Gobierno envía reforma a justicia militar y busca salvar diferencias por cambio a ley antiterrorista. Presidente firma hoy proyecto que modifica la justicia militar y eleva sanciones por maltrato a carabineros.
[L. Ferraro y N. Hernández] Santiago, Chile. "Es un día clave", decía en la mañana de ayer el subsecretario del Interior, Rodrigo Ubilla, al ser consultado por las modificaciones anunciadas por el gobierno a la ley antiterrorista y al Código de Justicia Militar. La afirmación daba cuenta del interés de La Moneda por acelerar la discusión en torno a ambos puntos, con el fin de enviar cuanto antes las dos reformas al Congreso y esperar así el fin de la huelga de hambre que 32 comuneros mapuches realizan desde hace 58 días.
Hoy se despejará uno de estos objetivos: que el Presidente Sebastián Piñera firme el proyecto que modifica la justicia militar y aumenta las sanciones por maltrato a carabineros. En el gobierno señalan que no había discrepancias en esta reforma y que, además, formaba parte del programa de gobierno.
Hasta ayer, sin embargo, no existía claridad del tenor que tendría la propuesta del Ejecutivo sobre la ley antiterrorista. ¿La razón? Las discrepancias sobre la forma en que se encararán los cambios en torno a los delitos contra la propiedad privada, cuya condena puede llegar a triplicarse bajo la ley antiterrorista.
Por la mañana, en la tradicional reunión del comité político, el Ejecutivo sondeó con los dirigentes de la Alianza la posibilidad de excluir de la normativa dichos atentados, por los que están inculpados 10 de los 32 huelguistas. Quienes estuvieron presentes en la cita aseguran que la propuesta no concitó respaldo en los partidos y que desde la UDI subrayaron que no estaban dispuestos a aprobar dicha fórmula en el Congreso.
A cambio, el gremialismo postuló un camino alternativo: atenuar las penas de los delitos contra la propiedad privada, pero manteniendo su carácter de hechos terroristas, para no dar una señal contradictoria en la agenda de seguridad pública.
Una postura similar tiene el senador RN Alberto Espina, quien en días anteriores se había mostrado contrario a modificar la ley. "La graduación de la penalidad en Chile puede ser perfectamente corregida y, particularmente, puede ser corregida en delitos contra la propiedad", dijo el senador por La Araucanía.
En paralelo, en La Moneda se sucedían las reuniones para afinar la iniciativa que se enviaría al Congreso. Cerca de las 14 horas, Piñera sostuvo una reunión con los ministros de Justicia, Felipe Bulnes, y de Defensa, Jaime Ravinet, para analizar el tema. Horas después, Bulnes cruzó a la oficina de Rodrigo Hinzpeter.
La idea original de La Moneda, de excluir los atentados contra la propiedad privada, apuntaba a dar una señal concreta a los comuneros y facilitar el fin de la huelga. Un objetivo primordial para el gobierno de Piñera, donde son conscientes del impacto negativo que tiene la manifestación en el exterior y de los efectos que podría tener la mantención de la huelga durante la conmemoración del Bicentenario.
En esa lógica, la alternativa de sólo atenuar las penas no generaba consensos al interior del gobierno. Fuentes vinculadas a las negociaciones aseguran que una oferta de este tipo podía ser rechazada por los comuneros, pues el principal reclamo de éstos no apunta a la graduación de las penas, sino a la calificación de terrorista.
Por la noche continuaron las reuniones. Hinzpeter recibió a un grupo de senadores de la Concertación, que insistió en la necesidad de que la reforma a la ley antiterrorista supusiera la exclusión de los atentados contra la propiedad privada.
Según los asistentes, los parlamentarios plantearon dos peticiones: 1. que se aceleren las gestiones para que monseñor Ricardo Ezzati actúe como mediador con los mapuches, y 2. que el proyecto sea ingresado en el Senado, donde la oposición tiene mayoría. Por su parte, Hinzpeter les habría informado que el proyecto se enviaría el jueves.
Tras la cita, el ministro confirmó que esta semana también se enviará el proyecto de "perfeccionamiento a la ley antiterrorista, que permita acotar de mejor manera el tipo penal, revisar en algunos casos la pena y perfeccionar la institucionalidad".
El senador PPD Jaime Quintana señaló que "hemos visto voluntad, disposición y preocupación del gobierno, la misma que compartimos". Mientras, su par Alejandro Navarro emplazó "a la UDI (a aprobar la ley), porque si estos proyectos no son aprobados antes del 18, tengo la certeza de que la huelga no va a terminar".
Nueve huelguistas asisten a audiencia por ataques
Nueve comuneros mapuches que participan de la huelga de hambre comparecieron ayer en la audiencia de preparación de un juicio oral por ataques contra los fundos San Leandro y Brasil, de propiedad de Pablo Herdener, el 2009 en Lautaro. Tres de ellos, Elvis Millán, Luis Tralcal y Fernando Cayupán, debieron abandonar la audiencia luego de sufrir descompensaciones.
Tras ser atendidos en el tribunal y luego de un receso para resolver discrepancias, se sumaron al grupo de 12 acusados por la fiscalía, que invocó la ley antiterrorista.
Los huelguistas lucían agotados, siguieron en silencio la audiencia y en numerosas oportunidades bebieron agua. Sólo tomó la palabra para declarar uno de ellos, Miguel Angel Tapia Huenulef, quien aseguró que las armas, pólvora, mechas y una granada que fueron incautados durante la investigación eran producto de un "encargo" que se le hizo en los 80 por parte de militantes de grupos subversivos y a solicitud de su padre, que era dirigente social en Santiago.
Añadió que durante varios años guardó un bolso "sin saber su contenido", hasta que durante un cambio de domicilio decidió conocer lo que había: así halló, dijo, un fusil, una granada y los otros objetos. Añadió que éstos jamás fueron reclamados por sus dueños.
Tras la audiencia, una de las voceras de los huelguistas, María Tralcal, aseguró que éstos "se están resintiendo (en) los órganos nobles y eso nos está preocupando, porque en Gendarmería no se informa bien la cosa".
El director regional de Gendarmería, Marcos Fuentes, dijo que "el último informe médico confirma que han bajado un promedio de 13 kilos, y que todos amanecieron compensados".
No es todo: según Tralcal, otros comuneros que están en calidad de imputados, acusados o condenados podrían sumarse a la huelga. "Sólo esperamos que ellos lo comuniquen cuando así lo decidan, pero ahora es una posibilidad que se está observando", aseguró.
Sobre este anuncio, el director regional de Gendarmería, coronel Marcos Fuentes, dijo que "se están monitoreando todos los temas y acá no se puede descartar nada", y añadió que "hasta ahora no ha llegado ningún tipo de información de que otros mapuches se sumen".
Entre los huelguistas de la VIII Región, quien acumula la mayor pérdida de peso es Héctor Llaitul, el supuesto jefe militar de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM): ha bajado 21 kilos desde que comenzó su protesta.
Las autoridades instauraron un protocolo para realizar traslados a hospitales de la región si la situación lo amerita.
7 de septiembre de 2010
©la tercera
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