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paras y el narcotráfico en caquetá


Los paramilitares que delinquieron en Caquetá tuvieron dos escuelas de entrenamiento y diseñaron tarjetas de ‘vacuna’ y una especie de ‘pasaporte’ para el tráfico de la coca.
Colombia. La incursión paramilitar al Caquetá. Los 552 paramilitares que delinquieron en Caquetá se entrenaron en dos fincas, donde recibieron información sobre armas, táctica militar y hasta charlas para amenazar a la población civil. A partir de 2001, cuando Carlos Mario Jiménez alias ‘Macaco’ se convirtió en el jefe de este grupo, empezaron a regirse por las normas del Bloque Central Bolívar, Bcb.
Fue precisamente en 2001 cuando el Frente Sur Andaquíes engrosó sus filas, además de la exportación de paramilitares provenientes del Urabá, porque incrementaron sus finanzas cobrando impuestos ilegales al comercio así como al tráfico de cocaína en la región.
Durante la imputación de cargos contra Carlos Fernando Mateus alias ‘Paquita’, Everardo Bolaños alias ‘Jhon’, Omar Osorio alias ‘Maclauss’, Edilberto Correa alias ‘Chepe Listo’ y Álex Miguel Villadiego alias ‘Douglas’, la Fiscalía 27 de Justicia y Paz documentó ante el Tribunal de Justicia y Paz cómo los paramilitares se entrenaron y se financiaron en el Caquetá.

La ‘Logística’
Para incursionar en el Caquetá los paramilitares necesitaron primero contar con antenas de comunicación para planear sus incursiones a los poblados. Según lo contó en versión libre José Germán Sena Pico alias ‘Nico’, el Frente Sur Andaquíes instaló una antena repetidora en la Paujila y La Leona, veredas del municipio de Valparaíso.
Como lo hicieron los demás grupos paramilitares portaron uniformes que los conseguía un integrante del grupo al que llamaban ‘caletero’ o por medio de soldados o civiles que tenían acceso a uniformes que son de uso privativo de las fuerzas armadas. Esta práctica fue recurrente entre 2001 y 2003 cuando el Frente aumentó en hombres.
La Fiscalía documentó que entre 2004 y 2005 el encargado como ‘caletero’ fue alias ‘Pacho Montoya’, quien compraba los uniformes en un mercado ilegal en Bogotá e incluso por medio de una brigada del Ejército. Otros de los uniformes eran enviados por Rodrigo Pérez Álzate alias ‘Julián Bolívar’, segundo de ‘Macaco’ en el sur de Bolívar, que en el corregimiento de San Blas, Bolívar, tenía un dispensario para las Auc que incluía fábrica de uniformes.
En el Sur de Bolívar era Fernando Arsenio García Laguado alias ‘Morocho’, el encargado de fabricar botas, camuflados, cartucheras, portafusiles, arnés, riatas, cinturones, pañoletas, morrales, camisetas y todo lo relacionado con dotación para el equipo de campaña.
Alias ‘Nico’ confesó en Justicia y Paz que a partir de 2001 a cada paramilitar le entregaban brazaletes doble faz de colores con las insignias del grupo, dos uniformes camuflados para el combate, dos tipo militar color negro, dos licra, un par de botas de combate y par de botas de caucho. Estas prendas eran renovadas cada cuatro o seis meses como máximo.
Con dotación, los integrantes del Frente Andaquíes recibieron entrenamiento en una escuela militar que primero estuvo ubicada en la vía al cementerio del corregimiento de Puerto Torres. Entre enero y abril de 2002 los instrucciones fueron alias ‘Milicia’, ‘Doble Cero’ y ‘Camilo’.
Luego, entre noviembre de 2003 y febrero de 2004, los paramilitares se entrenaron en una nueva escuela ubicada en la vereda Paraisito, cerca al municipio de Morelia. Los instructores fueron alias ‘El paisa’, ‘Policía’, ‘Doble Cero’ y el propio alias ‘Nico’, que era el encargado de dar la instrucción ‘política’ e ‘ideológica’ a los nuevos integrantes.
Alias ‘Nico’ le contó a la Fiscalía que una jornada en esas escuelas comenzaba a las cuatro de la mañana y terminaba a las siete de la noche. El horario incluía entrenamiento físico de gimnasia americana con armas y sin armas, y charlas ‘políticas’ sobre las normas de las Auc. A los 25 días, los integrantes iban al polígono para aprender a disparar.
Superada la fase inicial, dijo ‘Nico’, los nuevo paramilitares entraban en una etapa de reentrenamiento que incluía cruce de obstáculos, telaraña, túnel, movimientos tácticos, evacuación de heridos, toma de objetivos, arme y desarme así como técnicas para cómo movilizarse por campos minados.
En versiones libres alias ‘Nico’ y Edilberto Zambrano alias ‘Chepe Listo’ confesaron que estos paramilitares eran también entrenados para dar charlas amenazantes contra la población civil. "Para convocar a la población se le informaba a la Presidente de la Junta de Acción Comunal que se requería de toda la gente en el lugar más cercano. Se les daba un curso amenazante, se les informaba que al Frente Sur no gustaba de los milicianos y se les realizaban advertencias", leyó la Fiscalía ante los magistrados de Justicia y Paz.
Así los ex paramilitares que delinquieron en Caquetá reconocieron que con intensidad, entre 2001 y 2006, asesinaron a personas que tildaron de guerrilleros, infiltrados, drogadictos, violadores y ladrones. Según documentó la Fiscalía, entre las principales conductas de este grupo estuvieron varias formas de tortura así como el secuestro y las desapariciones y desplazamientos forzados.

’Boletas’ para Todo
A la llegada de alias ‘Macaco’ en 2001 al Caquetá, Carlos Fernando Mateus alias ‘Paquita’ y Jefferson Perea alias ‘Serpiente’ fueron nombrados como los jefes de finanzas del grupo.
En versión libre de febrero de 2010, alias ‘Paquita’ le contó a la Fiscalía que el grupo paramilitar cobró impuestos ilegales a todo lo que generara dinero, incluso a la comercialización fuera de la región o a quienes quisieran movilizarse por las carreteras del departamento. Pagaron también por información por personas que supuestamente tuvieran vínculos con la guerrilla.
Así alias ‘Paquita’ dijo que cobró cuotas mensuales al comercio, los contratos municipales y obras civiles, al combustible, los transportadores y a los proveedores de gaseosas y cervezas. Cobraron gramaje por la salida de base de coca de la región, realizaron secuestros, extorsiones y retenes ilegales sobre las principales vías de la región.
No hubo tampoco establecieron comercial que se salvara de lo que los paramilitares llamaron "pago de contribuciones o bonificaciones". Incluso diseñaron un formato con el que citaban a los comerciantes y las estipulaba la cuota mensual. Las víctimas fueron dueños y trabajadores de almacenes de repuestos y del agro, ferreterías, supermercados, avícolas y carnes frías, almacenes de cadena, casas de empeño, licores y bebidas, restaurantes, gimnasios, droguerías y panaderías.
Recibidas las ‘vacunas’ los paramilitares les emitían a las víctimas una especie de recibos o vales que certificaban el monto del pago y la fecha.
Para las personas relacionadas con el negocio del narcotráfico el Frente Sur Andaquíes tuvo otra modalidad. La llamaron cobro de ‘matrícula’, que consistía en una inscripción o autorización para traficar los insumos, la base de coca y la cocaína por las zonas donde delinquía este grupo paramilitar. Según lo documentó la Fiscalía, la inscripción costaba $10 millones de pesos.
"Les aclaraban que la matrícula era una especie de pasaporte que legitimaba su ingreso al Caquetá, para evitar ser sindicatos como financieros de la guerrilla. Si el Frente Sur Andaquíes comprobaba que estaban incumpliendo los compromisos adquiridos, procedían a sancionarlos", leyó la Fiscalía 27 de Justicia y Paz durante la audiencia.
Entre las principales sanciones estuvieron el cobro de multas, el decomiso del dinero, el robo de la droga, la incautación de los bienes y hasta la muerte. Con los comerciantes legales, alias ‘Paquita’ dijo que las sanciones eran similares. En caso de incumplimiento los detenían, les quitaban los vehículos y hasta la mercancía con que se sostenían estos negocios.
El ex jefe de finanzas alias ‘Paquita’ confesó que fue así como el Frente Sur Andaquíes compró armas, vehículos, equipos de comunicación y mantuvo a una tropa donde un jefe de frente ganaba $1 millón 500 mil pesos al mes y un patrullero raso $350 mil pesos de la época, es decir, hace diez años atrás cuando el grupo paramilitar engrosó sus filas.
[*La imputación de cargos es una fase del juicio que se adelanta contra alias ‘Juancho Prada’. Consiste en que la Fiscalía presenta los delitos cometidos por el ex jefe paramilitar ante un magistrado de Justicia y Paz. Después, sigue la formulación y la legalización de cargos antes de que el Tribunal emita una condena contra del ex paramilitar y repare a las víctimas.]
10 de noviembre de 2011
8 de noviembre de 2011
cc verdad abierta

acusados por masacre de barranca


Fiscalía formula cargos a tres paras por masacre de Barranca. Justicia y Paz formula cargos contra tres exparamilitares de las Autodefensas Unidas de Santander y Sur del Cesar, por las masacres de medio centenar de personas en Barrancabermeja entre 1998 y 1999.
Colombia. La fiscalía formuló cargos a alias ’Panadero’, a Hermes Anaya Gutiérrez, alias ‘Chicalá’ o ‘Junior’, desmovilizado del Bloque Norte y a Alexander Gutiérrez, alias ’Picúa’ por la masacre realizada por las Autodefensas de Santander cometida el 16 de mayo de 1998.
En esa fecha integrantes de las Auscac, asesinaron a siete personas y desaparecieron a otras 25 en cuatro barrios de Barrancabermeja (Santander).
Por estos hechos, Mario Jaimes Mejía, alias ‘Panadero’, atestiguó en versión libre en 2008 que la masacre había sido ordenada en medio de una borrachera de Camilo Morantes. Morantes fue asesinado después por órdenes de Carlos Castaño.
Según alias ‘Panadero’, el ex jefe paramilitar Rodrigo Pérez Alzate, alias ‘Julián Bolívar’, ordenó la masacre de las 25 personas secuestradas el 16 de mayo a sabiendas de que eran civiles inocentes, entre ellos tres menores de edad. Las víctimas fueron llevadas a San Rafael de Lebrija, municipio de Ríonegro (Santander), donde fueron asesinadas y sepultadas en fosas clandestinas.
Sobre esta masacre, alias ‘Chicalá’, recorrió en 2008 con un fiscal de exhumaciones de Justicia y Paz la zona rural de Sabana de Torres y la parte baja de Rionegro, ambos municipios cercanos a Barrancabermeja, donde supuestamente están las fosas de 25 desaparecidos. Sin embargo, encontraron que los restos de seis víctimas habían sido movidos de sitio y hasta el día de hoy sólo se han identificado a cinco de los desaparecidos. El exparamilitar aseguró que las fosas fueron movidas por informantes en busca de recompensas.
Las Ausac comenzaron a sembrar el terror en Barrancabermeja, desde mediados de los años noventa, matando pobladores y líderes sociales que condenaban como supuestos guerrilleros. Alias ‘Panadero’ aseguró que la incursión del 16 de mayo de 1998 duró 40 minutos y que salieron del Barrancabermeja sin que ninguna autoridad hiciera algo para evitarlo.
La Fiscalía también formula cargos contra los tres exparamilitares por el asesinato de once personas en agosto de 1998, ocho asesinatos y la desaparición de dos personas más, entre ellas un menor de edad, en febrero de 2009. Todos ellos cometidos en distintos barrios del puerto petrolero.
La audiencia se extenderá hasta el próximo jueves en el Palacio de Justicia de Barrancabermeja.
10 de noviembre de 2011
8 de noviembre de 2011
cc verdad abierta

copero y mata siete juzgados por j&p


La Corte Suprema decidió que los únicos desmovilizados de las Autodefensas Campesinas del Casanare deben ser procesados por Justicia y Paz.
Colombia. El Alto Tribunal decidió el 2 de noviembre de 2011 que José Reinaldo Cárdenas alias ‘Coplero’ y Ubaldín Vallejo alias ‘Mata Siete’, los únicos desmovilizados de las Autodefensas Campesinas del Casanare, Acc, o ‘Buitragueños’, como se les conoció a los paramilitares en esta región de los llanos orientales, deben ser juzgado por Justicia y Paz y no por la justicia ordinaria.
La decisión fue tomada por la Sala de Casación Penal de la Corte, después de que un magistrado de Justicia y Paz se declaró incompetente para juzgar a los ex paramilitares por la justicia transicional. Según el magistrado, alias ‘Coplero’ y ‘Mata Siete’ se desmovilizaron con el Bloque Centauros, que delinquió principalmente en Meta, y por eso no podía juzgarlos por los crímenes que cometieron el Casanare. Para juzgarlos en Justicia y Paz, dijo el magistrado, ambos ex paramilitares debieron de forma individual y no con el Centauros.
Por eso el lunes 10 de octubre de 2011 la audiencia de imputación de cargos contra los ex paramilitares había sido cancelada y el caso fue presentado ante la Corte. Tanto la Fiscalía 16 de Justicia y Paz, que investiga los crímenes cometidos por las Acc, como alias ‘Coplero’ y ‘Mata Siete’ habían quedado en el "aire" mientras el Alto Tribunal decidía.
En el fallo, la Corte concluyó que independientemente de los formalismos, la justicia debe garantizar el derecho de las víctimas. "La Ley de Justicia y Paz, si bien contiene una serie de exigencias para quienes desean ser cobijados, debe ser flexible en su aplicación siempre que se cumplan los fines previstos en ella y se respeten los derechos de las víctimas… Esta Sala considera que debe darse prevalencia a los aspectos sustanciales del proceso, por encima de las exigencias formales que, eventualmente, pueden verse incompletas", señaló la Corte.
Según la Sala Penal, alias ‘Coplero’ y ‘Mata Siete’ han cumplido con los requisitos que exige Justicia y Paz, como participar de las versiones libres donde han confesado sus crímenes y entregar los bienes que adquirieron legal e ilegalmente para reparar a las víctimas.

Las Víctimas del Casanare
Las Autodefensas Campesinas del Casanare, Acc, aparecieron a finales de la década de 1980 impulsadas por Héctor Buitrago alias ‘Tripas’, un campesino que armó a un grupo de hombres para defenderse de la guerrilla que delinquía en los Llanos Orientales. Con el tiempo, el grupo creció y estuvo a cargo de su hijo Héctor Germán Buitrago alias ‘Martín Llanos’. Por eso, en la región este grupo también fue conocido como ‘Los Buitragueños’.
Según lo documentó Justicia y Paz y la Comisión Nacional de Reparación, en 2002 Vicente Castaño negoció ‘la franquicia’ de las Auc en el Meta, llamada Bloque Centauros, y se la vendió a Miguel Arroyave alias ‘El Arcángel’, conocido también como ‘El hombre de las aguas’ porque se dedicaba a la comercialización de insumos para el procesamiento de la coca.
El pacto de "respeto" a las fronteras donde delinquía cada grupo paramilitar se rompió con la llegada de ‘El Arcángel’ y los ‘Centauros’ y ‘Buitragueños’ se declararon la guerra. Entre ambos bandos murieron por lo menos 2 mil paramilitares. ‘Los Centauros’ pidieron apoyo de las Auc y engrosaron sus filas con paramilitares de los Bloques Guaviare, Sur de Bolívar y las Autodefensas Campesinas de Meta y Vichada. Así las Acc perdieron la guerra territorial.
Cuando empezó la negociación de paz, Vicente Castaño llamó a ‘Los Buitrago’ y les dijo que se adhirieran a las Auc para desmovilizarse. ‘Martín Llanos’, en la actualidad prófugo, no quiso participar del proceso y por eso las Autodefensas Campesinas no se desmovilizaron. Alias ‘Coplero’ y alias ‘Mata Siete’ lograron ser aceptados en los listados de desmovilización del Bloque Centauros, curiosamente, el bando enemigo.
Según lo expresaron las víctimas durante la instalación de la Mesa de Justicia Transicional, en Yopal, la participación de ‘Coplero’ y ‘Mata Siete’ en Justicia y Paz es clave para conocer la verdad sobre cómo delinquieron las Acc en la región, para que confiesen los crímenes, ayuden a entregar fosas y reparen a las miles de familias que perdieron a sus seres queridos o se quedaron sin tierra.
El registro de desplazamiento de Acción Social señala que en Casanare hubo 11.881 desplazamientos entre 1997 y agosto de 2010. Según las víctimas, detrás de muchos de esos destierros vino un despojo de sus fincas por parte de los paramilitares. Adicionalmente, según datos oficiales del departamento, Casanare es la región con mayor número de desaparecidos por habitante, alrededor de 6 mil personas arrojadas a fosas o ríos.
Por eso las víctimas le piden desde 2006 al Gobierno que acepte la postulación de por lo menos otros 14 ex paramilitares de las Acc que están presos en las cárceles y que están dispuestos a confesar sus crímenes en Justicia y Paz. Algunos de hechos, de forma voluntaria, han aportado información a ‘Coplero’ para ayudar a reconstruir la cronología del horror en la región.
VerdadAbierta.com habló con Miguel Samper, director de Justicia Transicional del Ministerio de Justicia, y dijo que el Gobierno todavía sigue estudiando el caso de las Acc. "Es un problema jurídico. Alias ‘Martín Llanos’ no quiso participar del proceso para una desmovilización colectiva. Ahora, los ex paramilitares no pueden supeditarse a Justicia y Paz, porque si realmente quieren ayudar a las víctimas en la justicia ordinaria existen mecanismos de rebaja de pena por colaboración", dijo Samper.
Gonzalo Agudelo, ex funcionario de la Comisión de Reparación, le dijo a VerdadAbierta.com que es un contrasentido que el Gobierno no quiera aceptar la postulación a Justicia y Paz de varios ex integrantes de las Acc. "Muchos de ellos han aportado información para esclarecer los crímenes, algunos fueron jefes de sicarios y saben donde están las fosas. Por ejemplo, ellos han reconocido que los municipios de Chámeza y Recetor son los más críticos", dijo Agudelo.
La reciente decisión de la Corte de que Justicia y Paz no debe que darse en lo formal sino darle "prevalencia a los aspectos sustanciales del proceso" puede ser una esperanza para la petición que hacen las 10 mil víctimas que dejó el paramilitarismo en el Casanare.

¿Quién Era ‘Coplero’?
José Reinaldo Cárdenas alias ‘Coplero’ fue reclutado por Autodefensas Campesinas de Casanare cuando tenía 14 años. El encargado de reclutarlo fue ‘Jaime Matiz’, el antecesor de Luis Eduardo Linares alias ‘HK’, el segundo de ‘Martín Llanos’.
Siendo un adolescente recibió entrenamiento militar en las escuelas de las Acc y en 1999 recibió su primer mando paramilitar. Se convirtió en jefes de sicarios de las Autodefensas de Aguazul, el municipio donde confesó desapareció y asesinó a decenas de personas tras acusarlas de ser presuntas colaboradoras de la guerrilla y del Bloque Centauros.
En el 2004, después de la guerra contra el bando enemigo paramilitar, ‘Coplero’ terminó uniéndose al Centauros donde se desmovilizó el 3 de septiembre de 2005.

¿Quién Era ‘Mata Siete?
Ubaldín Vallejo alias ‘Mata Siete’ delinquió junto a alias ‘Coplero’ en Aguazul. Era el conductor de un ex alcalde de ese pueblo y señalado por varios ex paramilitares de utilizar la camioneta de la Alcaldía para desaparecer a las personas que eran tildadas de colaborar con la guerrilla.
10 de noviembre de 2011
8 de noviembre de 2011
cc verdad abierta

los niños en la guerra


Las generaciones de niños perdidas en la guerra. Una experta de la Procuraduría recomendó al Tribunal de Justicia y Paz que, para reparar a los menores combatientes, es necesario incluir a sus familias y a sus comunidades.
Colombia. "Cuando uno habla de 4700 niños reclutados puede hablar de generaciones perdidas, cuando además se habla de romper con el mínimo de edad de reclutamiento que según el DIH es de 15 años, cuando se habla de niños que pasaron 4 o más años en la guerra, se habla de pérdida de capital humano. Es un proceso que daña la familia y la confianza" dijo al Tribunal de Justicia y Paz de Bogotá la doctora Rocío Rubio, antropóloga experta en derechos humanos de los niños y niñas, para mostrar la dimensión del daño que ha causado el reclutamiento forzado en Colombia, y lo difícil que es el proceso de una reparación colectiva para este delito.
La experta hizo parte de la exposición de la Procuraduría sobre cómo debe repararse el daño colectivo que generó el reclutamiento forzado, en la audiencia de reparación que se adelantó contra Freddy Rendón Herrera alias ‘El Alemán’, ex jefe paramilitar del Bloque Élmer Cárdenas, quien es acusado por el reclutamiento de 309 menores entre 1995 y 2006, fecha en que se desmovilizó.
Según Rubio el reclutamiento forzado impacta no sólo en lo individual, directamente al menor, sino también a sus familias y a sus comunidades.
La experta recomendó que al iniciar un proceso de reparación se debe trabajar con el menor, su familia, su comunidad y la sociedad en general. "Al separar al joven de su familia y su comunidad, no sólo rompe las redes sociales y de valores del niño o la niña, sino que también rompe la base social de la comunidad, con la trasmisión de saberes entre generaciones, y rompe con el sentido de nación", explicó Rubio.
"Es importante ver que, en el campo, la unidad familiar es la base económica. Cuando se rompe con el reclutamiento forzado este modelo, se pierde en término cultural colectivo, y económico colectivo" dijo.
Para combatir los efectos negativos del reclutamiento, Rubio aseguró que el primer paso es visibilizar este delito con el que se violan los 44 derechos consagrados en la ley de infancia, y que ha sido descrito por la OIT como una de las peores formas de trabajo infantil.
La experta explicó que los programas del gobierno pueden tener un efecto reparador, pero que no se puede recargar en el Estado toda la responsabilidad. "Es necesario que las familias, las comunidades y la sociedad en general asuman esta problemática como propia, que requiere dedicación, y no sólo acciones puntuales", agregó.
Para la experta, esta es la clave para una reparación integral, ya que de la relación entre la sociedad y las víctimas se puede recuperar todo lo que los jóvenes perdieron en la guerra.
La Procuraduría aprovechó esta argumentación ante el Tribunal de Justicia y Paz para proponer un plan para la reparación colectiva de los 309 menores afectados por este delito, en el cual, con la colaboración de entidades nacionales y regionales realizar un diagnóstico del daño que sufrieron las víctimas y sus comunidades, y con ellos tener un verdadero impacto.

La Reacción de El Alemán
Freddy Rendón Herrera, alias ‘El Alemán’ luego de escuchar la exposición de la experta Rubio, dijo estar profundamente avergonzado por sus acciones.
"Hasta ahora estoy conociendo el daño que le hicimos a la sociedad, a sus familias y a los jóvenes. Mi compromiso de ayudarlos sigue adelante, y trabajaré en la medida de mis posibilidades para que no se repita" dijo.
A pesar de la insistencia del paramilitar de participar en la reparación a los menores combatientes, la recomendación de la experta fue que los victimarios no deben mediar ni participar directamente en este proceso.
10 de noviembre de 2011
9 de noviembre de 2011
cc verdad abierta

macaco condenado en eua


Condenan a alias ‘Macaco’ en Estados Unidos. El ex jefe paramilitar del Bloque Central Bolívar pagará 33 años de prisión en una cárcel de Estados Unidos, por los delitos de narcotráfico y terrorismo.
Estados Unidos / Colombia. Carlos Mario Jiménez alias ‘Macaco’ pagará 33 años de prisión en Estados Unidos, a donde fue a extraditado desde mayo de 2008, por los delitos de narcotráfico y terrorismo.
Según la agencia de noticias AP, así lo decidieron varios fiscales federales de ese país después de encontrar que el ex jefe paramilitar exportó cientos de toneladas de cocaína a Estados Unidos entre 1990 y 2007 y que con este dinero financió al Bloque Central Bolívar de las Auc. La agencia de noticias informó que alias ‘Macaco’ se declaró culpable y que la condena al parecer se produjo desde mayo de 2011, pero que se desconoce por qué la decisión se había mantenido en secreto.
Desde su extradición es poco lo que alias ‘Macaco’ ha confesado sobre los crímenes que cometió en Colombia. El Bloque Central Bolívar fue uno de los grupos más grandes de las Auc, delinquiendo con varios frentes en Antioquia, Bolívar, Vichada, Putumayo, Risaralda, Caquetá, Arauca y Caldas, ocho departamentos donde dejó por lo menos 14 mil víctimas entre asesinatos, desaparecidos y desplazados, según el registro de Justicia y Paz.
Según lo que ha documentado la Fiscalía, alias ‘Macaco’ nació en Marsella, Risaralda, el 26 de febrero de 1996. Estudió primaria y se dedicó a la ganadería. En 1998, cuando los hermanos Carlos y Vicente Castaño, se propusieron expandir el paramilitarismo por el país, alias ‘Macaco’ se convirtió en uno de sus principales financiadores.
En versiones libres, varios ex paramilitares del Bloque Central Bolívar, Bcb, han confesado que ese grupo comenzó a delinquir en el sur de Bolívar a cargo de Rodrigo Pérez Alzate alias ‘Julián Bolívar’, pero que pronto la jefatura fue asumida por Jiménez, quien en esta zona era conocido con el alias de ‘Javier Montañez’.
El alias de ‘Macaco’ empezó a conocerse cuando al parecer el ex jefe paramilitar empezó a comprarle a los Castaño ‘franquicias’ que tenían de las Auc por todo el país, entre ellas, la del Caquetá. La Unidad de Justicia y Paz documentó, por ejemplo, que antes de 2001 el grupo que delinquía en este departamento del sur país se conocía como Frente Caquetá, adscrito a las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá, Accu, de la Casa Castaño. A partir de 2001, cuando Jiménez se convirtió en el jefe ese grupo empezó a llamarse Frente Sur Andaquíes.
Tras las negociaciones entre el gobierno y las Auc, en 2006 el Bloque Central Bolívar y su jefe, alias ‘Macaco’, se desmovilizaron. Sin embargo, el gobierno advirtió que el ex jefe paramilitar seguía delinquiendo desde la cárcel de Itagüí, en Antioquia, donde se disponía a comenzar sus confesiones en Justicia y Paz.
Por incumplir con los requisitos exigidos por la Ley, el gobierno solicitó su exclusión del proceso y ordenó incluso su traslado a un barco en altamar para que quedara incomunicado. Luego ordenó su traslado a la cárcel de máxima seguridad en Cómbita, Boyacá. Poco después de que la Corte ratificó a ‘Macaco’ en Justicia y Paz, argumentando que el juicio dictaminaría si el ex paramilitar había cumplido o no con sus obligaciones, firmó su extradición a Estados Unidos tras una solicitud de la Corte del Distrito Federal de Washington y la Corte de Distrito Sur de Florida.
Para entonces las organizaciones de víctimas advirtieron que los crímenes cometidos por el ex jefe paramilitar iban a quedar en la impunidad. Se refirieron a una "verdad extraditada", situación que han confirmado varias organizaciones de derechos humanos en un reciente estudio publicado en mayo de 2011. "Es preocupante, por ejemplo, que después de la extradición alias ‘Macaco’, ‘Jorge 40’ y ‘H.H’ no hayan rendido una sola versión libre ante Justicia y Paz", dijo Michael Reed, director del Centro Internacional para la Justicia Transicional, Ictj.
Por el poder que tuvo dentro de las Auc y cercanía con los Castaño, alias ‘Macaco’ fue integrante de la cúpula de este grupo armado ilegal.
10 de noviembre de 2011
9 de noviembre de 2011
cc verdad abierta

quién era el mexicano


José Gonzalo Rodríguez Gacha, "El Mexicano". Conocido por sus excentricidades, José Gonzalo Rodríguez Gacha es considerado una leyenda de los carteles de la droga y financiador del paramilitarismo.
Colombia. "El Mexicano" fue protagonista de la guerra narco-esmeraldera de finales de los 70, momento en el que se convirtió en uno de los hombres más ricos y perseguidos del mundo.
Rodríguez Gacha nació en el municipio de Pacho- Cundinamarca el 14 de Mayo de 1947 en una humilde familia campesina. En tercero de bachillerato decidió abandonar sus estudios para trabajar con Gilberto Molina, el "zar" de las esmeraldas en Boyacá. Ascendió en las estructuras de Molina mientras empezó a relacionarse con los traficantes de drogas de Medellín.
Su fortuna se incrementó rápidamente, al mismo ritmo que el número de sus enemigos. En 1976, Gacha se unió a Pablo Escobar, Carlos Ledher y los hermanos Ochoa para conformar el "cartel de Medellín", el mismo que 5 años después patrocinó económica y logísticamente la creación del primer grupo de autodefensas Muerte a Secuestradores –MAS-. Sin embargo, las motivaciones de Rodríguez Gacha para participar en este proyecto de contención guerrillera, principalmente contra las Farc, no eran ideológicas sino de enfrentamientos personales.
Las Farc, que en principio prestaban un servicio de vigilancia a los cultivos y laboratorios del "capo" a cambio de ciertos "impuestos", empezaron a robar a los emisarios de Gacha y a destruir sus plantaciones. Bajo la filosofía de "quien no está conmigo, está contra mí", el capo inició la venganza que cobró la vida de más de 800 miembros del partido de izquierda Unión Patriótica, entre ellos la del candidato presidencial, Jorge Pardo Leal, quien fue asesinado el 11 de octubre de 1987.
Su lista de enemigos se amplió con la intervención de varios políticos a favor de la extradición de los cabecillas del narcotráfico. Rodríguez Gacha fue señalado de organizar, en conjunto con los paramilitares del Magdalena Medio y el cartel de Medellín, la realización de los magnicidios de Rodrigo Lara Bonilla y de Luis Carlos Galán

Los Excesos de El Mexicano
Rodríguez Gacha fue catalogado como uno de los hombres más ricos del mundo por la revista Forbes el 20 de junio de 1988. Dueño de más de 116 propiedades, fincas, casas, apartamentos, lotes y vehículos, avaluadas en 40 mil millones de pesos, el "capo" se convirtió, como otros narcotraficantes, en el generoso ídolo de su pueblo natal.
Su inmensa fortuna se convirtió en leyenda a raíz de las historias de caletas o guacas enterradas en sus propiedades: carros llenos de lingotes de oro, bolsas de dólares y esmeraldas son parte de los tesoros escondidos en las haciendas donde se encontraban más de 200 finísimos caballos de paso, entre estos, Túpac Amaru, el famoso caballo del millón de dólares.
Siendo aficionado al futbol, su imperio se extendió hasta el deporte al invertir en el club de fútbol Los Millonarios, financiando contrataciones y salarios de los jugadores.

"Antes Muerto Que Extraditado"
Al iniciarse la persecución contra narcotraficantes y sus capitales, los jefes de la mafia iniciaron una escalada de atentados contra el Estado y sus funcionarios.
Luego de sus ataques a las oficinas del DAS el 6 de diciembre de 1989, Rodríguez Gacha era el hombre más buscado en Colombia.
Como respuesta a la captura de su hijo, Freddy Rodríguez Celades, "el mexicano" había desatado una ola de terror para presionar su liberación. Con una espectacular persecución liderada por el general Miguel Antonio Gómez Padilla, el "capo" fue asesinado por la policía nacional en su casa de recreo en Tolú, el 15 de diciembre de 1989.
Según la investigación de Gerardo Reyes, la leyenda persiguió a "el mexicano" hasta su tumba. Aunque algunas versiones aseguran que la ubicación de Gacha fue posible gracias a los servicios de inteligencia de Estados Unidos que instalaron un dispositivo subcutáneo en el cuerpo de Fredy, su hijo, Jorge Velázquez, infiltrado del Cartel de Cali, se atribuye el hecho.
Velázquez, quien participó en el operativo aéreo, aseguró que "el mexicano" se suicidó al ver a su hijo muerto: "en ese momento Gacha me lanzó una mirada de rabia, levantó la mano, hizo pistola y se puso algo frente a la cara que explotó, era un artefacto pequeño, más pequeño que una granada, y ahí murió’’.
La vida y la muerte de Gacha, lo convirtieron en la leyenda sanguinaria del narcotráfico y de los inicios del paramilitarismo.

Alias Usados: El Mexicano
Ubicación geográfica: Magdalena Medio, Medellín, Bogotá.
Víctimas que le atribuye la justicia: Principal autor intelectual del genocidio de la Unión Patriótica.
Bienes entregados: 116 propiedades fueron incautadas por la Dijin el 16 de agosto de 2009, 20 años después de la muerte de "el mexicano". 30% de las acciones del club Millonarios quedaron a disposición de la Dirección Nacional de Estupefacientes el 4 de octubre de 1997.
Los crímenes conocidos: Jaime Pardo Lea, Rodrigo Lara Bonilla, Luis Carlos Galán.
9 de noviembre de 2011
20 de septiembre de 2011
cc verdad abierta

el reclutamiento de menores


En sí, es forzado. Nina Winkler, psicóloga experta en estrés postraumático, dio luces al Tribunal de Justicia y Paz de por qué los menores reclutados son víctimas del conflicto armado.
Colombia. "El reclutamiento de menores en sí es forzado. No es voluntario. Porque un niño no tiene capacidad de decidir ni sabe las consecuencias de ingresar a un grupo armado ilegal, desconoce los ritos de iniciación, las secuelas de la guerra y las dificultades para reintegrarse a la sociedad".
Con estas palabras, la psicóloga alemana Nina Winkler, experta en estrés postraumático causado por el conflicto e investigadora de los efectos de las guerras en niños soldados en Ruanda, El Congo y Uganda, explicó ante el Tribunal de Justicia y Paz en Bogotá las razones de por qué los menores reclutados son víctimas y merecen recibir un tratamiento integral del Estado.
La participación de la experta hace parte de la audiencia de incidente de reparación que adelantan tres magistrados de Justicia y Paz contra Freddy Rendón Herrera alias ‘El Alemán’, ex jefe paramilitar del Bloque Élmer Cárdenas que delinquió en el Urabá chocoano, y acusado por el reclutamiento de 150 menores entre 1995 y 2006, hasta cuando el grupo se desmovilizó.
Según los estudios que ha realizado Winkler, los niños ingresan a la guerra principalmente en regiones pobres, con familias disfuncionales, donde no hay acceso a la educación ni oportunidades de trabajo.
"Ellos son los más vulnerables porque encuentran en el grupo armado una familia, los ven como los más fuertes y quieren parecerse a ellos, y están dispuestos a lo que sea para proteger a esa nueva ‘familia’", dijo la psicóloga.
Después de trabajar con niños que fueron soldados en las guerras africanas Winkler confirmó lo que decían los libros de psicología. La mayoría de los menores reclutados sufren, a su retiro del grupo armado, dos trastornos: el de estrés postraumático y el de hiperexcitación.
En ambos casos, los jóvenes sienten que su vida está en constate peligro, tienen dificultades para concentrarse, recuerdan constantemente imágenes de la guerra y tienen flash back, es decir, que reviven episodios traumáticos "y llegan a un punto en que no saben si eso que están pensando es real o no. Por eso algunos salen corriendo, gritan o se esconden", dijo la experta.
En los casos más críticos los jóvenes tienen constantes pesadillas y sienten dolores intrusivos, como que las heridas les vuelven a sangrar o que están  siendo impactados por algún arma. Otros le tienen fobia a los paisajes o a lugares con árboles porque les recuerda la selva. "Así muchos de los niños sienten que no pueden amar, sienten culpa, pierden la esperanza y llegan incluso a pensar en el suicido porque no le  encuentran sentido a la vida", explicó Winkler.
En los estudios sobre estrés postraumático, los psicólogos encontraron que 3 de cada 10 niños ex combatientes tienen ideas de suicidio, otros encuentran en el alcohol y las drogas ilegales un escape a esos traumas, muchos se vuelven agresivos, y además de que su cerebro experimenta cambios neuronales sus cuerpos son más propensos a sufrir de un infarto o cáncer.
Así la psicóloga concluyó que los menores reclutados son víctimas del conflicto y que deben recibir del Estado educación, terapias de tratamiento individual, atención psicosocial y destrezas para combatir la ira, que es un sentimiento recurrente en los niños ex combatientes.
"Muchos niños a veces vuelven a la guerra porque allá descubren que suprimen los síntomas del trauma. En los países no hay servicios de salud mental adecuados. En Colombia, tengo entendido que los ex combatientes reciben mensualmente una compensación económica. ¿Pero cómo enseñarles a usar ese dinero? ¿Hay en realidad oportunidades de estudio y trabajo en las regiones?" interrogó Winkler.
La exposición de la psicóloga será clave para que los magistrados de Justicia y Paz determinen el daño colectivo contra este grupo de 150 menores reclutados por el Bloque Élmer Cárdenas, y en la sentencia pueda emitir medidas integrales de reparación que permitan la recuperación y calidad de vida para estos jóvenes que sufrieron el conflicto.
9 de noviembre de 2011
4 de noviembre de 2011
cc verdad abierta

víctimas de puerto boyacá


Problemas técnicos, desconocimiento y confusión en las fechas y los hechos fueron algunas de las razones por las que exparas de Puerto Boyacá no confesaran crímenes que esperaban las víctimas.
Colombia. Familiares de víctimas de las Autodefensas Campesinas de Puerto Boyacá quedaron con más dudas que certezas luego de asistir por tres días consecutivos a las versiones libres rendidas por varios exintegrantes de esta estructura criminal y no encontrar en sus versiones la verdad que andan buscando desde hace varios años sobre sus seres queridos, muchos de ellos asesinados y desaparecidos.
Las versiones libres fueron rendidas por Arnubio Triana Mahecha, alias ‘Botalón’, excomandante de esa estructura paramilitar, su segundo al mando, Gerardo Zuluaga Clavijo, alias ‘Ponzoña’, el comandante militar Álvaro Sepúlveda Quintero, alias ‘Cesar’, y ocho expatrulleros, quienes intentaron aclarar diversos casos planteados por las personas que asistieron a las salas de víctimas ubicadas en Medellín y Puerto Boyacá.
Uno de los casos que generaron dudas entre víctimas y victimarios fue el de José Ismael Fuentes Jaramillo, un ganadero de la región del Magdalena Medio asesinado por los paramilitares en el año 2003 y cuyo crimen fue reconocido por alias ‘Botalón’ y sus hombres, pero la justificación fue rechazada por su familia.
Al respecto, el exparamilitar Jesús Medrano alias, ‘Aníbal’, confesó haber ordenado ese asesinato argumentando que Fuentes Jaramillo "le hacía mucho daño a la comunidad". Según su versión, el ganadero le robaba a sus vecinos gallinas y vacas, además, corría los alambrados para ampliar su predio. El postulado dijo que se le dieron "tres oportunidades para que cambiara" y ante las reiteradas quejas de la gente, decidió matarlo y desaparecer su cuerpo, enterrándolo en una fosa.
Los familiares de la víctima presentes en la versión negaron que todo lo dicho por el exparamilitar fuera cierto. Una de las hijas del ganadero le contó a Verdadabierta.com que "el día que desaparecieron a mi papá él llevada mucha plata en efectivo. Nosotros creemos que lo mataron por robarle la plata, porque él nunca le hizo daño a nadie".
Esa versión se la hizo saber al postulado, quien afirmó no saber nada sobre el dinero que llevaba Fuentes Jaramillo y que lo único que conocía del caso era que alias ‘Aguja’ y alias ‘Anderson’ habían ejecutado la orden. Sobre la ubicación del cuerpo, alias ‘Aníbal’ admitió que sabía dónde lo enterraron, pero que hace un año lo fueron a buscar y no lo hallaron: "la topografía ha cambiado mucho, donde lo dejamos era una montañita, ahora lo que hay es una zanja y no está el cuerpo".
Para la hija del ganadero y su madre esta versión les dejó un gran sinsabor: "ellos están diciendo mentiras sobre mi papá, fuera de eso no hemos encontrado el cuerpo. Llevamos casi 10 años esperando que nos digan la verdad".
Este no fue el único caso que a pesar de haber sido confesado y aceptado por los autores intelectuales, dejó más dudas que tranquilidad en las familias de las víctimas. Otro de los hechos relaciona a un joven conocido como ‘El Paisa’, quien fue asesinado por hombres de las Autodefensas Campesinas de Puerto Boyacá. En el relato de la acción armada se evidenciaron contradicciones entre la madre del joven y los postulados.
La madre aseveró que a su hijo "lo mataron cuando tenía apenas 15 años y estudiaba en una escuela de agrícola". Pero alias ‘Botalón’ dijo que el joven tenía entre 24 y 26 años, y luego de asesinarlo, hecho perpetrado por Celestino Mantilla, alias ‘Colorado’, lo arrojaron al río Magdalena.
En Puerto Boyacá le contaron a la mujer que su hijo se había emborrachado y matado al señor Luis Aguilar, supuestamente porque se quería quedar con su esposa. Hasta ahí la versión coincide con la entregada por alias ‘Botalón’. Pero difiere no sólo en la edad, sino en lo que hacía el muchacho.
El exparamilitar dijo que el joven hacía parte de su estructura armada, a la cual había ingresado en el año 1996 o 1997, y explicó que lo ajusticiaron luego de un consejo de guerra en el que participaron los comandantes del bloque porque un patrullero no podía matar a un civil sin autorización de sus jefes superiores. "Lo matamos porque se había metido con la señora de Aguilar, a quien mató él mismo".
La madre del joven le contó a Verdadabierta.com que "cómo es posible que un niño de 15 años sea amante de una señora y fuera de eso que sea capaz de matar al esposo. Mi hijo no pertenecía a las autodefensas y mucho menos tenía 24 años cuando lo desaparecieron".
La política de la organización era muy clara, según lo que confesó alias ‘Botalón’: Los comandantes de los frentes no tenían que pedir permiso para ejecutar a una persona, pero sus subalternos sí. "Los comandantes no eran los que mataban", complementó alias ‘Aníbal’, quien aseveró que el conocimiento de esas normas hacía parte de la formación política de los nuevos integrantes. "Ni los civiles ni los miembros de la organización podían hacer algo en contra de las políticas establecidas por la misma organización, quien lo hiciera tendría que atenerse a los estatutos disciplinarios".
Además de las incongruencias entre los hechos confesados y las versiones de las familias de las víctimas, los postulados no pudieron responder algunas preguntas hechas desde Medellín, pues las fechas en que fueron cometidos los asesinatos y las desapariciones eran anteriores a 1994, cuando, según los exparamilitares, ese bloque no existía.
La decepción fue evidente en Medellín: "ellos dicen que no saben quiénes fueron ni cómo fueron las cosas. Entonces, ¿quién sabe? Nos dicen que vayamos a la versión de Jhon Freddy Gallo Bedoya, alias ‘El Pájaro’, que de pronto él sí sabe. Nos tienen de aquí para allá", comentó una de las mujeres a la salida de las audiencias.
El problema es que las Autodefensas Campesinas de Puerto Boyacá comenzaron a operar en 1994 cuando alias ‘Botalón’ asumió la dirección de un grupo de por lo menos 742 hombres que hacían presencia en los municipios de Puerto Boyacá (Boyacá) y en municipios de Santander como Cimitarra, Puerto Parra, Landazuri, Bolívar, El Peñón, El Carmen y San Vicente de Chucurí, con la pretensión de estar combatiendo a la guerrilla.
Según este exjefe paramilitar, los hechos ocurridos antes de ese año fueron cometidos por el denominado Frente Puerto Boyacá, comandado por Henry y Gonzalo de Jesús Pérez, creadores de las Autodefensas Campesinas del Magdalena Medio, quienes fueron asesinados posteriormente, al igual que muchos de los hombres que hicieron parte de esa estructura criminal.
Este tipo de circunstancias han impedido que decenas de asesinatos y desapariciones no hayan podido ser aclaradas, pues, según ellos, no tienen el conocimiento o no se han documentado al respecto; además, dicen desconocer a los hombres que integraban el Frente Puerto Boyacá.
Después de tres días de versiones libres de los exparamilitares y ante la falta de claridad sobre algunos hechos, los postulados se comprometieron a recoger más información y a presentarla en una próxima versión libre ante un fiscal de la Unidad de Justicia y Paz.
Pese a la promesa, las familias de víctimas de los paramilitares en el Magdalena Medio, que llegaron a esas audiencias con la esperanza de oír la verdad sobre sus seres queridos, regresaron a sus casas sin respuestas claras.
9 de noviembre de 2011
31 de octubre de 2011
cc verdad abierta