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memorial de los dddd en quintero


Se trata de 119 personas que fueron lanzadas al mar, en 1974, en la llamada Operación Colombo. En la caleta de pescadores donde se levantó el monumento, se encontraron en 2004 rieles y restos de ropa, determinando el juez Guzmán que habían sido utilizados para amarrar los cuerpos de los asesinados.

[Quintero, Chile] [Silvia Pino] Cerca de 300 familias de detenidos desaparecidos se reunieron este mediodía en la caleta El Manzano de Quintero, para presenciar la inauguración del memorial que ahí se construyó, para recordar a las 119 personas cuyo rastro se perdió el 24 de julio de 1974, en la llamada Operación Colombo.
En el lugar se instalaron tres rieles en posición vertical, proyecto que fue impulsado por el Centro Cultural 119 Esperanzas -que reúne a los familiares de los aludidos- y cuyo costo ascendió a los $ 40 millones.
Edita Castro Salvadores, presidenta de la Agrupación de Detenidos Desaparecidos de los 119, quien perdió a su hija y a su yerno, manifestó emocionada que esta obra se hizo para las futuras generaciones, a fin de que "nunca más en este país ocurra una cosa así, porque lo peor que pudieron hacer fue no entregarnos sus cadáveres", afirmó.
A su vez, el alcalde de Quintero, José Varas,  agradeció a los pescadores de la caleta por haber cedido dicho espacio para el memorial, el que "será un punto de reflexión para los habitantes y visitantes de la comuna", argumentó.
 En la jornada participaron músicos como Jorge Yáñez, Pedro Foncea, Jorge Coulon y el payador Manuel Sánchez. Cabe mencionar que la ubicación del memorial se justifica porque fue allí donde un buzo del sector halló cuatro rieles -con pedazos de tela y un botón- en el año 2004. Éstos, según la investigación del ex juez Juan Guzmán, eran utilizados para impedir que los cuerpos salieran a flote tras ser lanzados desde los helicópteros.
5 de septiembre de 2010
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miseria y abandono en zona mapuche


Conflicto mapuche: Informe descarta "zona de guerrillas" o "militarización". El documento de organismos de inteligencia sostiene que la causa principal del problema es el "abandono, aislamiento, frustración y pobreza" del pueblo indígena, y el no respeto a "sus tradiciones, cultura y esencia".
[Chile] [Jorge Escalante] Un detallado informe de inteligencia sobre la actual situación del pueblo mapuche -realizado durante el último gobierno de la Concertación- estableció que el origen del problema no corresponde a una "militarización" o "zona de guerrilla" del área en conflicto, sino al estado de "abandono, postergación y frustración" de este pueblo desde décadas. El informe sostiene que, debido a ello, "las comunidades mapuche pertenecen al sector más desvalido del país, no por su carácter indígena, sino por la realidad en que se encuentran insertos".
De esta manera, el documento determinó que el actual conflicto indígena está creado principalmente por "los niveles de pobreza y el bajo nivel socioeconómico en el que vive un número importante de indígenas en la zona sur oeste de la Región del Biobío, Región de la Araucanía, y el borde costero desde la Región del Biobío hasta la Región de Los Lagos".
Una de las conclusiones del dossier consignó expresamente que si bien el conflicto actual por la reivindicación de las tierras indígenas existe y está en desarrollo, "no se puede hablar de una zona de guerrilla o militarizada donde no impera el Estado de derecho", pues se sostiene que "el problema sólo está radicado en una zona cuantitativamente menor en relación a la superficie del territorio nacional".
Ante este escenario, el informe de 48 páginas dice que, para hacerse escuchar, el pueblo mapuche ha debido ampararse en "la problemática de la tenencia de la tierra, la falta de respeto a sus tradiciones, a su cultura y a su esencia", constituyéndose ellos en los argumentos para "poder cambiar su actual condición de aislamiento y estado de precariedad".
El análisis continúa expresando que las condiciones de vida de la etnia mapuche "es un conflicto latente", entre otras razones, porque las comunidades indígenas probaron que no requieren de conglomerados políticos para plantear sus reivindicaciones. Sin embargo, se comprobó que el movimiento indígena cuenta con el apoyo y simpatía de "prestigiosas organizaciones no gubernamentales nacionales e internacionales, que no sólo respaldan sus exigencias sino que, además, las fomentan tanto monetaria como intelectualmente".
El extenso documento no conocido hasta ahora públicamente al cual accedió LND, estaba empezando a ser analizado por el Ministerio Secretaría General de la Presidencia del gobierno de Michelle Bachelet, con el fin de reorientar y potenciar su trabajo respecto del conflicto mapuche. En la confección de este informe participaron organismos de inteligencia.

"Engaño" y DL 2568
El dossier manifiesta que a partir de la llamada "Pacificación de la Araucanía" -proceso militar iniciado en 1861-, ante la que "estos pueblos lograron mantener sus particularidades", la comunidad indígena comenzó a ser víctima, "a través de los años, de un verdadero engaño por sus tierras ancestrales".
Destaca el documento que, no obstante, en los gobiernos de Eduardo Frei Montalva (1964-70) y Salvador Allende (1970-73) mediante el proceso de reforma agraria, se entregaron al pueblo mapuche 3,5 millones de hectáreas durante el primero y 6,5 millones de hectáreas bajo el segundo.
Pero el régimen militar "anuló y se dejó sin efecto" esta entrega de tierras, resolviéndose, por el contrario, mediante el Decreto Ley 2.568 de 1979 "la división de las comunidades indígenas" que buscó "eliminar totalmente el régimen de tenencia comunitaria de tierras".
Como resultado de esta división de las comunidades indígenas "impuesta por el gobierno militar", el informe establece que "grandes multinacionales como Shell, Mitsubishi y otras, además de algunos capitalistas chilenos, compraron gran cantidad de tierras a las comunidades mapuche".

Grupos "Anárquicos"
Pero el informe también advierte que todo lo señalado acerca de la situación de abandono y discriminación en la que se encuentra el pueblo indígena desde hace décadas y por lo cual mantiene su lucha, "hace propicio el resurgimiento de grupos anárquicos fuera de la ley en contra del actual sistema económico, que buscan retomar viejas consignas y luchas pretéritas pretendiendo involucrar a grupos étnicos para mantener activos sus principios antisistémicos".
Y recomienda no desatender las características del conflicto, "que claramente podría constituir un elemento de vulnerabilidad de nuestra seguridad nacional, afectando el orden interno y tranquilidad pública del país, a través de diversos llamados a transgredir el ordenamiento jurídico que han efectuado los dirigentes del movimiento".
Se advierte a las autoridades no despreocuparse del curso del conflicto y sus soluciones, porque a través de él se ha pretendido "no sólo limitar, sino también vulnerar el derecho de propiedad consagrado por la Constitución", con claras manifestaciones de "extrapolar el conflicto local al plano nacional, incluso con la participación de elementos foráneos".

Rectificar el Trabajo
El informe advirtió a las autoridades del pasado gobierno responsables en esta materia acerca de "inquietarse" por el "paradigma de perezosos con que se suele motejar a los pueblos originarios". Y con el fin de reducir el nivel del conflicto actual para "restablecer el clima de normalidad en la zona", propuso "la generación de mejores condiciones que lleven aparejados la creación de empleos, otorgando acceso a las comunidades a diferentes servicios, como salud, comunicaciones, transporte" y otras mejoras que permitirían la creación de "desarrollo, riqueza colectiva, bienestar general y seguridad para esta zona".
Todo ello, dice el informe, sólo puede convertirse en realidad si "se rectifican los proyectos de inversión actuales, que dejan de manifiesto la ineficiencia de los programas en curso y la necesidad de redistribuir y reorganizar los programas y proyectos, despolitizando el conflicto y haciendo comprender a los implicados la necesidad imperiosa de una real integración".
5 de septiembre de 2010
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arzobispo pide juicio justo para mapuches


Arzobispo de Concepción pide "juicio justo" para mapuches. Ricardo Ezzati estuvo con los huelguistas de la cárcel El Manzano de Concepción y del penal de Lebu. Dijo que la situación es "preocupante" y que "no tenemos demasiado tiempo" para dar una solución.
Santiago, Chile. Un llamado a las autoridades para que generen un diálogo que permita solucionar la situación de los  presos mapuches en huelga de hambre, hizo el arzobispo de Concepción, Ricardo Ezzati, subrayando la premura con que se debe actuar ante una situación que "se agrava" día a día.
Luego de visitar a los huelguistas de la cárcel El Manzano de Concepción y el penal de Lebu, sostuvo una conversación con Radio Cooperativa, donde pidió que se responda cuanto antes a las exigencias en torno a un juicio justo.
"No se trata de borrar las responsabilidades de estas personas, pero sí de asegurarles un juicio justo y que al mismo tiempo respete la identidad de estas personas", enfatizó.
Hizo hincapié en que "la situación es preocupante y amerita un pronto diálogo que es siempre la posibilidad de sentarse a la mesa para poner los problemas al alcance de la racionalidad y buscar caminos que solucionen los problemas".
Manifestó que "estamos ante un problema extremo que requiere un diálogo pronto", apuntando que se alegró de que el gobierno se haya abierto a la posibilidad de enviar un proyecto que modifique la ley antiterrorista, pero que este camino leal demorará y que mientras tanto se deben dar las condiciones que permita que los presos depongan la huelga de hambre que se prolonga por más de 50 días.
Precisó que la posibilidad de un proyecto la percibe "como una esperanza", pero destacó que " los detenidos piden garantías y espero que esas se puedan dar cuanto antes".
Ezzati se ofreció como posible mediador entre las autoridades y los presos mapuches y sus familiares, recalcando que la salud de los comuneros empeora a cada momento. "A medida que pasan los días las cosas se van agravando. Tampoco tenemos demasiado tiempo y es un problema que hay que enfrentar con mucha conciencia y capacidad de intervenir lo antes posible", indicó.
4 de septiembre de 2010
3 de septiembre de 2010
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fiscal mantiene cargos por terrorismo


Cincuenta y cuatro días en huelga de hambre llevan los 32 mapuches que demandan el término de la aplicación de la Ley Antiterrorista y restringir el ámbito de la justicia militar. Pero fiscal insiste en aplicar decretos de la dictadura.
Santiago, Chile. La situación judicial de los mapuches que son investigados por conductas sancionadas en la Ley Antiterrorista no variará aunque el gobierno materialice las modificaciones a esta normativa.
Así, lo afirmó ayer el fiscal jefe de La Araucanía Francisco Ljubetic, quien descartó realizar modificaciones a los cargos formulados contra los mapuches indagados por diversos ataques en la zona de conflicto.
Dijo que "son delitos específicamente terroristas, como por ejemplo el atentado a un bus de transporte público ocurrido en el bypass de la zona de Temuco, pero también tenemos otros casos en que delitos comunes se pueden estimar como terroristas en la medida que se den las condiciones que establece la ley", consignó Radio Cooperativa.
Agregó que, de ser modificada la ley, estas personas podrían obtener algún beneficio carcelario pero sólo tras ser condenados por la justicia.

Descompensados
En tanto, dos de los 32 comuneros que permanecen en huelga de hambre debieron ser trasladados ayer desde la cárcel El Manzano, en Concepción, hasta el centro asistencial de la ciudad por una descompensación.
Se trató de Héctor Llaitul (en la foto), sindicado como ex líder de la Coordinadora Arauco Malleco, y del comunero Ramón Llanquileo.
Ambos están acusados de haber participado -junto a otras seis personas- en el ataque al fiscal Mario Elgueta en 2008.
La fiscalía pidió penas que bordean los 100 años de cárcel por los delitos de asociación ilícita terrorista, amenazas y homicidio frustrado.
4 de septiembre de 2010
3 de septiembre de 2010
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software para causas de ddhh


Suprema instala software para causas de derechos humanos. El ministro Sergio Muñoz diseñó, junto a profesionales del Poder Judicial, una plataforma que interconecta, desde el martes, a todos los jueces de Chile que indagan estos casos.
[Leslie Ayala Castro] Santiago, Chile. La idea es que cada juez precise en esta plataforma "quiénes son las víctimas, quiénes los imputados, el estado procesal en que se encuentra la causa", explicó el juez Sergio Muñoz.
Día a día el Poder Judicial avanza en modernización, transparencia y el uso de tecnologías para mejorar la tramitación de diversas causas, desde las más simples hasta las más complejas, como las relacionadas con las violaciones de los derechos humanos durante el régimen militar.
Justamente, para agilizar estos procesos es que desde el martes está en manos de todos los jueces del país que indagan casos de DDHH, un sistema que les permite compartir información sobre estas causas.
Durante varios meses -y mientras estuvo designado por la Corte Suprema como coordinador de causas de derechos humanos- el ministro Sergio Muñoz trabajó, junto a profesionales del Poder Judicial, en la elaboración de un novedoso software.
"Este es un programa en que cada ministro accede a través de una clave. Él incorpora toda la información para que la vean todos los colegas a lo largo de Chile, sobre lo que él está realizando", explicó.
La idea es que cada juez, agregó, precise en esta plataforma "quiénes son las víctimas, quiénes los imputados, el estado procesal en que se encuentra la causa, las personas que pudieran estar relacionadas de alguna u otra manera y, además, las diligencias que se van decretando en los distintos estados en que se encuentra el proceso".
Desde hace algunas semanas, el programa ha estado a disposición de los ministros de fuero y en visita del tribunal de alzada capitalino, pero Muñoz sostuvo que desde el martes ya está funcionando a nivel país.
"El objetivo es que cada juez sepa las víctimas que está investigando otro para que no se crucen. También sepa cuáles son los imputados que tienen cada uno de estos procesos.
Saber, eventualmente, cuáles son las distintas etapas en que esta persona sirvió en las instituciones armadas o cuáles son los hechos en que pudo haber participado y si es necesario solicitar, tener a la vista, alguna declaración específica", dijo Muñoz

Cada Dos Meses
Esta herramienta sirve también para que estos jueces, que deben informar cada dos meses sobre sus causas a la Suprema, comuniquen los avances de sus investigaciones.
Pero lo que antes se hacía vía oficios y en papel, hoy se sube automáticamente al sistema que interconecta la labor judicial en todo el territorio nacional.
3 de septiembre de 2010
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policía dispara contra estudiantes


Carabineros utilizaron carros lanzaguas, bombas lacrimógenas y balines para agredir a estudiantes que se encontraban al interior del recinto universitario. Policía provoca cuantiosos daños en instalaciones universitarias. En la captura de video se ve claramente que los elementos disparan a la altura de la cabeza. 


Santiago, Chile. La calma ya retornó a la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile, luego de que estudiantes hicieran una masiva visita a otras escuelas, marchando en repudio a las políticas en materia de educación pública del país.
Los estudiantes se desplazaron por distintos sectores de la comuna en bastante calma, escoltados por Carabineros, sin embargo, en un momento la policía intentó dispersarlos, lo que provocó escaramuzas con las Fuerzas Especiales, que en la intersección de avenida Portugal con Marcoleta usaron bombas lacrimógenas, carros lanzaguas y balines.
Según radio Cooperativa, en este momentos los estudiantes realizan una asamblea en la Facultad de Arquitectura para ver cómo continuarán sus movilizaciones.
Claudio Pulgar, académico y director de extensión de la facultad, indicó a La Tercera que "los chorros de agua rompieron vidrios del edificio, donde se reúne la asamblea" y que el decano de la FAU, Leopoldo Prat, repudió el actuar de los uniformados y salió a hablar con el oficial a cargo.
"La fuerza policial sitió la facultad por ambas salidas. Fue tal la represión que desde la calle Carabineros empezó a disparar a los estudiantes que gritaban en contra de la privatización de la educación. Nunca había visto tal nivel de represión", dijo Pulgar.
Por el chorro de agua que lanzó Carabineros se rompieron varias ventanas de la facultad y según el profesor, hay un par de estudiantes heridos que recibieron el disparo de los balines de goma.
"Lo encuentro increíble", dijo el decano de la facultad, Leopoldo Prat, en radio Biobío. "No puedes ser, ya es segunda vez y ha sido más violenta que la anterior. Yo hablé con el Mayor de carabineros y me dijo que lo iban a resolver, pero ahora vemos que están tirando balines. Ya nos han destruido varias cosas. Rompieron todos los vidrios de la sala de consejo. Ya no hay respeto a nada".
En tanto, Francisco Pino, presidente del Centro de Alumnos de Arquitectura, explicó que en la manifestación habrían participado unos 150 alumnos, de los cuales varios resultaron con heridas menores producto de los balines con pintura que personal de carabineros habría disparado desde el exterior de la facultad. Pino agregó que la movilización se viene gestando hace varios días. "Nos movilizamos en contra de las medidas de financiamiento y de gestión del nuevo gobierno en materia educacional", dijo.
Mientras, en el campus Juan Gomez Millas (Macul con Grecia) también se registraron incidentes. Según señaló Francisco Figueroa, vicepresidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile, "hubo enfrentamientos entre manifestantes y Carabineros. Tras un intercambio de agua y lacrimógenas, la fuerza policial decidió disparar hacia adentro del campus. Estamos intentando averiguar por qué se tomó esa decisión, ya que nos parece una violación grave a la autonomía universitaria, llega a ser ridículo combatir gritos, pancartas y un par de piedras con disparos", reclamó el dirigente.
2 de septiembre de 2010
©la tercera
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proponen modificar ley de dictadura


Diputados presentan moción para modificar la Ley Antiterrorista.
Valparaíso, Chile. Diputados comunistas y socialistas presentaron una moción que plantea modificaciones a la Ley N° 18314 para especificar los delitos que el Estado ha calificado como terroristas a fin de que estén en concordancia con la legislación internacional, con el propósito de buscar una pronta salida a los 32 comuneros mapuches que ya completan 51 días de huelga de hambre.
Acompañados por la vocera de los 32 mapuches que se mantienen hace 51 días en huelga de hambre, los diputados comunistas Guillermo Teillier, Lautaro Carmona y Hugo Gutiérrez, junto al parlamentario socialista Sergio Aguiló, presentaron una moción para que la aplicación de la ley antiterrorista se haga sólo en los casos en que se afecte la integridad física o psíquica de las personas.
En este sentido, el presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara, diputado Hugo Gutiérrez, indicó que "sin duda viene a suplir un gran vacío que hay en nuestra legislación antiterrorista, que no cumple con una convención que el mismo Estado chileno suscribió y que se trata de la Convención Interamericana contra el Terrorismo, en el que se especifica con claridad que toda lucha contra el terrorismo se debe hacer con respeto absoluto a los derechos humanos".
"Lo que estamos planteando es que nuestra legislación interna esté en concordancia con la legislación internacional que nuestro Estado ha firmado porque creemos que no es posible sancionar con Ley Antiterrorista a personas por el delito de incendio porque este es un delito contra la propiedad y no afecta o no debiera afectar a las personas. Hay que recordar que la legislación antiterrorista lo que hace es proteger uno de los elementos esenciales del Estado como son las personas y la población. Entre los delitos que hoy se le imputan a los comuneros mapuches no hay ninguno contra personas sino que a bienes y a eso se le ha dado erróneamente el carácter de terrorismo", enfatizó Gutiérrez.
Por su parte, María Tralkal, vocera de la Coordinadora de Familiares de Presos Políticos Mapuches, valoró y apoyó la moción presentada indicando que "es un avance significativo porque internacionalmente el terrorismo se ve como un acto contra la integridad humana. Debemos recalcar que a manos de la gente mapuche no ha muerto ningún civil ni policía y lamentablemente dentro de este nuevo proceso han muerto tres de nuestros hermanos en manos de carabineros. Entonces, esta es para nosotros una instancia de diálogo que abre los espacios para que los hermanos evalúen la posibilidad de deponer su huelga de hambre, pero aclaramos que esa decisión es de ellos".
El diputado Gutiérrez hizo un emplazamiento directo al Ejecutivo para que acelere los procesos y otorgue su respaldo a esta iniciativa legal.
"Queremos pedirle al Ejecutivo que haga suya esta moción parlamentaria y le dé las urgencias que justamente se necesitan para que esta huelga de hambre no se siga prolongando en el tiempo y tengamos una legislación antiterrorista acorde a nuestra realidad", afirmó.
2 de septiembre de 2010
©diario de la cámara
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derogar ley antiterrorista


Oposición llama al gobierno a abrir mesa de diálogo con el pueblo mapuche y exige revisar Ley Antiterrorista.
Valparaíso, Chile. Un grupo de familiares de los comuneros mapuches en huelga de hambre desde hace 51 días se reunió esta mañana en el Congreso con diputados y senadores de oposición, quienes manifestaron su apoyo a sus demandas.
A 51 días de iniciada la huelga de hambre de 32 comuneros mapuches en las cárceles de Concepción, Angol, Temuco y Valdivia en protesta por haber sido juzgados por la Ley Antiterrorista, senadores y diputados de oposición llamaron al gobierno a abrirse a la creación de una mesa de diálogo y pidieron modificar o derogar la Ley Antiterrorista.
Los familiares y voceros de los comuneros mapuches fueron recibidos por el presidente del Senado, Jorge Pizarro, por los jefes de bancada de la Cámara de Diputados Sergio Aguiló (PS) y Patricio Vallespín (DC), y por los jefes de los comités de senadores Juan Pablo Letelier (PS), Isabel Allende (PS), Ximena Rincón (DC), Eugenio Tuma (PPD) y Jaime Quintana (PPD), además del presidente del PS, Osvaldo Andrade y del timonel del PC Guillermo Tellier, y por los diputados de las regiones Octava y Novena, Manuel Monsalve (PS) y René Saffirio (DC).
Los parlamentarios dieron a conocer una declaración pública, que en siete puntos reafirma el compromiso de los firmantes con la causa mapuche y enfatiza que "ha llegado el momento de revisar a fondo la legislación antiterrorista, su definición y ámbitos de aplicación. Por lo anterior, llamamos al gobierno a actuar con rapidez y constituir una mesa de trabajo que permita la derogación o modificación profunda de la actual Ley Antiterrorista".
Asimismo, el texto rechaza "la aplicación de la justicia militar a civiles, y específicamente a miembros de nuestros pueblos originarios". "Reiteramos nuestro compromiso de reformar el Código de Justicia Militar el cual -a nuestro juicio- tiene un ámbito de aplicación que excede las condiciones que se deben observar dentro de un estado de derecho democrático", agrega el documento.
Tras el encuentro, María Traical, vocera de los comuneros en huelga, criticó la intransigencia del gobierno de Sebastián Piñera y dijo que no existe intención de deponer la huelga hasta que haya voluntad del gobierno de escuchar. "No estamos pidiendo un imposible. No estamos pidiendo la libertad inmediata de los hermanos, sólo estamos pidiendo la posibilidad de un juicio justo".
En tanto, el diputado Aguiló recalcó que "en la oposición hay una sola posición: hay que derogar ya la Ley Antiterrorista y hay que instalar ya la mesa de diálogo. Le hacemos un encarecido llamado al gobierno, que en este Bicentenario, por favor deponga su actitud intransigente. No echen sobre sus hombros una tragedia", dijo.
Por su parte el diputado Osvaldo Andrade, dijo que es inconveniente la aplicación de la Ley Antiterrorista y, por ello, la oposición respaldará las iniciativas legales que ya están en la Cámara y que reforman este punto.
"Los representantes y voceros del pueblo mapuche, específicamente los familiares de quienes están detenidos han reiterado que no hay libertad inmediata a sino que piden un juicio justo. Y, en este sentido, que no se les criminalice por vía de la ley antiterrorista", dijo.
Por su parte, el subjefe de la Bancada PPD, Tucapel Jiménez, rechazó la insistencia del gobierno en desacreditar la huelga de hambre de los mapuches en la cárcel de Temuco, y no quiera dialogar con ellos. Asimismo, lamentó que los diputados oficialistas rechazaran en el día de hoy una comisión investigadora que buscaba analizar un supuesto montaje fotográfico donde se podía observar comida junto a los mapuches que estaban en huelga de hambre.
"Esta es una muy mala señal política. Aquí lo que tenemos que hacer es llamar al gobierno a apoyar una mesa de diálogo y derogar de una vez por todas la Ley Antiterrorista que ha sido cuestionada por todos los organismos de derechos humanos del mundo", manifestó.
2 de septiembre de 2010
©diario de la cámara
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