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comisión valech recibe casos

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Comisión Valech inicia hoy recepción de casos. La instancia creada en 2003, bajo el gobierno de Ricardo Lagos, reanuda este miércoles su trabajo en Chile y el extranjero, a través de las gobernaciones y consulados. Habrá seis meses para entregar información sobre nuevos casos y aquellos que no fueron calificados en el proceso anterior, siempre que existan nuevos antecedentes.

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[A. Ch. / L. A.] Santiago, Chile. Desde hoy y hasta el próximo 17 de agosto la Comisión Nacional sobre la Detención Política y la Tortura creada por el ex presidente Ricardo Lagos en 2003, más conocida como Valech, retoma su trabajo y comienza a recibir nuevos antecedentes sobre víctimas de violaciones de los derechos humanos bajo el régimen militar. Transcurrido ese plazo, la instancia se abocará otros seis meses a la calificación de los casos.
Así lo confirmó ayer el ministro secretario general de la Presidencia, José Antonio Viera-Gallo, quien llamó a las personas que cumplan con los requisitos a acercarse desde hoy a la instancia "para dar a conocer su situación y ver si califican para recibir los beneficios que establece la ley".
La comisión busca ampliar las reparaciones económicas a personas cuyos casos no alcanzaron a ser ingresados durante el proceso anterior así como a quienes habiendo presentado sus casos a las comisiones Valech y Rettig no fueron calificados. Esta reevaluación, no obstante, está condicionada a la presentación de nuevos antecedentes.
Durante el proceso de calificación la instancia contará con la asesoría de un equipo multidisciplinario integrado principalmente por abogados, asistentes sociales y sicólogos.
Al término de su mandato, la comisión elaborará una nómina con las personas que hayan sido calificadas, reseña un comunicado de la institución.
Se recibirá antecedentes de todas las personas que, entre el 11 de septiembre de 1973 y el 10 de marzo de 1990, estuvieron "en prisión por razones políticas y/o sufrieron torturas, así como familiares de detenidos desaparecidos, víctimas de ejecuciones políticas y de secuestros y atentados contra la vida cometidos por particulares bajo pretextos políticos".
Actualmente, los casos aceptados por la comisión son cerca de 28 mil y las pensiones mensuales para los beneficiarios son de aproximadamente los $121 mil.
El presidente de la instancia continuará siendo monseñor Sergio Valech mientras que los miembros designados son la delegada presidencial para materia de derechos humanos María Luisa Sepúlveda, el abogado Miguel Luis Amunátegui, su par Luciano Fouillioux, el senador (PRSD) José Antonio Gómez, la sicóloga Elizabeth Lira Kornfeld y los abogados Lucas Sierra y Álvaro Varela.

Atención a Público
La sede de la comisión está ubicada en Santiago, calle Phillips 451, Edificio Presidente, a pasos del Metro estación Plaza de Armas. Los interesados tendrán que solicitar una hora de atención, entre las 9 y las 18 horas, llamando con antelación al teléfono 800 411 400. Sólo se atenderá a quienes hayan requerido hora de atención por este medio. Es importante acudir a la entrevista con la cédula de identidad y los documentos que tengan en su poder, informó la comisión.
En regiones, la recepción de testimonios será vía gobernaciones y en el extranjero a través de los consulados de Chile. La instancia recordó además que toda gestión es gratuita y sólo podrá efectuarla el interesado o sus familiares directos.

AFDD: "Hay Que Estar Alerta"
La presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD), Lorena Pizarro, dijo que lo más importante de esta reapertura es que miles de personas que, por distintas circunstancias, no hicieron la denuncia en su momento, ahora podrán hacerlo. Serán parte de esta reparación integral que va más allá de las pensiones. Se trata de que el Estado asuma y reconozca a las víctimas.
La dirigenta reiteró sus críticas a la comisión porque no incluye víctimas de violencia política, lo que a su juicio crea "ciertos rasgos de impunidad" y al corto período en que funcionará.
Frente a que esta comisión sesionará durante la administración de Sebastián Piñera, indicó que "hay que estar alerta … así como peleamos de manera incansable contra la dictadura vamos a estar muy atentos en todo lo que pase en los distintos planos que involucran los derechos humanos (...) hablamos de una derecha que tiene en sus filas a ex ministros de la dictadura", dijo.

17 de febrero de 2010
©la nación 

comisión valech reinicia funciones

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Derechos humanos: Comisión Valech retoma funciones por 6 meses. "No hay ningún atraso", dijo el ministro Viera Gallo respecto a la reinstalación de la entidad que recopilará nuevos casos de víctimas de violaciones de derechos humanos durante la dictadura militar.

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Santiago, Chile. El ministro secretario general de la Presidencia José Antonio Viera Gallo confirmó que desde hoy reanudó sus funciones la Comisión Nacional sobre la Detención Política y la Tortura, conocida como Comisión Valech.
La instancia tiene 6 meses para recopilar nuevos casos de víctimas de violaciones de derechos humanos durante la dictadura militar.
"No hay ningún atraso", dijo el ministro, en referencia a críticas de sectores del mundo de los Derechos Humanos, que habían expresado su inquietud por los tiempos que tomó la reinstalación de la instancia.
Viera Gallo precisó que "hay 6 meses de ahora en adelante para que las personas que tengan los requisitos puedan acercarse a la comisión para dar a conocer su situación y ver si califican para recibir los beneficios que establece la ley".
Respecto al Instituto de Derechos Humanos, Viera Gallo comentó que tendrá su primera asamblea en la primera quincena de marzo, para constituir su consejo, establecer su planta funcionaria y su estructura.  Debe "instalarse como se instaló el Consejo para la Transparencia, esa será tarea del próximo Gobierno que tiene que cumplir el mandato de la ley", precisó.
La Comisión Nacional sobre la Detención Política y la Tortura tiene su sede en el pasaje Phillips Nº 451, piso 3, comuna de Santiago (Estación Metro Plaza de Armas, línea 5). Sui teléfono de contacto es el 800 411 400.

17 de febrero de 2010
©la nación 

las 150 leyes secretas de la dictadura

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A 20 años del régimen militar, todavía no es posible transparentar estos textos con que la junta liderada por Augusto Pinochet traspasó fondos, modificó la Ley del Cobre, pagó sobresueldos y designó a los fiscales militares que se hicieron cargo de los arbitrarios consejos de guerra en contra de prisioneros políticos.

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[John Dinges y Jorge Escalante] Santiago, Chile. Las leyes secretas dictadas bajo la dictadura aún siguen ocultas para la ciudadanía a 20 años del fin del régimen militar. ArchivosChile, entidad en que participa LND, indagó en 150 de estos textos legales y constató que más del 74% de ellos tuvo relación con la modificación y el aumento de las plantas de las Fuerzas Armadas.
El primer beneficiado fue el Ejército que, a través de 13 leyes, aumentó su personal de planta en poco más de 4 mil efectivos, un 13,3% si de manera conservadora se calcula que sus efectivos eran unos 30 mil en 1980, aunque, de acuerdo al analista de Defensa Eduardo Santos, ese año esta rama castrense habría bordeado los 80 mil hombres en una cifra no oficial.
Los aumentos en las plantas de la Armada, Fuerza Aérea, Carabineros y la policía civil no resaltan de manera destacada en estas 150 leyes, que fueron publicadas en el Diario Oficial en ediciones restringidas.
Ocho de estos textos tuvieron por finalidad introducir modificaciones a la Ley 13.190 -conocida como Ley del Cobre-, que aseguró a los militares el 10% de las ventas del metal rojo. Cada uno de estos cambios "mejoró" esa condición, llegando a establecerse, a través del Decreto Ley 984 del 11 de abril de 1975, un doble seguro. En él se dispuso aquel año que "si la cantidad total del rendimiento del 10% fuera inferior a US$90 millones, la diferencia deberá ser completada por el fisco".
Ya en 1985, la Ley 18.445 del 7 de octubre de ese año reguló que si la cantidad total de ese 10% era inferior esta vez a US$180 millones, igualmente el fisco estaba obligado a completar la diferencia.
Dos años más tarde, el 23 de junio de 1987, los jefes militares adquirieron todavía más poder respecto de las platas del cobre cuando la Ley 18.628 determinó que "para la inversión de estos fondos, el acuerdo del citado organismo (se refiere al Consejo Superior de la Defensa Nacional) deberá contar con el voto favorable de los comandantes en jefe del Ejército, Armada y Fuerza Aérea".
Por efecto de esta legislación secreta, entre 1978 y 1981, Augusto Pinochet no sólo obtuvo US$442 millones del Banco Central y la Tesorería General de la República para fines no determinados, sino también se atribuyó poderes para obtener en Austria 1.864 millones de chelines, que entonces equivalían a unos US$250 millones.
Las leyes 3.466 y 3.467 del 12 de agosto de 1980, que lo autorizaron para "contraer obligaciones" en esa cantidad de la moneda austríaca, establecieron que, en todo caso, sería el mismo Pinochet quien fijaría "el destino de los recursos".
Hasta ahora se desconoce el destino de esos fondos austríacos, como también adónde fueron a parar los 442 millones de dólares obtenidos para el Ministerio de Defensa y las cuentas reservadas del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea. Para este último monto obtenido a través de seis de estas leyes, ArchivosChile y LND, invocando la Ley sobre Acceso a la Información Pública, demandaron a las instituciones referidas la desclasificación de la documentación que exista. Lo mismo se hará ahora respecto de los fondos provenientes de Austria.

Pena de Muerte
En pleno auge de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), la pena de muerte obtuvo por un momento un carácter legal entre las cuatro paredes en las que se dictaron todas estas disposiciones entre 1973 y 1990. La Ley 1.629, dictada el 15 de diciembre de 1976, determinó que morirían quienes, una vez decretado el estado de "movilización nacional" de las Fuerzas Armadas, divulgaran noticias de ésta o "secretos" de ella, por cualquier medio. La misma pena capital llegaría a dictarse contra quienes "dificultasen" esa decisión militar.
La Ley 521 del 16 de junio de 1974 creó la DINA. El secretismo de sus artículos 9, 10 y 11, que trataban de cuestiones de coordinación y facultades de arresto, fue ampliamente superado con el tiempo al conocerse los horrores cometidos para exterminar a una franja de la sociedad chilena. Lo mismo sucede con la ley que después de 1977 creó a su continuadora, la Central Nacional de Informaciones (CNI). No obstante, la Ley 2.881 del 22 de octubre de 1979, que "dicta normas para el personal y fija planta funcionaria", dictada cuando la CNI ya estaba operando, aporta el dato de que esta organización represiva fue inicialmente formada con 552 funcionarios. Esta planilla, al menos en 1987, ya se había multiplicado por cinco.
La Academia de Guerra del Ejército resultó favorecida con estas disposiciones. Mediante la Ley 1.177 del 8 de septiembre de 1975, la Junta Militar dispuso que los terrenos del entonces Instituto Forestal de Chile, correspondientes al lote 5 del Fundo La Reina en esa comuna de Santiago, fueran traspasados a este centro militar. La ley dice que el traspaso se efectuó mediante "compra".
Otra de estas leyes, dictada el 29 de octubre de 1976, otorgó a Pinochet la facultad de vender el barco de pasajeros de propiedad de la Armada El Argonauta, que hacía viajes turísticos bordeando la costa de Valparaíso y otras ciudades de esa región.
La legislación secreta de los militares también devela que, al menos en la Armada, sus funcionarios recibían "sobresueldos" para mejorar sus ingresos fiscales, hecho que nunca fue conocido públicamente durante el período castrense, ni tampoco en los 20 años de los gobiernos de la Concertación.
Dos de estas leyes, la número 1.589 del 29 de octubre de 1976 y la 1.599 del 17 de noviembre de ese mismo año, autorizaron a la Subsecretaría de Marina para "traspasar" más de un millón de dólares desde "Servicios Generales de la Marina" y "Material Militar, Policial y Gestión de Maniobras de la Armada" al ítem "Sobresueldos".

Los Fiscales
La Ley 543 del 31 de diciembre de 1974 designó a algunos fiscales militares en tiempo de guerra, que se hicieron cargo de algunos de los arbitrarios consejos de guerra en contra de prisioneros políticos. Entre ellos, figuran los coroneles Óscar Medel Ramírez y Juan Toro Dávila, los capitanes de navío de la Armada Críspulo Escalona Fernandois, Hernán Badiola Bröberg, Lautaro Sazo Lizana y Sergio Barra von Kretschmann. Este último resultó ser un destacado agente de la DINA. También fue comandante de la Academia de Guerra Naval de Valparaíso durante el tiempo en que allí se torturó a centenares de prisioneros, entre ellos al sacerdote Miguel Woodward, asesinado posteriormente a bordo del buque escuela Esmeralda y cuyo cuerpo hasta hoy se encuentra desaparecido. Barra von Kretschmann es justamente uno de los oficiales hoy retirados de la Armada que se encuentra procesado por la jueza Eliana Quezada de Valparaíso por el secuestro y desaparición de Woodward.
De Carabineros, la ley designó como fiscales para este fin a los coroneles Rolando Carrasco de la Fuente, Jorge Vidal Moreno y Carlos Ortega Rubio. Otras de estas disposiciones secretas se refirieron a la creación de un Comité de Asuntos Espaciales, modificaciones de estatutos de las FFAA, Carabineros y la Policía de Investigaciones, establecer exenciones tributarias para los intereses de los créditos otorgados desde el exterior a las "Instituciones de la Defensa Nacional", y disponer que el Centro de Estudios Nucleares del Ejército trabajara conjuntamente con la Comisión Chilena de Energía Nuclear, a la que la Ley 1.507 del 21 de junio de 1976 le concedió por 30 años el uso gratuito de los terrenos ubicados en el sector de Lo Aguirre, al poniente de Santiago.

Defender la Herencia
El 5 de agosto de 2003, ocho diputados de la Concertación, entre ellos los DC Gabriel Ascencio y Jorge Burgos y el socialista Fidel Esponza, ingresaron un proyecto de ley para transparentar las leyes secretas. Pero luego de múltiples trámites legislativos e informes de comisiones parlamentarias, hasta ahora la iniciativa legal no ha prosperado.
El analista en Defensa Eduardo Santos dice que esta tardanza se debe a que "ni a los militares ni a los parlamentarios les interesa mucho levantar el secreto de estas leyes ni derogar algunas de ellas". Sostiene que "a los militares, por ejemplo, la Ley del Cobre les sigue asegurando un piso de fondos importante. Y a los parlamentarios, la existencia de estas leyes, como la del cobre, les ahorra tener que explicar los gastos en Defensa a sus electores que tienen carencias, porque estos gastos están cubiertos por esa ley. De alguna manera hay una conveniencia mutua".
Santos asegura que "la Ley del Cobre y el 10% para los militares va a permanecer por lo menos cuatro años más antes de que se apruebe el cambio que se pretende hacer ahora, sobre todo con las desavenencias existentes entre las Fuerzas Armadas y el Ministerio de Hacienda, que, en el nuevo sistema propuesto, quiere controlar cada peso que se gaste en defensa".
El analista tiene una explicación para el importante aumento de la planta del Ejército bajo el período del régimen militar que revelan estas leyes. "No es que quiera justificar nada, pero en agosto de 1975 se suponía que Perú iba a invadir Chile por Arica, y en diciembre de 1978 se iba a desatar el conflicto armado con Argentina", explica.
En otra interpretación, Santos afirma que "el Ejército tuvo que aumentar considerablemente su personal bajo el régimen de Pinochet, por un lado porque había que cubrir los cargos del Estado, y por otro porque había que contar con un conjunto de torturadores que no cumplían precisamente altas funciones en el Estado".
Otras fuentes militares, que desde dentro del Ejército prefieren mantener en reserva su identidad, aportan otro análisis. Al menos dos de ellas coinciden en que uno de los objetivos fundamentales de Pinochet hasta el último momento, antes del fin del régimen militar, fue fortalecer y hacer perdurar en generaciones la herencia de su gestión al mando de la institución y sobre todo a la cabeza del Estado.
"Por eso a Pinochet le importaba mucho ampliar la franja de la oficialidad joven, y ello se lograba justamente aumentando considerablemente las plazas de oficiales, como se aprecia a través de este tipo de leyes secretas", cuentan.
Hasta ahora, más allá de gestos imposibles de no realizar por el Ejército, como rendirle honores y admitir que su comandante en jefe, el general Carlos Prats, fue asesinado por hombres de sus propias filas, estas fuentes militares que permanecen en servicio activo aprecian que la figura y el régimen de Pinochet continúan siendo "venerados" y hasta "recordados con nostalgia por no poca oficialidad que se vio beneficiada con el interesado tiraje de la chimenea que impulsó Pinochet". Se refieren a "los hombres leales" del dictador.
Como se aprecia, la mayoría de estas leyes secretas, de las cuales existen copias controladas en varias instituciones, hoy tienen poco de tal calidad y muchas de ellas ya se encuentran superadas por el tiempo y los acontecimientos. Pero continúan con ese resguardo. "Las Fuerzas Armadas siempre han sido secretistas, pero también porque hay intereses en que ellas se mantengan con ese carácter", dice Santos.
Sin embargo, existe un par de decenas más de este tipo de leyes que permanecen en poder de la Contraloría General de la República y del Senado, y que forman parte de aquellas que no fueron publicadas en ediciones restringidas del Diario Oficial. Ellas han sido ya debidamente solicitadas invocando la Ley sobre Acceso a la Información Pública.

ArchivosChile es una iniciativa del Centro de Investigación e Información (Ciinfo) de Washington, el Instituto de Comunicación e Imagen de la Universidad de Chile y La Nación Domingo.

14 de febrero de 2010
©la nación

nuevas declaraciones contra ex fiscal

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Ex fiscal militar acusado de violaciones de los derechos humanos. Podlech (75) fue arrestado en julio de 2008 en el aeropuerto español de Barajas en cumplimiento de una orden de detención emitida por las autoridades italianas.

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Roma, Italia. Los nuevos testigos chilenos prestaron declaración contra el ex fiscal militar Alfonso Podlech, quien está siendo enjuiciado en Roma por la muerte del ex sacerdote italiano Omar Venturelli en septiembre de 1973, según consigna Radio Cooperativa.
Se trata de Jorge Acuña y Rodrigo Chávez quienes lo reconocieron como el fiscal militar de Temuco tras el golpe. El jueves pasado entregaron su testimonio ante el tribunal italiano Iván Ljubetic, Bernardita Baiser y Alonso Azócar, quienes también atribuyen a Podlech responsabilidad en la desaparición del sacerdote.
Podlech (75) fue arrestado en julio de 2008 en el aeropuerto español de Barajas en cumplimiento de una orden de detención emitida por las autoridades italianas. El 13 de agosto fue extraditado a Italia y encarcelado en la prisión de Rebibbia, en Roma.

13 de febrero de 2010
©la nación 

le dantec implicado en masacre de paine

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Familiares de Desaparecidos: No a la designación de Le Dantec. AFDD estimó que supuesta implicación del general en el caso de las víctimas de Paine lo inhabilita para el cargo de Jefe del Estado Mayor Conjunto.

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Santiago, Chile. La Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD) cuestionó el nombramiento del general Cristián Le Dantec como Jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, por su supuesta implicación en el caso de desaparecidos de Paine.
La organización señaló que Le Dantec, nombrado en el inédito cargo el viernes por la Presidenta Michelle Bachelet, es uno de cuatro generales del Ejército que figuran como imputados por la desaparición de 22 campesinos de Paine en 1973.
La entidad señala que mientras "esa participación no sea resuelta, Le Dantec simplemente no puede asumir la responsabilidad que le ha sido asignada" y demandan que el general sea cesado "y removido" de las filas de las instituciones armadas.
La Agrupación consideró "grave" que tanto el Ministerio de Defensa como la Presidenta Bachelet "hayan obviado los hechos que lo inhabilitan, designándolo jefe del Estado Mayor".
La AFDD recordó que en 2008, mientras era encargado de Finanzas del Ejército, fue uno de cuatro generales que debieron declarar ante el juez Héctor Solís por el secuestro y asesinato de los campesinos de Paine.
Los cuatro se presentaron de forma voluntaria, tras ser incluidos en una lista de 36 oficiales graduados en agosto de 1973 y destinados en la Escuela de Infantería al ocurrir los secuestros de los campesinos.
Tropas de esa escuela capturaron a estas personas y las trasladaron hasta las cercanías del lago Rapel, donde los asesinaron y sepultaron sus cadáveres en una fosa.
En 2007 la investigación del juez Solís permitió el hallazgo de 311 "evidencias culturales" (botones, trozos de camisas, de zapatos, anillos o lentes) que sirvieron para acreditar el crimen.
El juez estableció que la orden de asesinato provino de los coroneles Leonel Konig y Pedro Montalba de la Escuela de Infantería, los que ya murieron, pero, según la AFDD, aún indaga la participación directa de otros dos oficiales uno de los cuales podría ser Cristián Le Dantec.

Ejército Aclara Situación de Le Dantec
Ante el revuelo que ha causado el nombramiento del general Le Dantec como jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, fuentes del Ejército aclararon a Lanacion.cl que, en este caso, los 36 oficiales recién egresados en agosto de 1973 y destinados a la Escuela de Infantería fueron llamados a declarar como testigos por el ministro Héctor Solís en calidad de testigos y no de inculpados, hecho que se demuestra en el dictamen emitido por el magistrado el 29 de diciembre de 2008 y que se adjunta en la presente nota.

8 de febrero de 2010
©la nación

preocupación por ddhh en chile

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La promesa que el empresario les hizo a los militares en plena campaña, de tratar de prescribir la acción penal contra todos los procesados por violaciones a los derechos humanos, sólo causó alarma en las víctimas y calentó el clima para su asunción.

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[Christian Palma] Santiago, Chile. Cuando el presidente electo de Chile, Sebastián Piñera, se reunió –sin prensa– en noviembre pasado con 700 militares en el histórico Círculo Español de Santiago, se granjeó de inmediato el repudio de buena parte de Chile, en especial de las agrupaciones de detenidos desaparecidos, que aún siguen clamando justicia por las aberraciones de la dictadura que encabezó Augusto Pinochet entre 1973 y 1990.
Si bien meses después el político-empresario logró imponerse en las urnas, alcanzando el sillón principal de La Moneda, no debe perderse de vista que menos de 100.000 votos lo separaron del candidato de la Concertación, por lo que, a simple vista, puede apreciarse que Chile se mantiene dividido entre la derecha y el centroizquierda.
En ese escenario, Piñera asumirá el mando de la nación el próximo 11 de marzo. Dos días antes se celebra en Chile el Día de la Mujer. La fecha servirá además para que la presidenta saliente, Michelle Bachelet, se despida con una gran manifestación masiva. Aprovechando esa ocasión, diversas organizaciones contrarias al nuevo gobierno se manifestarán en contra de la llegada de la derecha al poder. Estas mismas entidades, encabezadas por la Agrupación de Empleados Fiscales (ANEF) y la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), entre otras, adelantaron que saldrán a la calle también el día de la asunción, pues reclaman que el plan de gobierno de Piñera no reconoce los derechos de los trabajadores, por lo cual pretenden dejar en claro –desde el primer día– de qué manera jugarán los sindicatos en esta nueva cancha.
Todos estos episodios serán la antesala del 29 de marzo, un día con historia en Chile. En 1985, en plena dictadura, dos muchachos de 20 y 18 años murieron baleados en un confuso incidente con carabineros. Se trataba de Eduardo y Rafael Vergara Toledo, asesinados cerca de la combativa y popular Villa Francia. Ambos militaban en el Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) y participaban activamente de actos en contra del régimen militar. En esa fatal jornada, los Vergara Toledo fueron ejecutados por agentes estatales, estando ya heridos y en poder de quienes los acribillaron. La fecha quedó grabada a sangre y fuego y pasó a llamarse "el Día del Joven Combatiente", donde cada año se han producido diversas protestas, primero contra el régimen militar y luego contra los errores de la Concertación. Pues bien, si ya Piñera encarna la cara de la derecha (basta recordar a las viejas pitucas celebrando con bustos de Pinochet el día que ganó las elecciones) y representa al sector más neoliberal chileno (incluido el mundo empresarial, que se hizo rico en dictadura), la promesa que les hizo a los militares en plena campaña electoral de tratar de prescribir la acción penal contra todos los procesados por violaciones a los derechos humanos, trayendo, por consiguiente, la exculpación y el cierre de los juicios, no sólo causó alarma en las víctimas de violaciones sino que calentó el clima de una jornada que se supone poco tranquila, el menos en las calles.
El periodista Jorge Escalante, experto en derechos humanos, plantea que "más allá de que Piñera encarne a la derecha hay descontento, primero porque no representa a la mayoría de los chilenos, segundo, no hay seguridad de que siga con la línea trazada por la Concertación en temas sensibles; tercero, le debe muchos favores a la derecha extrema (la Unión Demócrata Independiente, UDI, partido ultraconservador) y cuarto, la cita con los militares pro Pinochet el año pasado encendió todas las alarmas". Junto a ello, el abogado de derechos humanos Hugo Gutiérrez y la presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD), Lorena Pizarro, afirmaron que el hecho de que Piñera prometiera trabajar desde el Ejecutivo para que los jueces apliquen la prescripción en estos procesos significa: impunidad.
El tema no será fácil de llevar para Piñera. Basta recordar que hace unas semanas, cuando Bachelet inauguró el Museo de la Memoria, lugar dedicado a los afectados por la dictadura, el escritor peruano y confeso admirador de Piñera, Mario Vargas Llosa –invitado de lujo para la ocasión–, se comió la abucheada de su vida. Sólo la actuación de la fuerza pública impidió que los chiflidos pasaran a más.
A esto debe adicionarse que el programa de campaña de Piñera indicaba que se abogará por la "verdad y la justicia", pero al mismo tiempo "se avanzará en forma consensuada hacia una auténtica reconciliación", aunque nunca explicó cómo se realizará. Respecto de la legislación internacional en materia de derechos humanos y su aplicación en Chile, señala que se avanzará en la adecuación de nuestras instituciones jurídicas, para lo que se hace necesario modificar el Código Penal "y ajustar nuestra legislación interna al derecho humanitario convencional", sin especificar con qué fin. El programa agrega que "Chile debe insertarse plenamente a la comunidad internacional vinculada con los derechos humanos y con los organismos internacionales", reconociendo que "Chile está inserto en la comunidad internacional y en una institucionalidad de derecho internacional que convencionalmente lo obliga". Sin embargo, este planteamiento "internacionalista" del programa está en directa contradicción con la prescripción de los crímenes de lesa humanidad que Piñera prometió a los militares.
En cuanto a la implementación del Instituto de Derechos Humanos, organismo impulsado por el gobierno de Michelle Bachelet, el programa señala que "implementaremos esta nueva institución para darle autonomía efectiva, independencia y eficacia en su acción".
Todo lo anterior choca con unas de las últimas intervenciones de Bachelet como presidenta en estos temas: "Sólo con la verdad podremos seguir uniéndonos como comunidad, garantizando la convicción cívica indispensable en toda democracia que, finalmente, es lo que pone a recaudo los derechos de las personas".

7 de febrero de 2010
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confirman identificaciones en patio 29

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Los restos corresponden a Benjamín Jaime Videla Ovalle, Héctor Orlando Vicencio González y Eduardo Emilio Toro Véliz. Así lo determinó las pericias efectuadas por el Laboratorio University of North Texas Health Science Center.

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Santiago, Chile. El ministro en visita de la Corte de Apelaciones de Santiago, Alejandro Solís, confirmó este jueves las identidades de las osamentas de tres personas desenterradas desde el Patio 29 del Cementerio General, sumándose a los otros casos revelados por el magistrado.
Las pericias, realizadas en el Laboratorio University of North Texas Health Science Center, que tienen resultado de un 99, 99 por ciento de probabilidad de identificación, permiten establecer que los restos corresponden a Benjamín Jaime Videla Ovalle, Héctor Orlando Vicencio González y Eduardo Emilio Toro Véliz.
Los análisis se realizaron luego de la auditoría científica realizada en la Unidad de Genética del Servicio Médico Legal y de la designación en marzo de 2007 del denominado Panel de Expertos que integraron los médicos forenses María Cristina de Mendoza y Francisco Etxeberría y el genetista Rhonda Robby.
Videla Ovalle fue detenido en octubre de 1973 a la edad de 28 años, por efectivos de Carabineros en el sector de Vicuña Mackenna con Avenida Matta, supuestamente por infringir un toque de queda.
Vicencio González tenía 24 años cuando fue apresado en su residencia, alrededor de las 11:00 horas, el 20 de septiembre de 1973, por no contar con el carnet de identidad. Luego fue subido a un camión militar, sin que hasta ahora se tuviera mayor información sobre sus restos en el Patio 29.
Toro Véliz desapareció a la edad de 42 años, el 6 de octubre de 1973, a las 21:00 horas aproximadamente, en las inmediaciones de la plaza Italia, lugar donde tenía su domicilio.
Las identidades confirmadas esta jornada se suman a las de Waldemar Segundo Monsalve Toledo; el integrante de la Juventud Comunista Pablo Ramón Aranda Schmied, y el ejecutado político Nelson Omara Muñoz Torres entregadas a principios de diciembre de 2009 y las de Juan Carlos Díaz Fierro, Ricardo Octavio López Elgueda y Adrián del Carmen Sepúlveda Farías entregadas a fines de ese mismo mes.

5 de febrero de 2010
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horrores de villa baviera

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Los horrores que siguen vivos en Villa Baviera. Por primera vez, Georg Laube cuenta las torturas contra niños alemanes al interior de Colonia Dignidad y la impunidad de los victimarios que hoy deambulan libres. Acá una crónica sobre la lucha de él y Heinz Kuhn para que alguien los oiga, en español o alemán. Hasta ahora, ni la justicia chilena ni en Berlín quiere enfrentar esta realidad.

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[Luis Narváez] Noche de verano en Parral, 1970. Al interior, el campo se prepara para las cosechas. Hombres y mujeres, familias de campesinos, descansan para enfrentar la dura jornada. Aki tiene 8 años. A diferencia del resto de los niños que viven en el sector, no logra conciliar el sueño. Tiene miedo. Está desnudo y acostado de espaldas, dibujando con la mirada los detalles de un techo que no puede ver. Una lámpara que cuelga de una viga ilumina la sala común. Sus amigos y otros niños -unos 12- yacen tendidos en la misma posición que él, petrificados, con las manos pegadas al cuerpo sin poder moverse ni decir nada. Algunos se han orinado y sólo el olor interrumpe la lectura bíblica de la celadora. La mujer -de falda larga, pelo en moño, manos rudas y zapatos bajos- cierra el libro negro, deja los anteojos sobre el escritorio y se para en dirección a ellos. De un solo tirón hace saltar del catre al pequeño, que en sollozos le anuncia al resto lo que ninguno de ellos quiere oír.
La ‘Neukra’ (anexo del hospital) era una instalación ubicada a un costado del Hospital de Villa Baviera. Poco se sabe de lo que allí ocurrió. Como casi todo lo relacionado con los horrores sufridos por los alemanes que allí vivieron, ha pasado inadvertido dado el interés por esclarecer los crímenes cometidos contra chilenos durante la dictadura.
Estos hechos no se han investigado en 40 años. Los torturadores conviven hoy con sus víctimas dentro de un régimen que, en el papel, aparece como integrado a la legislación chilena.
Heinz Kuhn (78), un ex colono que se fugó de la Colonia Dignidad en 1968, durante los últimos 25 años se ha dedicado a denunciar los horrores que padecieron sus compatriotas y enfrentó personalmente a Schaefer.
"No es posible que en plena democracia no se le haya dado justicia ni reparación a mis compatriotas que hasta hoy viven con miedo y con los traumas que les dejó el tiempo que vivieron esclavizados por Paul Schaefer. Nadie responde por ellos", denuncia Kuhn.

Horrores
Pese a las ofertas de su gobierno para irse a Europa tras su fuga, Kuhn decidió quedarse. A él se debe el éxito de los escapes más emblemáticos registrados en la década de 1980. Pero los costos han sido altos: dos de sus hijos murieron. Posteriormente, estando integrado a la comunidad de Los Ángeles, donde reside, la sociedad local le dio vuelta la espalda debido a la influencia que el jerarca de la colonia tenía entre el empresariado y las autoridades dictatoriales locales de la época. Sólo hace algunos días, después de todo este tiempo, el Club Aéreo de la ciudad le rindió un homenaje por su aporte a la organización, a la que pertenecía en aquellos tiempos.
Para Heinz, los horrores que vivieron los alemanes en la colonia no son tan diferentes de los que padecieron millones de judíos en la Alemania nazi.
"Esta semana se conmemoraron los 65 años de la liberación de (el campo de concentración) Auschwitz y todas las potencias mantienen su rechazo respecto a los crímenes cometidos allá. Pero no se han preocupado de que en Chile, ciudadanos alemanes fueron esclavizados, abusados, torturados y asesinados con experimentos durante más de 45 años y nadie hace nada por repararnos", dice con rabia el viejo alemán, a quien le han negado una pensión de gracia.
Con actitud de padre, Kuhn ha ido y venido clandestinamente desde la Villa Baviera, para mantener contacto con algunos de los cerca de 130 alemanes que aún viven allá.
Kuhn organizó diferentes fugas y por ello acumuló antecedentes de la participación de la DINA en este recinto, bajo el mando de Manuel Contreras y otros. Entre los datos inéditos que recopiló, existe una lista de los autos de los prisioneros desaparecidos, 14 en total, entregada por uno de los fugados y que finalmente fueron encontrados en 2004.
Tras colaborar con publicaciones en revistas nacionales, donde dio a conocer los atropellos contra chilenos y colonos alemanes y los abusos contra niños, fue hostilizado al punto de tener que ser protegido por policías. Su labor secreta, incluso, lo llevó a trabajar mucho tiempo con el Departamento V de Asuntos Internos, que investigaba violaciones de los derechos humanos, y con el FBI.
Durante los ’90, desfilaron autoridades por su casa buscando información sobre desaparecidos en la colonia.
Un hijo suyo ayudó a financiar pasajes para colonos fugados y también trabajó con senadores y diputados, ayudando a las familias chilenas que tenían hijos abusados sexualmente por Schaefer.
Kuhn sostiene que "con la dilatación de los diferentes procesos judiciales hasta hoy, estas familias aún no reciben indemnización y ningún ayudante activo del depravado Schaefer está tras las rejas". Pese a su avanzada edad, Kuhn hasta hoy busca que el gobierno alemán ayude a los alemanes que fueron víctimas de abusos sexuales y torturas. "Yo quiero que muchos de ellos sean escuchados, al menos una vez en su vida, ante un grupo de alemanes encargados de los derechos humanos. Escribí muchas cartas a diferentes autoridades en Berlín. Pero nada pasa hasta hoy. Qué lástima", concluye Kuhn.

Sin Familia
Aki tiene hoy 48 años. Sólo hace unos meses decidió salir del enclave. "Me torturaron, me aplicaron electricidad por mucho tiempo siendo un niño, me encerraron. Cuando tenía siete años me hacían trabajar como animal, en pleno sol de verano, y nuestros vigilantes nos pegaban con látigos en la espalda desnuda cuando no rendíamos. Era con muy poca comida y poco agua. sufrimos mucho de sed y hambre", recuerda.
Su verdadero nombre es Georg Laube. Llegó a Chile en 1962, siendo un bebé. Sus padres eran férreos seguidores de Schaefer. La prueba de lealtad quedó inmortalizada en una imagen a la entrada del Juzgado de Parral, cuando periodistas y reporteros gráficos creían que habían fotografiado por primera, en 40 años, a Schaefer. Pero no era él, sino el padre de Georg, quien se hizo pasar por el ex cabo nazi del Ejército alemán.
Nunca vivió con sus padres ni con sus hermanas. Aún tiene tatuado en su cuerpo y su mente los años de dolor, castigos, golpes de electricidad y las lagunas de recuerdos provocadas por drogas que le inyectaron. Muchos recuerdos y traumas que se quedaron en la Neukra.

Por Primera Vez Da una Entrevista
¿Cuál es su primer recuerdo de Paul Schaefer?
Yo tenía cuatro años y estábamos jugando con amigos y unas niñas. De pronto, Schaefer apareció delante de todos los niños en calzoncillos. Eso me dio mucho asco. Con seis años me llevaron a la oficina de Schaefer y ahí estaba él. Me dijo que me parara frente a su escritorio y él fue a sacar de un cajón un bastón y me comenzó a pegar. ¡Me pegó tan fuerte! Yo me caí y él seguía pegándome. Me pegó hasta que se cansó. Después tenía que sacarme toda mi ropa y él tenía un equipo de electricidad y me puso corriente en todas partes: en los testículos, cabeza y partes blandas, fue muy cruel.

¿Qué recuerdos tiene de su familia?
Nunca tuve una familia. Yo me recuerdo que siempre estaba con los otros niños castigados y nunca nos mezclábamos con los padres ni con los hermanos. A mi hermana Edith no la he visto desde hace 15 años, aunque vivía cerca, y en 30 años no he hablado ni una palabra con ella.

¿Qué edad tenía para el golpe de 1973?
Yo tenía 12 años y escuchábamos a los más grandes hablar sobre los terroristas, de los comunistas.

En ese tiempo, ¿sabían de prisioneros políticos en la Colonia?
Sí, claro. Se veían llegar camiones militares y camionetas y vehículos de la DINA. Todos amigos de Schaefer.

¿Cómo le consta que eran prisioneros?
Después de la Neukra me mandaron a la sastrería y me obligaban a dormir encerrado en ese lugar. La sastrería estaba arriba de la Kartofelkeller (bodega de papas) y a partir de una noche comencé a escuchar mucho movimiento de personas en una especie de subterráneo que allí existe. Por las noches eran increíbles los gritos. Escuché golpes y gritos muy fuertes de personas que sufrían y era evidente que eran chilenos por cómo hablaban. En los gritos me di cuenta de que estaban torturando con corriente, porque a nosotros nos pasó lo mismo. Yo tenía mucho miedo, pensando que un día me llevarían allí.

¿Alguna vez pudo ver los rostros de estas personas?
Nos tenían prohibido salir. Pero una vez que pude salir, fui a mirar. Vi varias veces a alemanes andando con un balde de lata y una tapa de madera con un botón rojo. Yo pensaba que allí las víctimas hacían sus necesidades. Los alemanes eran Karl van den Berg, Johann Spatz y Heinrich Neufeld. Después, por curiosidad, fui a ver y me di cuenta de que el lugar (bodega de papas) estaba transformado en varias piezas con paredes de madera, igual como las de la Neukra. En una pieza estaba un dormitorio con varias camillas y duchas.

¿Este lugar fue utilizado para torturarlos a ustedes?
No, allí nunca nos llevaron. En mi caso, me torturaron en varios lugares, pero el peor de todos fue la Neukra, donde estuve dos años. Allí pasé mi peor período.

¿Qué pasaba en ese lugar?
Nos encerraban y nos hacían acostarnos en unas camas que estaban ordenadas en fila, en una gran sala iluminada por una lámpara. La guardia nos puso algodón en el oído y un paño negro sobre la cabeza. Así teníamos que dormir desnudos, de espalda y los brazos pegados al cuerpo. No nos podíamos mover, porque si no, nos pegaban fuerte. No pasé ni una noche sin corriente en el cuerpo y siempre en los genitales y tan cruel. Parece que a los torturadores les gustaba mucho ver sufrir los niños. Una vez me llevaron afuera al baño, me echaron en el suelo y dos hombres grandes con dos equipos de corriente me pusieron en todo el cuerpo diciéndome "chancho de mierda". Tenía los ojos vendados con una toalla y la boca tapada con otra. Siempre diciéndome que si gritaba me lo harían diez veces más.

¿Fueron las únicas veces? ¿Hasta cuándo duró esto?
Una vez me echaron en plena noche en una tina, en el mismo lugar, con agua fría y además me pusieron corriente en el cuerpo hasta que el cuerpo se puso azul por tanto frío. Las torturas y golpes fueron hasta 1990. Allí fue la última vez que me pegaron.

¿Y los niños-víctimas dónde están?
Todo este grupo está fuera de la colonia, en Alemania o en el sur de Chile. Ninguno ha denunciado a alguien de los victimarios. Salieron de la colonia con las manos vacías. Algunos con hijos y varios no pudieron tener hijos por las torturas. Los jerarcas han logrado que nadie se atreva a denunciarlos. Cuando se fue Schaefer, empezaron a pedir perdón y dijeron que nadie debía tocar el tema otra vez, si no, Dios nos iba a castigar fuerte. Por mala conciencia, nadie se atreve. Y ellos terminan su vida tranquilos en la misma Colonia Dignidad.

¿Quiénes eran los que torturaban a los niños?
Gert Muecke, Karl van den Berg, Irenios Nikolai, Heinrich Hempel, Manfred Skrabs, Reinhard Döring, Helmut Seelbach, Hanz-Jürgen Blank, Klaus Scholz. Y de las mujeres: Ursula Schwöll, Helene Skrabs, Gesa Kunde,Ruth Gert y varios más. Y las víctimas de la Neukra fueron Werner Schmidtke, Reinar Schmidtke, Andreas Schmidke, Karl-Heinz Schmidtge, Bernd Schaffrik, Gert Spatz, Joachim Zeitner, Hartmut Zeitner, Hrald Lindemann, Werner Schaak y Georg Laube. Rolf Schaffrik y Manfred Schaffrik los cuales que ya murieron.

La Salida
¿Nunca pensó en escapar?
Durante mucho tiempo lo pensé, pero entre el miedo y no tener a nadie afuera me hizo postergar la decisión. Y pensaba que si yo me arrancaba sería un traidor, como Judas traicionó a Jesús y me iría derecho al infierno.

¿Y finalmente por qué decidió irse?
Porque el sistema anterior sigue, pero más escondido. Los hijos de los fieles de Schaefer (jerarcas) tienen el poder ahora y no aguantan a nadie que no sea fiel a la línea antigua. Y todos los que piensan que son revolucionarios, chilenos o adoptados, los echan a un lado. Formaron un círculo muy cerrado de fieles como si fueran seleccionados de Dios. No es posible que en la nueva jerarquía haya personas procesadas por abuso sexual, como Günther Schaffrik, que hoy es director en el holding de Cerro Florido y Abratec. Yo creo que esto no debería ser.

31 de enero de 2010
©la nación