Blogia
mQh

chile

juicios deben continuar


En algunos círculos hay incertidumbre sobre lo que hará el nuevo gobierno con los procesos por crímenes cometidos en la dictadura. Un emblemático abogado del Programa de DDHH del Ministerio del Interior ya renunció a su puesto. "Me opongo a decir que de aquí en adelante todos los caminos para obtener más verdad y más justicia están cerrados", dice María Luisa Sepúlveda al respecto.
[Inbal Landau] Santiago, Chile. En su oficina, la asesora presidencial en derechos humanos cuenta que está ordenando sus cosas para retirarse. Su labor acaba el 10 de marzo, día en que la Concertación dejará de ser gobierno y Sebastián Piñera heredará, junto al mando, la labor realizada por el oficialismo en pos de esclarecer los delitos militares del pasado. No se sabe de qué modo abordará el nuevo gobierno esta materia, sin embargo existe una institucionalidad y leyes que no pueden soslayarse, explica Sepúlveda, quien además es la presidenta provisoria del Museo de la Memoria.

¿Qué significado tiene para Chile la creación del Museo de la Memoria?
La memoria es necesaria para construir la identidad del país. No podemos olvidar lo que nos pasó entre el ’73 y el ’90, para poder reforzar nuestra democracia, nuestra institucionalidad y nuestro compromiso con los derechos humanos. Ese es el sentido del museo.

¿Qué opina de que la derecha esté pidiendo la incorporación del período de Allende, como la causa de lo que sucedió después?
Podría discutirse el porqué llegamos a la crisis a la que llegamos, pero nada la justifica. Y mientras más se plantea la necesidad de que las causas se expliciten en el museo, yo me convenzo de que eso podría llevar a un equívoco, a malentenderse en el sentido de que las causas podrían justificar lo que pasó. No hay ninguna causa de ninguna índole que justifique las violaciones de los derechos humanos. Y como sociedad tenemos que ponernos de acuerdo, porque si no, relativizamos todo. Si para algunas situaciones es posible hacer desaparecer a la gente, matar, torturar... ¿en qué queda esto? El museo va a tener espacio para reflexionar. Si se quieren hacer seminarios, discusiones académicas, investigaciones... pero de ahí a poner las causas para entender lo que pasó en violación de derechos humanos, creo que no cabe.

¿Qué opina de la creación del Instituto de Derechos Humanos (IDH) y cuánta relevancia va a tener realmente siendo que no puede querellarse por sucesos anteriores a su creación?
El solo hecho de que exista el instituto es un aporte al reforzamiento de la cultura del respeto de los derechos humanos en Chile. Su sentido es la preocupación por el presente y el futuro. Tiene que velar para que existan todas las condiciones para que no se violen los derechos humanos, para que se eduque y se prevenga. Tiene que encargarse no sólo de las medidas punitivas. La preocupación que tú me planteas se resolvió reforzando por ley el Programa de DDHH del Ministerio del Interior para poder continuar con lo que es el establecimiento de la justicia y la verdad de las más graves violaciones de los derechos humanos y ampliando el universo de causas en las que puede tener competencia. Antes le competían sólo los detenidos desaparecidos y la entrega de restos, y hoy día también los ejecutados políticos.

Usted habla del Programa de DDHH, sin embargo su equipo está sufriendo cambios como la renuncia del abogado Boris Paredes, por desconfianza hacia las nuevas autoridades...
Quisiera que ese equipo que tiene experiencia en el tema pudiera tener continuidad. ¿Cuáles van a ser las medidas que va a tomar la autoridad entrante?, no tengo idea. Es un programa que está cumpliendo con su tarea, que es representar a las víctimas para obtener más verdad y justicia. Aquí el borrón y cuenta nueva, como nos dijo la Presidenta, no puede ser. (...) El tema está presente porque no hemos terminado de resolver lo esencial: en su gran mayoría los detenidos desaparecidos siguen sin poder ser ubicados y no se ha podido establecer en muchos de los casos las circunstancias en que desaparecieron. Tampoco se ha podido establecer justicia. No creo que haya un acuerdo de la sociedad chilena ni de la clase política de promover un punto final. Acá no hay ninguna condición para eso. Sería nefasto para la sociedad y para el reforzamiento de la democracia.

Sin embargo, Jovino Novoa sugirió el cierre de los procesos contra militares...
Espero que sea una posición minoritaria. No veo razones para promover un cierre, un punto final, una amnistía... Espero que los juicios sigan, que los tribunales puedan hacer su trabajo, que no tengan presiones de ningún tipo para hacerlo. Hoy día hay muchas más cuotas de verdad que las que había antes del año 2000. Espero que eso siga avanzando.

¿Qué cree que podrán hacer las fundaciones y la Concertación desde la oposición?
Los derechos humanos son un tema del país y nosotros tenemos que lograr que cada día haya más personas que sientan un compromiso con él. Esa es la finalidad del Museo de la Memoria, su misión (...) Tenemos que seguir haciendo todos los esfuerzos, desde donde estemos, fundaciones u otras instancias, para seguir defendiendo y comprometiendo a más personas en esta noble tarea que es la defensa de los derechos humanos.

¿Cree que las políticas de gobierno van a continuar en esta materia?
Tenemos que hacer todos los esfuerzos de nuestra parte para que sigan las políticas que en estos últimos años han sido positivas y provechosas para el tema de los derechos humanos. Durante este último gobierno se ratificaron muchos convenios, se aprobaron convenciones, se creó el IDH, el mismo Museo de la Memoria; ahora se están reabriendo las comisiones Valech y Rettig, porque habían casos que no se habían calificado antes. Me opongo a decir que de aquí en adelante todos los caminos para obtener más verdad, más justicia, para reforzar la institucionalidad y para hacer más prevención de derechos humanos están cerrados.

¿Qué tareas quedan pendientes en el puesto que usted ocupa?
La primera tarea de esta comisión fue coordinar todos los esfuerzos para poder llegar a la identificación de los detenidos desaparecidos. Estamos en proceso ahí. Esta semana se avanzó en la causa del Fuerte Arteaga. En los próximos días se entregan las pericias que tienen que ver con Lonquén, están también las de Paine que tendrán que entregarse, se empezó el esclarecimiento de los casos del Patio 29. Eso sigue en curso y tenemos una responsabilidad colectiva de que eso termine y termine bien. Hay un número importante de casos en que todavía los informes periciales o de laboratorios no están totalmente concluidos, pero que en los próximos días y meses van a ser entregados a los tribunales y (las nuevas autoridades) tienen que seguir haciendo esa tarea. Ahí tiene un rol importantísimo el SML y también el Programa de DDHH del Ministerio del Interior.

¿La Concertación va a tener que fiscalizar y velar por que el nuevo gobierno continúe con lo ya hecho?
Todos los que creemos en los derechos humanos tenemos que hacer un esfuerzo doble porque esto suceda, porque es distinto estar trabajando en el tema desde una instancia de gobierno que desde fuera de ella. Pero creo que van a tener que seguir existiendo instancias de gobierno. El INP va a tener que seguir entregando pensiones a las víctimas según lo establece la ley. El IDH tiene que continuar con su tarea de identificar a los detenidos desaparecidos. Se ha creado una estructura, una institucionalidad en el SML con gente competente, con procedimientos que permiten que eso continúe. El Programa de DDHH del Ministerio del Interior tiene hoy día un refuerzo por ley que está relacionado con la obtención de justicia en las más graves violaciones de los derechos humanos. La justicia tiene un sinnúmero de procesos abiertos hoy día, más de 300, que está investigando. Entonces diría que el proceso va a continuar. Yo no voy a continuar en esta tarea desde este puesto. La podré continuar desde otro lugar.

¿Desde qué lugar será?
Estoy en la fundación del Museo de la Memoria como presidenta provisoria. Soy vicepresidenta de la nueva comisión calificadora, porque la ley estableció que fuéramos los que habíamos pertenecido a la Comisión Valech y la Presidenta me solicitó que fuera una de las representantes que ella podía nombrar para el IDH. Tengo espacios donde seguir haciendo un aporte en este tema, pero también quisiera que a esta tarea se sumaran otras personas.

31 de enero de 2010
©la nación 
rss

alejan a asesor implicado en caso de ddhh


Armada alejó de funciones a asesor de Regata Bicentenario. Teniente (R) Santiago Lorca figura como imputado en un proceso de torturas, por lo que la institución decidió que el también ingeniero y empresario no continuara asesorando al comité organizador del evento.
[Jorge Escalante] Santiago, Chile. La Armada alejó de sus funciones en el comité organizador de la Regata Bicentenario 2010 al teniente en retiro y empresario Santiago Lorca González, que formaba parte del comité organizador de la travesía convocada por las Marinas de Chile y Argentina.
La información fue entregada oficialmente a lanación.cl por el jefe de Comunicaciones de la Armada, capitán de Navío Rodolfo Besoaín, quien indicó que la institución consideró que no podía seguir contando con la colaboración de Lorca González dada su situación procesal como imputado en un proceso por torturas, a cargo de la jueza Eliana Quezada, tal como dio a conocer La Nación Domingo a principios de enero.
Asimismo, y tal como fue establecido por la jueza al momento de tomarle declaración a Santiago Lorca, éste fue anteriormente procesado y condenado, con pena cumplida, por el delito de manejo en estado de ebriedad.
Lorca, debió declarar ante la ministra Quezada por la querella por torturas presentada por ex marinos que fueron arrestados en agosto de 1973 por el entonces teniente en servicio activo a bordo del crucero Prat y conducidos al Fuerte Borgoño, en Talcahuano, donde fueron torturados y culpados de urdir un plan para apoderarse de los barcos de la Armada con el fin de oponerse al golpe militar que se venía gestando al interior de la Marina.

31 de enero de 2010
©la nación
rss

más de mil casos de ddhh sin investigar


Derechos humanos: 1.167 casos sin investigación judicial. El juez Sergio Muñoz entregó el recuento de los avances en este tipo de causas y la solicitud que le hizo a la PDI para que recojan antecedentes sobre estas personas.
[Leslie Ayala Castro] Santiago, Chile. El informe sobre avances en el país de investigaciones por violaciones de los derechos humanos cometidas durante la dictadura, señala que en la actualidad están en tramitación 326 causas. De éstas, 239 se encuentran en etapa de sumario, 26 en plenario, 14 falladas en primera instancia y 47 en espera de pronunciamientos de Cortes de Apelaciones o del máximo tribunal.
El escrito confeccionado por el ministro Sergio Muñoz, coordinador nacional de estas indagatorias en el país, fue entregado y analizado por el pleno de la Corte Suprema este viernes y en él se destaca un dato no menor: la Policía de Investigaciones (PDI) entregó una nómina de víctimas de violaciones de los derechos humanos "cuya situación no está siendo investigada en la actualidad y respecto de las cuales se tiene conocimiento que eventualmente podrían interponerse nuevas querellas", según consigna el documento, y que se trataría mayoritariamente de ejecutados políticos.
Muñoz explica que se ha reunido con el personal de la Brigada Investigadora de Delitos sobre Violaciones de los Derechos Humanos, quienes le señalaron que "se trata de 1.167 víctimas cuyos casos la Comisión Rettig consignó sin convicción" y que sólo se ha podido determinar que, en su momento, se iniciaron 32 procesos relativos a estas personas.
Con el objeto de anticiparse a las eventuales nuevas querellas que se puedan presentar en estos casos, el juez le requirió a la policía civil "formar carpetas con la mayor cantidad de antecedentes que puedan ser hallados". Asimismo, el magistrado señala que espera reunirse con la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos, quienes le han manifestado interés en que se inicien estas causas para indagar la situación.
El documento registra además las coordinaciones que se han realizado entre el Poder Judicial y el Servicio Médico Legal (SML) para la entrega a las familias de los resultados de las pericias de identificación de restos de víctimas, destacando el 99,9% de certeza de identificación al que llegan los exámenes de ADN nuclear encargadas a laboratorios extranjeros. Estos últimos han sido utilizados en la indagatoria a cargo del ministro Alejandro Solís, sobre errores de identificación en Patio 29, y en la que encabeza el ministro Juan Fuentes sobre los detenidos desaparecidos de La Moneda.
En cada una de estas ocasiones el director de la entidad legista, Patricio Bustos, en presencia del juez de la causa correspondiente, le ha explicado a los familiares los fundamentos técnicos de los procedimientos realizados para que no quepa duda de la veracidad de estos exámenes.

30 de enero de 2010
©la nación
rss

en libertad torturadores de aguiló


Corte concede libertad bajo fianza a torturadores de Aguiló. Previo pago de $500 mil los encausados como autores de este delito, el brigadier (R) Roberto Schmied, el coronel (R) Alejandro Morel y el suboficial de Carabineros (R) Manuel Gallardo, pudieron recobrar su libertad.
Santiago, Chile. La Séptima Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago concedió ayer la libertad bajo fianza a cinco de los procesados por las torturas cometidas en 1981 en contra del actual diputado socialista Sergio Aguiló.
Previo pago de $500 mil los encausados como autores de este delito, el brigadier (R) Roberto Schmied, el coronel (R) Alejandro Morel y el suboficial de Carabineros (R) Manuel Gallardo, pudieron recobrar su libertad luego que este miércoles el ministro Alejandro Solís los encausara tras seis años de investigación. Asimismo, los ex agentes de la CNI Sergio Díaz y Carlos Ruperto Contreras, procesados como cómplices, debieron cancelar una caución de $200 mil.
Gallardo había apelado al auto de procesamiento, sin embargo, minutos antes de que la sala revisara el fondo su defensa se desistió y el procesamiento quedó a firme. Hasta el tribunal de alzada capitalino llegó a conocer esta decisión el diputado Aguiló, quien señaló estar muy conforme con la resolución del juez Solís y agradeció la labor realizada por los abogados Alejandra Arriaza y Carlos Cruz, del programa de continuación del Ministerio del Interior.
"La investigación del ministro Solís es extremadamente acuciosa, por lo que no cabía duda que su resolución sería confirmada (…) las pruebas son irrefutables, está acreditado el delito y es histórico que en Chile se someta a procesos a ex agentes de la CNI por torturas, estableciéndolo como un delito de lesa humanidad lo que lo hace imprescriptible", dijo el parlamentario.

30 de enero de 2010
©la nación
rss

igualdad de remuneraciones


Dos meses de vigencia lleva ley que establece igualdad de remuneraciones entre hombres y mujeres.
Valparaíso, Chile. La iniciativa legal obliga a las empresas a tener un reglamento interno que contemple el procedimiento de denuncia por trasgresión del principio de igualdad y en el caso de las más grandes a tener un registro de los cargos y funciones de sus trabajadores.
A partir del 19 de diciembre del 2009 comenzó a regir en nuestro país la Ley N°20.348, que modifica el Código del Trabajo con el objeto de resguardar el derecho a la igualdad en las remuneraciones entre hombres y mujeres que desempeñan una misma función.
De esta forma, se igualan las oportunidades y condiciones de trabajo entre los géneros y se establece una igualdad de remuneraciones entre quienes presten el mismo trabajo, no siendo consideradas arbitrarias las diferencias objetivas en las remuneraciones que se funden entre otras razones en las capacidades, calificaciones, idoneidad, responsabilidad o productividad.
La ley establece que el empleador deberá cumplir con este principio de igualdad de remuneraciones y si una trabajadora se siente discriminada deberá realizar la denuncia por escrito ante éste, teniendo un plazo de 30 días para responderle en forma fundada y por escrito.
Si la respuesta no es satisfactoria, se podrá recurrir al procedimiento de tutela de derechos fundamentales de la nueva Justicia Laboral, entendiéndose éste como un procedimiento especial para los casos en que se afecten ciertos derechos fundamentales de los trabajadores, como el derecho a la vida y a la integridad síquica, entre otros, así como aquellos actos discriminatorios a los que se refiere el artículo segundo del Código del Trabajo.
Son titulares de la acción de tutela laboral el trabajador, la organización sindical que tenga interés legítimo y la Inspección del Trabajo. La tramitación de este procedimiento goza de preferencia respecto de todas las demás causas que se tramiten.
La normativa -que nació como moción de los diputados Pedro Araya (IND), Gabriel Ascencio (DC), Eduardo Díaz (PRI), Jaime Mulet (PRI), Sergio Ojeda (DC), Carlos Olivares (PRI), Jorge Sabag (DC), Alejandra Sepúlveda (IND), Mario Venegas (DC) y Patricio Walker (DC)- fue ingresada en julio del año 2006, promulgada el 2 de junio de 2009, y su entrada en vigencia se estableció a 6 meses de su publicación, el 19 de junio de 2009.
Otro de los aspectos que norma esta iniciativa legal es que para lograr este principio de igualdad, las empresas con más de 10 trabajadores permanentes están obligadas a tener un reglamento interno, donde deberá establecerse el procedimiento para acoger las denuncias.
En el caso de las empresas con 200 o más trabajadores, el reglamento interno deberá contener un registro de los cargos y funciones de los empleados y sus características técnicas.
Este principio de igualdad también rige para los empleados del sector público, ya que modifica el Estatuto Administrativo, haciéndolo aplicable a los funcionarios a contrata del estado.
Finalmente la ley establece que el empleador que haga efectiva esta ley podrá solicitar una rebaja de la multa ante el Director del Trabajo.
Asimismo, los empleadores que respeten este principio de igualdad en las remuneraciones entre hombres y mujeres, podrán solicitar adicionalmente una rebaja de hasta el 10% de las multas que tengan por origen otras causas, con excepción de las prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales.

29 de enero de 2010
15 de febrero de 2010
©diario de la cámara 
rss

altas penas por crímenes de lesa humanidad


Chile establece altas penas a quienes cometan crímenes de guerra o lesa humanidad en territorio nacional.
Valparaíso, Chile. El texto legal perfecciona y adecua la legislación chilena tipificando conductas constitutivas de delitos y crímenes contenidos en el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, ratificado en junio del año pasado por nuestro país.
Con la promulgación, el pasado 26 de junio, de la Ley 20.357 y su posterior publicación en el Diario Oficial el 18 de julio, comenzó la entrada en vigencia en Chile de una normativa a través de la cual el país se unió a la Corte Penal Internacional (CPI) con sede en La Haya, que está encargada de juzgar crímenes de guerra y lesa humanidad que no hayan sido tratados o no puedan ser procesados por los sistemas nacionales.
A través de este instrumento, Chile ratificó el Tratado de Roma, cumpliendo con sus estatutos, conforme a los cuales es deber de todo Estado Parte ejercer su jurisdicción penal contra los responsables de crímenes internacionales.
Agrega la normativa que en virtud del principio de complementariedad, la competencia de la CPI sobre los países es subsidiaria o complementaria, pues la jurisdicción en primer término pertenece a los Estados.
Un crimen de lesa humanidad alude a un crimen que, por su aberrante naturaleza, ofende, agravia o injuria a la Humanidad en su conjunto.
La definición de crimen contra la humanidad o crimen de lesa humanidad recogida en el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional comprende las conductas tipificadas como asesinato , exterminio , deportación o desplazamiento forzoso, encarcelación, tortura , violación , prostitución forzada, esterilización forzada , persecución por motivos políticos, religiosos, ideológicos, raciales, étnicos u otros definidos expresamente, desaparición forzada , secuestro o cualquier acto inhumano que cause graves sufrimientos o atente contra la salud mental o física de quien los sufre, siempre que dichas conductas se cometan como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque.
Este tipo de delito, tal como el propio Estatuto de Roma lo establece, no sólo lo comete un Estado sino también una "organización política", por tanto, aquellos crímenes tales como atentados, secuestros, torturas y asesinatos cometidos por una organización terrorista o guerrillera, también pueden ser encuadrados como crimen de lesa humanidad.
La nueva ley 20.357 -que se inició en una moción de los senadores Alberto Espina (RN), José Antonio Gómez (PRSD), Hernán Larraín (UDI), Pedro Muñoz (PS) y Mariano Ruiz-Esquide (DC), ingresada el 11 de marzo del año 2009-, tipifica como crimen de lesa humanidad los actos cometidos como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil y que sean consecuencia de una política del Estado o de sus agentes; de grupos armados organizados que, bajo la dirección de un mando responsable, ejerzan sobre algún territorio un control tal que les permita realizar operaciones militares, o de grupos organizados que detenten un poder de hecho tal que favorezca la impunidad de sus actos.

Sanciones
Y con la pena de presidio mayor en cualquiera de sus grados cuando se cause a uno o más miembros del grupo un menoscabo grave en su salud física o mental; se someta al grupo a condiciones de existencia capaces de causar su destrucción física, total o parcial tales como la privación de alimentos o medicinas.
También en el caso de aplicar medidas destinadas a impedir nacimientos en el seno del grupo, o cuando se traslade por fuerza a menores de 18 años del grupo a otro grupo, o se les impida regresar a aquél.
Para los crímenes de guerra -cometidos en el contexto de un conflicto armado, sea éste de carácter internacional o no- se sancionará con la pena de presidio mayor en su grado medio a presidio perpetuo cuando se trate de una persona protegida en conformidad con la normativa.

29 de enero de 2010
©diario de la cámara
rss

piñera entierra caso banco de talca


Ex detective llega a acuerdo con Piñera y se desiste de querella. El ex inspector Nelson Rivera llegó al convencimiento de que las expresiones del líder de derecha no tuvieron "por finalidad ofenderlo". Ambas partes renunciaron a interponer cualquier otra acción.
Santiago, Chile. El ex detective de la Policía de Investigaciones Nelson Rivera Ross llegó a un acuerdo extrajudicial con el Presidente electo Sebastián Piñera y optó por desistirse de la querella que había interpuesto en su contra por injurias en el marco del denominado caso Banco de Talca. Así quedó plasmado en un escrito ingresado al Octavo Tribunal de Garantía de Santiago el pasado 27 de enero.
El ex inspector de la Brigada Investigadora de Delitos Económicos, que en 1982 estuvo a cargo de la ubicación y detención de Sebastián Piñera luego de que el entonces ministro Luis Correa Bulo emitiera una orden de detención en su contra por el caso del Banco de Talca, emprendió la acción judicial luego de que el empresario afirmara el 3 de agosto de 2009 -en un programa de televisión- que un informe redactado en ese proceso por el policía era "falso".
En ese informe, Rivera habría transcrito una declaración de la esposa del empresario Cecilia Morel, en la que ella afirmaba que su marido en ese momento (1982) estaba en conocimiento de la orden de aprehensión dictada en su contra, no obstante, había abandonado su domicilio y que ella desconocía dónde se encontraba.

Detalles del Acuerdo
En el acuerdo, se reseña que él "ha llegado al convencimiento de que las expresiones de don Sebastián Piñera Echenique no han tenido por finalidad ofenderlo, ni afectar su honor, razón por la cual se desiste y renuncia a la acción incoada y cualquier otra que pudiese tener contra don Sebastián Piñera Echenique por los hechos de este proceso".
Asimismo, el texto agrega que por su parte el Presidente electo "acepta pura y simplemente el desistimiento anterior, sin perjuicio de lo cual declara que su parte respeta con rigurosidad el honor del querellante y de todas las personas, de modo que ninguna de sus expresiones han perseguido menospreciar o deshonrar al querellante".
En el documento, se advierte además que al igual que el ex detective de Investigaciones, Piñera renuncia a cualquier acción que "estimase pueda tener, derivada de la querella (...), especialmente la de denuncia calumniosa y la de indemnización de perjuicios", consigna el acuerdo.
De esta manera, ambas partes buscan poner término al juicio y solicitan al tribunal de garantía que se dicte el sobreseimiento definitivo de la causa, pidiendo además que se dé por ejecutoriada la resolución en cuanto sea decretada por el juez de garantía.
En este caso, el Presidente electo fue representado por los abogados Jorge Bofill y Miguel Ángel Chávez. En tanto, la defensa del ex detective estuvo en manos de los abogados de la Vicaría de la Solidaridad Roberto Ávila y Luis Ernesto Toro.

29 de enero de 2010
©la nación
rss

admiten a artistas en transporte público


Ley concede permiso que vendedores y artistas trabajen al interior de la locomoción colectiva.
Valparaíso, Chile. La nueva norma modifica la Ley N°18.290, de Tránsito, eliminando la prohibición de realizar una actividad comercial o artística al interior de la locomoción colectiva y permitiendo la realización de estas labores sólo mediante el cumplimiento de una serie de requisitos.
De esta manera, la Ley N° 20.388, publicada el 7 de noviembre del 2009, establece que se podrá ejercer el comercio o actividades artísticas a bordo de vehículos de transporte urbano de pasajeros, siempre y cuando los trabajadores vendedores ambulantes independientes del transporte cuenten con iniciación de actividades como tales ante el Servicio de Impuestos Internos.
Asimismo, se determina que en el caso de que dichos trabajadores se encuentren, además, organizados y registrados como sindicato de trabajadores independientes en la Dirección del Trabajo, podrán solicitar, a su costo, la emisión de una credencial que los identifique como tales.
Los trabajadores que ejerzan este oficio deberán acreditar el origen de las mercaderías que expendan y exhibir la copia de su iniciación de actividades, ante el requerimiento que en cualquier momento efectúe la fuerza pública.
Las empresas de transporte urbano de pasajeros podrán acordar con los sindicatos de trabajadores independientes la emisión de credenciales que permitan el ejercicio de esta actividad.
Los conductores del transporte urbano de pasajeros no podrán negarse al ejercicio de esta actividad en sus respectivas máquinas, salvo si ello implica, en un momento determinado, un peligro de accidente vial, o bien entorpece de manera manifiesta y evidente la comodidad de los pasajeros, especialmente en las horas de mayor congestión. Asimismo, deberán negarse a la subida de un vendedor en paraderos no autorizados.
El conductor podrá exigir la exhibición de la copia de la respectiva iniciación de actividades o su certificado para permitir el ingreso de un vendedor.
La ley, ingresada el 12 de julio del 2006 al Congreso, fue iniciada en una moción presentada por los diputados Sergio Aguiló (PS), Pedro Araya (IND), Fidel Espinoza (PS), Sergio Ojeda (DC), Carlos Olivares (PRI), Denise Pascal (PS), Alejandra Sepúlveda (IND) y Gonzalo Uriarte (UDI).
La norma entró tras su publicación en el Diario Oficial.

29 de enero de 2010
©diario de la cámara
rss