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barbarie de alias cadena en san onofre


Por años, ’Cadena’ y sus hombres pisotearon a San Onofre, en donde abusaron de mujeres y hombres a su antojo. Memoria Histórica logró que sus habitantes contaran esos años terribles y cómo sobrevivieron.
Colombia. María Emma Wills y el grupo de Memoria Histórica reconstruyó la forma cómo los paramilitares abusaron de los habitantes de San Onofre (Sucre), quienes resistieron en silencio varios años en estado de total indefensión.
El libro que cuenta con dos apartados titulados "Mujeres y guerra. Víctimas y resistentes en el Caribe colombiano" y "Mujeres que hacen historia. Tierra, cuerpo y política", muestra cómo los paramilitares crearon un sistema, en el que la violencia sexual y el racismo fueron sus armas predilectas para el control social.

El Terror en San Onofre
Libertad, Berrugas, Rincon del Mar, Labarcé, Alto de Julio, Plan Parejo e Higuerón, son algunos de los corregimientos de San Onofre (Sucre), que estuvieron bajo el control de los paramilitares del Bloque Montes de María durante casi una década. Tiempo en el cual impusieron reglas de comportamiento y establecieron sanciones a quien se atreviera a incumplir sus órdenes.
San Onofre es un municipio ubicado en la llanura que hay entre Los Montes de María y el Golfo de Morrosquillo. Allí, a orillas del mar, en el triángulo entre Rincón, Berrugas y Libertad, estableció su base o campamento principal Rodrigo Mercado Pelufo, alias ‘Cadena’, el jefe militar del Bloque Montes de María.
La región de los Montes de María, ubicada entre el Río Magdalena, la serranía de San Jerónimo y el Golfo de Morrosquillo, en los departamentos de Bolívar y Sucre, se ha hecho visible en las últimas décadas, desde los años 70, por las luchas campesinas agrarias y la presencia a partir de los años 80 de grupos guerrilleros y de autodefensa, hasta cuando aparecieron las Farc y las Auc en los años 90 y las incursiones contra la población civil la convirtieron en una escenario de guerra en donde se cometieron más de 40 masacres.
En San Onofre y sus corregimientos los paramilitares ejercieron como únicas autoridades, sin oposición estatal, y regularon la vida cotidiana de los habitantes a su antojo. Establecieron castigos públicos, imponían trabajos forzados, se apoderaron de las fiestas patronales y hacían valer por las armas privilegios económicos y sociales.
En este minucioso trabajo, el grupo de Memoria Histórica de la Comisión Nacional de Reconciliación y Reparación, muestra cómo la presencia y el accionar del Bloque Montes de María no fue igual en toda la subregión.
Mientras en los municipios ubicados en la Troncal del río Magdalena y en la zona de montaña, hacían incursiones y cometían masacres, en San Onofre se asentaron y fueron produciendo un orden social regulando la vida cotidiana de los pobladores.
Ese control y presencia habitual de los paramilitares en San Onofre y sus corregimientos, implicó la moderación de cuerpos, espacios públicos y prácticas sociales.
Alias ‘Cadena’ y ‘El Oso’, establecieron pautas de comportamiento, regularon la vida afectiva, la vida sexual y la cotidianidad, especialmente de las mujeres.
La monografía de MH reconstruye el accionar paramilitar sobre la vida cotidiana de los pobladores, así como las afectaciones que el conflicto armado impuso a las mujeres, a la población civil, en la cultura y el orden social en la región.
Los paramilitares instrumentaron, para establecer su dominio, un lenguaje y una violencia en la que promovían la construcción y consolidación de un orden social en el marco de la dominación armada.
¿Cómo lo hicieron y quiénes fueron las principales víctimas? Las adolescentes entre 14 y 17 años, las mujeres y los homosexuales, fueron las principales víctimas, pero no las únicas. También los hombres sufrieron en silencio el maltrato y el abuso contra sus hijas, madres, hermanas y esposas.
A través de tres hechos muy impactantes, un reinado de belleza con niñas adolescentes, peleas de boxeo entre homosexuales y la rapada a tres mujeres, Memoria Histórica ilustra el complejo proceso de regulación de la vida y el control social que impusieron los paramilitares en San Onofre. Las mujeres fueron relegadas a la vida privada, a ser madres y esposas ejemplares, mientras que a los homosexuales los castigaron y convirtieron en objeto de burla y ofensa.
Además, en un pueblo de afrodescendientes, ser blanco era sinónimo de distinción social. Los paramilitares al querer imponer un orden que desconocía la cultura, las costumbres y la raza predominante, generaron el caos y el desorden.
Los testimonios de las víctimas hablan por sí solos: "Las menores que participaron en el reinado, fueron obligadas a reunirse a solas con ‘El Oso’, el jefe paramilitar de Libertad, donde se llevó a cabo el reinado. Las candidatas que no aceptaron, tuvieron que irse de la región y tres o cuatro de las 17 niñas que concursaron en representación de igual número de corregimientos y veredas. Ay de quién no asistiera", contó una de las fuentes.
El reinado duró cuatro días en plena Semana Santa de 2003, las candidatas desfilaban en carrozas, los dueños de finca debían mandar tres o cuatro novillas o en su defecto 400 mil pesos. Una candidata de 14 años, que había capturado la atención de ‘El Oso’, se ganó una novilla, presuntamente robada. En los cuatro días de fiesta hubo música en vivo, ron, casetas, comidas y entretenimiento. Las utilidades por todos los servicios llegaban al bolsillo de ‘El Oso’. "Eran los dueños de la fiesta".
Pero así como el reinado terminó siendo un escenario donde ‘El Oso’ mostró que su intención era imponer su voluntad y saciar sus apetitos sexuales, las peleas de boxeo entre homosexuales y mujeres en el corregimiento ‘El Alto de Julio’, dieron lugar a la burla.
Los jóvenes fueron llevados a la fuerza en camionetas blindadas, vestidos con batas blancas y subidos al ring. El encuentro boxístico duró dos días y aunque el evento central fueron las peleas de boxeo y el desfile de los homosexuales y las mujeres. Hubo 14 peleas, picós traídos de Cartagena y música de viento.
"Trajeron a los maricas para burlarse, la gente fue obligada a ir y se reían del espectáculo", recuerda un testigo. También les tocó pagar y, por supuesto, el dinero era para los paramilitares organizadores.
"Fue un espectáculo fuerte, empezaron temprano, vendían cervezas y comidas y se burlaban de todo lo que estaba ocurriendo", recuerda otro habitante de la región.
El orden que impusieron no sólo fue con las armas y la intimidación, también lo hacían con el lenguaje. Los paramilitares hablaban del ‘camino recto’, es decir en los pueblos no podía haber ladrones, prostitutas ni drogadictos. Fueron excluidos y eliminados socialmente. Algunos expulsados, otros desaparecidos.
Uno de los testigos dijo lo siguiente: "Para mí ‘Cadena’ era un dictador en miniatura con un código de conducta claro: la gente tenía que estudiar y producir. Si los jóvenes estaban estudiando o trabajando con los padres, no había problemas".
En otro testimonio, una mujer afirma que "a pesar de la ola de violencia fuerte, fuerte, fuerte, la gente nunca se desmotivó: las que estudiaban seguían estudiando y los que trabajan, seguían trabajando; pero sí: ‘por el camino recto".
Las mujeres fueron estigmatizadas y debieron acomodarse a lo que la cultura tradicional esperaría de ellas: "su vida se restringía al ámbito privado, a sus hogares, a criar a sus hijos y a mostrarse respetuosas de la autoridad masculina y paramilitar", dice el informe de Memoria Histórica.
El informe cita por ejemplo que un día ‘Cadena’ le dijo a una mujer: "Yo no mato a los maricas, porque los maricas son más fieles que las mujeres".
Pero eso no fue todo. Las mujeres no podían estar sentadas en las puertas de sus casas, o reunirse en grupos, porque eran acusadas de ‘chismosas’, ‘pelioneras’ y ‘viciosas’. Esos ‘comportamientos’ eran castigados, los paramilitares sometían a las mujeres al escarnio público y en otros casos las obligaban a trabajos forzados como barrer las calles del pueblo o limpiar las edificaciones públicas.
A las mujeres de Libertad e Higuerón, corregimientos que conservan prácticas religiosas afrodescendientes, las consideraban peligrosas y contrarias a los principios cristianos defendidos por los paramilitares. A esas mujeres las rotulaban de ‘brujas’.
Mientras estigmatizaban a las mujeres, construyeron una noción de hombre, viril y guerrero. Castigaban los cortes de pelo y los aretes en las orejas. Controlaban el cuerpo, la ropa y el peinado. Nadie podía tener el cabello largo ni accesorios.
El informe dice que los paramilitares trataban a las personas como animales.
‘Cadena’ y ‘El Oso’, además de los maltratos mencionados, trataban a la población afro de manera racista. Uno de ellos le contó a Memoria Histórica que, cuando reunían al pueblo, los que buscaban la sombra o una silla mientras llegaba ‘Cadena’, este criminal los increpaban al tiempo que disparaba al aire : "negros, ustedes se me paran en el sol, como el ganado".
Además recuerdan que amontonaba a la población con los hombres de su escolta y les decía: "estoy harto, cansado de su desorden. Voy a matar a tres o cuatro para que sepan que yo sí mato. Todo esto es mío decía, espero que mejoren".
Eso no era todo, le gritaban "negros flojos y los sancionaban con largas jornadas de trabajo."
Mientras maltrataba a los hombres les decía a las mujeres "negras chismosas".
La humillación por parte de ’Cadena’ y sus hombres era permanente y el maltrato fue sistemático, duradero y avasallador.
Después de años de maltratos y vejaciones los habitantes de estas poblaciones del Caribe colombiano empezaron a sentir un aire cuando capturaron a ‘El Oso’ a comienzos de 2004 y ‘Cadena’ estaba en los diálogos de Ralito.
La silenciosa resistencia que habían mantenido durante más de siete años, estalló cuando el sucesor de ‘El Oso’, alias ‘Diómedes’ quiso mantener el mismo régimen y algunos pobladores lo lincharon cuando trató de dar ejemplo con un joven que se resistía al maltrato.
24 de noviembre de 2011
21 de noviembre de 2011
18 de noviembre de 2011
cc verdad abierta

las 30 mil hectáreas de alias don mario


El ex jefe financiero del Bloque Centauros ha entregado a Justicia y Paz por lo menos 13 predios.
Colombia. El Bloque Centauros, que delinquió principalmente en Meta y dejó más de 6 mil víctimas en esta región, se apropió de extensas tierras en los Llanos Orientales con el pretexto de combatir a la guerrilla, manejar las rutas del narcotráfico y tener poder en la zona.
Esta es la hipótesis sobre la que trabaja la Fiscalía, después de que la Subunidad de Bienes de Justicia y Paz estudió los predios entregados por Daniel Rendón Herrera alias ‘Don Mario’, ex jefe de finanzas de este grupo paramilitar entre febrero de 2002 y junio de 2004, cuando Miguel Arroyave alias ‘El Arcángel’ fue el jefe de este bloque.
Durante la más reciente audiencia de formulación de cargos contra alias ‘Don Mario’ y otros 17 ex paramilitares del Centauros, la Fiscalía quinta presentó ante los Tribunales de Cundinamarca un informe sobre estos predios que serán destinados para reparar a las víctimas. VerdadAbierta.com reservó el nombre de los predios por ser objeto de investigación:

Vía Incoder
Algunos de los predios entregados por el ex jefe paramilitar al parecer fueron obtenidos en complicidad con el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural, Incoder. Según lo documentó la Fiscalía, el Centauros tenía una persona clave que lograba que el instituto de tierras les titulara predios a nombre de terceros o empresas, que eran sus amigos o aliados.
Así ocurrió por lo menos con cuatro predios, que suman 6.177 hectáreas y están ubicados en el municipio de Mapiripán, el lugar por donde los paramilitares ingresaron al Meta cometiendo una masacre en julio de 1997.
En este pueblo, el cómplice de los paramilitares logró que a él y a otros dos trabajadores de una organización y una cooperativa de palma les titularan fincas que eran destinadas para campesinos sin tierra y que terminaron en manos del Bloque Centauros.
Después de revisar las matrículas y de entrevistar a los ocupantes de estos predios, algunos testaferros le confesaron a la Fiscalía que sabían del nexo que tenía esta persona con los ‘paras’, o que habían trabajado para una empresa de la cual esa misma persona era el representante legal.
En los tres casos, la Fiscalía solicitó medidas cautelares para proteger los bienes y Acción Social, encargado de la administración de las tierras entregadas por los grupos paramilitares, dijo que realizará una subasta pública de estos. El dinero irá al Fondo Nacional de Reparación.

Toma de Baldíos
Los baldíos son tierras de la Nación y la Fiscalía encontró que el Bloque Centauros se apropió de varios predios con esta característica. Aunque no tenían títulos de propiedad, las explotaron y sobre ellas construyeron o cultivaron, y a esto se les conoce como mejoras.
En dos predios, ubicados en el municipio de San Martín y que suman 22 mil hectáreas, el grupo paramilitar construyó casas y en una, en especial, a partir del año 2000 sembró palma aceitera, lo que significa en la actualidad que el cultivo es incluso más costoso que la tierra.
La Fiscalía dijo que continuará con las labores de verificación que "han sido difíciles", dijo la fiscal ante los magistrados de Justicia y Paz, "porque en esta zona delinque el Ejército Revolucionario Popular Antisubversivo de Colombia, Erpac", una banda criminal que hasta diciembre de 2010 estuvo a cargo de Pedro Oliverio Guerrero alias ‘Cuchillo’.

Englobes y Nombres
En los municipios de San Martín y El Dorado el Bloque Centauros se apropió y en otros casos logró títulos de varias fincas que, según las matrículas, con el paso del tiempo fueron cambiando de dueños.
Estos predios fueron usados por los paramilitares para montar sus ‘bases militares’ o desarrollar sus proyectos, entre ellos una clínica de la cual solo alcanzaron a levantar las bases. En la audiencia también se conoció que los ’paras’ tomaron varios terrenos que luego "englobaron" en un mismo predio. Así le cambiaron el nombre originario a varias fincas de la región.
La Fiscalía dijo durante la audiencia que aún realiza el estudio de títulos e inspección de linderos de estos predios, por lo complejo de la tradición de estas tierras que han "pasado de mano en mano" y cambiado de extensión.
El Tribunal de Justicia y Paz y los defensores de víctimas le solicitaron a la Fiscalía que pidiera medidas urgentes de protección para que estos predios no sigan en el comercio y  por tanto, no se dificulte más el proceso de reparación de las víctimas.
La Unidad de Justicia y Paz encontró que 90% de los registros de los títulos ocurrieron en el Circuito Único Notarial de San Martín, el municipio que entre 1997 y 2005 fue considerado como la base paramilitar del Centauros, entonces, a la cabeza de Manuel de Jesús Pirabán alias ‘Pirata’.
Aunque la Fiscalía 5 de Justicia y Paz ya imputó 447 delitos contra 18 ex paramilitares del Bloque Centauros, la Unidad les formulará cargos de forma parcial por 100 delitos. La formulación de cargos es una etapa del juicio antes de que los magistrados emitan una sentencia que condene a los desmovilizados y repare a las víctimas.
24 de noviembre de 2011
16 de noviembre de 2011
cc verdad abierta

en mapiripán sí hubo masacre


Después del escándalo de los falsos muertos de la masacre, el familiar de un desaparecido le contó a VerdadAbierta.com lo que vivió cuando intentó rescatar el cuerpo de su hermano.
Colombia. Días después de la masacre de Mapiripán, entre el 12 y el 22 julio de 1997, Juan Rivera * intentó llegar a este municipio en el centro del Meta porque sus familiares le dijeron que su hermano había desaparecido a manos de los paramilitares.
Por primera vez después de conocerse el escándalo de las falsas víctimas de Mapiripán, un familiar de una persona asesinada en esa masacre habla con un medio de comunicación, aclarando que esa matazón sí ocurrió y que el terror fue tal que muchos dieron a sus familiares por muertos o desaparecidos, porque la población fue tomada por más de 100 hombres enviados por los hermanos Carlos y Vicente Castaño, las Autodefensas Campesinas de Martín Llanos en complicidad con miembros de la Fuerza Pública en Urabá y Meta.
Iván, un muchacho nativo de la zona, había regresado a la casa de sus padres un año antes de la masacre porque quería ayudarlos con la finca, y ninguno de sus hermanos pudo persuadirlo para que no regresara al pueblo. Su familia se dedicaba a la ganadería.
Para la época de la masacre, dijo Juan a VerdadAbierta.com, Mapiripán era un lugar en el que se movía mucha gente y dinero, en parte por la siembra de coca. La región estaba bajo el control de las Farc.
Según Jorge, "la gente en Mapiripán no se metía en política, pero sí le hacían caso a la guerrilla porque eran la fuerza armada allá". Aun no entiende por qué los paramilitares hicieron esta masacre, ni por qué asesinaron a su hermano menor.
Según contó, cuando se enteró de la incursión paramilitar se fue a sacar a sus padres de la zona, tomando la precaución de que los ‘paras’ ya no estuvieran en Mapiripán.
"Cuando fui en agosto (de 1997), vi como los paramilitares estaban en medio del campamento del ejército", dijo.
Cuando llegó a Mapiripán la gente salía asustada. El fue testigo de cómo muchos de sus habitantes abandonaban el pueblo. Calculó que por lo menos el 80 por ciento de la población salió desplazada.
Al llegar a la casa de sus padres, una vecina le contó que los paramilitares luego de asesinar a su hermano, lo descuartizaron. Su cuerpo lo habían amontonado en la calle junto a las otras víctimas.
Su familia, para evitar que los perros terminaran despedazando a su hermano, le pidió permiso a los ‘paras’ para recoger sus restos. Otra hermana tuvo que sacar las partes del cuerpo del montón donde estaban apilados, y luego los enterró en el cementerio sin lapida ni ceremonia. Hoy en día no sabe dónde está su tumba, y aunque la Fiscalía los ha ayudado a buscarlos, aun no los encuentran.
Luego de la masacre los paramilitares persiguieron a su familia. En 2003, viviendo en el caserío de la Paz, jurisdicción del Retorno, Meta, los paramilitares lo secuestraron y lo torturaron. Según contó su intención era asesinarlo, pero la intervención de sus vecinos lo salvó.
Ese mismo día los paramilitares secuestraron y asesinaron a otras personas que tenían en una lista. Jorge dijo a VerdadAbierta.com no recordar cuántas personas se llevaron.
"A otro de mis hermanos que le dicen ‘El Cubo’ también lo persiguieron después de la masacre. A todos nos acusaron de guerrilleros", agregó.
Catorce años después de la masacre, y con la ayuda de la Fiscalía, Juan volvió a Mapiripán a exhumar el cuerpo de su hermano pero no lo han podido encontrar. "Había muchos cuerpos, pero no encontré el de mi hermano, incluso el Fiscal me dejó estar mediodía más de lo planeado, pero no encontramos nada", dijo.
Juan y su familia ahora solo esperan poder encontrar el cuerpo de su hermano y darle sepultura.

El Proceso
La polémica sobre el número de muertos en la masacre de Mapiripán no se ha saldado porque la investigación está en proceso.
Según le contó a VerdadAbierta.com una fuente que conoce la investigación, los muertos que han podido identificar son el resultado de las confesiones de 15 paramilitares, entre ellos Manuel de Jesús Pirabán, alias ‘Pirata’, sobre el recorrido que hicieron entre el 12 y el 22 de julio de 1997. Ellos reconocieron el asesinato de 26 personas.
La Fiscalía ha contrastado los testimonios de los desmovilizados con los entregados por los sobrevivientes de la masacre, o que fueron víctimas directas.
La Fiscalía pudo documentar 13 de los crímenes cometidos contra los habitantes de esta población, de los cuales 6 fueron asesinatos, 4 desapariciones y 3 secuestros. En proceso está la identificación de otras 7 personas más que se encuentran desaparecidas.
Según reconstruyó la Fiscalía las víctimas fueron asesinadas así: El 19 de julio, día en que los paramilitares salieron de Mapiripán hacia el municipio La Cooperativa, allí en horas de la mañana retuvieron a Antonio María Barrera, Walter Orejuela Mosquera, a un N.N que aun la Fiscalía investiga su identidad y del que sólo se le saben que venía de La Cooperativa, y a Sinaí Blanco Santamaría, los cuales fueron llevados al matadero del pueblo.
Allí fueron retenidos hasta tarde en la noche y fueron degollados. Varios de los cuerpos de estas víctimas fueron arrojados al río y los paramilitares no le permitieron a la gente del pueblo rescatarlos, a pesar de que pasaron flotando por el Guaviare a la vista de varios de los pobladores de Mapiripán.
Ese mismo día los ‘paras’ retuvieron a los ocupantes de dos lanchas en el puerto de esta cabecera municipal.
En una de las lanchas, según reconstruyó la Fiscalía, iba el Fiscal de la Junta de Acción Comunal de la vereda Unión de Buenos Aires, Óscar Alberto Madrid Restrepo, a quien los paramilitares señalaron de ser colaborador de la guerrilla. Luego de retenerlo durante varias horas, de interrogarlo y torturarlo, lo amarraron en un poste cercano al muelle y lo asesinaron.
Lo mismo le ocurrió a Carlos Arley Beltrán y Orlando Martínez, quienes fueron retenidos en otra lancha, torturados e interrogados por los ‘paras’ hasta que su hermana logró hablar con ‘Águila 6’, un mando medio de las Accu quien los liberó.
Ese mismo día también retuvieron, torturaron e interrogaron durante varias horas a Winneyer Torres Acero en el aeropuerto.
En los siguientes días los paramilitares se desplazaron al sector de La Cooperativa, donde asesinaron a Álvaro Tovar Muñoz, a quien acusaron de ser colaborador de la guerrilla, a Leduin Morales Caleño quien aparentemente tuvo una disputa con los paramilitares cuando estaba tomando en un billar, al igual que Jaime Pinzón Gómez y María Georgina Pinzón.
A estas últimas tres víctimas los paramilitares las descuartizaron y las enterraron, por lo cual los familiares tuvieron que ir a buscar sus restos.
La principal dificultad para reconstruir cómo fue la masacre reside en la impunidad que rodeaba el proceso y que solo hasta ahora, gracias a la investigación de Justicia y Paz, se empezó una investigación en profundidad, en la que se ha contrastado lo contado por los paramilitares con la versión de los sobrevivientes.
Con base en los testimonios y la reconstrucción hecha a lo largo de la investigación, se iniciaron una serie de exhumaciones en la zona, que dio como resultado el levantamiento de 6 cadáveres.
Por otra parte la Fiscalía ha tenido dificultades para hacer las excavaciones por la presencia de bandas criminales y guerrilla.
La fuente de la Fiscalía, consultada por VerdadAbierta.com, dice que las diferencias de cifras de las víctimas fatales de esta masacre se debe a la confusión que causó una toma de esta naturaleza y al pánico que generó la barbarie con la que actuaron los paramilitares de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá apoyados por hombres de Martín Llanos.
En ese sentido, no culpan que los sobrevivientes hayan visto a 30 o a 100, "el terror fue bárbaro, llegaron 80 – 100 personas armadas, encapuchadas, recogiendo y maltratando a la población, por el caos fue que se presentaron las diferentes versiones de los sobrevivientes", dijo la fuente a VerdadAbierta.com. Por eso se pudieron cometer errores en el conteo de las víctimas.
En la imputación de cargos que se adelanta en el Tribunal de Justicia y Paz, la Fiscalía ratificó la versión de los desmovilizados que están colaborando con la justicia- entre ellos Freddy Rendón Herrera, alias ‘El Alemán’, y Manuel de Jesús Pirabán, alias ‘Pirata’, que viajaron de Urabá hasta el corazón del Meta con la complicidad de miembros de la Fuerza Pública.
La fuente de la Fiscalía le contó a VerdadAbierta.com que, después de la masacre, otras personas fueron asesinadas por la guerrilla que los señaló de haber colaborado con la incursión paramilitar. Es decir que el número de muertos producto del conflicto pudo haber sido mayor.
Incluso si se tiene en cuenta que los paramilitares realizaron otras incursiones en Caño Jabón en donde el número de muertos fue superior a los 20.
En los próximos días la Fiscalía anunció que hará un recuento detallado de lo encontrado y lo que falta por investigar para de esta forma sacar de la impunidad y la desinformación una masacre que todavía sigue conmoviendo al país.
24 de noviembre de 2011
8 de noviembre de 2011
cc verdad abierta

alias steven imputado por 17 crímenes


La Fiscalía logró imputarle 17 crímenes de lesa humanidad al ex jefe del Frente Omar Isaza, conocido con el alias de ’Steven’, cometidos en Fresno y Mariquita.
Colombia. La Fiscalía le imputó a José David Velandia Ramírez alias ‘Steven’ 17 delitos ante el Tribunal de Justicia y Paz de Bogotá, entre los que se encuentran asesinatos, torturas, secuestros y desapariciones entre otros crímenes de lesa humanidad, cometidos por este paramilitar en Fresno y Mariquita, Tolima.
‘Steven’, fue miembro del Frente Omar Isaza de las Autodefensas Campesinas del Magdalena Medio desde 2001, hasta la fecha de su desmovilización el 7 de febrero de 2006.
En las Auc, alias ‘Steven’ ascendió de soldado raso a comandante de zona.
La impunidad que rodeaba estos hechos ha podido ser resuelta gracias a las labores investigativas que han adelantado diferentes despachos de la Unidad de Justicia y Paz de la Fiscalía.
Según contó a VerdadAbierta.com una fuente de la Fiscalía, de los casos que en esta imputación se trataron, aquellos que tenían alguna investigación, la mayoría ya habían sido archivados, y en muchos de ellos no se conocía quien era el autor del hecho.
En 2004 fue capturado por porte ilegal de armas, pero no significó que dejara las Autodefensas. Según lo investigado por la Fiscalía en el tiempo en que estuvo en la cárcel siguió recibiendo dinero de los paramilitares, como salario.
El abogado de este paramilitar explicó que este tipo de ayuda era común en las Autodefensas, para que sus hombres pudieran comprar elementos de aseo, y que debía ser visto mas como una "ayuda humanitaria" que como un salario.
Durante el tiempo en que fue jefe del Frente Omar Isaza en Fresno y Mariquita, alias ‘Steven’, según la investigación de la Fiscalía, fue evidente el control a partir del miedo, no solo sobre la población, sino incluso sobre el Estado.
Los paramilitares asesinaron a personas en frente de la población, cometieron masacres, extorsiones a políticos locales y atacaron las propiedades de los tolimenses.
Según la Fiscalía, la presencia ‘Steven’ construyó un régimen de terror que generó secuelas en los pobladores de Mariquita y Fresno hasta hoy en día.
Esto lo pudo comprobar la Fiscalía en una diligencia realizada por agentes del CTI en 2010 en Mariquita, la cual tenía como fin reconstruir y corroborar un caso en el que los paramilitares confesaron haber hecho una ejecución pública en la escuela del pueblo.
Los sobrevivientes fueron capaces de reconstruir los crímenes, pero no pudieron señalar o identificar a los perpetradores.
Contaron que en la región aun se recuerda que los paramilitares tomaron represalias contra la Federación de Cafeteros del Tolima, porque estos, al estar arreglando una carretera dañaron otra vía que había sido construida por las Autodefensas Campesinas del Magdalena Medio.
Los paramilitares además de robar las maquinas de propiedad de la Federación, les enviaron prohibieron el ingreso a esta zona del país.
Por estos mismos crímenes la Fiscalía también había imputado por línea de mando a Ramón María Isaza, alias ‘El Viejo’ ex jefe y fundador de las Autodefensas Campesinas del Magdalena Medio y a Walter Ochoa alias ‘El Guerre’, ex jefe del frente Omar Isaza.
El frente Omar Isaza (Foi), al cual perteneció alias ‘Steven’ tuvo como jefe político a alias ‘El Gurre’ y en lo militar por Luis Fernando Herrera Gil alias ‘Memo Chiquito’.
El frente, que asumió el nombre de uno de los hijos de Isaza que murió en un accidente, delinquió en varios municipios de Tolima, Caldas, Antioquia y Cundinamarca.
La imputación de cargos es una fase del juicio que se adelanta contra alias ‘Steven’. Consiste en que la Fiscalía presenta los delitos cometidos por el ex jefe paramilitar ante un magistrado de Justicia y Paz. Después, sigue la formulación y la legalización de cargos antes de que el Tribunal emita una condena contra del ex paramilitar y repare a las víctimas.
23 de noviembre de 2011
10 de noviembre de 2011
cc verdad abierta

acusan a ex patrullero de andaquíes


El Tribunal de Justicia y Paz confirmó medida de aseguramiento contra Roldán Polanco Rocha alias "Gomelo", exparamilitar del Frente Sur Andaquíes, acusado de crímenes de lesa humanidad.
Colombia. La Fiscalía 27 de Justicia y Paz formuló cargos contra el expatrullero del Frente Sur Andaquíes, Rolando Polanco Rocha alias ‘Gomelo’, por concierto para delinquir agravado. Es decir, por haber cometido delitos de lesa humanidad como narcotráfico, secuestro, extorsión, terrorismo y desaparición forzada en concierto con otros integrantes del grupo paramilitar.
También se acusa a Rolando Polanco de haber participado en el homicidio de nueve civiles, entre 1999 y 2001, en los departamentos de Caquetá y Huila. Las víctimas habrían sido señaladas como colaboradores de la guerrilla y asesinadas por alias ‘Gomelo’, en complicidad con otros patrulleros, bajo órdenes de distintos comandantes del frente paramilitar.
Cuatro de los nueve homicidios supuestamente cometidos por el expatrullero, Roldan Polanco, fueron resultado de las políticas de "limpieza social" del Frente Sur Andaquíes, afirmó la Fiscal en la audiencia de imputación de cargos contra el exparamilitar. Una de las víctimas había sido señalada de ser un corruptor de menores y tres ellas de ser atracadores.
Los crímenes cometidos por alias "Gomelo" fueron confesados por él mismo en versiones libres entre 2009 y 2011. Tras investigarlos, la Fiscalía presentó ante el Magistrado de Justicia y Paz del Tribunal de Bogotá, pruebas como actas de denuncias, necropsias y entrevistas a familiares de las víctimas. El Magistrado, por su parte, confirmó la medida de aseguramiento contra el exparamilitar.
En Justicia y Paz, las medidas de aseguramiento deberán ser cumplidas por los postulados en prisiones del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, Inpec. El tiempo trascurrido bajo medida de aseguramiento formará parte de la pena y está última no podrá ser superior a los ocho años.
Roldan Polanco, ex soldado profesional, asegura haber sido miembro de las autodefensas durante cuatro años a partir de 1997. Actualmente está cumpliendo una pena de 31 años por un homicidio del que se declara inocente. El homicidio, cometido a finales de 2001 en Tolima, ha sido confesado por miembros del Bloque Tolima y ninguno de ellos ha identificado a alias ‘Gomelo’ como coautor del delito, según información de la Fiscalía.
Alias ‘Gomelo’ se desmovilizó de manera colectiva con el Frente Sur Andaquíes en 2006 pero afirma haber abandonado las autodefensas en 2001. En 2001 el Frente Caquetá de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (Accu), de los hermanos Carlos y Vicente Castaño, pasó a formar parte del Bloque Central Bolívar (Bcb), de Carlos Mario Jiménez Naranjo alias ‘Macaco’, quién lo rebautizó con el nombre de Frente Sur Andaquíes.
El exjefe paramilitar alias ‘Macaco’, condenado en Estados Unidos a 33 años de prisión en Estados Unidos por delitos de narcotráfico y terrorismo, negoció el Frente Sur Andaquíes a la Casa Castaño como parte de una estrategia de compra de diferentes grupos paramilitares donde él pudiera lucrarse con el narcotráfico, siendo estratégico el sur del país.
Fue en el 2001 que el Frente Sur Andaquíes engrosó sus filas porque incrementaron sus finanzas cobrando impuestos ilegales al tráfico de cocaína en la región. La Fiscalía ha documentado 5.812 víctimas del Frente en Caquetá, entre 2001 y 2006.
Al finalizar la audiencia de imputación de cargos contra Roldan Polanco alias ‘Gomelo’, el Magistrado del Tribunal de Bogotá pidió que la Unidad antiterrorismo de la Fiscalía investigue los hechos relacionados con el homicidio de tres civiles en el Municipio de Belén de los Andaquíes en el año 2000. Según confesó alias ‘Gomelo’ en versión libre, estos homicidios habrían sido cometidos a las afueras del municipio: "Por un acuerdo con la Policía de Belén de no calentar el casco urbano".
El Magistrado pidió también que la investigación sea erradicada en Bogotá para que los imputados nos sean investigados por funcionarios que puedan estar implicados. En el caso en que se comprobará lo declarado por alias ‘Gomelo’, los policías del municipio del Caquetá podrían estar involucrados en concierto de delito agravado de lesa humanidad, hechos que comprometerían a la Policía Nacional y al Ejército si opero en la zona, aseguró el Magistrado.
En 2001 Alias ’Macaco’ compró el Frente Caquetá a los hermanos Castaño y lo rebautizó con el nombre de Frente Sur Andaquíes.
23 de noviembre de 2011
21 de noviembre de 2011
cc verdad abierta

investigarán bienes entregados


Una magistrada de Justicia y Paz pidió a la Contraloría investigar la forma cómo se administran los bienes entregados por los paramilitares para la reparación de las víctimas.
Colombia. Durante la audiencia de Formulación de Cargos ante el Tribunal de Justicia y Paz de Bogotá contra José Germán Sena Pico, alias ‘Nico’, ex jefe político del Frente Sur de los Andaquíes del Bloque Central Bolívar, este paramilitar denunció varias irregularidades en la administración de 41 bienes entregados por él y su grupo para la reparación de víctimas.
Por esta denuncia la Magistrada de Justicia y Paz, Teresa Ruiz, ordenó a la Contraloría General de la República que inicie una revisión del estado en que los bienes se encuentran.
Según alias ‘Nico’, luego de entregar los bienes hace dos años y medio, se enteró de que algunos de ellos fueron presentados como incautados por la Fuerza Pública.
Por este motivo varios de estos inmuebles se encuentran ahora bajo el control de la Dirección Nacional de Estupefacientes, y no de Acción Social, poniendo el riesgo la reparación de las víctimas.
Ante la posibilidad de que los predios se perdieran, la magistrada dijo en la audiencia que debían ser recuperados como fuera para Justicia y Paz.
El abogado de alias ‘Nico’ explicó que esta situación generó dudas sobre el manejo que le dieron a la información sobre sus bienes en versión libre. Según el abogado del paramilitar o filtraron información a otras entidades estatales o no hicieron los trámites para entregar los bienes al Fondo de Reparación.
La fiscal 27 de Justicia y Paz aclaró durante la audiencia que, por estos hechos, compulsaron copias contra el funcionario de la Fiscalía que tuvo acceso a la versión de alias ‘Nico’, para comprobar si existió o no un mal manejo de la información.
La fiscal también aclaró que su despacho ya hizo los trámites para que todos los bienes fueran manejados por la unidad de bienes para Justicia y Paz de la Fiscalía.
Los predios que son entregados por los paramilitares para la reparación de víctimas dentro de Justicia y Paz primero son recibidos por la Fiscalía, que a su vez gestiona ante los Tribunales la imposición de una medida cautelar, con la que congela la propiedad y la saca del mercado.
Luego de investiga si el bien es del paramilitar, y si fue o no adquirida de buena fe, al hacerlo la Fiscalía lo entrega al Fondo Nacional de Reparación, manejado por la Subdirección de Atención a Víctimas de Acción Social.
Esta entidad se encarga de administrar y subastar el inmueble, para convertirlo en dinero y que se utilizará para pagar las reparaciones económicas a las víctimas.
Alias ‘Nico’ denunció también que los predios conocidos con los nombres de Caney y Arizona, ubicados en Cáceres, Antioquia, de propiedad de Carlos Mario Jiménez, alias ‘Macaco’, administrados por él durante muchos años y que calcula pueden ser vendidos por diez mil millones de pesos, fueron cotizados por Acción Social en un precio inferior.
Para alias ‘Nico’ este tipo de problemas, hacen que él y otros paramilitares del Bloque Central Bolívar se sientan engañados y puede obstaculizar la entrega de otros bienes.
Ante esta declaración, la Magistrada Ruiz exhortó al desmovilizado a confiar en el proceso de Justicia Transicional, al tiempo que pidió a la Fiscalía agilizar en la imposición de medidas cautelares, y solicitó a la Defensoría del Pueblo y Procuraduría ayudar con la vigilancia sobre los bienes entregados en Justicia y Paz.
La magistrada aprovechó para pedir a la Fiscal General Vivian Morales y a la directora de Justicia y Paz, Elba Beatriz Silva, revisar la forma cómo se manejan los bienes entregados por los desmovilizados dentro de la reforma a la justicia.
En los últimos meses, en varias diligencias de formulación y legalización de cargos, así como durante los incidentes de reparación de Jorge Iván Laverde, alias ‘El Iguano’, y de Edgar Ignacio Fierro, alias ‘Don Antonio’, han sido revelados problemas en la administración de los bienes, muchos de los cuales no se han subastado, a pesar de haber sido entregados por los paramilitares hace ya varios años.
Además durante dos incidentes de reparación quedó en evidencia que el origen de estas inconsistencias está en el contrato que hizo Acción Social con la Sociedad de Activos Especiales, entidad que administra los predios entregados al Fondo Nacional de Reparación.
Por estos hechos la Procuraduría General de la Nación anunció, durante el incidente de reparación de ‘Don Antonio’ que entrarían a vigilar el proceso.
23 de noviembre de 2011
15 de noviembre de 2011
cc verdad abierta

la caída de cano


Junto con el operativo final de las Fuerzas Especiales del Ejército y la FAC, un reducido grupo de policías que por cuatro años se infiltró en las estructuras de Alfonso Cano en pueblos y montañas fue la clave para terminar con el máximo jefe de las Farc. SEMANA revela la historia desconocida.
Colombia. Todo el país sabe que a Alfonso Cano lo mató de tres disparos un soldado de las Fuerzas Especiales del Ejército. Lo que no se ha contado es cómo, en realidad, lo mató la inteligencia. Un grupo de la Policía, que llevaba años siguiendo a sus hombres más cercanos, hacía meses había puesto sus ojos en Pacho Chino, su jefe de seguridad. Y cuando, en coordinación con el Comando Conjunto de Operaciones Especiales (Ccoes), se dispusieron a caerle, descubrieron que junto a él se encontraba el hombre que llevaban persiguiendo casi cuatro años: el mismísimo jefe de las Farc.
Los bombardeos que tuvieron lugar en Chirriadero, un monte entre los municipios de Suárez y Morales, en el Cauca, el 4 de noviembre, contra el campamento del jefe guerrillero y los tres disparos que acabaron con su vida después de una búsqueda de 11 horas, fueron el episodio final de casi cuatro años de una labor pertinaz que combinó la infiltración con la presión militar. Una larga cacería cuyos toques finales se dieron en una serie de reuniones secretas de inteligencia, entre el 24 y el 28 de octubre pasados. En ellas, aunque sus participantes no lo sabían con certeza, se selló la suerte de Cano.
Durante esos días el nuevo ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, quien llevaba apenas un mes en el cargo, se reunió con los integrantes de inteligencia de la Policía y del Ejército y con los comandantes de esas fuerzas. Siguiendo la política de colaboración entre las agencias de inteligencia, todos dejaron de lado los celos y empezaron a destapar sus cartas. Dos conclusiones fundamentales salieron de esas reuniones. El Ccoes había desplegado una vasta persecución sostenida que había obligado a Cano a salir de su madriguera en el Cañón de Las Hermosas, en el sur del Tolima, y lo había forzado a moverse hacia el Cauca junto con sus hombres. Por su parte, la Dirección de Inteligencia de la Policía (Dipol) mostró el resultado de un trabajo silencioso pero fundamental que había comenzado desde hacía cuatro años por medio de una red de 30 agentes encubiertos infiltrados en diferentes estructuras y zonas claves de la guerrilla en el centro y occidente del país. Ese cruce de información permitió fusionar el uso de la fuerza con la precisión de la inteligencia.
 
Primeras Infiltraciones
Desde 2007, las Farc venían insistiendo públicamente en el despeje de los municipios de Florida y Pradera, una zona estratégica enclavada en la cordillera Central que, por su ubicación, permite moverse entre cuatro departamentos: Valle, Tolima, Huila y Cauca. Cuando el CCOES lanza la gran ofensiva en el sur del Tolima, en la Dipol ya venían adelantando una labor paralela, pues habían concluido que la presión de los militares inevitablemente obligaría a Cano a trasladarse hacia otros departamentos, especialmente hacia el Cauca. "El Ejército le fue quitando espacio a la guerrilla con cada operación. Lo que fue muy importante es que a pesar de lo difícil que fue por los soldados caídos y que resultaban lisiados por los campos minados, ellos nunca se retiraron o perdieron los espacios que iban ganándoles a las Farc. Eso obligó a Cano y a toda su estructura a moverse", explicó a SEMANA un analista de inteligencia.
Empezó entonces una paciente e incierta labor: infiltrar agentes de inteligencia en esas zonas, con el objetivo de penetrar las 11 estructuras que apoyaban al jefe de las Farc en el occidente, entre las que estaban el frente sexto y las que conformaban el llamado Comando Conjunto Central (CCC). Una de las primeras decisiones fue enviar policías encubiertos a Pradera y Florida. "Lo primero, obviamente, fue seleccionar las personas para la misión, ya que debían tener un perfil psicológico y físico que les permitiera pasar inadvertidos. Hay que cuidar todos los detalles. A una zona de esas, por ejemplo, usted no puede enviar a alguien que aunque parezca de la zona tenga ‘brackets’ en los dientes", explicó un oficial de inteligencia.
Tras varios meses de entrar y salir de esos municipios para que la gente se acostumbrara a ver a los infiltrados, en 2008 se optó por enviar dos parejas, una a cada pueblo. En Pradera la fachada fue la de instalar un lugar de venta de minutos y equipos para celulares. "En Florida se convenció al dueño de una tienda de permitir que otra pareja de agentes de inteligencia se hiciera pasar por familiares que habían llegado a instalarse a ese municipio y que iban a ayudarle en el negocio. Esa tienda era clave porque habíamos establecido que algunos milicianos compraban allí víveres que transportaban hacia los campamentos y el objetivo era ganarse la confianza de ellos y, eventualmente, reclutarlos o hacer que nos reclutaran", contó a SEMANA uno de los infiltrados.
La llegada de extraños a municipios relativamente pequeños donde todos se conocen y donde los ojos de milicianos y guerrilleros están alerta sobre cualquier recién llegado implica siempre inmensos riesgos.
"En esto un solo error se paga con la vida", dijo una de las agentes de Policía infiltradas. "A las tres semanas de haber montado la fachada de venta de minutos, me cogieron cerca de la plaza del pueblo y, casi al mismo tiempo, a mi compañero, que era ‘mi esposo’, se lo llevaron del negocio fachada. Durante todo el día nos hicieron las mismas preguntas a él y a mí, que iban desde cuándo nos habíamos casado, dónde habíamos vivido antes, etcétera. Estaban comparando versiones a ver si había alguna discrepancia. Por suerte, estábamos bien preparados y se cuidó al extremo cada detalle a tal punto que, por ejemplo, nuestras hojas de vida en la Policía se habían borrado del sistema. Con excepción de algunos de los jefes, nadie sabía que éramos policías", explica.
Esas dos infiltraciones iniciales fueron la semilla que dio paso a enviar infiltrados a otros lugares en el transcurso de varios meses. "En algunos de los llamados caminos reales entre Florida y Pradera se hacían competencias de ‘motocross’ en las que participaba gente de todo el país. Nuestros jefes inmediatos se hacían pasar por motociclistas, y cuando había eventos, aprovechábamos la afluencia de gente y les entregábamos la información". Gracias a la venta de minutos y de equipos celulares, los infiltrados consiguieron una gran base de datos que al ser depurada por los analistas en Bogotá permitió establecer una lista de familiares, amigos, milicianos y guerrilleros en gran parte del centro y occidente del país. Con esos datos se diseñaron nuevas fachadas y se enviaron agentes encubiertos para infiltrarse en media docena de municipios.
 
Secretos de las Sábanas
En Toribío y Cajibío, los infiltrados compraron viejos camperos Uaz y trabajaron como conductores. En Chaparral, Tolima, uno de los policías consiguió ser contratado como administrador de uno de los prostíbulos a los que acudían milicianos y algunos guerrilleros cuando bajaban del monte.
"De las sábanas salen muchos secretos –afirma el policía infiltrado–. Lo que se hizo allí fue reclutar a las prostitutas para que sacaran y nos pasaran la información cuando estuvieran con los guerrilleros. Los datos más valiosos venían de las que ellos (los guerrilleros) llevaban hasta los campamentos, porque así conseguíamos desde la ubicación del sitio hasta cuántos eran, tipo de armas, comunicaciones, etcétera", afirma.
Gran parte del éxito de la labor de los infiltrados consistió no solo en aportar información sobre lo que veían directamente, sino en el reclutamiento de fuentes en el terreno. "Aunque los objetivos eran los cabecillas cercanos a Cano y los demás comandantes, el truco consistió en que nunca subestimaron las fuentes sin importar su rango. Nunca se sabía cuándo un guerrillero raso o un miliciano entregaban un dato fundamental. Y eso fue clave", explica un analista.
Esa labor permitió, a mediados del año pasado, quitarle a Cano a uno de sus principales lugartenientes, Magaly Grannobles. Conocida con el alias de Mayerly, esta mujer fue una de las pocas comandantes guerrilleras. Era jefa de la columna Héroes de Marquetalia, al mando de 500 guerrilleros que actuaban en el sur del Tolima y cuya misión consistía en formar parte de la retaguardia del máximo jefe de las Farc. A finales de 2009, una pareja de infiltrados de la Dipol se había logrado instalar en el municipio de Planadas, bajo la fachada de ser un matrimonio que trabajaba en ganadería en una finca en ese municipio.
"Sabíamos que la hermana del jefe de finanzas de Mayerly vivía en Planadas y el objetivo era estar cerca de ella por si en algún momento él aparecía en el pueblo. La hermana de ese guerrillero se enfermó grave de una infección intestinal que casi la mata. Nosotros nos dedicamos a cuidarla, la llevábamos al médico y la ayudábamos con la medicina –contó a SEMANA una suboficial que estuvo infiltrada–. Ella nos cogió cariño y nos contó que su hermano era guerrillero y era quien le ayudaba económicamente, pero que estaba mal de plata. Nos enteramos de que a raíz de la enfermedad de ella, él estaba molesto con Mayerly porque, aunque le recogía cerca de 50 millones de pesos mensuales en extorsiones, Mayerli no le había dado plata para comprar medicinas. La convencimos de organizar una reunión con el hermano guerrillero. Aprovechando su resentimiento, logramos reclutarlo y comenzó a entregar información de su jefe y del frente que fue clave", contó la infiltrada.
Los datos suministrados por el guerrillero reclutado permitieron desarrollar en junio de 2010 una operación que terminó con la muerte de la comandante Mayerly.
Varias operaciones similares, producto del trabajo de los infiltrados, permitieron golpear a guerrilleros claves del frente sexto y del Comando Conjunto Central de las Farc. Simultáneamente, el CCOE, mediante un despliegue de miles de soldados y fuerzas especiales, iba recuperando terreno y obligando a Cano a moverse al Cauca.
"Debido a los golpes continuos de los militares y a la presión que el Ejército le tenía, Cano optó prácticamente por no volver a reunirse con nadie ni aceptar visitas, regalos ni nada que no fuera de gente de extrema confianza. Ahí fue necesario cambiar la estrategia nuevamente", explicó un oficial de inteligencia.
 
Aparece Pacho Chino
Esa tenaza de los militares hizo posible que la inteligencia de la Policía y sus infiltrados lograran dar a inicios de este año con dos personas que resultaron claves en el comienzo del fin de Cano. Uno de ellos fue un guerrillero conocido con el alias de Teófilo.
Este hombre hacía parte de uno de los anillos de seguridad de Cano. Pero no era un fariano cualquiera. Era el encargado de llevar las ‘encomiendas especiales’ al jefe de las Farc. Las fuentes reclutadas en Suárez, entre las que estaba la mujer de ese guerrillero, confirmaron que Teófilo probaba incluso la comida o las bebidas que le enviaban otras estructuras a Cano.
"Donde Teófilo estuviera era posible que estuviera cerca Cano o su círculo más cercano. Empezamos a seguirlo y esa labor nos llevó hasta alias Amanda, que era la esposa del Indio Efraín, parte de la seguridad de Cano. Ella a su vez se comunicaba con alias Nancy, que era la radista de Pacho Chino, el jefe de seguridad (de Cano)", contó uno de los analistas.
El 20 de octubre, una de las fuentes reclutada por los infiltrados de la Policía se comunicó y confirmó que había visto a Pacho Chino por un sitio conocido como vereda los Quingos, cerca de Morales. Cuatro días más tarde se realizó la primera reunión secreta en el Ministerio de Defensa, en la que estos datos de la Dipol se empezaron a cruzar con la información que tenían los miembros del CCOES.
El 28 de octubre, un grupo especial de reconocimiento de ese comando fue enviado hasta el lugar señalado por la Dipol, con el fin de confirmar la presencia del jefe de seguridad de Cano, Pacho Chino. Durante varios días, ese grupo especial de militares se aproximó hasta la casa en donde según los informantes estaba Pacho Chino, eludiendo con gran habilidad a los guerrilleros que hacían parte de los anillos externos de seguridad.
Los militares vigilaron dos pequeñas casas en las que se veía poco movimiento. Las imágenes satelitales tomadas por aviones de inteligencia no permitían tener certeza para establecer que Pacho Chino estuviera en el sitio. El comando recibió la orden de acercarse lo máximo posible para tener una confirmación más exacta. Lograron ubicarse a escasos 700 metros y vieron por primera vez al jefe de seguridad de Cano.
 
De Pacho a Cano
En la mañana del jueves 3 de noviembre, estaba listo un ataque con los helicópteros del Ejército y los aviones. Sin embargo, a los oficiales de inteligencia del CCOES y la Dipol que estaban en el puesto de mando en Suárez los asaltó una duda. La opción era bombardear y atacar las dos casas o concentrarse en el sitio en donde habían visto que estaba Pacho. La incógnita fue despejada por un dato de última hora que lograron verificar los militares que estaban camuflados cerca de las viviendas. A las nueve de la mañana habían observado que de la segunda vivienda había salido Jennifer, la cocinera de confianza de Cano, y estaba acompañada por los dos perros que siempre estaban con el comandante de las Farc. Su emoción no tuvo límites: la pista que habían seguido para llegar al jefe de seguridad de Cano parecía haberlos conducido a su máximo objetivo.
Optaron por esperar unas horas más. A las tres de la tarde, la rutina de la mujer paseando y jugando con los animales fue la confirmación definitiva de que Alfonso Cano, que nunca se movía sin ella ni sus perros, estaba en el interior de la vivienda.
A las 8:30 de la mañana del viernes, el estruendo de las primeras bombas lanzadas por la FAC obligó al líder guerrillero a salir huyendo de la casa. Vino más tarde un segundo bombardeo y decenas de comandos del Ejército descendieron de más de una veintena de helicópteros, en medio de una intensa balacera. Cano se había ocultado en una zona boscosa. En medio del fuego, se organizaron patrullas de cinco soldados que inspeccionaron metro a metro la zona. Las horas corrían y la sensación de que el jefe de la guerrilla se les había escurrido de nuevo entre las manos comenzó a inundar el ambiente. Varias veces, los soldados pasaron a menos de 10 metros del sitio donde Cano se ocultaba. "Con absoluta seguridad, tuvo que ver a los hombres respirándole literalmente encima", dijo a SEMANA uno de los oficiales que estuvo allí.
Cano estaba solo y su apuesta era simple: esperar la oscuridad para escapar. Cuando esta llegó, sintió que el ruido de los helicópteros disminuía y creyó que los comandos del Ejército se retiraban. A las 7:30 de la noche, después de pasar totalmente quieto, sin comer ni beber, las que deben haber sido las peores 11 horas de sus 64 años de vida, hizo un movimiento que alertó a las tropas. Tres disparos de uno de los comandos acabaron con el máximo jefe de las Farc y sellaron el golpe más importante contra esa organización en toda su historia. Una infiltración de casi cuatro años y la mayor operación militar que se haya montado contra un jefe guerrillero habían llegado a su fin.
16 de noviembre de 2011
©semana

asesinan a líder embera


En lo que va del año se han registrado 60 asesinatos de miembros de distintas etnias.
Colombia. Un líder indígena fue asesinado por presuntos guerrilleros de las FARC, pero aún se desconocen los móviles del homicidio, informó el martes la Policía nacional.
La muerte del líder indígena elevó a 60 los asesinatos de miembros de distintas etnias en lo que va del 2011, de acuerdo con datos de la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC). Los asesinatos fueron 114 el año pasado, según la ONIC.
El coronel Jaime Ávila, comandante de la Policía en la región de Urabá, explicó telefónicamente que Fabio Domicó Domicó, líder de la comunidad embera, fue asesinado el sábado en zona rural del municipio de Dabeiba, departamento de Antioquia.
El oficial agregó que desconocía si el líder indígena había recibido amenazas y que la Policía investiga las causas del asesinato, que atribuyen a las FARC porque son las que actúan en la zona.
William Carupia, presidente de la Organización Indígena de Antioquia (OIA), relató que tres hombres armados abordaron a Domicó, de 38 años, cuando se dirigía por un camino desde su casa al área urbana de Dabeiba.
Carupia dijo en diálogo telefónico que los atacantes le dieron un tiro a Domicó y luego lo degollaron. La Policía, sin embargo, dijo desconocer la versión sobre el eventual degüello.
De acuerdo con Carupia, los pobladores del resguardo indígena Nendó -donde habitan unos 280 emberas- le aseguraron que donde fue asesinado Domicó opera el frente 34 de las FARC.
"Él (Domicó) fue candidato al Concejo (municipal de Dabeiba) en las elecciones del 30 de octubre pasado... Entonces las FARC le estaban diciendo a la gente que no votara... porque los candidatos eran paramilitares", dijo Carupia.
Incluido Domicó, aseguró Carupia, en lo que va del 2011 en el departamento de Antioquia han sido asesinados 19 indígenas, "por las bandas criminales, por los grupos paramilitares y por la misma guerrilla".
Carupia dijo que los actores del conflicto armado han querido invadir sus territorios para hacerse de sus recursos naturales, como el oro y la madera, y "ahorita a nuestros territorios los quieren utilizar para sembrar cultivos ilícitos".
En tanto, Luis Evelis Andrade, presidente de la ONIC, rechazó este asesinato y "les exigimos a las FARC respeto por la vida de nuestros dirigentes indígenas de nuestras comunidades".
En diálogo telefónico Andrade hizo énfasis en que "no aceptamos que estén llegando a nuestros territorios a generarnos zozobra, desolación, violaciones a nuestros derechos... La guerra no es nuestra y no tenemos por qué estar pagando las consecuencias de una guerra que no hemos hecho nosotros".
16 de noviembre de 2011
15 de noviembre de 2011
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