a los voceros de los comuneros y a ellos mismos "que estuvieron dispuestos a dar el paso que todo el país les pedía" y agradecer "especialmente a las madres de los comuneros. Poder conversar con ellas y compartir con ellas sus angustias, su visión y su pedido sincero para que encontráramos una solución que restableciera la salud de sus hijos".
En nombre del Presidente Sebastián Piñera hizo un reconocimiento a todos quienes hicieron posible la solución "que da comienzo a un proceso no sólo para el pueblo mapuche sino para todos los pueblos originarios en armonía y respetando su cultura".
3 de octubre de 2010
2 de ocrturbe de 2010

©la nación
rss