chile

dictan condena por secuestro

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Justicia dicta condena a ex uniformados por secuestro de ex mirista. Magistrado determinó condenar a la pena de presidio menor en su grado medio a miembros de la Armada.

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Concepción, Chile. El ministro en visita de la Corte de Apelaciones de Concepción Carlos Aldana Fuentes, dictó sentencia de primera instancia por el secuestro calificado del ex integrante del MIR Rudy Cárcamo, hecho ocurrido a partir del 27 de noviembre de 1974, en la comuna de Talcahuano, Octava Región.
Por ello, el magistrado determinó condenar a la pena de presidio menor en su grado medio, es decir, 541 días, en calidad de autores del ilícito a los miembros de la Armada de Chile, Hugo Nelson González DïArcangeli y José Raúl Cáceres González, capitanes de navío (R), además del capitán de corbeta Víctor Ernesto Donoso Barrera.
Además, condenó a Conrado Alfredo Sesnic Guerricabeitia, coronel (R)de Carabineros de Chile y Osvaldo Francisco Harnish Salazar, prefecto (R) de la Policía de Investigaciones de Chile.
A todos los condenados se les concedió el beneficio de la remisión condicional de la pena.
En otra causa, el ministro Aldana condenó al General de Ejército en retiro Patricio Martínez Moena a la pena de 541 días de presidio menor en su grado medio por su participación de autor por el secuestro del militante comunista, Mario López Aliaga, ocurrido en el sector Salto del Perro, sector precordillerano de Los Ángeles, el 19 de septiembre de 1973.

26 de enero de 2010
©mercurio de valparaíso

ajustes de cuentas varios

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Es difícil digerir la derrota y por eso los puñales están a la orden del día.

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[Santiago O’Donnell] Es verdad, Chile dio al mundo un ejemplo de transparencia y convivencia política en las elecciones del domingo pasado. Pero cuando se apagaron las cámaras empezó un festival de puñaladas en la espalda entre los líderes de la Concertación. No bien Eduardo Frei había terminado de admitir su derrota, el ex presidente Ricardo Lagos dio inicio a las hostilidades al tomar el micrófono para decir que el pueblo chileno había hablado y había que dar paso a la nueva generación. El discurso no le cayó nada bien a Frei y al eterno presidente del partido socialista, Camilo Escalona, ni a la presidenta Michelle Bachelet, que fue la principal sostenedora de Escalona contra los embates del ex socialista Marco Enríquez-Ominami durante la campaña presidencial. Lagos es el referente del PPD, uno de los partidos chicos de la Concertación, junto con el Partido Radical. Y en las filas del PPD se alistan dos de las principales figuras de la "nueva generación", la jefa de la campaña Carolina Tohá y el senador Ricardo Lagos Weber, hijo del ex presidente.
Esa noche se sumó a la refriega el presidente del partido demócrata cristiano, Juan Carlos Latorre, el partido de Frei, que culpó por la derrota a su principal socio en la Concertación, el Partido Socialista. Latorre dijo que las candidaturas de los ex socialistas Jorge Arrate por el Partido Comunista y Marco Enríquez-Ominami como independiente, habían dividido el voto de la Concertación en favor del ahora presidente electo Sebastián Piñera, el candidato de la derecha unificada. Como que los socialistas no habían podido contener a sus propios cuadros y disciplinarlos detrás del candidato consensuado por todos los partidos de la Concertación.
La evaluación de Latorre estaba cargada de cinismo. Es cierto, el Partido Socialista no había podido contener a Arrate y a Enríquez-Ominami, justamente por no permitirles presentarse en una elección primaria contra Frei, el candidato demócrata cristiano, para dirimir la candidatura de la Concertación. Y no los dejaron presentarse precisamente para evitar una fractura en la Democracia Cristiana, que venía muy golpeada después de perder dos internas consecutivas contra candidatos socialistas. Si ganaban la interna otra vez los socialistas, el miedo era que la mitad de la Democracia Cristiana se mudara a la coalición de la derecha.
Después saltó a la refriega José Antonio Gómez, ex presidente del Partido Radical, el otro partido chico de la Concertación. Gómez dijo que la culpa la tenían los jefes de la Democracia Cristiana, el socialismo y el PPD porque aceptaron que el candidato se elija a dedo. Los radicales, en cambio, se habían opuesto y habían conseguido una "preprimaria" en la que su candidato había sido fácilmente derrotado. La "autocrítica" de Gómez era no haber luchado lo suficiente por sus ideas. Cuando renunció a la presidencia de su partido en plena campaña de ballottage, con la esperanza de que los demás presidentes lo imitaran para dar paso a la tan reclamada "renovación", sólo lo siguió Pepe Auth, presidente del PPD. En cambio, los dinosaurios Escalona y Latorre, los de los partidos grandes, los que realmente importaban, se atornillaron a sus sillones y siguieron ahí, como un lastre, durante toda la campaña. Hasta el día de ayer, cuando finalmente renunciaron (a Latorre la DC le rechazó la dimisión)..
A las críticas de Gómez se sumaron las del presidente interino que lo había reemplazado, Fernando Meza, quien le apuntó los cañones directamente a la presidenta Bachelet y su ministro de Economía Andrés Velazco, las figuras políticas con el más alto índice de aprobación de Chile. Según Meza, Bachelet tardó demasiado en alinearse detrás de Frei y Velasco tendría que haberles aumentado el sueldo a los maestros en vez de ahorrar tanto y dejarle a Piñera el aumento servido en bandeja.
Acto seguido el diputado Meza tuvo la delicadeza de pactar un acuerdo parlamentario con la derecha a espaldas de los popes de la Concertación, ganándose el mote de "traidor" de toda la Concertación. El escándalo obligó a Meza a renunciar a su cargo partidario y abortó el acuerdo para rotar la presidencia de la Cámara Baja entre los radicales y los partidos de la coalición de la derecha.
Todos esos reproches y pases de facturas demuestran la dificultad para absorber una derrota que a todas luces fue autoinflingida. Los chilenos estaban más que conformes con las políticas públicas de los gobiernos de la Concertación, con el manejo de la economía. Perdieron porque los cuatro presidentes de los partidos, cuatro iluminados, decidieron elegir el candidato de la Concertación en vez de dejar esa elección en manos de la gente, por temor a que la gente se equivocara. Y se equivocaron ellos porque eligieron un candidato "fome", como dicen los chilenos, para colmo una figurita repetida. A los chilenos no les gustó el candidato y tampoco la forma en que lo eligieron, y no lo votaron. Encima los excluidos se presentaron por afuera y sus críticas a la Concertación fueron capitalizadas por la derecha en la segunda vuelta. Es cierto lo que dice Atilio Boron que al parecerse tanto Frei a Piñera fue más fácil para los votantes pegar el salto, pero no fue la ideología el causal de la derrota. Es más, los votantes de izquierda, los que más podrían disentir con el perfil socialdemócrata de Frei, fueron sus votantes más fieles. Los que se fueron, liberales, independientes, centristas, lo que sea, se fueron no por ideología sino por desacuerdos con una cultura política que consideran anquilosada y anticuada.
Piñera no tuvo que hacer demasiado, más allá de despegarse del legado de Pinochet, unificar a la tropa detrás de su candidatura, repetir la palabra "cambio" cada vez que abría la boca y hacer la plancha mientras la Concertación se enredaba en sus propias telarañas. Piñera no era un candidato invencible ni mucho menos. Ya había perdido en la elección anterior contra Bachelet por un margen importante. Y encima viene a representar al neoliberalismo en plena crisis del neoliberalismo ante un electorado que venía votando centroizquierda desde que le devolvieron el voto. Su encanto radica en que es el más argentino de los candidatos chilenos. En una sociedad ordenada y estructurada por demás, Piñera es el vivo, el piola, el tipo que se hace millonario con un negocio que no se le ocurrió a nadie, que juega siempre al límite de lo legal, que se come multas por usar información privilegiada en la compraventa de acciones. Un tipo que toda la vida se dedicó a la especulación, tanto política como financiera, y que se vende como emprendedor. Un díscolo, un rebelde entre los políticos de la derecha, que se da el lujo de diferenciarse en temas progre como el matrimonio gay porque es dueño de medio país y tiene plata para armar equipos de campaña y controla medios de comunicación y es el dueño de Colo Colo. Un tipo con algunas cualidades que muchos chilenos admiran, pero al que nadie considera un estadista o una autoridad moral. No lo votaron por sus ideas. Ya intentó meter mano en Codelco, la minera estatal, con una modesta inyección de capital privado, pero se chocó contra una pared. Ya tuvo que prometer que no va a tocar la red social que armó la Concertación. Ya tuvo que reconocer que Bachelet hizo una gestión "excelente" y que él no se va a apartar mucho de esa línea.
Entonces es más difícil digerir la derrota y por eso los puñales están a la orden del día. Todo muy lindo con el traspaso ejemplar. Pero la derrota de la Concertación, cuando tenía todo para ganar, dejó otro mensaje para el mundo y sobre todo para sus vecinos.
Porque el problema no estuvo en la ideología, ni en la economía, ni en la gestión.
Parafraseando a Bill Clinton: es la participación, estúpido.

24 de enero de 2010
©página 12 

sobrevivientes olvidados

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Tras retornar al país, nunca pensaron en la posibilidad de compensar el daño sufrido, pero la creación de la Comisión sobre Prisión Política y Tortura, en 2003, les dio una luz de esperanza. Sin embargo, el hecho de haber enfrentado la amargura de la dictadura al otro lado de la cordillera los marginó de las reparaciones otorgadas. Más allá del dinero, hoy buscan que el Estado chileno asuma la deuda simbólica que tiene con ellos.

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[Javier Soto] El 27 de octubre del año pasado, Catalina Palma Herrera (61) buscó la mejor manera de manifestar su descontento sin atentar contra la formalidad. No estaba sola. Otras 16 personas la apoyaban. Todos compartían un mismo objetivo y una misma condición. A través de una carta dirigida a la presidenta Michelle Bachelet interpelaron al gobierno para que de una vez por todas se les reconociera como víctimas de la violencia y la represión.
Se trata de un grupo de chilenos que vivió el encierro y la tortura mientras se encontraba en Argentina, durante los años 70. Eran tiempos en que ellos pensaban que, tras el golpe en Chile, las cosas al otro lado de la cordillera andarían mejor. Sin embargo, los tentáculos de los organismos represivos de ese entonces no medían distancias.
Los dardos lanzados al comienzo de la misiva tienen un blanco bien definido: la Comisión sobre Prisión y Tortura en Chile, creada por el Presidente Ricardo Lagos en 2003. Según el escrito, la Comisión Valech -como también es conocida- "no reconoció a un número importante de chilenos que fueron detenidos, torturados e incluso desaparecidos en la Argentina".
Esto, a pesar de que el Estado asumió la existencia de la Operación Cóndor, acción de inteligencia impulsada por la DINA que motivó su persecución y donde intervinieron, en común acuerdo, los servicios secretos de Chile, Argentina y Brasil, entre otros.
Ante la creación del Instituto de Derechos Humanos y la futura reapertura de la Comisión Valech, el grupo busca algo que va más allá de las indemnizaciones. Aclaran que su reivindicación es de carácter moral y simbólico. Si bien hace tiempo recibieron una compensación por parte del Estado argentino -pagada a través de bonos devaluados-, sólo esperan que esta vez sea el gobierno chileno el que responda por la larga pesadilla que vivieron lejos de casa.

Una Contradicción Evidente
La respuesta enviada por María Luisa Sepúlveda, presidenta de la Comisión Asesora Presidencial para Políticas de Derechos Humanos, llegó el 3 de noviembre y no cayó nada de bien entre los demandantes. Los argumentos presentados en la réplica buscan, desde el primer momento, el acomodo legal. De hecho, la encargada del organismo asesor parte por dejar en claro que la Ley 19.992 -la famosa Ley Valech- "restringe su competencia exclusivamente a las víctimas que sufrieron represión dentro del territorio nacional". Ellos contraargumentan que el mandato que da origen a la comisión investigadora asegura "que son sujetos a reparación todas las personas que sufrieron prisión política y torturas entre el 11 de septiembre de 1973 y el 10 de marzo de 1990", sin importar dónde.
A esto se suma la alusión que hace Sepúlveda a la Constitución Política de la República con el fin de justificar el criterio de territorialidad que excluye los casos de estas personas. En resumidas cuentas, se trata de los artículos 24 y 32 Nº 8, relativos al gobierno y a la administración del Estado y a las atribuciones especiales del Presidente, como la potestad reglamentaria.
Y es aquí donde las contradicciones se agudizan. De acuerdo al Decreto Supremo Nº 355 de la Comisión Nacional de Verdad y Justicia o Comisión Rettig, "los hechos con resultado de muerte o desaparición que hubiesen sucedido en el país o en el extranjero, siempre y cuando en este último caso tuvieran relación con el Estado de Chile o con la vida política nacional, debían ser conocidos por la comisión". Si bien se consideró los asesinatos y desapariciones asociados al despliegue de la Operación Cóndor en territorio argentino, no hubo cabida para quienes, bajo la misma instancia, sufrieron del encierro y la tortura.
Paula Salvo del Canto es una abogada experta en materia de derechos humanos. Pertenece a la Corporación Humanas y, por más de 5 años, ha apoyado esta demanda. Para ella el problema de exclusión que sufren los ex presos políticos chilenos en Argentina se traduce en que los miembros del organismo investigador han hecho "una interpretación restrictiva del mandato". Además, fue enfática en señalar que el Estado tiene la responsabilidad de entregarles algún tipo de medida compensatoria. "Si no se les repara, se está produciendo una situación de discriminación", agregó.
Por su parte, la socióloga Catalina Palma -redactora oficial del grupo- dio fe de estas circunstancias. Confirmó a LND que varios de sus compañeros presentaron, años atrás, sus testimonios ante la comisión dirigida por monseñor Sergio Valech sin obtener resultados positivos. "Luego de un tiempo nos avisaron que nuestros casos no calificaron por haberse dado fuera del territorio nacional".

Sobrevivientes
Ernesto Benado Rejovitzki (81) vive junto a su esposa Maruja en un departamento de calle Carmencita en Las Condes. Ingeniero civil de profesión y militante socialista, tuvo que dejar el país en 1973.
Durante un año y medio dictó clases en la Universidad Tecnológica de Buenos Aires. Hasta que el 25 de noviembre de 1975, la Policía Federal lo capturó como a otros miembros del partido. Estuvo recluido en el penal de Resistencia y El Chaco hasta julio de 1977. Luego se fue a Inglaterra y después se radicó en México. Ahí estuvo hasta 1988, cuando por fin se le dio la posibilidad de retornar al país.
Ximena Zavala (60) estudiaba Sociología en la Universidad de Chile cuando después del 11 se septiembre su escuela fue cerrada. Era compañera de carrera de Catalina Palma y ambas se vieron en la obligación de escapar de Chile en dirección a la Argentina. "La vida de un militante clandestino era muy corta. Estábamos en esto desde el 73. Después de dos años ya era muy difícil mantenerse en Santiago", señaló la actual consultora de Derechos de la Mujer de Corporación Humanas.
Arribaron a Buenos Aires en marzo de 1975. Junta a ellas también viajó el ex militante del MIR Gabriel Salinas, que en ese entonces era pareja de Ximena. El 24 de noviembre de ese mismo año la policía los encontró. Ese mismo día habían caído presos otros 12 chilenos, entre los que estaban el fallecido diputado Juan Bustos y Mario Toer.
Ximena primero estuvo recluida en Cordina, en el centro de Buenos Aires. "Nos llevaron vendados. Estuvimos incomunicados ahí entre 10 a 15 días", confesó. Después de eso fue enviada a la prisión de Villa Devoto. "La violencia en las cárceles argentinas fue muy grande", enfatizó. Después de 11 meses ella y la "Caty" -como aún sigue llamándola- pudieron salir de Argentina. Al igual que Ernesto Benado, un avión las esperaba para llevarlas hacia Inglaterra. Finalmente volvió a Chile en 1996.

Puertas Abiertas
A ojos del presidente de la Asociación Nacional de ex Presos Políticos (Anexpp), Héctor Cataldo, el reclamo realizado por los ex prisioneros en Argentina posee absoluta validez. "Es un derecho que se le consagra a todas la víctimas de violaciones de los derechos humanos", dice. Tomando en cuenta la pronta reapertura de la Comisión Valech -que según fuentes del Ministerio del Interior debiera ser dentro de los próximos días, tras la firma de un decreto presidencial- considera que lo mejor que pueden hacer los afectados es presentar nuevamente sus antecedentes. Aunque esta vez, de manera colectiva.

24 de enero de 2010
©la nación 

central pagó 442 millones a pinochet

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Pinochet obtuvo US$442 millones del Banco Central y la Tesorería. Las cerca de 160 leyes, dictadas secretamente por la junta militar, ordenaron retiros financieros a favor de las Fuerzas Armadas y el Ministerio de Defensa. Una ley ordenó a la Tesorería otorgar US$100 millones, sin fundamentar el mandato.

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[John Dinges y Jorge Escalante] La dictadura de Augusto Pinochet usó el mecanismo de leyes "secretas" y "reservadas" para ordenar el traspaso de grandes cantidades de dinero desde el Banco Central y la Tesorería General de la República a las cuentas reservadas de las instituciones militares.
Entre 1979 y 1981, la junta militar ordenó al Banco Central y a la Tesorería el traspaso de 442 millones de dólares a las cuentas reservadas del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea de Chile, el Consejo Superior de Defensa Nacional y el Ministerio de Defensa.
Los textos secretos fueron conocidos por LND y reproducidos por primera vez en estas páginas. En sólo uno de los documentos se hace referencia específica a la razón del por qué se efectuaron los requerimientos. En el decreto ley "secreto" Nº 3.527, por el cual se ordenó a la Tesorería traspasar al Ministerio de Defensa 50 millones de dólares, la junta especificó que el dinero se demandó para "cubrir la diferencia generada por la adquisición de material bélico". El resto de los textos no da razón de por qué se efectuaron los requerimientos.
Cinco de las leyes invocaron a la Ley 13.196 del Cobre, que aseguraba a las Fuerzas Armadas el 10 por ciento de la venta del mineral. Una sexta, la Ley 18.090, sólo indicó como destinatario de los US$100 millones al Ministerio de Defensa, sin fundamentar el requerimiento. En cuatro de aquellos decretos leyes se autorizó a Augusto Pinochet, en su calidad de "Presidente de la República", para "contratar préstamos" con el Banco Central por un total de 292 millones de dólares. Hasta hoy se desconoce si el mismo Pinochet u otra autoridad devolvió al banco esos "préstamos".
Las fechas de los textos legales coinciden con los años de creciente tensión bélica entre Chile y Argentina por la disputa limítrofe relacionada con las islas del Canal Beagle. Invocando a la Ley sobre Acceso a la Información Pública, la recientemente creada organización ArchivosChile* y LND solicitaron al Banco Central la información de los antecedentes que existan en sus archivos acerca del egreso de esos 292 millones de dólares, a quién fueron entregados o en qué cuentas bancarias efectivamente se depositaron, y si esos fondos fueron devueltos al banco. Lo mismo se requirió al Ministerio de Defensa para conocer si en sus archivos existen huellas de quién recibió esos fondos, qué destino tuvieron, si fueron asignados realmente al Ejército, la Armada y Fuerza Aérea, bajo qué condiciones, a qué personas y por qué montos.
También se solicitó a la Tesorería General de la República conocer si los 150 millones de dólares (que sumados a los 292 demandados al Banco Central enteran los 442 millones de dólares referidos) egresaron desde allí y a quién se entregaron en el Ministerio de Defensa.

Los Firmantes
Entre quienes firman los textos, además de los miembros de la junta militar y Pinochet, está el general César Manríquez Bravo, viejo agente de la DINA, que en diciembre de 1981 era subsecretario de Guerra. Manríquez está hoy procesado por 55 secuestros por víctimas de la Operación Colombo y condenado por otros crímenes a cinco años, pero beneficiado con libertad vigilada.
También firma Sergio de Castro Spikula, quien entre 1976 y 1982 fue ministro de Hacienda, y el capitán de navío Pedro Larrondo Jara, como ministro de Hacienda subrogante en abril de 1979. De los integrantes de la junta que firmaron los textos los únicos que sobreviven son los generales Fernando Matthei y César Benavides.
El fallecido economista Álvaro Bardón presidió el Banco Central entre 1977 y 1981. Fue reemplazado por Sergio de la Cuadra Fabres, que antes se había desempeñado como vicepresidente del instituto emisor. El ex ministro de Minería, canciller y vocero del régimen opresor, Hernán Felipe Errázuriz, también ocupó ese cargo entre el 30 de abril y el 3 de diciembre de 1981.
Sólo tras el fin de la dictadura se supo del uso de esta legislación secreta, pero, hasta ahora, poco ha trascendido sobre el contenido de esta legislación. En los registros de la historia de las leyes de la Biblioteca del Congreso Nacional no hay antecedentes de estas disposiciones emanadas de la junta. Y los que existen en las actas de la junta militar no se pueden consultar, pues hasta hoy tienen el carácter de "secretas".
El 5 de agosto de 2003, ocho diputados de la Concertación -entre ellos los DC Gabriel Ascencio y Jorge Burgos y el socialista Fidel Espinoza- ingresaron un proyecto de ley para hacer públicas todas las disposiciones legales dictadas bajo el período militar con carácter de "secretas" o "reservadas". Todavía se tramita en el Parlamento.
De acuerdo al índice de estos documentos que maneja la Contraloría General de la República, entre 1973 y 1990 se dictaron 160 disposiciones "secretas" o "reservadas". Otras fuentes consultadas indican que entre las instituciones del Estado no existe hasta ahora una cifra concordante de estos textos legales. Al menos, 150 se publicaron en el Diario Oficial en ediciones "restringidas" de entre cinco a 50 ejemplares.

-ArchivosChile es una iniciativa del Centro de Investigación e Información (Ciinfo) de Washington, el Instituto de Comunicación e Imagen de la Universidad de Chile y La Nación Domingo, dedicada a investigaciones en el ámbito del servicio público utilizando la Ley sobre Acceso a la Información Pública.

Cronología de las Seis Leyes
- El 8 de septiembre de 1978 la junta militar dictó el Decreto Ley Reservado Nº 2.330. En él se ordenó al Banco Central otorgar "un aporte extraordinario de US$12 millones al Consejo Superior de la Defensa Nacional" para destinarlos al Ejército, Armada y Fuerza Aérea. Para ello se autorizó a Pinochet a "contraer obligaciones con el Banco Central" por ese monto.

- El 29 de abril de 1979 la junta dictó el Decreto Ley Reservado Nº 2.576. Por él se autorizó "al ministro de Defensa Nacional para contratar con el Banco Central de Chile préstamos hasta por US$100 millones al plazo, intereses y demás condiciones que se fijen de común acuerdo con dicha institución". Tales fondos "serán depositados en forma reservada en la cuenta Nº 9153 de la Fuerza Aérea de Chile".

- El 23 de julio de 1979 la junta militar dictó el Decreto Ley Reservado Nº 2.822. Se autorizó "al Presidente de la República para contratar con el Banco Central de Chile préstamos hasta por US$100 millones". Tales fondos "serán depositados en forma reservada en la cuenta Nº 9151 del Ejército de Chile".

- El 23 de julio de 1979 la junta militar dictó el Decreto Ley Secreto Nº 2.823. También se "autorizó" a Pinochet para pedir US$80 millones al Banco Central, en calidad de "préstamo", para depositarlos "en forma reservada en la cuenta Nº 9152 de la Armada de Chile".

- El 28 de noviembre de 1980 la junta dictó el Decreto Ley Reservado Nº 3.527. Se dispuso que "la Tesorería General de la República asignará US$50 millones al Ministerio de Defensa Nacional con el fin de cubrir la diferencia generada por la adquisición de material bélico".

- El 28 de diciembre de 1981 la junta militar dictó la Ley Secreta Nº 18.090. Ella estableció que "la Tesorería General de la República asignará US$100 millones al Ministerio de Defensa Nacional".

Los "Sobresueldos" de la Marina
Otros dos decretos leyes de carácter "reservado" bajo el régimen de Augusto Pinochet dan cuenta de que al interior de las Fuerzas Armadas y el Ministerio de Defensa existieron altos montos de dinero destinados al "ítem Sobresueldos". El 29 de octubre de 1976, la junta militar dictó el decreto ley "Reservado" Nº 1.589. En él se dispuso que, por motivo de "las necesidades operativas de la Armada", se autorizaba a la Subsecretaría de Marina dependiente del Ministerio de Defensa Nacional "para traspasar desde el ítem ‘Sobresueldos’ hacia el ítem ‘Servicios Generales’ la suma de US$1.017.000 (un millón diecisiete mil dólares de los Estados Unidos de América) del presupuesto corriente en moneda extranjera convertida a dólares".
El decreto ley llevó la firma de Augusto Pinochet en calidad de "General de Ejército y Presidente de la República", de los miembros de la junta militar José Toribio Merino, comandante en jefe de la Armada; Gustavo Leigh Guzmán, jefe de la Fuerza Aérea; César Mendoza, como máxima autoridad de Carabineros, y el general Carlos Forestier, como ministro de Defensa Nacional subrogante. Además, el texto fue firmado por Jorge Cauas Lama, quien a la fecha era ministro Hacienda.
A su vez, el decreto ley "reservado" Nº 1.599 del 17 de noviembre de 1976, por el mismo motivo de "necesidades operativas de la Armada de Chile", dispuso que la Subsecretaría de Marina traspasara US$150.000 (ciento cincuenta mil dólares de los Estados Unidos de América) desde el ítem ‘Sobresueldos’ al ítem ‘Material Militar, Policial y Gastos de Maniobras’ del presupuesto corriente en moneda extranjera convertida a dólares".
El decreto ley llevó la firma de las mismas autoridades militares que firmaron el texto anterior, incluido Jorge Cauas como ministro de Hacienda, pero, en este caso, lo rubricó el entonces ministro de Defensa titular, general Herman Brady Roche. Hasta ahora no constituía una información pública que durante el período militar existieran altos montos de sobresueldos que beneficiaran a los miembros de las Fuerzas Armadas, como en este caso ocurrió en la Marina.
Fuentes castrenses consultadas dijeron que desconocían estos decretos leyes. Además, negaron que existiera el ítem "Sobresueldos" durante el régimen de Pinochet, como también se manifestaron aún más "extrañados" cuando se les preguntó si el ítem "Sobresueldos" era tan alto que permitía auxiliar a otros ítems dentro de la Armada, como lo demuestran estas disposiciones legales. "Que yo sepa, nunca en las Fuerzas Armadas han existido los sobresueldos para su personal", expresó una alta fuente militar que pidió reserva de su identidad. En la historia de las leyes existente en la Biblioteca del Congreso Nacional, al igual que en el caso de los montos sacados desde el Banco Central y la Tesorería General de la República, tampoco existen huellas de estos dos decretos leyes por tener el carácter de "reservados".
Igualmente, tampoco se permite consultar los antecedentes que sobre ellos existan en las actas de la junta militar, puesto que éstas aún mantienen el carácter de "secretas".

24 de enero de 2010
©la nación

abren museo de casa de frei montalva

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Casa de ex presidente Eduardo Frei Montalva, asesinado por orden de Pinochet, abre sus puertas como museo.

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Santiago, Chile. En conmemoración a los 28 años de la muerte del presidente Eduardo Frei Montalva, su hogar, declarado Monumento Nacional y hoy transformado en la Casa Museo Eduardo Frei Montalva, abrió sus puertas hasta el 31 de enero, para exponer de manera gratuita objetos del Mandatario nunca antes exhibidos, como su cámara fotográfica y tocadiscos.
Los asistentes podrán recorrer el interior de la vivienda, la cual se mantuvo en perfectas condiciones después del asesinato de Frei-Montalva y podrán observar vinilos, agenda, pasaporte y fotografías de su infancia y juventud.
La Casa Museo, ubicada en calle Hindenburg, siguió habitada luego de la muerte del Presidente por su mujer María Ruiz-Tagle, hasta fines de los años 80.
El proyecto comenzó en el 2006, cuando volvió a abrir sus puertas gracias al Consejo de Monumentos Nacionales, que ratificó el proyecto de reconservación del lugar, a cargo del arquitecto Teodoro Fernández.

23 de enero de 2010
©la nación

elevan penas por secuestro de barrios

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Suprema eleva penas a agentes DINA que secuestraron a Álvaro Barrios. La abogada Magdalena Garcés, del Programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior, se manifestó satisfecha, pues dijo que pese a que las penas no son proporcionales a la gravedad del delito se logró que fueran efectivas.

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Santiago, Chile. En un hecho inédito esta semana la Sala Penal de la Corte Suprema no aplicó la prerrogativa de "media prescripción" a una causa de violación a los derechos humanos, lo que permitió ayer al máximo tribunal elevar las condenas dictadas por el secuestro calificado del estudiante de Pedagogía Álvaro Barrios Duque, ocurrido a partir del 15 de agosto de 1974.
De esta forma Marcelo Moren Brito y Miguel Krassnoff Martchenko fueron sentenciados a cumplir cinco años y un día de pena efectiva, quitándoles el beneficio de libertad vigilada a la cual optaron cuando la Corte de Apelaciones los condenó a sólo tres años de cárcel. También fue elevado a cinco años y un día el castigo para el cabo (R) del Ejército Basclay Zapata. Antes el tribunal de alzada lo había sentenciado a 800 días remitidos.
Los ministros Jaime Rodríguez, Carlos Künsemüller y Haroldo Brito elevaron estas penas al desechar la "media prescripción" que otorga beneficios a quienes sean detenidos después de la mitad del tiempo que la justicia espera para declarar extinguida la acción penal.

El ‘Negro’ Paz
Otro de los hitos importantes de esta sentencia es que por primera vez el mayor (R) del Ejército Nelson "Negro" Paz Bustamante -chofer en este grupo operativo y que tiene varios procesamientos en curso- va a cumplir una condena tras las rejas, pues hasta el momento se encontraba en libertad. La Suprema elevó su castigo de 800 días a cinco años y un día de presidio efectivo. A Manuel Contreras se le mantuvo la pena de cinco años y un día.
Tras conocer el fallo, la abogada Magdalena Garcés del Programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior se manifestó satisfecha, pues dijo que pese a que las penas no son proporcionales a la gravedad del delito se logró que fueran efectivas y que los responsables del secuestro de Barrios cumplan su castigo en la cárcel.
"Estamos contentos porque es un fallo en el cual se nos escuchó y se rechazaron las dos atenuantes alegadas por la defensas de los militares que era la media prescripción y otra del Código de Justicia Militar que habla de la ‘obediencia indebida’" señaló Garcés.

22 de enero de 2010
©la nación

estudian nueva elección en el idh

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Igualmente las agrupaciones denunciantes evalúan impugnar el proceso, al tiempo que la Contraloría revisará la legalidad del mismo. Jorge Campos, director elegido, explica por qué las cuestionadas 19 organizaciones aparecen con el mismo domicilio en Puerto Varas.

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[Antonio Valencia] Santiago, Chile. Coyhaique 2361, Puerto Varas, es la dirección que 19 organizaciones inscritas en la Subsecretaría del Interior declararon como su sede. En el lugar hoy no funciona ninguna organización.
El ministro secretario general de la Presidencia, José Antonio Viera-Gallo, comentó ayer la necesidad de "convocar a una nueva asamblea" para que las organizaciones de derechos humanos elijan a sus cuatro representantes para el directorio del Instituto de Derechos Humanos (IDH).
El proceso fue declarado "ilegítimo" por agrupaciones como Codepu, Fasic, Parque Villa Grimaldi y ex presos políticos de la Región de Valparaíso, entre otros, que acusaron anomalías en el proceso de inscripción de 15 agrupaciones de Puerto Varas que se establecieron recién en 2009 y que declararon idéntica dirección, domicilio donde hoy no funciona ninguna sede.
"Nadie pensó que se iban a inscribir 15 organizaciones bastante desconocidas de Puerto Varas", acotó Viera-Gallo, añadiendo que dichas agrupaciones eligieron el martes a los cuatro consejeros, dos de los cuales ya "han renunciado", dijo. "Es una situación muy anómala y se están tomando todas las precauciones para volver a convocar a una asamblea y constituir como corresponde el consejo", completó.
Mientras ello se tramita, las agrupaciones advierten que las entidades puertovarinas y sus representantes elegidos -Anita Jacob y Jorge Campos- evalúan impugnar el proceso por cuanto éstos carecen de trayectoria en derechos humanos que establece la ley.
Entretanto, el subsecretario del Interior, Patricio Rosende, ofició a la Contraloría para que se pronuncie sobre "la forma en que se entregaron en la Municipalidad de Puerto Varas las personalidades jurídicas" de las organizaciones en cuestión, proceso que puede conducir a su eliminación del registro y el llamado a la nueva elección.
En el municipio de Puerto Varas dicen que todas las agrupaciones cuestionadas poseen personalidad jurídica en regla, pero con direcciones distintas a las señaladas en el registro de la Subsecretaría del Interior. Por ello, estiman que el "error" ocurrió en Santiago.

Versión de Campos
Contactado por La Nación, Jorge Campos, consejero elegido y militante PS, defiende el proceso y a las "organizaciones de base que representa", explicando que entre ellas existe un "coordinación" para evitar ser nuevamente "relegados" por agrupaciones "simbólicas que no nos representan", dijo. Explicó, además, que declararon la misma dirección en Puerto Varas porque "la idea es que en ese domicilio, entregado en comodato por Anita Jacob, se establezca (a futuro) la sede comunitaria".
Campos explica que todos los papeles están en orden, y que fue "la División Jurídica de la Subsecretaría del Interior la que analizó nuestros antecedentes y nos comunicó en una resolución exenta (Nº10.640 del 28 de diciembre de 2009) que habíamos sido aceptados", dijo, agregando "que muchas otras organizaciones -varias de ellas de Osorno-, se les comunicó que no habían sido aceptadas", explicó.

Más Críticas
Mireya García, vicepresidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, criticó duramente los hechos denunciados. "Estamos viviendo un pequeño escándalo con la designación de las organizaciones de DDHH que participarán en el directorio del IDH, ya que se han presentado más de 40 organizaciones, pero lo grave es que alrededor de 15 de ellas de Puerto Varas tienen registrada la misma dirección y ninguna de ellas tiene ninguna la trayectoria (requerida) y están recientemente creadas", dijo.
"Hay una situación absolutamente anómala que el Ministerio del Interior tiene que resolver. Lo único que se puede hacer es dejar nula la elección que se hizo y volver a un proceso que por lo menos respete los principios básicos", añadió.
Consultada sobre presuntos vínculos del PS en las anomalías (la consejera elegida Anita Jacob, es hermana del concejal de Puerto Varas), García dijo que hará la denuncia. "Si esto viene del PS me parece absolutamente repudiable".

22 de enero de 2010
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absuelven a pascale bonnefoy

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Absuelven a periodista Pascale Bonnefoy en juicio por injurias a Edwin Dimter.

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Santiago, Chile. El magistrado del Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, Freddy Cubillos, determinó absolver a la periodista Pascale Bonnefoy en el juicio por injurias y calumnias presentada en su contra por el ex oficial del Ejército Edwin Dimter Bianchi, quien fue identificado por ella como ‘el Príncipe’ del Estadio Chile, en un artículo publicado en mayo del año 2006.
Edwin Dimter negó la acusación de Bonnefoy, presentando una querella contra la profesional por presuntas injurias y calumnias.
Para realizar el artículo, Bonnefoy consultó a militares y ex presos políticos que estuvieron en el Estadio Chile, recinto ocupado por las fuerzas represoras de la dictadura como centro de detención.

Nulidad
A partir de ahora, los querellantes tienen un plazo de 10 días para pedir la nulidad del juicio, la que de ser acogida, daría paso a un nuevo proceso.
En una de sus partes el veredicto indica que las responsabilidades penales son de carácter individual y que "no se ha podido acreditar más allá de la razonable duda, la participación de la querellada de manera directa ni aun como instigadora de la funa de que fue objeto el querellado, motivo por el cual deberá ser absuelta de ese hecho".
El documento señala que "no cualquier expresión deshonrosa en medios de comunicación permite la configuración del ilícito", y agrega que "en lo general se advierte que del cuerpo del reportaje surgen expresiones que pueden resultar lesivas a la honra pero que en su contexto no configuran penal".

22 de enero de 2010
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