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crímenes del frente cacique pipintá


Las prácticas criminales del Frente Cacique Pipintá. Se hicieron pasar por guerrilleros, reclutaron menores de edad y arrojaron los cuerpos de sus víctimas al río Cauca. Así actuó el Frente Cacique Pipintá en Caldas y Risaralda durante nueve años.
Colombia. Haciéndose pasar por guerrilleros del Frente 47 de las Farc, los hombres del grupo de contraguerrilla Los Buitres del Frente Cacique Pipintá buscaban "descubrir" a milicianos y colaboradores dentro de la población civil. Bajo esta lógica criminal asesinaron a más de 100 personas en diversos municipios del departamento de Caldas.
Esa dinámica de guerra fue revelada por el exparamilitar Nelson Enrique Toro Arcila, alias ‘Fabio’, a un fiscal de la Unidad Nacional de Justicia y Paz durante diligencia de versión libre realizada en Medellín en la que reconoció por lo menos 20 hechos delictivos como integrante de esta organización paramilitar.
La estrategia que utilizaron fue presentarse ante algunas comunidades campesinas como guerrilleros enviados por Pedro Pablo Montoya, alias ‘Rojas’, comandante del Frente 47 de las Farc. "Les poníamos pruebas como prestarnos la cocina, darnos desayuno y si eran muy queridos era porque eran guerrilleros o colaboradores", explicó el postulado.
Esta estructura paramilitar surgió en 1998 por disposición estratégica de Carlos Mario Jiménez Naranjo, alias ‘Macaco’, máximo líder del Bloque Central Bolívar. Su propósito era hacer presencia en los departamentos de Caldas y Risaralda, su tierra natal, y encomendó su dirección política a Iván Roberto Duque Gaviria, alias ‘Ernesto Báez’.
Entre los años 1998 y 2001 el comandante militar de este frente, que inicialmente fue conocido como Frente Caldas, fue un hombre conocido con el alias de ‘Mi rey’, de quien no se precisó su nombre. Luego, esta facción paramilitar cambió su nombre al de Cacique Pipintá y su comandancia pasó a manos de Pablo Hernán Sierra, alias ‘Alberto Guerrero’.
De acuerdo con Toro Arcila, alias ‘Mi rey’ elaboró una lista de personas que habían sido identificadas por el Ejército y la Policía como supuestos guerrilleros y colaboradores del Epl y las Farc. La orden que dio fue matar a todos los que estuvieran en el listado. Con ese propósito, la tropa comandada por alias ‘Fabio’ empezó a recorrer las diferentes zonas rurales de los departamentos de Caldas y Risaralda.
En dos de los casos confesados por el postulado quedó en evidencia la estrategia de hacerse pasar por insurgentes. Sobre el primero de ellos dijo: "llegamos a la finca de este señor con la lista que me dio alias ‘Mi rey’ y yo hago como si fuera de la guerrilla. Él muy amablemente nos colaboró y hasta nos dio desayuno. En ese momento yo comprobé que era colaborador y le di la orden a alias ‘Foca’ para que se lo llevara por la carretera que va del Palo hacia Supia, Caldas. Allá lo mataron", narró Toro Arcila.
En el segundo caso, la víctima murió en circunstancias similares. El exparamilitar contó que llegaron al predio y le dijeron que eran unos subalternos del comandante Rojas, que los había enviado a hablar con él. "Yo le pedí permiso para hacer el almuerzo en el trapiche que tenía y él muy amablemente nos dejó. Pasamos toda la tarde allá y luego yo le di la orden a alias ‘Piraña’ y a alias ‘Samaná’ para que lo ejecutaran".
Asimismo, para poder cumplir la orden de alias ‘Mi rey’, los hombres del Cacique Pipintá paraban buses, colectivos, chivas y otros automóviles para hacerles "unas preguntas" a sus pasajeros; además, se les pedía las cédulas con el fin de verificar si sus nombres estaban en la lista de supuestos colaboradores de la guerrilla.
"Cuando cogíamos a uno lo interrogábamos y le decíamos por qué lo íbamos a matar. Una vez le dije a un señor que bajé de una chiva que yo le daba la oportunidad de vivir si me decía a qué comandante de la guerrilla le daba la información, como no me respondió lo maté", admitió el postulado, quien agregó que las "operaciones de control y registro" también las aplicaron en tiendas, casas de familia y discotecas de aquellos pueblos donde hacían presencia.
Toro Arcila confesó dos incursiones armadas (una en el año 2002 y otra en el 2003) realizadas en el municipio de Arauca, Caldas, en las que, con la ayuda de otro grupo de contraguerrilla del Frente Cacique Pipintá denominado el ‘Grupo Delta’, se tomaron el casco urbano del pueblo para sacar a supuestos milicianos del Epl. En la primera acción armada murió una persona y en la segunda seis, de ellas, tres fueron menores de edad.
El reclamo de las víctimas no fue sólo para que el postulado confesara que uno de ellos había sido asesinado por equivocación, sino para conocer el paradero de los que se aún encuentran desaparecidos. La única respuesta que dio alias ‘Fabio’ es que de esos seis muertos, tres quedaron en el sitio donde fueron asesinados y los otros tres fueron lanzados al río Cauca.
La desaparición de los cuerpos fue otra de las prácticas que admitió el postulado. Uno de los casos por el que preguntaron las víctimas fue por el de dos escoltas de un camión que transportaba pilas y linternas de la marca Varta.
Si bien, alias ‘Fabio’ aseveró que sólo retuvo al conductor y se apropió de la mercancía transportada, en una reunión escuchó a alias ‘Víctor’ y a alias ‘El paisa’, comandantes del grupo de contraguerrilla ‘Las Cobras’, que a los dos escoltas del camión los asesinaron y sus cuerpos fueron arrojados al río Cauca.
Los familiares de los asesinados afirmaron que desde su desaparición los estaban buscando: "nos habían dicho que los habían tirado al río, pero no sabíamos si era verdad. Ahora nos toca esperar la versión de alias ‘Alberto Guerrero’ para que nos diga por qué dio la orden de matarlos".
En el caso de Sandra Margarita Henao, una mujer que había sido identificada por alias ‘Mi rey’ como supuesta miliciana de las Farc fue detenida durante cuatro días hasta que alias ‘Fabio’ la asesinó cerca al río Chamberí en Caldas. En un primer momento, el postulado sólo se refirió al asesinato de la víctima, pero gracias a la intervención de un familiar presente en la audiencia se pudo esclarecer que luego de ser asesinada, alias ‘Sergio’, hermano del postulado, y alias ‘Samaná’ la descuartizaron y la arrojaron al río para que su cuerpo no pudiera ser encontrado.

Así Era el Frente Cacique Pipintá
En la audiencia de versión libre, el ex paramilitar explicó cómo estaba estructurado el Frente al que pertenecía el grupo contraguerrilla que él comandó y que era denominado ‘Los Buitres’. Su ingreso a las Auc fue en el año de 1998, meses después de haber dejado el Ejército Nacional, donde se formó como soldado profesional.
Luego de un año como patrullero y escolta en diversos bloques paramilitares, Toro Arcila se presentó al Frente de Caldas comandado por alias ‘Mi rey’. De allí lo enviaron a la Escuela Corazón, un lugar de entrenamiento que pertenecía al Bloque Metro y que estaba ubicada en el corregimiento de Cristales del municipio de San Roque, Antioquia.
Durante dos meses recibió instrucción militar a cargo de un teniente y un cabo retirados del Ejército, que consistía en aprender a ser comandante y a dirigir las fuerzas especiales urbanas, conocidas como Grupos de Autodefensa Urbana (Grau).
Asimismo, recibió instrucción política y financiera, la cual estuvo a cargo de una mujer conocida con el alias de ‘La Chave’, e identificada posteriormente como Isabel Cristina Bolaños Dereix, quien trabajaba en la Escuela La 35 y era muy cercana a los hermanos Castaño Gil y a Salvatore Mancuso. Ella no ha sido judicializada y se sabe que vive en algún lugar de la Costa Atlántica.
Una vez finalizó la etapa de instrucción, Toro Arcila regresó al municipio La Merced, Caldas, y se incorporó al grupo de contraguerrilla conocido como ‘Las Águilas’. Allí empezó a seguir las órdenes de alias ‘Mi rey’ hasta que a finales de junio del año 2000 se retiró del grupo por problemas con el comandante. Durante la segunda mitad del 2000 estuvo al mando del Frente del Oriente, que también pertenecía al Bloque Metro. Su área de influencia eran los municipios de Concepción y Guarne, en Antioquia.
En 2001 decidió regresar a Caldas y encontró que el Frente Caldas había sido reemplazado por el Frente Cacique Pipintá y su comandancia estaba ahora bajo la responsabilidad de alias ‘Alberto Guerrero’, quien tuvo resonancia hace varios meses cuando, en entrevista concedida al Representante a la Cámara Iván Cepeda, relacionó al ex presidente Álvaro Uribe Vélez con grupos paramilitares de Antioquia.
Para ese año el Frente Cacique Pipintá estaba divido en seis grupos de contraguerrilla: ‘Las Águilas’ comandado por Samuel Gallego, alias ‘Fernando’; ‘Las Cobras’, al mando de alias ‘Víctor’, quien fue sancionado y remplazado por alias ‘El paisa’; ‘Los escorpiones’, a quienes dirigía alias ‘Hugo’; ‘Los Halcones’ o ‘Grupo Delta’ comandado por Luis Fernando Marín, alias ‘Franco’; y ‘Los Buitres’, al mando de alias ‘Fabio’, quien operó en los municipios de Manizales, Neira, Chinchiná, Palestina, Arauca e Irra.
Cada uno de esos grupos contraguerrilla tuvo entre 15 y 20 hombres y los uniformes los conseguía alias ‘Fabio’ en las tiendas de la IV Brigada de Medellín y la V Brigada de Bucaramanga presentando el carné que había obtenido cuando hizo parte del Ejército.
Una de las principales fuentes de financiación, según Toro Arcila, fue la extorsión a ganaderos, comerciantes, empresarios y transportadores. "Nosotros le explicábamos nuestro proyecto de seguridad para la región y así algunos nos pagaban voluntariamente y otros sí tocaba a la fuerza. Si no pagaban le quitábamos las vacas o las bestias que equivalían a la deuda", afirmó el postulado.
Por estas actividades les entraban mensualmente entre 15 y 20 millones de pesos, los cuales eran destinados a la compra de armamento, radios de comunicaciones, logística y al pago de los miembros del Frente.
Al ser parte del Bloque Central Bolívar, el Frente Cacique Pipintá heredó los estatutos disciplinarios que regían a todos los miembros de la organización. Cuando alguno no cumplía lo que allí se estipulaba recibían sanciones que podían ser económicas, de esfuerzo físico o, la más alta, la ejecución.
En aplicación de esas normas, alias ‘Fabio’ confesó haber ordenado la muerte y desaparición de un menor de edad que había reclutado en Manizales. "Él sólo duró dos días en la organización porque cuando lo mandé hacer un trabajo lo capturaron. Le dijo a la Fiscalía muchas cosas acerca de nosotros y sobre todo de mí. Hasta ese entonces en la Fiscalía no sabían cómo era yo, pero él me describió".
Un año después, cuando el entonces menor de edad salió del centro de reclusión de menores, Toro Arcila encomendó a alias ‘Valija’, otro menor de edad reclutado por el grupo de Los Buitres, para que matara y desapareciera al joven.
En los tres días de versión libre, Toro Arcila no sólo describió el frente del cual hizo parte, sino que admitió 20 hechos criminales de una lista de por lo menos 95 casos presentados por el postulado a Justicia y Paz, los cuales serán referidos en posteriores audiencias de las cuales aún no se conocen las fechas. Todo lo dicho por el postulado será contrastado por las investigaciones que adelanten los funcionarios de la Unidad de Justicia y Paz.
28 de octubre de 2011
23 de octubre de 2011
cc verdad abierta

masacre de las auc en el naya


La masacre de las Auc para escapar del Naya. Los paramilitares asesinaron a siete afrodescendientes en Buenaventura como una forma de cubrir la huida de los hombres que cometieron la masacre del Naya.
Colombia. "Me dijeron que hiciera una barbarie". Esa fue la respuesta que el desmovilizado Yesid Enrique Pacheco, alias ’El Cabo’, les dio a los desplazados de El Firme, una apartada vereda de Buenaventura hasta donde llegó la violencia del Bloque Calima de las Auc que estaba inmerso en su "incursión" al Naya en abril de 2001.
Producto de la desesperación de los jefes paramilitares de la ciudad-puerto por las capturas que la Armada estaba realizando en las veredas El Cacao y San Francisco, decidieron atacar a la población civil a nombre de las Farc para desviar la atención de la fuerza pública.
Así lo confesaron tres postulados al proceso de Justicia y Paz durante dos semanas de versión libre, en la que la Fiscalía reunió 65 ex paramilitares para que aclararan cómo fueron los hechos de la masacre del Naya, y les dieran respuesta a sus víctimas que siguieron en directo la audiencia desde Cali, Buenaventura, Santander de Quilichao y Timbío.
El ex jefe financiero del Frente Pacífico del Bloque Calima, Juan Mauricio Aristizábal, alias ’El Fino’, señaló que fue un coronel de la Armada quien le sugirió que "llamáramos la atención porque no podía soltarlos (a los capturados) ni dejar el operativo".
El postulado agregó que el oficial no les dijo directamente que atacaran El Firme, pero les dio la idea de atacar a civiles haciéndose pasar por guerrilleros.
El encargado de desviar la atención fue ’El Cabo’, quien por orden de alias ’El Mocho’ (ex jefe militar del Frente Pacífico asesinado en Antioquia después de la desmovilización) y alias ’El Fino’, quemó algunos caseríos e hizo desplazar a varias personas de zonas aledañas al casco urbano de Buenaventura.
A pesar de estos hechos, las capturas de los paramilitares en el Naya continuaron y fue cuando a ’El Cabo’ le dieron la orden de "hacer una barbarie".
Los jefes paramilitares enviaron a 15 paramilitares de Buenaventura con ’El Cabo’ y alias ’Félix’, quien durante varios años perteneció al Frente 30 de las Farc y cambió de bando cuando el Bloque Calima incursionó en el Pacífico vallecaucano.
’Félix’ los llevó en lancha a El Firme por medio de los esteros en los que "se movía como pez en el agua", y fue el encargado de seleccionar a los supuestos colaboradores de alias ’Mincho’, el entonces jefe del Frente 30 para ser asesinados.
Esa madrugada del 29 de abril de 2001, cuando los sentenciados por ’Félix’ estaban reunidos y tendidos en el suelo, ’El Cabo’ ordenó que no dispararan y consiguieran machetes. Varios de los secuestrados intentaron huir y les dispararon.
Los paramilitares no encontraron machetes, pero sí un hacha, con la que ’El Cabo’ decapitó, desmembró y le abrió el estómago a su primera víctima.
Esta despiadada práctica la repitió con otra persona y luego entregó el arma a ’Félix’ para que sus compañeros siguieran con su "barbarie". En total fueron asesinados cinco hombres a punta de hacha.
Mientras sus compañeros asesinaban a los señalados por ’Félix’, ’El Cabo’ y otros paramilitares saquearon algunas casas y pintaron grafitis alusivos a las Farc contra los "paracos", para de esta manera encubrir su matazón.
Durante su recorrido, ’El Cabo’ se topó con una mujer a la que violó y, según él, la "muchacha accede a que tengamos relaciones, de pronto por temor a ser asesinada".
Para redondear su "barbarie" los paramilitares le prendieron fuego a varias casas, entre ellas la guardería y la escuela del lugar. Una vez terminaron saquearon el lugar y desde las lanchas en las que emprendieron la huida les gritaron a los sobrevivientes que habían sido masacrados por sus nexos con los paramilitares.
Como consecuencia de estos hechos, siete personas fueron asesinadas, otras fueron heridas y alrededor de 37 familias se desplazaron y no retornaron a sus hogares. Otras personas resultaron lesionadas porque cuando ingresaron los paramilitares se aventaron desesperadamente por las ventanas para ocultarse en el monte y las bases de sus casas estaban entre 2 ó 3 metros de altura sobre el suelo.
Los desplazados de El Firme defendieron su inocencia y dijeron que ellos nunca tuvieron nexos con la guerrilla ni conocieron a ’Mincho’ de las Farc.
En su respuesta, ’El Cabo’ reconoció que en esa vereda cometieron una injusticia y que murió gente inocente.
"’Félix’ fue uno de los lancheros de ’Mincho’ y estuvo varios años en el Frente 30 (…) Más adelante me di cuenta que murió gente inocente y trabajadora, que no sé por qué él hizo asesinar. ’Félix’ seleccionó el personal y no hicimos ninguna investigación", reconoció el postulado a sus víctimas.
Los sobrevivientes de esta masacre pidieron que su hogar sea reconstruido y les brinden las garantías para volver a El Firme porque "antes teníamos los recursos para sobrevivir y ahora aguantamos hambre. Nuestro pueblo desapareció de la faz de la tierra".
’El Cabo’ reconoció que al día siguiente de la masacre bajó la presión de la fuerza pública en el Naya y después ayudó a salir a alrededor de 18 paramilitares que estaban en las bocanas de López de Micay, quienes en la Semana Santa de 2001 asesinaron, desaparecieron y desplazaron a una cantidad indeterminada de habitantes del Naya.
26 de octubre de 2011
20 de octubre de 2011
cc verdad abierta

piden condena para gil y riaño


Procuraduría pide condena contra ex congresistas Gil y Riaño. El Ministerio Público solicitó a la Corte Suprema condenar a los ex congresistas santandereanos Luís Alberto Gil y Alfonso Riaño por nexos con grupos paramilitares. Los políticos se defendieron.
Colombia. Ante la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, la Procuraduría solicitó que se condenara a los ex congresistas Luís Alberto Gil y Alfonso Riaño, miembros del desaparecido partido político Convergencia Ciudadana, por el delito de concierto para delinquir agravado con los paramilitares que delinquieron en Santander.
En el final del juicio contra Gil y Riaño, el delegado del Ministerio Público explicó que existen pruebas documentales y testimonios que evidencian la existencia de un pacto político entre los dos políticos con el Bloque Central Bolívar de las Auc para las elecciones a Congreso de 2002.
La solicitud de la Procuraduría coincide con la decisión del mismo Ministerio Público proferida en julio de este año en la que inhabilitó para ejercer cargos públicos por 20 años a Gil, luego de considerar que había pruebas de sus alianzas con Carlos Mario Jiménez alias ‘Macaco’, Rodrigo Pérez alias ‘Julián Bolívar’ e Iván Roberto Duque Escobar alias ‘Ernesto Báez’, jefes de las Auc.
De igual forma, el representante de la Procuraduría solicitó a la Corte Suprema que absolviera a los ex congresistas del delito de constreñimiento al elector por el cual también son procesados. Según el delegado, no hay evidencias claras de la responsabilidad de los ex congresistas frente a este delito.

La Defensa
Durante la misma audiencia, Gil pidió su absolución. Los alegatos de Gil arrancaron explicando su relación profesional con el abogado Ramón Ballesteros, condenado por intentar sobornar a un desmovilizado David Hernández López alias ’Diego Rivera’ para que se retractara de los señalamientos que estaba haciendo contra sus clientes, precisamente los dos políticos procesados por parapolítica.
Según Gil, Ballesteros fue un abogado ocasional de su proceso pero nunca un amigo, más aún cuando "éste (Ballesteros) se encontraba en la otra orilla del campo político… Él (Ballesteros) es un conocido", explicó el ex congresista.
Gil alegó que nunca tuvo afinidad política ni ideológica con los grupos paramilitares de su región y de igual forma aseguró que el crecimiento de su partido Convergencia Ciudadana se debió a un trabajo de diez años y no a la influencia de algún grupo armado. "No somos ningunos aparecidos", agregó.
Para Gil, las pruebas existentes en el proceso llevan a una conclusión opuesta a la de la Procuraduría.
"No existe ningún tipo de comportamiento o indicio de que apoyé grupos al margen de la Ley y menos de constreñir al elector", dijo el político.
El mismo ex congresista aceptó, durante el inicio de su juicio en noviembre de 2010 que, a finales de diciembre de 2001 y en enero de 2002, se reunió con ‘Ernesto Báez’. Sin embargo, aclaró que el encuentro sólo obedeció para asegurarse de que no corría peligro, ya que él había sido militante del M-19.
En ese momento, el ex senador reconoció que la primera reunión con ‘Báez’ fue en Medellín a mediados de diciembre de 2001.
Según explicó, fue el diputado antioqueño Leonardo Zapata quien lo recogió en el aeropuerto y lo llevó hasta el sitio donde se reunieron con el jefe paramilitar, primero en un apartamento ubicado cerca del Centro Comercial El Tesoro y luego en un restaurante en la vía Las Palmas. "Yo conocí a Leonardo Zapata por medio del dirigente gremial Carlos Higuera", dijo.
Según Gil, una segunda reunión con ‘Ernesto Báez’ se dio en enero de 2002 en Puerto Berrío, Antioquia. "Viajé con el diputado de Barranca Luis Francisco Guarín a esa reunión, que también fue programada por Leonardo Zapata. Eso fue al mediodía, como a 10 minutos del municipio, y recuerdo que fue en una mansión. Los concejales de Barrancabermeja estaban reunidos desde por la mañana con ‘Ernesto Báez’".
Gil dijo "las citas las definían ellos (paramilitares) y fui para saber si me podía lanzar porque era tachado de pertenecer a la izquierda. El encuentro fue para hablar de seguridad. Supe que Báez estaba hablando con los concejales de formar una lista (al Congreso) por el Movimiento Alternativo Regional (MAR), pero supe por los concejales que no aceptaron", comentó.
El ex senador santandereano dijo que se reunió al menos cinco veces con los concejales de Barrancabermeja, para llegar a un posible acuerdo entre Convergencia y el MAR en la apuesta por las elecciones.
"Ellos querían encabezar la lista al Senado y no llegamos a un acuerdo porque para ese año había voto preferente. Fue cuando ellos postularon a Juan Martín Caicedo como cabeza de lista al Senado", dijo Gil. Para ese período el MAR postuló a Rubén Darío Sánchez a la Cámara.
Gil negó que las autodefensas hubieran incidido en la conformación de las listas al Congreso en 2002, argumentando que las fechas de las reuniones con ‘Baez’ no coinciden con las de la selección de los candidatos.
Además, el político negó su participación en una tercera reunión con los paramilitares, esta vez en el Hotel Chicamocha de Bucaramanga, en marzo de 2006, así como el haber recibido 1.000 millones de pesos por parte de Rodrigo Pérez Alzate alias ‘Julián Bolívar’, otro de los jefes paramilitares del Bloque Central Bolívar.

La Declaración de ’Baéz’ y ‘Diego Vecino’
En su declaración ante los magistrados de la Corte Suprema de Justicia en marzo de este año, ‘Baéz’ coincidió con las dos reuniones privadas a las que se refirió el ex congresista.
La primera según cuenta, tuvo como propósito resolver una queja de Gil a ‘Baéz’, por las dificultades que tenían sus aliados políticos para hacer campaña por cuenta de las actividades del Bloque Central Bolívar en zonas como Sabana de Torres y Puerto Berrío.
Según ‘Báez’, se reunió con Gil, en un segunda oportunidad, para tratar el mismo tema y el incumplimiento del paramilitar respecto a su compromiso por garantizar la actividad política de todos los candidatos en diferentes zonas del país.
Sin embargo, durante la audiencia ‘Baéz’ aseguró que sí conoció directamente a los ex congresistas en diferentes reuniones públicas y privadas aunque nunca apoyó sus campañas al Congreso para el año 2002.
A la pregunta concreta sobre si ‘Báez’ había apoyado las campañas de Gil y Riaño al congreso en 2002, el ex paramilitar respondió "Yo no intervine en Santander en la campaña política en 2002". En el caso de Gil, ‘Báez’ sostuvo que no apoyó su campaña porque iba contra sus intereses puesto que el ya tenía a Carlos Clavijo como su candidato al senado.
El paramilitar Edwar Cobos Téllez alias ‘Diego Vecino’ dijo también audiencia que fue testigo de una reunión del entonces senador Gil con algunos jefes de la cúpula de las Auc, durante un almuerzo citado por Vicente Castaño alias ‘El Profe’, realizado en una finca de Carlos Mario Jiménez alias ‘Macaco’, jefe militar del bloque Central Bolívar, Bcb. Sin embargo, aclaró desconocer que allí se haya hecho un pacto entre Gil y los paramilitares.
La declaración del jefe político del Bloque Héroes de los Montes de María le dio un giro al juicio que adelanta la Corte Suprema contra el senador Gil por nexos con paramilitares, ya que de esta reunión nunca antes se había hablado.
"Fue una sorpresa ver a varios políticos allí reunidos. Si uno ve políticos en una reunión de esas, deduce que tenía fines políticos. Pero yo no organicé esa reunión y no puedo decir si se habló de temas electorales. Con todo el respeto, señores de la Corte, tendrían que preguntarle eso a ‘Ernesto Báez’", dijo el paramilitar a los magistrados de la Sala Penal.
Según ‘Diego Vecino’, la reunión realizada en la finca de ‘Macaco’ se realizó para limar diferencias entre las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (Accu) a cargo de Carlos Castaño, y el Bcb, de alias ‘Macaco’ y Rodrigo Pérez Alzate alias ‘Julián Bolívar’, y establecer una estrategia política con miras a las elecciones regionales de 2002.

Intento de Soborno
En febrero de este año, el paramilitar David Hernández López alias ‘Diego Rivera’ denunció ante la Corte Suprema que el exsenador Luis Alberto Gil y los exrepresentantes Alfonso Riaño y Ciro Ramírez se aliaron con el paramilitar Rodrigo Pérez Alzate alias ‘Julián Bolívar’, exjefe militar del Bloque Central Bolívar, en un presunto complot para desprestigiar al magistrado Iván Velásquez y sobornar a testigos en los procesos que el alto tribunal adelanta por ‘parapolítica’.
‘Diego Rivera’, quien declaró desde Estados Unidos por ser un testigo protegido de la DEA, aseguró que Ramón Ballesteros Prieto, abogado de Gil, lo citó en Nueva York a varias reuniones entre octubre de 2010 y febrero de 2011 para que declarara a favor de Gil y Riaño.
Este exsubteniente del Ejército y desmovilizado del Bloque Central Bolívar dijo que además de las reuniones, Ballesteros presuntamente le ofreció 100 mil dólares a nombre de alias ‘Julián Bolívar’ para que cambiara su testimonio.
"El 31 de octubre de 2010 en el Hotel Pensilvania, en Nueva York, Ballesteros Prieto me dijo: "David, mire, ‘Julián Bolívar’, Luis Alberto Gil, Alfonso Riaño y Ciro Ramírez van a arremeter contra su familia si usted no les colabora. Ellos son sus amigos. Colabóreles", contó a los magistrados.
Por medio de un agente jurídico del Departamento de Justicia de Estados Unidos, el testigo aportó al proceso correos electrónicos y grabaciones en audio y video de conversaciones entre el exparamilitar y Ballesteros, donde al parecer el abogado se reúne con el desmovilizado y le pide que cambie su versión. Al mediodía del 15 de febrero de 2011, después de que el video fuera presentado en la Corte, agentes de la Dijin capturaron al abogado, quien aceptó los cargos por soborno ante un juez de control de garantías.
‘Diego Rivera’ dijo además que estuvo en la reunión del Hotel Chicamocha y que Danilo Camilo alias ‘Alfonso’ fue enviado por ‘Julián Bolívar’ para que en ese encuentro les entregara mil millones de pesos a los políticos de Convergencia para la campaña de 2006. El exparamilitar, protegido como testigo por la DEA, aseguró que Convergencia Ciudadana tuvo nexos con el Bcb.

¿Quién es Luis Alberto Gil Castillo?
Nació en Cite, corregimiento de Barbosa (Santander), en una familia campesina. Creció en Piedecuesta, donde desde muy joven comenzó a ser reconocido como uno de los líderes del magisterio. Estudio química en la Universidad Industrial de Santander y fue integrante del M-19 como urbano de esa guerrilla para el nororiente colombiano. Recién graduado como profesional, el ‘Eme’ lo envió a la Libia de Omar Khadafi donde se entrenó durante seis meses en acción político-militar. A su regreso, siguió vinculado al magisterio de educadores del cual fue presidente y donde conoció a su esposa, Doris Clemencia Vega. Después de la desmovilización del ‘Eme’, Gil se lanzó a la política y fue elegido diputado de Santander en 1992 y 1997.
Según el acta de creación, el 25 de febrero de 1997 en Bucaramanga, Gil Casillo y 26 personas más fundaron el movimiento Convergencia Ciudadana que, en las elecciones al Congreso de 2010 y como una estrategia a su mala imagen por tener varios integrantes investigados por parapolítca, pasó a llamarse Partido de Integración Nacional, PIN. Por este partido, su esposa intentó aspirar al Senado pero no alcanzó una curul. En cambio, sí lo hicieron Nerthink Mauricio Aguilar, al Senado, y Didier Tavera, a la Cámara, hijo y antiguo secretario de Gobierno, de forma respectiva, del ex gobernador Hugo Heliodoro Aguilar.
Según los datos de la Registraduría, Luis Alberto Gil resultó elegido en 2002 como senador con 82.053 votos siendo un novato en su aspiración al Congreso. Su anterior cargo fue como diputado de Santander, elegido en 1997, con 17.764 votos. Para el período 2002-2006, Convergencia logró elegir como representantes a sus dos cabezas de lista: Durán con 34.495 y Herrera Cely con 36.006 votos, quien renunció a su curul por investigaciones por parapolítica, abriéndole el espacio a sus siguientes renglones.
En 2006, Convergencia alcanzó más curules: Gil mantuvo la del Senado con 73.742 votos, acompañado por Óscar Josué Reyes Cárdenas, con 55.556 votos. En la Cámara por Santander lo hicieron Alfonso Riaño con 52.678 votos, José Manuel Herrera Cely con 25.369 y Édgar Gómez Román (ex presidente de la Cámara y militante del liberalismo) con 19.126 votos.
El 11 de octubre de 2007 la Corte llamó a indagatoria al ex congresista santandereano por sus presuntos vínculos con los paramilitares. Ese día, Gil renunció a su investidura como senador del movimiento Convergencia Ciudadana, y desde el 24 de noviembre de 2008, se encuentra recluido en la cárcel La Picota.
26 de octubre de 2011
20 de octubre de 2011
cc verdad abierta

el bloque metro y bandas de medellín


La alianza entre el Bloque Metro y las bandas de Medellín. Con trabajo ideológico y formación militar, decenas de jóvenes de las bandas y los combos de la ciudad fueron reclutados para enfrentar a las milicias guerrilleras de la ciudad.
Colombia. El Bloque Metro de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (Accu) recurrió al trabajo ideológico y a la formación militar en una escuela ubicada en Angelópolis, suroeste de Antioquia, y de esta manera manejar a las bandas de Medellín para reforzar la guerra que empezaba a librar contra las milicias urbanas de la guerrilla en diversos barrios de la ciudad a finales de la década del noventa.
"Las autodefensas mandaban una cabeza visible, una ‘firma’ como decimos nosotros, y se reunía con la cabeza más visible de la banda o el combo, para exponerle lo que tenían pensado hacer", le explicó Edinson Arias Cortés, alias ‘La cachona’, a un fiscal de la Unidad Nacional de Justicia y Paz, en desarrollo de una versión libre realizada en días pasados en Medellín.
Este exparamilitar, que actúo en buena parte de los barrios que conforman la comuna 13 de la ciudad, dedicó parte de la audiencia a detallar la manera cómo las estructuras armadas en la Medellín se articularon a las Accu, qué tipo de preparación recibieron y cómo se convirtieron, en pocos meses, en organizaciones contrainsurgentes.
Inicialmente, el postulado se refirió a los primeros años de la década del noventa en su barrio natal, La Pradera: "Nos vestíamos bien, vivíamos sin problemas, éramos todos vecinos y amigos. Nuestras familias nos mantenían bien, sin problemas."
Según Arias Cortés, para esa época, los milicianos no veían con buenos ojos a los jóvenes que se vestían bien porque creían que eran unos bandidos. Por ese tipo de estigmatizaciones fueron asesinados numerosos adolescentes de la comuna 13 y de otros sectores populares de la ciudad. "Debido a eso, nos tocó levantarnos en medio de mucha violencia, viendo caer a los amigos", afirmó.
En esos años, las milicias de las Farc y el Eln dominaban amplias zonas barriales urbanas y semiurbanas de Medellín.
En estas atacaban a las llamadas bandas o combos, a las que consideraban sus enemigas; mantenían un estricto control sobre las comunidades para evitar que fueran denunciados ante la Fuerza Pública; aplicaban fuertes extorsiones, pues como lo aseguró el exparamilitar, el barrio La Pradera "era un sector productivo para ellos, porque había dos terminales de buses y bastante comercio"; y buscaban adeptos, sobre todo entre los más jóvenes.
"Los señores de las milicias nos reunían para explicarnos que eran un ejército del pueblo", narró Arias Cortés. "Pero nosotros no compartíamos esa ideología y no nos integrábamos a ellos. Como nos resistimos, comenzaron a matar a los jóvenes del barrio. Y la verdad que mataron muchos muchachos buenos, deportistas, pelaos sanos. En una noche asesinaron cuatro amigos en la cancha del barrio".
Esos ataques provocaron la reacción de los muchachos del barrio, a quienes "se les dañó el corazón" y comenzaron a buscar alternativas para enfrentar a las milicias.
"No nos íbamos a dejar sacar del barrio donde nacimos y estábamos creciendo con nuestras familias", dijo este exparamilitar, quien abandonó sus estudios en octavo grado para comenzar a confrontar a las guerrillas urbanas. "No éramos delincuentes, lo único que hacíamos era consumir droga, pero no robábamos, la familia nos mantenía bien".
La presión que ejercía sobre ellos los milicianos de las Farc y el Eln llevó a que un grupo de por lo menos 18 muchachos se organizaran, consiguieran armas y comenzaran a enfrentarse a los insurgentes urbanos. De esa forma nación la banda La Pradera.
Por similares razones, en la comuna 13 ya se habían formado otras bandas, entre ellas las del Socorro, Antonio Nariño y La Divisa, que mantenían constantes enfrentamientos con los milicianos, quienes se habían asentado en barrios como el 20 de Julio, Las Independencias, El Salado, La Escombrera, El Depósito, El Tierrero, La Loma, Vallejuelos y el corregimiento San Cristóbal.

Llegaron los ‘Paras’
"En 1998 se empezó a escuchar el rumor de que venían los ‘paras’ a Medellín. Es que la gente estaba cansada de los ataques de los milicianos de la guerrilla contra los muchachos sanos. Las comunidades estaban pidiendo a gritos a las autodefensas", afirmó el exparamilitar.
Esta versión coincide con lo explicado al respecto por Diego Fernando Murillo Bejarano, alias ‘Don Berna’, confeso narcotraficante, ex inspector de las Auc y jefe de los bloques Cacique Nutibara, Héroes de Granada y Héroes de Tolová, sobre la llegada de los paramilitares a Medellín.
Según ’Berna’, estos grupos armadas arribaron a Medellín por solicitud de industriales y comerciantes a Carlos Castaño Gil en 1998.
"En una reunión que tuvimos con el comandante Castaño, muchos ciudadanos de Medellín de todas las clases, comerciantes, industriales, le pidieron que llevara las autodefensas a Medellín ya que la guerrilla prácticamente se estaba apoderando de la ciudad y era necesario contrarrestar el terrorismo, el secuestro y otras actividades de organizaciones como las FARC, el ELN y otras milicias. Entonces, el comandante Castaño dio la orden para que se enviaran personas acá a Medellín", dijo ‘Don Berna’.
Fue así como a finales de 1998 hizo aparición en la ciudad el Bloque Metro de las Accu, liderado por Carlos Mauricio García Fernández, alias ‘Doblecero’, quien aprovechó la resistencia de las bandas y combos de la ciudad contra la guerrilla para lograr su apoyo y utilizarlo contra las Farc y el Eln.
La banda La Pradera, de la cual hacía parte Arias Cortés, fue contactada por las Accu para que se integraran a su proyecto contrainsurgente urbano. Inicialmente sus integrantes más representativos fueron abordados por emisarios de alias ‘Doblecero’.
"A las cabezas más visibles de las bandas nos llevaron a unas caballerizas de Sabaneta. De La Pradera fuimos cinco personas. Allá nos recibieron varios tipos, desconocidos para nosotros, quienes nos empezaron a explicar las directrices de las autodefensas, la ideología, cómo era que se iba a operar y nos prometieron armamento", aseveró el postulado, quien aseveró que en esa reunión solo estaban los de La Pradera, pero ya tenía conocimiento que por ese lugar estaban pasando los líderes de otras bandas.
"La reunión empezó a las seis de la tarde y se prolongó hasta las nueve de la noche", narró Arias Cortés. "Nosotros solo escuchamos. Nos prometieron un pago de 400 mil pesos mensuales y entrenamiento. Al final dijimos que estábamos de acuerdo con las autodefensas y nos fuimos".
Cuatro días después fueron nuevamente contactados, pero esta vez para ser enviados a una escuela de formación ubicada en una finca del municipio de Angelópolis, donde recibirían instrucción militar. "Allá estuvimos más o menos tres meses", precisó Arias Cortés, quien dijo que eso ocurrió a comienzos de 1999.
Un antiguo exmiembro de la llamada ‘Oficina de Envigado’, quien tuvo conocimiento de esa escuela, le indicó a VerdadAbierta.com que ella estaba en una hacienda conocida como El Socorro, al parecer ubicada en la vereda La Clarita, entre los municipios de Amagá y Angelópolis.
"Cuando nosotros llegamos a esa finca en Angelópolis, no recuerdo qué vereda era, nos recibió gente uniformada de las autodefensas", indicó el exparamilitar Arias Cortés. "Era una finca de recreo muy extensa, con pista de entrenamiento militar y polígonos". Allí se encontraron con un grupo de 20 personas, integrantes de combos y bandas de Medellín que estaba en entrenamiento.
Lo primero que recibieron fue sudaderas, camisetas negras y la pañoleta de la organización, de color negro con amarillo, con la sigla de las Accu. Una vez instalados, comenzaron su formación. La rutina de entrenamiento iniciaba a las cuatro de la mañana, cuando eran despertados por los instructores.
"Hasta las seis de la mañana nos sacaban la leche con toda clase de ejercicios militares", contó el postulado, "luego venía el desayuno y continuaban con más trabajos, que incluyó arreglo de cercas y tumbar maleza".
Progresivamente recibieron formación sobre diferentes tipos de armas, de corto y largo alcance. Iniciaron con un trozo de madera que simulaba un fusil y semanas más tarde practicaron con armas y munición real. "Nos dieron revólveres, pistolas y fusiles. Aprendimos a manejarlas, a desarmarlas y armarlas".
Adicional a todo, les dieron charlas de disciplina de mando, de orden, de cumplir con los reglamentos en los barrios, que incluía cómo patrullar y hacer guardia. Les advirtieron que si se violaban las órdenes de sus mandos podía pagar hasta la familia.
Finalmente los instruyeron en cómo iban a ser los cobros en las zonas donde iban a operar, que básicamente era en los mismos barrios de origen. "Fueron charlas de finanzas. Nos dijeron que íbamos a cobrar por terminales, por negocios, que se le iba a cobrar al comerciante, pero no a todos. Se determinó no cobrarle a las tiendas de barrio, a las pequeñas, sino a aquellas que tuvieran cierto tamaño, minimercados, licoreras, supermercados grandes. La idea era quitarla todo eso a las guerrillas"

Operando en los Barrios
Una vez superaron esa fase de formación, los nuevos paramilitares fueron llevados a sus barrios, pero esta vez con fusiles, revólveres y pistolas, todo debidamente inventariado.
"El propósito era luchar contra las milicias de las Farc y el Eln, quitarles todo el poder que tenían", precisó Arias Cortés, quien admitió que sólo fue patrullero, sin mando alguno.
"Mis funciones eran velar porque las milicias no recuperan los barrios que nosotros teníamos bajo control", afirmó. "Yo operaba en los barrios La Pradera, Juan XXIII, El Metropolitano, La Divisa y Santa Rosa de Lima. Se patrullaba diariamente, de civil, y a veces el brazalete de las Accu, con diez, doce, quince hombres. Cuando patrullábamos en las partes bajas de los barrios portábamos armas cortas y, en las partes altas, fusiles".
Para ese entonces, mediados de 1999, la Policía y el Ejército entraban a los barrios, pero antes de llegar los paramilitares ya sabían que iban a llegar. "Al comandante de nosotros le informaban y nos avisaban por radio".
Si bien bandas como La Pradera se iniciaron en el Bloque Metro de las Accu, lo cierto es que la guerra que comenzó a librar esta estructura paramilitar con el Bloque Cacique Nutibara de las Auc las llevó a cambiar de bando.
Arias Cortés lo explicó así: "Nosotros sabíamos que hacíamos parte de una estructura del Bloque Metro, así duramos como cinco o seis meses. Ya después nos reunieron otra vez y nos dijeron que éramos Cacique Nutibara. Eso fue a finales de 1999".
En los años siguientes, la confrontación con las milicias de las Farc y el Eln se agudizó en la comuna 13 y los paramilitares de las Auc comenzaron a atacar a todos aquellos que presumían que estaba ligado a las guerrillas, no solo como parte de la organización sino como simpatizante, colaborador o familiar de alguno de sus integrantes.
"Muchas de esas personas fueron asesinadas y enterradas en fosas comunes", reconoció Arias Cortés, quien precisó dos sitios de entierro: La Escombrera, en la parte alta del barrio El Salado, y el Alto de la Virgen, en la parte alta del barrio La Divisa.
Organizaciones no gubernamentales han presionado para que las autoridades intervengan esos sitios con el fin de explorarlos y tratar de ubicar por lo menos 150 restos de personas que se presume fueron enterradas allí, pero no han tenido resultado alguno.
Finalmente Arias Cortés explicó que por razones de seguridad se vio obligado a abandonar el bloque de las Auc que delinquía en La Pradera y alejarse de la zona por lo menos ocho meses, tiempo en el cual se dedicó a la venta de cascos para motociclistas. "Salí de allá huyéndole a mi jefe, que decía que yo sabía mucho", dijo.
A finales del año 2002 fue contactado por otros miembros de las Auc y con ellos se fue a la Costa Atlántica, donde se integró al Bloque Norte, liderado por Rodrigo Tovar Pupo, alias ‘Jorge 40’. En esa grupo permaneció hasta el 15 de marzo de 2006, fecha en la cual se desmovilizó en Chimila, Cesar.
25 de octubre de 2011
20 de octubre de 2011
cc verdad abierta

los paras que delataron a uribe


Los paras que han salpicado a Álvaro Uribe. Varios ex jefes y mandos medios paramilitares han nombrado al ex presidente Álvaro Uribe con las Auc. El más reciente, un ex trabajador de su finca quien lo relacionó con el Bloque Metro.
Colombia. En menos de dos meses, el nombre de Álvaro Uribe Vélez ha aparecido en declaraciones y entrevistas de ex paramilitares.
Las entrevistas a dos ex miembros de las Auc fueron realizadas en las cárceles por el representante Iván Cepeda, y en ellas los paramilitares han asegurado que el ex presidente tuvo vínculos con este grupo armado ilegal para defender sus tierras de la guerrilla en la década de 1990 y para beneficiarse electoralmente.
El más reciente señalamiento es el de Juan Guillermo Monsalve y su testimonio fue conocido el miércoles 21 de septiembre de 2011, cuando el congresista Iván Cepeda difundió a los medios de comunicación una entrevista en video que el ex paramilitar le concedió el 16 de septiembre en Cómbita, Boyacá, donde purga una condena por paramilitarismo, en donde aseguró que Uribe Vélez estuvo involucrado en una masacre cometida por un grupo paramilitar en San Roque, Antioquia.
"La masacre se ordenó para recuperar el ganado… Lo ordenó Álvaro Uribe", dijo Monsalve al referirse a una incursión paramilitar en julio de 1996 al municipio San Roque. Esta masacre no ha sido documentada pero es mencionada en un informe Noche y Niebla del Centro de Investigación y Educación Popular, Cinep, que cuenta con un banco de datos sobre derechos humanos y violencia política.
En la conversación, Cepeda le preguntó al paramilitar quiénes integraban el entonces naciente Bloque Metro y Monsalve respondió que entre sus miembros estuvieron los hermanos Luis Alberto y Juan Villegas y los hermanos Uribe, todos relacionados con el negocio de la ganadería. "Álvaro Uribe era el que coordinaba lo militar", dijo.
En la entrevista, el ex paramilitar dijo que fue uno de los 54 trabajadores que tuvieron los Uribe en la hacienda Guacharacas y que por orden de sus jefes en 1994, después de una toma guerrillera a esa finca, participó en la masacre de San Roque como una retaliación para recuperar el ganado perdido. Según Monsalve, la masacre fue el inicio de lo que se conoció como el Bloque Metro.
Monsalve no ha sido el único que ha hablado sobre la supuesta participación del ex presidente en el nacimiento del extinto grupo paramilitar. El 19 de septiembre de 2011 el congresista Cepeda entrevistó en la cárcel de Itagüí, Antioquia, a Pablo Hernán Sierra García alias ‘Alberto Guerrero’, quien dijo había sido jefe del Frente Cacique Pipintá, el grupo paramilitar que delinquió en Antioquia, Caldas y Risaralda pero que no se desmovilizó, según consta en el informe ejecutivo del Oficina del Alto Comisionado para la Paz.
Cepeda también, en esta ocasión, difundió el video de la entrevista a los medios. En este, alias ‘Alberto Guerrero’ dijo que Álvaro Uribe, siendo Gobernador de Antioquia (1995-1997), promovió a los paramilitares en el municipio de San Roque y que este naciente grupo ilegal tuvo como centro de operaciones la finca Guacharacas.
Según el ex paramilitar, este grupo nació para combatir al Bloque Bernardo López Arroyave del Eln que, a cargo de Francisco Javier Zuluaga alias ‘Juan Pablo’, fue señalado como el responsable de la quema y el robo de animales a la finca de los Uribe.
Monsalve y alias ‘Alberto Guerrero’ dijeron en las entrevistas que las Auc apoyaron las campañas a la Presidencia de Álvaro Uribe.
"Le hicimos política. Don Juan y Luis Villegas pusieron los carros para sacar las gentes de las veredas votar. Se pintaron las paredes con "Álvaro Uribe Auc a la Presidencia", pero don Juan me llamó y me dio unos tarros de aerosol para que borrara eso, que eso estaba afectando a Uribe", dijo Monsalve refiriéndose a la campaña de 2002. Luis Alberto Villegas fue asesinado por dos sicarios en diciembre de 2004 en el corregimiento San José del Nus, en Antioquia, según lo informó la Fiscalía.
Llama la atención que estos testimonios no se conocían porque ninguno de ellos están en Justicia y Paz y están buscando su postulación al proceso. Ambos son juzgados por paramilitarismo pero en la justicia ordinaria. Monsalve porque fue integrante del Bloque Metro, un grupo que fue exterminado por los mismos ‘paras’, y alias ‘Alberto Guerrero’ hizo parte del Frente Cacique Pipintá que, como se explicó anteriormente, no se desmovilizó.
Y también hay que resaltar que estos testimonios fueron conocidos por el senador Cepeda quien no es un investigador judicial y los paramilitares no han rendido ninguna versión oficialmente ante la justicia, por lo tanto no hacen parte de ningún proceso que deberá ser llevado por la Comisión de Acusaciones de la Cámara encargada de adelantar cualquier proceso al ex presidente Uribe.
En su cuenta de red social Twitter, Álvaro Uribe escribió cuatro mensajes calificando la reciente entrevista publicada por Cepeda como un acto de difamación. "Mientras estoy en junta de Haití tengo que perder tiempo en infamias de Cepeda. Ladrón juzga por su condición", escribió el ex mandatario.
Excepto por las declaraciones de alias ‘Cristian Barreto’, un ex paramilitar asesinado en abril de 2009, el nombre de Álvaro Uribe Vélez no había sido mencionado directamente como presunto autor intelectual de crímenes en complicidad con los paramilitares.
En Justicia y Paz, los ex jefes de las Auc solo habían hecho menciones a supuestos apoyos electorales o actuaciones irregulares que presuntamente involucraban a sus hijos a personas cercanas de su círculo familiar.
José Gelves Albarracín, alias ’El Canoso’, Jefe del Frente Resistencia Tayrona, dijo en entrevista a VerdadAbierta que los hijos del ex presidente intervinieron en la adjudicación de la concesión del parque Tayrona, en la que, aparentemente, los paramilitares invirtieron dinero en sociedad con el empresario Jean Claude Bessudo.

Las Confesiones en Justicia y Paz
En las diferentes versiones libres que comenzaron en 2006, varios ex jefes paramilitares también han hablado sobre los presuntos nexos de Álvaro Uribe o de sus familiares con las Auc.
Algunos se han a su supuesta participación en masacres, mientras otros, en su mayoría, al supuesto apoyo que le brindaron en la primera campaña presidencial.
Entre las más recientes confesiones en Justicia y Paz está la de José Gelves Albarracín alias ‘El Canoso’, ex jefe político de un frente de las Auc en la Sierra Nevada. Por unas declaraciones de este paramilitar, el 5 de agosto de 2011 la Unidad de Justicia y Paz confirmó que compulsó copias a la Dirección Nacional de Fiscalías para que investigue a los hijos del ex presidente Uribe y determine si influenciaron para que se le entregara la concesión del Parque Tayrona en la Sierra Nevada a un grupo de empresarios.
‘El Canoso’ dijo en una audiencia que los paramilitares pusieron dinero en la sociedad que ganó la concesión y en la que, según él, los hijos de Uribe sirvieron de intermediarios. En una entrevista a VerdadAbierta.com contó en detalle cómo, según él, se negoció la concesión.
    
Pedro Bonito
Raúl Emilio Hasbún alias ‘Pedro Bonito’, ex jefe del Frente Árlex Hurtado que delinquió en el Urabá junto a Hébert Veloza alias ‘H.H.’ y Freddy Rendón alias ‘El Alemán’, dijo en una versión libre en mayo de 2011
que Jaime Uribe Vélez, hermano del ex presidente y conocido como ‘El Pecoso’, fue un hombre cercano a las estructuras paramilitares y amigo personal de Vicente Castaño Gil.
El nombre de Jaime surgió luego de que el fiscal le solicitó aclarar una versión de Fredy Rendón Herrera, alias ‘El Alemán’, quien fue jefe del Bloque Elmer Cárdenas, quien había dicho hace varias semanas en Bogotá que la amistad de Hasbún con Vicente Castaño había comenzado cuando un hermano del ex Presidente de la República los había presentado.
El 17 de marzo pasado de 2011 y ante un magistrado de Justicia y Paz, alias ‘El Alemán’ había dicho: "Los hermanos del ex presidente Uribe no son hijos de la Madre Teresa. Si usted le pregunta a Hasbún, que es un bananero de la clase alta, él dice que a él lo presentó el hermano de Álvaro Uribe con Vicente Castaño, en una casa en El Poblado".
La frase permitía deducir que la persona a la que se hacía referencia era a Santiago Uribe Vélez, el integrante de la familia más nombrado en relación con el paramilitarismo. No obstante, Hasbún, quien también fue jefe del Frente Árlex Hurtado, rebatió esa versión. "Yo no me reuní con el doctor Santiago Uribe", aclaró. Y explicó una vez más cómo conoció a Vicente Castaño: "Un día me recogió en mi oficina si no estoy mal el señor Merchán y creo que también estaba ese día un señor Poncho Berrío. Merchán era como un comandante militar y coordinador de estructuras de autodefensas en Medellín y otras funciones bajo el mando de Vicente y Carlos Castaño. Y el señor Poncho Berrío fue una de las personas que también relacioné que me recogió la primera vez para una entrevista con Vicente Castaño".
De acuerdo con ésta y otras versiones que ha entregado el empresario bananero en desarrollo de las versiones libres ante fiscales de Justicia y Paz, la relación con Vicente Castaño se dio a comienzos de los años noventa, cuando lo buscó para hablar de los problemas de seguridad en Urabá. Fue durante una de esas reuniones previas a su vinculación a las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (Accu) cuando conoció a Jaime Uribe Vélez, a quien le decían ‘El Pecoso’, quien falleció en el año 2001.

Mancuso
En abril de 2010, Salvatore Mancuso, ex jefe paramilitar del Bloque Catatumbo y vocero de las Auc en las negociaciones con el gobierno para la desmovilización, aseguró en una audiencia ante la Corte Suprema
que los paramilitares apoyaron la primera campaña presidencial de Álvaro Uribe Vélez.
Según Mancuso, los jefes paramilitares se reunieron en reunieron en 2001, en una llamada Conferencia Nacional de Autodefensas, en la que definieron aparentemente respaldar a un candidato que fuera afín con el movimiento paramilitar.
Entre los convocados, además de él, estuvieron el entonces máximo jefe de las Auc, Carlos Castaño; Diego Fernando Murillo Bejarano alias ‘Don Berna’; y Carlos Mauricio García y alias ‘Doble Cero’. Los jefes paramilitares hablaron con varias de las poblaciones del norte del país sobre la necesidad de apoyar a "un candidato con ideología afín a las autodefensas" en temas como la seguridad y la lucha contra la subversión.
El candidato escogido por los ‘paras’ fue el ex gobernador Álvaro Uribe Vélez, con cuya campaña, según Mancuso, establecieron contactos, aunque no precisó nombres. Sin embargo, sí se refirió a casos en los que se entregó dinero a la campaña a través de comandantes paramilitares de la región como alias ‘Andrés’.


Alias Mellizo Mejía
Miguel Ángel Mejía Múnera alias ‘El Mellizo’, ex jefe paramilitar del Bloque Vencedores de Arauca de las Auc, contó en una versión libre desde Estados Unidos en octubre de 2009 cómo presuntamente las Auc se aliaron con políticos,
entre ellos el presidente Álvaro Uribe Vélez, se refirió a los nexos que tuvo con miembros de la Fuerza Pública y cómo con Salvatore Mancuso y Carlos Castaño planearon tomarse el país con las Autodefensas.
Según Mejía Múnera, los hermanos Castaño ordenaron a todos los bloques y frentes de las Auc que apoyaran la primera candidatura de Uribe a la presidencia en 2002. "Las Autodefensas pusimos a Uribe, sino tendríamos a un Chávez en Colombia", dijo.

Alias El Alemán
En una entrevista concedida a la radio W en abril de 2009, Freddy Rendón Herrera alias ‘El Alemán’, ex jefe paramilitar del Bloque Elmer Cárdenas que delinquió el Urabá chocoano, dijo que las Auc apoyaron de forma indirecta
la primera campaña presidencial (2001) de Álvaro Uribe.
"El Bloque Élmer Cárdenas apoyó las campañas de los de los representantes y equipos que llevaron a Uribe a la Presidencia de la República. Tengo pruebas documentales", dijo el ex jefe paramilitar, que aclaró que no estuvo de acuerdo con el ex mandatario se reeligiera (2006-2010).
Luego, en una versión libre ante Justicia y Paz alias ‘El Alemán’ dijo que Jaime Uribe Vélez, un hermano del ex presidente, había sido el intermediario para que el empresario bananero y luego ex jefe paramilitar Raúl Emilio Hasbún alias ‘Pedro Bonito’ se conociera con Vicente Castaño, jefes de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá, Accu.

Don Berna
En abril de 2009, antes de que un juez estadounidense condenara a Diego Fernando Murillo alias ‘Don Berna’, su abogada aseguró ante los estrados que el ex jefe paramilitar había apoyado la primera campaña presidencial de Álvaro Uribe Vélez.

Ese día la abogada del narcotraficante dijo que su apoderado apenas había contado el 10% de lo que sabía y que pese a estar extraditado iba a seguir colaborando en Justicia y paz. Según la abogada, ‘Don Berna’ había aportado mucho dinero a la elección del entonces Presidente y al proceso electoral de las Auc, es decir, los políticos apoyados por ese grupo armado ilegal.

Alias Cristian Barreto
El diario El Espectador reveló en abril de 2009 una declaración de Francisco Villalba alias ‘Cristian Barreto’, ex paramilitar del Bloque Norte, en la que había advertido que su vida corría peligro
por unas denuncias que había hecho contra Álvaro Uribe. Alias ‘Cristian Barreto’ aseguraba que Uribe, siendo gobernador de Antioquia, había ordenado la masacre del Aro ocurrida en zona rural del municipio antioqueño de Ituango entre el 22 y el 30 de octubre de 1997.
Cinco meses antes de su asesinato, según publicó el diario, el ex paramilitar dijo a la justicia que escuchó una supuesta conversación entre Salvatore Mancuso y Álvaro Uribe en la que ordenaban la masacre en la que fueron asesinadas 14 personas, entre ellas dos ancianos y un niño.
Las declaraciones de alias ‘Cristian Barreto’ habían sido confusas para la justicia porque luego de haber salpicado al entonces mandatario, le envió una carta pidiéndole excusas. "Quiero pedirle perdón a usted, por haber mancillado su nombre y ponerlo en la palestra pública", dijo.
Mancilla fue asesinado y solo después de su muerte el país supo que el ex paramilitar había sido amenazado por sus primeras denuncias.
25 de octubre de 2011
21 de septiembre de 2011
cc verdad abierta

colombia eliminará servicio secreto


SEMANA revela un nuevo paquete de los archivos confidenciales del DAS. La agencia, que será eliminada por el gobierno esta semana, tiene aún secretos aterradores.
Colombia. Esta semana se le pondrá punto final a uno de los capítulos más oscuros de la historia reciente de Colombia: la corrupción en el DAS. El gobierno ya ratificó que expedirá el decreto para eliminar la agencia de inteligencia creada hace más de medio siglo.
Curiosamente, la palabra que utiliza el gobierno no es liquidar, como se acostumbra, sino "eliminar". Como si el país quisiera borrar por completo y con una sola firma esa especie de engendro que fue creciendo dentro del Estado.
SEMANA presenta en esta edición la segunda entrega de los llamados wikiDAS: la revelación de los archivos secretos de esta central de inteligencia. En la primera entrega se recogieron documentos confidenciales que mostraban la participación de agentes rasos y directores de la agencia en episodios como los dos atentados contra el hoy ministro Germán Vargas Lleras o los ataques al ’zar’ de las esmeraldas, Víctor Carranza.
En esta edición se presentan cinco capítulos con nuevas revelaciones de la faceta criminal del que, en teoría, debía ser el órgano de inteligencia fundamental del Estado.
La lectura de los miles de registros de polígrafos, investigaciones de contrainteligencia, resultados de seguimientos e interceptaciones a los que tuvo acceso SEMANA deja una primera impresión: que eran tantos los agentes del DAS metidos en asuntos criminales, tantas las ’manzanas podridas’, que por momentos no parece una agencia al servicio del país, sino un brazo del Estado al servicio del crimen.
En los registros hay por lo menos ocho directores seccionales del DAS, que son los jefes de la agencia en cada uno de los departamentos del país, implicados en terribles irregularidades. Casos, por ejemplo, como el de un director seccional que fue puesto por el capo del narcotraficante -que luego se volvió jefe paramilitar- Miguel Arroyave. O el de otro director seccional que se fue hasta Santafé de Ralito para darles una suerte de salvoconducto judicial a cerca de cuatrocientos hombres que integraban los ejércitos de escoltas de los treinta comandantes de las autodefensas.
Llama la atención que ese no parece ser el único cobro que se les hacía a los paramilitares. La zona de despeje se convirtió en un lugar de dádivas de los otrora delincuentes a los agentes del Estado: un escolta de los jefes paramilitares cuenta que les daban regularmente 100.000 pesos de ’liga’; otro, que Mancuso les dio tres millones por una capacitación que el DAS le dio a su gente, y así.
O también está el caso de los técnicos que deciden alquilarles equipos de seguridad estratégica del Estado a narcotraficantes por la módica suma de 1,5 millones de pesos. Eso quiere decir, en otras palabras, que con dinero de los contribuyentes o de la cooperación de gobiernos extranjeros se les está ayudando a los delincuentes a consolidar su imperio criminal.
En un organismo que tiene más de seis mil funcionarios, sin duda es posible que la mayoría tratara de hacer bien su trabajo. No obstante, las cien o doscientas o quinientas ’manzanas podridas’, con el poder que les da su investidura estatal, pueden llegar a hacer tanto o más daño al país que las mismas bandas criminales.
Cabe anotar que el hecho de que existieran esos registros de detectores de mentiras y contrainteligencia también demuestra un genuino interés del Estado por ponerles coto a los desmanes y al delito. De hecho, muchos de los documentos datan precisamente de los años 2006 a 2008, cuando fue director Andrés Peñate, quien llegó con toda la intención de ponerle orden a la entidad.
Sin embargo, no fue suficiente. E incluso muchos de los que cometieron algunas de las más serias irregularidades cayeron, como se dice coloquialmente, parados. Algunos dentro de la misma institución y otros, si bien fueron retirados, no tuvieron que enfrentar ningún proceso judicial y hoy gozan de sus grandes o pequeñas fortunas.
Son muchos los registros. Hay participación de agentes del DAS en secuestros exprés por los que cobran dos millones, o también en el secuestro de una australiana. Se pueden leer decenas de casos de chantaje, en los que detectives piden plata hasta a congresistas para cerrar una investigación o para devolver droga incautada. También hay casos de algunos que son miembros de las autodefensas o de la guerrilla. Otros deciden vender los hallazgos de las investigaciones al mejor postor: ya sea a los implicados o también ha ocurrido que estaciones locales de televisión se interesan en grabaciones hechas por el DAS a un alcalde en malos pasos.
En menos de dos semanas se vence el plazo que el Congreso le dio al presidente Juan Manuel Santos para reformar el Estado, y por eso ya no se puede postergar más la decisión, tomada desde hace ya dos años, de acabar con el DAS.
Empezará entonces a operar una nueva Agencia de Inteligencia que solo se encargará de estrategias de seguridad estatales. Mientras que las tareas de protección a personajes públicos y migración pasarán a manos del Ministerio del Interior y de la Cancillería. Casi la mitad de los funcionarios que hoy existen en el DAS -2.300- se van a incorporar al CTI de la Fiscalía General de la Nación.
Un final, sin duda, con más pena que gloria.

El Recomendado de las AUC
Por 200 millones de pesos los paramilitares habrían conseguido que les nombraran al director de una seccional del DAS.
Una de las estructuras más grandes y poderosas que llegaron a tener los paramilitares fue el Bloque Centauros, comandado por Miguel Arroyave. En los archivos secretos del DAS hay documentos de contrainteligencia que demuestran que la expansión y el poder que consiguió esa estructura en el oriente del país fueron posibles gracias a que, a cambio de una gruesa suma de dinero, Arroyave logró imponer el director en la seccional de uno de los departamentos de esa zona del país. De acuerdo con los documentos, ese funcionario fue clave para ayudarle al Centauros en la guerra que libró contra el grupo de Martín Llanos.
"En los meses de julio y agosto de 2004, cuando la fuente trabajaba con Miguel Arroyave, lo delegó para que se contactara con los directivos del DAS en Bogotá con el fin de lograr el nombramiento de (se omite el nombre) como director en (se omite el departamento) para lo cual se reunió en seis ocasiones con el dr Giancarlo. Finalmente nombraron a (se omite el nombre) y a cambio le dieron al dr Giancarlo 200 millones. El objetivo de Arroyave era continuar con la lucha contra las AUC de Martín Llanos pues el funcionario era su colaborador y había sido trasladado a Santander, en donde no le podía ayudar". Y más adelante da detalles de cómo fue el pago. "El dinero fue girado a la cuenta de (se omite el nombre) en el Banco Ganadero del centro comercial Boulevard Niza. Posteriormente la fuente cambió un cheque por ese valor y fue entregado el dinero en efectivo al doctor Giancarlo en un sitio conocido como Club 74", afirma el documento de contrainteligencia.
El funcionario al que hace referencia el informe, cuyo nombre SEMANA se abstiene de revelar, efectivamente fue nombrado director en esa seccional. Aunque Arroyave fue asesinado en septiembre de 2004, otros informes demuestran que el funcionario siguió colaborando con el Bloque Centauros. "Cuando era director del (se omite el nombre del departamento) el doctor y el coordinador de inteligencia decomisaron una gran cantidad de munición a las AUC del sur, la mitad de dicha munición fue entregada a la fiscalía y la otra mitad se la vendieron al bloque centauros de las AUC", dice otro informe de 2006.
Estos y otros registros hicieron que ese año el director que se convirtió en la mano derecha de los paras fuera declarado insubsistente. Si bien salió del DAS, nunca fue investigado por la Fiscalía y hoy en día es un próspero ganadero de la región.

Les Limpian el Pasado a 400 Paramilitares
Los informes del DAS revelan que a cientos de desmovilizados en el proceso de Ralito les borraron sus antecedentes judiciales a 400.000 pesos por cabeza.
El resultado de una investigación de contrainteli gencia en el DAS no podía ser más diciente: "El jefe de identificación de la seccional de Córdoba viajó a Santafé de Ralito, donde negoció 400 certificados judiciales para integrantes de la organización criminal reunidos en dicha zona. Por cada certificado recibió 400.000 pesos". Es decir, en una corta visita no solo se habría ganado 160 millones de pesos, sino que les habría limpiado todo tipo de antecedentes a los ejércitos de escoltas de los entonces más temibles paras de Colombia.
Pero la investigación no se quedó ahí. El que negoció los certificados judiciales fue sometido a la prueba del polígrafo y, ante el detector de mentiras, admitió que había estado en Ralito expidiendo dichos documentos. Sin embargo, se trató de atribuir toda la culpa al director de la seccional del DAS de entonces, pues, como consta en el resultado del polígrafo, el funcionario "señala que todas las expediciones (de certificados judiciales) las hizo por orden del director seccional".
Y es que, según otros registros de la base de datos del DAS, los vínculos entre los directores de tres seccionales (Córdoba, Sucre y Bolívar) de esta agencia de inteligencia y los paramilitares provocaban preocupación en Bogotá. El de Sucre terminó salpicado por el episodio del asesinato del jefe paramilitar Rodrigo Mercado Peluffo, alias Cadena. Pues, según un escolta de este último, el día en que lo mataron se reunió cuatro veces con ese director seccional porque Cadena era uno de sus informantes.
Así mismo, en otro archivo confidencial consta: "Se conoció que los comandantes de las AUC harán entrega de 100 millones de pesos por la colaboración con estos grupos al director seccional de Córdoba, al director de Sucre y al saliente director de Bolívar". No está claro si el ’regalo’ fue por simple amistad o como un reconocimiento al buen trabajo. Pero lo cierto es que en la casilla ’Resultado’ de la investigación sobre estos tres directivos de seccionales aparece anotada la palabra "insubsistencia".

Se Alquila para ’Chuzar’
Agentes del DAS, por una módica suma, prestaban a criminales el sistema estratégico para interceptar llamadas.
El sistema Esperanza es el nombre con el que es conocido el centro estratégico que tiene el Estado colombiano, y en particular los organismos judiciales, para interceptar teléfonos en todo el país. Financiado por el gobierno de Estados Unidos y administrado por la Fiscalía, está conformado por varias salas de interceptación telefónica que a su vez son asignadas a diferentes entidades con función de Policía judicial, entre ellas, el DAS.
Sin embargo, de acuerdo con los informes confidenciales y de contrainteligencia del DAS, esa, una de las más eficaces herramientas para interceptar los números y combatir a los delincuentes fue puesta al servicio de todo tipo de criminales. "Informe de inteligencia enviado por el director seccional señala que el funcionario que labora en la sala técnica de la seccional cobró 1.500.000 a un narcotraficante del Valle por la interceptación ilegal de una línea telefónica ubicada en Popayán. La negociación se hizo a través de un sujeto amigo del detective", dice uno de los informes secretos de finales de 2005, el cual fue archivado. Y no es un caso aislado. En otras ocasiones lo que hacían era ’vender’ la información que se obtenía de las interceptaciones, tal y como se desprende de otra investigación, de 2006. "Novedad presentada con una orden de interceptación obtenida legalmente enviada al equipo de interceptaciones de la seccional Valle conociéndose que se habría ofrecido a la venta de los integrantes del grupo criminal el contenido de la información", afirma el documento. Los narcos no eran los únicos ’clientes’ que tenían acceso a las salas de interceptación. Al menos así quedó constancia en otra investigación en la cual se informó sobre "irregularidades de funcionarios de la sala técnica de la seccional Meta consistente en fuga de información sobre la interceptación y el control de unos abonados telefónicos de un integrante de la cuadrilla XVI de las Farc".
El préstamo de equipos móviles de interceptación del propio DAS para fines diferentes a los legales también está documentado en varios de los informes de contrainteligencia de la propia entidad. "Información de inteligencia indica que el coordinador de inteligencia de la seccional cuando laboró como jefe prestó los equipos de interceptación celular con fines distintos a los institucionales. Igual que para hacer contrainteligencia a asesores de la dirección", dice el documento.

El Candidato
Un hombre que estuvo en tres seccionales y dirigió la inteligencia del DAS, siempre relacionado con graves escándalos, es hoy candidato al Concejo de Bogotá.
Es poco probable que el Partido Liberal conozca al detalle los antecedentes que rodearon a un hombre que durante años trabajó en el DAS y que hoy es candidato al Concejo de Bogotá por ese partido. El exfuncionario, cuando se desempeñó como director de la seccional de esa entidad en Santander, se vio salpicado en un escándalo por seguimientos e interceptaciones ilegales contra directivos del diario Vanguardia Liberal. El caso, denunciado públicamente por el periódico santandereano, ocurrió en febrero de 2006 y fue manejado discretamente por el DAS en Bogotá en ese momento. Aunque esa fue la razón "oficial" de su traslado, varios informes de contrainteligencia lo mencionaban en otras "actividades". "Se consultaron fuentes sin descartarse que el director tenga vínculos con grupos al margen de la ley como las AUC", afirma un informe de contrainteligencia de finales de 2005. Y en otros de los registros secretos de la agencia se le relaciona con Botalón, quien fue junto con Ramón Isaza uno de los jefes máximos de las autodefensas en el Magdalena Medio. "El DAS Santander ha sido cuestionado porque varios agentes han sido capturados. Se señalan irregularidades del director. El año pasado este director y el gobernador hicieron contacto con Botalón recibiendo mil y cien (sic) millones de pesos por no tocar sus rutas para sacar estupefacientes. La seccional investigaba al gobernador pero dicha investigación se ha estado tapando", dice otro de los informes de abril de 2006. Para las fechas de estos informes de contrainteligencia el gobernador de Santander era Hugo Aguilar, actualmente preso e investigado por parapolítica. "Nombré a ese director en esa seccional de Santander porque a mí me pidió ese favor el coronel Aguilar que era el gobernador y además conocía a ese director ya que era oficial retirado de la Policía también", confirmó a SEMANA un exdirector general del DAS.
A pasar del escándalo de ’chuzadas’ a Vanguardia Liberal y los comprometedores informes de contrainteligencia, el director de ese momento fue trasladado a la seccional de Quindío y un tiempo más tarde a la seccional del Valle del Cauca. Cuando estuvo allí, el hoy candidato al Concejo de Bogotá también terminó mencionado en varios documentos de contra inteligencia. Uno de ellos por permitir la creación de una pirámide en la seccional en la cual ’invirtieron’ el 90 por ciento de los detectives. A pesar de todo este ruido a su alrededor, el actual director del DAS, Felipe Muñoz, ascendió a ese funcionario y lo nombró en 2009 jefe de Inteligencia de la entidad, cargo que ocupó durante poco tiempo. El exfuncionario se retiró de la entidad. Todas sus investigaciones en contrainteligencia fueron archivadas y nunca tuvo una investigación judicial, lo que le permitió lanzar su campaña política por el Partido Liberal. Algo que no deja de tener un poco de ironía, pues muchos de los integrantes de esa colectividad, paradójicamente fueron víctimas de las ’chuzadas’ del DAS.

El Cartel del DAS
Los archivos secretos muestran que son tantas las ’manzanas podridas’ que la agencia por momentos parecía el brazo de la mafia dentro del Estado.
Son tantos los archivos confidenciales que involucran a agentes o directores seccionales de la entidad en asuntos de narcotráfico que no sería descabellado hablar del cartel del DAS.
En los registros de polígrafos y en las investigaciones de contrainteligencia hay cientos de casos que van desde robo de droga a narcos, venta de coca incautada, complicidad con las organizaciones criminales para facilitarles su trabajo, hasta ser miembros activos de la mafia.
En las pruebas de detectores de mentiras admiten todo tipo de cosas que podrían considerarse ’menores’. "Recibí 1.000 dólares por dejar pasar una maleta repleta de dólares", dice un agente del aeropuerto. "Yo trabajaba en El Dorado y colocábamos sellos para permitir salida y entrada de pasajeros indebidamente. Nos hacíamos 300 dólares semanales". O "detectives llegaron a una casa donde se negociaban 70 kilos de base de coca y se la robaron. Los dueños los reconocieron luego en álbum fotográfico".
Hay otras que son como de guion de película. Una, por ejemplo, tiene que ver con unos funcionarios del DAS que exhumaron una fosa común y se encontraron con un alijo de cocaína. Lo sacaron y lo vendieron por 300 millones de pesos. Y otra está relacionada con un famoso narco del Valle que para vengar el secuestro de uno de sus familiares, que había sido ejecutado por un detective del DAS, contrató a otros agentes del mismo DAS por 30 millones de pesos para que le llevaran "vivo" al supuesto secuestrador, su compañero. En total quedaron salpicados siete agentes, la mayoría de los cuales habían estado también implicados en el robo de media tonelada de coca a un narco.
Y el trabajo con los carteles va incluso hasta prestarles todo tipo de servicios: según los archivos secretos, agentes del DAS le limpiaron en 2006 todos los registros migratorios al capo Loco Barrera, y otros borraron una orden de captura, que tenía incluso circular roja de la Interpol, a un hombre relacionado con las AUC en el suroccidente del país.
25 de octubre de 2011
22 de octubre de 2011
©semana

asesinato fue instigado por senador


‘Don Antonio’ y el crimen del alcalde de Santo Tomás (Atlántico). Un abogado señala a Dieb Maloof de instigar el asesinato del alcalde Nelson Mejía cometido por ‘paras’ en 2004. ‘Don Antonio’ niega la relación del ex senador con el crimen y éste se defiende.
Colombia. Durante una legalización de cargos al ex jefe del Bloque Norte, el abogado defensor de uno de los familiares del asesinado alcalde de Santo Tomás, Nelson Mejía, aseguró que el ex senador Dieb Maloof estuvo detrás del asesinato del político. ‘Don Antonio’ dice que no ha relacionado a Maloof, quien a su vez niega que tuviera algo que ver con ese crimen.
El médico Nelson Mejía Sarmiento había sido alcalde de Santo Tomás en 1995 y fue elegido nuevamente en 2003 con el aval de Colombia Viva, partido que tenía como fundador en Atlántico al entonces senador Dieb Maloof Cuse, condenado por la Corte Suprema de Justicia por sus vínculos con el Bloque Norte de las Auc.
A los pocos meses de su posesión Mejía Sarmiento fue suspendido por una falta disciplinaria que había cometido durante su primer período y al poco tiempo de asumir su cargo empezó a recibir amenazas, por lo que denunció estas intimidaciones y solicitó protección a los organismos de seguridad en el Atlántico.
En la más reciente legalización de cargos contra el ex jefe del Frente, Édgar Ignacio Fierro, alias ‘Don Antonio’, el abogado de uno de los familiares del ex alcalde de Santo Tomás, José Humberto Torres, solicitó que el crimen continuará en la impunidad si no se investigan los que considera los verdaderos autores intelectuales del asesinato de Mejía Sarmiento.
En la audiencia, el abogado reveló que el padre Bernardo Hoyos Montoya contó ante la Corte Suprema de Justicia, que el asesinado líder político le había confesado al ex alcalde de Barranquilla que "temía por su vida".
Citando al padre Hoyos, Mejía supuestamente le aseguró que quien estaba detrás de estas amenazas era el senador Dieb Maloof, quien le exigió que le entregara la contratación de la administración de Santo Tomás, especialmente la de salud.
Torres relató – como supuestamente a su vez le dijo Hoyos- que el entonces Senador le dijo al alcalde Mejía que si no accedía a sus condiciones "se atendría a las consecuencias", exigencias del senador que el alcalde no atendió, agregó el abogado.
VerdadAbierta.com intentó contactar al ex alcalde Hoyos Montoya para verificar si lo contado por Torres fue cierto, pero el político no quiso contestar las llamadas.
Mejía sostuvo ante el Tribunal que conoció por unas fuentes –las cuales no reveló su identidad- que días antes del crimen se realizó una reunión en una oficina del centro de Barranquilla en la que se decidió la orden de asesinar a Mejía. A esa reunión supuestamente asistió el entonces senador Maloof.
A ese encuentro, según las fuentes del abogado, asistieron Eduardo Losada Manotas (socio mayoritario de la desaparecida firma que recaudaba impuestos en Barranquilla -Métodos y Sistemas-, asesinado en julio del mismo año), varios paramilitares a cargo de Édgar Ignacio Fierro alias ‘Don Antonio’, Yuri Frecid Rodríguez Saab conocido como ‘Walter o la Araña’, Jeison Espitia, alias ‘El Zarco’, alias ‘Cáceres’, ‘Diana’, alias ‘Blas’ y Javier Insignares, a quien el abogado señaló de ser el enlace de los paras con la Sijin, el DAS y el Gaula.
Insignares estuvo relacionado con el escándalo de la devolución de una droga por parte de la policía a la Banda de los ‘40’, integrada por oficiales y agentes de la policía activos y en retiro, quienes sucedieron al frente José Pablo Díaz, comandado por ‘Don Antonio’ y ’Jorge 40’.
Mejía Sarmiento había pedido al entonces director del DAS en Atlántico que le diera una cita para hablar sobre medidas de seguridad, por lo que en el momento en el que esperaba que lo atendieran se encontraba almorzando frente a las instalaciones del organismo de seguridad. El abogado sostuvo que el DAS puso la víctima en bandeja de los sicarios de las AUC.

El Proceso
Hasta la fecha y después de más de cuatro años de versiones libres, ’Don Antonio’ sólo reconoció que el autor del asesinato de Mejía había sido Juan Carlos Rodríguez Freyle, alias ‘el Gato’, quien también había asesinado al profesor Alfredo Correa De Andreis, en septiembre de 2004.
El principal argumento de Torres para decir que ‘Don Antonio’ está contando la verdad a medias, a pesar de que se autoincriminó, es que este paramilitar ha dado tres versiones diferentes sobre el asesinato de Mejía y con eso ha ocultado información sobre el autor intelectual del crimen.
A pesar de esta denuncia, los familiares del alcalde asesinado han reaccionado de maneras diversas. Uno de ellos, presente en la legalización del ex jefe paramilitar, solicitó medidas de protección a la Fiscal de Justicia y Paz pero no precisó si lo estaban amenazando.
Otro de los hijos, quien es el jefe de seguridad de Maloof, no respaldó el pedido del abogado Torres.
Entre tanto, ‘Don Antonio’ le dijo a VerdadAbierta.com que nunca ha cambiado su versión sobre los móviles del crimen y que no ha relacionado a Malof porque no tiene nada que ver con el mismo.
El desmovilizado jefe paramilitar le contó a VA que la razón por la que asesinó a Mejía fue porque miembros del Frente le informaron que el alcalde estaba relacionado con un grupo de secuestradores y extorsionistas, pero al final este crimen había sido un error y por este motivo le pidió perdón a sus familiares.
VerdadAbierta.com también contactó al ex senador Maloof, quien en su consultorio médico en Barranquilla estaba acompañado de un concejal de Santo Tomás, Marcos Pérez y un hijo de Mejía, Juan Mejía, quien ahora trabaja como jefe de seguridad del político.
Maloof rechazó los señalamientos de Torres y dijo que "segarle la vida a una persona es algo que va contra mi profesión y mi humanidad de padre y ser humano. Mucho peor, qué beneficio obtendría asesinando a un amigo con quien me unía una amistad profesional, él también era médico. Al matarlo perdíamos la alcaldía, así que no obtuvimos ningún beneficio", dijo el ex senador quien fue condenado por nexos con grupos paramilitares.
"Creo que el doctor José Humberto Torres está sacando conclusiones a partir de especulaciones y si tiene las pruebas que las muestre, pero que no siga especulando", agregó.
Sobre las supuestas amenazas contra el alcalde de Santo Tomás días antes de su muerte y que él estuviera detrás de ellas dijo que: "Es falso decir o afirmar que Nelson Mejía desconfiaba de mí, en primer lugar fue el único municipio en el que un candidato del movimiento había sido elegido alcalde, y él también me había confesado a mí que estaba amenazado y las denuncias se presentaron. Yo también estuve amenazado y quienes realmente sacaron provecho de la presión armada de las autodefensas en Atlántico no fue Colombia Viva, fue otro grupo, pero esas investigaciones deben hacerlas las autoridades competentes", aseguró.
El ex senador también negó que hubiera estado en una reunión en la que se planeara el crimen de Mejía y que no conocía a ninguno de los paramilitares que mencionó el abogado Torres en la audiencia de legalización de cargos contra ‘Don Antonio’.
Además aseguró que el 2 de septiembre de 2010, presentó una denuncia por el delito de extorsión, amenazas, concierto para delinquir, calumnia, fraude procesal, falsa denuncia, falso testimonio, después de recibir varias llamadas y visitas en su consultorio, en las que le exigían pagar un dinero a cambio de no mencionar su nombre en Justicia y Paz por presuntos delitos de lesa humanidad, como homicidio y desaparición forzada y corrupción en la salud.
Aunque Torres no reveló pruebas sobre la relación de Maloof con el crimen del alcalde Mejía en el incidente de reparación de ‘Don Antonio’, pidió que la Corte Suprema investigara su denuncia y que será allí donde descubrirá las evidencias. El abogado también pidió que de probarse que lo dicho por ‘Don Antonio’, no corresponde a la verdad, debería ser excluido de Justicia y Paz.
21 de octubre de 2011
13 de octubre de 2011
cc verdad abierta

condena por asesinato de activista


Condenan a paramilitar por la muerte de defensor de derechos humanos. El Tribunal Superior de Barranquilla condenó a 31 años y cuatro meses de prisión a William Ariza Antequera por el asesinato del abogado Pedro Juan Pérez Orozco.
Colombia. Pedro Pérez era un reconocido líder social de 54 años, abogado de la Universidad del Atlántico. En 1991 se vinculó al movimiento ciudadano del padre Bernardo Hoyos y poco después tuvo un fugaz paso por el concejo de la ciudad. Durante la administración de Humberto Caiaffa (2000-2003) fue secretario general y de Gobierno del municipio.
Pérez se retiró para aspirar de nuevo al concejo, y como no salió elegido, se vinculó a la Defensoría del Pueblo, donde actuaba como defensor de derechos humanos. Algunos de los procesos que atendía tenían que ver con homicidios, extorsiones y desplazamiento forzado.
El abogado fue baleado el 3 de octubre de 2005 en la puerta de su casa, una semana después de haber recibido una llamada en la que le advertían que "lo iban a joder por estarse metiendo en pendejadas".
Su nombre apareció en el computador de ‘Jorge 40’ decomisado durante la captura de Édgar Ignacio Fierro Flórez, alias ’Don Antonio’, en una lista de personas asesinadas entre febrero de 2005 y marzo de 2006.
Pedro Pérez Orozco encabezaba la lista. Los paramilitares registraron su muerte diciendo de él "profesión abogado (ex concejal, ex secretario de gobierno y asesor de Enigsbert (sic). Actualmente se desempeñaba como defensor del pueblo".
A pesar de haber sido absuelto en primera instancia, la Fiscalía apeló la decisión al considerar que dicha instancia no hizo una valoración de conjunto de pruebas y que tampoco consideró aspectos relevantes de los testimonios recaudados.
Por este crimen la Sala Penal del Tribunal Superior de Barranquilla también impuso a alias ‘Job’, ex integrante de autodefensas y miembro de la banda ’Los Paisas’, una multa de dos mil salarios mínimos mensuales legales vigentes, que suman un total de $1.071’200.000 pesos.
20 de octubre de 2011
18 de octubre de 2011
cc verdad abierta