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los políticos del bloque bananero


Políticos involucrados en crímenes del Bloque Bananero en Urabá. Paramilitares aseguraron que varios políticos estuvieron involucrados en algunos asesinatos cometidos por las Auc en Apartadó, Antioquia.
Colombia. Un líder político, un concejal activo y el actual representante de una junta de acción comunal fueron salpicados en varios asesinatos cometidospor paramilitares que hicieron parte del Bloque Bananero de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc) en el municipio de Apartadó, Urabá antioqueño.
Los nombres de estas tres personas, cuyos nombres se omiten para no entorpecer las investigaciones, fueron referenciados en una audiencia de versión libre realizada en Medellín ante un fiscal de la Unidad de Justicia y Paz por los exmiembros del los grupos de autodefensa urbana del Frente Alex Hurtado y adscritos al Bloque Bananero.
A esa cita judicial comparecieron Darío Enrique Vélez Trujillo, alias ‘El tío’, Carlos Alberto Arango Betancur alias, ‘Llanero’ o ‘Daniel’, Pablo Antonio Peinado Padilla, alias ‘Repollo’, Alejandro Ortega Herrera, alias ‘El flaco’, Mario de Jesús Granja Herrera, alias ‘El flaco’, Ovidio Pascual Nuñez Cabrales, alias ‘El indio’ y Luis Arley Acosta Escudero, alias ‘Chichi’.
Una de las personas involucradas con estos delitos solo fue identificada como alias ‘El profe’, a quien le atribuyeron decenas de homicidios cometidos en los barrios de Policarpa y El Obrero y sobre el que se dijo que era un político del corregimiento Currulao, de Turbo, muy cercano a los Grupos de Autodefensa Urbana del Frente Alex Hurtado comandado por Raúl Emilio Hasbún, alias ‘Pedro Bonito’.
Por su parte, alias ‘Llanero’, bajo juramento, afirmó que el actual presidente de la Junta de acción comunal de un barrio de Apartadó, en una ocasión le había descrito una persona que él buscaba para matar y le había señalado la casa en la que vivía: "él sabía que nosotros íbamos a matar a ese señor y por eso nos dijo que el que estaba parado de camiseta amarilla era el que estábamos buscando", narró Arango.
Alias ‘Llanero’ juró que uno de los actuales concejales de Apartadó le informó en repetidas ocasiones sobre algunas personas que, supuestamente, hacían inteligencia para la guerrilla, informándole quiénes eran paramilitares en el barrio. Muchas de ellas fueron asesinadas.
Las víctimas presentes en las salas dispuestas para ellas en los municipios de Apartadó y Medellín se pronunciaron durante la versión libre, no sólo para rectificar las versiones entregadas por los exparamilitares, sino también para señalar que en muchos casos después de matar a las personas les habían robado lo que tenían. Sobre este tema la Fiscal 17 de la Unidad de Justicia y Paz, Nubia Stela Chávez Niño, quien conducía la versión colectiva, resaltó que "esta práctica es considerada un delito o crimen de guerra pues están despojando materialmente a la víctima, además, es una muestra más de la degradación del conflicto".
Al respecto, Pablo Antonio Peinado Padilla, alias ‘Repollo,’ narró el caso de su prima, conocida como ‘La Gorda’, quien fue asesinada el 10 de junio de 2001. Esta mujer era una guarda de tránsito a quién le habían llamado la atención en repetidas ocasiones. Luego de un problema personal con alias ‘Cepillo’, este le dio la orden a alias ‘El tío’ para que la matara.
En este caso estuvieron involucrados Carlos Alberto Arango Betancur alias ‘Llanero’ y Esneider Gónzalez López alias ‘Guacaray’, quienes por orden de alias ‘El tío’ se desplazaron hasta Chigorodó para buscar y matar a la señora. Después de dispararle, alias ‘Llanero’ cogió una cadena, 5.000 pesos y una boleta para una rifa que tenía ‘La Gorda’; asimismo, alias ‘Guacaray’ le sacó los anillos.
Según los familiares de la víctima, nunca les entregaron las alhajas que le robaron. Alias ‘Repollo’ comentó que "muchos miembros de las autodefensas hacían esto y por eso a muchos los tuvimos que matar, por no cumplir la orden. Luego hicieron una reunión para decirnos que la organización no permitía los robos, pero de todos modos muchos lo siguieron haciendo al escondido".
Sin embargo, uno de los que se beneficio de los objetos robados luego de los crímenes fue el político conocido como ‘El profe’, pues casi siempre que se cumplía una orden en la que él había dado la información, los objetos robados eran para él.
A Luis Hernando Usuga lo mataron el 17 de junio de 2001. La información la dio alias ‘El profe’ del que sólo se conoce su nombre Robinson, quien le había dicho a alias ‘El tío’ que Usuga era un vendedor de droga. A él le robaron la moto, los papeles, la plata que tenía en el bolsillo de la camisa, los anillos y un bolso. El botín de guerra fue para alias ‘Cepillo’ quien, según lo confesado por alias ‘El tío’, recibió el bolso, la plata y los anillos.
El grupo de los urbanos de Apartado fue manejado entre 1998 y 2001 por Daniel Vélez Trujillo, alias ‘El tío,’ quien estuvo al frente de la logística y coordinación de los urbanos de la estructura armada ilegales. Bajo la dirección de Carlos Vásquez, alias ’Cepillo’, dio órdenes para que los comandantes de los barrios mataran, bajo la lógica criminal, a las personas que supuestamente eran colaboradoras o milicianas de la guerrilla.
Los Grupos de autodefensa urbana (Grau) estaban compuestos por pocos hombres, sin embargo cada barrio tenía un encargado. Mario de Jesús Granja Herrera, alias ‘El Flaco’, confesó que los que hacían parte del grupo era porque querían y que nadie estaba obligado. "Urabá se convirtió en un fortín de guerra, la gente estaba preparada para la guerra", afirmó.
Esa es la explicación que dieron los postulados al hecho de que diferentes bloques de las Auc fueran a Urabá a reclutar personas. "Muchas veces ni alcanzaba la plata para llevarse a tantas personas. Una vez a alias ‘Peter’ lo autorizaron para que reclutara 11 pelaos y llegó con 50", afirmó alias ‘Repollo’. La mayoría de personas que reclutaban iban para el Bloque Sur Putumayo y para el Bloque Montes de María. El postulado confesó también que, antes de la desmovilización, el Bloque Norte reclutó muchas personas en La Guajira para que se desmovilizaran sin ser parte de las Auc.
La Fiscal 17 de la Unidad de Justicia y Paz ordenó la compulsa de copias para investigar tanto a los políticos involucrados con los crímenes cometidos por los postulados como los hechos confesados por Pablo Antonio Peinado Padilla, alias ‘Repollo’, respecto a las falsas desmovilizaciones del Bloque Norte.
9 de noviembre de 2011
3 de noviembre de 2011
cc verdad abierta

nueva generación de parapolíticos


¿Una nueva generación de parapolíticos? En las pasadas elecciones varios medios de comunicación e informes de Ong’s señalan que 9 de los nuevos 32 gobernadores, fueron apadrinados por parapolíticos.
Colombia. La Corporación Nuevo Arco Iris dijo que los gobernadores de Arauca, Bolívar, Casanare, Magdalena, La Guajira, Santander, Cesar, Sucre y Valle del Cauca fueron respaldados durante sus campañas por ex funcionarios vinculados con el paramilitarismo y el narcotráfico.
Al contrastar esta información con el mapa de riesgo electoral realizado por la Misión de Observación Electoral (MOE), los departamentos señalados, principalmente en la región Caribe, coinciden con una alta presencia de bacrim y autodefensas, que, a juicio de Arcoiris pudieron incidir en las jornadas electorales.
Ante los señalamientos, los 9 gobernadores han respondido asegurando que se trata de ataques de sus adversarios políticos. VerdadAbierta.com realizó un recuento de los señalamientos incluyendo la información que identifica a los presuntos padrinos políticos de los 9 gobernadores.

Los Supuestos Respaldos de La Gata
Julio César Guerra Tulena del Partido Liberal, nuevo gobernador de Sucre con un votación de 204.686 votos (65.5 por ciento), es señalado de haber recibido respaldos de personas cuestionadas.
Uno de ellos es el de Eduardo Carlos Merlano, hijo del ex senador Jairo Merlano condenado por parapolítica. En Sucre se dice que Guerra también contaba con el apoyo de Teresita García, hermana de Álvaro García, condenado por ser el autor intelectual de la masacre de Macayepo y de Alfonso López, hijo de Enilce López alias ‘La Gata’, condenada por nexos con el paramilitarismo y por concierto para delinquir.
De acuerdo al informe de la Revista Semana ‘Democracia en la mira’, "misteriosamente, la elección como gobernador de Guerra Tulena, quedó cantada con el retiro de otros tres aspirantes". Además, según fuentes de Semana, a cambio del retiro de los otros aspirantes, "Guerra Tulena hizo un acuerdo con Enilse López y sus hijos para que conservaran la jugosa concesión del chance".
López, hijo de ’la Gata’, también apoyó al electo gobernador de Bolívar, Juan Carlos Gossaín del Partido Liberal, quien obtuvo el 43 por ciento de la votación. Según Semana "aunque Gossaín ha negado estas relaciones, no puede ocultar las fotografías del hijo de la Gata, el senador Héctor Julio Alfonso, haciéndole campaña."
Cuatro fuentes consultadas por VoteBien.com confirmaron este respaldo político durante la campaña electoral por la gobernación de Bolívar.
Otro artículo ‘La sombra de la Gata sigue rondando la política de Bolivar’ de la SillaVacia.com también pone sobre el tapete estos señalamientos que Gossain califica como "un montaje de sus adversarios".
Otro político al que se relaciona con ’La Gata’ es el electo gobernador de Cesar, Luis Alberto Monsalvo Genecco, quien según reportes de Arco Iris es cercano a Benjamín Calderón, amigo cercano de la poderosa empresaria del chance de la Costa.
De acuerdo a un informe de Verdadypoder.com sobre campañas cuestionadas, la candidatura de Monsalvo fue apoyada por Calderón, a quien apodan ’El Gatico’ por ser socio de López, en la concesión del Chance.
A Calderon, gerente de Uniapuestas Unidas del Cesar, le fue expedida orden de captura por apoyo a grupos paramilitares del Bloque Norte.

Presuntos Respaldos de Parapolíticos
Para la Gobernación de Arauca y de Casanare, fueron elegidos José Facundo Castillo y Nelson Mariño Velandia, a quienes señalan de estar cerca de la organización de German Buitrago alias ‘Martín Llanos’, el ex jefe paramilitar de las Autodefensas Campesinas de Casanare que no se desmovilizó.
Castillo y Mariño al parecer tuvieron el apoyo político del condenado William Pérez, ex gobernador de Casanare.
Respecto a estas afirmaciones, Votebien.com ya había publicado en su especial ‘El poder desde la cárcel’ en el que explica como "en su afán por mantener el poder en el Casanare, William Pérez le mandó a comprar el aval de Afrovides a Mariño". Estos testimonios, aún sin comprobar, fueron dados por un funcionario del Observatorio del Territorio de la Universidad del los Llanos.
Según informes de la Sillavacia.com, en las elecciones de Casanare, "la sombra de ’Martín Llanos’ es hoy en día la fuerza más poderosa en la política de la región".
Precisamente, según un testimonio recogido por la Sillavacia.com, de Carlos López Garay, "el ex alcalde de Yopal pactó con las ACC un acuerdo de colaboración económica y que cada tres meses les entregaba cien millones de pesos". El ahora gobernador Mariño siempre ha asegurado que "todo es un montaje de sus enemigos políticos".
Por su parte, el gobernador de Arauca, José Facundo Castillo, aunque es señalado por supuestos respaldos políticos de paramilitares, según el informe de Semana.com, ‘Democracia en la mira’, también es acusado por sus adversarios "de tener vínculos con las Farc".
Luis Miguel Cotes, elegido gobernador de Magdalena con el 42 por ciento de los votos, también ha sido cuestionado por tener el apoyo político de los ex gobernadores Ómar Díaz Granado y Trino Luna, condenado por sus nexos con paramilitares del Bloque Norte, entre ellos Rodrigo Tovar alias ‘Jorge 40’ y José Gelves Albarracín alias ‘El Canoso’.
De hecho, según informe de la SillaVacia.com sobre los contactos del ’mello’ Cotes para llegar a la gobernación del Magdalena, "él se ha convertido en el centro de la alianza del grupo político que ha gobernado el departamento durante los últimos años, que en buena parte estuvo aliado con los paramilitares, y que quiere perpetuarse en el poder".
Ante las acusaciones Cote ha comunicado a través de su página en internet, que "rechaza enérgicamente la campaña de difamación que sus detractores políticos han puesto en marcha ante el avance arrollador de nuestra propuesta de gobierno a favor del pueblo magdalenense".
Otro de los políticos señalados por Arco Oris fue Richard Alfonso Aguilar, nuevo gobernador de Santander por el PIN, hijo del coronel Hugo Aguilar, ex gobernador de Santander destituido e inhabilitado por la Procuraduría por nexos con paramilitares.
Aguilar hijo ha dicho en la prensa que defenderá a su padre porque considera que las acusaciones de haberse aliado con paramilitares son producto de una persecución política.
Según Votebien.com, aunque Aguilar no ha enfrentado ningún escandalo su credibilidad es afectada por los vínculos de su padre con el desmovilizado Bloque Central Bolívar de las Autodefensas. A esta herencia se suma que Aguilar hijo, al parecer, recibió apoyo de Luis Alberto Gil, investigado por nexos con el Bloque Central Bolívar de las Auc y de Alirio Villamizar condenado por parapolítica.
En el informe también se cuestiona el respaldo que obtuvo el ahora gobernador del Valle del Cauca, Héctor Fabio Useche, del polémico ex senador condenado por parapolítica Juan Carlos Martínez Sinisterra.
A estos señalamientos, el gobernador Useche aseguró que eran "una campaña de desprestigio de las otras campañas políticas". Useche dijo también que aunque conocía y tenía una amistad con el condenado ‘parapolítico’, él no tiene nada que ver en su candidatura.
Otro de los casos que menciona la ONG es el del candidato por Cambio Radical Juan Francisco ‘Kiko’ Gómez, quien ganó la gobernación de La Guajira con el 52,3 por ciento de los votos.
Según la Revista Semana, Gómez tiene más de quince investigaciones disciplinarias en la Procuraduría por presunta corrupción en sus dos periodos como alcalde de Barrancas. El político estuvo preso durante tres meses en 1991 acusado por porte ilegal de armas.
Gómez Cerchar ha sido relacionado con tráfico de drogas y armas en La Guajira, y también ha sido salpicado con ’paras’, pero hasta el momento no se le ha probado nada.
Un paramilitar desmovilizado ratificó esta versión a la Revista Semana. Dijo que Gómez "fue auxiliador del grupo paramilitar comandado por ’Jorge 40’, a quien, dicen, visitaba en la base de San Ángel, cuartel del Bloque Norte".
Es importante aclarar que de los señalamientos realizados por diferentes medios y organizaciones, ninguno ha llegado a instancias judiciales.
2 de noviembre de 2011
31 de octubre de 2011
cc verdad abierta

córdoba, a la sombra de la parapolítica


Los políticos que respaldan a los dos aspirantes a la Gobernación, Lyons y Oyola, han sido salpicados, cuando no condenados, por parapolítica.
Colombia. El día que Alejandro Lyons Muskus se dio la mano con Víctor Raúl Oyola en el evento inaugural de la Feria Ganadera de Montería el 18 de junio de este año, marcó el inicio de la competida competencia que habría por la Gobernación de Córdoba. Está tan reñida la campaña en este departamento, que nadie duda de que la Gobernación se decidirá por voto finish.
Víctor Raúl Oyola comenzó a hacer campaña cuatro meses antes que Lyons y logró sacarle ventaja, pero Lyons se puso los tenis y equilibró la balanza con otra maratón de recorridos. Cada uno ha visitado por lo menos en tres ocasiones los 30 municipios que tiene Córdoba. Se han movido por todas las zonas, incluyendo las rojas del San Jorge y Alto Sinú, en donde las bandas criminales han amedrentado a algunos políticos. Allí se siembra y procesa la cocaína. La región costanera también es complicada porque desde ahí se despacha la droga en forma tan descarada que hace poco la Policía Antinarcóticos desmanteló un laboratorio que ocultaba un semisumergible con capacidad para transportar a cuatro personas y hasta seis toneladas del alcaloide.
En Córdoba no hay rincón donde no se hable de lo parejos que están los candidatos de los partidos Liberal (Oyola) y de la U (Lyons), como también son comunes las críticas a los dos por sus lunares. Caciques políticos detrás de los dos candidatos tienen un prolífico historial de líos judiciales y cuestionamientos éticos, que tienen a los cordobeses en un aprieto para escoger.

Por el Lado de la U
La primera semana de junio pasado se concretó la candidatura de Lyons del Partido de la U, a la Gobernación de Córdoba. El joven de 30 años trabajaba en la oficina de abogados de sus familiares en Bogotá, en donde comenzó a conocer a muchos de los políticos cordobeses que desfilaban por allí en busca de salidas para sus líos judiciales, uno de ellos Miguel Alfonso de la Espriella, condenado por parapolítica por haber firmado el Pacto de Ralito, en cual muchos políticos sellaron una alianza con los paramilitares de Salvatore Mancuso.
No fue fácil para las principales cabezas de la U, los senadores Musa Besaile Fayad y Bernardo Elías Vidal, llegar a un consenso en torno al nombre de Lyons. Ambos oriundos de Sahagún, apoyan candidatos diferentes a la Alcaldía de Montería. El Besaile respalda a su hermano Jhonny Besaile y Elías a su primo Carlos Elías. Sin embargo, bajo el liderazgo del senador Martín Morales Dix y de los representantes a la Cámara, Nicolás Jiménez Paternina y Raymundo Méndez Bechara, se selló el acuerdo y presentar a Lyons como el candidato de la U.
Algunas figuras políticas de la región que respaldan la candidatura de Lyons tienen sus historias grises. Son los ex senadores Julio Manzur y Zulema Jattin, investigados por la Corte Suprema de Justicia por sus presuntos nexos con los paramilitares; el ex–representante a la Cámara Dumith Náder Pareja, hijo del aspirante a la Alcaldía de Montelíbano por quinta vez Moisés Náder Restrepo, quien tiene 57 denuncias en la Fiscalía; las ex candidatas a la Gobernación Margarita Andrade García y Mara Bechara de Zuleta, esta última mencionada en una de sus versiones por Fredy Rendón Herrera, alias ‘El Alemán’.
El joven candidato Lyons comenzó su campaña con pie izquierdo, pues poco antes de aceptar su designación como aspirante de la U, se desempeñaba como el abogado de Gonzalo Riaño, un hombre detenido en Córdoba en marzo de este año, acusado de lavado de activos. Lyons también fue uno de los abogados penalistas del ex gobernador de Sucre, Salvador Arana, condenado a 40 años de prisión por su participación en el crimen del ex alcalde de El Roble, Sucre, Eudaldo Díaz, perpetrado por paramilitares y por concierto para delinquir agravado.
Posteriormente también se conoció que la oficina de abogados a la que perteneció el hoy candidato a la Gobernación de Córdoba, asesoraba al contratista Emilio Tapia, a quien la Fiscalía le imputará cuatro delitos, entre ellos, interés indebido en la celebración de contratos y peculado por apropiación, dentro del escándalo de contratos indebidos en Bogotá. Según el propio Tapia, Alejandro Lyons fue quien le aconsejó que suspendiera una visita que hacía a Miami en mayo de 2010 para que se presentara ante las autoridades cuando el carrusel apenas se destapaba.
Ante esos cuestionamientos, hace un mes en un debate entre candidatos organizado por la revista Semana y Votebien.com, entre otros, Alejandro Lyons argumentó que su función de abogado no tenía nada que ver con su conducta, la cual era intachable. Ya antes ha promovido la misma respuesta en el sentido de que el médico atiende a todo paciente, como el abogado tiene toda clase de clientes. Sí es verdad que defender a criminales no hace a un abogado igualmente criminal, pero no es la mejor carta de presentación para llegar al cargo público más importante de su departamento.
Los vínculos de Lyons con Tapia, un político de pueblo que en pocos años se volvió multimillonario contratista también han sido cuestionados cuando también salió a la luz pública que los pilares de su campaña, los senadores Besaile y Elías estuvieron abogando por Emilio Tapia ante el secretario general del Ministerio del Interior, Luis Felipe Henao. Lo buscaron para pedirle que le diera un cupo a Tapia en el pabellón de los parapolíticos de la cárcel La Picota de Bogotá, según lo reveló El Espectador. En Córdoba se asegura que si Besaile y Elías, ambos investigados por la justicia, hicieron semejante favor, es porque le deben otros a Tapia.
El senador Besaile además tiene sobre su espalda una declaración que hiciera el ex jefe paramilitar de las AUC, Carlos Andrés Padilla González, alias ’Visaje’, ante la Corte Suprema de Justicia, señalándolo de haber tenido nexos con las AUC. ‘Visaje’ desapareció este año, cuando era transportado por el Instituto Nacional Penitenciario (Inpec). La Corte tendrá que decidir acerca de la veracidad de la declaración del desmovilizado paramilitar.
El senador Elías Vidal fue salpicado por los Nule como otro de los congresistas involucrados en el carrusel de la contratación en Bogotá. A los dos caciques de Sahagún, municipio donde también nació Lyons, la Corte Suprema los investiga por presunta compra de votos en las pasadas elecciones a la Gobernación de Córdoba en la campaña de 2007.

Por el Lado Liberal
La candidatura de Víctor Raúl Oyola Daniels se definió en diciembre de 2010 luego de una dura batalla en el Partido Liberal. Su máxima defensora fue la senadora Arleth Casado de López, quien inicialmente se enfrentó a su esposo, el ex congresista Juan Manuel López Cabrales, condenado por parapolítica y quien había planeado presentar como candidato a la Gobernación a su eterna fórmula en el parlamento, Fredy Sánchez, ex representante a la Cámara, investigado por parapolítica y luego absuelto. Al final se impuso Oyola Daniels, quien por muchos años ha sido gerente de Araújo & Segovia, una firma tradicional de los negocios de finca raíz en el Caribe colombiano.
La discusión acabó cuando los seguidores del movimiento Mayorías Liberales, bastión del partido rojo en Córdoba, le hicieron ver a Juan Manuel López que no podía volver a equivocarse, escogiendo un candidato que estuviera cuestionado. Ya antes habían enfrentado líos varios liberales de las toldas de López: su hermano Libardo López, quien no terminó el periodo porque fue inhabilitado; y Jaime Torralvo Suárez, que entró en un periodo de transición de un año y hoy tiene casa por cárcel. La actual gobernadora Marta Sáenz Correa también tuvo líos de otra índole: durante dos de los cuatro años de gobierno defendió su credencial ante los contradictores de la U, que argumentaban que estaba inhabilitada para aspirar. Dichas denuncias jamás prosperaron.
Escogido Víctor Raúl Oyola, el Partido Liberal selló una alianza con el representante a la Cámara David Barguil y la senadora Nora García Burgos. A esta última la Corte Suprema de Justicia le abrió una investigación preliminar por sus presuntos nexos con los paramilitares.
Oyola comenzó su recorrido político en Pueblo Nuevo, su municipio de origen y goza del sostén de un partido que maneja la Gobernación, tiene el poder en 25 de los 30 municipios de Córdoba, 6 curules de las 13 que tiene la Asamblea Departamental y 9 de las 19 que tiene el Concejo de Montería, capital del departamento. La senadora Arleth Casado lo acompaña a casi todas las giras, también investigada por la Corte Suprema de Justicia por presunta compra de votos.
Quizás nunca antes había subido tanto la temperatura política en Córdoba, como en esta última semana de campaña. Las penurias judiciales de los caciques políticos que apoyan ambas candidaturas han quedado expuestas. Incluso les han servido como inspiración para sus publicidades políticas. El Partido Liberal en uno de sus avisos dice que "Víctor Raúl es el único que puede enfrentar la inseguridad sin ninguna tacha de complicidad ni concesiones con quienes han aterrorizado al pueblo de Córdoba"; mientras que en la plaza pública Alejandro Lyons, del Partido de la U, se autoproclama transparente para romper con la corrupción que se mudó al Palacio de Naín hace 15 años.
2 de noviembre de 2011
25 de octubre de 2011
cc verdad abierta


las otras masacres de juancho prada


En Cesar y Norte de Santander, las Autodefensas del Sur del Cesar asesinaron a campesinos tildándolos de robar gasolina o colaborar con la guerrilla.
Colombia. Aguachica y Ocaña fueron los municipios donde los paramilitares instalaron sus bases para delinquir en Cesar y Norte de Santander. Desde su desmovilización en marzo de 2006, el ex jefe paramilitar Juan Francisco Prada Márquez alias ‘Juancho Prada’ y varios de sus cómplices han confesado su responsabilidad en ocho masacres en estos dos departamentos.
En versiones libres, reconocieron cómo asesinaron a 14 personas en dos incursiones y que se conocieron como las masacres de Puerto Patiño, ocurrida en enero de 1995 en este corregimiento del Cesar, y la de Guamalito, ocurrida en este corregimiento de Norte de Santander.
En la más reciente audiencia de imputación de cargos contra alias ‘Juancho Prada’, la Unidad de Justicia y Paz reconstruyó otras cuatro masacres a partir de las confesiones del ex jefe paramilitar así como de Wilson Salazar Carrascal alias ‘El Loro’, Nelson Alberto Gómez Silva alias ‘El Mico’, José Antonio Hernández Villamizar alias ‘Jhon’ y de Javier Antonio Quintero Coronel alias ‘Pica pica’.

La Masacre del Carrotanque
El 16 de abril de 1996 diez paramilitares llegaron hasta una finca en San Martín, Cesar, y allí asesinaron a cuatro hombres y dejaron a otro más herido acusándolos de robar gasolina del oleoducto que pasaba por allí.
En una versión libre, alias ‘Juancho Prada’ confesó ante la Fiscalía que le ordenó a Jhon Vega Alvernia alias ‘Norris’, ex jefe militar de las autodefensas en San Martín, que asesinara a quienes vieran en esa zona robando combustible.
"Le di la orden que patrullara desde San José de las Américas hasta la quebrada La Rayita a donde llegaba la carretera. Se quemó una tractomula y una camioneta", dijo el ex jefe paramilitar.
Quien dio más detalles sobre estos crímenes fue Wilson Salazar Carrascal alias ‘El Loro’, un ex patrullero que delinquió en San Martín, Aguachica, San Alberto, Gamarra y Río de Oro, en Cesar, y en Ábrego, Norte de Santander. Según el ex paramilitar, la masacre se planeó en una finca y se movilizaron en una camioneta a la medianoche hasta el lugar donde pasaba el oleoducto.
Alias ‘EL Loro’ dijo que les dispararon a cinco hombres que estaban supuestamente llenando un carrotanque con gasolina y que las balas causaron un incendio. "Por todo fueron cuatro muertos y un herido, y con la vaina de la ‘plomacera’ se prendió la mula", dijo el ex paramilitar.
Alias ‘Juancho Prada’ dijo que en la masacre participaron además de ‘El Loro’, Manuel Antonio Villamizar alias ‘Mañe’, Juan Tito Prada alias ‘Tito Prada’, alias ‘Taolamba’ y ‘El gringo’.
Según lo documentó Justicia y Paz, el grupo ‘Juancho Prada’ se financió precisamente del robo de combustible. En un informe presentado a la Fiscalía, Ecopetrol reportó la extracción ilegal de 135.837 barriles de crudo de las líneas Galán-Ayacucho entre 2003 y 2006.

La Masacre de Cerro Redondo
En la vereda Cerro Redondo, en Aguachica, diez paramilitares asesinaron a cinco personas el 6 de febrero de 2000 acusándolos de colaborar de la guerrilla. En versiones libres, Nelson Alberto Gómez alias ‘El Mico’ confesó los asesinatos.
"Era una misión del comandante alias ‘Rafa’, nos reunieron en una finca en San Martín y nos embarcaron en unos camiones hasta la vereda La Morena. En La Morena nos descargaron y caminamos hasta la capilla. Luego nos encontramos con el grupo de alias ‘Omega’ y alias ‘Rafa’ decidió que su grupo entraba al caserío a hacer lo que tenía que hacer", dijo alias ‘El Mico’.
En versión libre, alias ‘Juancho Prada’ dijo que ordenó esta incursión a Alberto Durán Blanco alias ‘Barranquilla’, ex jefe militar del grupo, pero que quienes participaron directamente fueron alias ‘Arley’, ‘Rafa’ y ‘Omega’. "No iban con la intención de hacer la masacre y recibieron la información de que esos señores al parecer pertenecían a la guerrilla", dijo el ex jefe paramilitar tratando de justificar los asesinatos por los cuales pidió perdón.
Alias ‘El Mico’ le dijo a la Fiscalía que en esta masacre también participaron alias ‘Arley’, ‘La rana’, ‘El grillo’, ‘Antanas’, ‘El lobo’, ‘El Tigre’, ‘El loro nuevo’, ‘Julián’ y ‘El iguano’.

Masacre de Santa Rosa de Caracol
Como en muchos de los crímenes que cometieron sus subalternos en la región, alias ‘Juancho Prada’ reconoció que esta masacre ocurrida el 8 de diciembre de 2001 en la vereda Santa Rosa del Caracol, en Aguachica, la aceptaba por ser el entonces jefe paramilitar de las Autodefensas del Sur del Cesar pero que desconocía los detalles.
Según le dijo a la Fiscalía, las cinco víctimas pertenecían a una iglesia evangélica y fueron asesinadas por "informaciones" que llegaron a un ex jefe militar de su grupo. "Se mandan es a buscar a la guerrilla y aparecen es con una masacre. Muchas veces los campesinos dan la información de que fulano es guerrillero y por eso la masacre. No tengo más información", dijo el ex jefe paramilitar en una versión libre.
Alias ‘Juancho Prada’ le dijo a la Unidad de Justicia y Paz que a una de las víctimas la raptaron de la casa de una iglesia y las asesinaron por los señalamientos de un informante que dijo que eran presuntas colaboradoras de la guerrilla.

Masacre de Las Flores
Alias ‘Juancho Prada’ utilizó ex guerrilleros que delinquieron en el Cesar para que le sirvieran de informantes. Y la masacre de Las Flores, conocida así porque ocurrió en un cerro que tiene ese nombre en el municipio de Teorama, en Norte de Santander, no fue la excepción. En una versión libre, el ex jefe paramilitar dijo que alias ‘Arturo’, un ex guerrillero, fue quien señaló a las víctimas de ser presuntas colaboradoras de la subversión.
La masacre ocurrió el 25 de abril de 2002 y fue confesada por José Antonio Villamizar alias ‘Jhon’, un subalterno de ‘Juancho Prada’ que delinquió en Ocaña. "Para esa época se montó un operativo para controlar las guerrillas que operaban en la región como eran la Compañía Móvil Arturo Ruiz, el Frente Libardo Mora Toro del Epl, el Frente Armando Cacua Guerrero del Eln, el Frente Camilo Torres del Eln y la Compañía Móvil Capitán Francisco del Eln. Esta incursión militar se montó con base en una información de la población civil", dijo alias ‘Jhon’.
El ex paramilitar contó que utilizaron como guía a alias ‘Arturo’, un guerrillero que capturaron en la región y que fue el encargado de señalar a las víctimas. "Al operativo fueron 150 paramilitares. Como comandante de Ocaña fue informado de los hechos lamentables", dijo alias ‘Jhon’.
En versión libre, Javier Antonio Quintero alias ‘Pica pica’ le dio más detalles sobre la masacre a la Fiscalía. Según el ex paramilitar, un primer grupo de 30 paramilitares a cargo de Alfredo García alias ‘Mauricio’ salió de una finca ubicada en el corregimiento de Los Ángeles y se encontró con otro grupo a cargo de alias ‘Fredy’ en la parte alta de Ocaña.
"Días después nos encontramos en un punto llamado Simañita y fuimos transportados por orden de alias ‘Jhon’ para la vía de González, en el Cesar. En ese municipio hicimos una incursión donde el comandante ‘Mauricio’ ordenó reunir a toda la gente en el parque. Ahí no hubo muertos pero dos días después llegó una información de un guía llamado ‘Arturo’, quien dijo que en el Cerro de las Flores había una fiesta y estaría el comandante ‘Megateo’ del Epl", dijo alias ‘Pica Pica’.
Según alias ‘Pica pica’, ese fue el pretexto para incursionar el Cerro de Las Flores y asesinar a cuatro personas que fueron señaladas de colaborar con la guerrilla. A una de las víctimas la desmembraron y la arrojaron a una fosa. "En estos crímenes participaron alias ‘Fredy’, ‘Pica’, ‘La muerte’, ‘Loro nuevo’, ‘El tigre’, ‘Arley’, ‘Rufino’ y alias ‘La cabra’", dijo el ex paramilitar.
Estas masacres fueron documentadas y presentadas al Tribunal de Justicia y Paz en Bucaramanga, durante la audiencia de imputación de cargos contra alias ‘Juancho Prada’, que reconoció 104 crímenes cuando fue jefe de las Autodefensas del Sur del Cesar o del Frente Héctor Julio Peinado Becerra, como se le conoció durante la desmovilización.
[*La imputación de cargos es una fase del juicio que se adelanta contra alias ‘Juancho Prada’. Consiste en que la Fiscalía presenta los delitos cometidos por el ex jefe paramilitar ante un magistrado de Justicia y Paz. Después, sigue la formulación y la legalización de cargos antes de que el Tribunal emita una condena contra del ex paramilitar y repare a las víctimas.]
1 de noviembre de 2011
31 de octubre de 2011
cc verdad abierta

fantasma de los paras en san martín


En este municipio del Meta, los políticos se han acusado mutuamente a lo largo de la campaña de tener vínculos con las autodefensas. Varios aseguran que no es más que propaganda negra.
Colombia. El pasado 13 de octubre, durante la instalación de la Comisión de Seguimiento Electoral para el Meta, el ministro del Interior Germán Vargas Lleras mostró su preocupación al revisar los mapas elaborados por la Misión de Observación Electoral -MOE, la Defensoría del Pueblo y el Gobierno Nacional, que mostraban a casi todo el departamento en rojo, en alto riesgo electoral.
De acuerdo con el jefe de la cartera política, los municipios con mayor riesgo de fraude, presiones y acciones violentas son: Puerto Rico, San Juan de Arama, Lejanías, Mapiripán, Vista Hermosa, Mesetas, La Macarena, Puerto Gaitán, Cubaral, Puerto Concordia, Puerto Lleras y San Juanito y Villavicencio.
En San Martín, en el piedemonte del páramo de Sumapaz, las amenazas contra las campañas pululan y entre los candidatos se han acusado mutuamente de estar recibiendo apoyos de los grupos armados. Y, según varios pobladores y conocedores de la región algunos de estos señalamientos no están carentes del todo de sustento.
San Martín no figura como municipio vulnerable en ninguno de los informes de riesgo electoral, sin embargo, según voceros de cuatro de las cinco campañas a la alcaldía, antiguos desmovilizados Autodefensas Unidas de Colombia, Auc, han interferido en el proceso electoral.
Algunas personas de la región le aseguraron a VerdadAbierta.com que reconocidos sicarios deambulan por el pueblo y otros grupos que no se acogieron al proceso de Justicia y Paz aun permanecen en la zona a la expectativa de los comicios del próximo 30 de octubre.
Mientras los ojos de los observadores electorales han estado puestos sobre otros municipios del departamento, los pobladores de San Martín viven su propia historia, silenciada por el miedo y las amenazas contra las campañas políticas. La calma que allí se vive es aparente, dijo un ciudadano. La gente se ha callado  en esta contienda electoral, dejándola huérfana de autoridades y de misiones de acompañamiento.
Son varios los paramilitares que han actuado en San Martín en los últimos años y que manejan los negocios criminales de la región e incluso influyen sobre la política. Algunos de ellos aún están prófugos, y otros, aunque están presos siguen teniendo contactos y poder sobre grupos delincuenciales allí. Entre otros, fuentes informadas de la región citan a  Daniel ‘El Loco’ Barrera, Manuel de Jesús Pirabán, alias ‘Jorge Pirata’,  su socio José Vicente Rivera Mendoza, alias ‘El Soldado’,  Edilson Cifuentes, alias ‘Richard’ y Luis Arlex Arango Cárdenas, alias ‘Chatarro’.
Representantes de campañas y candidatos, que pidieron reserva en sus nombres, le dijeron a VerdadAbierta.com que están patrocinando campañas varios ex paramilitares como Germán Ramírez Devia, alias ‘Vaca Fiada’, antiguo integrante de Frente Héroes de los Llanos y uno de los herederos de Pedro Oliveiro Guerrero, alias ‘Cuchillo’, muerto por la fuerza pública en diciembre de 2010 y quien fue fundador del Ejército Revolucionario Popular Anticomunista - Erpac, que extiende sus feudos desde San Martín hasta Mapiripán -Meta.
A la situación anterior, se suma la presencia de "Los Paisas", herederos del clan de los hermanos Castaño Gil.
"Por aquí estuvieron ‘Monoleche’ (Jesús Ignacio Roldán Pérez), ‘Doble Cero’ (Carlos Mario García Fernández) y ‘H.H’ (Hebert Veloza), y ‘Don Mario’ (Daniel Rendón). Pero los que están llegando ahora son los hombres de ‘Monoleche’, ‘Don Mario’, y los ‘Macacos’, quienes a comienzos de octubre mataron a alias ‘Chapolo’, un sicario que sembró el terror en San Martín", contó a VerdadAbierta.com  una persona que conoce bien este mundo y que prefirió el anonimato y que señaló que hay una alianza  de estos paramilitares con el ‘Loco Barrera’ pujando por el poder político en la región.
Según tres de los candidatos a la alcaldía, quienes pidieron no mencionar sus identidades, el interés de estos paramilitares en la región es controlar un municipio que tendrá una fuerte inyección de recursos de las regalías por la explotación de uno de los pozos de Caño Sur que está a 130 kilómetros de la cabecera municipal de San Martín y que Ecopetrol encontró hace poco.

El Candidato Sindicado
En el centro de estas denuncias está el candidato a la alcaldía de San Martín de la Alianza Social Independiente-ASI, John Franky Sánchez Muni, un contador público y ex candidato a la Asamblea departamental que en las elecciones pasadas logró 4.900 votos, de los cuales 2.600 fueron en San Martín.
A Sánchez sus contradictores políticos lo sindican de ser el candidato de estos grupos armados, sin embargo, sus oponentes no se han atrevido a denunciarlo ante ninguna autoridad.
"A Franky lo están acompañando todos los desmovilizados y los que no se sometieron a la Ley de Justicia y Paz, quienes se encargan de romper los afiches de las otras campañas y de amenazar a las personas que asisten a las reuniones. Recientemente,  en un billar del centro del pueblo, los asistentes comenzaron a tomar del pelo a Franky y al poco tiempo apareció alias ‘Gavilán’ – un sicario y amenazó a los que se  reían ", denunció una dirigente comunal que también pidió omitir su nombre.
VerdadAbierta.com habló con Sánchez quien no negó la presencia de los desmovilizados en su campaña e insistió que esto no es ilegal, ni nocivo para el municipio. Por eso se quejó de publicaciones que circularon haciendo denuncias falsas en su contra. "Han sacado panfletos desprestigiándome y poniendo en riesgo mi vida, por eso recibí llamadas telefónicas de amenaza", dijo al señalar que sería prudente denunciar a quien esté detrás de todo esto.
Su lema de campaña es "La nueva fuerza del cambio" y ofrece un programa de generación de empleo,  entrega de parcelas a desmovilizados y a campesinos sin tierra que viven en la vereda Gualas y parcelaciones como Argentina, Buenos Aires y Guadualito, donde hay más de 180 familias.
"La preocupación es con el tema de los desmovilizados porque hay personas que no están recibiendo ayudas. Son muchachos de 17 años en adelante que no saben más que tomar las armas ", agregó.
Sánchez atribuye las denuncias en su contra al hecho de que, según una encuesta realizada en San Martín, sea el político más opcionado para ganar las elecciones.
Otro de los cuestionados en esta campaña es el aspirante conocido como ‘Kike’ Melo, de quien los operadores políticos dicen que es protegido de Milton Báez.
Báez, a quien en la región lo reconocen de ser socio del empresario Guillermo Franco Restrepo, propietario de fincas con cultivos de palma aceitera, la Fiscalía recientemente le ocupó 476 bienes en Bogotá, Facatativá, Funza, Fusagasugá y Girardot (Cundinamarca). Entre los bienes incautados, había más de 300 locales comerciales en San Andresito San José, en el centro de Bogotá. Según la Fiscalía, Báez y Franco, propietarios de esos locales a quienes investiga por narcotráfico y enriquecimiento ilícito, mantuvieron nexos comerciales con Ignacio Gaitán Cendales, presunto narcotraficante colombiano extraditado a Italia en 1984.
Sin embargo, voceros de la campaña del candidato Melo en San Martín niegan que éste tenga vínculo alguno con Báez y advierten que todo podría obedecer a la propaganda negra de otros candidatos que, incluso, lo señalan de tener nexos con ‘El Loco’ Barrera.
Estos señalamientos han llegado desde marzo a la Unidad de Reacción Inmediata para la Transparencia Electoral-URIEL, coordinada por el Ministerio del Interior, que ha recibido 38 denuncias relacionadas con delitos electorales en Meta, de las cuales 14 se registran en la capital.
Así está la situación electoral en San Martín de los Llanos, el municipio más antiguo del Meta en donde a comienzos de la década de los 80, de la mano de esmeralderos y narcotraficantes como ‘El Mexicano’ y el clan de los ‘Buitragueños’,  nació el paramilitarismo que en estas elecciones parece querer reencaucharse y repetir la historia del Bloque Centauros, grupo que en las elecciones de 2003 tuvo gran influencia, según ya lo comprobó la justicia.
31 de octubre de 2011
27 de octubre de 2011
cc verdad abierta

las falsas víctimas de mapiripán


Lo que encontró la Fiscalía sobre las falsas víctimas de Mapiripán. El despacho 30 de Justicia y Paz de la Fiscalía logró probar que 8 víctimas beneficiadas con el fallo de la Corte Idh no fueron asesinadas o desaparecidas en la masacre de Mapiripán.
Colombia. Durante la audiencia de imputación parcial de cargos a nueve ex paramilitares del Bloque Héroes de los Llanos de las Auc, la Fiscal 30 de Justicia y Paz, Yolanda Pardo, pudo demostrar a la magistrada de Justicia y Paz, Teresa Ruiz, que ocho de las personas reconocidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Cidh, como víctimas de la masacre de Mapiripán, nunca lo fueron.
Según demostró la Fiscalía, en algunos casos se registraron ante la Corte Interamericana como víctimas de homicidio personas que ya estaban muertas para el momento de los hechos, y, en otros, se presentaron como desaparecidos a personas que para la fecha de la masacre se encontraban en las filas de la guerrilla, o que simplemente no estaban en Mapiripán.
Por otra parte a lo largo de la audiencia la fiscal presentó su versión sobre cómo fueron los hechos en los que un grupo de 89 hombres de las Auc se tomó el casco urbano de Mapiripán durante cinco días y atacó a la población civil, y aportó las pruebas suficientes para formular cargos en contra de los paramilitares por los homicidios de Sinai Blanco Santamaría, José Roland Valencia, Oscar Alberto Madrid, Alvaro Tovar Muñoz, Jaime Pinzón Gómez, Leduin Morales Caleño; la desaparición de Antonio María Barrera, Walter Mosquera, N.N. Residencia Guaviare y María Georgina Pinzón; los secuestros de Carlos Arbey Bernal, Orlando Martínez y Winneyer Torres Acero, y el desplazamiento de 69 personas, durante, o a raíz de la masacre.
Aunque la Fiscalía destapó el fraude de unas cuantas personas, esto no significa que el número total de víctimas se reduzca, debido a que la investigación continua abierta y se espera que se documenten nuevos casos que serán presentados en una nueva audiencia ante los magistrados.
Además, la audiencia de imputación de cargos tan sólo es la primera de las cinco etapas que deben cursar los casos en Justicia y Paz para que la Sala de Conocimiento dicte condena contra los paramilitares y ordene la reparación de las víctimas.
En enero y febrero del presente año la Fiscal Pardo, luego de darse cuenta que el número de víctimas registradas en el Sistema de Información de Justicia y Paz (Sijyp) era bastante menor al reconocido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, convocó a dos jornadas de atención a las víctimas de la masacre en Villavicencio y Mapiripán, en las que se entrevistaron a varios pobladores de Mapiripán y sus alrededores, quienes corroboraron los nombres de los desaparecidos y asesinados durante la masacre.
Al igual que varios de los postulados, las personas que asistieron a las reuniones con la Fiscalía dijeron un número menor de víctimas en la masacre que el reconocido por la sentencia de la Corte.
La Fiscalía en su labor investigativa encontró que la identificación de los cuerpos hasta el momento ha sido muy difícil, debido a que varias de las personas asesinadas durante la masacre fueron desmembradas, y otras tantas no han podido ser identificadas. Este fenómeno generó que algunas de las víctimas fueran registradas de manera repetida por la Corte Interamericana, como fue el caso de Oscar Alberto Madrid, quien además estaba registrado como N.N Oscar.
Al cierre de la audiencia la Magistrada Teresa Ruiz exhortó a los defensores de victimas para que ayudaran a filtrar los casos de personas y abogados que, de manera inescrupulosa, presentaran pruebas de falsas víctimas, en especial y con relación al proceso, con aquellos familiares que a pesar de no ser afectados por el desplazamiento o los crímenes cometidos por los grupos armados, llegaran al proceso de Justicia y Paz pidiendo algún tipo de reparación.
"Debe haber mesura en quienes reciben reparación. Por ánimo de lucro algunos abogados se aprovechan con el fin de lucrarse." dijo la magistrada.

Las Falsas Víctimas
A partir de las entrevistas que realizó en Mapiripán y Villavicencio, Yolanda Pardo encontró a Mariela Contreras, la testigo que el pasado martes aceptó durante la audiencia de imputación el fraude que había hecho al Estado.
Según pudo establecer la Fiscalía, ni el marido de Mariela, supuestamente asesinado en la masacre, ni sus hijos, supuestamente desaparecidos en la misma, fueron víctimas en este atroz crimen. Gustavo Caicedo Rodríguez (esposo fallecido de Mariela), quien aparece cómo víctima en la sentencia de la Corte Interamericana, fue asesinado por las Farc en la vereda el Anzuelo, Meta, en 1997.
Hugo Fernando Martínez (hijo de Mariela) había sido reclutado por el frente 39 de las Farc en 1995 y en el año 2008 regresó al lado de su madre, cuando se desmovilizó.
Como prueba de este hecho la Fiscalía no solo cuenta con el testimonio de él, sino también con el registro de cuando fue cedulado en 2008, luego de su desmovilización.
Diego Armando Martínez Contreras (el otro hijo) según pudo establecer la Fiscalía, tampoco se encuentra desaparecido. Como prueba tienen la tarjeta de preparación de la cedula, efectuada el primero de diciembre de 2000.
Otra de las falsas víctimas que se encuentra cobijada por la sentencia de la Corte Interamericana es José Alberto Pinzón López, sobre quien la Fiscalía encontró que había fallecido en 1989, tal como se demuestra en la resolución 0329 de la Registradoría Nacional, en la que la cédula de este señor fue cancelada por su muerte.
En este caso la Fiscalía comprobó a través del registro de nacimiento de él y sus hermanos, para comprobar que se trataba de la misma persona. A su familia el estado le pagó 430 millones de pesos.
En este caso la Fiscalía también investiga si existen irregularidades en los reclamos por el asesinato de otros cuatro miembros de esta familia, por los cuales el estado ha pagado 1.300 millones de pesos.
Raúl Morales, quien en la sentencia de la Corte Interamericana aparece como desaparecido, y por quien se ordenó el pago de doscientos salarios mínimos legales vigentes, apareció en 2011 como victima de desplazamiento y se acreditó ante la Fiscalía como víctima.
Según pudo establecer el periódico El Tiempo, Morales o su familia no han reclamado el pago de 230 millones de pesos que el Estado debe cancelar por supuesta desaparición como lo ordenó la Corte Idh.
En el caso de Manuel Arévalo, otra persona reconocida como desaparecida, la Fiscalía pudo comprobar que falleció de muerte natural el 3 de marzo de 1999 y quien fue enterrado en el cementerio de Anzuelo, un hecho que fue reconocido por sus familiares.
Según dijo la Fiscalía, los familiares de este señor testificaron que una señora de nombre María Bustos les aconsejó que registraran a su padre como muerto en la masacre de Mapiripán.
Finalmente, los familiares de Eliecer Martínez reconocieron que fue asesinado por la guerrilla el 4 de diciembre de 2001 porque se negó a unirse a este grupo armado ilegal, y a su hermano Omar Patiño Vaca se lo llevó la guerrilla en abril de 2002.
Estas dos víctimas aparecen ante la Corte Interamericana sin representación, por lo cual, cuando la corte ordenó reparación para sus familias, también ordenó al estado colombiano publicar en medios de comunicación de cobertura nacional, un anuncio para que se buscaba a sus familiares.
31 de octubre de 2011
30 de octubre de 2011
cc verdad abierta

hay guerra para rato


Una investigación de la Fundación Ideas para la Paz encontró que el Estado sigue ganándole la guerra a las Farc. Aunque éstas están lejos de recuperar la iniciativa militar, podrían sobrevivir por muchos años más. Las Farc aun tienen poder pero están menguadas por el ejército.
Durante los últimos dos años, la discusión sobre el conflicto armado ha girado alrededor de la idea de una supuesta reactivación militar de las Farc. Se ha dicho que tras un proceso de ajuste y adaptación, luego de la ofensiva sostenida del Estado en su contra, el número de acciones armadas de las Farc ha aumentado en los últimos años. Simultáneamente, crecen las opiniones que perciben que en el último año, las Fuerzas Armadas han perdido efectividad e iniciativa en esta lucha.
Una investigación de la Fundación Ideas para la Paz (FIP), cuyo investigador principal fue el profesor de la Universidad Externado, Camilo Echandía, encontró algo bien distinto. Al analizar las estrategias, territorios y acciones desplegadas por ambos actores desde 1990 hasta hoy, en el terreno puramente militar, descubre que un cambio de estrategia de las Farc las hace aparecer más fuertes a ellas y más débiles a los militares de lo que en realidad son.
Tres son los hallazgos principales de este trabajo:
Primero, descubre que sí existe una disminución en el número de operaciones desplegadas por la fuerza pública contra Farc durante los últimos tres años en comparación con el primer gobierno Uribe (2002-2006). Esto, no obstante, no es resultado de una pérdida de capacidad militar y de iniciativa de las fuerzas militares, sino de la pérdida de territorios y hombres del grupo guerrillero durante los últimos años. Como son más chicas las Farc, es apenas obvio que el número de operaciones militares contra ellas disminuyan. Si en 2002, las Farc tenían presencia en 377 municipios y alrededor de 20 mil hombres, para 2010 tan sólo tienen presencia en 142 municipios en los que se distribuyen entre 6 mil y 8 mil hombres.
Así las cosas, en la medida en que las Farc se han reducido en número y han perdido control territorial, se ha hecho mucho más difícil para las fuerzas militares localizarlos y propinar golpes contundentes contra sus estructuras. Para sobrevivir, la guerrilla optó desde 2007 por la estrategia de evitar choques directos con la fuerza pública y emplear otras tácticas de guerra como el uso de minas anti persona, francotiradores y emboscadas, convirtiéndose en un "enemigo difuso, elusivo y difícil de identificar".
Sobre esta idea, el informe explica que "no tiene sustento el planteamiento de que en el gobierno actual haya disminuido el esfuerzo militar contra la guerrilla. Es obvio que el nivel de los combates se reduzca, en un contexto en que las Farc han perdido más de la mitad de su pie de fuerza y del territorio, y por ello también caen los niveles de capturados, abatidos y desmovilizados individuales, que no obstante siguen siendo significativos".
Segundo, y relacionado con lo anterior, no se puede hablar en estricto sentido de una "reactivación militar" de las Farc en los últimos años. Su repunte militar es de hecho una reacción natural a la contundencia de las acciones de las Fuerzas Armadas en el pasado. Esta reacción, expresada en acciones armadas de bajo esfuerzo militar (francotiradores, minas anti persona, emboscadas), tiene como propósito "aliviar la presión que se ejerce contra los mandos de la organización".
Sobre este punto, el estudio demuestra que "el hecho de utilizar minas y francotiradores, comprueba la situación de repliegue y de defensa en la cual permanecen las Farc. Por lo tanto, no se puede hablar de fortalecimiento y reactivación militar de las Farc, si lo que refleja la situación actual es lo contrario, es decir que la pérdida de capacidad ofensiva del grupo guerrillero es irreversible y desesperadamente trata de garantizar la supervivencia de su retaguardia".
Tercero, actualmente la presencia activa de Farc se observa en "áreas selváticas y apartadas donde el grupo guerrillero permanece replegado". Como hecho especial, el estudio señala que en las áreas de frontera con Ecuador (Nariño y Putumayo) y Venezuela (Arauca, Norte de Santander y La Guajira), algunos frentes guerrilleros superan en acciones armadas a la fuerza pública.
Adicionalmente, el informe advierte que "en el extremo oriente, en Vaupés, Vichada y Guainía la presencia guerrillera se ha incrementado paralelamente con los cultivos de coca que constituyen la principal fuente de recursos de las Farc".
Por eso termina concluyendo, que aunque el Estado conserva la iniciativa militar, y supera a las Farc en número de acciones militares ofensivas, su nueva táctica de atrincherarse en las selvas y hostigar a los militares para proteger su retaguardia y proteger a sus jefes, le puede garantizar que va a seguir existiendo por mucho tiempo. Del otro lado, el Estado debe mantener un enorme aparato militar para enfrentar a un enemigo cada vez más pequeño, pero ágil y capaz de infringirle mucho daño.
Por eso la investigación de la FIP dice que es el momento ideal para buscar una salida negociada, como un camino más expedito para terminar el costoso conflicto. Esto concluye: "el balance de fuerzas ampliamente favorable al Estado abre la posibilidad de lograr la paz, siempre y cuando el grupo guerrillero acepte las condiciones que garanticen que un proceso de negociación no sirva a otros propósitos".

Las Farc en los Últimos Meses
Durante el primer semestre de 2011, la fuerza pública sostuvo 529 combates con las Farc, mientras el grupo guerrillero ejecutó 279 acciones armadas entre ellas, sabotajes a infraestructura, emboscadas contra fuerza pública, hostigamientos y ataques a instalaciones militares y de Policía.
Mientras el número de operaciones de la fuerza pública superó al de acciones armadas de las Farc en 19 departamentos (especialmente en Meta, Cauca, Caquetá, Antioquia, Tolima, Arauca, Valle, Guaviare, Córdoba, Huila y Casanare), las Farc tuvieron mayor número de acciones armadas que las fuerzas militares en los departamentos de Nariño, Putumayo, Norte de Santander, Chocó, La Guajira y Risaralda.
Como hecho especial, los combates entre Farc y fuerza pública se concentraron particularmente en Meta, Arauca, Caquetá, Córdoba, Guaviare, Cauca y Tolima. Sin embargo, "no en todos los departamentos donde el balance de fuerzas es favorable a las Farc, el índice de acciones (de Farc) por municipio es superior al de combates (desplegados por iniciativa de las Fuerzas Armadas). En efecto en Nariño y La Guajira las acciones de la Farc se producen de manera más dispersa frente a la mayor concentración de los combates por iniciativa de las fuerzas militares".
Durante 2011, la dinámica entre fuerza pública y Farc ha girado esencialmente alrededor de tres asuntos. Primero, en el desarrollo de operaciones militares contra ‘Alfonso Cano’, máximo comandante de esa organización, principalmente en la zona que va desde el sur de Tolima y sus límites con Valle, Cauca, Quindío y Huila. Como parte de esa ofensiva y a pesar de no haber podido dar con ‘Cano’, la fuerza pública ha logrado dar de baja a siete integrantes de la cúpula del Bloque Central, entre ellos alias ‘Jerónimo’ y alias ‘El Abuelo’.
Segundo, la actividad del grupo guerrillero ha aumentado considerablemente en los municipios del norte de Cauca, principalmente en Toribío, Corinto, Caldono, Caloto y Jambaló, municipios en los que se han perpetrado múltiples ataques contra la fuerza pública. Estos hechos ratifican y ponen "al descubierto el propósito de las Farc de intentar bajar la presión militar contra ‘Cano’ en su zona de refugio".
Tercero, las acciones armadas de Farc en otros departamentos como Nariño, Meta y Caquetá, responde en ese mismo sentido a la necesidad de la organización por diluir la presión de la fuerza pública sobre sus principales mandos. "De aquí (se explica) la seguidilla de acciones registrada hacia mediados de 2011 en lugares distantes del principal teatro de operaciones".
Para los últimos cuatro meses, la respuesta del gobierno de Santos frente a esta estrategia de las Farc se ha traducido en la "creación de la Fuerza de Tarea de Algeciras y la Brigada Móvil No. 27, para aumentar la capacidad de combate contra la columna móvil "Teófilo Forero", que actúa bajo el mando de ‘El Paisa’ en los departamentos de Huila y Caquetá. Así mismo, la creación de un Batallón de Alta Montaña en Tacueyó, responde a la necesidad de taponar el corredor de movilidad que ha permitido a los guerrilleros del frente 6 atacar en el norte del Cauca y posteriormente replegarse a la parte alta de la Cordillera Central".
30 de octubre de 2011
24 de octubre de 2011
cc verdad abierta

bienes entregados fueron invadidos


Invadidos bienes entregados por ex jefe ‘para’. Los derechos de las víctimas de Bloque Norte de las Auc podrían verse vulnerados por la mala administración de los lotes urbanos y rurales entregados por ‘Jorge 40’.
Colombia. Uno de los terrenos entregados por Rodrigo Tovar, alias ‘Jorge 40’, ex jefe paramilitar ya extraditado, fue invadido por campesinos desplazados. Al enterarse de esta situación, durante la audiencia de reparación de las víctimas del ex jefe paramilitar Edgar Ignacio Fierro, alias ‘Don Antonio’, los magistrados de Justicia y Paz concluyeron que este bien no era apto para reparación por la invasión y aseguraron que la persona negligente frente al problema debe responder por ello. Tanto Tovar como Fierro fueron jefes del  Bloque Norte de las AUC, responsable de graves violaciones a los derechos humanos en casi toda la Costa Caribe, y deben contribuir a la reparación de las miles de víctimas que dejó su organización armada.
Este predio y otros ocho entregados por ‘Jorge 40’ en 2006 han pasado por las manos de la Fiscalía, el Fondo para la Reparación de las Víctimas bajo la tutela de Acción Social y la Sociedad de Activos Especiales. La idea era venderlos  y que el dinero se pudiera entregar a quienes sufrieron las acciones criminales de las autodefensas.
Como se pudo ver durante el incidente de reparación, luego de cinco años ninguno de los predios ha sido vendido y sólo uno se podría vender por el total de su valor comercial. En casi todos los casos de las casas y fincas que el paramilitar entregó para reparación existen acciones jurídicas de personas que reclaman haber sido despojados por ‘Jorge 40’.
Según  dijo durante el incidente Paula Andrea Sánchez, representante del Fondo para la Reparación de Víctimas, estos predios ya son por sí mismos difíciles de vender porque existe la idea de que son un negocio arriesgado y, ahora que tienen nuevos problemas, hace aún más difícil sacarles su verdadero valor en dinero.  
El caso más grave es el de un lote de 4000m2 en zona urbana de Riohacha que fue invadido por más de 300 miembros de la comunidad Wayúu. No pueden ser desalojados pues son población vulnerable y también es un pueblo que ha sido víctima del conflicto armado.
Interrogado por los magistrados durante el incidente de reparación, el abogado representante de ‘Don Antonio’ y ‘Jorge 40’, Camilo Bocanegra, dijo que para el 2006, cuando los bienes fueron entregados a la Fiscalía, en los documentos de matrícula no existían anotaciones que prohibieran el traspaso de los bienes y, que hasta donde él sabía, tampoco existían procesos de restitución.
Así mismo la fiscal Daicy Jaramillo aseguró que es imposible que los bienes entregados por la Fiscalía al Fondo para la Reparación de las Víctimas tuvieran problemas jurídicos, y aun menos que estuvieran invadidos. Como prueba mostró el acta de entrega del lote en Riohacha a Acción Social.
En esta acta del 23 de julio de 2008 aparece claramente la descripción del lote, en la que se señala que este se encuentra desocupado y que tiene una construcción, pero que tanto ésta como el lote se encuentran en estado normal. El documento va acompañado de unas fotografías de la visita de los funcionarios estatales en las que es evidente que no existe nadie viviendo allí.
La representante del Fondo aseguró al tribunal que el predio fue invadido luego de que Acción Social, por orden presidencial, entregara la administración de este y los demás lotes a la Sociedad de Activos Especiales, SAE, en diciembre de 2009.
La representante del Fondo dijo también a la sala tener el acta de entrega que hizo Acción Social de la administración del lote a la SAE, donde demostró, luego de entregar el documento a los magistrados,  que el lote se encontraba desocupado para esa fecha.
La SAE es una entidad especializada para la administración de bienes, a la cual el gobierno encargó en 2009 el manejo de los bienes que forman parte del Fondo para la Rehabilitación, Inversión Social y Lucha contra el Crimen Organizado – FRISCO, y los bienes inmuebles rurales y urbanos entregados, a cualquier título, al Fondo para la Reparación de las Víctimas, con el fin de disminuir el número de interventores que participaban en la administración y comercialización de este tipo de bienes, y así disminuir los problemas de corrupción y administración que se presentaban en la  Dirección Nacional de Estupefacientes.
Según lo que contó la funcionaria a la sala, las 300 personas que ocuparon este lote en Riohacha alegaron ser desplazados víctimas del Bloque Norte. Ante la ocupación, la SAE contactó a las autoridades locales el 10 de octubre de 2010 para expulsarlos a la fuerza, hecho ante el cual Acción Social intervino, considerando que esta acción no era prudente porque la población estaba en riesgo, y que primero se debía estudiar su situación y tratar de encontrar una salida negociada.
Luego de los estudios, Acción Social pudo comprobar que solamente 7 de las 300 personas estaban registradas en sus bases de datos como víctimas de los paramilitares. De las otras 293 dijo no saber mucho más.
Los magistrados de Justicia y Paz pusieron en entredicho la efectividad de la SAE. Según se informó en la audiencia el Estado ha pagado a esta administradora casi  tres mil millones de pesos para el eficaz manejo de  los bienes destinados a reparar a las víctimas. Observaron que era necesario revisar los términos del contrato firmado con esta entidad para poder evaluar su responsabilidad en la pérdida de control estatal de  los bienes.
Una vocera de la SAE dijo a VerdadAbierta.com que el lote fue invadido durante el 2010 por miembros de la comunidad Wayúu, y explicó que es un fenómeno que se está presentando en Riohacha, pues  los indígenas han invadido varios lotes. La representante de la Sociedad dijo que efectivamente, luego de la ocupación ilegal, ellos pidieron apoyo de la Policía y la Alcaldía para hacer la diligencia de lanzamiento, pero que ésta nunca pudo ser realizada, primero por una resistencia constante de las autoridades locales, y posteriormente por que los efectivos del Escuadrón Móvil Antidisturbios, Esmad, nunca llegaron.
Añadió también que la administración de dicho lote ya no se encuentra en manos de la SAE desde julio o agosto de este año, cuando fue devuelta a Acción Social. Ante la falta de claridad sobre quiénes han sido los responsables de haber permitido que este lote no sirviera para reparar a las víctimas de ‘Jorge 40’, la Procuraduría anunció, durante la audiencia de reparación, que estudiará el caso más en detalle para tomar las decisiones correspondientes.  Aunque queda por aclarar también si los magistrados obligarán al Estado a reparar a las víctimas con sus propios recursos, en vista de que no supo cuidar los bienes destinados a restituir los derechos de las víctimas.
29 de octubre de 2011
24 de octubre de 2011
cc verdad abierta