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embajador otero justifica dictadura

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Otero niega defensa de violaciones a los derechos humanos. Embajador en Argentina dijo haber sido "ingenuo" en la entrevista en que habló sobre la dictadura y asumió que fue una respuesta "innecesaria".

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Santiago, Chile. El embajador de Chile en Argentina, Miguel Otero, salió a aclarar sus dichos al diario Clarín de ese país, en que señaló que la mayoría de los chilenos no sintió la dictadura de Augusto Pinochet, ante la polémica en que algunos incluso piden que deje el puesto en Buenos Aires.
El diplomático, que esta mañana se reunió en Santiago con el canciller (s), Fernando Schmidt, en un encuentro citado previamente y en el que no se trató este tema de acuerdo a la versión oficial, negó haber defendido violaciones a los derechos humanos.
"Reconozco que fue una opinión absolutamente innecesaria y no debí aceptar la entrevista. Lo lamento mucho, no he querido ofender a nadie y nunca ha sido mi intención defender las violaciones a los derechos humanos", dijo a radio Agricultura.
Agregó que cree que "se ha dado una importancia a algo que no es así, me hicieron una entrevista que duró dos horas y lo que sale es un resumen mínimo destinado a crear noticia que no corresponde a lo que realmente dije".
Otero está en el foco de la polémica, en la que incluso debió reaccionar el canciller Alfredo Moreno, luego de haber señalado al medio trasandino que  "la mayor parte de Chile no sintió la dictadura. Al contrario, se sintió aliviada" y que "si no hubiese existido el pronunciamiento, Chile hoy sería Cuba".
En sus explicaciones de este lunes aseguró haber sido "ingenuo" porque "en el contexto dije que lo históricamente correcto, nunca quise poner a mi gobierno en un escenario negativo".
Respecto de la bullada entrevista relató que le preguntaron por "la situación de Chile al momento del pronunciamiento y por qué habíamos quedado conformes después de haber pasado una guerra civil, hecho histórico que  reconoce todo el mundo".
"Lo que nunca dije fue que estuviese de acuerdo con la dictadura y siempre he condenado las violaciones a los derechos humanos. No defendí al régimen militar (…) Han hecho una tempestad en un vaso de agua y han desdibujado mis declaraciones", apuntó.
Insistió en que "nunca he justificado crímenes a los derechos humanos. En la entrevista condené toda violación a los derechos humanos. Nunca he hecho una política partidista. Que hubo hechos reprobables, los condené en el Senado y nunca defendí a la dictadura".
"El gobierno de Piñera no está metido en un zapato chino... decir lo que dije no lo pone en ese lugar. La entrevista no debí haberla aceptado. Si alguien se siente ofendido por lo que dije, lo lamento. No quise ofender a nadie", apuntó.
Consultado por los llamados desde la Concertación a que deje su cargo, indicó que "la intención  de pedir la renuncia no es contra el embajador, es perjudicar al presidente de la República".
"Nunca he querido poner al Presidente en esta situación. Al que tengo que pedirle disculpas es a él (...) por una inconsecuencia mía, al no entender que me hayan sacado de contexto, lo lamento", consideró.

7 de junio de 2010
©la nación 

reencuentran expediente aldoney

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Expedientes de caso Aldoney son hallados en subterráneo. Ocho expedientes de la Fiscalía Naval de Valparaíso adjuntos a los siete tomos del proceso por el secuestro y desaparición del ex regidor socialista fueron sacados de su contenedor.

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[Jorge Escalante] Valparaíso, Chile. La primera causa por violaciones de los derechos humanos cometidas por oficiales de la Armada en servicio activo que llega a la Corte Suprema, está sumida en un extraño episodio.
En abril pasado, expedientes relacionados con el caso de Jaime Aldoney Vargas, remitidos a la Corte Suprema por la Corte de Apelaciones de Valparaíso el 13 de julio de 2009, fueron hallados en un subterráneo del Palacio de Tribunales, en Santiago, fuera de su contenedor oficial porque el sello del empaque que los contenía fue violado.
El envío desde Valparaíso comprendía dos cajas conteniendo los siete tomos del expediente por el secuestro y desaparición del dirigente socialista, incluyendo un sobre sellado con otros ocho expedientes adicionales de procesos instruidos por la Fiscalía Naval de Valparaíso en contra de prisioneros, conocidos como "causas ancla".
El sello de aquel sobre fue violado y los ocho expedientes "ancla" aparecieron diez meses después del envío en el referido subterráneo, adjuntos a una causa ajena al caso Aldoney cuyos expedientes habían sido enviados a la Suprema también por la Corte de Valparaíso pero en diciembre de 2009.
Cuando el 31 de marzo de 2010 un relator de la Corte Suprema abrió el sobre referido, esos expedientes "ancla" no estaban dentro.
Según explicó a La Nación el vocero de la Corte Suprema y juez de la sala penal de ese tribunal, Nibaldo Segura, el error habría sido de la Corte de Apelaciones de Valparaíso porque "esos expedientes no vinieron (desde Valparaíso) el mismo día y llegaron por vía diferente y por ello aquí en Santiago se separaron". Lo mismo explicó el actual relator de la causa Aldoney en la Suprema, Alejandro Rivera, quien confirmó que, en todo caso, cuando el sobre en cuestión fue abierto, los expedientes no estaban y sólo había otras piezas procesales.
En todo caso, en la Corte de Valparaíso explicaron a este diario que desde allí se envió a la Suprema todo lo que debían "el 14 de julio de 2009, día en que el correo retiró las dos cajas, incluyendo esos expedientes". Así lo establece el oficio conductor Nº 183-2009.

En Marzo Puesta en Tabla
La causa había sido puesta en tabla para la vista por la sala penal en marzo de 2010, pero esta pérdida provocó que volviera a salir de la lista. Como última instancia, la sala penal debe resolver el recurso de casación de la defensa de los siete oficiales ya en retiro de la Armada condenados, recurso interpuesto por el abogado Carlos Portales que aboga por la absolución total de sus representados.
Además, la sala penal debía resolver la casación de la parte querellante por la víctima, recurso con que los abogados Luciano Utinel, por la familia de Aldoney, y Karina Fernández por el Programa de Derechos Humanos del Ministerio de Interior, buscan elevar las penas de los autores, cómplices y encubridores del crimen.

"Importante Retardo"
"Fue curioso que los expedientes perdidos aparecieran en ese subterráneo justo al día siguiente del lunes 17 de mayo pasado, cuando con la abogada Karina Fernández fuimos a hablar de esta extraña situación con la presidenta de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, Dinora Cameratti, quien ha estado muy preocupada porque en esta corte han sido muy diligentes en todo esto", dijo el abogado Luciano Utinel.
"Esto ha provocado un importante retardo para que la sala penal pueda ver y resolver en esta causa", afirmó Utinel.
A su vez, la abogada Karina Fernández confirmó que "al otro día que fuimos a hablar con la presidenta de la Corte de Valparaíso por esta situación, desde esa corte me llamaron para avisarme que desde la Suprema les habían avisado del hallazgo de los expedientes perdidos".
Consultado el abogado defensor Carlos Portales, expresó que "esto es normal que ocurra en tribunales, que los expedientes de extravíen y después aparecen, aquí no hay nada raro, lo que pasa es que en estas causas los querellantes siempre le andan buscando el cuesco a la breva".
En este escenario, hasta ahora la causa aún no es vista por la Sala Penal de la Suprema, aunque fue repuesta en tabla al día siguiente de que La Nación pidiera una audiencia con el presidente de la Corte Suprema, Milton Juica. Pero ahora, la causa volvió a salir de tabla porque la defensa de los oficiales volvió a pedir otros expedientes "ancla".
El ex regidor socialista, hermano del ex intendente de Valparaíso, Gabriel Aldoney, fue torturado en la base aérea naval El Belloto y su cuerpo fue lanzado al mar.

Los Condenados en la Causa
Los condenados en la causa, todos en retiro, son de acuerdo a la sentencia de la tercera sala de la corte de Valparaíso: el contralmirante Ernesto Huber von Appen, tres años y un día (fue absuelto en primera instancia por el juez de la causa Julio Miranda), y los capitanes de navío Patricio Villalobos Lobos, Pedro Arancibia Solar, Jaime Undangarín Romero y Germán Valdivia Keller, sentenciados a tres años y un día (habían sido condenados a cuatro años). Además, los capitanes de navío Guillermo Vidal Hurtado, 541 días (había sido condenado a 320 días por el juez Miranda) y Sergio Mendoza Rojas, 540 días (recibió en primera instancia 75 días de presidio).

7 de junio de 2010
©la nación

pinochet también ladrón

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Allende (PS): Fortuna de Pinochet fue enriquecimiento ilícito. La senadora del Partido Socialista (PS), Isabel Allende, afirmó que el último peritaje realizado por el juez Manuel Valderrama sobre la fortuna de Augusto Pinochet, confirma que hubo enriquecimiento ilícito por parte del fallecido dictador y su familia.

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Santiago, Chile. "Con el sueldo de Comandante en Jefe no se amasa una fortuna como la que estamos constatando", afirmó la parlamentaria al referirse al reciente informe sobre la fortuna de Pinochet y la estimación de su magnitud en US$ 21 millones por parte del juez Valderrama, de los cuales US$ 19 millones no tienen respaldo ni justificación.
Este informe, manifestó la socialista significa un impulso para la investigación, pues "llevamos muchos años esperando el fin de este proceso que aún no culmina. Por lo menos el ministro Manuel Valderrama ha recibido el peritaje de la Facultad de Economía de la Universidad de Chile, que indica una fortuna de US$ 21 millones, donde US$19 millones no tienen justificación ninguna. Estas cifras son diferentes a los US$28 millones de fortuna que entregó la Bridec de la PDI. Pero, más allá de las cifras, lo importante es que se reafirma que no hay ninguna justificación, como siempre lo ha pretendido la familia, de la fortuna de Pinochet".
La senadora Allende aprovechó estos nuevos antecedentes para criticar la levedad con que se han tomado la gravedad de los hechos y para hacer hincapié en la falta de probidad del ex dictador.
"Volvemos a reiterar el reclamo por la vista gorda que se ha hecho frente a esta situación. Pinochet, además de ser un dictador faltó a la honestidad que se espera de los gobernantes. Acá hay un enriquecimiento que no tiene explicación", dijo.
Por lo mismo, la parlamentaria pidió terminar con la sensación de impunidad que rodea a la familia de Pinochet y llamó a la justicia a actuar con mayor diligencia.
"Esperamos que la justicia ponga más diligencia y cierre de una vez por todas este proceso sin dejar en la impunidad a una familia que siempre estuvo por encima la ley. Después de 17 años de una de las dictaduras más atroces sigue aún presente la sensación de impunidad, pues no se sabe si los miembros de la familia están o no involucrados", agregó.
Finalmente, Isabel Allende pidió a la justicia "terminar este proceso para no seguir en la nebulosa de la impunidad, y junto con ello debe determinar y responsabilizar a sus cómplices".

7 de junio de 2010
©la nación 

19,5 millones de dólares robó dictador

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Caso Riggs: informe fijó en US$21 millones fortuna de Augusto Pinochet.

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Santiago, Chile. Una exhaustiva auditoría ordenada por la Corte Suprema fijó en 21 millones de dólares la fortuna de Augusto Pinochet Ugarte y su entorno, de la cual 19,5 millones no tienen legítima justificación contable.
La investigación realizada por peritos de la Facultad de Economía de la Universidad de Chile fue entregada ayer al ministro Manuel Valderrama (en la foto), en la forma de un documento de 70 páginas, con varios anexos, en el marco de la investigación por blanqueo de fondos que persiste contra el grupo familiar de Pinochet, luego de que se descubrieran cuentas suyas, de algunos de sus hijos y cercanos colaboradores en Estados Unidos.
Valderrama explicó que "es un total de 21 millones y fracción de dólares. Hay una parte que está justificada que es todo lo relativo a lo que él percibió por concepto de remuneraciones de distintas fuentes, que son cerca de dos millones de dólares, y lo demás está en estudio respecto al origen de ese dinero".
Los expertos de la Universidad de Chile tuvieron como contrapartes en la indagatoria a peritos del CDE, que actúa como querellante, y de la defensa de Lucía Hiriart y sus hijos.
El abogado Eduardo Contreras, que entabló la primera querella contra Pinochet por violaciones de los derechos humanos, puso en duda que sólo haya acumulado 21 millones de dólares.
"Es muy fácil en un sistema como el nuestro ocultar fortunas poniendo los recursos a nombres de terceros y de sociedades", dijo Contreras.

6 de junio de 2010
5 de junio de 2010
©la nación

quince años más para chacal contreras

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La Corte de Apelaciones de Santiago dictó este miércoles nuevas condenas contra el general (r) Manuel Contreras y otros oficiales en retiro del Ejército, en dos procesos que investigaron cinco casos de detenidos desaparecidos durante la dictadura de Augusto Pinochet.

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Santiago, Chile. La Octava Sala del tribunal de alzada sentenció al ex jefe de la disuelta Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), a 15 años de prisión por los secuestros de Jaime Robotham Bravo y Claudio Thauby Pacheco, detenidos el 31 de diciembre de 1974 en Santiago.
La misma pena deberá cumplir el coronel (r) Fernando Lauriani Maturana, mientras los brigadieres (r) Pedro Espinoza y Miguel Krasnoff y los también coroneles (r) Marcelo Moren Brito y Rolf Wenderoth fueron condenados a diez años y un día.
El fallo ratificó de forma unánime la sentencia dictada en primera instancia por el juez Alejandro Solís y determinó además una pena de cinco años y un día para Daniel Cancino Varas.
En la parte civil el tribunal ordenó al Estado pagar a diez familiares de las víctimas una indemnización de cincuenta millones de pesos para cada uno.
Jaime Robotham y Claudio Thauby, miembros del Partido Socialista y compañeros en la carrera de Sociología de la Universidad de Chile, fueron detenidos juntos en la vía pública y llevados al centro de torturas conocido como Villa Grimaldi.
Robotham fue visto por última vez en ese sitio el 1 de febrero de 1975, según testimonios de sobrevivientes a la represión y su nombre apareció meses después en una lista de 119 presos políticos que, según sostuvo el régimen, se habían matado entre ellos en luchas internas del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR).
El episodio fue conocido como "Operación Colombo" y fue una maniobra de la dictadura para encubrir la desaparición de esos 119 prisioneros.
Claudio Thauby, en tanto, había sido cadete militar y por esa razón fue torturado de forma atroz por los agentes que lo tildaron de traidor. Fue visto por última vez el 12 de enero de 1975.
La mayoría de los sentenciados se encuentra actualmente en prisión, cumpliendo condenas por otras violaciones a los derechos humanos ocurridas durante la dictadura de Pinochet (1973-1990).
En el caso del general Contreras, acumula condenas por más de 200 años de prisión.
En otro fallo la misma sala de la Corte de Apelaciones aumentó las penas de primera instancia y agregó un condenado en el juicio por las desapariciones de Antonio Soto Cerna, Luis Mahuida Esquivel y Luis González Mella, secuestrados por agentes de la DINA en noviembre de 1974 en el sector sur de Santiago.
En este juicio, llevado en primera instancia por el juez Juan Eduardo Fuentes Belmar, el tribunal condenó al general Manuel Contreras a 10 años y un día de prisión y a 5 años al también general (r) Raúl Iturriaga Neumann.
La misma pena se aplicó a Manuel Carevic Cubillos, Risiere Altez y Hugo Hernández Valle, mientras que el ex coronel de Gendarmería (Servicio de Prisiones) Orlando Manzo Guzmán fue absuelto, al no comprobarse su participación.
Salvo Contreras, los otros condenados recibieron el beneficio de la libertad vigilada.
En primera instancia, Iturriaga, Carevic y Altez habían sido condenados a tres años y un día, mientras Hernández había sido también absuelto.
En la parte civil el tribunal ordenó al Estado el pago de 25 millones de pesos a una familiar de una de las víctimas.
Soto, Mahuida y González eran militantes del MIR y fueron vistos por supervivientes en diversos centros de detención de la dictadura.

3 de junio de 2010
©la nación 

cien nuevas querellas por ddhh

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Suprema asigna centenar de nuevas querellas por derechos humanos a ministro Carroza. El máximo tribunal del país, reunido ayer en una sesión extraordinaria, adoptó una serie de medidas para hacer más eficaz la tramitación de causas por violaciones de los derechos humanos.

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[A. Ch. / J. E.] Santiago, Chile. Una serie de reactualizadas medidas para hacer más eficaz la tramitación de causas por violaciones de los derechos humanos en los distintos tribunales del país adoptó ayer el pleno de la Corte Suprema, tras reunirse en una sesión extraordinaria y a pocas horas de que la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos (AFEP) presentara un centenar de nuevas querellas en el Palacio de Tribunales.
En total, anunció la agrupación, las acciones judiciales que interpondrán llegarán a las mil 197, lo que incrementará notablemente el trabajo de los tribunales.
Según informó el presidente (S) del máximo tribunal, Urbano Marín, "hemos tenido que asumir esta función de investigar y creemos que lo hemos hecho bien, en el sentido de establecer los hechos que han significado atropellos de los derechos humanos, imputar -cuando se ha podido- las responsabilidades y juzgarlas de acuerdo a las normas que rigen en la materia".
En Santiago, la Suprema designó para la instrucción de todas las nuevas causas por delitos de lesa humanidad al ministro del tribunal de alzada Mario Carroza. Sin embargo, en el acuerdo adoptado ayer, los supremos advierten que será posible nombrar a un segundo ministro en visita extraordinario si el número de procesos que pudieren iniciarse lo hace necesario. El resto de las cortes del país también podrá designar a uno o dos jueces para la tramitación de nuevas causas. Hoy existen 23 ministros, a nivel nacional, a cargo de casos de DDHH.

Ejecutados Políticos
Las 100 querellas interpuestas ayer fueron patrocinadas por el abogado Eduardo Contreras, y en ellas colaboró una veintena de estudiantes de la Escuela de Derecho de la Universidad de Chile. Si son acogidas a tramitación, se sumarán a las poco más de 300 causas que se instruyen en el país.
Según la presidenta de la AFEP, Alicia Lira, éstos son casos en los que, a la fecha, "no existe un proceso abierto". De acuerdo con los informes Rettig de 1991 y el posterior consolidado de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación de 1996, el total de "muertos" o "ejecutados" durante la dictadura es de dos mil 095 y son mil 102 los desaparecidos.

3 de junio de 2010
©la nación

juez en la mira en caso anfruns

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Ex PDI y juez en la mira por cinta en caso Anfruns. La prueba fue hecha pública por Paola Papi, madre del menor, y su abogado Roberto Celedón. En el casete se reconoce que al niño "lo raptamos", pero esa frase aparece borrada en la transcripción adjunta al expediente.

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[Jorge Escalante] Santiago, Chile. Una cinta con la grabación de una llamada telefónica a la casa de los padres del niño Rodrigo Anfruns, tres días después de su desaparición el 3 de junio de 1979, comunicando su "rapto", fue hallada en la Fundación Archivo de la Vicaría de la Solidaridad 31 años después.
La fundación, que buscó la prueba por un requerimiento judicial, entregó la cinta al juez Manuel Valderrama, a quien la Corte de Apelaciones de Santiago le ordenó reabrir el proceso por considerar que había cabos sueltos en la investigación. La grabación la hizo pública la madre del menor, Paola Papi, junto al abogado que representa a la familia, Roberto Celedón.
La transcripción de la cinta adjunta al expediente fue ordenada en junio de 1979 por el entonces juez de la causa, Ricardo Gálvez, ex ministro de la Corte Suprema. En la transcripción, la frase "ya lo raptamos" aparece borrada y reemplazada por el texto "ruido fuerte que tapa la voz y demás sonidos durante algunos momentos", pero en el original esas palabras se escuchan nítidas.
Según el abogado Celedón, al juez Gálvez le fue entregada una copia de la cinta original que la Brigada Investigadora de Homicidios (BH) de la Policía de Investigaciones (PDI) "manipuló" para ocultar aquella parte de la grabación donde se escucha "ya lo raptamos" y así evitar que en el proceso judicial apareciera la figura del secuestro.
"La Policía de Investigaciones engañó a la justicia, sin perjuicio de que el ministro Gálvez lo supiera", dijo Celedón.
Además, refiriéndose a las múltiples irregularidades del proceso instruido por el juez Gálvez, el abogado afirmó que "existe una que es la justicia corrupta, y otra que es la engañada, o que se deja engañar". Este magistrado determinó, en su momento, que el niño fue asesinado por el entonces menor de edad Patricio Pincheira Villalobos, conocido como P. P. V.
Paola Papi dijo que "es una vergüenza que estas pruebas salgan de un abogado y no de la justicia".
El expediente de la causa estuvo diez años perdido, hasta que en octubre del 2008 la PDI detuvo a Sandro Araya y Juan Véliz, quienes tenían el legajo original y pretendían venderlo.
El abogado Celedón pedirá que Gálvez declare, para que diga si la cinta que le entregó el entonces jefe de la Brigada de Homicidios, José Opazo, venía ya con el audio dañado en la parte mencionada. También pedirá que declare el entonces subjefe de la BH Raúl Maturana (dado que Opazo murió), para que diga si la cinta entregada al juez ya veía intervenida, o si la manipulación ocurrió en el tribunal a cargo de Gálvez. Hasta ahora, en este crimen no han sido hallados los autores intelectuales y materiales, salvo la inculpación de Pincheira, quien podría ser el autor de la llamada telefónica grabada por la familia del niño.
Según los querellantes, siendo un adolescente, Pincheira no pudo actuar solo en el secuestro y homicidio. Su tesis apunta a que, a quien querían secuestrar, era al hijo del agente de la CNI Luis Iraçabal, relacionado con un tráfico de armas desde Famae donde fue director. Éste era hijo del coronel del mismo nombre, casado con la suegra de Paola Papi.
Ayer, el ministro Valderrama le tomó declaración en el Hotel Militar.

2 de junio de 2010
©la nación 

chilena entre secuestrados

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Chilena detenida por Israel es hija de víctima de la CNI.

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Palestina. La ciudadana sueca de origen chileno Kimberly Soto Aguayo, detenida en el ataque israelí a la flota que transportaba ayuda humanitaria a Gaza, es hija de una víctima de la dictadura de Augusto Pinochet.
Su padre, Juan Ramón Soto Cerda, militante del Partido Socialista, fue asesinado por la CNI, en noviembre de 1981, según consta en el Informe Rettig sobre violaciones a los derechos humanos elaborado en 1991.
Poco después, ella se exilió en Suecia, país que acogió a miles de víctimas de la dictadura chilena, junto a su hermana y a su madre, quien posteriormente falleció.
Kimberly Soto viajó recientemente a Chile para conocer el fallo por el homicidio de su padre, que se hizo público el 18 de marzo, según informó la periodista Lucía Sepúlveda, especialista en casos de violaciones de derechos humanos.
En esa condena de primera instancia, el juez Joaquín Billard impuso doce años de prisión a dos ex agentes de la CNI, y seis años de cárcel para otros dos antiguos miembros del temible organismo represor.

1 de junio de 2010
©la nación