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das dio clases a paramilitares

mqh - 20 de octubre de 2011 - 15:24 - colombia

Durante y después del proceso de paz con las Auc, decenas de paramilitares fueron entrenados por técnicos del DAS en uso de explosivos y otros artefactos.

Colombia. Para pocos es un secreto que durante el proceso de diálogo entre los paramilitares y el gobierno de Álvaro Uribe los jefes de las Auc utilizaron la llamada zona de despeje de Santa Fe de Ralito para todo tipo de excesos. Fiestas con prepagos, whisky a chorros y bacanales fueron comunes allí y hoy no sorprenden a nadie. Tampoco escandaliza saber que en ese territorio en donde se concentraron una veintena de jefes paras con centenares de sus hombres haya sido usado como escondite de narcos y que la zona de diálogo haya servido para continuar con negocios de narcotráfico.
Sin embargo, cuando ya se creía que muchas de las irregularidades habían salido a la luz pública, los archivos confidenciales del DAS, en poder de SEMANA, dejan al descubierto otros hechos sencillamente escandalosos.
Uno de ellos tiene que ver con que durante la época de Santa Fe de Ralito y posteriormente técnicos antiexplosivos del DAS dieron entrenamiento y capacitación en uso de explosivos, morteros y otra serie de artefactos a paramilitares desmovilizados. Algunos de ellos irían luego a engrosar las filas de las bacrim.
Son varios los informes de contrainteligencia de la misma entidad en los que quedan en evidencia esas actividades.
En el reporte de una prueba de polígrafo realizada en mayo de 2007 a uno de los técnicos antiexplosivos del DAS, el agente reconoce los entrenamientos dados a los paramilitares. En una de las casillas del documento dice "admite", lo que se entiende como una confesión. Quienes le toman la declaración lo resumen de la siguiente manera: "La información de que compañeros suyos estarían capacitando paramilitares en el tema de explosivos era verdad. Personas en la ciudad de Honda estarían recibiendo capacitación en explosivos por parte de un funcionario del DAS (aparece el nombre que esta revista omite)".
En este caso, si bien la prueba de polígrafo se hizo en 2007, época para la cual ya las autodefensas estaban desmovilizadas, no hay más información que permita saber en qué fecha ocurrieron los hechos.
En otro documento de inteligencia se menciona una capacitación, al parecer a otro grupo de paramilitares, ya desmovilizados y con más detalles que en el caso anterior. "Información de inteligencia obtenida por medio de valoración poligráfica indica que cuando un funcionario prestó seguridad al desmovilizado paramilitar José Baldomero (alias Guillermo Torres, exjefe de las autodefensas de Meta y Vichada), manifestó que recibieron capacitación o entrenamiento en manejo de explosivos, morteros y demás por parte de funcionarios antiexplosivos del DAS".
Y precisa el informe secreto: "Otra fuente indica que el funcionario (nombre que SEMANA se abstiene de revelar) de antiexplosivos tiene vínculos con los paramilitares y se reunió con José Baldomero con el fin de prestarles capacitación en explosivos". El detective de contrainteligencia que redactó el documento llenó la casilla del formato destinada para anotar el estado de las pesquisas y simplemente consignó: "resuelta". En la casilla para escribir el resultado aparece una palabra que resume lo que ocurrió con la investigación: "archivo".
Baldomero o Torres, el hombre al que se refiere el documento anterior, es un exjefe paramilitar que a finales de los años noventa creó y comandó las llamadas Autodefensas Campesinas de Meta y Vichada (ACMV), que actuaban en esa región del oriente del país. Unos años más tarde, esa facción se enfrentó con el bloque Centauros, de Miguel Arroyave y terminó absorbido por este último.
En agosto de 2005, Torres se desmovilizó en Puerto Gaitán, junto con 290 de sus hombres, y se trasladó a la zona de Santa Fe de Ralito durante la época de los diálogos de paz. Algunos de los entrenamientos en explosivos que impartían técnicos del DAS habrían ocurrido durante ese periodo y, aunque el documento de contrainteligencia del DAS no lo dice explícitamente, el entrenamiento habría sido en la zona despejada a los paras para los diálogos. Tras el fracaso del proceso, la extradición de los jefes paras, muchos de los combatientes de las ACMV y Centauros que habrían recibido capacitación en explosivos terminaron engrosando las filas del Erpac, que fue el resultado de esa mutación de exparamilitares para convertirse en bandas criminales.
Algunos ex altos funcionarios del DAS consultados por SEMANA sobre este caso argumentaron que se trata de documentos de contrainteligencia que dan indicios de conductas ilegales, pero no son lo suficientemente fuertes para judicializar a los implicados. Un argumento bastante cuestionable, tratándose de capacitación en explosivos a delincuentes, especialmente si se tiene en cuenta que los anteriores no son los únicos informes que revelan que los técnicos antiexplosivos del DAS entrenaron a los paras. De hecho, son varios los registros del caso y por eso, según pudo establecer SEMANA, se llevó a cabo una investigación de contrainteligencia que fue conocida como "caso instrucción".
"En el DAS todos sabemos quién es quién y en qué anda cada uno. Lo de los cursos de explosivos no era desconocido para muchos. La razón para que no se sancionara a los que estaban en esas era porque eran protegidos de los jefes", afirmó a esta revista uno de los funcionarios de contrainteligencia que conoció el caso. "Algunos, con conocimiento incluso de los jefes, y otros pocos no, aprovecharon que el DAS era el encargado de la seguridad de los paramilitares para hacer esos entrenamientos, la mayoría de los cuales eran pagados por los mismos paras a los funcionarios que los dictaban. Eso no era un secreto", concluye.
El entrenamiento no era solo en explosivos. El testimonio de este funcionario coincide con decenas de documentos de contrainteligencia del DAS en los que los propios detectives aceptan que recibieron pagos por entrenar a los paras también en otras lides. En el registro de otro de los polígrafos, efectuado en junio de 2006, un detective reconoció, por ejemplo, que entrenó a los desmovilizados y recibió dinero de Salvatore Mancuso. "Admite que recibió tres millones de Mancuso como gratitud al dictar una capacitación a paramilitares reinsertados (...) el evento contaba con el aval de la dirección del DAS y la oficina del alto comisionado para la Paz (...) admite que ha tenido contacto con jefes paramilitares pero dice que solo por asuntos relacionados con seguridad".
Si bien el detective tenía la bendición del gobierno para dar entrenamiento en materia de seguridad a los desmovilizados, no es muy claro si se transgredieron los límites de lo legal. Sobre todo, si se tiene en cuenta que un funcionario del Estado no tendría por qué recibir un pago del comandante paramilitar. A pesar de la confesión, el resultado de esa investigación solo dice que fue "resuelta" y el funcionario siguió vinculado a ese organismo hasta hace dos años cuando salió de la institución porque se pensionó. Como este son decenas los casos de funcionarios que admitieron haber recibido dinero por diversas actividades para los paramilitares.
Sin duda, el caso del entrenamiento en explosivos no se trata de un asunto menor. No solo porque resulta inaudito, por decir lo menos, que funcionarios de un organismo de inteligencia adscrito a la Presidencia de la República hayan entrenado a delincuentes, sino porque las investigaciones internas fueron archivadas y reina la impunidad. Algunos de quienes entrenaron a los paras se han pensionado, unos cuantos han sido retirados por diversos motivos y otros más aún hoy continúan en sus cargos.
Y lo que es aún más sorprendente: algunos ‘profesores de los paras’ resultaron incluso premiados, como el caso de uno de ellos que aún está activo y fue enviado al exterior como instructor para capacitar a miembros de un cuerpo de seguridad de un país centroamericano, curso que fue patrocinado por la embajada de un país europeo que desconocía los antecedentes y las actividades non sanctas de ese funcionario.
No es una simple anécdota. Algunos de esos exparas que hoy hacen parte de las bandas criminales (bacrim) que tienen azotadas varias regiones del país fueron ‘alumnos’ en esos entrenamientos del DAS.
20 de octubre de 2011
18 de octubre de 2011
©semana vía verdad abierta

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el genocidio en el cesar

mqh - 20 de octubre de 2011 - 06:18 - colombia

Asesinatos selectivos. Los paramilitares de ‘Juancho Prada’ asesinaron a varios políticos señalándolos de no simpatizar con las Auc. Mataron también a periodistas y a defensores de derechos humanos.

Colombia. En Cesar los políticos que se opusieron a los paramilitares o que no hicieron parte de sus ‘fichas’ en la región fueron asesinados. Durante seis años Juan Francisco Prada Márquez alias ‘Juancho Prada’ ordenó los crímenes contra concejales y aspirantes a las alcaldías de San Alberto y Cesar que hace 12 años quisieron hacerles contrapeso a los políticos tradicionales.
Esta es la hipótesis que ha ido probando la Unidad de Justicia y Paz, después de encontrar que los asesinatos cometidos contra políticos, sindicalistas, académicos y periodistas entre 1999 y 2004 no fueron "hechos aislados".
En versiones libres, varios ex paramilitares que delinquieron con ‘Juancho Prada’ en las Autodefensas del Sur del Cesar, o Frente Héctor Julio Peinado como se les conoció durante la desmovilización, confesaron que varios de esos asesinatos fueron planeados en complicidad con otros políticos locales, que los consideraban sus rivales, y que en otros casos los cometieron como parte de una ‘política’ de las Auc.
El principal pretexto, le dijeron a la Fiscalía, fue señalar a las víctimas de haber pertenecido a la guerrilla o de presuntamente colaborar con ese grupo armado ilegal.
Para la década de 1990 cualquier persona que fuera relacionada con el Epl o el M-19 tenía de inmediato una lápida encima. Según contaron varios ex paramilitares, ese fue el origen del grupo de ‘Juancho Prada’, que fue financiado inicialmente por varios finqueros que estaban cansados de las extorsiones y hostigamientos que por años habían recibido de la guerrilla.
La Fiscalía documentó que en esa época Cesar atravesaba por varios momentos.
Por una lado, la convulsión causada por el paramilitarismo y sus masacres; por otro, la crisis de Indupalma que deprimió por segunda vez el campo que apenas se recuperaba de la crisis del algodón de los años ochenta, y al tiempo, en 1991, en la región aparecieron nuevos movimientos políticos impulsados por la nueva carta política que firmó Asamblea Nacional Constituyente.
Según lo documentó la Unidad de Justicia y Paz, los crímenes cometidos contra políticos, académicos y periodistas ocurrieron en Aguachica y San Alberto, precisamente los municipios más violentos si se tiene en cuenta el registro de víctimas de la Fiscalía.
De las 5.827 víctimas de las Autodefensas del Sur del Cesar identificadas por Justicia y Paz, 1.988 están en Aguachica y 705 en San Alberto. Solo Ocaña, en Norte de Santander, tiene el segundo reporte más alto de víctimas con 1.488 casos.
Ante un Tribunal de Justicia y Paz en Bucaramanga, la Fiscalía comenzó a imputarle* 104 crímenes a alias ‘Juancho Prada’. Durante la audiencia, la Unidad de Justicia y Paz narró cómo el ex jefe paramilitar fue asesinando a la clase política considerada opositora, en un caso muy similar al exterminio de la Unión Patriótica, UP, ocurrido en las diferentes regiones del país.

Hugo López, Concejal
El 28 de junio de 1999 el concejal Hugo López Quiroz fue asesinado en un hotel en San Alberto, Cesar. En Justicia y Paz, alias ‘Juancho Prada’ confesó el crimen y dijo que ocurrió porque Rodolfo Pradilla alias ‘El Tuerto’ le dijo que Quiroz tenía presuntos nexos con la guerrilla y los sindicatos. "Le dije a Rodolfo que verificara bien y que si era guerrillero que le diera muerte", dijo.
Juan Francisco Prada Márquez alias ’Juancho Prada’ fue el jefe paramilitar de las Autodefensas Campesinas del Sur del Cesar. En la justicia ordinaria este crimen fue investigado y en septiembre de 2010 un juzgado en Valledupar condenó a un ex alcalde de ese municipio, tras considerar que el asesinato se produjo por las diferencias políticas que tenía el funcionario con el concejal.
Cuando el juez emitió el fallo en septiembre de 2010, los medios de comunicación informaron que uno de los principales testimonios en contra del ex alcalde fue el de Daniel Toloza alias ‘El Cura’.
El ex paramilitar le dijo a la Fiscalía que el entonces alcalde se reunió con alias ‘El Tuerto’, Faver de Jesús Ateohortúa alias ‘Julio Palizada’ y alias ‘Juancho Prada’ y les habló mal del concejal. Luego, alias ‘Julio Palizada’ ordenó a dos de sus sicarios que asesinaran a Hugo López.

José Saldaña, Concejal
Aunque Alfredo Ballena alias ‘Rancho’ había negado en principio haber sido el sicario que disparó contra el ex concejal de Aguachica José Mario Saldaña Flórez, el ex paramilitar se acogió a sentencia anticipada y confesó este crimen que luego volvió a reconocer en Justicia y Paz. En versión libre, dijo que estando preso en la Cárcel de Palogordo, en Santander, Armando Madriaga alias ‘María Bonita’ le confesó que el asesinato había sido ordenado por un ex alcalde.
"Lo mandó matar porque el concejal le hacía contrapeso en la Alcaldía", dijo alias ‘Alfredo Ballena’. El crimen ocurrió el 24 de noviembre de 1999 en Aguachica y según confesó ‘María Bonita’, su jefe Mario Castro alias ‘Mario’ le ordenó que asesinara a Saldaña. "Mario me impartió la orden y yo sé la di a ‘Rancho’ y alias ‘El Chavo’", dijo el ex paramilitar quien confesó que amenazó a una hermana de la víctima por haber denunciado a alias ‘Rancho’.
En versión libre, alias ‘Juancho Prada’ reconoció el crimen pero dijo desconocer los detalles sobre si un ex alcalde estaba implicado en el asesinato. "Yo no verifiqué la información de ‘María Bonita’ (que un funcionario había pagado por la muerte de Saldaña)", dijo el ex jefe paramilitar.

Aída Cecilia Lasso, Candidata a la Alcaldía
El ex jefe paramilitar alias ‘Juancho Prada’, como se refirió a los demás crímenes contra políticos, dijo en versión libre que el asesinato de la candidata a la Alcaldía de Aguachica se produjo porque era ella era señalada de colaborar presuntamente con la guerrilla. "A mí me dijo Rodolfo (alias ‘El Tuerto’) que ella era informante de la guerrilla y que era la encargada de sacar la información de la Alcaldía de cuáles eran las fincas grandes y pequeñas para extorsionarlas", dijo ‘Juancho Prada’.
Pero Wilson Salazar alias ‘El Loro’ le confesó a la Fiscalía un dato que confirmó la hipótesis de que tildarla de guerrilla había sido un pretexto para que no ganara las elecciones. Según el ex paramilitar, dos ex alcaldes de Aguachica se reunieron con alias ‘El Tuerto’, ‘El Cura’, ‘Angelito’, ‘Nico’ y ‘Tito Prada’ y les insinuaron que la asesinaran. Alias ‘El Loro’ dijo que fue él mismo quien la buscó en su casa y le disparó. Alias ‘Tito’, que iba con él, le disparó a la hija de la víctima. Los crímenes ocurrieron el 21 de junio de 2000.
Según un colectivo de abogados que llevó el caso, el asesinato fue presentado como un crimen pasional. Aída Lasso era ex militante del M-19, había trabajado por más de 20 en la Alcaldía de Aguachica y en las elecciones territoriales se perfilaba como la candidata más opcionada.

Luis Rincón, Promotor de la Consulta por la Paz
Dos meses después del asesinato de Aída Lasso y su hija, Luis Fernando Rincón fue asesinado por los paramilitares el 15 de agosto de 2000 tras ser interceptado en un camino y llevado a una finca en la vereda Buturama, de Aguachica. Rincón era un ex militante del M-19 que había logrado la Alcaldía de Aguachica y que en 1995 había promovido la Consulta Popular por la Paz.
En Justicia y Paz, ‘Juancho Prada’ aceptó el crimen y dijo que lo hizo por los comentarios que Rincón había hecho en contra de las Auc en varias emisoras. Según el ex paramilitar, él le ordenó a alias ‘Julio Palizada’ cometer el crimen y su subalterno lo que hizo fue citar Rincón a una reunión. "Citaron a la víctima a una finca y le tendieron una emboscada. En ese sitio desarmaron a los escoltas del DAS (que protegían a Rincón) y los secuestraron, a Rincón se lo llevaron a otro lugar y lo asesinaron", documentó la Fiscalía. En la justicia ordinaria, por este crimen fueron condenados Daniel Toloza alias ‘El Cura’, Jesús Johany Lamus alias ‘Chupete’ y Jesús Pacheco alias ‘Tripas’.
En Cesar cada año se entrega el Premio de Paz Luis Fernando Rincón como un reconocimiento al ex alcalde que promovió la Consulta Popular por la Paz, como un mecanismo para que los habitantes expresaran su rechazo a la violencia.

Pablo Antonio Padilla, Sindicalista
En Justicia y Paz, el ex jefe paramilitar ‘Juancho Prada’ confesó que por orden suya dos de sus subalternos asesinaron a Pablo Antonio Padilla Gómez el 23 de febrero de 2001 en San Alberto. Durante una versión libre, como se refirió a otros crímenes contra políticos, dijo que Rodolfo Pradilla alias ‘El Tuerto’ señaló a la víctima de colaborar con la guerrilla. "Le dije que investigara bien y a los pocos días Rodolfo me dijo que sí. Le ordené que le diera muerte. Participaron alias ‘Tito’ y ‘Angelito’", contó el ex jefe paramilitar en una versión libre.
Padilla era vicepresidente del Sindicato de Trabajadores Palma de Aceite del sur del Cesar. El caso fue llevado a la justicia ordinaria y un ex alcalde y un ex concejal de San Alberto fueron acusados, después de que la Fiscalía encontrara pruebas de que los políticos estaban involucrados con el crimen. La justicia ordinaria condenó en marzo de 2009 Padilla por el asesinato del sindicalista.

Miguel Malo, Concejal
"O se van del pueblo o los matamos", les dijeron los paramilitares a Miguel Malo Quiroz, Robinson Rocha y a Fredy Dita, ex concejales de Aguachica. Ellos y un profesor del Sena salieron desplazados del pueblo por las constantes amenazas de las Autodefensas del Sur del Cesar.
El ex jefe paramilitar ‘Juancho Prada’ confesó el desplazamiento de Miguel Malo. "Él se posesionó como concejal de Aguachica y el 1 de septiembre de 2001 empezaron a hacerle llamadas telefónicas. Eso fue cometido por alias ‘Chorola’ y alias ‘El Paisa", dijo ‘Juancho Prada’.
Sin embargo, fue Francisco Alberto Pacheco alias ‘El Negro’, quien confesó el desplazamiento de los otros concejales. "La orden llegó de ‘Pardillo’ (José Anselmo Quintero) y me imagino que también del patrón ‘Barranquilla’ (Alberto Durán). Esa orden venía desde San Martín y era que teníamos que hacer que todos se fueran", dijo el ex paramilitar.

César Alberto Passo, Concejal
A las dos de la tarde del 1 de septiembre de 2011 el cuerpo del ex concejal César Alberto Passo Torres fue encontrado por la funeraria de Puerto Mosquito, en Aguachica. Según el registro del Banco de Derechos Humanos y Violencia Política del Cinep, Passo fue dos veces concejal de ese municipio y fue torturado y luego asesinado por los paramilitares. "El concejal fue obligado por los paramilitares a abordar una camioneta y fue hallado en el corregimiento de Buturama a las siete de la noche", señaló el informe del Cinep.
El crimen fue confesado por ‘Juancho Prada’ sin detalles, explicando que sus subalternos citaron al concejal a una reunión y que alias ‘Chorola’ y el ‘Paisa’ lo asesinaron. En una versión libre, alias ‘El Negro’ también aceptó el crimen y dijo que éste había sido ordenado por alias ‘Guasaco’ (Alirio Páez Barrientos) por medio de alias ‘Pardillo’. "El que causa la muerte fue ‘Pardillo’ y me dijo que lo había matado porque supuestamente el doctor César tenía vínculos con la guerrilla", dijo alias ‘El Negro’ en versión libre.

Orlando Claro, Académico
En la década de 1990 Orlando Claro Santiago había participado del Movimiento de Acción Comunitaria, Mac, una organización política alternativa que logró varios escaños en la Alcaldía de Aguachica. Había estudiado filosofía, un posgrado en proyectos de investigación social y realizaba una maestría en historia cuando fue asesinado por los paramilitares el 27 de julio de 2002.
En versión libre ‘Juancho Prada’ aceptó el crimen y dijo que tres de sus cómplices lo asesinaron después de Claro no quiso subirse a un taxi en el que se lo iban a llevar. Alias ‘El Negro’ confesó en Justicia y Paz que él participó del asesinato y que la orden la había dado Humberto Afanador alias ‘Chorola’. "Había una supuesta información de que el señor trabajaba con la guerrilla. Esa información la manejaba alias ‘Chorola’… El señor era de una ong", dijo el ex paramilitar.
Claro Santiago fue fundador de la Asociación de Desempleados del Sur del Cesar, participó de las actividades promovidas por la Asamblea Permanente por la Paz y el Programa de Desarrollo del Magdalena Medio y junto a Luis Fernando Rincón, también asesinado por los paramilitares, promovió la primera Consulta Popular por la Paz en Aguachica.

Martín Larrota, Periodista
Por expresar su rechazo a los paramilitares a través de la emisora que dirigía, alias ‘Juancho Prada’ ordenó el asesinato de Martín Larrota Duarte, periodista y director de Palma Estéreo, que tenía su sede en San Alberto. "Acepto el crimen. Di la orden a Alfredo García alias ‘Mauricio’ o ‘Arley’ de que asesinara a ese señor, y él me dijo que finalmente lo mataron Pedro Villamizar alias ‘Pedro Paraco’ y alias ‘Raspaollas’", dijo el ex jefe paramilitar en versión libre.
En Justicia y Paz, ‘Juancho Prada’ dijo que el crimen obedeció para "silenciar" al periodista. "No tuve ningún contacto con él. Le mandé a decir con ‘Mauricio’ que le dijera que dejara de hablar tanta cháchara por la emisora. Él no paró bolas a eso y le avisaron como dos o tres veces. Eso siempre se hacía y la tercera ya no más, se procedía", dijo.
*La imputación de cargos es una fase del juicio que se adelanta contra alias ‘Juancho Prada’. Consiste en que la Fiscalía presenta los delitos cometidos por el ex jefe paramilitar ante un magistrado de Justicia y Paz. Después, sigue la formulación y la legalización de cargos antes de que el Tribunal emita una condena contra del ex paramilitar y repare a las víctimas.
20 de octubre de 2011
18 de octubre de 2011
cc verdad abierta

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qué hizo el bloque norte en el atlántico

mqh - 20 de octubre de 2011 - 01:35 - colombia

El paso macabro del Bloque Norte por el Atlántico. Justicia y Paz logro culminar el incidente de reparación en contra de alias ’Don Antonio’ y esclarecer 245 crímenes cometidos por el Bloque Norte contra sindicalistas, políticos, académicos y comerciantes en Atlántico.

Colombia. En el Atlántico los paramilitares de ’Jorge 40’ y ’Don Antonio’ asesinaron, desaparecieron, extorsionaron y desplazaron a sindicalistas, académicos, estudiantes, políticos y comerciantes para imponer su "ley".
Entre 2003 y 2006 el Bloque Norte de las Auc incursionó en el departamento del Atlántico como parte de una estrategia que orquestó el jefe paramilitar Rodrigo Tovar Pupo alias ‘Jorge 40’ – en proceso de desmovilización- que le permitiera seguir controlando desde la cárcel rentas públicas de la salud y la educación, además de manejar a su antojo negocios ilegales como el narcotráfico y otros legales a través de testaferros y cómplices.
Para lograr esto, el paramilitar envió a la región al ex mayor del Ejército, José Pablo Díaz, quien fue asesinado en 2003 en la carretera troncal del Caribe y en su reemplazo asumió el ex capitán del Ejército Édgar Ignacio Fierro más conocido con el alias de `Don Antonio’.
A comienzos del nuevo siglo el departamento del Atlántico parecía mantenerse al margen del conflicto armado que padecía el litoral Caribe.
Si bien su capital, Barranquilla, era un punto de llegada de miles de desplazados de la región, los habitantes de esta ciudad vivieron el fragor del conflicto con la incursión de los paramilitares en 2003.
Como precedente el Atlántico fue uno de los pocos departamentos en los que empresarios y autoridades se negaron a crear cooperativas de seguridad, como lo hicieron en otras regiones del litoral Caribe y que fueron en muchos casos los paraguas para la llegada de los paramilitares a la región.
Según un informe de la Procuraduría General de la Nación que se conoció en la audiencia de reparación de cargos de ‘Don Antonio’, jefe del Frente José Pablo Díaz en Atlántico, Magdalena, Cesar, Sucre y Córdoba, el arribo de las Auc a la región influyó en el aumento de los homicidios en todo la región.
Solo en 2004 en el Atlántico ocurrieron 730 asesinatos – la tasa más alta en el período 2000- 2006-, mientras que en 2005 y 2006, aunque bajó un poco este indicador la cifra siguió siendo alta con 637 y 609, respectivamente.
A lo largo del juicio la fiscal de Justicia y Paz, Daicy Jaramillo, logró esclarecer cientos de crímenes que enlutaron a la región y que fueron cometidos por los paramilitares por el simple objetivo de entrar a una zona que no presentaba los síntomas del conflicto armado que se vivió en el Caribe. Barranquilla fue la ciudad más afectada con la presencia paramilitar con 1664 asesinatos entre 2003 y 2006, seguida por Soledad con 572 y Malambo con 116.
Pero más que combatir a la guerrilla, según se desprende de varios informes de entidades estatales como la Policía, el Ejército, la Vicepresidencia de la República y la Defensoría del Pueblo, los paramilitares buscaban controlar fundamentalmente el negocio del narcotráfico.
Si bien el negocio ilegal estaba controlado desde la década de los ochenta por grupos como el Cartel de la Costa, del extraditado Alberto Orlandez Gamboa alias ‘El Caracol’, el Clan Nasser Arana y por los Mellizos Mejía Múnera; ‘Jorge 40’ encargó a Miguel Villareal Archila alias ‘Salomón’, un subintendente retirado de la Policía, para que controlara todo el narcotráfico que saliera entre las ciudades de Barranquilla y Cartagena.
Fue así como entre 2003 y 2006 los narcotraficantes, según un informe de la Dijin, "lograron sacar más de 100 toneladas de cocaína con permiso de miembros de la Policía del Atlántico, que se cobraba por transitar por (el) territorio bajo su control. La Dijin logró establecer que en esos tres años las Autodefensas lograron cobrar 2 millones de dólares de "impuestos" a los embarques de narcóticos que pasaban por el Atlántico.
Este grupo también inició una mal llamada "limpieza social" a través de asesinatos de vendedores y consumidores de droga, miembros de bandas criminales y de esta manera empezó también a controlar la criminalidad de Barranquilla y sus alrededores.
Otra de las estrategias que usó ‘40’ y ‘Don Antonio’ fue extorsionar a todo el comercio legal que existiera en Atlántico. Para 2005, la Unión Nacional de Comerciantes – Undeco- que agremia a los tenderos de la ciudad calculó que cada comerciante tenía que pagar en promedio 50 mil pesos a la semana, con lo que la suma que pagaron los extorsionados (incluidos humildes carretilleros y vendedores ambulantes) pudo alcanzar 3 mil millones de pesos mensuales.
Además de intentar controlar todos los ámbitos económicos de esta región, uno de los sectores más afectados por su presencia fue el sindicalismo.
Fue así cómo que, al tiempo que ‘40’ hacía sus negocios criminales, el Frente José Pablo Díaz empezó una ofensiva contra sindicalistas, defensores de derechos humanos, académicos y estudiantes, políticos, comerciantes, ganaderos, líderes sindicales y comunitarios, miembros de las comunidades LGTB a quienes amenazaron, desplazaron, asesinaron, para encubrir la verdadera razón de su presencia en el Atlántico.
Según un informe de la Defensoría del Pueblo de diciembre de 2003, la estigmatización de los paramilitares contra los miembros de los sindicatos llegó a tal punto que amenazaron a 63 sindicalistas afiliados a la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), Anthoc, Sintrahoincol, Sintraimargra, Sintranaviera, Sutimac, Sintrabancol, Sinthol, Sintrainal Barranquilla, Sindicato de Galapa, Sintracarne, Sintraelecol, Atlco, Sintraelecol Corelca, Sutimac, Sintracolechera, Sintraagricola, Sintrago y Fecode.
En ese año, como lo registró la Vicepresidencia de la República en un informe, fueron amenazados 107 sindicalistas, profesores y estudiantes, de los cuales 40 tuvieron que salir de Barranquilla.
Para lograr esto, y como se conoció tras la captura e incautación del computador de ‘Don Antonio’ en marzo de 2006 en Santa Marta, los paramilitares contaban con el apoyo de miembros de organismos de seguridad como el DAS y la Policía para identificar a sus víctimas.
El computador contenía información del Bloque Paramilitar de cómo funcionaban las diez comisiones que se implementaron en la región, y que también tenía detallados archivos de todas las actividades delictivas del frente, con listas de sindicalistas, supuestos guerrilleros, políticos, académicos y funcionarios que fueron asesinados por los hombres de ’Don Antonio’. Este computador permitió iniciar cientos de investigaciones contra cómplices de las Autodefensas.
Con las confesiones hechas por este paramilitar, la Fiscalía pudo esclarecer cientos de crímenes cometidos por el ex jefe del José Pablo Díaz, en especial que se ensañaron contra personas inocentes sin ninguna justificación.
Las poblaciones más afectadas por este frente el accionar de los paramilitares fueron Barranquilla y Soledad con 354 y 155 crímenes, entre amenazas, desapariciones forzadas, desplazamiento forzado, extorsiones y homicidios, registrados por la Fiscalía en cada uno.
Aunque esta fue una reparación parcial contra el ex jefe paramilitar, puso en evidencia que el paso de los paramilitares por el Atlántico dejó más de 50 líderes sindicales desplazados y más de 7 asesinados entre 2000 y 2006.
Otro informe de la Defensoría del Pueblo, también presentado en la legalización de cargos, muestra que entre 2005 y 2006 los paramilitares amenazaron a 890 sindicalistas, estudiantes y docentes de la Universidad del Atlántico. En este último año los paramilitares asesinaron a 3 sindicalistas.
En este sentido, los paramilitares fueron, por su relación con miembros de los organismos de seguridad, los que hicieron el trabajo sucio contra líderes sociales en Barranquilla y el Atlántico.
De acuerdo a su declaración ante la Corte Suprema de Justicia, Fierro Flórez se reunió en una oportunidad con Rafael García, ex funcionario de informática del DAS, con el fin de conocer la información clave que éste tenía sobre presuntos colaboradores de la guerrilla en el Atlántico. Al parecer se trataba de listas con información de líderes sindicales, profesores, estudiantes universitarios y activistas de izquierda elaboradas por el organismo de inteligencia para ser entregadas al Bloque Norte de las autodefensas.
Según "Don Antonio", el ex funcionario del DAS contaba con las hojas de vida de estos líderes sociales a quienes el DAS presuntamente había identificado como miembros del Partido Comunista Clandestinos-PC3- de las FARC.
Ante todo este panorama, con las confesiones hechas por este paramilitar, la Fiscalía pudo esclarecer cientos de crímenes cometidos por el ex jefe del José Pablo Díaz, en especial que se ensañaron contra personas inocentes sin ninguna justificación.
El momento culminante del incidente ocurrió cuando varias de las víctimas le pidieron a ‘Don Antonio’ que les explicara las razones para asesinar a sus familiares. El paramilitar solo atinó a decir que no había justificación para lo que habían hecho él y sus hombres.
Ante la insistencia de las víctimas, la magistrada del caso dijo: "No hubo ninguna razón o motivos para asesinar a nadie. La única razón fue que eran delincuentes al margen de la ley. Nadie tiene derecho de matar a nadie. Esta facción armada al margen de la ley no tenía autorización ni legitimidad para matar a nadie. Los argumentos que dan los postulados son argumentos irresponsables"
El temor que infundieron los paramilitares fue tal que durante las primeras jornadas de la audiencia de reparación de ‘Don Antonio’ varias de las víctimas, quienes tenían la posibilidad de hablar de forma directa al paramilitar y a la juez del caso, se negaron a decir su nombre en público o utilizar su derecho a la palabra.
La fiscal séptima de Justicia y Paz Deicy Jaramillo dijo al Tribunal que ‘Don Antonio’ "deberá comprometerse a no volver a repetir estos delitos, a pedir un perdón público, a restaurar el buen nombre de las víctimas y para ello deberá tenerse en cuenta lo pedido por la Delegada de la Procuraduría y por cada una de las víctimas, como se presentó en desarrollo de esta audiencia".
Al final, según lo documentó la Unidad de Justicia y Paz de la Fiscalía en esta legalización parcial, los ‘paras’ de ‘Don Antonio’ cometieron 245 asesinatos selectivos y 592 víctimas de desplazamiento forzado, todo esto sin que en ese departamento se haya dado un solo combate entre las Autodefensas y la guerrilla.
Como decisión final el Tribunal aceptó la legalización parcial de cargos a Fierro Flores como jefe del Frente José Pablo Díaz y Andrés Mauricio Torres León patrullero del Frente Mártires del Cesar, la sala de Justicia y Paz declaró que estos crímenes fueron cometidos dentro del conflicto armado interno que vive Colombia y que fueron graves violaciones de derechos humanos y que por lo tanto calificados como crímenes guerra y Delitos de Lesa Humanidad, con base en las pruebas presentadas por la Fiscalía por los 105 hechos que dejaron 133 víctimas de homicidio y nueve víctimas de tentativa de homicidio.
Además la sala declaró legales los cargos presentados por la Fiscalía en contra de ‘Don Antonio’ por concierto para delinquir y reclutamiento forzado de menores. En este proceso la justicia colombiana ya emitió 21 sentencias en contra de ‘Don Antonio’.
En este proceso sólo falta el fallo de los magistrados de Justicia y Paz que está programado para el 7 de diciembre de este año, donde dictaran sentencia en contra de ‘Don Antonio’ y dictaminaran el monto y formas de reparación a las víctimas.

Los Crímenes Emblemáticos
Estos fueron los principales crímenes que cometió el Frente José Pablo Díaz y que documentó la Fiscalía, la Procuraduría y la Defensoría:

Las Finanzas
El grupo paramilitar tuvo varios músculos económicos siendo el narcotráfico su principal fuente. El Frente José Pablo Díaz heredó a principios de 2000 las rutas del Cartel de la Costa, que fue desarticulado a finales de 1998 con un incremento en las incautaciones de droga. Para ello ex jefe paramilitar creó un nuevo cartel al que bautizó Comisión al Mar a cargo de Miguel Villarreal Archila alias ‘Salomón’, un subintendente retirado de la policía que delinquió con los paramilitares.
En versión libre, alias ‘Salomón’ dijo que en complicidad con la policía los narcotraficantes sacaron por los puertos del Atlántico más de 100 toneladas de coca entre 2003 y 2006, y que los paramilitares les cobraron por cada kilo un impuesto entre 50 y 75 dólares. De esta forma el ex paramilitar calculó que cada año el frente logró recaudar dos millones de dólares.
La segunda fuente fueron las extorsiones. En versión libre Jairo Rodelo Neira alias ‘Jhon 70’ confesó que cobró ‘vacunas’ a todos los finqueros y comerciantes ubicados desde el corregimiento de Palermo hasta el puente de Aguas Negras. La Unión Nacional de Comerciantes, Undeco, calculó que en 2005 los comerciantes en Barranquilla, incluidos los vendedores ambulantes, fueron obligados a pagar un ‘impuesto’ de $50 mil pesos cada semana. Así la agremiación estimó que como mínimo los paramilitares lograron recaudar hasta $750 millones de pesos al mes.
El tercer brazo financiero fue la infiltración en la economía legal. En el computador de alias ‘Don Antonio’ las autoridades encontraron que los paramilitares controlaron la Cooperativa de Leche Coolechera con dos fines. Uno, como una fachada para lavar el dinero que ganaban por impuestos al narcotráfico y otro, como un medio de logística para delinquir en la región.
En la administración pública el Frente José Pablo Díaz vio otra forma de controlar el poder económico de la región. La justicia, por ejemplo, encontró culpables a los ex alcaldades Rosa Stella Ibáñez y Alfredo Arraut de haber entregado dineros públicos a los paramilitares de grupo así como de dejarlos incidir en el Hospital Materno Infantil y la Oficina Jurídica de las Alcaldía.

Los Sindicalistas
Los líderes de sindicatos o trabajadores afiliados a estas organizaciones fueron uno los principales grupos perseguidos por alias ‘Don Antonio’. En Justicia y Paz, el ex jefe paramilitar aceptó que ordenó asesinarlos con el pretexto de que las víctimas presuntamente eran afines a la guerrilla o a los movimientos políticos de izquierda. Uno de los crímenes más emblemáticos fue el cometido contra Adán Alberto Pacheco Rodríguez, ex presidente del Sindicato de Electrocaribe.
Según un informe de riesgo de la Defensoría del Pueblo, de diciembre de 2004, para ese año los paramilitares amenazaron a 63 sindicalistas afiliados a la Central Unitaria de Trabajadores, CUT, así como integrantes de de Anthoc, Sintrahoincol, Sintraimargra, Sintranaviera, Sutimac, Sintrabancol, Sinthol, Sintrainal Barranquilla, Sindicato de Galapa, Sintracarne, Sintraelecol, Atlco, Sintraelecol Corelcal, Sutimac, Sintracolechera, Sintraagrícola, Sintrago y los educadores de Fecode. Ese mismo año la Vicepresidencia advirtió que 107 personas, entre sindicalistas, profesores y estudiantes, fueron amenazados. Cuarenta de ellos abandonaron la región por miedo.
En la audiencia de legalización de cargos contra alias ‘Don Antonio’, la Fiscalía narró como el Frente José Pablo Díaz asesinó a Ricardo Orozco, Carlos Barrera Jiménez, Luis Torres, integrantes de Anthoc y asesinados entre 2001 y 2003; Carlos Barrero, activista de Anthoc y ex trabajador del Hospital de Barranquilla, y José Mendivil Cárdenas, miembro de la cooperativa de transportadores Cootrab y de Amnistía Internacional.
Otro de los crímenes fue el del abogado Miguel Antonio Espinosa, quien se había caracterizado por su trayectoria en organizaciones sociales, ocupando los cargos como el de Presidente del Sindicato del Dane, presidente de la CUT, militante de la UP y presidente Ad Honorem de la Liga del Usuario de Servicios Públicos Domiciliarios. Como abogado había ayudado a víctimas de desplazamiento que vivían en el barrio La Pradera, y al sindicato Anthoc.

La Universidad del Atlántico
La principal universidad pública del departamento también estuvo en la mira de alias ‘Don Antonio’. Con la excusa de tildarlos de ser presuntos colabores de la guerrilla o afines a movimientos políticos de izquierda, el Frente José Pablo Díaz envió panfletos amenazas contra sindicalistas, estudiantes y profesores de la universidad.
Según los informes de riesgo de la Defensoría Regional, 2005 y 2006 fueron los años más críticos con 300 personas y 590 personas amenazas de forma respectiva. La Vicepresidencia de la República advirtió en un informe de 2006 que ese año fueron asesinados tres sindicalistas.
En versiones libres y en el juicio que adelantó la Corte contra el ex director del DAS Jorge Noguera, alias ‘Don Antonio’ confesó que los paramilitares se aliaron con el organismo de inteligencia del Estado para perseguir y asesinar a personas que fueran consideradas un obstáculo para las Auc. El caso más emblemático, por el que Noguera fue condenado a 25 años de prisión, fue el asesinato de Alfredo Correa de Andreis, un profesor de la Universidad del Atlántico que investigaba los desplazamientos masivos en la Costa Caribe.

Defensores de Derechos Humanos
Así como ocurrió con los sindicalistas y miembros de la Universidad del Atlántico, alias ‘Don Antonio’ y sus cómplices persiguieron a las organizaciones, líderes, comunidades religiosas y académicos que trabajaban en defensa de la población desplazada.
Según la Comisión Nacional de Juristas, entre 2000 y 2005 se registraron cinco casos de violaciones de derechos humanos contra defensores sociales. Aunque la Procuraduría General advirtió en su informe que no existen registros de un gran número de asesinatos contra esta población eso no significó que fueran amenazados y limitados para defender los derechos humanos.
Entre los casos más emblemáticos estuvieron los asesinatos contra José Castillo Bolívar, ex candidato a la Alcaldía de Soledad; Nelson Mejía Sarmiento, ex alcalde de Santo Tomás; y las amenazas contra Carlos Zambrano, ex alcalde de Baranoa.

Población LGTB
Los paramilitares del Bloque Norte incluido el Frente José Pablo Díaz, persiguió y asesinó a cualquier persona que perteneciera a la comunidad de lesbianas, gays, bisexuales y transexuales.
"La mayoría de violaciones a los derechos humanos de la población LGTB por parte de la autodefensas se encuentran ligadas a este tipo de prejuicios y creencias que subrayan las actitudes u orientaciones sexuales diversas como comportamientos inmorales que deben ser rechazados en cualquier orden social", señaló el reciente informe que la Procuraduría General le envió al Tribunal de Justicia y Paz para que en su sentencia contra alias ‘Don Antonio’ tenga en cuenta el daño colectivo que perpetró el Frente José Pablo Díaz.

La Reparación para Superar el Miedo y la Desesperanza
Los daños que causó el Frente José Pablo Díaz a las comunidades del Atlántico desde el año 1999 hasta el 2006, qué, según las víctimas, la Fiscalía, la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación, la Procuraduría y la Defensoría del Pueblo, generaron un impacto psicológico que exige una reparación colectiva y un acompañamiento de las instituciones para superar los huellas de la violencia paramilitar en la región.
Durante la conciliación, el Fondo Nacional de Reparación estableció que la cifra de reparación económica sería de 40 salarios mínimos, es decir 21 millones por delito. Igualmente agregó que las víctimas que por el concepto de ayuda humanitaria ya hubiera recibido del gobierno iban a ser excluidas del actual proceso de reparación.
A estas decisiones se suman las consideraciones de la Procuraduría y la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación que sugieren procesos de reparación que respondan al daño psicológico y emocional de las comunidades.
Según el informe de la Procuraduría, las poblaciones afectadas se adaptaron a la presencia del grupo paramilitar y a sus estrategias de terror ya que bajo mecanismos de presión, el Frente José Pablo Díaz hizo que el miedo se convirtiera en una forma de vida para las víctimas.
El daño emocional hizo que se interrumpieran las prácticas culturales y políticas cambiando las dinámicas normales de las comunidades, pues luego de la incursión del paramilitarismo en la región, las fiestas populares casi se extinguieron mientras la participación política despareció.
La violencia se trasformó en una forma de solucionar las diferencias y los conflictos sociales haciendo que los niveles de intolerancia aumentaran. Por eso, los miembros de grupos LGTB o personas consideras como indeseables por su apariencia física y su forma de vestir, ya no solo eran perseguidas y agredidas por las autodefensas sino también por la misma sociedad civil.
En Soledad, Malambo, Sabanalarga, Sabanagrande, Sitionuevo, Luruaco, Ponedera y Palmar, las ’limpiezas sociales’ empezaron a ser justificadas por las comunidades que adoptaron los principios morales que impusieron los paramilitares. Cualquier persona o grupo que no cumpliera con las leyes de los paras en las comunidades del Atlántico, era discriminado y en la mayoría de los casos asesinado.
Para iniciar el proceso de reparación la primera exigencia de las víctimas es la solicitud pública de perdón por parte de los jefes paramilitares, particularmente del procesado Edgar Ignacio Fierro Flórez, comandante del Bloque. No obstante para la Procuraduría, este hecho debe estar complementado por la creación de programas de acompañamiento psicosocial que permitan reconstruir el "tejido social" de las comunidades que aún viven en un estado de "dolor, terror, miedo, angustia, desamparo y desesperanza".
Según la Procuraduría, es necesario también iniciar procesos de reconstrucción de memoria y reparación simbólica, como la construcción de un parque conmemorativo para las víctimas que permita a las comunidades afectadas recordar y rechazar la violencia a la que se habían acostumbrado.
Para la CNRR, recuperar las prácticas políticas y la confianza en las instituciones que habían desparecido bajo el régimen paramilitar, debido principalmente a los ataques contra sindicalistas, líderes comunitarios y defensores de derechos humanos, depende de la implementación de un programa de liderazgo comunitario y una estrategia encabezada por el Consejo Nacional Electoral que promueva la cultura de la legalidad, el control a los recursos públicos y el diálogo para la protección ciudadana.
Finalmente se exigen acciones claras de la justicia frente a las autoridades políticas y miembros de las Fuerzas Militares que por más de 7 años se habían aliado con el paramilitarismo en sus acciones de terror. En este sentido, la CNRR pide una aclaración acerca de las filtraciones del DAS que facilitaron la persecución a los líderes sindicalistas así como un pronunciamiento frente a la desviación de recursos públicos, principalmente del sector salud, para financiar las actividades del Frente.
19 de octubre de 2011
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los eternos desplazados de quindío

mqh - 19 de octubre de 2011 - 22:00 - colombia

Unas 24 familias desplazadas, y que habían sido reubicadas por el Incoder en zonas de riesgo en Quindío, se encuentran en el limbo porque las autoridades no encuentran donde reasentarlas.

Colombia. Manuel*, un campesino del Cauca, y su familia llegó en 2007 al municipio de Pijao huyendo de la violencia. Muy pronto se encontró con otras familias de Tolima y Valle del Cauca que, como ellos, se habían desplazado por la violencia y estaban siendo reubicados por el Incoder.
De esa manera, a él y a otras 24 familias les entregaron dos fincas en ese municipio del centro de Quindío.
Las fincas se llaman El Diamante y Maracaibo, y los campesinos muy pronto se adaptaron a esta nueva tierra que, a pesar de estar en unas montañas muy escarpadas, les proveía para su sustento. En ese entonces el Incoder no tuvo presente que las fincas estaban en zonas de reserva forestal y además estaban ubicadas en zonas de riesgo.
En El Diamante, el Incoder ubicó a 16 familias y en Maracaibo a las otras ocho, pero esta disposición después les traería el primer problema.
Las familias levantaron ranchos, hicieron cercas, prepararon la tierra y sembraron café, mora y plátano. No les importó lo agreste del terreno y al poco tiempo sintieron que ya podían decir que esos predios era suyos.
"Ese predio era maluco, todo era rastrojo, no tenía agua, ni energía, ni nada", dice Manuel con algo de resignación, pero contaron con apoyo de Acción Social para empezar un proyecto productivo para cada familia.
"Lo que me dieron fue una ayuda de 3 millones de pesos en mora y alambre, pero para seguir trabajando me tocó acudir a préstamos en el banco y gota a gota con particulares", agregó.
Manuel y algunos de los parceleros aprovecharon esta oportunidad y montaron una cooperativa para vender la producción de plátano. La asociación estaba compuesta por 27 productores y al mes vendían entre 500 y 600 kilos del producto.

La Disputa Legal
El fruto de su trabajo dio resultado después de 18 meses. Pero cuando estos campesinos creyeron que tenían su vida de nuevo en marcha, el alcalde de Pijao, Édgar Cuervo Osorio, hizo medir la finca Maracaibo para saber cuántas familias podían ser adjudicadas.
Este predio había sido comprado por el Incoder en 2007 y pretendía titularlo a 13 familias campesinas.
Pero, el concepto técnico de la alcaldía decía que en esa finca solo podían ser reasentadas ocho familias, para preservar el mínimo tamaño de las Unidades Agrícolas Familiares y no como lo pretendía el Incoder. Incluso al momento en que se hizo este estudio el predio lo ocupaban 10.
Al ver que el Instituto insistía en apretujarlos en los predios, la comunidad le pidió al alcalde y al personero del pueblo que intercedieran para solo se titularan a ocho familias. Por este motivo, la alcaldía logró que la Defensoría del Pueblo que instaurara una tutela para reversar la decisión del Incoder.
Cuando todo esto pasaba, la Corporación Autónoma de Quindío realizó un estudio de suelos y determinó que solo el 20 por ciento de las tierras que ocupaban los campesinos de Maracaibo servía para explotación agrícola.
Esta decisión complicó aún más el panorama de los campesinos porque, en 2009, el juzgado Segundo de Familia falló la tutela interpuesta por la Defensoría del Pueblo, con la que no sólo se frenó la titulación sino que ordenó al Incoder reubicar a todas las familias de ese predio.
En ese momento los campesinos que buscaban limitar el número de familias adjudicatarias empezaron a quedar en el aire.

El Diamante en Bruto
Paralelo a este proceso, los campesinos del predio El Diamante también empezaron a correr con la misma suerte de sus vecinos.
Como se explicó arriba, estos desplazados fueron reubicados en unas laderas de montaña y por la temporada invernal se presentó un deslizamiento de tierra y una estudiante de derecho, Mauren Juliana Mejía, interpuso una acción popular porque consideró que estas familias estaban en riesgo.
Al tiempo, otro estudio realizado por la Corporación Autónoma del Quindío – CRQ- concluyó que el predio no era apto para el total de 16 familias que había reubicado el Incoder sino para solo tres. Además que un "14 por ciento podía ser explotado para agricultura", dice el informe.
Este concepto sirvió para que el 23 de septiembre de 2010, el Tribunal Administrativo de Quindío fallara la acción popular de Mejía, y ordenara al Incoder reubicar a todas las familias. La sentencia también obligó al Incoder coordinar con la CRQ la recuperación ecológica de las dos fincas: El Diamante y Maracaibo.

Sin Respuesta
Al poco de tiempo, la Defensoría del Pueblo empezó a visitar a los campesinos para notificarles que tenían que salir de las dos fincas.
Manuel recuerda que los funcionarios los hicieron firmar un papel para la reubicación. "Nosotros pensábamos que era mejor la reubicación en otro lugar, que era una cosa buena y resulta que en la tutela no pusieron en ninguna parte que nos indemnizaran las mejoras, ni los esfuerzos que habíamos hecho, sólo que nos sacaran a otro predio que tenga vocación agrícola".
La decisión del Tribunal de obligar al Incoder a encontrar otras tierras para reubicarlos se les convirtió en un dolor de cabeza. Los funcionarios no han podido encontrar un sitio propicio porque la mayor parte del Quindío es reserva forestal y en especial Pijao, en donde el 90 por ciento de su territorio también tiene esa afectación.
Lorena Arenas, abogada de Incoder, y quien ha seguido todo el proceso, asegura que esto es una contradicción porque muchos particulares tienen tierras en zona de ladera, y a ellos "nadie les ha pedido certificación ambiental, nadie los está sacando y todo lo tienen cultivado en café", agrega la funcionaria.
Esta situación ha puesto sobre el tapete un problema mayor. Según los funcionarios del Incoder, el mapa que maneja el Instituto Geográfico Agustín Codazzi – encargado de determinar el uso de los suelos en el país- no aporta claridad para la búsqueda de predios para la agricultura. "Porque todo es reserva forestal sin que se evalúe la posibilidad de encontrar un equilibrio entre producción agrícola y protección del medio ambiente", dice la abogada Arenas.
Una evidencia de esta situación ha sido que el Incoder ha presentado 25 solicitudes ante la Corporación Autónoma del Quindío para que ésta permita la reubicación de los campesinos, y todas las ha negado aduciendo que esas tierras están en zona de reserva forestal.
Para tratar de encontrar una solución ante estos obstáculos, el Instituto le ha tocado buscar predios en otros departamentos como Caldas, Valle y Risaralda.
La Corporación ha respondido ante las críticas de que están ensañados con estos desplazados y que ha hecho acciones similares contra otros particulares que usufructúan tierras protegidas, pero que están dispuestos a ayudar a solucionar la situación de los campesinos pero bajo sus condiciones, esto es protegiendo las zonas forestales.
Mientras todas estas instituciones se pasan la pelota y no resuelven qué hacer, los campesinos no saben qué hacer.
Manuel dice que desde que se conoció la decisión de sacarlos de esas tierras Acción Social les han cortado la ayuda humanitaria. Además varios campesinos han dejado de lado su trabajo y ellos mismos han buscado fincas porque la fecha límite del Tribunal vence el 31 de diciembre de 2011 y no saben que pasará después de ese día.
Además han pagado de su bolsillo varios estudios de suelos, pero se han encontrado que la burocracia y la tramitología del Incoder también ha colaborado con la impresión que será imposible encontrar una tierra a donde irse.
Incluso,dice que por su cuenta ha presentado 11 predios pero no han clasificado porque la CRQ insiste en los mismos argumentos: o están en zonas de reserva o las tierras no son para producción agrícola. "Eso no lo entendemos porque hay tierras que hace 70 u 80 años están produciendo café", dice el campesino.
"Si hay tierra en Quindío pero los dueños no se someten a esto. Es mucho requisito y las demoras del Incoder y de otras instituciones nos joden", sentencia Manuel.

La Agonía
Más allá de esta búsqueda, los campesinos se sienten frustrados porque no hay una solución a la vista y ante el ultimátum del Tribunal de Quindío sienten que pueden perder todo si dejan sus fincas.
Muchos de ellos son escépticos porque ya llevan más de dos años en la búsqueda y los predios que les ha presentado el Incoder están en peores condiciones a los que actualmente habitan. "Lo que pide la gente es que tengan agua y luz", agrega Manuel.
Durante la última reunión de las partes involucradas en la reubicación para verificar el cumplimiento de la sentencia, funcionarios del Instituto indicaron que se han reubicado 12 de las 24 familias de ambos predios. Entre tanto, los campesinos que aún permanecen en las fincas perciben el proceso con total pesimismo.
Por ejemplo no saben cómo pagarán las deudas que tienen con los bancos y que pensaban abonar con la próxima cosecha. También no ha habido claridad si les van a reconocer las mejoras que les han hecho a esas tierras.
"Estamos cada vez más perjudicados. Estamos pidiendo una prórroga para disfrutar un poco de los cultivos ya que vamos a ubicarnos en otro lado, y queremos disfrutar de lo que tenemos porque no vemos otra alternativa", dice Manuel.
En éste punto, varios campesinos coincidieron que lo ideal sería que el Instituto les entregue una finca que ya esté en producción para que no tengan que empezar de ceros y sacar provecho a lo cultivado en El Diamante y Maracaibo. También propusieron la posibilidad de una indemnización tipo carta cheque con la que cada uno pueda comprar la finca que le guste y que la Defensoría o la Procuraduría le haga seguimiento al proceso.
Ahora los campesinos solo esperan que antes del 31 de diciembre el Incoder logre reubicar a todas las familias. Entre tanto, VerdadAbierta.com conoció que recientemente los desplazados interpusieron una tutela en contra del Incoder por considerar que en este tortuoso proceso les han vulnerado sus derechos fundamentales, incluso uno de ellos afirmó que si la situación sigue como hasta ahora pelearía por su parcela y no entregaría el predio.
[*Nombre cambiado por razones de seguridad.]
19 de octubre de 2011
18 de octubre de 2011
cc verdad abierta

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difícil retorno de desplazados

mqh - 19 de octubre de 2011 - 20:38 - colombia

Los campesinos desplazados que solos o apoyados por el Estado deciden retornar enfrentan varias dificultades. Los impuestos y servicios adeudados les impiden un regreso digno.

Colombia. Alcaldías sin recursos económicos para invertir en reparación de vivienda y proyectos productivos; programas estatales que son insuficientes; solicitudes de condonaciones de impuestos que no se admiten; y ventas de propiedades a bajo precio para cancelar deudas con el Estado, son algunas de las vicisitudes que deben afrontar los campesinos que pretenden regresar a sus tierras luego de más de 10 años de desplazamiento forzado.
Ese tipo de dificultades las están afrontando en Antioquia muchos de los labriegos que han retornado a sus parcelas en la subregión del Oriente, una de las zonas del departamento con más índices de expulsión en la última década. Según cálculos de la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento Forzado (Codhes), entre 2000 y 2004 el número de personas desplazadas de manera forzada por razones del conflicto llegó a 53 mil personas.
Un amplio porcentaje de esos desarraigados son de origen campesino, lo que significa que sus intenciones de retorno están ligadas al campo y a las posibilidades de reactivar sus labores productivas. Algunos ya han regresado estimulados por programas estatales como Retornar es Vivir, liderado la Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional (Acción Social) y que reporta un retorno de por lo menos 68.000 personas al Oriente antioqueño.
Sin embargo, el alcalde Nelson García de Granada, asegura que ese tipo de programas no es suficiente: "Acción Social no ha podido reparar a las personas que retornan. No solamente en Granada sino en todo el Oriente. Han ayudado a mitigar las necesidad, pero no a darles el respiro necesario y digno para retornar".
Para atender este tipo de reclamos, el programa Retornar es Vivir ha sido complementado con un programa adicional conocido como Incentivo al Retorno y a la Reubicación. Con él se busca que el regreso de los campesinos desplazados a sus parcelas se dé en condiciones dignas, a partir del deseo de los afectados para poder avanzar en el derecho efectivo para que se inicien procesos de reparación integral y colectiva en estas comunidades.
En Granada, por ejemplo, ya se han registrado 1.448 familias que tienen el propósito de empezar a sembrar fríjoles, maíz, cuidar las gallinas los cerdos y las vacas que perdieron hace 10 años, cuando tuvieron que abandonar la localidad por amenazas de paramilitares y guerrilleros. Lo que se pretende con este programa es generar la sensación de arraigo entre los retornados.
Pese a las buenas intenciones que tienen este tipo de programas institucionales, los campesinos siguen teniendo miedo, ya no por la presencia de grupos armados, sino por el futuro de sus parcelas y sus actividades productivas, pues hay problemas que aún no se resuelven, entre ellos las deudas generadas por el no pago de los servicios públicos y el impuesto predial durante los años de su ausencia forzada.
Ese tipo de vicisitudes la padecen Gilberto Antonio Guarín y su esposa Aura Rosa López. Ambos decidieron retornar al municipio de San Carlos sin la ayuda de la Alcaldía ni de Acción Social. Solos emprendieron el regreso a su finca ubicada en el paraje La Holanda, de donde huyeron hace diez años cuando los paramilitares decidieron instalarse allí.
Cuenta Aura Rosa que en el 2001 mataron a su sobrino y los autores del crimen, hombres de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc), afirmaron que como a él, iban a matar a todos los que se quedaran. El pequeño caserío fue abandonado en poco tiempo.
Gilberto Antonio Guarín, Aura Rosa y sus dos hijas se fueron para Medellín, donde vivieron dos años; luego se trasladaron a Puerto Berrío y, posteriormente, a Puerto Nare. A finales de mayo de este año tomaron la decisión de regresar a su parcela en San Carlos, pues habían escuchado que la situación estaba muy tranquila, había más seguridad y hasta podrían recibir ayuda de vivienda.
Cuando esta familia llegó a La Holanda no había casi nadie allí, su casa estaba en el piso y no tenían donde vivir. Sus dos hijas consiguieron un préstamo y con la plata que les dieron construyeron una pieza para todos. La idea era empezar de nuevo y Gilberto cultivó una huerta casera para tener algo que comer. Sembró yuca, tomate, maíz y cebolla.
Pero no contaban con las deudas de los servicios públicos y del impuesto predial. El labriego busco ayuda y después de mucho rogar le anularon la deuda de los servicios públicos, que ascendía a 200 mil pesos. Con lo que no ha podido es con el predial. Según Aura Rosa, "la deuda es muy grande, es por eso que nadie nos dice cuánto es. Tampoco nos van ayudar para que no tengamos que pagarla, lo que ellos no saben es que nosotros no tenemos plata, apenas tenemos nuestra huerta que nos alcanza para comer".
Francis Alexander García, quien hace parte de la Asociación de Víctimas de Granada (Asovida), tiene una visión muy pesimista de los retornos "Ese proceso ha sido fatal", afirma. "Al principio parece un sueño lo que nos pintan, pero la realidad es completamente distinta. Las vías para ir a las veredas están abandonadas y la mayoría tienen derrumbes. Las casas están caídas y no hay plata para repararlas".
En cuanto a los proyectos que tienen la Alcaldía y la Gobernación, García dice que tampoco hay mucho para hacer: "La Gobernación empezó un programa para pintar las casas y lo único que pintaron fue el coliseo".
Los proyectos productivos son, a su juicio, otra falencia en el proceso de retorno y pone como ejemplo lo que ocurre en la vereda Santa Ana: "Allí, la gente no tiene nada que comer, sólo tienen panela". A estas dificultades se les suman los problemas con el pago de los servicios públicos y el impuesto predial. Francis afirma que existe un gran porcentaje de población desconectada porque no tienen plata para pagar y "los que han tenido con qué pagar el impuesto y los servicios quedan quebrados luego para empezar su nueva vida".
El caso de Manuel, quien pidió no ser identificado plenamente, representa el extremo de las dificultades que han afrontado algunos de los retornados. Luego de huir de Granada en el 2001 por la constante presencia de paramilitares y guerrilla, decidió volver en el 2009 y reconstruir su vida.
Una vez en su parcela, le anunciaron que tenía deudas muy grandes por no haber pagado los servicios públicos y el impuesto predial durante su ausencia forzada. Manuel se había confiado de una supuesta decisión que se tomó en el Foro energético que hubo en el 2005 en el Oriente antioqueño de suspender el cobro de los servicios después de 7 años de ausencia; no obstante, le exigieron que se pusiera al día con esa deuda y con la del impuesto predial, una de las rentas municipales más afectadas por el desplazamiento forzado. Con los escasos recursos que tenía, saldó las facturas, pero al final se dio cuenta que no tenía más plata por lo que tuvo que vender la finca a bajo precio para poder sobrevivir.
Los alcaldes del Oriente antioqueño no son ajenos a esa tragedia, pero dicen no tener herramientas eficaces para ayudar a quienes están retornando, sobre todo si se tiene en cuenta que esas administraciones dependen, en mayor medida, de los ingresos que genera el cobro del impuesto predial.
Frente a esta situación el Alcalde de Granada le explicó a Verdadabierta.com que "hemos tratado de hacer condonaciones de intereses, pero los campesinos dicen que cómo les vamos a cobrar si ellos duraron 9 años sin producir nada", y allí se genera entonces el conflicto entre unos y otros. El caso de esta localidad es uno de los más preocupantes de esta subregión, pues pasó de tener 19.000 habitantes a finales de la década del noventa a tan solo 4.200 en 2002, lo que ha impactado las arcas municipales en cuanto a los tributos se refiere.
Otro de los mandatarios locales preocupados por la situación es José Maximino Castaño, del municipio de San Luis: "la mayoría han vuelto porque hay mejores condiciones de seguridad y porque la Alcaldía los ha apoyado. Nosotros hemos luchado para que les condonen el pago de los servicios, pero el impuesto predial es la única entrada que tenemos". Aquí la situación es también problemática allí, pues pasó de tener 16.000 habitantes en 1999 a 6.500 en el 2002.
Esa misma preocupación se vive en el municipio de Cocorná. Si bien con la estrategia Incentivo al Retorno y a la Reubicación más de 1.500 personas fueron atendidas por Acción Social, la Secretaria de Hacienda Ruth María Giraldo reconoce que el problema sigue siendo el impuesto predial: "es una de las carteras morosas más rezagadas del municipio. La gente dice que como son desplazados no tienen por qué pagar, sobre todo las personas que viven en la zona rural".
Según la funcionaria, la deuda global del impuesto predial en esta localidad llega a los mil millones de pesos, una suma no despreciable, y pese a que la administración, conjuntamente con el Concejo, decidió crear un programa de incentivos con descuentos para el pago de este tributo, nadie ha pagado lo que debe. Además, como no hay nada que reglamente ni los descuentos, ni los incentivos, la deuda sigue creciendo.
Una de las alternativas que se está comenzando a discutir en el Oriente antioqueño para subsanar este tipo de obstáculos es la de la reparación administrativa para los municipios, que ha sido planteada por el Alcalde de Granada. Según él, las localidades no han recibido nada ni por la pérdida de la economía, ni por el pago de impuestos por razones del conflicto armado y los desplazamientos forzados que provocó en años pasado.
Los afectados coinciden en advertir que mientras no se superen ese tipo de obstáculos, el retorno de los desplazados se hará cada vez más difícil y el impacto de los programas institucionales se quedará corto. Hay allí un reto para la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, pues muchos esperan que su aplicación le pueda garantizar a cientos de familias desplazadas un retorno seguro a sus parcelas y una progresiva recuperación de sus actividades económicas.
19 de octubre de 2011
©verdad abierta

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persisten asesinatos en colombia

mqh - 18 de octubre de 2011 - 07:16 - colombia

Pese a los avances en seguridad, Colombia sigue siendo un país peligroso para activistas sociales, sindicalistas y políticos. Continúa conflicto que ha desestabilizado a Colombia durante décadas.

[Chris Kraul] San Onofre, Colombia. Pregúntele a Arleth Mendoza si se siente segura ahora que el gobierno colombiano ha desmovilizado a las milicias de extrema derecha y casi ha declarado victoria en su larga guerra contra los rebeldes de izquierda.
Su marido, Antonio, un concejal que defendió a los campesinos sin tierra, fue asesinado a balazos en julio, dejando a sus tres hijos, todos menores de nueve años, huérfanos de padre.
"No hubo aviso, ni amenazas. Lo mataron a sangre fría", dijo la viuda, que todavía parece estar en shock después de seis semanas. "Daba todo a sus amigos y familia, pero desde que murió no he recibido ni la menor ayuda de la municipalidad o del estado, ni siquiera los mil quinientos pesos que costó sepultarlo."
Colombia ha logrado avances en seguridad en la última década, pero sigue siendo un país peligroso para activistas de derechos humanos, líderes sindicales y políticos. Decenas de activistas han sido asesinados este año en una ola de intimidación que deja en claro que el conflicto civil y el caos que ha desestabilizado a Colombia durante más de cuarenta años están lejos de haber pasado.
Antonio Mendoza entró a la política para ayudar a los campesinos desplazados a buscar la restitución de sus tierras en manos de usurpadores y tenía esperanzas de que la nueva ley que compensa a las víctimas del largo conflicto podría hacer avanzar el proceso. Pensaba que podía usar canales pacíficos para recuperar la tierra que sus electores habían perdido a manos de criminales milicias hace diez años.
Pero muchas de las bandas paramilitares que se desmovilizaron en 2006 y antes se han transformado en lo que el gobierno llama bacrims -bandas criminales. Han reanudado las actividades de sus predecesores, apropiándose de la tierra obligando a los campesinos a huir, extorsión y narcotráfico. A menudo forjan alianzas con los rebeldes de izquierda, los que, aunque debilitados, todavía causan estragos en las zonas rurales con secuestros y atentados contra la infraestructura energética y el personal.
Dos asesinos mataron a Mendoza el 1 de julio cuando bebía una cerveza en un salón de billar local. No han habido detenciones, pero sus actividades le ganaron poderosos enemigos entre las bandas que acumulan tierras aquí en el departamento de Sucre para dedicarlas a la minería y a las plantaciones de teca, y entre los narcotraficantes para quienes San Onofre es una importante ruta para el transporte de drogas. La comuna ofrece un corredor perfecto hacia el Caribe, desde donde la cocaína es embarcada ilegalmente hacia Estados Unidos.
"Era una persona muy noble y humanitaria", dijo Arleth Mendoza sobre su marido. "Ayudaba a quien le pidiera ayuda. El bienestar de los otros era para él más importante que el suyo propio."
Dos días antes de la entrevista con la viuda, Luis Díaz Villa, un dirigente sindical en el vecino departamento de Córdoba, fue asesinado a balazos. Villa es el sindicalista número 52 asesinado este año en Colombia, de acuerdo a la CUT, el sindicato más grande del país. (El gobierno colombiano pone en duda las cifras del sindicato, diciendo que los asesinados son quince.)
Y en la pequeña ciudad de Chinacota al nordeste de Colombia el mes pasado, los asesinos fueron a por la candidata a concejal y madre soltera María Elizabeth Mendoza, uno de los doce funcionarios públicos actuales o aspirantes asesinados este año. La policía no ha mencionado motivos ni sospechosos de su asesinato, diciendo solamente que fue asesinada por dos hombres armados en una motocicleta.
Aunque los defensores de los pobres y de los marginados generalmente corren riesgos, quizás los que se encuentran en línea de fuego son los líderes de los grupos de campesinos despojados, los que, como Antonio Mendoza, han sido alentados por la reciente ley de compensación.
El gobierno ha elevado las expectativas de las víctimas pero carece del dinero y el personal policial y judicial para hacer avanzar oportunamente el proceso, dijo Marco Romero, director de CODHES, una organización de derechos humanos con sede en Bogotá.
"Los grupos armados están tratando de hacer que los campesinos escojan entre sus vidas o sus tierras", dijo Romero. "Como los asesinatos continúan, tendrán más miedo y es menos probable que presenten demandas. Protegerlos es un enorme reto para el gobierno."
Después de ocho años de avances con el presidente Álvaro Uribe, que terminó su mandato en agosto de 2010, muchos índices de criminalidad reflejan un deterioro reciente en seguridad en el país. Aunque el número de homicidios en Colombia ha caído en un dos por ciento en lo que va de año, ha habido un aumento del veinticinco por ciento en los secuestros y víctimas de masacres, de acuerdo a la oficina de monitoreo de derechos humanos de la vicepresidencia colombiana.
Los analistas ven el surgimiento de la violencia como el principal factor en la reciente renuncia del ministro de Defensa Rodrigo Rivera. Responsable de las fuerzas militares y de la policía, supervisó durante sus trece meses de mandato operaciones que resultaron en la muerte de Víctor Julio Suárez Rojas, un comandante de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia conocido por su nombre de guerra Mono Jojoy, y del comandante Pedro Guerrero.
El presidente Juan Manuel Santos anunció a principios de mes que el gobierno gastaría ochocientos millones de dólares adicionales en seguridad en los siguientes cuatro años, incluyendo la contratación de veinte mil agentes de policía más. Al día siguiente, el 6 de septiembre, anunció cambios en las comandancias de las fuerzas militares.
El aumento de la violencia ha creado un creciente problema político para Santos, que quiere que el Congreso estadounidense apruebe un tratado de libre comercio con Colombia. El acuerdo ha estado en el limbo durante cinco años, en parte porque un grupo de demócratas en el Congreso cree que la aprobación debe ser aplazada hasta que Colombia mejore sus antecedentes en derechos humanos.
Aunque reconoce que el proyecto de libre comercio es probable que sea aprobado este año, el representante James McGovern (demócrata de Massachusetts) ve una preocupante tendencia en la violencia. En una reunión con Santos este último mes, dice, expresó su preocupación por la "consolidación de redes criminales y paramilitares en muchas partes del país."
"Estoy muy alarmado por el aumento de los asesinatos y amenazas contra líderes de las víctimas y de los despojados en Sucre y Córdoba, donde estuve, así como contra defensores de los derechos humanos y sindicalistas en todo Colombia", dijo McGovern.
El auge económico colombiano ha dado a las bandas criminales o sus apoderados un nuevo incentivo para hacerse con tierras, las que pueden vender luego a compañías mineras, agrícolas y madereras, dijo Juan David Díaz, líder de MOVICE en Sucre, una organización de defensa de las víctimas y de los campesinos despojados.
"Exigimos que el estado expropie la tierra que estos grupos todavía controlan, y es por que nos están amenazando", dijo Díaz, que habló por teléfono desde Miami, adonde huyó en junio después de recibir numerosas amenazas.
Romero, del CODHES, observó que la violencia puede estar relacionada con las inminente elecciones locales, cuando los grupos armados tratan de ganar influencia y hacer elegir a sus candidatos favoritos.
"Colombia es única en el mundo: está tratando de compensar a las víctimas cuando el país está todavía en guerra", dijo Romero. "Esos criminales no se han desmovilizado nunca."
[Pese a la deteriorada situación de derechos humanos en el país, el Congreso estadounidense finalmente aprobó el tratado de libre comercio con Colombia.]

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riesgos de los reclamantes en antioquia

mqh - 13 de octubre de 2011 - 06:11 - colombia

La CNRR regional Antioquia presentó un mapa de riesgo para reclamantes de tierras con base en información de las autoridades y organizaciones no gubernamentales.

Colombia. En 44 municipios del departamento de Antioquia, reclamantes de tierras y líderes de organizaciones de víctimas tienen algún nivel de riesgo, según un análisis sustentado en factores de violencia realizado por la sede regional de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación (Cnrr).
Los hallazgos fueron obtenidos luego de cruzar información proporcionada por diversas entidades gubernamentales y no gubernamentales bajo cinco variables específicas: presencia violenta de grupos armados ilegales, número de combates, desplazamiento forzado, incautación de sustancias psicoactivas e incautación de explosivos registrados entre los años 2010 y 2011.
Para determinar el grado de violencia en los 125 municipios de Antioquia se tuvieron en cuenta factores como números de combates registrados por el Centro de Recursos para el Análisis de Conflicto (Cerac); la tasa de expulsión de desplazados durante el año 2009 según la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (Codhes); y los mapas de riesgo realizados por la Defensoría del Pueblo, la Corporación Nuevo Arco iris y la Misión de Observación Electoral (Moe).
José Arley Muñoz coordinador regional de la Cnrr afirmó, en rueda de prensa, que de los 2.324 predios registrados entre 2010 y 2011 como objetos de reclamo ubicados en 91 municipios de Antioquia, 1.774 están en alto riesgo.
Las zonas más críticas son Urabá, el Bajo Cauca y el Oriente antioqueño. Los municipios más representativos son Turbo uno de los grandes ejemplos de expulsión de campesinos con 45.614 personas desplazadas, Granada que pasó de tener 20.000 habitantes hasta quedar con tal solo 4.300 y el Bajo Cauca, con tres municipios afectados: Tarazá, Caucasia y Cáceres.
Al respecto, Nelson García Amaya, Alcalde de Granada, Oriente antioqueño, afirmó que la situación en esta localidad no es tan crítica como dicen: "en los últimos 3 años no hemos tenido ni una sola muerte por parte de los grupos armados ilegales y se ha trabajado de la mano del Ejército y la Policía para monitorear la zona y realizar un acompañamiento conjunto con la ciudadanía. De esta manera, estamos buscando que las personas que perdieron sus tierras puedan retornar sin ningún peligro."
La idea de construir este mapa surgió de las recomendaciones realizadas por la Mesa Interinstitucional para el Análisis de la Ruta de Seguridad y Protección a las Víctimas del Conflicto Armado en Antioquia, en la que confluyen distintas instituciones del orden nacional, departamental y municipal, así como algunas agencias internacionales, tras evaluar algunas debilidades que rodean la atención en seguridad de los reclamantes de tierras y de los líderes de organizaciones de víctimas.
El objetivo de este trabajo apuntó a identificar aquellas zonas y situaciones donde las víctimas tienen un mayor nivel de amenazas y vulnerabilidades, "evaluando la oportuna respuesta de la institucionalidad, diferenciando los casos individuales y colectivos, procurando disminuir los riesgos y aumentar las capacidades de esta población".
Con ese mapa, según Muñoz, se espera que las autoridades competentes puedan conocer la difícil situación que viven reclamantes de tierras y líderes de organizaciones de víctimas de 44 municipios de Antioquia. "Este trabajo llegará a manos del Ministerio de Agricultura, la Vicepresidencia de la República y los demás estamentos que tengan poder de acción", indicó el funcionario.
A la par de la divulgación del mapa de riesgo, la Mesa Interinstitucional presentó una serie de falencias en la atención del riesgo de los reclamantes de tierras y líderes de organizaciones de víctimas del conflicto armado, frente a las cuales planteó una serie de recomendaciones.
Una de las preocupaciones centrales es el desconocimiento que tienen algunos de los organismos y funcionarios responsables de la ruta de atención contemplada en el Decreto 1737 de 2010, complementario de la Ley de Justicia y Paz, para aquellas personas que tienen problemas de seguridad, lo que se traduce "en la no oportuna y eficaz atención inmediata o de emergencia que se le debe brindar a la víctima".
Hasta el día de hoy han sido asesinadas 59 personas que buscaban reclamar sus tierras. Según Antonio Madariaga delegado de la Mesa Nacional de Víctimas dijo que "la mayor parte de las muertes han ocurrido en la región norteña de Montes de María y los departamentos de Antioquia y Córdoba". En Urabá han muerto alrededor de 10 personas relacionadas con la reclamación de predios y el liderazgo de organizaciones de víctimas.
Los casos más complejos se han registrado en Tulapas, donde el pasado mes de septiembre el Magistrado de Control de Garantías Olimpo Castaño Quintero ordenó cancelar los títulos fraudulentos y notificar que los predios volverán a sus reales dueños. Una de las exigencias del Castaño Quintero, fue velar por la protección de las personas restituidas por medio de brigadas de seguridad tanto del Ejército como de la Policía. Su decisión busca evitar que luego de que se realice la restitución, las personas sean asesinadas como fue el caso de Hernando Pérez en Turbo.
Frente a ello, la Mesa de Seguridad planteó "avanzar en la construcción de una estrategia de protección de manera participativa con una ruta clara y afinando las responsabilidades de cada instancia e institución, escuchando de manera permanente las voces de las víctimas y sus organizaciones". Además, sugirió la impresión de cartillas e instructivos didácticos, jornadas de socialización, capacitación y el uso de los medios de comunicación, "así como la implementación de procesos de prevención que contemplen el concepto de autoprotección".
La Mesa Interinstitucional también señaló como falencia los trámites administrativos que debe surtir cualquier gasto de la Policía Nacional para brindar atención de emergencia a las víctimas, "lo cual dificulta la atención inicial y oportuna a las víctimas, vulnerando sus derechos y aumentando los riesgos en su seguridad".
Ante esa situación, solicitó a la Policía Nacional "definir un mecanismo efectivo que permita brindar la atención oportuna de emergencia a la víctima", como lo contemplan las normas al respecto, y "buscar estrategias que aseguren el alojamiento y la alimentación de las víctimas en riesgo, ya sea por medio del establecimiento de un albergue de paso, contratos con hoteles, kit de alimentación y aseo, entre otros".
Otra de las preocupaciones expresadas por la Mesa Interinstitucional está relacionada con la cantidad de dependencias a las que debe seguir una víctima para acceder a las garantías de seguridad, previa a la valoración del riesgo. "Este aspecto demora el proceso de protección", advierte.
Para enfrentar esa falencia y teniendo en cuenta que la mayoría de casos de solicitudes de restitución de tierras y bienes se concentra en el Urabá antioqueño, sobre todo en el norte de esta subregión, se propuso diseñar una estrategia de seguridad "pensada desde lo local, con instituciones que tengan injerencia en la zona, estableciendo una Unidad de Atención Especial con sede en Turbo, que permita visibilizar la problemática, brindar atención oportuna y hacer seguimiento a los casos". Asimismo, se sugirió construir un directorio de enlaces, que le permita a las instituciones remitir a las víctimas en todo momento y sin intermediarios.
Otro de los temas que reveló la Mesa como uno de los obstáculos de la búsqueda de protección tiene relación con los "niveles de desconfianza de las víctimas hacia la fuerza pública", lo cual, según se dijo, se podría superar "generando espacios de confianza que permitan fortalecer los canales de comunicación entre víctimas e instituciones" y, en algunos casos, "ofreciendo acompañamiento a la víctima por parte del Ministerio Público".
Finalmente se alertó sobre la presencia de actores armados ilegales en las distintas subregiones del departamento, lo que también "dificulta los procesos de restitución y aumenta los niveles de riesgo de las víctimas reclamantes", por lo cual se dijo que si bien en la actualidad las victimas que se encuentran en procesos de restitución tienen un mayor riesgo, "no se debe subestimar la situación de otras víctimas en especial aquellas que ejercen un nivel de liderazgo y representación.
Con este conjunto de medidas, se espera que tanto reclamantes de tierras como líderes de organizaciones sociales se sientan acompañados por las instituciones y se le reduzca el espacio a la inseguridad en su legítimo derecho como víctimas.
13 de octubre de 2011
10 de octubre de 2011
cc verdad abierta

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los puntos críticos de justicia y paz

mqh - 13 de octubre de 2011 - 06:09 - colombia

La reforma a Justicia y Paz propuesta por la Fiscalía pone al descubierto problemas, entre ellos, su vigencia y su lentitud. La propuesta de descongestión cuenta con adeptos y críticos que buscan un mejor futuro para el sistema.

[Fundación Ideas para la Paz, FIP] Colombia. Al cumplirse 6 años de la ley de Justicia y Paz en julio pasado, volvió a plantearse el debate sobre las bondades y vicios que ha escondido el proceso de sometimiento de miles de paramilitares y guerrilleros.
La principal crítica que se le ha hecho a la Ley ha sido el escaso número de sentencias (cuatro en total y sólo una en firme) que se han proferido y la dificultad para una mejor atención a víctimas de grupos armados.
Uno de los primeros espacios de discusión sobre Justicia y Paz fue el que abrió el propio presidente de la Comisión de Paz del Senado, senador Roy Barreras, quien como parte de su iniciativa "Marco Legal para la Paz" incluyó una mesa de discusión sobre reforma a la Ley 975 que trabajó durante los últimos cuatro meses.
Como resultado de esta iniciativa se llegó a la conclusión que una reforma a la Ley era urgente para superar obstáculos como la vigencia y los retrasos presentados en su implementación.
En lo que tiene que ver con la vigencia se conocía que la Ley formalmente no cobijaba a los desmovilizados después del 25 de julio de 2005 (fecha de promulgación de la Ley). Así mismo, algunos expertos pronosticaron que este proceso concluiría en 96 años si mantenía los tiempos y términos bajo los cuales funciona en la actualidad.
Hoy en día la posibilidad de una reforma a Justicia y Paz se ha vuelto mucho más real. Juan Carlos Esguerra, ministro de Justicia, coincidió con las conclusiones de Roy Barreras al afirmar que efectivamente "hay una serie de inconvenientes, problemas y preocupaciones que se tienen respecto al estado de la ley de Justicia y Paz en el marco de la justicia transicional… todos queremos acertar en la mejor ley (de reforma) para mejorar Justicia y Paz…".
Sin embargo, algunas diferencias persisten a la hora de hacer propuestas. En apariencia no existe un consenso entre funcionarios de gobierno, de la rama judicial, congresistas y académicos sobre dos puntos claves para el futuro de Justicia y Paz: la posibilidad de aplicar este mecanismo frente a futuras desmovilizaciones y la posibilidad de priorizar y seleccionar crímenes cometidos por estos grupos armados en lugar de investigar hecho por hecho como se viene haciendo hasta hoy.
Hace un par de semanas, la propia Fiscalía General de la Nación presentó un proyecto de reforma ante el Congreso que pretende resolver estos y otros "puntos críticos" de la Ley.
Si bien el proyecto abarca gran parte de estos puntos como el exceso de audiencias y la congestión de los procesos, existen otros problemas que deberían ser abordados dentro del mismo como la falta de criterios de postulación y la ampliación de la vigencia de este sistema de justicia transicional.
A la luz de este escenario, la FIP presenta un análisis de los principales problemas que padece la Ley actualmente e identifica algunas propuestas sobre reforma a Justicia y Paz que han sido debatidas en los últimos meses.

La Vigencia
Hecho: El texto de la Ley 975 de 2005 establece que este mecanismo de justicia transicional se aplicaría a aquellos grupos que se hubieran desmovilizado antes del 25 de julio de 2005, fecha de expedición de la Ley. Así mismo, contempla que la misma cobijaría únicamente delitos cometidos antes de esta misma fecha y únicamente con ocasión de su pertenencia al grupo armado (Artículo 2 de la Ley).

Problema: De los más de 4800 postulados a Justicia y Paz, casi un 80% se desmovilizó después de la fecha de expedición de la Ley, mientras que algo más de 3600 hechos confesados dentro del proceso, ocurrieron con posterioridad al 25 de julio de 2005.

Propuestas: A través de una reforma legal (un nuevo proyecto de Ley) podría establecerse una nueva vigencia para la Ley que bien podría ajustarse a la fecha de expedición de la nueva Ley que reforma Justicia y Paz o a la fecha de desmovilización de cada uno de los paramilitares y guerrilleros que actualmente están postulados a Justicia y Paz o que podrían ser candidatos a postulación.

Las Penas
Hecho: La Ley de Justicia y Paz establece que la pena alternativa que tendrían que pagar los desmovilizados postulados a la Ley oscilaría entre 5 y 8 años dependiendo de los delitos cometidos y de su gravedad.

Problema: En los últimos meses se ha desatado gran polémica alrededor de la posibilidad que un número importante de desmovilizados sea puesto en libertad. Teniendo en cuenta que ya se han cumplido 6 años desde la promulgación de la Ley, en teoría, varios postulados a quienes se les aplicaría eventualmente la pena mínima de Justicia y Paz (5 años), ya habrían cumplido los términos de su pena y estarían en condiciones de pedir su libertad.

Propuestas: Tal y como ha sido planteado en varios escenarios de debate sobre reforma a la Ley de Justicia y Paz, la pena alternativa es sólo un beneficio que se aplica en el momento de cumplir con todos los requisitos que establece la Ley. En tanto no se cumplan estos requisitos, lo que incluye una sentencia de Justicia y Paz, aplica en principio los tiempos de la pena ordinaria que tendría el desmovilizado por los hechos de los cuales es responsable.

Por ahora y ante la posibilidad del cumplimiento de las penas, las propuestas incluyen dejar a decisión de jueces y magistrados el estudio de cada caso para estimar si es posible la excarcelación de cada desmovilizado, o dejar en libertad a la totalidad de desmovilizados postulados bajo la figura de libertad condicional sujeta al cumplimiento de ciertos requisitos que serían reglamentados por la nueva ley de reforma.

Los Tiempos
Hecho: Transcurridos 6 años desde la promulgación de la Ley, existen actualmente sólo cuatros sentencias proferidas por los Tribunales de Justicia y Paz, de las cuales sólo una ha sido ratificada por la Corte Suprema de Justicia.

Problema: Con los tiempos, términos y número de audiencias bajo los cuales funciona actualmente el proceso de Justicia y Paz, expertos han asegurado que el proceso podría tomar alrededor de 96 años para que todos los postulados tuviesen una sentencia en firme.

Propuestas: Diversos actores públicos y privados coinciden en la necesidad de acelerar el proceso de Justicia y Paz a través de las siguientes fórmulas: reducción del número de audiencias eliminando por ejemplo la audiencia de formulación de cargos; implementando la audiencia preliminar como mecanismo expedito para aceptar cargos desde el arranque del proceso; trasladar el incidente de reparación (a víctimas) después de la expedición de la sentencia; aumentar la planta de personal de la Unidad de Justicia y Paz de la Fiscalía así como la de los Tribunales de Justicia y Paz (en especial, aumentar el número de magistrados de control de garantías).

El proyecto actual de reforma que propuso la Fiscalía aplica la mayoría de estas fórmulas, además que fija tiempos exactos y cortos entre cada etapa del proceso. Por ejemplo, el proyecto fija un plazo de 36 horas entre la terminación de las versiones libres y el inicio de la audiencia de formulación de imputación.

Las Postulaciones
Hecho: La Ley 975 de 2005 le otorga la facultad al gobierno para decidir quienes son los candidatos a ser postulados.

Problema: En la actualidad no hay claridad sobre los criterios que maneja el gobierno para realizar las postulaciones a Justicia y Paz. Al parecer se han presentado casos en los que los mismos fiscales de Justicia y Paz han ofrecido postulaciones a desmovilizados a cambio de confesiones totales; al tiempo, algunos desmovilizados han solicitado su postulación años después de su desmovilización o al momento de ser capturados luego de reincidir en delitos.

Propuestas: En las opciones estudiadas para superar los problemas de las postulaciones se incluye: mantener la facultad del gobierno para postular pero atendiendo a requisitos claros y verificables o asignar obligatoriamente al mismo Ejecutivo la facultad de estudiar cada caso y postular atendiendo a una lista específica de causales.

Los Requisitos de Elegibilidad
Hecho: Los artículos 10 y 11 de la Ley 975 de 2005 establecen una serie de requisitos bajo los cuales el desmovilizado puede acceder a los beneficios que contempla la Ley de Justicia y Paz, entre ellos, "que el grupo armado organizado de que se trata se haya desmovilizado y desmantelado en cumplimiento de acuerdo con el Gobierno Nacional; que se entreguen los bienes producto de la actividad ilegal; que el grupo ponga a disposición del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar la totalidad de menores de edad reclutado; que el grupo cese toda interferencia al libre ejercicio de los derechos políticos y libertades públicas y cualquiera otra actividad ilícita".

Problema: La Ley de Justicia y Paz define los mismos requisitos de elegibilidad tanto para desmovilizados individuales como para colectivos al igual que para rasos y comandantes. El problema surge al el momento de verificar el cumplimiento de requisitos como la entrega de bienes y de menores de edad que, por obvias razones, no pueden ser aplicados indistintamente para desmovilizados colectivos e individuales. Por ejemplo, en muchos casos no sería razonable esperar que un guerrillero raso entregara bienes al momento de su desmovilización. En ese sentido se vuelve imposible cumplir con todos los requisitos, impidiendo a un buen número de desmovilizados acceder al beneficio de la pena alternativa.

Propuestas: Existen tres propuestas con relación al ajuste que debe hacerse a los criterios de elegibilidad: primero, modificar los requisitos y adaptarlos de acuerdo con la realidad, se trate de desmovilizaciones colectivas o individuales (por ejemplo, permitir la entrega de menores por parte de desmovilizados individuales). Segundo, establecer criterios para evaluar el cumplimiento de los requisitos de elegibilidad de acuerdo al tipo de desmovilización, sea colectiva o individual (cuáles requisitos deben acreditar los comandantes y los desmovilizados individuales). Tercero, que por decisión de los jueces se determine si se han cumplido o no los requisitos necesarios para acceder a los beneficios de la Ley.

El Enfoque
Hecho: La Ley 975 de 2005 establece en su artículo 15º: "la Unidad Nacional de Fiscalía para la Justicia y la Paz creada por esta ley, deberá investigar, por conducto del fiscal delegado para el caso, con el apoyo del grupo especializado de policía judicial, las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se realizaron las conductas punibles; las condiciones de vida, sociales, familiares e individuales del imputado o acusado y su conducta anterior; los antecedentes judiciales y de policía, y los daños que individual o colectivamente haya causado de manera directa a las víctimas, tales como lesiones físicas o sicológicas, sufrimiento emocional, pérdida financiera o menoscabo sustancial de derechos fundamentales".

Problema: La Ley 975 enfrentó de partida dos problemas en su implementación: como el primer esquema de Justicia Transicional empleado en la historia de Colombia tuvo que pasar por un proceso de adaptación interno que, sumado a los vacíos del texto de la Ley, se vio traducido en la aplicación paulatina por parte de jueces y fiscales de Justicia y Paz de estándares y criterios extraídos desde la justicia ordinaria. El resultado de esta ejercicio fue la aplicación de un modelo de justicia transicional con enfoque de justicia ordinaria: ante la necesidad de avanzar en la implementación y al mismo tiempo estar apegados a la Ley, los operadores de Justicia y Paz terminaron definiendo procedimientos, tiempos y decisiones apegados a criterios ordinarios, lo que terminó congestionando el proceso hasta el punto que seis años después sólo existen cuatro sentencias proferidas.

Sin duda, el enfoque actual de la Ley es el de un "modelo reactivo de persecución penal" en donde las investigaciones penales se han planteado hecho por hecho, situación que ha terminado dilatando el proceso.

Propuestas: Las propuestas sobre este asunto, incluso por parte del propio Gobierno Nacional, apuntan a ajustar el enfoque hacia un modelo de "investigación de patrones sistémicos de macro-criminalidad" empleados por los grupos armados ilegales. Es decir, emplear un enfoque de investigación que, en lugar de investigar hecho por hecho, apunte a identificar lógicas y patrones de acción empleados por estos grupos armados. En teoría, este enfoque estaría complementado con investigaciones sobre "casos graves" de violaciones de derechos humanos. Sobre este último punto, también se han puesto de manifiesto propuestas encaminadas a establecer criterios de selección y priorización de casos a ser investigados, modelo que se ha aplicado en escenarios como el de los tribunales ad hoc para la antigua Yugoslavia, Argentina y Centroamérica.

El Balance
Para junio de 2011, las cifras oficiales reportan 55.317 desmovilizados, de los cuales 4.801 se encuentran postulados a la Ley de Justicia y Paz. Sobre este universo de postulados y frente al cumplimiento de los estándares de verdad y justicia establecidos en torno al proceso de Justicia y Paz, se han proferido cuatro (4) sentencias judiciales, producto de las 2.757 audiencias de versión libre que se han iniciado, las cuales a su vez, arrojaron como resultado la identificación de 331.398 víctimas. Con base en lo anterior, se han enunciado 57.131 hechos y han sido confesados otros 29.416, relacionando a un total de 104.446 víctimas.
De las víctimas identificadas, tan sólo un 30,1% han sido relacionadas en los hechos que han sido conocidos por las autoridades judiciales en el marco de los procesos de Justicia y Paz. Por otra parte, las autoridades judiciales han proferido sentencias condenatorias únicamente frente al 0,08% de los desmovilizados postulados a Justicia y Paz.

Los Números del Proceso
Total de víctimas registradas: 346.057 víctimas
Total de Hechos Delictivos Registrados: 292.127 hechos delictivos
Total de Postulados: 4801 postulados
Total de Versiones Libres: Iniciadas: 2.757 versiones
Terminadas: 1382 versiones
En curso: 1369 versiones
Programadas: 144 versiones
Total hechos enunciados en versión libre: 57.131 hechos
Copias compulsadas a justicia ordinaria: 9616 casos de militares, políticos y funcionarios públicos.
[Foto viene de círculo bolivariano.]
13 de octubre de 2011
3 de octubre de 2011
cc verdad abierta

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