colombia

santos a favor de legalización

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En entrevista con un diario británico, el mandatario colombiano señaló que estaría gustoso de participar en esa discusión, aunque no la lideraría porque "lo crucificarían". Se mostró a favor de la legalización de "mucho más que la marihuana".

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Colombia. El presidente Juan Manuel Santos se mostró a favor de la legalización de ciertas drogas e invitó al resto de los gobiernos del mundo a repensar como enfrentar el tráfico mundial de drogas, en entrevista con el diario británico ‘The Observer’ y reproducida por ‘The Guardian’.
En el artículo, señalan al mandatario colombiano como "el político involucrado de más alto perfil" en preguntar abiertamente si es necesario volver a formular si debe haber una reforma integral de la leyes para combatir al narcotráfico en el mundo.
Santos Calderón señaló que una iniciativa en este sentido sólo funcionara si es coordinada internacionalmente y enfatizó en el papel que les corresponde a los países desarrollados, como Reino Unido, Estados Unidos y la Unión Europea, por cuenta de su creciente consumo.
"Lo que no quiero es estar a la vanguardia de este movimiento, porque sería crucificado", dijo. "Sin embargo, estaría gustoso de participar en esa discusión porque Colombia todavía es el país que más sufre y que históricamente se ha visto más perjudicado por el alto consumo" en el mundo desarrollado, agregó.
El presidente colombiano manifestó que está preparado para llegar más allá de la legalización de una droga ‘suave’ como la marihuana, al indicar que está abierto a debatir incluso la liberalización de la cocaína. "Me gustaría hablar acerca de la legalización de la marihuana y más que la marihuana", dijo.
También puntualizó acerca de las contradicciones que se ven en este sentido en, por ejemplo, Estados Unidos. "Me pregunto a mí mismo ¿cómo puede explicarse que la marihuana esté legalizada en California (como medicina) y el consumo de cocaína este penalizado en Idaho?", cuestionó.
Sin embargo, el jefe de Estado mostró también que debe haber límites. "Yo nunca legalizaría drogas ‘duras’ como la morfina o la heroína porque son suicidas. Podría considerar la legitimación de la cocaína si hubiese un consenso mundial, porque es el (narcótico) que más nos ha afectado aquí en Colombia".
Santos Calderón insistió en hacer conocer a los consumidores de drogas británicos las consecuencias de sus acciones, "la sangre que hay detrás de cada aspirada de cocaína" y que el narcotráfico es el "probablemente sea el peor enemigo que tiene la selva tropical".
"Así que no solo es la sangre que se derrama o la violencia que se crea, sino que también se está destruyendo el mundo", añadió.
[Foto viene de Medellín Style].
16 de noviembre de 2011
15 de noviembre de 2011
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farc no se desmovilizará

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Este martes las FARC anunciaron que su nuevo jefe será Rodrigo Londoño, alias ’Timoleón Jiménez’ o ’Timochenko’. No fue una sorpresa. Analistas coinciden en decir que según la línea de mando del Secretariado le correspondía la jefatura y que con él no cambiará la dinámica de esta guerrilla.

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Colombia. El viernes 4 de noviembre las FARC perdieron a su número uno. Las Fuerzas Militares de Colombia dieron uno de sus más duros golpes a esta guerrilla. Guillermo León Sáenz, alias ‘Alfonso Cano’, fue dado de baja, luego de un bombardeo, en combates en el norte del Cauca.
Este martes, once días después, se conoció quién será su reemplazo: Rodrigo Londoño, alias ‘Timoléon Jiménez’ o ‘Timochenko’. Para muchos este nombre ya estaba cantado como su sucesor. Y aunque Iván Márquez era para muchos otro de los posibles hombres en llegar a la comandancia no fue así. A través de un comunicado, el Secretariado del Estado Mayor de las FARC anunció, que por voto unánime, ‘Timoleón Jiménez’ fue designado el 5 de noviembre nuevo comandante de las FARC-EP. Con esto, señala el comunicado, "se garantiza así la continuidad del Plan Estratégico".
Para el politólogo y analista Alejo Vargas la designación de este hombre como el nuevo jefe de las FARC era de esperarse. "A él le correspondía por antigüedad. Y en eso las FARC son muy serios. Es lo normal, así como también lo fue el tiempo que se tomaron para anunciarlo".
’Timochenko’ es de la misma línea a la que correspondía ‘Alfonso Cano’. Vargas asegura que él también hace parte de esa "juventud comunista, en la que casi todos estuvieron en la antigua Unión Soviética estudiando". Por eso es que –según él – por lo menos a corto plazo poco cambiará la dinámica de las FARC.
"En lo que tiene que ver, por ejemplo, con el tema de la paz. Eso no lo definen personas. No importa quién esté como jefe. Las decisiones se dan cuando así lo dice el Secretariado", señala Alejo Vargas.
Con él coincide Ariel Ávila, coordinador del área de conflicto de la Corporación Nuevo Arco Iris. "Por la coyuntura política del momento se creía que Márquez (Iván) podía llegar a la jefatura de las FARC, sin embargo, una vez más se demuestra cómo opera esta guerrilla, que tiene líneas de mando y las respeta (...) ¿que sin con él va a cambiar el rumbo de las FARC? Es poco probable. La estrategia militar continúa siendo la misma".
Para Ávila la gran diferencia que existe entre ‘Timochenko’ y ‘Cano’ es que "la tropa, los guerrilleros rasos, lo sienten mucho más cercano que a ‘Cano’. Sin embargo, en el día a día de la guerrilla esté quién esté, mientras una directriz no salga del Secretariado, nada cambia".
No muy diferente opina César Castaño, experto en estrategia militar. Según él, en las FARC "quienes asumen el liderazgo dentro de esa guerrilla, si bien tienen características personales que los hace diferentes, no puede decirse que son de una u otra línea política o militar. Hay que recordar que en las FARC, por encima de los individuos están los documentos (Plan estratégico, conferencias, plenos)".
Alejo Vargas insiste en que es equivocado decir que algo va a cambiar en las FARC porque uno u otro de los que ha estado en la cabeza de esta guerrilla es más o menos político. "Todas esas ideas lo que hacen es suponer que es una organización tipo caudillista y así no es. En las FARC las decisiones se toman a partir de lo que ha decidido el secretariado, la política es la misma".
Para el analista, a corto plazo no se debe esperar nada diferente de las FARC. "Que se mueva gente o que el Secretariado cambie su política puede demorar, va a tomar tiempo. Así como también lo tomará que ‘Timochenko’ asuma la jefatura de las FARC. No hay que olvidar que ‘Cano’ tardó casi un año en asumir el control de dicha guerrilla".

Otras Voces
Carlos Lozano, analista y director del semanario ‘Voz’, dijo a la agencia de noticias AP que la decisión de designar a ‘Timochenko’ como nuevo jefe de las FARC no le sorprende.
El viernes 4 de noviembre las FARC perdieron a su número uno. Las Fuerzas Militares de Colombia dieron uno de sus más duros golpes a esta guerrilla. Guillermo León Sáenz, alias ‘Alfonso Cano’, fue dado de baja, luego de un bombardeo, en combates en el norte del Cauca.
Este martes, once días después, se conoció quién será su reemplazo: Rodrigo Londoño, alias ‘Timoléon Jiménez’ o ‘Timochenko’. Para muchos este nombre ya estaba cantado como su sucesor. Y aunque Iván Márquez era para muchos otro de los posibles hombres en llegar a la comandancia no fue así. A través de un comunicado, el Secretariado del Estado Mayor de las FARC anunció, que por voto unánime, ‘Timoleón Jiménez’ fue designado el 5 de noviembre nuevo comandante de las FARC-EP. Con esto, señala el comunicado, "se garantiza así la continuidad del Plan Estratégico".
Para el politólogo y analista Alejo Vargas la designación de este hombre como el nuevo jefe de las FARC era de esperarse. "A él le correspondía por antigüedad. Y en eso las FARC son muy serios. Es lo normal, así como también lo fue el tiempo que se tomaron para anunciarlo".
’Timochenko’ es de la misma línea a la que correspondía ‘Alfonso Cano’. Vargas asegura que él también hace parte de esa "juventud comunista, en la que casi todos estuvieron en la antigua Unión Soviética estudiando". Por eso es que –según él – por lo menos a corto plazo poco cambiará la dinámica de las FARC.
"En lo que tiene que ver, por ejemplo, con el tema de la paz. Eso no lo definen personas. No importa quién esté como jefe. Las decisiones se dan cuando así lo dice el Secretariado", señala Alejo Vargas.
Con él coincide Ariel Ávila, coordinador del área de conflicto de la Corporación Nuevo Arco Iris. "Por la coyuntura política del momento se creía que Márquez (Iván) podía llegar a la jefatura de las FARC, sin embargo, una vez más se demuestra cómo opera esta guerrilla, que tiene líneas de mando y las respeta (...) ¿que sin con él va a cambiar el rumbo de las FARC? Es poco probable. La estrategia militar continúa siendo la misma".
Para Ávila la gran diferencia que existe entre ‘Timochenko’ y ‘Cano’ es que "la tropa, los guerrilleros rasos, lo sienten mucho más cercano que a ‘Cano’. Sin embargo, en el día a día de la guerrilla, esté quién esté, mientras una directriz no salga del Secretariado, nada cambia".
No muy diferente opina César Castaño, experto en estrategia militar. Según él en las FARC, "quienes asumen el liderazgo dentro de esa guerrilla, si bien tienen características personales que los hace diferentes, no puede decirse que son de una u otra línea política o militar, hay que recordar que en las FARC, por encima de los individuos están los documentos (Plan estratégico, conferencias, plenos)".
Alejo Vargas insiste en decir que es equivocado decir que porque uno u otro de los que ha estado en la cabeza de las FARC es más o menos político que otro, algo va a cambiar. "Todas esas ideas lo que hacen es suponer que es una organización tipo caudillista y así no es, en las FARC las toman a partir de lo que ha decidido el secretariado, la política es la misma".
Para el analista, a corto plazo no se debe esperar nada diferente de las FARC. "Que se muevan gente o que el Secretariado cambie su política puede demorar, va a tomar tiempo. Así como también lo tomará que ‘Timochenko’ asuma la jefatura de las FARC. No hay que olvidar que ‘Cano’ tardó casi un año en asumir el control de dicha guerrilla".
15 de noviembre de 2011
©semana

después de la muerte de alfonso cano

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¿Qué va a pasar ahora? Con la muerte de Cano y la llegada de Iván Márquez o Timochenko, podrían abrirse posibilidades de una salida negociada al conflicto. El mensaje del presidente Santos, en el que hizo énfasis en la palabra paz, refuerza esa idea.

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Colombia. Con la muerte en el campo de batalla del jefe máximo de las Farc, Alfonso Cano, vuelve a ponerse sobre el tapete el dilema de siempre: ¿qué viene ahora? ¿Cuáles son los escenarios posibles: la guerra o la paz? ¿O tal vez, la ’bacrimización’ de la guerrilla?
Lo primero que hay que decir es que un golpe a la cabeza de una organización militar como las Farc genera en el corto plazo una reacción negativa, como lo que ocurrió con la muerte del Mono Jojoy hace poco más de un año. En el núcleo duro de la guerrilla, cierto halo de moralización lleva a intensificar ataques para dar muestras de fortaleza. Eso puede conducir a que el ambiente de negociación que se venía cuajando, en el que los mensajes de paz van y vienen de manera muy silenciosa de la Casa de Nariño a las montañas de Colombia y viceversa, se congele temporalmente.
Sin embargo, la lectura en el mediano plazo, que a la larga es la que importa, es muy distinta. Si las Farc son un ejército que responde a líneas estratégicas y no un grupo personalista, tendría que pensarse que lo más factible es que venga una renovada intención de diálogo, pues los mensajes de Alfonso Cano en los últimos tiempos iban en ese sentido. "El diálogo es la ruta", dijo hace poco más de dos meses, en el último mensaje que se conoció de él a través de un video en el que apareció sin camuflado. E incluso dijo que quería "recordarle al presidente Santos que prometió dejar atrás los odios". Si bien en días pasados las Farc han venido mostrando de nuevo sus dientes, la interpretación que se ha dado es que, más que la toma del poder, lo que buscan es llegar con mejores argumentos a la mesa de diálogo.
Otro elemento que se suma a este argumento es el perfil del sucesor de Cano. Mientras Alfonso Cano era considerado como la línea más radical de las Farc, y tal vez el menos dotado para llevar a la guerrilla a una mesa de negociación, Timoleón Jiménez, alias Timochenko, y Luciano Marín, alias Iván Márquez, que son los llamados a sucederlo en la comandancia, se han mostrado, ante todo, como negociadores. Ambos tuvieron un papel protagónico en los diálogos del Caguán, a diferencia de Cano, que se dedicó a crear su Movimiento Bolivariano. Iván Márquez, incluso, ya probó la legalidad, pues fue elegido congresista a nombre de la Unión Patriótica en 1986. Y los dos también, a diferencia de los demás mandos supremos que han tenido las Farc en los últimos años (llámese Manuel Marulanda, Alfonso Cano, Mono Jojoy o Raúl Reyes), han estado más recientemente en escenarios políticos, como bien se vio en las fotografías en la casa presidencial de Caracas.
Con la muerte de Manuel Marulanda, que tenía tatuada en su ADN la toma del poder; la del Mono Jojoy, que era el líder de la guerra, y la de Alfonso Cano, que era el radical antinegociación, por primera vez las Farc podrían quedar en manos de un jefe con más vocación de diálogo.
No obstante, también es cierto que después del éxito en el campo de batalla en un año cayó por acciones de las Fuerzas Militares la dupla de oro de las Farc, el Mono Jojoy y Alfonso Cano-, la pelota está en la cancha del gobierno. Y hasta ahora existe la tendencia a pensar que el presidente Juan Manuel Santos, a pesar de su traje de halcón, estaría inclinado a hacer la paz con la guerrilla y así pasar a la historia como el gran transformador del país.
Desde su discurso de posesión dejó claro que la puerta del diálogo no estaba cerrada con llave. Y a lo largo de su gobierno ha dado pasos en ese sentido: la Ley de Víctimas y su capítulo de restitución de tierras, el reconocimiento de la existencia del conflicto, la declaración de Hugo Chávez como nuevo mejor amigo y, ahora, la reforma a la Constitución que está promoviendo en el Congreso para crear un marco para la paz en el cual se contempla que los guerrilleros desmovilizados puedan competir en la arena política. "Si se da la eventualidad de que se llega a algún acuerdo con la guerrilla, es necesario que la legislación esté preparada", explicó hace unas semanas un alto funcionario del gobierno a SEMANA.
A eso se suma que gracias al hecho de que su gobierno ha eliminado a los dos grandes de las Farc, y a que como ministro de Defensa también fue protagonista de la más eficaz ofensiva contra este grupo guerrillero, está en inmejorables condiciones ante la opinión pública para hacer una apuesta por la paz sin temor a que nadie pueda tildar su gobierno de débil.
La duda surge con estos nuevos golpes militares. ¿Hasta qué punto pueden envalentonar al gobierno para seguir en la línea de la derrota militar? ¿Qué tan tentado estará a considerar que en términos de opinión pública pueden serle más rentables golpes de guerra como este, que dan réditos inmediatos, que la misma negociación?
La respuesta a estos interrogantes la dio, en el amanecer del sábado, pocas horas después de conocerse la muerte de Alfonso Cano, el propio presidente Juan Manuel Santos. Fue sorprendente el énfasis que hizo en la palabra paz. "No podemos ser triunfalistas. Debemos insistir hasta traerles a los colombianos un país en paz", dijo al principio de su corta intervención. Y cerró asegurando: "Vamos a conseguir la paz, que ha sido esquiva por tantas décadas".
No obstante, de las buenas intenciones a la puesta en práctica hay mucho trecho. ¿Cuál sería hoy un modelo viable de negociación o de desarme? No cabe duda de que las reformas que el presidente Santos está adelantando tienen cara de ser la cuota inicial para ese diálogo. Pero llegar a concretar la paz es tal vez la prueba de fuego que medirá su verdadera estatura de estadista.
Las Farc, con su capacidad de dar coletazos, no van a dar fácilmente el brazo a torcer. La guerrilla ha dado en los últimos meses pruebas de fuerza en Cauca, Catatumbo y Arauca. Y está concentrada en la Amazonia, el Pacífico y la Orinoquia, que hoy se han convertido en la despensa de las riquezas del país: la minería, el petróleo y la agroindustria.
A pesar de que muchos creen que la guerrilla está derrotada militar y políticamente, también es cierto que un nuevo ciclo de guerra puede abrirse si no se concreta un proceso de paz. O lo que puede ser peor, tampoco se puede descartar un escenario en que la guerrilla, mientras el nuevo jefe máximo consolida su poder, pueda tener quiebres en su unidad de mando. O que en ciertas regiones, los núcleos menos duros, tentados por las rentas del narcotráfico o la minería ilegal, puedan entrar en un proceso de ’bacrimización’ aun más difícil de reversar.
Pero sin duda, la muerte de Alfonso Cano abre hoy la expectativa de una posible salida negociada al conflicto. Los requisitos de la cartilla del diálogo están dados: una eficaz ofensiva militar para sentar a la guerrilla a la mesa, unas reformas legales en curso para acondicionar el Estado a las necesidades de esa negociación y un presidente que en vez de sacar pecho con el gran triunfo militar, por el contrario, ratifica, sin bemoles, su voluntad de lograr la paz.
11 de noviembre de 2011
5 de noviembre de 2011
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cc verdad abierta

qué le falta a la consolidación

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En las zonas de consolidación, el Estado le gana la partida a los violentos, pero faltan garantías para que los ciudadanos se sientan protegidos y tengan oportunidades diferentes a la coca.

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[Fundación Ideas para la Paz] Colombia. En las zonas de consolidación, el Estado parece que le está ganando la partida a los grupos armados, pero como lo pudo constatar la Fundación Ideas para la Paz - FIP- en su más reciente estudio sobre este plan gubernamental aun faltan garantías para que los ciudadanos se sientan protegidos y oportunidades diferentes a la coca.
La FIP visitó cuatro de las 14 zonas de consolidación en el país, para evaluar con los mismos habitantes y autoridades locales el alcance de esta política.
Allí la Fundación realizó entrevistas y analizó las cifras de violencia, visitó los proyectos productivos para sustituir los cultivos de coca, también sus investigadores estuvieron en las obras que se realizaron con dineros de cooperación internacional para saber el beneficio que han tenido en la población y su impacto en la calidad de vida de las regiones.
Lo que se encontró, en primera medida, fue que en algunas de estas zonas, el Estado logró replegar a los grupos armados, pero aún falta que el Estado garantice que no regresarán y con esto lograr que los ciudadanos confíen en las instituciones.
Pese a que en dos zonas del país, La Macarena y los Montes de María, la política de consolidación parece haber funcionado, debilitando la guerrilla y cambiando provisionalmente la situación de inseguridad, en otras como el Bajo Cauca se han fortalecido las bandas criminales y siguen ejerciendo presión algunos frentes de la guerrilla.
El más reciente estudio de la Fundación Ideas para la Paz (FIP) denominado "Balance de la Política de Consolidación Territorial", dejó en evidencia que el Bajo Cauca sigue siendo una de las regiones más inseguras del país. Además quedó demostrado que aunque en La Macarena y en los Montes de María la fuerza pública logró debilitar a la guerrilla gracias a la política de Consolidación, todavía el gobierno tiene el enorme desafío de fortalecer las instituciones en las regiones y demostrar que hay oportunidades para que las poblaciones mejoren sus condiciones de vida.
Este estudio se realizó en cuatro zonas del país, Bajo Cauca Antioqueño, Montes de María, la Macarena y la Sierra Nevada de Santa Marta, en donde desde el último periodo del gobierno Uribe se puso en marcha una política gubernamental para combatir los grupos armados y llevar seguridad a diferentes regiones.
Para la FIP, la Política de Consolidación de la Seguridad Democrática  fue exitosa en la medida en que mejoró la situación de seguridad en algunas zonas del país. Sin embargo, esta situación no es sostenible debido a la amenaza que representan las bandas criminales y a los persistentes esfuerzos de la guerrilla por retomar el control.

La Crisis del Bajo Cauca
Uno de los casos más críticos, según la FIP, es el Bajo Cauca Antioqueño en donde actualmente se vive uno de los más graves escenarios de la guerra en Colombia. En esta zona se cuestiona la desmovilización de los paramilitares y la incidencia de las fortalecidas bandas criminales.
Según el estudio, en esa región no se ha podido derrotar a los grupos armados debido a que continúa siendo una ruta para el tráfico de drogas. La ausencia del Estado y la persistencia de los grupos armados ilegales como los ‘Urabeños’, los ‘Rastrojos’, Los ‘Paisas’ y la Oficina de Envigado, además de los frentes 18 y 36 de las Farc que controlan los cultivos de coca en la zona.  
Aunque ha habido una disminución de las plantaciones de coca, el Gobierno no ha podido hacerlo totalmente por las marchas campesinas. Esto evidencia el fracaso del plan y lo dejan muy mal parado.
Ahora, existe otro problema que es el crecimiento de las bandas criminales que ha generado uno de los grandes interrogantes sobre el desempeño de la fuerza pública.
Según el estudio, el control de la zona por parte de ‘Rastrojos’, ‘Urabeños’ y ‘Paisas’ sugiere que se reformule la estrategia de la fuerza pública para combatir estos grupos .
Sobre estos puntos fuentes de la región consultados por la FIP señalaron: "los temas de seguridad continúan siendo manejados de la misma forma, esto no ha cambiado, se ven los jóvenes haciendo sus rondas. Sin embargo, los jefes han bajado su perfil".
¿Y La Macarena, los Montes de María y la Sierra Nevada están consolidados?
Otras zonas que analiza el estudio tiene que ver con el impacto positivo que ha tenido la política de consolidación en zonas como La Macarena, los Montes de María y la Sierra Nevada de Santa Marta.
En estos lugares si bien ha habido avances en la seguridad y el fortalecimiento de las instituciones locales y regionales, persisten las amenazas que los grupos armados regresen y se rearmen. También es preocupante que los militares en algunos casos han asumido roles de las autoridades civiles que siguen permeadas por la corrupción y generan desconfianza en la población.
Por ejemplo, en los Montes de María, la consolidación logró desarticular a los frentes 35 y 37 de las Farc. Sin embargo la estrategia liderada por la Armada, dejó un protagonismo militar tan visible que, según el estudio, en muchos casos asumieron funciones de las autoridades locales y regionales.
Según la FIP, esto además de ser un error, pone en evidencia la incapacidad, la falta de confianza en la autoridad y los altos niveles de corrupción que tienen muchas instituciones de la zona.  
Sobre La Macarena, parte de la antigua zona de distensión, la consolidación trajo evidentes y muy importantes cambios.  En el reporte, la implementación de esta política arrojó como logro más importante el debilitamiento del Bloque Oriental de las Farc, además de la reducción de los cultivos ilícitos, y el acercamiento de la institucionalidad a la población civil.
"al principio se hizo una erradicación poco efectiva porque los erradicadores venían nerviosos (debido a la presencia de las Farc en la zona), o sea que en cada vereda dejaron pedacitos de coca sembrados,  pero entró guardabosques (Programa de Acción Social para la erradicación manual de cultivos ilícitos) y nosotros entramos al programa guardabosques y erradicamos voluntariamente y por completo los pedacitos que quedaron de coca...de todas formas hemos tenido un balance muy bueno en ese aspecto",  aseguró a la FIP un líder campesino de Vistahermosa, Meta.
Sin embargo, en La Macarena aun persisten zonas rojas, es decir, bajo el control de las Farc y municipios como La Uribe en donde continúa siendo difícil el acceso para la Fuerza Pública y las instituciones.
Finalmente, para la FIP, en la Sierra Nevada de Santa Marta la política fue visible únicamente en la construcción de los denominados "pueblos talanquera" con los cuales el Gobierno pretendía satisfacer las necesidades culturales y sociales de los pueblos indígenas.
Pese a esta inversión, todavía no hay proyectos suficientes para el mejoramiento de la calidad de vida de los campesinos, desplazados y víctimas de la violencia y que, en general, empiezan a sentirse amenazados por las denominadas Bacrim.

Para Corregir
Hacia el futuro la FIP se pregunta cómo hacer sostenibles los avances en seguridad y combatir a la guerrilla y las Bacrim, problemas que siguen sin resolverse.
El estudio recomienda al gobierno continuar el trabajo en los frentes de seguridad y el desarrollo social de las zonas en donde hay o ha existido un indiscutible control de la guerrilla o de los paramilitares.
Aunque hay una mejoramiento en la seguridad, se ha dado una reducción de los cultivos ilícitos y la ciudadanía siente la presencia de la institucionalidad, todavía falta por hacer. En especial en mejorar las condiciones de vida de los habitantes de las regiones más vulnerables de Colombia.  "Por esta razón el gobierno debe implementar, dependiendo de la región, una estrategia acorde con las amenazas y necesidades que persistan para lograr un ambiente de seguridad y de desarrollo social y económico", explica el análisis.
Por este motivo, dice la FIP, el Gobierno Nacional debería trabajar en el fortalecimiento de la institucionalidad local y regional; mejorar la lucha contra la criminalidad, en especial contra las bandas; y priorizar la oferta de proyectos productivos, educación y cultura para las poblaciones, previo a la llegada de la erradicación.

¿Qué Es la Política de Consolidación Territorial?
La Política de Consolidación de la Seguridad Democrática fue implementada durante el segundo periodo del gobierno de Álvaro Uribe Vélez, con el fin de darle continuidad a la reconocida Política de seguridad Democrática. La iniciativa del gobierno focaliza catorce zonas en donde hay una presencia y control de grupos armados ilegales, sean guerrilla o paramilitares.
El informe explica que la consolidación del gobierno se desarrolla con un orden de prioridades que trata en primer lugar de garantizar la seguridad, en segundo lugar de proveer la llegada de las instituciones y en tercer lugar de incentivar el desarrollo de social y económico de las zonas.
Sin embargo, la ofensiva militar que protagoniza la implementación de la Política ha sido objetivo de numerosas críticas, por sus métodos y programas como la red de informantes y el programa de soldados campesinos, iniciativas que involucran a la población civil en el conflicto armado.
En el panorama general persisten enormes desafíos para mantener el espacio recuperado por el gobierno en los lugares en donde se adelanta una exitosa ofensiva militar y una  gran preocupación en los lugares en donde el rearme o la guerrilla mantienen el control.
En otras palabras en la consolidación tiene grandes retos en cuanto al fortalecimiento de instituciones locales, la corrupción, el narcotráfico, la creciente amenaza de las bandas criminales y la persistencia de la guerrilla.
En conclusión, según el estudio presentado por la Fip, la Política de Consolidación ha sido exitosa en cuanto al diseño. Sin embargo todavía persisten numerosas incógnitas en cuanto a su desarrollo.
Este estudio se realizó en cuatro zonas del país, Bajo Cauca Antioqueño, Montes de María, la Macarena y la Sierra Nevada de Santa Marta, en donde desde el último periodo del gobierno Uribe se puso en marcha una política gubernamental para combatir los grupos armados y llevar seguridad a diferentes regiones.
Para la FIP, la Política de Consolidación de la Seguridad Democrática  fue exitosa en la medida en que mejoró la situación de seguridad en algunas zonas del país. Sin embargo, esta situación no es sostenible debido a la amenaza que representan las bandas criminales y a los persistentes esfuerzos de la guerrilla por retomar el control.  
Uno de los casos más críticos, según la FIP, es el Bajo Cauca Antioqueño en donde actualmente se vive uno de los más graves escenarios de la guerra en Colombia. En esta zona mucho se cuestiona sobre la desmovilización de los paramilitares y la incidencia de las fortalecidas bandas criminales.
Según el estudio, el Bajo Cauca se ha convertido en un dolor de cabeza para el gobierno,  debido a su condición de corredor estratégico para el tráfico de drogas, por la ausencia del Estado y por la naturaleza y persistencia de los grupos armados ilegales como los Urabeños, los Rastrojos, Los Paisas y la Oficina de Envigado,  además de los frentes 18 y 36 que contralan una parte muy importante de los cultivos de coca en la zona.   
Aunque los cultivos ilícitos disminuyeron,  su erradicación se ha convertido en un dolor de cabeza para el gobierno nacional ya que en la zona se han presentado marchas campesinas en contra de la estrategia antidrogas. Esto en términos de la investigación evidencia el fracaso del plan y lo dejan muy mal parado.
El crecimiento de estas bandas ha despertado uno de los grandes interrogantes sobre el efectivo desempeño de la fuerza pública. Según el estudio, la creciente influencia de Rastrojos, Urabeños y Paisas ha hecho necesario que se reformule la estrategia de la fuerza pública para combatir estos grupos.

¿Y La Macarena, los Montes de María y la Sierra Nevada Están Consolidados?
De acuerdo con el estudio, los efectos positivos de la política de consolidación son más visibles en zonas como La Macarena, los Montes de María y la Sierra Nevada de Santa Marta. No obstante, en estos lugares el mayor reto para el gobierno es el mantenimiento de la seguridad y el fortalecimiento de las instituciones locales y regionales.
Para el caso de los Montes de María, la política de consolidación logró desarticular los frentes 35 y 37 de las FARC que tenían una fuerte presencia en la zona. Sin embargo la estrategia liderada por la Armada, dejó un protagonismo militar tan visible, que según el estudio, en muchos casos la fuerza pública asume funciones que deberían estar en manos de las autoridades locales y regionales. Esto además de ser un error, pone en evidencia la incapacidad, la falta de confianza en la autoridad y los altos niveles de corrupción que tienen muchas instituciones de la zona.   
Sobre La Macarena, parte de la antigua zona de distensión, la consolidación trajo evidentes y muy importantes cambios.  Según la FIP, el éxito del Plan de Consolidación Integral en La Macarena, no se resume sólo en el debilitamiento del Bloque Oriental de las Farc, y en la reducción de los cultivos ilícitos, sino además en que el gobierno tuvo un acercamiento muy importante con la población civil.
Sin embargo siguen existiendo zonas rojas, es decir, zonas bajo el control de las Farc y municipios como La Uribe siguen siendo de difícil acceso para la fuerza pública como para las instituciones.  
Finalmente, para la FIP, en la Sierra Nevada de Santa Marta la política de consolidación fue visible únicamente en la construcción de los denominados "pueblos talanquera" con los cuales el gobierno pretendía satisfacer las necesidades culturales y sociales de los pueblos indígenas que habitan la SNSM.  Pese a esta inversión, todavía no hay proyectos suficientes para el mejoramiento de la calidad de vida de los campesinos, desplazados y víctimas de la violencia que hay en la zona y que, en general, empiezan a sentirse amenazados por las denominadas Bacrim.

Las Conclusiones y Recomendaciones
Sin embargo, pese a los cambios positivos, la pregunta sobre cómo hacer sostenibles los avances en cuanto a la seguridad y la lucha contra la guerrilla y las Bacrim, sigue sin resolverse.
Frente a la ejecución de la política, el estudio insiste en la necesidad de que el gobierno continúe trabajando por la seguridad y el desarrollo social de las zonas en donde hay o ha existido un indiscutible control de la guerrilla o de los paramilitares. Aunque en el país hay cambios importantes en cuanto a la seguridad, todavía son insuficientes los esfuerzos por mejorar las condiciones de vida de los habitantes de las regiones más vulnerables de Colombia.  
Para los expertos del centro de pensamiento, cada zona tiene una necesidad diferente y por ende las características del conflicto difieren entre sí. Por esta razón el gobierno debe implementar, dependiendo de la región, una estrategia acorde con las amenazas y necesidades que persistan para  lograr un ambiente de seguridad y de desarrollo social y económico, explica el análisis.
De acuerdo con los resultados y recomendaciones de la investigación, el gobierno nacional debería trabajar en el fortalecimiento de la institucionalidad local y regional; mejorar la lucha contra la criminalidad, en especial contra las bacrim; y priorizar la oferta de proyectos productivos, educación y cultura para las poblaciones, previo a la llegada de la erradicación.
11 de noviembre de 2011
1 de noviembre de 2011
cc verdad abierta

paras vuelven a las masacres

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En Nariño, Los Rastrojos están repitiendo la historia de los paramilitares. Cadáveres mutilados bajan todos los días por el río Patía y las masacres y torturas tienen aterrorizada a la gente.

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Colombia. Aquel día de jolgorio terminó en llanto. Fue en el corregimiento de Sidón, municipio de Cumbitara, a siete horas de Pasto. Los campesinos celebraban las fiestas veredales. Algunos conversaban animadamente, otros escuchaban la música y unos más jugaban fútbol. Por las aguas del río Patía llegaron silenciosos unos treinta hombres de la banda de Los Rastrojos. Avanzaron por entre el caudal que cruza el imponente macizo y solo fueron avistados en el último recodo en Pesquería, una vereda de humildes casas de concreto y madera. Hacía calor. Era el mediodía del pasado lunes 12 de septiembre.
Cuando menos pensaron, estaban rodeados de intrusos con fusiles. Los Rastrojos llegaron preguntando por los colaboradores de las Farc en el lugar. El silencio era sobrecogedor. "Pensamos que eran los del Ejército porque tenían parches del Batallón Boyacá. Nos reunieron a todos y preguntaron por un tal Panadero, y como nadie dijo nada comenzaron a volverse como locos. Se pusieron a tomar cerveza y a fumar bazuco. Robaron lo que había en las tienditas, quitaron plata, celulares, cédulas. Ahí fue cuando cogieron a Daniel García (19 años). Le dijeron que era un guerrillero. Con tubos gruesos de lanzagranadas lo mataron a golpes. Su cuerpo fue decapitado y descuartizado delante de todos. Fue horrible", recuerda un testigo.
De la misma forma mataron a Harrison Palacio, de 32 años. Hundieron los cuerpos de ambos en el Patía, pero dos días después emergieron. En la retirada llevaron 13 personas secuestradas rumbo a Sánchez, otra vereda de Cumbitara. A tres trabajadoras sexuales (Lorena, Camila y Juliana), que iban como rehenes, las mataron horas después. La noticia se supo el martes, cuando la Defensoría del Pueblo denunció el caso, pero solo el jueves siguiente 250 hombres de la Brigada Móvil 19 y del Batallón Boyacá del Ejército llegaron hasta el lugar para controlar la zona. Los secuestrados fueron liberados el viernes siguiente en medio de la rabia de los pobladores.
En Nariño han ocurrido cuatro masacres como esta durante este año, hay denuncias por la desaparición de 220 personas y han sido encontrados 14 cuerpos desmembrados. Pero las comunidades del Patía dicen que pueden ser muchísimos más. Esta barbarie es la consecuencia más visible de la guerra a muerte que en esta región están librando Los Rastrojos contra las Farc para controlar una zona en la que se produce el 25 por ciento de toda la coca del país, además de competir a muerte por las rutas del Pacífico para sacar la droga y de pelearse por las rentas que genera la minería ilegal del oro. A pesar de esto, las noticias se han enfocado en las mafias de Tumaco y Buenaventura. SEMANA escuchó los escalofriantes relatos que no dejan duda de que, por lo menos en esta parte de Colombia, se está reeditando un capítulo de la violencia que parecía superado.
El pasado 21 de marzo, Los Rastrojos ya habían realizado una incursión en el corregimiento de Sidón. Ese día, castigaron a una indígena de 17 años porque se peleó con otra mujer. La pusieron a caminar desnuda en la calle y la hicieron comer estiércol de mula, antes de obligarla a beber fresco Royal con sal. El caso se supo en Pasto y uno de los jefes del grupo, conocido como el Cholo (capturado hace pocos meses), reunió a la gente de la población a los ocho días para amenazarlos y castigarlos "por sapos". Bajo el sol y la lluvia, desde la tarde hasta la madrugada, los insultó, y como nadie delató al que había denunciado el caso, mató a la joven indígena delante de todos. Hoy su cuerpo está enterrado como NN en el lugar. Nadie lo ha reclamado.
El 18 de julio, un hombre que se atrevió a protestar por los abusos de Los Rastrojos en Santa Rosa de Cumbitara fue obligado a llenar con piedras sus botas y a caminar así hasta una finca donde le ordenaron rozar potreros con un machete sin filo durante una semana y con solo una comida al día. Después, lo forzaron a que les pidiera perdón de rodillas, no sin antes darle una golpiza que lo dejó bastante herido. A los vecinos les prohibieron ayudarle. Por la época, en el mismo lugar, obligaron a una profesora a barrer las calles con un letrero humillante en su espalda, supuestamente porque había cometido una falta grave.
Y los habitantes del municipio de Magüí enviaron una carta a las autoridades hace tres semanas: "En la semana del 5 al 11 de los cursantes (septiembre), bajaron por el río Patía más de cinco cuerpos humanos decapitados, torturados, sin cabeza, que se encuentran flotando por pedazos a lo largo de nuestro río". Pobladores de la región le contaron a SEMANA que las personas que viven en las riberas empujan con palos de guadua los cuerpos, pues si los encuentran recogiendo los restos, puede pasar lo peor.
La mayoría de los actos violentos están sucediendo en poblaciones a las que solo se puede acceder por río o por vías en pésimo estado. "Todo está ocurriendo en el centro de gravedad del conflicto, en las zonas donde terminan las vías. La gente me dice que se siente esclavizada, que tiene que pedir permiso para todo", dice el gobernador de Nariño, Antonio Navarro. "Hay 21 municipios en riesgo por diferentes amenazas y de esto se ha alertado a las autoridades para que actúen de manera preventiva", dice el defensor del Pueblo, Vólmar Pérez.
No obstante, muchos pobladores son escépticos de que las autoridades hagan algo. "Aquí a cada rato vienen los militares y les espantan los guerrilleros a los paras que llegan para hacer lo que se les da la gana", dice un viejo poblador de la zona, convencido de que así como en el pasado muchos miembros de la fuerza pública protegieron a los paramilitares del Bloque Libertadores del Sur, hoy están aliados con Los Rastrojos.
Interrogado sobre este tema, el general Jorge Eliécer Pinto, comandante de la Brigada 23, dice que las acusaciones se deben a la guerra jurídica de los grupos irregulares en su empeño por desprestigiar la institución. "Aquí hemos dado resultados tanto con las Farc como con las bandas criminales", dice el militar. Sin embargo, es evidente que la Operación Troya, que adelantan las Fuerzas Militares en el suroccidente del país para desvertebrar a las llamadas bacrim, no ha podido con la crueldad que están sembrando estos nuevos paramilitares en otras veredas remotas de Nariño.
Los relatos de dolor de estas personas son como un grito en el desierto. A ellos no les importa si Los Rastrojos son bacrim, paramilitares, neoparamilitares o narcotraficantes. Solo saben que en cualquier momento volverán con sus armas y seguirán matando. Se llevarán a sus mujeres y tal vez las violarán. Temen desde ya por la próxima matanza. Y apenas con un resquicio de optimismo, esperan que el Estado detenga la ofensiva de Los Rastrojos contra la población civil y que les dé la protección que como colombianos se merecen.
11 de noviembre de 2011
3 de octubre de 2011
©semana vía
cc verdad abierta

alias 23 condenado a 3 años

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Juez de Medellín condenó a exparamilitar a 37 meses por concierto para delinquir. Pero un Fiscal cuestionó informes de CTI y valoró testimonios de exparamilitares que lo exculpaban.

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Colombia. Una contradicción entre la Justicia Ordinaria y Justicia y Paz quedó en evidencia luego de conocerse detalles de la sentencia a 37 meses de prisión proferida contra Luis Fernando Jaramillo Arroyave, alias ‘Nano’, ‘don Delio’ o ‘23’, quien integró el Frente Anorí del Bloque Mineros de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc). En la decisión, pesaron más los testimonios de los hombres que estuvieron bajo su mando que los informes de policía judicial.
Si bien diversos informes de inteligencia advertían que alias ‘Nano’ no era un paramilitar raso, como fue presentado durante la desmovilización del Bloque Mineros el 20 de enero de 2006, ni un líder político de esa facción paramilitar, como se identificó ante los fiscales días antes de la ceremonia de dejación de armas realizada en el corregimiento La Caucana, de Tarazá, Bajo Cauca antioqueño, para la Fiscalía 33 Especializada de Medellín el imputado sólo era un narcotraficante.
La controversia quedó planteada en el documento que contiene la formulación de cargos, fechado el 30 de mayo de 2011. Inicialmente, el fiscal que presentó el caso ante un Juez del Circuito Especializado de Antioquia, señaló que "respecto del sindicado solo se ha podido establecer que efectivamente hizo parte del Frente Anorí, el cual tenía su zona de influencia en el corregimiento Liberia, sitio El Charcón, del municipio de Anorí, frente éste del cual hacía parte primero del Bloque Metro y luego del Bloque Minero de las autodefensas, siendo notoria su actividad dentro de dicho frente en las actividades relacionadas con el narcotráfico".
No obstante, descartó que tuviera nivel de jerarquía dentro de esa estructura y basado en algunos testimonios de exparamilitares que estuvieron bajo sus órdenes, le cambió su rótulo de "comandante" por el de "patrón", definiéndolo como "término éste utilizado para aquellas personas que mantienen control sobre actividades relacionadas con el narcotráfico".
Una caracterizado de esa forma, la Fiscalía 33 Especializada de Medellín determinó, con base en diversas pruebas y testimonios, que no resultaba claro que "el sindicado hubiese sido un reconocido comandante del Frente Anorí, como así lo quieren hacer ver los informes de policía judicial provenientes de la Unidad de Justicia y Paz".
Para sustentar su solicitud de condena tan solo por el delito de concierto para delinquir, el ente acusador se basó en la declaración de Rolando de Jesús Lopera Muñoz, alias ’Milton’, segundo al mando del Frente Anorí, quien negó que alias ‘Nano’ fuese el jefe de esa facción del Bloque Mineros de las Auc.
Según la Fiscalía 33 Especializada, fueron "los propios comandantes de dicho frente quienes lo han negado" y para controvertir los informes judiciales preparados en la Unidad de Justicia y Paz, aseveró que "quiénes más que ellos (los exparamilitares) para reconocer las estructuras de mando de dichos grupos armados ilegales que operaron en diversas zonas del país". Con base en esa argumentación, el Juzgado Segundo Penal Adjunto Especializado de Antioquia decidió condenar a alias ‘Nano’ a 37 meses de prisión, decisión tomada el 28 de julio de este año.
Jaramillo Arroyave está detenido desde el 30 de enero de este año, cuando fue capturado por autoridades judiciales en un restaurante de Medellín. Su detención se logró tras varios años de investigaciones adelantadas por dos fiscales, uno de Justicia y Paz y otro de la Fiscalía Especializada.

¿Qué Desestimó Fiscalía Especializada?
Una vez se conoció la trascendencia de la captura de alias ‘Nano’, VerdadAbierta.com adelantó una investigación documental a través de la cual pudo constatar que este exparamilitar no era sólo un narcotraficante al servicio de las Auc, sin ningún rango ni mando. Su nivel en la organización armada ilegal lo llevó a integrar el grupo negociador de las Auc durante los diálogos con el Gobierno Nacional durante el año 2003 llevados a cabo en Santa Fe de Ralito, departamento de Córdoba.
Así constata en un acta firmada el 14 de octubre de 2003 por diversos comandantes de las Auc en la que se dan instrucciones internas para participar en las conversaciones con los representantes del Gobierno Nacional. El documento está firmado por Vicente Castaño, Salvatore Mancuso, Adolfo Paz (Diego Fernando Murillo Bejarano), Ramiro Vanoy, Hernán Hernández (Ever Veloza), Jorge 40 (Rodrigo Tovar Pupo), Diego Vecino (Edwar Cobos Téllez), Alemán (Fredy Rendón Berrío), Paisano, Águila, Ramón Mojana (Éder Pedraza), Gabriel Zapata, Ricardo (Rodrigo Zapata Sierra), Memín (Luis Arnulfo Tuberquia), Nano (Luis Fernando Jaramillo Arroyave) y Perra Loca (Héctor Javier Restrepo Santamaría).
Adicional a ello, se accedió a un informe de policía judicial fechado el 25 de agosto de 2009 en el que se dice que "Jaramillo Arroyave era un hombre de mucha importancia para el comandante del Bloque Mineros, Ramiro Vanoy Murillo". Según este documento, sus actividades del narcotráfico le permitieron "ser una persona cercana a la Casa Castaño y posteriormente a través de sus máximos comandantes Carlos Mario Jiménez, alias ‘Macaco’, y Rodrigo Pérez Alzate, alias ’Julián Bolívar’, al Bloque Central Bolívar".
‘Nano’ se desmovilizó como combatiente raso el 20 de enero de 2006 con el Bloque Mineros, en Tarazá, Antioquia, pero según las autoridades continuó delinquiendo con buena parte de sus hombres, aunque esta vez asociado a la banda criminal ‘Los Paisas’.
Según fuentes judiciales, hace pocas semanas se conoció una nueva orden de captura en su contra, esta vez con fines de extradición, pues es requerido por autoridades federales de Estados Unidos para que responda por delitos asociados al tráfico de drogas hacia ese país.
[En la foto, Luis Fernando Jaramillo Arroyave, alias Nano.]
11 de noviembre de 2011
cc verdad abierta

a juicio por masacre de mapiripán

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Fiscalía imputa masacres de Mapiripán y Caño Jabón a 16 paras. Después de 14 años de impunidad, Justicia y Paz logró que 16 paramilitares aceptaran las masacres de Mapiripán y Caño Jabón, en las que quedó claro que tuvieron la complicidad de militares.

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Colombia. La justicia colombiana logró que 16 paramilitares que integraron las Autodefensas de Córdoba y Urabá, entre ellos Manuel de Jesús Piraban alias ‘Pirata’, fueran imputados por las masacres de Mapiripán y Caño Jabón, Meta, ocurridas en junio de 1997 y el 4 de mayo de 1998, en esta última aceptaron haber asesinado a 27 personas.
Esta audiencia, sin duda la más polémica porque se destapó que varias víctimas - unas 8 - no había muerto en la masacre de Mapiripán, y el número de personas asesinadas aun está por corroborarse porque solo se ha podido documentar 11 de ellas.
La Fiscalía también ratificó que para cometer estos crímenes los hermanos Carlos y Vicente Castaño tuvieron la complicidad de miembros de la Fuerza Pública, primero en Urabá de donde salieron varios aviones cargados con paramilitares a órdenes de los hermanos Castaño, y después para hacer un largo recorrido por carreteras del centro del Meta en límites con Guaviare, en donde había una base antinarcóticos y varios regimientos del Ejército.
Estas dos masacres, impulsadas por el afán de los hermanos Carlos y Vicente Castaño de hacerse con el control de lo que llamarón "el pulmón económico" de las Farc en Puerto Alvira, Meta, conocido como Caño Jabón, dejaron más de 40 personas asesinadas y generaron el desplazamiento de alrededor de 120 más.
Luego de dos semanas de juicio, el Tribunal de Justicia y Paz ordenó el aseguramiento de los 16 paramilitares.
Durante la imputación la Fiscalía reconstruyó cada uno de los crímenes cometidos por los paramilitares en las dos masacres. Esta exposición fue el resultado del proceso investigativo del despacho 30 de Justicia y Paz, que se basó en el contraste de los testimonios dados por las víctimas y las confesiones de los paramilitares en las versiones libres.
A lo largo de la investigación la Fiscalía ha podido recuperar los cadáveres de viarios de los desaparecidos en las dos masacres, así como identificar varias de las víctimas cuya identidad no se conocía, cumpliendo así lo ordenado por la Corte Interamericana en su sentencia.
Hasta el momento, como resultado de este proceso, la Fiscalía ha compulsado más de 40 órdenes de captura en la justicia ordinaria, sólo en el proceso de la masacre de Puerto Jabón.
Este dato fue dado por la Fiscal, luego de que la magistratura le preguntara qué acciones ha emprendido contra los colaboradores de los paramilitares que no hacen parte del proceso de la justicia transicional. Uno de las afirmaciones que hizo la Fiscalía fue el préstamo por parte de Víctor Carranza de una de sus fincas a los paramilitares días antes de cometer la masacre de Caño Jabón, así como la colaboración de militares y policías en el avance de los hombres de la Accu y de las autodefensas de Martín Llanos.
Por esta alianza entre militares y paramilitares la Corte Suprema de Justicia ya confirmó la condena de 40 años, recientemente reducida a 37, contra el general Jaime Humberto Uscátegui al no impedir la masacre de Mapiripán.
La investigación de Justicia y Paz, puso fin a la impunidad que rodeaba este proceso, y que hasta el momento había sido la mayor dificultad para reconstruir lo ocurrido en Mapirián, La Cooperativa y Puerto Alvira.
Según lo pudo reconstruir la Fiscalía en su investigación, el punto de reunión de las autodefensas de Carlos y Vicente Castaño, previo a la masacre de Caño Jabón fue una finca del zar de las esmeraldas Víctor Carranza, de nombre Brasil.
Allí un grupo de paras, que se habían quedado del grupo que incursionó en Mapiripán, se unieron con los refuerzos que fueron enviados desde Urabá, luego de saber que las autodefensas de Martín Llanos no se unirían a esta nueva acción criminal.
En esta finca, según el testimonio de los paramilitares, recibieron un entrenamiento para acondicionarse para el ataque. Esta finca fue conseguida por José Baldomero Linares alias ‘Guillermo Torres’, quien fue el puente con el llamado zar de las esmeraldas.
En ella, tal como se lo contó el ex paramilitar Efraín Pérez Cardona alias ‘400’, él se encargó de dictar unos cursos de reentrenamiento, que tuvieron una duración de 18 a 20 días.
En esta finca hicieron prácticas de combate en campo abierto, cómo hacer requisas en los pueblos y caseríos y alias ‘Pataplum’, quien pertenecía al grupo de los Carranceros, les enseñó a armar y desarmar explosivos.
De esta finca salieron el tres de mayo de 1998 con destino a Puerto Alvira, donde el 4 de mayo de ese mismo año cometerían una de las peores masacres que ha conocido el departamento del Meta.
En los próximos meses, el Tribunal de Justicia y Paz deberá proferir la sentencia alternativa a estos paramilitares y se establecerá la reparación a las víctimas de dos de los peores episodios de violencia que ha vivido el Meta.
10 de noviembre de 2011
8 de noviembre de 2011
cc verdad abierta

fase final en juicio contra el alemán

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Un grupo de 150 menores reclutados forzadamente serán las primeras víctimas del Bloque Élmer Cárdenas que serán reparadas.

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Colombia. "Buenos días, muchachos. ¿Cómo están?" dijo Freddy Rendón Herrera alias ‘El Alemán’ a la entrada del auditorio del Tribunal de Justicia y Paz, en Bogotá, donde tres magistrados estudian las pruebas que presentó la Fiscalía contra el ex jefe paramilitar por el reclutamiento de 150 menores de edad entre 1995 y el 12 de febrero de 2006 cuando este grupo se desmovilizó.
Mientras el ‘Alemán’ se sentó frente a los magistrados que lo juzgan, una docena de jóvenes que no superan los treinta años lo observaron desde la misma sala, sentados en atrás, mientras otros 75 muchachos escucharon la audiencia desde San José de Apartadó, Antioquia. Los jóvenes fueron reclutados diez años atrás por el Bloque Élmer Cárdenas, a cargo de alias ‘El Alemán’, y por haber sido menores de edad en esa época son víctimas del ex jefe paramilitar. Las leyes internacionales califican el reclutamiento forzado de niños como crímenes de lesa humanidad.
El Bloque Élmer Cárdenas delinquió en el Urabá chocoano y llegó a tener 1.500 paramilitares en sus filas, dejando 11.127 víctimas entre asesinatos, desapariciones y desplazamientos, según el reporte de Justicia y Paz. El grupo comenzó con 40 hombres pero con la financiación de la Casa Castaño, los ganaderos y el narcotráfico se expandió por la región.
La Fiscalía 44 de Justicia y Paz documentó 428 casos de menores reclutados, pero durante el juicio probó 309 casos. Sin embargo, del listado el ex jefe paramilitar solo reconoció 150 casos. Y estos son los que desde el 1 de noviembre de 2011 son presentados en juicio durante el incidente de reparación, la fase previa a que los magistrados emitan una sentencia que condene al ex paramilitar y repare a este primer grupo de víctimas.
Así durante los primeros días de audiencia se presentaron funcionarios del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Icbf, y la Vicepresidencia de la República, que explicaron los programas y mecanismos con que cuenta el Estado para prevenir y atender a las víctimas del reclutamiento forzado. Según datos de la Vicepresidencia, actualizadas a 31 de octubre de 2011, 4.700 menores han sido atendidos por el Programa de Atención Especializado del Bienestar Familiar.
"En 90% las víctimas han contado que estuvieron en grupos armados ilegales con otros mejores. El 80% hicieron parte de esas estructuras forzadamente. Son menores que antes habían sido víctimas de violencia sexual o intrafamiliar, que consideraban que la escuela no les agradaba o les quedaba lejos, que eran obligados por sus padres a trabajar o que no tenían oportunidades", dijo ante el Tribunal Gladys María Fernández, funcionaria de la Vicepresidencia.
Fernandéz señaló que el Estado trabaja principalmente en 145 municipios para prevenir el reclutamiento, y que entre estos están Turbo y Apartadó, dos de los pueblos más golpeados por el paramilitarismo. El primero por el Bloque Bananero y el segundo, por el Élmer Cárdenas.
Varias de las víctimas, ahora mayores de edad, le contaron a VerdadAbierta.com que fueron reclutados por este grupo paramilitar, recibieron entrenamiento militar y portaron armas. "Es un episodio de mi vida. Cada vez que escucho la palabra adolescencia se me parte el corazón, porque yo entré a eso cuando tenía 13 años", dijo una de las víctimas de las cuales se reserva el nombre.
Durante la audiencia, Acción Social presentó un informe sobre los bienes entregados por el grupo paramilitar, teniendo en cuenta que estos son destinados para reparar a las víctimas. Después de la presentación, el Tribunal hizo un llamado a Acción Social para que en un nuevo informe explique por qué, por concepto de ventas y subastas de estos bienes solo ha recaudado $400 millones de pesos, cuando según alias ‘El Alemán’ estos en 2006 estaban avaluados $10 mil millones.
El jueves 3 de noviembre de 2011 ante el Tribunal de Justicia y Paz hablará Nina Winkler, psicóloga alemana experta en estrés postraumático en el conflicto y analista del genocidio en Ruanda. Luego, la Fiscalía comenzará a presentar las pruebas sobre cada uno de los casos de reclutamiento, de manera que los magistrados puedan determinar cómo será la reparación.
El incidente de reparación también abordará el caso del asesinato el 27 de noviembre de 2000 de Rigoberto de Jesús Castro Mora, entonces alcalde de Unguía, Chocó.
[*El incidente de reparación continuará hasta el miércoles 16 de noviembre y reanudará el 29 y 30 del mismo mes.]
10 de noviembre de 2011
2 de noviembre de 2011
cc verdad abierta