chile

inesperado hallazgo en caso anfruns

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Ex PDI y juez Gálvez en la mira por grabación en caso Anfruns. "Ya lo raptamos", se escucha en cinta encontrada en los archivos de la Vicaría de la Solidaridad que difundió la madre del niño Rodrigo Anfruns asesinado en 1979.

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[Jorge Escalante] Santiago, Chile. Una cinta con la grabación de una llamada telefónica hecha a la casa de los padres del niño Rodrigo Anfruns tres días después de su desaparición el 3 de junio de 1979, confirmando que se le había "raptado", fue encontrada después de 31 años en la Fundación Archivo de la Vicaría de la Solidaridad.
La grabación, un simple casette, fue entregada por la referida Fundación al juez de la causa Manuel Valderrama, quien fue obligado por la Corte de Apelaciones de Santiago a reabrir el proceso después de cerrarlo sin hallar a los principales responsables del secuestro y homicidio. La Fundación debió buscar la cinta por un requerimiento judicial.
La grabación fue hecha pública hoy por la madre de Rodrigo, Paola Papi, junto al abogado querellante Roberto Celedón.
Extrañamente, en la transcripción de esta cinta adjunta al expediente ordenada en junio de 1979 por el entonces juez de la causa, Ricardo Gálvez, ex ministro de la Corte Suprema, la frase "ya lo raptamos" aparece borrada y reemplazada por la frase "ruido fuerte que tapa la voz y demás sonidos durante algunos momentos".
Según el abogado Celedón, al juez Gálvez le fue entregada una copia del original de la cinta en la que la Brigada de Homicidios de la PDI "manipuló" la grabación justo en la parte en que se dice "ya lo raptamos", para evitar que en el proceso apareciera la figura del secuestro.
"La Policía de Investigaciones engañó a la justicia, sin perjuicio que el ministro Gálvez lo supiera. Lo que hizo aquí la policía fue obstruir la investigación", dijo Celedón.
Y refiriéndose a las múltiples irregularidades que existieron en la investigación judicial conducida por el juez Gálvez, quien determinó que el niño Anfruns fue asesinado por el entonces menor de edad Patricio Pincheira Villalobos, conocido como PPV, el abogado afirmó que "existe una que es la justicia corrupta, y otra que es la justicia engañada, o que se deja engañar".
A su vez, Paola Papi dijo aludiendo a la importante prueba encontrada que "es una vergüenza que estas pruebas salgan de un abogado y no de la justicia".
Cabe destacar que el expediente de la causa estuvo perdido por diez años, hasta que en octubre de 2008 la PDI detuvo en Talca a Sandro Eugenio Araya y Juan Manuel Véliz, quienes estaban en poder del legajo original y pretendían venderlo.
El abogado Celedón sostuvo que ahora pedirá que el antiguo juez Gálvez sea citado a declarar, para que diga si la cinta que el 18 de junio de 1979 le entregó el entonces jefe de la Brigada de Homicidios, José Opazo, venía ya con el audio dañado justo en la parte donde se dice "ya lo raptamos". También pedirá que sea citado a declarar el entonces subjefe de la BH, Raúl Maturana, (dado que Opazo murió) para que diga si sabe si la cinta entregada al juez ya veía intervenida, o la manipulación ocurrió en el tribunal a cargo del ministro Gálvez. Una vez que ambos declaren, estas dos personas podrían ser careadas judicialmente para tratar de determinar quién miente.
Hasta ahora, en el crimen de Rodrigo Anfruns no han podido ser hallados los autores intelectuales y materiales, salvo la extraña autoinculpación de Pincheira Villalobos, quien podría ser el autor de la llamada telefónica grabada.
No obstante, todo apunta a que PPV jamás pudo actuar sólo en el secuestro y el homicidio, además de una innumerable cantidad de actos de encubrimiento y distracción, siendo entonces un adolescente. De acuerdo a los antecedentes de la investigación, los más claros indicios apuntan a que PPV fue utilizado por organismos de seguridad de la dictadura.

1 de junio de 2010
©la nación 

carta al arzobispo de santiago

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Carta de Familiares de Ejecutados Políticos a Arzobispo de Santiago. Asociación pide excluir de petición de indulto a los condenados por violación de derechos humanos.

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Santiago, Chile. Monseñor Francisco Javier Errázuriz, Arzobispo de Santiago,
La Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos valora la posibilidad reunirse con usted para plantearle nuestra alarma, opinión y sentimientos sobre la petición que formulara como representante de la  Iglesia, al Presidente de la República para que  acceda, con motivo de la celebración del bicentenario de la independencia de nuestro país, a indultar a un elevado número de personas que se encuentran cumpliendo condenas en las cárceles chilenas, incluyendo a quienes los tribunales condenaron por cometer crímenes de lesa humanidad.
Estos condenados no sólo cumplen sus penas en condiciones de gran confort, por añadidura recibieron sentencias mínimas considerando la gravedad de los crímenes cometidos, haciendo caso omiso a los convenios internacionales suscritos por Chile. Es conocido también por la opinión pública, que además reciben ilícitos beneficios extra carcelarios como salidas desde sus lugares de reclusión y visitas fuera del reglamento de Gendarmería de Chile.
Recordamos a usted que de acuerdo a los convenios internacionales suscritos por nuestro país y plenamente vigentes en el mundo civilizado, los crímenes de lesa humanidad no son amnistiables ni prescriptibles por tanto no les corresponde ser incluidos en el indulto en cuestión. Nos hemos enterado por la prensa igualmente, que la solicitud de la Iglesia no incluiría en su petición a los llamados "casos emblemáticos", lo que en la práctica significa que sí se propiciaría el indulto para aquellos casos no considerados "emblemáticos". Debe saber Sr. Arzobispo, que para los familiares de víctimas de violaciones a los derechos humanos esta distinción de "emblemáticos" ha sido, desde que empezó a usarse, dolorosa y agraviante. Somos familiares de chilenos y chilenas plenamente participantes de nuestra sociedad, llenos y llenas de sueños yesperanzas, activos y activas constructores y constructoras de un mundo de justicia y libertad por tanto, para los y las familiares nombrar a miles de hombres y mujeres como "no emblemáticos" es un atentado a su dignidad y una afrenta a su memoria.
Señor Arzobispo, ante este llamado, se debió preguntar a los familiares de las victimas. Hubiese sido lo correcto, ya que fueron nuestros  familiares a los que asesinaron sumiendo en el dolor y la tragedia a nuestra familias, pues hasta hoy padecemos las secuelas de que nos arrebataran a nuestros padres y madres, cónyuges, hermanos o hermanas, hijos e hijas, abuelos y abuelas, tíos y tías, nietas y nietos, sólo por pensar diferente o por tratar de terminar con la cultura de la muerte que sufría nuestra patria bajo la dictadura. Nuestra  agrupación  rechaza cualquier beneficio carcelario y el otorgar indultos a los presos condenados por violaciones a los derechos humanos.
Hoy más que nunca queremos  traer a la memoria el trabajo de la Iglesia encabezada por el  Cardenal Raúl Silva Henríquez, quien desafió todos los peligros, incluso de muerte, además de infames actos en su contra, por defender la vida y la libertad de las personas, posición gracias a la cual se evitó que el listado de victimas fuera aún mayor.
Nosotros somos los más interesados en vivir un real estado democrático, y eso pasa por la verdad y la justicia plenas respecto a las violaciones de los derechos humanos, ya que la impunidad anima a los autores intelectuales y materiales, a sus cómplices y encubridores, a repetir los crímenes denunciados cuando lo consideren necesario y justificado según su concepción de orden social, que les llevó a consumar un golpe de estado, derrocar al presidente constitucional, cerrar el parlamento, disolver los partido políticos, censurar la prensa, abrir campos de concentración, instaurar centros de clandestinos de tortura y exterminio, ejecutar personas en forma sumaria y hacerlas desaparecer, desterrar y quitar la nacionalidad a opositores, entre otras medidas.
Con seguridad usted sabrá que de las  5.000 victimas ocasionadas por la persecución y represión ejercidas por la dictadura, sólo 344 causas se encontraban abiertas hasta fines de febrero pasado, por desapariciones, torturas, inhumaciones ilegales y ejecuciones. Por estos procesos han sido encausados 782 militares y civiles, procesados y sentenciados por crímenes contra la humanidad y conocerá también, que solo 62 de ellos se encuentran en "prisión" en cárceles especiales -lo que constituye una discriminación que afecta la dignidad de los otros presos por los cuales aboga la petición de indulto-, y que también hay 156 condenados que duermen tranquilamente en sus casas, sin responder por sus crímenes con un solo día de cárcel. Eso violenta a cualquier persona que solamente exige justicia y recibe impunidad por respuesta.
La mayoría de los autores intelectuales y materiales de los crímenes, sus cómplices y encubridores siguen aún libres sin responder por sus actos. Un indulto para algunos de los pocos condenados sería una nefasta señal para la continuidad de los casos aún pendientes, entre ellos, los  más de mil cien casos sin resolver que nos afectan como agrupación.
En nuestra opinión, la reconciliación, a la que tanto se apela, requiere de reconocimiento de la verdad, arrepentimiento del acto criminal cometido, aceptación de las sanciones que corresponda y reparación del daño causado. A nuestro entender ninguna de estas acciones ha sido realizada por quienes fueron integrantes de las Fuerzas Armadas durante la dictadura militar. Tampoco por quienes colaboraron en las tareas de gobierno o fueron sus partidarios reconocidos. Aún más, intentos posteriores por generar espacios donde pudieran entregar la información que, sin duda tienen – como la llamada Mesa de Diálogo –, han terminado en nuevas frustraciones para los familiares de las víctimas. Por ello  consideramos que no se cumplen condiciones mínimas para indultar a quienes, sin importar el rango, son considerados en los sectores reconocidamente apologistas del legado de la dictadura militar, héroes injustamente tratados por la sociedad.
Nuestra agrupación tiene conocimiento de que otorgar indultos a los violadores de los derechos humanos durante la dictadura militar, es parte de los compromisos que asumió el actual gobierno durante su campaña electoral y nos hemos pronunciado oportunamente al respecto. Sin embargo, consideramos altamente inapropiado que un compromiso político adquirido durante la campaña electoral con sectores que intentan mantener viva la herencia de la dictadura, se esconda detrás de una tan loable intención, como es otorgar un amplio indulto, parte de un gesto rehabilitador, a una gran cantidad de personas que viven en deplorables condiciones dentro de las cárceles chilenas. Nos resulta deseable que la Iglesia se esfuerce por lograr que este indulto sea generoso, sin considerar a los violadores de derechos humanos.
Señor Arzobispo, aspiramos que el objetivo del Cardenal Silva Henríquez siga presente en la actuación de la Iglesia  apoyando la vida, la justicia y la dignidad de las personas, por lo cual aquellos que violaron abusando de su condición de agentes del Estado –cuyo deber es proteger a los ciudadanos-, los derechos más sagrados de sus semejantes, como es entre ellos el fundamental derecho a la vida, paguen sus crímenes de acuerdo a lo dictado por los tribunales de justicia y no se propicien mecanismos que burlen los escasos avances logrados en esta materia. Eso constituiría un acto de impunidad, adverso al ejercicio de la Iglesia practicado en defensa de la vida y la justicia durante los 17 años de terrorismo de Estado, que no dañaría únicamente a los familiares, sino a la sociedad toda.

Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos, Santiago, 20 de mayo de 2010.

©manuel guerrero

no se fían de izurieta

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Familiares de detenidos desaparecidos se refiere a Izurieta en caso Víctor Jara.

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Santiago, Chile. Lorena Pizarro sostiene que es "relevante" que otro militar sindique al ex comandante en jefe del Ejército como ‘el Príncipe’.
La presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD), Lorena Pizarro, se pronunció sobre el llamado a declarar efectuado por el juez Juan Fuentes, al subsecretario de Defensa y ex Comandante en jefe del Ejército, Óscar Izurieta Ferrer, por la muerte del cantautor Víctor Jara.
"No deja de ser un antecedente extremadamente relevante que exista otro militar que sindique a Izurieta como una de las dos personas que se han conocido dentro del Ejército como ‘el Príncipe´", sostuvo la dirigenta , sin especificar la identificación del aludido.
El denominado ‘Príncipe’ es uno de los oficiales que, según los relatos de testigos que estuvieron recluidos en el Estadio Chile durante 1973, estaría implicado directamente en el homicidio del creador de ‘Te recuerdo, Amanda’, entre otros "crímenes contra la humanidad", según Pizarro.
En este sentido, afirmó que dicho "personaje", que aún no ha sido identificado por la justicia, "era de una crueldad extrema", por lo cual "deberán ser los tribunales de justicia quienes determinen si efectivamente esta información es verdadera o no".
Asimismo, agregó que "el Ejército de Chile, del cual fue Comandante en Jefe el señor Izurieta, jamás ha colaborado en estas causas con la justicia".

28 de mayo de 2010
©mercurio de valparaíso 

nueva condena para chacal contreras

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’Mamo’ Contreras suma nueva condena por violaciones a derechos humanos.

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Santiago, Chile. El jefe de la disuelta DINA, general (r) Manuel Contreras, fue condenado hoy a 5 años y un día de prisión por el secuestro calificado del estudiante socialista Sebastián Montecinos Alfaro en 1974.
Junto a Contreras, a una pena similar fueron condenados por la Quinta Sala de la Corte de Apelaciones el ex coronel Marcelo Moren Brito y el ex brigadier Miguel Krasnoff Marchenko, integrantes de la cúpula de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA).
Los 3 se encuentran actualmente en prisión, cumpliendo sentencias por otros casos de violaciones de los derechos humanos que, en el caso de Contreras, suman más de 200 años de cárcel.
Sebastián Montecinos Alfaro, un estudiante de ingeniería y militante del Partido Socialista, fue detenido por agentes de la DINA en su casa y frente a su esposa e hijo de dos años, el 1 de agosto de 1974.
Fue conducido por sus captores hasta el centro de torturas conocido como ‘Londres 38’, en pleno centro de Santiago, donde coincidió con otros prisioneros que sobrevivieron y testificaron después en el juicio.
El nombre del joven fue uno de los 119 que figuraron en la llamada ‘Operación Colombo’.

28 de mayo de 2010
©la nación 

cs archiva caso de armas para ecuador

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Suprema cierra caso por venta de armas a Ecuador. En fallo dividido, el máximo tribunal rechazó reabrir la investigación por la exportación de armas que Famae hizo a Ecuador en 1995.

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[A.Ch.] Santiago, Chile. Aunque la Corte Suprema tuvo una opinión distinta a la del máximo tribunal castrense y a la expuesta por el ministro en visita Joaquín Billard, quien instruyó la investigación por la exportación ilegal de armas a Ecuador en 1995, la conclusión es la misma: sobreseer de manera definitiva y total el proceso.
Ayer, la Segunda Sala puso fin a la causa abierta por la venta de armamento que la Fábrica y Maestranzas del Ejército (Famae) de Chile realizó en 1995 al Ejército de Ecuador, cuando ese país mantenía un conflicto bélico con Perú.
Pero el fundamento de su determinación, a diferencia de las sentencias judiciales anteriores, no está en los plazos de prescripción de la acción penal y tampoco en la existencia o no del delito.
A juicio de los ministros Nibaldo Segura, Jaime Rodríguez, Rubén Ballesteros y Carlos Künsemuller, había una cuestión previa -que fue ignorada por el juez Billard y por la Corte Marcial- que impide reabrir el caso, razón por la cual se rechazó la solicitud del Consejo de Defensa del Estado (CDE).
"Cualquiera fuera la data (…) considerar las primeras tratativas realizadas en 1993, el envío material de las armas en 1995 o la recepción de los dineros por parte de Famae en 1998, en todas esas oportunidades regía el antiguo tenor del artículo 19 de la Ley sobre Control de Armas y Explosivos", reseñan los supremos.
Tal normativa, que sólo fue derogada en mayo de 2005, exigía para iniciar un proceso criminal por este tipo de delito que fuera requerido o denunciado por el ministro del Interior, de Defensa, algún intendente regional, gobernador provincial, director general de Reclutamiento y Movilización de las Fuerzas Armadas, un comandante de guarnición, un prefecto de Carabineros u oficial de la Policía de Investigaciones al mando de una prefectura. Ninguno de estos requisitos que eran una "condición indispensable" se dieron en este caso, concluyen los magistrados.
El voto en contra fue del abogado integrante Luis Bates, quien estimó que como el asunto fue conocido por la justicia militar podía salvarse el requisito omitido y decretarse la reapertura del caso.

28 de mayo de 2010
©la nación 

general izurieta interrogado

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General (r) Óscar Izurieta declara ante la Justicia por muerte de Víctor Jara. El ex comandante en jefe del Ejército fue interrogado por cerca de una hora, a petición del abogado querellante en la causa.

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Santiago, Chile. El ex comandante en jefe del Ejército y actual subsecretario de Defensa, general (r) Óscar Izurieta, fue interrogado hoy por cerca de una hora por el ministro en visita Juan Eduardo Fuentes, quien investiga el asesinato del cantautor Víctor Jara, ocurrido en septiembre de 1973.
El magistrado confirmó que el militar prestó declaraciones como testigo en el comando administrativo del Ejército, conforme a una petición formulada por un abogado del Programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior, querellante en la causa.
El hecho se produce a una semana que se desencadenara la polémica descoordinación entre las autoridades, luego que no se informara oportunamente a Rodrigo Hinzpeter sobre el procedimiento que se llevaría a cabo, a pesar que en el ejercicio de sus funciones debía visar dicha declaración.
Víctor Jara murió víctima de torturas y múltiples disparos tras ser detenido en la ex Universidad Técnica del Estado y ser trasladado hasta el Estadio Nacional.
Su cuerpo sin vida fue lanzado a un terreno baldío, siendo reconocido posteriormente.

27 de mayo de 2010
©estrella de valparaíso

indultar a criminales es complejo

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Gobierno: Tratar indultos a ex militares es "complejo". Ante deceso de condenado en Punta Peuco, Ministro Bulnes comentó la dificultad de acoger demanda de familiares y ex camaradas. AFDD estimó que argumentar libertad por enfermedades es un "aprovechamiento".

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Santiago, Chile. Como una decisión compleja definió el Ministro de Justicia, Felipe Bulnes, la referida a eventuales indultos a ex militares condenados por violaciones a los derechos humanos, ante la muerte de uno de estos en el penal de Punta Peuco.
El jefe de Estado partió enfatizando que en el caso del ex suboficial de Ejército, Héctor Vallejos, fallecido anoche en el Hospital Penitenciario, mientras cumplía condena por el crimen de un matrimonio en 1973, su indulto fue negado por el anterior gobierno.
Apuntó que "esta solicitud de indulto fue presentada por el condenado el 2 de marzo, o sea, fue presentada durante principios de este año y fue rechazada por la anterior administración, no fue un tema que nos correspondiera como gobierno".
Sin embargo, y anticipándose al debate, estimó que "por supuesto que cada vez que se presente una solicitud de indulto tratándose de una persona que está experimentando razones humanitarias es un tema muy difícil de resolver, es un tema complejo".
El secretario de Estado explicó esa complejidad, en el marco de una visita al penal Santiago I, que en estos casos "se combinan por un lado la natural misericordia también con la idea que nuestro compromiso de hacer cumplir la ley".
La Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, en tanto, cuestionó la posibilidad de que la muerte de Vallejos haga rebrotar las demandas de familiares y cercanos que piden la intervención presidencial a favor de los ex militares presos.
La vicepresidenta de esta entidad, Mireya García, comentó que "eso es un aprovechamiento injustificado que no tienen ninguna explicación, que no tiene ninguna justificación"."Así son los misterios de la vida, ¿no? La vida y la muerte son parte de nuestra existencia y eso de ninguna manera implica que por ejemplo en los casos de violadores a los derechos humanos tengan que quedar libres por que sufrieron una enfermedad", consideró.

26 de mayo de 2010
©la nación 

criminal pinochetista murió en la cárcel

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Muere en prisión ex militar condenado en causa de derechos humanos. Héctor Vallejos, que cumplía reclusión en Punta Peuco por crimen de matrimonio argentino-mexicano, falleció víctima de un cáncer.

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Santiago, Chile. Víctima de un cáncer falleció anoche el suboficial (r) del Ejército, Héctor Vallejos Birtiola, que permanecía recluido en el penal especial de Punta Peuco, por violaciones a los derechos humanos bajo la dictadura de Augusto Pinochet.
El ex militar falleció a los 71 años, a las 22:35 horas de este martes en el Hospital Penitenciario, de acuerdo a radio Cooperativa, víctima de un cáncer vesicular terminal agravado por una crisis diabética por la cual le habían amputado su pierna derecha.
Vallejos cumplía pena de 5 años y un día de cárcel por el homicidio del matrimonio del argentino Bernardo Lejderman y la mexicana María del Rosario Ávalos, el 8 de diciembre de 1973, al interior de Vicuña, en la Región de Coquimbo.
Hace una semana, miembros de la Corporación 11 de Septiembre, junto a funcionarios en retiro de las Fuerzas Armadas, se manifestaron frente al Palacio de La Moneda en donde dejaron una carta dirigida al Presidente Sebastián Piñera en favor de reos de ese sector.
En la manifestación citaron el ejemplo de Vallejos de quien dijeron ese día "se está muriendo" en el centro asistencial penal.
En el escrito solicitaron al Jefe de Estado que, dentro de sus facultades constitucionales y legales, termine dentro del presente año la situación de los uniformados en retiro "presos por razones políticas".
Recluido en el recinto del norte de Santiago el 13 de agosto de 2009, el ex suboficial solicitó el indulto presidencial por razones humanitarias al Gobierno el que fue rechazado en marzo último por el ex Ministro de Justicia, Carlos Maldonado.
Vallejos Birtiola fue condenado junto al brigadier (r)de Ejército, Fernando Polanco Gallardo, y el suboficial mayor (r), Luis Fernández Monjes.
Los Lejderman Ávalos tenían un hijo llamado Ernesto a quien los mismos militares, sentenciados por el crimen del matrimonio, decidieron llevar hasta una institución religiosa donde fue criado.

26 de mayo de 2010
©la nación