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piden juicio por asesinato de frentistas


Piden procesar a generales por crimen de frentistas. El requerimiento apunta al ex vicecomandante en jefe del Ejército Santiago Sinclair y al ex jefe de la Dirección Nacional de Inteligencia de la institución castrense (DINE), general (R) Ricardo Ortega.
Santiago, Chile. El programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior y el Consejo de Defensa del Estado (CDE) solicitaron a la justicia el procesamiento de dos generales en retiro del Ejército por crímenes contra la humanidad. Se trata del ex vicecomandante en jefe del Ejército Santiago Sinclair y el ex director de Inteligencia (DINE) Ricardo Ortega, quienes fueron acusados por ambos organismos de ser autores del secuestro, homicidio y desaparición forzada de cinco miembros del FPMR en 1987.
La solicitud está dentro de los escritos mediante los que, tanto Interior como el CDE, piden al ministro de fuero Mario Carroza, que reabra la investigación de estos hechos, cuyo sumario fue cerrado hace un mes.
En una resolución dictada ayer, el juez decidió reabrir el proceso e informó que, una vez realizada una veintena de diligencias, resolverá la situación de ambos ex oficiales, quienes actualmente tienen calidad de inculpados en la causa.
De hecho, Sinclair ya había sido procesado por estos mismos delitos, pero la Corte de Apelaciones, en 2008, lo dejó sin efecto. En el caso de Ortega (que hasta el año pasado fue director de Inteligencia) el Programa de DDHH sostiene que existen 17 testimonios que confirman su participación en acciones que terminaron con la vida de Julián Peña Maltés, Alejandro Pinochet Arenas, Manuel Sepúlveda Sánchez, Gonzalo Fuenzalida Navarrete y Julio Muñoz Otárola.
A juicio del organismo "esas pruebas y otras más reafirman, a pesar de su intento por exculparse con su testimonio inverosímil, la coautoría, con presencia en el lugar de los hechos y mando efectivo".
Ortega ha negado que él haya tenido alguna coordinación con la CNI ni menos participación en el crimen de los frentistas. Sin embargo, el organismo, que dirige Rossy Lama, prueba en su documento que siendo jefe de la Brigada G4, del Batallón de Inteligencia del Ejército (BIE), brazo operativo de la DINE, tenían coordinación con la CNI, dos años antes del crimen y que el ex general participó en interrogatorios.
Por su parte, el CDE concluyó que las nuevas pruebas contra Ortega "desvirtúan por completo las alegaciones por las cuales intenta exculparse, reafirmando su mando efectivo e intervención en el secuestro de los cinco detenidos desaparecidos de septiembre de 1987".
Según ambos entes, este crimen fue un delito de lesa humanidad cometido por agentes del ex régimen de Augusto Pinochet, en el marco del secuestro del coronel Carlos Carreño, gerente comercial de Famae, ocurrido entre septiembre y noviembre de 1987.

26 de mayo de 2010
©la nación 
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recuperan placa de londres 38


Recuperan histórica placa de ex centro de torturas.
Santiago, Chile. Una funcionaria del Ministerio de Obras Públicas del régimen de Augusto Pinochet (1973-1990) entregó este martes la placa con el número de la casa de Londres 38, ocupada por la dictadura como centro de detención y tortura de opositores en pleno centro de Santiago.
El testimonio fue recibido por la Corporación Casa de la Memoria Londres 38, que lleva adelante el proyecto de levantar allí un museo.
La funcionaria, cuyo nombre se mantiene en reserva, mantuvo la placa en su poder luego que las autoridades de la época cambiaran el número por 40, para evitar la estigmatización del inmueble que luego cedieron al Instituto O’ Higginiano.
Los dirigentes de la Corporación dijeron que instalarán la placa recuperada en el frontis, al lado del número 40.

26 de mayo de 2010
©la nación
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proyecto de unión civil homosexual


Presentan proyecto que crea contrato de unión civil para personas del mismo sexo. La iniciativa fue ingresada a la Cámara de Diputados por parlamentarios democratacristianos.
Valparaíso, Chile. Un proyecto de ley que busca, específicamente, regular las uniones civiles de personas del mismo sexo, fomentando la no discriminación y el respeto a los derechos fundamentales de todo ciudadano chileno, sin importar su condición sexual, ingresaron este lunes a la Cámara de Diputados los diputados de la DC, Gabriel Ascencio y Gabriel Silber.
Lo anterior, según explicó Ascencio, "debido a la necesidad de avanzar en esta materia postergada y entrabada durante mucho tiempo, un proyecto que nos da la posibilidad de avanzar en integración, dejando atrás las discriminaciones que en nada contribuyen a fortalecer la democracia y el respeto de los derechos a todas las personas por igual. La orientación sexual de una persona no puede ser invocada como un elemento que impida el ejercicio de los derechos fundamentales".
El parlamentario agregó, además, que "no habiendo cumplido su promesa de campaña el Presidente Piñera, hoy, avanzamos en esta materia con un proyecto al respecto, esperando contar con el apoyo necesario para sacarlo adelante, en busca de una sociedad más inclusiva, y que no discrimine. Este tema ya no puede postergarse más".
El diputado Gabriel Silber, en tanto, señaló que "hemos escuchado a distintos sectores hablar de la necesidad de fortalecer una sociedad más moderna, justa y con igualdad de oportunidades. El mismo Piñera lo dijo en su discurso, pero no hay señales concretas al respecto. Es necesario legislar para que todos vean respetados sus derechos, este proyecto busca precisamente este punto, comenzando por la unión civil de personas del mismo sexo", apuntó.

Detalle
La iniciativa establece el contrato de unión civil celebrado por dos personas del mismo sexo, y regula sus efectos, con el objeto de garantizar la igual protección de la ley en el ejercicio de los derechos humanos, sin discriminación alguna por motivos de orientación sexual.
Se agrega, en el artículo 5, que el contrato de unión civil se celebrará por escritura pública suscrita ante notario y en presencia de dos testigos que declaren que las partes no se encuentran afectas a prohibición alguna. El notario deberá insertar la escritura pública en un registro especial que llevará para estos efectos, otorgando copia de ella a las partes.
El proyecto, que también fue apoyado por el diputado DC Sergio Ojeda, establece, además, que durante la vigencia y disolución del contrato de unión civil sus miembros podrán optar por acogerse al régimen de comunidad establecido en el Código Civil, o al régimen que ellos pacten en la escritura pública de celebración del contrato o en otro posterior.
La iniciativa incluye, también, aspectos relativos a la herencia y a los casos en que uno de los miembros sea declarado judicialmente incapacitado, o se hallare ausente. Se establecen mecanismos para la defensa de los derechos de los miembros de este contrato en caso de sentirse perjudicados o agraviados.
Finalmente, el proyecto establece una serie de causales para dar por terminado este contrato de unión civil, comenzando por la declaración expresa de las partes.

25 de mayo de 2010
©la tercera 
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condenan por secuestro a ex jefe militar


Corte Suprema condenó a ex jefe militar por detenido desaparecido. En primera instancia, el caso criminal fue declarado prescrito, sentencia que fue revocada por el máximo tribunal chileno.
[Hernán Espinoza] Talca, Chile. La Corte Suprema dictó sentencia definitiva en la investigación por el secuestro calificado del dirigente del Partido Comunista (PC) Miguel Antonio Figueroa Mercado, ocurrido en la comuna de Villa Alegre en septiembre de 1973, tras el golpe militar encabezado por Augusto Pinochet.
En fallo dividido, los ministros de la segunda sala -Nibaldo Segura, Rubén Ballesteros, Hugo Dolmestch, Carlos Künsemüller y el abogado integrante Domingo Hernández- determinaron aplicar la sanción de tres años y un día de presidio a Claudio Abdón Lecaros Carrasco, ex jefe de la Escuela de Artillería de Linares.
En todo caso, al condenado se le concedió el beneficio de la remisión condicional para cumplir la pena, es decir, en libertad bajo vigilancia de Gendarmería. La resolución se dictó con el voto en contra de los ministros Segura y Ballesteros, quienes estuvieron por aplicar la figura de la prescripción de la acción penal.

Prescripción
En este sentido, dichos ministros coincidieron con el criterio aplicado en primera instancia por la ministra en visita de la Corte de Apelaciones de Talca, Juana Venegas, había determinado la absolución de Lecaros Carrasco aplicando la figura legal de la prescripción.
Pero la propia Corte de Talca –al revisar el fallo- había determinado también condenar a Lecaros Carrasco, con una sanción de 540 días de presidio. En la sentencia original, se estableció que los hechos ocurrieron el 29 de septiembre de 1973, en momentos en que Figueroa Mercado era delegado sindical de un asentamiento campesino del Fundo Peñuelas, expropiado a sus dueños.
En dichas circunstancias, a su hogar llegó una patrulla militar compuesta por unos diez o doce hombres, quienes rodearon la casa del dirigente y procedieron a detenerlo por orden del jefe de plaza de San Javier, sin exhibir ninguna orden formal. A su hija le señalaron que lo llevaban a Linares, pero su paradero es aún desconocido para sus familiares.

24 de mayo de 2010
©el centro 
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entregan restos de dddd del patio 29


Ministro Solís entrega restos de DD.DD del Patio 29. Se trata de las osamentas de dos víctimas que fueron correctamente identificadas por el SML a fines de 2009.
Santiago, Chile. Hasta el Cementerio General llegó, esta mañana, el ministro en visita Alejandro Solís para continuar con la entrega de los restos de detenidos desaparecidos del Patio 29 que fueron identificados por pericias del Servicio Médico Legal y el Laboratorio de North Texas de Estados Unidos.
Se trata de las osamentas de Adrián del Carmen Sepúlveda Farías y Waldemar Segundo Monsalve Toledo quienes fueron individualizados a fines de 2009, diligencia que se realizó en el Memorial de Detenidos Desaparecidos y el Memorial de Ejecutados Políticos del Cementerio General, según informa el poder judicial.
Junto a lo anterior el SML entregó los restos de Raúl Luis Jiménez Barrera, identificado el 22 de enero de 2010. Aún quedan más de 100 pericias por realizar.

21 de mayo de 2010
©la tercera
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origen del malentendido con izurieta


Hasta ahora en el proceso, ni Krassnoff ni Izurieta aparecen mencionados por alguien como cumpliendo funciones represivas en el Estadio Chile después del golpe militar./b>
Santiago, Chile. El brigadier (R) Raúl Jofré González es el autor del conflicto generado en torno al ex comandante en jefe del Ejército y actual subsecretario de Defensa, general (R) Óscar Izurieta, y el crimen del cantautor Víctor Jara.
Si bien en su extensa declaración policial del seis de julio de 2007 de cuatro páginas acerca de qué hizo Jofré y a qué militares vio en el Estadio Chile mientras operó como lugar de prisión, no mencionó el nombre de Izurieta, sí lo hizo tres meses después en su declaración judicial en el proceso por el homicidio del entonces director de Gendarmería, Litré Quiroga, también asesinado en ese recinto.
Jofré no dice que vio a Izurieta en el Estadio Chile ni que éste tendría alguna información acerca de la muerte de Víctor Jara.
El punto es que, siendo aún buscado por la justicia un oficial de Ejército de rasgos germanos, alto, rubio, de ojos claros, altanero, a quienes los ex prisioneros del estadio identifican con el apodo de ‘el Príncipe’ y que sería quien habría dado el primer tiro en la cabeza al cantautor y luego ordenado que sus subalternos lo ametrallaran, Jofré sostiene que, dentro del Ejército, "a las únicas personas que conocí por este apodo fue a Miguel Krassnoff y al actual comandante en jefe del Ejército, el general Óscar Izurieta".
Jofré afirma que al entonces teniente Edwin Dimter a quien desde un comienzo se le ha imputado la identidad de ‘el Príncipe’, no se le conocía en realidad con ese sobrenombre, sino que "era más conocido con ‘el Loco’ por sus rasgos y personalidad".
Esa es la precisa razón por la que la Corte de Apelaciones de Santiago ordenó recientemente al juez de la causa Víctor Jara, Juan Fuentes Belmar, interrogar a Izurieta y Krassnoff, diligencia que el magistrado anteriormente había denegado al Programa de Derechos Humanos del Ministerio de Interior, que la solicitó.
No obstante, hasta ahora en el proceso, ni Krassnoff ni Izurieta aparecen mencionados por alguien como cumpliendo funciones represivas en el Estadio Chile después del golpe militar.

"No Estuve en el Estadio Chile"
El general (R) Óscar Izurieta dijo ayer que "jamás estuve en el Estadio Chile y desconozco toda información de lo que allí ocurrió".
En declaraciones a CNN Chile, el ex jefe del Ejército y actual subsecretario de Defensa, expresó que "estoy sorprendido, nunca supe que alguien haya dado mi nombre en este proceso, pero no tengo nada que ocultar y por eso declararé personalmente y no lo haré por oficio. No tengo vinculación alguna con el caso (Víctor Jara)".

21 de mayo de 2010
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piden excluir de indulto a ex agentes


Lorena Pizarro, presidenta de la AFDD, dijo que la Iglesia nunca pidió indultar al agresor del Papa Juan Pablo II.
[Jorge Escalante] Santiago, Chie. Las agrupaciones de familiares de las víctimas desaparecidas y ejecutadas durante la dictadura demandaron al cardenal Francisco Javier Errázuriz, que la Iglesia Católica excluya explícitamente en su petición de indulto al gobierno, a quienes cumplen condenas por delitos de lesa humanidad cometidos durante el régimen de Augusto Pinochet.
Las dirigentas Lorena Pizarro y Alicia Lira dijeron que, hasta ahora, la Iglesia mantiene una posición ambigua en su planteamiento de indultos al Ejecutivo, en el marco del bicentenario.
"Pedimos al cardenal que la Iglesia diga públicamente que excluirá de su petición a quienes hoy en Chile cumplen condenas por delitos de lesa humanidad, pues ellos jamás han colaborado con la justicia ni mostrado arrepentimiento.
El cardenal dijo que nuestra solicitud de exclusión la va a conversar con la Conferencia Episcopal y se dará una respuesta en su momento", expresó al término de la reunión Lorena Pizarro, presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos.
Agregó que a Errázuriz se le hizo una comparación entre el atentado al Papa Juan Pablo II, y el "terrorismo de Estado en Chile donde se violaron los derechos humanos", en el sentido de que si bien el Papa perdonó a su agresor, éste "cumplió su condena hasta el último día y la Iglesia no pidió indulto para él". Lo mismo, dijo, que debe ocurrir en Chile con quienes cumplen condenas por sus crímenes.
La Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos, que encabeza Alicia Lira, afirmó que recordaron al cardenal que según los convenios internacionales suscritos por Chile "los crímenes de lesa humanidad no son amnistiables ni prescriptibles, por tanto éstos no pueden ser incluidos en un indulto".
Al término de los encuentros realizados separadamente con ambas agrupaciones, Errázuriz declinó conversar con la prensa.
Sin embargo, según Pizarro, el cardenal les manifestó que sería el Ejecutivo el que resolvería finalmente a quiénes se indulta, a lo que se le planteó que "la voz de la Iglesia tiene un peso en el gobierno".

21 de mayo de 2010
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exigen claridad sobre indultos


Indulto bicentenario: Piden excluir casos de la dictadura. Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y de Ejecutados Políticos se reunió con el cardenal Errázuriz para tratar el tema. "Si la iglesia no incluye esta petición significaría que está borrando con el codo lo que se escribió con la mano", declaró la dirigente Lorena Pizarro.
[Jorge Escalante] Santiago, Chile. La Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD) y la de Ejecutados Políticos (AFEP) se reunió esta mañana con el arzobispo de Santiago, cardenal Francisco Javier Errázuriz, al que le solicitaron que la iglesia católica excluya explícitamente de la petición al Ejecutivo de indulto de misericordia por el bicentenario los casos de personas que estén cumpliendo condena por delitos de lesa humanidad durante la dictadura de Augusto Pinochet.
Lorena Pizarro, presidenta de la AFDD, manifestó tras la cita realizada en el Arzobispado de Santiago (Erasmo Escala 1872) que la petición se hizo expresamente porque los familiares señalan que la iglesia ha sido ambigua con expresar lo que le va a pedir al Ejecutivo con respecto a este tema.
La respuesta del cardenal, según palabras de la dirigente, fue que la iglesia no es la que va a resolver a quiénes se va a indultar, sino que el Gobierno. La AFDD le planteó que es muy distinto que en esa petición la iglesia excluya expresamente los casos ocurridos durante el régimen militar.
"Si la iglesia católica no incluye esta petición en el tema del indulto de misericordia, significaría que está borrando con el codo lo que se escribió con la mano", afirmó Pizarro, aludiendo a la defensa a los derechos humanos que la institución religiosa realizó durante la dictadura.
Errázuriz, quien no quiso hablar con la prensa, le informó a la agrupación que le hará saber a la Conferencia Episcopal de esta petición para que vea que pasos tomar.

21 de mayo de 2010
20 de mayo de 2010
©la nación 
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