chile

dan a nanas derecho a descanso

---

Empleadas de casa particular tendrán derecho a descansar un día a la semana.

---

Valparaíso, Chile. La ley publicada el 3 de abril del 2009, modifica el artículo 150 del Código del Trabajo, relativo al descanso de los empleados de casa particular, entregando este beneficio y determinando que el descanso podrá ser fraccionado en dos medios días y será independiente de los feriados nacionales, los que se podrán acumular.
La ley N° 20.336 se originó en una moción (boletín 5310), ingresada el 5 de septiembre de 2007 por los diputados Sergio Aguiló (PS), Tucapel Jiménez (PPD), Fernando Meza (PRSD), Alejandro Sule (PRSD), Carolina Goic (DC), Clemira Pacheco (PS), Denise Pascal (PS), Alejandra Sepúlveda (IND) y Ximena Vidal (PPD).
De este modo, la normativa establece que tratándose de trabajadores que vivan en la casa del empleador, éstos tendrán derecho a un día completo de descanso a la semana, el cual podrá ser fraccionado en dos medios, a petición del trabajador.
Asimismo, tendrán derecho a descanso todos los días que la ley declare festivos. No obstante las partes, con anterioridad a ellos, podrán pactar por escrito que el descanso se efectúe en un día distinto que no podrá fijarse más allá de los noventa días siguientes al respectivo festivo.
Este derecho caducará si no se ejerce dentro de dicho plazo y no podrá compensarse en dinero, salvo que el contrato de trabajo termine antes de haberse ejercido el descanso.
El avance respecto a esta materia tuvo que ver con establecer un régimen justo de descanso para los trabajadores que se desempeñen en casas particulares viviendo en la casa de su empleador. La ley entró en vigencia una semana después de haber sido publicada en el Diario Oficial.

29 de enero de 2010
©diario de la cámara 

procesan a ex jefe de la cni

---

Juez procesa a ex jefe CNI por torturas a Aguiló. El ministro de fuero Alejandro Solís definió, en su resolución, los apremios sufridos por el diputado PS como un delito de lesa humanidad y, por lo tanto, como "imprescriptibles e inadmistiables".

---

[Leslie Ayala Castro] Santiago, Chile. El ex jefe de la Central Nacional de Informaciones (CNI), Álvaro Corbalán, fue encausado como autor de los apremios contra el actual diputado socialista Sergio Aguiló, ocurridos en 1981 cuando era militante de la Izquierda Cristiana (IC).
"En mi criterio, la tortura es un delito de lesa humanidad y, por lo tanto, es imprescriptible y sería inadmistiable. Entonces, con ese propósito es que dentro del auto de procesamiento comencé por definir la tortura dentro de las normas de los tratados internacionales, llegando a la conclusión que corresponde exactamente a los maltratos que se le proporcionan a los prisioneros o detenidos en los tratados".
Con estas palabras el ministro de fuero Alejandro Solís explicó el alcance del concepto tortura, en la resolución dada a conocer ayer, donde encausó al ex jefe operativo de la Central Nacional de Informaciones (CNI), Álvaro Corbalán, al brigadier (R) Roberto Schmied, al coronel (R) Alejandro Morel y al suboficial de Carabineros (R) Manuel Gallardo como autores de los apremios contra el actual diputado socialista Sergio Aguiló Melo, ocurridos en 1981 cuando era militante de la Izquierda Cristiana (IC).
Asimismo, procesó a los agentes Sergio Díaz y Carlos Ruperto Contreras como cómplices del mismo hecho que tuvo lugar "el 4 de diciembre de 1981 (…) cuando lo trasladan al recinto de calle Borgoño (de Investigaciones), en cuyo subterráneo, con la vista vendada, fue torturado durante diez días, mediante la aplicación de corriente eléctrica en su cuerpo, mientras era interrogado sobre sus vínculos con la IC y para que delatara a sus miembros", reseña la resolución.
Todos los procesados -menos Corbalán, que cumple condena por diversos casos de violación de los derechos humanos- fueron notificados, detenidos y se les impuso una fianza como condición para concederles la libertad, previa consulta a la Corte de Apelaciones de Santiago.

Fernández "Desentendido"
En la querella presentada por Aguiló, siempre se sostuvo que el decreto que autorizó su detención -que lo mantuvo cuatro meses en la cárcel con temor a que le hicieran algo a su pequeña hija de un año y su esposa- fue firmado por el entonces ministro del Interior Sergio Fernández, quien a su juicio tenía responsabilidad en los hechos como cómplice. Pese a esto, el juez Solís no lo encausó. Al respecto, el magistrado sostuvo que la otrora autoridad del régimen militar reconoció que a él le proporcionaban las nóminas respecto a los arrestos pero que tras firmarlos "él se desentendía del paradero que pudiera tener cada caso".
Las secuelas sicológicas y físicas de Aguiló, además de los testimonios de otros detenidos y del actual senador Ignacio Walker -quien en su calidad de abogado de la Vicaría de la Solidaridad lo liberó en abril de 1982- fueron consideradas por el ministro para dictar esta resolución.

28 de enero de 2010
©la nación

lo revivieron para torturarlo

---

Aguiló: "Me revivieron para seguir torturándome". Diputado relató a Radio Cooperativa la dura experiencia de la detención que vivió en 1981 y agradeció al juez Solís por el encausamiento de Álvaro Corbalán y otros cinco agentes de la CNI.

---

Santiago, Chile. Un duro relato realizó el diputado Sergio Aguiló (PS), luego que este miércoles, el ministro de fuero, Alejandro Solís, procesara al ex director de la Central Nacional de Informaciones (CNI), brigadier (r) Roberto Schmidt, al jefe operativo de ese organismo, Álvaro Corbalán, y otros 4 agentes, por las torturas en contra del parlamentario.
En entrevista con el programa "Lo que queda del día", de Radio Cooperativa, Aguiló contó que en diciembre de 1981, cuando era dirigente de la Izquierda Cristiana y participaba en protestas en contra de la dictadura, fue detenido mientras se movilizaba en un taxi..
"Iba en un taxi cuando por lo menos seis agentes con subametralladoras detuvieron al taxi y me llevaron al cuartel Borgoño de la CNI", relató.
"Me desnudaron, me insultaron a viva voz y a partir de ahí viví un proceso de tortura sistemático, en la parrilla en primer lugar, amarrado desnudo un catre metálico con electricidad en las partes íntimas", añadió.
Aguiló contó que uno de los momentos más duros fue cuando "viví la experiencia de un paro respiratorio, me revivieron para seguir torturándome", agregando que sus captores amenazaron de muerte a su esposa y a su hija, de entonces dos años.
El diputado aprovechó la entrevista para agradecer al juez Solís. "Junto a varios testimonios logramos hacer un perfil del rostro de Osvaldo Pinchetti (uno de los torturadores), el resto de los agentes permaneció encapuchado, pero el trabajo del ministro Solís ha sido tan acucioso que llego a determinar quienes estaban en forma exacta en el cuartel Borgoño a cargo de la tortura de los presos", señaló.

28 de enero de 2010
©la nación 

a juicio torturadores de aguiló

---

Ex agentes de la CNI son procesados por torturas a diputado Aguiló. El juez Solís les concedió la libertad bajo fianza.

---

Santiago, Chile. Esta mañana el juez Alejandro Solís ordenó el arresto de seis ex agentes de la CNI por las torturas que habría sufrido el actual diputado del PS, Sergio Aguiló, en 1981 tras ser detenido en el centro de Santiago.
Entre los encausados -según consigna Cooperativa- se encuentra el general en retiro Roberto Schmidt y el ex jefe operativo del organismo que funcionó en el gobierno de Augusto Pinochet, Alvaro Corbalán, quien cumple condena por diversos casos en el penal de Punta Peuco.
El juez Solís concedió la libertad provisional a los procesados, tras un pago cercano a los 500 mil pesos y con aprobación de la Corte de Apelaciones de Santiago, que definirá el viernes si acepta el beneficio.

27 de enero de 2010
©la tercera 

cs acepta reformar justicia militar

---

Corte Suprema considera esencial legislar para establecer una Reforma a la Jurisdicción Penal Militar.

---

Valparaíso, Chile. La opinión que fue entregada a través de un oficio se refiere al proyecto de ley presentado por el Ejecutivo que regula la competencia de los tribunales militares y sus procedimientos y define que en los casos de coautoría y coparticipación de civiles y militares en la comisión de delitos militares, éstos serán de competencia de los tribunales penales ordinarios.
Con esta iniciativa se busca ajustar nuestro ordenamiento jurídico interno a los principales instrumentos internacionales que reconocen derechos fundamentales, como el Pacto de Derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana de Derechos Humanos, entre otros.
De este modo, el texto legal (boletín 6739) determina que la facultad de conocer las causas civiles y penales de la jurisdicción militar, de juzgarlas y hacer ejecutar lo juzgado recae exclusivamente en los tribunales militares chilenos establecidos en la ley. Asimismo, los tribunales militares nacionales tienen jurisdicción para juzgar los delitos militares que cometan uniformados chilenos fuera del territorio de la República.
Considerando la complejidad de la iniciativa, por intermedio del Presidente de la Cámara, diputado Rodrigo Álvarez, se solicitó a la Corte de Suprema un informe sobre este proyecto, en el que se señala que "se trata de una reforma esencial desde el punto de vista de los derechos fundamentales de los ciudadanos".
Asimismo, el oficio sostiene que al proponerse una nueva institucionalidad, procedimientos y régimen legal que sujetarán sus normas al respeto y cumplimiento de los derechos fundamentales establecidos en la Constitución y los tratados internacionales ratificados por Chile, tanto para civiles como para militares, "se garantiza a todos el respeto y ejercicio de los derechos fundamentales en el marco de un proceso penal acotado."
La Corte Suprema también considera que la jurisdicción penal militar debe ser reducida sustancialmente, correspondiéndole conocer solamente "los delitos de función cometidos por militares en servicio activo".
El informe también especifica que el proyecto resuelve dos problemas relacionados. Uno de ellos es que los menores de edad no están sujetos, en ningún caso, a la competencia de los tribunales militares, lo que refuerza la protección de los derechos de los niños bajo la esfera punitiva del Estado.
El otro de los puntos que se resuelve es que en los casos de coautoría y participación en delitos militares interviene la judicatura ordinaria, lo que refuerza la excepcionalidad de los tribunales militares y fortalece la regla de competencia que aleja a los civiles de estas magistraturas.
Junto con ello se destaca "el nuevo proceso penal militar" establecido en el proyecto del Ejecutivo, el cual según el oficio actúa develando la plena coincidencia de aplicar el sistema del Código Procesal Penal al ámbito militar. "Esta decisión tiene importantes consecuencias, ya que consolida un modelo de proceso penal exitoso y probado tanto en la eficacia de la persecución punitiva, como en el resguardo y defensa de los derechos de las personas", señala.
También se dispone que "una de las modificaciones más importantes del proyecto desde el punto de vista orgánico, es el fin de la distinción entre tribunales en tiempos de paz y tribunales en tiempos de guerra. En la actualidad, en tiempo de guerra la competencia corresponde a los consejos de guerra, los que dejarán de administrar justicia".
Es así como excepto mínimas consideraciones técnicas, la Corte Suprema sostiene que resulta positivo que esta iniciativa legal aborde una reforma global al procedimiento penal militar -con abandono del modelo inquisitivo- poniéndolo a tono con las exigencias vinculadas al inicio de una nueva institucionalidad, procedimientos y régimen legal.
El oficio fue remitido a la Comisión de Defensa, donde se analiza el proyecto de ley.

27 de enero de 2010
©diario de la cámara 

ley para primarias voluntarias

---

En marzo despacharían proyecto de ley que establece primarias voluntarias para los partidos políticos.

---

Valparaíso, Chile. La iniciativa legal, que establece elecciones primarias voluntarias para los candidatos a alcaldes, parlamentarios y Presidente de la República, ha sido aprobada casi en su totalidad por la Comisión de Gobierno Interior, salvo la materia sobre el financiamiento.
En su etapa final de debate se encuentra en la Comisión de Gobierno Interior el texto legal (boletín 6628) que establece elecciones primarias voluntarias para los candidatos a alcaldes, parlamentarios y Presidente de la República.
El proyecto de ley, presentado por el Ejecutivo en julio del año pasado, busca legitimar la mediación representativa de los partidos políticos y de las coaliciones que los agrupan, dándoles mayor transparencia y credibilidad.
En este marco, los miembros de la Comisión -que preside el diputado Germán Becker (RN)- ya han aprobado la regulación de los actos preparatorios de las elecciones primarias, es decir, el proceso propiamente tal, los vocales, la instalación de mesas, la votación y el escrutinio.
Asimismo, se aprobó que los partidos políticos serán los que libremente organicen cada una de las elecciones primarias, y definan el número de personas que se requiere para hacerla obligatoria, en un rango mínimo de un 20% y un máximo de 40% de militantes.
También fueron aprobados los artículos referentes a las reclamaciones y rectificaciones, la calificación de las elecciones, los efectos de las elecciones primarias, las sanciones y la vigencia de la ley, que son parte de las 31 disposiciones permanentes y de los tres artículos transitorios que contiene este proyecto, como indicó el diputado Marcelo Schilling (PS).
"La Comisión conoció el conjunto del proyecto y aprobó con modificaciones -por supuesto- todo el articulado, excepto el último artículo que aparecía como tercero transitorio, y que proponía que el financiamiento de este proceso de primarias, cuando ocurriera, tenía que hacerse con cargo a reasignaciones presupuestaria del Ministerio del Interior y en lo que faltare, con cargo al Tesoro Público".
Y agregó que "se estimó que pasando a ser una ley regular de la República, esto fuera directamente financiado con recursos sólo del Tesoro Público y no de reasignaciones provenientes del Ministerio del Interior, ya que como se sabe siempre está exigido por las demandas ciudadanas de preocupación sobre seguridad pública y otras materias que le competen".
El parlamentario socialista manifestó que si bien el proyecto regula una materia que le parece bien normar, la iniciativa no le satisfacía por completo. "A mí me parece bien la idea de legislar sobre elecciones primarias, pero este proyecto no me gusta porque lo hace facultativo. El primer artículo dice que ’podrá efectuarse’, y yo creo que debiera decir, ’deberá’".
Explico que "si lo que estamos buscando es satisfacer la aspiración ciudadana de transparencia, participación, democracia, limpieza en las elecciones, garantías en la elección del personal que se propone a la ciudadanía, debiera ser obligatorio para todos y no facultativo".
La diputada UDI, Marisol Turres, manifestó que "en principio como ley no me gusta, cada partido debe elegir sus candidatos del modo que estime pertinente y hacerse cargo el partido del costo que esto signifique y no tienen que estarlo pagando todos los chilenos con las necesidades que tenemos".
Añadió que "se hablaba de alrededor de 3.600 millones de pesos que podría costar una primaria. Y cuando uno piensa en las alternativas de gasto para esos 3.600 millones -sobre todo cuando somos diputados de regiones- que tenemos zonas muy pobres, con mucha falta de medios, uno encuentra mil otras utilidades o cosas que se podrían hacer con este mismo presupuesto".
En todo caso, señaló la parlamentaria que aunque es una ley que no va a ser aplicable hasta el año 2013, hay que votarla y tratar que salga lo mejor posible, por muy complicado que sea regular esta materia.
"De alguna manera analizábamos que por ejemplo, hoy día se está votando una ley de cuotas aquí en el Congreso, y qué pasa si producto de primarias en un partido determinado, en un pacto determinado, resultan elegidos más del porcentaje? Porque la ley habla que no pueden haber más de un 60%, y si más del 60% de los que son elegidos, pertenecen a uno u otro sexo, cómo se compatibiliza eso con las primarias?", expresó.
Finalizó diciendo que, "este proyecto ha avanzado bastante, y yo diría que la primera semana de marzo podríamos estar en condiciones de despacharlo".

27 de enero de 2010
©diario de la cámara 

bachelet llama a mantener juicios por ddhh

---

Bachelet enfatizó llamado a mantener juicios de derechos humanos. Presidenta envió mensaje a familiares de las víctimas identificadas de La Moneda. Encabezó bautizo como ‘Salvador Allende’ a Escuela de Salud Pública de la U.

---

Santiago, Chile. La presidenta Michelle Bachelet llamó a que los juicios por violaciones a los derechos humanos (DD.HH.) se mantengan en el futuro al comentar la identificación de los restos de 11 detenidos en La Moneda el día del golpe de estado de 1973.
"Junto con hacerles llegar a todas sus familias nuestro cariño nuestra solidaridad yo quiero reafirmar la trascendencia que tienen que continuar adelante los juicios sobre violaciones a los derechos humanos", enfatizó.
La Mandataria destacó "la convicción que tenemos que tener todos de no recurrir a amnistías y puntos finales que impidan que la verdad se imponga y que la justicia haga su tarea".
Los restos de 11 detenidos desaparecidos arrestados el día del golpe militar en el Palacio de La Moneda, fueron definitivamente identificados por el Servicio Médico Legal con la colaboración del laboratorio de genética de Innsbruck en Austria.
La información fue entregada este lunes a los familiares por el director del SML, doctor Patricio Bustos, quien previamente había entregado los informes al juez Juan Fuentes Belmar que instruye la causa por los desaparecidos de La Moneda.
Las identidades corresponden a Enrique Paris Roa, 40 años al momento de su detención; Héctor Pincheira Núñez, (28); Óscar Lagos Ríos (21); Julio Moreno Pulgar (24), Julio Tapia Martínez (24), Héctor Urrutia Molina (22), Juan Vargas Contreras (23), Óscar Avilés Jofré (28), Jaime Sotelo Ojeda (33), Manuel Castro Zamorano (23) y Luis Rodríguez Riquelme.
Bachelet se refirió al tema durante la ceremonia en que la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile fue bautizada como "Salvador Allende", en homenaje al extinto Presidente, médico, que tuvo un rol relevante en políticas de salubridad.

27 de enero de 2010
©la nación

identifican a víctimas de la moneda

---

Fueron identificados 11 asesores de Salvador Allende asesinados en Peldehue. La confirmación de identidades la hizo la Unidad de Derechos Humanos del Servicio Médico Legal con apoyo de un laboratorio genético austríaco. Sufrieron una doble muerte: las balas de la metralla y el desentierro para desaparecer en el mar.

---

[Jorge Escalante] Santiago, Chile. El 11 de septiembre de 1973 en La Moneda y alrededores fueron arrestados cerca de 40 personas, la mayoría de ellos asesores y GAP de Allende.
Los restos de 11 detenidos desaparecidos arrestados el día del golpe militar en el Palacio de La Moneda, fueron definitivamente identificados por el Servicio Médico Legal con la colaboración del laboratorio de genética de Innsbruck en Austria.
La información fue entregada ayer a los familiares por el director del SML, doctor Patricio Bustos, quien previamente había entregado los informes al juez Juan Fuentes Belmar que instruye la causa por los desaparecidos de La Moneda.
Las identidades corresponden a Enrique Paris Roa, 40 años al momento de su detención; Héctor Pincheira Núñez, (28); Óscar Lagos Ríos (21); Julio Moreno Pulgar (24), Julio Tapia Martínez (24), Héctor Urrutia Molina (22), Juan Vargas Contreras (23), Óscar Avilés Jofré (28), Jaime Sotelo Ojeda (33), Manuel Castro Zamorano (23) y Luis Rodríguez Riquelme.
De esta lista, Paris y Pincheira eran asesores del Presidente Salvador Allende y el resto eran integrantes de la seguridad personal (GAP) del Mandatario. Las identidades de Lagos, Moreno, Tapia y Vargas, aparecieron como "lanzados al mar" en el informe sobre el destino final de 200 detenidos desaparecidos que entregó el Ejército en enero de 2001, luego de la mesa de diálogo de derechos humanos realizada en 2000.
"A pesar del paso del tiempo, de las limitaciones tecnológicas y de los obstáculos que pusieron los ejecutores de estos hechos, hemos logrado con el equipo multidisciplinario de la Unidad de Derechos Humanos de nuestro servicio, avanzar en el proceso de identificación de víctimas de la dictadura con metodología muy acuciosa en el área de la Arqueología, la Antropología, como también de los laboratorios extranjeros acreditados para la extracción de ADN, obteniendo resultados positivos", dijo el doctor Patricio Bustos.
El 11 de septiembre de 1973 en La Moneda y alrededores fueron arrestados cerca de 40 personas, la mayoría de ellos asesores y GAP de Allende. Los detenidos fueron llevados al regimiento Tacna y dos días después sacaron a unos 20 de ellos en dos camiones, los condujeron al campo de entrenamiento de Peldehue, al norte de Santiago, y los mataron disparándoles con ametralladora. Comandante del Tacna era entonces el coronel Joaquín Ramírez Pineda.
Quienes recibieron a los detenidos en Peldehue para supervisar que efectivamente los eliminaran, fueron el mayor Pedro Espinoza Bravo, quien después integró la Caravana de la Muerte y la DINA, y el teniente Julio Vandorsee Cerda.
El entonces subteniente del Tacna Jorge Iván Herrera López manejó la ametralladora matándolos de a uno en uno, como lo contó a La Nación Domingo en diciembre de 2002. Los cuerpos fueron arrojados a un pozo seco de unos 10 metros de profundidad que luego dinamitaron para cubrir los cadáveres.

El Desentierro
Cerca de la Navidad de 1978, un destacamento del Tacna que ahora comandaba el coronel Hernán Canales Varas, ubicó el pozo y desenterró los cuerpos para ensacarlos y lanzarlos al mar a bordo de un helicóptero Puma del Comando de Aviación del Ejército, entonces a cargo del coronel Fernando Darrigrandi Márquez.
El desentierro formó parte de la llamada Operación Retiro de Televisores que se desarrolló por todo el país para desenterrar los cuerpos de los prisioneros asesinados sepultados en fosas clandestinas, y lanzarlos al mar o incinerarlos como ocurrió en algunos regimientos del sur. La orden la impartió el dictador Augusto Pinochet a través de un criptograma de la Comandancia en Jefe del Ejército enviada a todos los regimientos del país a fines de 1978.
En el verano de 2001, la jueza Amanda Valdovinos inspeccionó el lugar en Peldehue y halló el pozo desde donde desenterraron los cuerpos. Desde allí se extrajeron cerca de 500 piezas óseas que quedaron del desentierro realizado con una retroexcavadora.
La información había sido aportada bajo reserva de identidad en la referida mesa de diálogo, sin embargo no correspondió al sitio donde finalmente se encontraron los restos.
Por el desentierro fueron condenados nueve oficiales y suboficiales (R) sólo a 270 días de prisión cada uno, con libertad vigilada.
El proceso por los crímenes de los desaparecidos de La Moneda sigue abierto y por el están procesados, entre otros, el mismo Pedro Espinoza, Ramírez Pineda, Jorge Iván Herrera, el general (R) Herman Brady, quien era el comandante de la Guarnición Militar de Santiago, y un grupo de suboficiales ya retirados que participaron en el traslado de los prisioneros a Peldehue y que luego también formaron parte del equipo que desenterró los cuerpos. Algunos de ellos son Eliseo Cornejo, Bernardo Soto, Teobaldo Mendoza y Juan Riquelme Silva.

26 de enero de 2010
©la nación