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del río y el asesinato de marino lópez


Las autodefensas de los hermanos Castaño asesinaron al campesino Marino López Mena, en febrero de 1997 y, al parecer, recibieron apoyo de tropas del Ejército comandadas por el exoficial.
Colombia. "La muerte de Marino López Mena fue de conocimiento del exgeneral Rito Alejo Del Río, quién permitió y coordinó con los paramilitares acciones conjuntas", afirmó el fiscal Elkin Ricardo Vega Beltrán al solicitarle al Juez Octavo Especializado de Bogotá que condene al entonces comandante de la Brigada XVII del Ejército por ese crimen, perpetrado el 27 de febrero de 1997 en Bijao, Chocó.
Para el representante del ente acusador, quien se apoyó en testimonios recogidos durante el desarrollo del juicio, el exoficial "era conocedor de las actividades de los paramilitares y de la incursión en Bijao, pero se mostró ajeno y dejó en manos de ellos esa zona".
A esa conclusión llegaron también el representante de la Procuraduría General de la Nación y el apoderado de las víctimas, quienes respaldaron la petición de condena tras considerar que Del Río es responsable, como autor mediato, del homicidio de López Mena, pues quedó demostrada su participación, por lo menos indirecta, en la operación irregular que llevó a los paramilitares a Biajo, donde ocurrió el crimen del labriego.
Tanto para la Fiscalía como para la Procuraduría y las víctimas, Del Río tenía el control de las tropas del Ejército que, estando muy cerca de la zona en donde operaban los paramilitares, no intervinieron para impedir su accionar en contra de los pobladores de la región del Cacarica.
José Enrique Caballero Quintero, procurador delegado para el caso, consideró que el exoficial hizo alianzas con el paramilitarismo en la zona del Urabá y sus subalternos unieron sus fuerzas a las de las estructuras ilegales de las Accu. "López Mena fue uno de las tantas víctimas de las luchas concertadas entre militares y paramilitares", aseguró el representante del Ministerio Público.
Por su parte Liliana Ávila, apoderada de las víctimas, aseguró que las pruebas dejaron en evidencia que en Urabá hubo un proyecto conjunto entre paramilitares y militares. Sobre el homicidio de López Mena, aseguró que hubo una omisión del Ejército para evitar la incursión de los paramilitares en el caserío de Bijao, debido a que había un plan orquestado entre las Accu y la Brigada XVII.
La abogada fue enfática en preguntarse "¿cómo no hubo acciones del Ejército en contra de la incursión de los paramilitares, que duró 10 días, estando en desarrollo la operación Génesis tan cerca del sitio donde hacia presencia las autodefensas?". Al final de su exposición ante el juez pidió que se le aplique la máxima condena al militar por su responsabilidad en el asesinato de López Mena, la cual podría ser de 40 años de cárcel.

El Crimen de Marino
En desarrollo de su estrategia de expansión, las Accu diseñaron la llamada ‘Operación Cacarica’, con la cual pretendían avanzar hacia la subregión del Atrato medio, con el fin, según ellos, de enfrentar al Frente 57 de las Farc y quitarles sus zonas de dominio.
La operación, según lo ha relatado Fredy Rendón Herrera, alias ‘el Alemán’, a fiscales de la Unidad de Justicia y Paz, fue ejecutada por un comando paramilitar integrado por 60 hombres, 40 de ellos integrantes del frente Chocó y 20 más del Arlex Hurtado, todos ellos de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (Accu). La acción comenzó el 23 de febrero y finalizó el 5 de marzo.
La base de las Accu para esta operación fue instalada en la Loma de Cacarica, desde donde el grupo de paramilitares emprendió la incursión hacia los caseríos de la zona. Al día siguiente de la llegada a ese sitio, el comando armado ilegal se desplazó por la margen izquierda del río Perancho buscando llegar a Tamborales, más al sur, pero al llegar al caserío de Bijao advirtieron la presencia de un reducto de la guerrilla de las Farc y hubo un intercambio de disparos, sin que se presentaran muertos o heridos de lado y lado. Luego de varios registros, el comando de las Accu se instaló en un cultivo de maíz, armó allí un campamento y así pasó la noche.
Al amanecer, los paramilitares se preparaban para partir hacia las cabeceras de los caseríos de La Balsa y Salaquí cuando observaron que un hombre salió del monte, guardó un paquete al borde del caño, lo atravesó y se dirigió a una pequeña tienda donde compró varias docenas de cigarrillos, entre otras cosas, e intento regresar.
Antes de pasar nuevamente el caño fue interceptado por alias ‘Manito’, del cual no se conoce su nombre real, quien le inquirió por lo que llevaba en la bolsa. Marino respondió que "cigarrillos y otras cosas", y agregó que él solo era un campesino de la zona. Al escuchar eso, el paramilitar lo obligó a coger unos cocos.
De acuerdo con la versión que han dado algunos exintegrantes de las Accu, entre ellos alias ‘el Alemán’, Marino intentó atacar a alias ‘Manito’ con un machete y éste, en su reacción, le cercenó la cabeza. No obstante, la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz ha documentado el caso que hoy tiene a las puertas de una condena al exgeneral Del Río.
Uno de los documentos de esa organización no gubernamental se lee el relato de un sobreviviente de esa incursión armada a Bijao, quien describe la manera cómo fue asesinado Marino López Mena: "Uno de los criminales coge una macheta y lo corta en el cuerpo. Marino intenta huir, se arroja al río, pero los paramilitares lo amenazan, ‘si huye, le va peor’. Marino regresa, extiende su brazo izquierdo para salir del agua. Uno de los paramilitares le mocha la cabeza con la macheta. Luego le cortan los brazos en dos, las dos piernas a la altura de las rodillas. Y empiezan a jugar fútbol con su cabeza. Todas y todos lo vimos".

Rito Alejo con Jefes ‘Paras’
El desarrollo de la llamada ‘Operación Cacarica’ coincidió con la ejecución de la Operación Génesis, que adelantaban tropas especiales del Ejército contra la guerrilla de las Farc en una vasta zona selvática del Chocó y en la cual participaron doce guías de las Accu, según versiones de paramilitares entregadas a fiscales de la Unidad de Justicia y Paz.
La Operación Génesis se realizó entre el 24 y el 28 de febrero de 1997 con el fin de atacar facciones de las Farc asentadas en los caños Salaquí, Cacarica y Truandó, ubicados en el departamento del Chocó, con el fin de atacar posiciones de varias facciones del Frente 57 de las Farc asentadas en esos territorios. La orden de incluirlos provino del jefe paramilitar Carlos Castaño Gil y fue autorizada por Rito Alejo del Río.
Alias ‘El Alemán explicó ante fiscales de la Unidad de Justicia y Paz que entre 1995 y 1997 los paramilitares coordinaron con altos mandos de la Brigada XVII acciones ofensivas contra la guerrilla de las Farc: "Rodrigo Doblecero, Elmer Cárdenas, Carlos Correa y yo nos reunimos con el general Rito Alejo Del Río para coordinar la operación Cacarica realizada en febrero de 1997".
El nivel de connivencia al parecer fue tan estrecho que en mayo del año pasado, en desarrollo de una audiencia de Justicia y Paz, alias ‘el Alemán’ aseguró que le había enviado un mensaje al exgeneral para que contará la verdad sobre lo ocurrido en Urabá.
"Me parece, General, que ya es tiempo de que usted diga la verdad. En un acto de franqueza y de amistad con usted General, le mando decir que ya no hay cómo seguir callando una verdad que es conocida a pedazos", sostuvo ‘el Alemán’ en el mensaje enviado al exgeneral a través de un emisario de quien no precisó su nombre por razones de seguridad ni la fecha de la gestión.
De esas relaciones entre Accu y Ejército también han hecho referencia en diversas ocasiones los paramilitares Salvatore Mancuso y Ever Velosa, alias ‘HH’, quienes han coincidió en señalar que Del Río era uno de sus principales aliados. Esos testimonios hacen parte del proceso que se le sigue al exoficial.

Rito Alejo Se Defiende
Durante la última etapa del juicio en su contra, Rito Alejo pidió que se le declarara inocente del homicidio de Marino López Mena. Según el ex general, en ningún momento participó o tuvo conocimiento de las acciones de los paramilitares en el Urabá chocoano.
"No he tenido relaciones con grupos armados al margen de la ley y la operación Génesis no tenía nada que ver con los paramilitares", aseguró Del Rio.
Sobre la operación Génesis, el ex general aseguró que única y exclusivamente se trató de una operación para rescatar a diez infantes de marina, secuestrados por las Farc en la toma a Juradó, Chocó.

Juicio al ‘Pacificador de Urabá’
Del Río, quien se encuentra detenido desde el 5 de septiembre de 2008, ha sido llamado por diversos sectores sociales, económicos y políticos como el ‘Pacificador de Urabá’, pese a que ha sido señalado de ser uno de los apoyos más importantes del paramilitarismo en la región de Urabá desde la comandancia de la Brigada XVII del Ejército entre los años 1995 y 1997.
Una de las exaltaciones más connotadas ocurrió el 29 de abril de 1999 en el Hotel Tequendama de Bogotá, en la que participaron cerca de 1.500 personas, cuando se le rindió un homenaje en respuesta a su destitución por decisión del entonces presidente Andrés Pastrana.
El exoficial fue llamado a calificar servicios cuando se desempeñaba como comandante de la Brigada XIII de Bogotá, a donde fue trasladado desde el 16 de diciembre de 1997 justamente como premio a sus labores en Urabá.
Durante el homenaje, el entonces ex gobernador de Antioquia, Álvaro Uribe Vélez, sostuvo que "nadie mejor que el general del Río comprendió que a Urabá había llegado la hora de la paz, el Estado, la Ciudadanía, y a fe que avanzó notablemente"; recordó que al intervenir en la subregión del Urabá como gobernador de Antioquia, "en todas partes estaba presente el acompañamiento discreto y eficaz del General"; y por último lo calificó como "un buen ejemplo para los soldados y policías de Colombia".
En su defensa, Del Río ha dicho durante la etapa de juicio que nunca conoció sobre la presencia de grupos paramilitares en Urabá y manifestó que supo de la presencia de esos grupos a nivel nacional, pero nunca información concreta sobre acciones de estos grupos en la zona de Urabá. "Para esa época sabíamos de las Autodefensas de Córdoba… algunos de estos grupos estaban bien encubiertos en las diferentes zonas del país", dijo en una ocasión.
Se espera entonces que en las próximas semanas el juez que lleva el caso convoque a una nueva audiencia para dar a conocer el sentido del fallo que proferirá en el caso de Rito Alejo Del Río. Tanto la Fiscalía como la Procuraduría y las víctimas esperan que se atiendan sus peticiones y el exoficial reciba una condena ejemplar.
11 de octubre de 2011
6 de octubre de 2011
5 de octubre de 2011
cc verdad abierta

el patio de jorge 40


’Jorge 40’ utilizó al frente Resistencia Motilona para despojar tierras en Cesar y Norte de Santander. Varios desmovilizados contaron en Justicia y Paz el robo de 40 bienes a campesinos.
Colombia. Del Frente Resistencia Motilona solo se sabía el nombre. Se supo cuando varios desmovilizados del Bloque Norte de las Auc le confesaron a la Fiscalía que ellos hicieron parte de uno de los quince brazos armados que tuvo Rodrigo Tovar alias ‘Jorge 40’ en la costa caribeña pero que, a diferencia de los demás, delinquieron más hacia al sur de esta región, en el corazón del Cesar y su frontera con el departamento vecino, Norte de Santander.
Entre 2001 y 2004, este grupo llegó a tener 600 hombres y su jefe fue Jeferson Enrique Martínez López alias ‘Omega’, un lugarteniente de ‘Jorge 40’ que fue asesinado en noviembre de 2007 en una finca en Copacabana, Antioquia.
Hace un par de meses, tres de los 17 postulados a Justicia y Paz de este grupo contaron cómo delinquieron en esa zona y que la convirtieron en una especie de ‘patio’ donde cometieron todo tipo de desmanes para despojar tierras y financiar al Bloque Norte.
"Nosotros éramos ilegales dentro la legalidad", repitió Jovannis Manuel Lobo alias ‘Bachiller’ durante una versión libre para dar una idea de cómo infiltraron la economía y la política de por lo menos 12 municipios de esta región, considerada un corredor agrícola pero además una ruta del narcotráfico entre el Sur de Bolívar y el Catatumbo.
Las confesiones de alias el ‘Bachiller’ se han sumado a las de Jaime Luis Granados alias ‘Chacal’ u ‘Oreja mocha’ y de Wilson Poveda alias ‘Rafa’, este último subalterno de alias ‘Omega’. Hasta el momento los ex paramilitares han enunciado algunos detalles de cómo despojaron a decenas de campesinos de sus tierras con la amenaza de "se va o se muere", dijeron los ex paramilitares.

La Disputa
Los paramilitares que delinquieron en Cesar desde finales de la década de 1980 eran conocidos como las Autodefensas del Sur de Cesar, pero a la hora de su desmovilización en 2006 se rebautizaron como Frente Héctor Julio Peinado Becerra y como parte del Bloque Norte. Sin embargo, reconocieron como jefe no a ‘Jorge 40’ sino a Juan Francisco Prada Márquez alias ‘Juancho Prada’, promotor de las autodefensas en ese departamento.
Según lo han contado varios ex paramilitares, esa adhesión además de acordarse para la desmovilización no fue fortuita. En 2004 alias ‘Juancho Prada’ le entregó la zona urbana de Aguachica a ‘Jorge 40’, después de una disputa con el Bloque Central Bolívar, de alias ‘Julián Bolívar’, que había comenzado a meterse en los terrenos de Prada.
Así ’Jorge 40’ empezó a tener más injerencia sobre la zona en la que los Prada estaban durante más de veinte años.
En versión libre, los tres ex paramilitares contaron que el Frente Resistencia Motilona apareció en 2001 por orden de ‘Jorge 40’ para reagrupar a los diferentes grupos paramilitares que delinquían desde varias haciendas ganaderas de la región. En Cesar, como sucedió en otras regiones del país, los paramilitares se financiaron en gran parte con los pagos voluntarios que recibieron de muchos finqueros así como de los ‘impuestos’ que también obligaron a pagar a otros por hectárea.
Con este primer músculo financiero, los paramilitares del centro del Cesar se expandieron hacia el vecino departamento, en Norte de Santander, donde delinquieron hasta 2004.

La Expansión
El Frente Resistencia Motilona tuvo como jefe a alias ‘Omega’, un cómplice de ‘Jorge 40’ y que según ha documentado Justicia y Paz empezó a delinquir en el Cesar como sucesor de otros tres paramilitares conocidos en la región por haber sido jefes de los grupos que ‘cuidaban’ las fincas.
Sus antecesores fueron Martín Velasco Galvis alias ‘Jimmy Velasco’, paramilitar enviado por los hermanos Carlos y Vicente Castaño de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá, Accu, y que delinquió en Pailitas. Otro fue alias ‘Pasos’, conocido a mediados de la década de 1990 como alias ‘Manaure’, que delinquió en los municipios de La Gloria, Pelaya y Tamalameque. Con el tiempo, ‘Jimmy Velasco’ y ‘Manaure’ encargaron a alias ‘Julio Palizada’ y a alias ‘Rafa’ para que delinquieran como jefes militares en estos cuatro municipios del Cesar. En 2001, alias ‘Palizada’ le designó a alias ‘Omega’, quien a su vez dejó a ‘Rafa’ como su segundo.
Los ex paramilitares contaron que empezaron a delinquir principalmente en Pailitas, donde instalaron dos bases de entrenamiento en armas y táctica militar. Luego subieron por lado y lado de la vía Panamericana que conduce hacia la costa y se multiplicaron por Poponte, Chiriguaná, Chimichagua y Curumaní. Entre 2001 y 2002 delinquieron en tres municipios de Magdalena, San Sebastián de Buenavista, Guamal y El Banco, y a mediados de 2002 cruzaron la frontera del Cesar esparciéndose por Convención, El Carmen, Teorama, San Calixto y Hacarí, en Norte de Santander.
Según el Registro Único de Población Desplazada, Rupd, de Acción Social, precisamente es en estos municipios de donde salieron más personas expulsadas. En 2001 en Cesar, por ejemplo, 1.645 personas denunciaron desplazamiento en Pailitas, 1.161 en Chiriguaná y 1.363 en Curumaní. En 2002 en Norte de Santander salieron desplazadas 8.368 personas del municipio de Convención y 3.807 de Teorama.

Las ‘Finanzas’ y el Control
Como los demás grupos paramilitares, los desmovilizados contaron en versión libre que el Frente Resistencia Motilona cobró cuotas ilegales a todos los negocios lícitos e ilícitos que produjeran dinero. Entre ellos, los alimentos y combustibles. "Todas las bombas eran nuestras", dijo uno de los ex paramilitares explicando que se "pegaban al tubo" (oleoducto) y se robaban la gasolina con la que surtieron las estaciones de servicio en los municipios donde delinquieron.
También robaron ganado de las fincas donde los dueños no les pagaban la ‘vacuna’, cobraron cuotas al narcotráfico por cada kilo de coca o mancha de amapola que pasara del Catatumbo al Sur de Bolívar y viceversa. "Le rendíamos cuentas a una secretaria que tenía ‘Jorge 40’ en Curumaní", dijo un ex jefe paramilitar en la versión libre.
Entre las confesiones mencionaron además presuntos vínculos con la policía local. Uno de los desmovilizados dijo que dos jóvenes de un pueblo denunciaron el tráfico de droga ante una estación de policía. "A cambio de $500 mil pesos, los policías nos contaron quiénes habían sido y los matamos", dijo un ex paramilitar en versión libre.
Solo en los primeros días de confesiones, los tres ex paramilitares identificaron 40 bienes de los cuales VerdadAbierta.com omite sus nombres y ubicación, porque la Fiscalía ya compulsó copias a la Subunidad de Bienes de Justicia y Paz para que comience a investigar su tradición y más adelante estos predios sirvan para reparar a las víctimas en esta zona del país.
Los desmovilizados reconocieron que utilizaron diferentes modalidades de despojo, entre ellas la complicidad con notarías para obtener escrituras falsas, ventas forzadas y asesinatos en sitios estratégicos. Según la confesión de uno de los paramilitares, por ejemplo, a una mujer le arrendaron un terreno para instalar una bomba gasolina. Cuando se cumplió el contrato, los paramilitares le dijeron que les vendiera el terreno a un precio inferior a lo que valía la tierra. Bajo amenazas, la víctima aceptó. Luego la asesinaron y le quitaron el dinero a la familia.
En la política los desmovilizados del Frente Resistencia Motilona aseguran que las elecciones populares fueron infiltradas por ellos. Según contaron, hicieron pactos con varios candidatos locales para que apenas resultaran electos les entregaran los listados de los contratistas. Así el grupo paramilitar cobró extorsiones a todas las empresas o personas que trabajaran para los municipios del Cesar y Norte de Santander donde ellos delinquieron.
En la jornada electoral los paramilitares tuvieron injerencia sobre las mesas de votación. "Nosotros marcábamos los votos de los que no habían votado y reclamábamos los certificados electorales. A todos los candidatos que no fueran amigos nuestros les decíamos que no podían participar", dijo uno de los tres ex paramilitares en versión libre.
La Unidad de Justicia y Paz seguirá realizando versiones libres a alias ‘Bachiller’, ‘Chacal’ y ‘Rafa’ para que confiesen los crímenes que cometieron cuando fueron paramilitares del Frente Resistencia Motilona, un subgrupo del Bloque Norte que delinquió desde la Serranía de Perijá hasta las riveras del río Magdalena.
Los nombres de los políticos y otros funcionarios del Estado que al parecer fueron cómplices de los paramilitares también se reservan porque apenas han sido mencionados en versión libre, y por tanto la Fiscalía comenzó el proceso de compulsa de copias a la justicia ordinaria para que los investigue.
[*La Fiscalía tendrá que investigar todo lo que han confesado los ex paramilitares en versión libre, que es una etapa preliminar antes de llevarlos a juicio ante un magistrado de Justicia y Paz.]
11 de octubre de 2011
7 de octubre de 2011
cc verdad abierta

el pacto de paz eln-farc


Un singular pacto de paz Eln-Farc. Luego de una cruenta guerra entre guerrillas en Arauca, que dejó mil muertos, estas sellaron un acuerdo de no agresión. VerdadAbierta.com revela cómo se fraguó este inusual pacto.
Colombia. A finales de agosto de 2010, los jefes de los frentes 10 y 45 de las Farc, conocidos con los alias de ‘Arcesio Niño’ y ‘El Viejo’, salieron de sus campamentos entre Tame y Fortul a un lugar desconocido de la frontera con Venezuela. Hicieron su recorrido sin agrado, sobre todo porque no les cayó bien la orden que les impartió el máximo jefe de esa guerrilla, Guillermo Sáenz, alias ‘Alfonso Cano’: cumplirle una cita a los jefes del Frente Domingo Laín del Eln, con quienes llevaban cinco años de confrontación y sellar con ellos un acuerdo de paz. Cuatro fuentes diferentes que conocieron bien los hechos pero que prefieren no revelar sus nombres coincidieron en esta versión de cómo se dio este encuentro.
La orden también la cumplían a regañadientes los jefes del Eln en esa región, alias ‘Pablo’, ‘Lenin’ y ‘Nacho’, quienes por esos días habían logrado que las Farc se replegaran temporalmente hacia Boyacá, Casanare y los santanderes. El comandante del Eln, Nicolás Rodríguez Bautista, alias ‘Gabino’, cerró así el acuerdo pactado con Cano en diciembre de 2009 para finalizar la confrontación entre las dos organizaciones guerrilleras que se había originado cuando las Farc intentaron desterrar de Arauca al Frente Domingo Laín del Eln.
En la cita, los jefes guerrilleros debían firmar su paz, y, a su estilo, anunciar que no volverían a atacar a las comunidades y les devolverían los bienes que les habían arrebatado a la fuerza. Así fue cómo se cocinó esta suerte de ley del monte que el 14 de septiembre pasado cumplió un año en medio de temores.
Gabino y Cano pactaron cerrar las heridas provocadas tras continuas fricciones por temas como la injerencia en la clase política y las administraciones locales, los cultivos de coca, el secuestro, el cobro de vacunas a las petroleras y ganaderos, el manejo de los negocios en la frontera y la alianza que hizo con el Ejército alias ‘Ernesto’, comandante de la Comisión Martha Elena Barón del Eln, y quien fue fusilado por sus compañeros.

El Inicio de la Guerra
El Eln había llegado a Arauca en 1980 y conformó un frente al que bautizaron Domingo Laín, un sacerdote español que intentó seguir los pasos de Camilo Torres y quien murió en combate en El Bagre, Antioquia, el 20 de febrero de 1974. Los guerrilleros que llegaron buscando refugio a Arauca y que eran sobrevivientes de la Operación Anorí, realizada por el Ejército en Antioquia en 1973.
Los ‘elenos’ se ubicaron en el piedemonte y parte de la sabana, y como se iniciaba la exploración y explotación de petróleo, encontraron en la extorsión a las petroleras y a sus contratistas una jugosa fuente de financiación para recuperarse. Cuando no cedían a su chantaje, volaban el oleoducto causando estragos ambientales. Además, también a bala, empezaron a tomarse el poder político, imponiendo desde concejales hasta alcaldes y gobernadores.
Las Farc llegaron a la zona después, a mediados de los ochentas porque vieron el "éxito" que estaban teniendo sus pares del Eln y entraron a disputarle el dominio de la región. Fue así como, Jacobo Arenas, el jefe histórico de las Farc, decidió enviar a Arauca castigado por indisciplina a Germán Briceño alias ‘Grannobles’, hermano del jefe del Estado Mayor del Bloque Oriental (Embo), Jorge Briceño, alias ‘El Mono Jojoy’, a tomarse esa región.
En el inicio de esa confrontación, el Eln asesinó a Jesús María Piedrahita, conocido con el alias de ‘El Che’, quien era el segundo al mando de lo que se llamó el minibloque, un grupo de 500 guerrilleros compuesto por cuatro frentes y once compañías del Bloque Oriental al que habían destinado para la incursión en Arauca.
‘El Che’ cayó asesinado a manos de ‘La Ñeca’, uno de los mandos del Domingo Laín, en diciembre de 2006 cuando intentaban solucionar diferencias a punta de licor. A partir de ahí, ‘Grannobles’, ordenó borrar del mapa todo lo que tuviera que ver con los ‘elenos’ en Arauca, Boyacá y Casanare. El hermano del Mono Jojoy dispuso de toda su fuerza militar para acabar con el Eln.
La reacción del Eln a esta declaratoria de guerra hizo que el Comando Central de esta guerrilla –más conocido como el Coce- ordenara mover de Casanare hacia Arauca al Frente José David Suárez que se unió con el Domingo Laín, integrado por más de 400 hombres de 13 estructuras armadas y dos frentes de guerras, además de un grupo móvil conocido como Rungo o de explosivos y las Tropas Especiales. Estas últimas eran conocidas en la región porque fueron las que rescataron de la cárcel de Arauca en 2009 a Gustavo Aníbal Giraldo, alias ‘Pablito’, uno de los mandos del Coce y comandante del Frente de Guerra Oriental (FGO).
 "A partir de ese momento, la guerrilla dividió al departamento en dos: de un lado las Farc y del otro, el Eln", recuerda un habitante de Saravena que pidió anonimato.
Según el Comité Permanente para los Derechos Humanos de Arauca, la confrontación armada provocó el desplazamiento de 54.000 personas entre 1998 y 2008. Sólo en el área rural de Arauquita 4.500 familias terminaron desarraigadas y veredas como Aguchica, El Oasis y Caranal, quedaron prácticamente desiertas. Además esta guerra entre guerrillas hirió o mató a unos 500 campesinos y militares con minas antipersona.
La Defensoría del Pueblo denunció que, entre 2006 y 2008, los grupos armados lanzaron toda suerte de amenazas a la población civil y en contra de alcaldes, diputados, concejales de Arauca y funcionarios municipales de Arauca capital, Tame, Arauquita y Fortul.
En 2008, la situación era dramática. En agosto de ese año, Codhes y la Defensoría revelaron que, además de los permanentes asesinatos selectivos en veredas y cascos urbanos del piedemonte araucanos, las guerrillas asesinaron a 50 líderes sociales y mil familias abandonaron la zona.
 Y la tragedia de los araucanos siguió empeorando. A la muerte y zozobra provocada por las dos guerrillas, miembros no desmovilizados del Bloque Vencedores de Arauca (BVA), las Águilas Negras y el Erpac, comenzaron a matar pobladores acusándolos de cómplices de ‘elenos’ o de ‘farianos’. La Fuerza Pública, según los campesinos, hizo las veces de espectador en unos casos y en otros dirigió sus operaciones militares acudiendo a informantes y desertores, quienes comenzaron a señalar a los habitantes. En esos operativos, de acuerdo con Codhes y las organizaciones sociales del departamento, se capturaron alrededor de 250 personas en detenciones masivas, a quienes sindicaban de ser colaboradores de la guerrilla.
En noviembre de 2008, por ejemplo, el Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CPDH), denunció la detención por parte de la Policía y del Ejército, 10 labriegos afiliados a la Asociación Campesina de Arauca (ACA), y 13 líderes sociales de del municipio de Arauquita, todos sindicados de rebelión.
Al mismo tiempo, y pescando en río revuelto, antiguos integrantes de los paramilitares del BVA, las Águilas Negras y del grupo de Pedro Oliveros alias ‘Cuchillo’ conocido como el Ejército Revolucionario Popular Antiterrorista de Colombia (Erpac), hicieron de las suyas en Tame, Saravena, Puerto Rondón y Cravo Norte, en donde comenzaron a amenazar y a cometer crímenes selectivos, con lo que terminaron por aumentar el drama de los habitantes de Arauca.
Desde 2007 hasta agosto de 2010, la Fundación de Derechos Humanos Joel Sierra, Pastoral Social, el Obispo de Arauca, la Defensoría del Pueblo, el Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos, Asojuntas, la Asociación Juvenil y Estudiantil Regional, la Asociación de Usuarios Campesinos de Arauca, la Asociación de Educadores de Arauca, la Asociación de Mujeres por Arauca y los sindicatos regionales, entre otros, buscaron en vano llamar la atención del Estado para evitar que los siguieran matando.
Una de esas voces fue la del director de Caritas Arauca, padre Deisson Mariño, quien al valorar la respuesta de organismos internacionales y nacionales no estatales, advirtió que la crisis humanitaria del departamento empeoraba por la escasa respuesta de las autoridades, la ingobernabilidad y la poca credibilidad que la población tenía en las instituciones.
"La legitimidad de los mandatarios está cuestionada por las constantes denuncias e investigaciones que adelantan los organismos de justicia y de control por las alianzas oscuras hechas con grupos armados al margen de la ley para llegar al poder", señaló el director de Caritas, al tiempo que mostraba preocupación por los índices de corrupción política y administrativa y la cuestionada inversión de las regalías petroleras, que no ayudaba a mejorar el nivel de vida de los araucanos.

Los Intentos de Paz
La sociedad civil intentó hacer entrar en razón a los dos grupos guerrilleros. Para parar la matazón, la Conferencia Episcopal encargó al obispo de Arauca, monseñor Carlos Mesa Ruiz y a los sacerdotes Teodoro González y Deisson Mariño, a que conminaran a los jefes del Eln y las Farc a buscar un acuerdo que pusiera fin a la confrontación.
El 24 de diciembre de 2006, monseñor Mesa Ruiz y los dos sacerdotes fueron a una cita con los jefes del frente Domingo Laín del Eln, ‘Pablito’, ‘Lenín’ y ‘David’, en la que intentaron convencerlos de poner fin a la guerra con las Farc, para evitar que continuara el desangre de la población civil. Los guerrilleros dijeron que harían llegar las propuestas al Coce para negociar la paz pero no se pusieron de acuerdo.
Al tiempo, los dos bandos continuaron con la intimidación de la población. Los campesinos eran los que más sufrían con esta situación, y prueba de ello es que el Frente 10 de las Farc les notificó el 23 de marzo de 2006, lo que vendría más adelante:

"Población civil, simpatizantes de las dos organizaciones, milicianos del Eln, les invitamos a permanecer al margen de un proceso que debe ser definido por las fuerzas armadas, quien no lo haga es consciente de las consecuencias que traerá su acción, no vamos a atacar indiscriminadamente siempre tomaremos en consideración la responsabilidad individual", sentenciaron las Farc en un panfleto que distribuyeron en la zona.

Este fue uno de los interminables comunicados en los que tanto el Eln como las Farc se echaban el agua sucia. Salían en defensa de lo que consideraban sus bases sociales, hacían reflexiones sobre el daño a la población civil y en otros boletines de prensa cargados de encendida prosa política, aparecían como defensores de los civiles afectados y renegaban del enfrentamiento.
En esa confrontación, los dos bandos plantearon el desarrollo de dos modelos de revolución, pero terminaron devorándose entre sí.
Con la llegada a la presidencia de Álvaro Uribe Vélez en 2002, el gobierno implementó, como parte de su Política de Seguridad Democrática, cuatro zonas de rehabilitación en el país, y Arauca había sido uno de los departamentos escogidos. En la estrategia de las Fuerzas Militares se promovió la deserción de guerrilleros. Muchos huyeron de las filas guerrilleras y se convirtieron en informantes del Ejército, en especial de la Brigada XVIII.
El punto de quiebre de esta guerra llegó en 2006. Salvo en el municipio de Arauquita, el departamento de Arauca votó por la reelección de Álvaro Uribe Vélez, a pesar de que aún la política local estaba controlada por el Eln y las Farc, como lo advirtió la Corte Suprema de Justicia en dos fallos que profirieron contra el ex gobernador y ex congresista José Vicente Lozano Fernández y el ex gobernador y el también ex gobernador Héctor Federico Gallardo, por nexos con los grupos armados por procesos de Farc-política y Eleno-política.
"De manera progresiva, para los años noventa, especialmente a partir de 1992 el grupo insurgente se especializó en el apoderamiento de los dineros públicos a través de la contratación en las administraciones departamentales de Arauca (alcaldías, gobernación, gerencias de institutos descentralizados) contando con el apoyo de contratistas vinculados a la región, pero igualmente afectos a la organización subversiva", dijo la Corte Suprema de Justicia al condenar a Lozano Fernández el 10 de septiembre de 2010.
El fenómeno Uribe llevó a varias interpretaciones: habitantes de Arauca capital y Arauquita, concluyeron que su votación fue una especie de castigo a la guerrilla por todas sus arbitrariedades e incongruencias.
Lo problemático de la colaboración de los desmovilizados con la Fuerza Pública ha sido que muchas veces en lugar de denunciar a los guerrilleros, señalaron a sus víctimas: a líderes sociales, sindicalistas, concejales, diputados y aspirantes a la Gobernación, y estos, luego, fueron capturados y judicializados por la Fiscalía. Según informes de la Fundación Regional de Derechos Humanos "Joel Sierra" y del Comité de Solidaridad con los Presos Políticos, con la política de Seguridad Democrática fueron detenidas más de 2.000 personas.´
Según la Asociación Amanecer de Mujeres por Arauca (AMAR), en la región aun no se olvida lo sucedido el 12 de noviembre de 2002, cuando luego de un operativo militar, llevaron a unas 2.000 personas detenidas al Coliseo Jacinto Jerez de Saravena. De éstas, 96 fueron conducidas a la sede del Batallón Mecanizado Revéis Pizarro (Brigada XVIII) y finalmente 43 fueron judicializadas en llevadas a las cárceles de La Picota y Buen Pastor en Bogotá por más de tres años.
Cuando llegó el gobierno Santos al poder en agosto de 2011, las detenciones no siempre justificadas en el debido proceso, sino en el mero señalamiento de ex guerrilleros, han continuado. De acuerdo con la Asociación Amanecer de Mujeres por Arauca (AMAR), desde comienzos de 2011, ha habido un nuevo proceso de detenciones masivas.

La Negociación en la Frontera
Fue la ofensiva militar la que debilitó a las dos guerrillas en conflicto, y las forzó a buscar un pacto de no agresión mutua.
‘Gabino’ y ‘Alfonso Cano’ fueron los que finalmente discutieron y acordaron que sus jefes en Arauca debían encontrarse a discutir los términos de un "cese de hostilidades". Cano ordenó que los guerrilleros ‘Arcesio’ y ‘El Viejo’ se sentaran en un lugar de la frontera con Venezuela con ‘Pablito’, ‘Nacho’ y ‘Lenín’, del Frente Domingo Laín.
Al principio entre los guerrilleros hubo tensión, según le contaron a VerdadAbierta.com testigos de este encuentro, pero, luego entraron en confianza,  y comenzaron a discutir que era necesario un nuevo encuentro en el que se discutirían los límites y condiciones de la paz.
No era la primera vez que los mandos de estos frentes subversivos intentaban buscar una salida a la guerra a muerte que entre 2005 y 2010, llevó a la tumba a unos 500 civiles y más de 600 subversivos, según se deduce de cruzar las estadísticas del seguimiento al conflicto que hacen las organizaciones sociales, la Policía, Medicina Legal con las cuentas de habitantes en Arauquita, Tame y Saravena.
El escenario de paz que estaban buscando los guerrilleros en agosto de 2010, generaba dudas en la mayoría de los 274.000 araucanos. Sobre todo porque no se olvidaba el encuentro que tuvieron con los sacerdotes Meza, Gonzalez y Mariño, a finales de 2006, que sucumbió por la arrogancia de la guerrilla que pensó más en sus intereses que en las vida de miles de personas.
Las comisiones guerrilleras se volvieron a reunir dos veces más, en las que, además de recordar las épocas de la Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar (CGSB) y los fracasados diálogos de Caracas y Tlaxcala, México, entre 1991 y 1992, definieron lo que sería el futuro de los dos grupos guerrilleros en Arauca.
Al son de estos recuerdos, reconocieron los mandatos de ‘Cano’ y de ‘Gabino’ quienes ordenaron poner fin a las confrontaciones, las agresiones contra la población civil y permitir el retorno de los campesinos a sus tierras. Además, aseguran las fuentes que estuvieron en la reunión o la conocieron de cerca, los jefes guerrilleros ordenaron a sus subalternos araucanos devolverle a la gente el ganado robado, devolver a sus manos la dirección de proyectos productivos y educativos que les habían quitado y las sedes de cooperativas y las juntas de Acción Comunal despojadas.
Según los líderes regionales que también conocieron de los puntos discutidos, el pacto de no agresión involucró frentes guerrilleros de Arauca, Casanare, Boyacá, y parte de los santanderes, hasta donde se había trasladado la guerra entre el sub-bloque de las Farc y el Domingo Laín.
También se registró otro debate que los mantuvo un tiempo ocupados y fue que Grannobles pidió trasladar de Arauca a los mandos regionales del Eln, pero curiosamente las cosas le resultaron al revés.
‘Cano’ sacó al hermano del ‘Mono Jojoy’ de Arauca, y lo reemplazó por alias ‘El Viejo’, lo mismo ocurrió con alias ‘Arcesio’ y ‘Misael’ del Frente 28, quienes fueron reemplazados por otros mandos cuyos nombres aún se desconocen.
También discutieron cómo se dividirían su guerra en Arauca. Y acordaron que las Farc se quedarían con Cravo Norte, el suroriente de Tame, Puerto Rondón y un tramo de Arauquita, desde la inspección de Aguachica hasta Panamá de Arauca, mientras que el Eln se quedó con los municipios del piedemonte Llanero.
Quedaron entonces dos puntos que producían los peores roces: el manejo de la frontera y el tráfico de gasolina.
Alias ‘Pablito’ les notificó a los guerrilleros de las Farc que no cedería este negocio y su interés era seguir controlando el contrabando de gasolina especialmente en las zonas de El Amparo, Isla Reinera, La Victoria, Puerto Contreras y Puerto Lleras.
Por último, los guerrilleros acordaron que, mientras se generaba confianza, no podía haber combatientes de otros grupos en las zonas repartidas, "ni tropa en territorios de una organización u otra y no se permite el paso de estructuras, columnas ni comisiones guerrilleras", como se conoció después en un comunicado.
Bajo esas circunstancias, el 14 de septiembre de 2010, finalmente, los guerrilleros del Eln y las Farc emitieron un comunicado en el que decretaron el fin de su guerra y se comprometieron a no seguir matando a los pobladores en sus zonas de influencia.
En el comunicado, leído en casi todas las emisoras del departamento, las dos antiguas guerrillas aceptaron la responsabilidad en la tragedia a la que llevaron a Arauca, se excusaron con los afectados y reconocieron los daños causados a la población civil. Algunas personas de la zona dicen que incluso los grupos guerrilleros indemnizaron a pobladores de algunas veredas por los daños que les causaron.
"Somos autocríticos en reconocer los daños y afecciones causadas a la población, son dolorosos los episodios y lamentable las consecuencias. Por tanto, presentamos nuestros sentimientos de consideración y excusas a todos los afectados", se leyó, en uno de los apartes del comunicado que también fue publicado en las páginas de internet de los dos grupos.
Algunas familias, con cierto temor, están regresando a sus veredas, según lo afirman voceros del Comité Permanente por los Derechos Humanos y la Fundación de Derechos Humanos Joel Sierra.
Pero a pesar de los mea culpa públicos y el pacto de las dos guerrillas, en los municipios de Arauquita, Tame, Saravena, Fortul, Puerto Rondón y parte de Cravo Norte, los habitantes aún no están tranquilos. Saben que las fronteras invisibles trazadas por los guerrilleros en los municipios del piedemonte llanero son muy frágiles. Además, muchos sienten que ni las tardías y débiles excusas, ni el pacto de no agresión son suficientes para reparar las miles de vidas perdidas, el sufrimiento y sueños de progreso rotos. Siguen en la guerra y con ella seguirán trayendo sus miserias.
6 de octubre de 2011
29 de septiembre de 2011
cc verdad abierta

proyecto cauchero en tierras despojadas


El Fondo Ganadero de Córdoba entregó predios en el Urabá antioqueño a un proyecto cauchero que tiene entre sus socios a desmovilizados del Bloque Elmer Cárdenas y al Estado.
Colombia. Dos empresas creadas en el Urabá antioqueño con el fin de ofrecer alternativas económicas a desmovilizados del Bloque Élmer Cárdenas de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc) y a familias que abandonaron los cultivos de coca, recibieron 16 predios en usufructo - es decir que ses entregaban para explotar sin títulos- que el Fondo Ganadero de Córdoba compró en esa subregión.
Las autoridades investigan si ese Fondo compró esas tierras de manera forzada a bajo precio y en complicidad con grupos armados.
Según la investigación que adelanta la Superintendencia de Notariado y Registro, las firmas Compañía Productora de Caucho San Pedro S.A. y Compañía Productora de Caucho del Norte de Urabá S.A. (Procaucho Urabá S.A.), recibieron el 19 de septiembre de 2006 613 hectáreas ubicadas en diversas veredas del municipio de Turbo y adquiridas por el Fondo entre 1998 y 2009.
Verdadabierta.com tuvo acceso a un extenso documento preparado por el equipo del Proyecto Tierras de la Superintendencia de Notariado y Registro en el que se observan la tradición de la posesión de los predios que hoy están en discusión y en el que se confirma que la titularidad de los 16 predios que fueron aportados al proyecto cauchero está en cabeza del Fondo Ganadero de Córdoba.
Esas tierras están ubicadas en las veredas Brazo Izquierdo, Cienaguita, La Pita, San José de Mulatos y Pueblo Bello, jurisdicción de Turbo, y fueron adjudicadas a campesinos entre 1985 y 1999 por el Incora, las cuales fueron vendidas al Fondo Ganadero de Córdoba, supuestamente a bajo precio.
De acuerdo con Carlos Páez, vocero de la organización Tierra y Vida, que funciona en Urabá y reúne a reclamantes de predios, esas compras las hizo el Fondo Ganadero de Córdoba "a través de varios intermediarios, quienes compraron a bajo precio y de manera forzada". Al parecer, los comisionistas se aprovecharon de la presencia paramilitar en la zona y los desplazamientos forzados a los que se vieron sometidos los campesinos.
Una compra que atrajo la atención de los investigadores de la Superintendencia es la del predio conocido como Nuevo Pasto, de 28 hectáreas, por el que se registró la compra venta por 400 mil pesos. "Ese tipo de transacciones se deben investigar por parte de las autoridades", subrayó Páez.
Las dos empresas de explotación del caucho las gerencia actualmente Jesús Bastidas, quien ocupa ese cargo desde junio de 2007. Según este directivo, cuando recibió el puesto la entrega en usufructo de las tierras era un hecho y habían sido legalizadas por la anterior administración, liderada por Soraya Liliana Pardo Palma, anterior gerente, y por Luis Alfonso Jaramillo Muñoz, gerente de la firma estatal Incubadora Empresarial de Producción y Comercialización Agropecuaria (Incuagro), socia mayoritaria de proyecto y liquidada en junio de 2009.
"De junio de 2007 hacia atrás no conocemos nada ni tenemos nada que ver. Esa es la verdad", afirma Bastidas. "A nosotros la anterior administración ni nos entregó. Llegaron y nos dijeron: ahí está eso y salieron y se fueron. Entonces empezamos a reorganizar todo para hacer viable el proyecto que, tal como estaba, iba para la quiebra".
Bastidas presume que todos los documentos que respaldan los predios aportados por el Fondo Ganadero de Córdoba al proyecto cauchero son legales y legítimos puesto que están notariados y registrados: "Lo que yo entiendo es que cuando se hicieron los estudios de títulos y se legalizaron los usufructos del Fondo a la compañía todo estaba en regla".
Las compañías productoras de caucho San Pedro S.A. y Procaucho Urabá S.A. agrupan a 125 familias que provienen de programas de sustitución de cultivos de hoja de coca y de la reinserción del Bloque Elmer Cárdenas de las Auc.
Según registros de la Cámara de Comercio de Medellín, Procaucho Urabá S.A. fue constituida en Apartadó el 21 de diciembre de 2005 y San Pedro S.A. el 7 de septiembre de 2006 también esta localidad del Urabá antioqueño. En la gestación de ambas empresas aparece el Fondo Ganadero de Córdoba, asociado a Incuagro, a varias cooperativas de trabajo asociado conformadas por campesinos que abandonaron los cultivos de hoja de coca y a Construpaz, que agrupa a los desmovilizados del Elmer Cárdenas de las Auc.
"El grupo de desmovilizados de Construpaz trabaja en Mutatá, en tierras que adquirieron con sus recursos; ellos nos las traspasaron y a cambio les dimos acciones de las empresas", explica Bastidas. "Las cooperativas de trabajo asociado, que son las bases sociales, los campesinos que abandonaron los cultivos ilícitos, están haciendo el trabajo en terreno".
En la actualidad, el Fondo Ganadero de Córdoba solo es socio de la compañía San Padro S.A., a la que le aportó 13 predios y un total de 511 hectáreas. De Procaucho Urabá S.A. salió de la estructura societaria porque tres fincas cedidas en usufructo que sumaban 112 hectáreas resultaron improductivas para el proyecto.
"Se canceló el usufructo porque cuando la anterior administración recibió esos predios en el 2006 en el papel, nunca fue a verlos", explica Bastidas. "Cuando nosotros llegamos en el 2007, encontramos que esos tres predios no servían porque estaban muy retirados, no había vías, la cobertura vegetal no servía y era difícil por la topografía. Entonces qué hicimos: recomendamos que se le devolvieran al Fondo Ganadero, como efectivamente ocurrió, eso se aprobó este año en la asamblea porque son bienes improductivos para la sociedad. Eso fue una falla de la administración anterior, que no hizo la tarea como debería ser".
Este directivo afirma que en caso que se demuestre que hubo compra irregular de tierras y los obliguen a restituir los predios que cedió el Fondo Ganadero de Córdoba, no sabría qué pasaría: "Las familias están ahí, trabajando. Lo que creo es que se tendrían que hacer reuniones de alto nivel para solucionar el problema".

¿’Paras de por Medio?
La creación de las empresas caucheras fue el resultado de un foro del programa Familias Guardabosques realizado a finales del año 2005 en el municipio de Apartadó. De allí salieron con la idea de constituir proyectos productivos que beneficiaran a aquellos que querían abandonar los cultivos de hoja de coca y a los desmovilizados del Bloque Elmer Cárdenas.
Pese a la imagen de legalidad que tenía esa iniciativa, investigaciones realizadas por VerdadAbierta.com constataron que detrás de todo ello estaba la Asociación Comunitaria de Urabá y Córdoba (Asocomún), organización creada el 16 de febrero de 2002 por John Jairo Rendón Herrera, conocido con el alias de ‘Germán Monsalve’ y hermano de ‘El Alemán’, excomandante del Bloque Elmer Cárdenas de las Auc.
Un informe judicial del año 2008 dejó constancia de los orígenes de Asocomún. En el documento se dijo que esta organización llegó a "la región de Tulapa e inició una labor social comunitaria para la erradicación manual de cultivos ilícitos y la generación de alternativas económicas y sociales". Se la describió como "una asociación de juntas de acción comunal liderada por el Bloque Elmer Cárdenas, por cuya vía se quiso controlar el Proyecto de Familias Guardabosques para la erradicación manual de cultivos ilícitos". Además, se constató que ‘Germán Monsalve, su promotor, era "el tercero en la línea de mando de los Rendón Herrera y el encargado de legalizar sus negocios".
Estas afirmaciones serían constadas dos años después por la Corte Suprema de Justicia en la sentencia dictada contra el excongresista Antonio Valencia Duque, quien fue condenado por sus nexos con el Bloque Elmer Cárdenas.
En el documento, de diciembre de 2010, la Corte determinó que "la iniciativa de incorporar a las comunidades de Urabá en el componente social del Programa Familias Guardabosques para la erradicación de cultivos ilícitos fue de Asocomún, con el liderazgo de ‘Germán Monsalve’ desde el año 2002". Además, el Alto Tribunal dejó constancia del uso que el paramilitar le daba a Asocomun. A juicio de la Corte, ‘Germán Monsalve’ usaba la figura de esta organización no gubernamental para dinamizar la injerencia del Bloque Elmer Cárdenas en la política y economía de la región, particularmente en Turbo y Necoclí.
La decisión de la Corte también dejó claro que Valencia Duque cumplió un papel fundamental en la realización del proyecto agroindustrial. Según relató la Corte, el político conservador hizo un intenso lobby con instituciones gubernamentales, incluyendo instancias del Plan Colombia, para lograr el apoyo a los proyectos del Programa Familias Guardabosques, lo que a la postre surtió efecto, pues las empresas caucheras en particular recibieron apoyo económico de agencias del Estado.
En esa iniciativa se involucró el Fondo Ganadero de Córdoba, representado para la época por el gerente Benito Osorio Villadiego, quien se vinculó a esas iniciativas productivas ofreciendo tierras adquiridas a campesinos del Urabá antioqueño. Este directivo se encuentra detenido desde el pasado mes de marzo, cuando se entregó a las autoridades para responder por cargos relacionados con sus nexos con grupos paramilitares.
Si bien la Superintendencia de Notariado y Registro ha determinado la cesión de predios del Fondo Ganadero de Córdoba a las empresas caucheras del Urabá antioqueño, le tocará a la justicia determinar si esas tierras fueron compradas de manera irregular o no, con lo que se dirimirá la disputa entre los campesinos reclamantes y aquellos que hoy las usufructúan y se benefician de la producción de caucho.
5 de octubre de 2011
3 de octubre de 2011
cc verdad abierta

sindicalistas asesinados por paras


Paras detrás de la mitad de crímenes a sindicalistas.
Colombia. Según un informe de la Fiscalía, en el que se analizaron 354 sentencias entre 2000 y 2011, el 53 por ciento de los crímenes contra sindicalistas fueron cometidos por las Autodefensas.
Un estudio realizado por la Fiscalía General de la Nación mostró que más de la mitad de los crímenes cometidos contra sindicalistas en el país, entre 2000 y 2011, fueron cometidos por paramilitares.
La Fiscalía publicó un informe titulado "Judicialización de los crímenes contra sindicalistas (descargar documento)", en el que evaluó las acciones de la justicia frente a los delitos de los que son víctimas miembros de los sindicatos.
Ese estudio concluyó que siete de cada diez crímenes fueron cometidos entre 2000 y el 2004, fechas que coinciden con la época de mayor presencia y auge de grupos paramilitares.
De las sentencias estudiadas en el territorio nacional, más de la mitad se concentran en cinco departamentos: Valle del Cauca, Santander, Atlántico, Antioquia y Norte de Santander, zonas dominadas por paramilitares y en el que se registraron la mayoría de crímenes contra sindicalistas.
De acuerdo al análisis, el 99 por ciento de estos delitos responden a "homicidios agravados por la calidad sindical de la víctima y homicidio en persona protegida", los cuales son generalmente acompañados por desaparición forzada y violación de derechos humanos.
El estudio realizado por la Fiscalía señala también que el principal móvil de los crímenes contra organizaciones sindicales ha sido: "la presunta colaboración o pertenencia de la víctima a un grupo subversivo".
Uno de los casos más representativos en este sentido fue la condena a 26 años de prisión del exjefe paramilitar del Bloque Norte, Rodrigo Tovar Pupo alias ‘Jorge 40,’ por el asesinato del profesor universitario Alfredo Correa D’Andreis, a quien las Auc sindicó de pertenecer a un grupo guerrillero.
Por este asesinato fue también condenado recientemente el ex director del DAS Jorge Noguera.
Si bien no se pudo establecer un patrón de persecución a una agremiación específica, fueron los educadores y los empleados de empresas los más afectados por crímenes en contra de sindicalistas.
Sin embargo, sólo en contados casos se pudo establecer a que compañías pertenecían las víctimas.
Algunas de las empresas citadas por el informe son la multinacional Drummond, Ecopetrol, Empresas Públicas de Medellín, Electrificadora de Santander y Electrificadora del Meta.
En uno de cada tres casos no se pudo determinar la asociación sindical de la víctima, no obstante la Fiscalía señaló en su informe que la Asociación Nacional de Trabajadores Hospitalarios de Colombia (ANTHOC) y el sindicato de Trabajadores Oficiales y Empleados Públicos del Departamento de Antioquia (SINTRAOFAN) fueron los sindicatos más afectados por la violencia.
Con el objetivo de mejorar la celeridad de los procesos judiciales de los crímenes en contra de sindicalistas, el estudio identificó los elementos más importantes para estos casos: caracterización de las víctimas, responsabilidades penales, tipos de delitos, participación de grupos al margen de la ley, regiones críticas y sectores laborales más afectados.
La Fiscalía también recomendó identificar plenamente las personas acusadas por estos delitos sobre todo en los procesos contra paramilitares en Justicia y Paz, ya que para confundir y eludir la acción de la justicia un mismo acusado utiliza diferentes nombres, alias o identidades.
De los 354 casos estudiados, a un 35 por ciento de los condenados les fueron impuestas penas de 30 a 40 años de prisión mientras solo se dictó la absolución de 36 de los acusados.
A pesar de los resultados expuestos por el Informe de la Fiscalía, la Ong Human Rights Watch continua clasificando a Colombia como el país más peligroso del mundo para la actividad sindical, denunciando que la mayoría de crímenes en contra de sindicalistas aún permanecen en la impunidad.
Cabe aclarar que el análisis de la Fiscalía no corresponde con la totalidad de los crímenes efectivamente ocurridos sino sólo con aquellos en los que los victimarios han sido judicializados.
Por otra parte aunque el informe revela una disminución del número de crímenes en contra de sindicalistas a partir de 2005, esto podría explicarse con el inicio del proceso de negociación con grupos de las autodefensas.
4 de octubre de 2011
cc verdad abierta


el alemán y el narcotráfico


Durante la audiencia de legalización de cargos a Freddy Rendón Herrera en Justicia y Paz, el ex jefe paramilitar se negó a aceptar la acusación por narcotráfico. La Fiscalía mostró sus cartas para acusarlo por este delito en la justicia ordinaria.
Colombia. Freddy Rendón Herrera alias ‘El Alemán’ deberá enfrentar una investigación por narcotráfico en la justicia ordinaria, luego de que la Fiscalía lo acusó por cuatro hechos y que el ex jefe paramilitar se negó a aceptar.
La abogada de ‘El Alemán’ argumentó que no podía aceptar estas sindicaciones, porque ni la droga, ni los cultivos pertenecieron al Bloque de autodefensas que él comandó, y negó que este grupo se dedicara a este negocio ilegal.
A mediados del 2009, ‘El Alemán’ fue solicitado en extradición por el gobierno de Estados Unidos por encontrarlo culpable de delitos federales de narcotráfico. Esta petición fue negada por la Corte Suprema de Justicia debido a que se consideró más importante el derecho a la verdad, la justicia y la reparación de las víctimas de los delitos de lesa humanidad cometidos por ‘El Alemán’, que el delito de narcotráfico por el cual estaba siendo pedido.
Por otra parte al momento de la solicitud, la fiscalía 48 de Justicia y Paz pidió iniciar de manera parcial el juicio al ex jefe paramilitar por concierto para delinquir agravado, porte ilegal de armas, porte ilegal de insignias militares, reclutamiento forzado de menores, el asesinato del alcalde de Unguía, Chocó, Alberto de Jesús Castro Mora, y narcotráfico.
A pesar de la negativa de la Corte Suprema de Justicia al gobierno de Estados Unidos, la Sala de Justicia y Paz encargada del juicio decidió continuar con el mismo. Durante las 45 sesiones de audiencia de legalización y formalización de cargos, iniciada el 17 de Agosto de 2010, el fiscal Mauricio García Cadena aportó pruebas que demuestran que ‘El Alemán’ participó en tres casos de tráfico de estupefacientes y uno por financiación de plantaciones ilícitas.
Tanto ‘El Alemán’ como su abogada dijeron durante el juicio que eran hechos circunstanciales, ya que el Bloque Elmer Cárdenas en ningún momento había traficado con droga, ni había poseído cultivos de coca o marihuana.
El único contacto había sido por medio del cobro de un "impuesto" a los narcotraficantes por kilo de droga trasportada dentro de la zona controlada por el grupo armado.
El área de influencia del Bloque eran los municipios de San Pedro, San Juan, Necoclí, Arboletes, en el norte del Urabá antioqueño. En el Chocó actuaba en el medio y Bajo Atrato, Unguía, Acandí, Riosucio; y en el occidente de Antioquia su influencia pasaba por Mutatá, Dabeiba, Uramita, y llegaba hasta Frontino, Cañas Gordas y Caicedo.
El cobro de este impuesto, dijeron, fue única y exclusivamente un medio para financiar la guerra contra la guerrilla, que era el objetivo del grupo de autodefensas.
Según ha documentado la Fiscalía, el narcotráfico contribuyó a las finanzas de esta organización ilegal, al punto que se calcula que el 80 por ciento de los ingresos del Elmer Cárdenas fue por narcotráfico. La Fiscalía contabilizó que a ese grupo armado ingresaron 123.870.000 millones de pesos, de los cuales el 25 por ciento debió ser enviado a la Casa Castaño, y lo restante compartido con el jefe paramilitar ‘Diego Vecino’.
Por la negativa de ‘El Alemán’ de aceptar los cargos de narcotráfico, la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá se declaró impedida para legalizar el cargo imputado por la Fiscalía, lo que dio pie para abrir la investigación a Rendón Herrera en la justicia ordinaria.
A pesar de este incidente la Sala consideró que ‘El Alemán’ ha cumplido hasta el momento con los requisitos para permanecer dentro de la justicia transicional, por lo que, al final de la audiencia, dio paso a la apertura del incidente de reparación de las víctimas de los crímenes de la legalización parcial realizada hasta el momento.

Los Delitos por los Que Lo Acusan
Son 4 casos en que la Fiscalía demostró la participación o responsabilidad de ‘El Alemán’ por los delitos de narcotráfico.
El primer caso documentado fue la incautación y devolución posterior de una lancha rápida que trasportaba de 1000 a 1500 kilos de cocaína de propiedad de Éver Veloza alias ‘HH’. En esta operación sirvió como intermediario entre los dos jefes paramilitares Jesús Ignacio Roldán alias ‘Monoleche’, y la droga fue recogida por dos paramilitares de quienes la Fiscalía sólo ha recogido los alias, ‘Marihuano’ y ‘Megateo’. Este hecho fue reconocido y contado por ‘El Alemán’.
El segundo caso documentado fue el de un cargamento de entre 500 y 800 kilos de cocaína que fueron "rescatados" por el Élmer Cárdenas, luego de que el avión que trasportaba la droga aterrizara de emergencia en Necoclí, Antioquia. ’El Alemán’ dijo que por temor de que la Policía acusara a su grupo de narcotráfico ordenó esconder el cargamento y quemar el avión. Posteriormente, la droga fue devuelta a su propietario, Hernando Gómez alias ‘Rasguño’, quien les pagó una recompensa de 500 millones de pesos.
El tercer caso que documentó la Fiscalía, también contado por ‘El Alemán’, fue el de 4 toneladas de cocaína ocultas en El Mellito, las cuales estaban siendo movilizadas por Carlos Domingo, quien al parecer trabajaba para una red de narcotraficantes de Bogotá.
Por último, la Fiscalía demostró que ‘el Alemán’ participó en cultivos ilegales, cuando autorizó a los campesinos de la Vereda la Coraza a sembrar coca, con la condición de que no podían comprar carros o motos lujosas. A cambio, los campesinos tuvieron que entregarle una suma de dinero.

Bienes Entregados para Reparación de Víctimas
Por otra parte durante la audiencia se hizo lectura de los bienes entregados por Rendón Herrera y otros miembros del Bloque Élmer Cárdenas para la reparación de las víctimas.
El Tribunal dejó en claro que los bienes entregados hasta el momento son insuficientes para la reparación integral de las víctimas de ese grupo de autodefensas, pero que al estar en una etapa preliminar del juicio, en la que sólo se ha hecho una acusación parcial del total de delitos cometidos, son suficientes para cumplir con los requisitos que exige la Ley de Justicia y Paz.
Los bienes entregados por ‘El Alemán’ son: un apartamento ubicado en el barrio El Poblado en Medellín; las fincas La Verraquera, La Esplendorosa, El Convenio y La vega; una camioneta Toyota; dos motocicletas; 400 cabezas de ganado, Mil 600 millones de pesos en efectivo; 8 millones en un CDT; y tres embarcaciones, una de las cuales es conocida como La Sofía.
Otros bienes entregados por ex paramilitares de este grupo son las fincas La Esperanza, La Ilusión y El Gallinazo; tres casas urbanas, un aserrío, acciones de una sociedad de un complejo turístico llamado Ocaso Tres, un predio en Carepa, una casa lote en Necoclí y una camioneta doble cabina.
Por otra parte, de los bienes incautados que pertenecieron a este grupo paramilitar, la Fiscalía pasó a la Sala el listado, clasificado en dos grupos: los que fueron entregados para el fondo de reparación y no han sido objeto de medida cautelar, y los que tienen medida cautelar pero no solicitud de extinción de dominio, por existir petición de victimas sobre los mismos.
Algunos de los bienes mencionados en esta lista del primer grupo son: las fincas  La Esperanza, La Cabaña, La Paz, No hay Como Dios, El Rosario, Dios si Sabe, Costa Azul dos, El Delirio, La Jordania, Primavera, Nuevo Paraíso, El Delirio dos, Mi Ranchito, Costa Azul uno y No Hay Como Dios dos.
Los bienes sobre los cuales se solicitó la extinción de dominio mencionados fueron: un apartamento en el poblado, y varios TES por valor de 31 millones pesos, 42 millones, 180 millones, Un millón y medio, y ocho millones 700 mil pesos en un CDT y dos motores fuera de borda.
4 de octubre de 2011
28 de septiembre de 2011
cc verdad abierta

julián bolívar confesó asesinato


‘Julián Bolívar’ admitió asesinato de Luis Villegas Uribe. En audiencia de formulación de cargos, un fiscal de Justicia y Paz le formuló cargos por el delito de homicidio agravado al exjefe del Bloque Central Bolívar, Rodrigo Pérez, alias ‘Julián Bolívar’.
Colombia. "Si su señoría, acepto", dijo sin vacilaciones Rodrigo Pérez Alzate, alias ‘Julián Bolívar’, cuando el Magistrado con funciones de Control de Garantías le preguntó si aceptaba el cargo de homicidio agravado por la muerte del ganadero y comerciante Luis Alberto Villegas Uribe, formulado por un fiscal de la Unidad de Justicia y Paz durante una audiencia en la que le formularon cargos por 104 hechos ocurridos en Antioquia y Santander.
El nombre de Villegas Uribe, quien fue asesinado el 5 de diciembre de 2004 en el corregimiento San José del Nus, de San Roque, Antioquia, salió a la luz pública hace algunos meses, cuando dos paramilitares, en entrevista con el Representante a la Cámara Iván Cepeda, lo referenciaron como un financiador de las estructuras armadas ilegales que operaron en el Nordeste antioqueño y amigo del expresidente de la República Álvaro Uribe Vélez, con quien tuvo negocios de compraventa de tierras.
En esta audiencia, realizada en Medellín el 29 de septiembre, se observó una variación en relación con la tipificación del delito que se deriva del crimen de Villegas Uribe. El pasado 3 de mayo, durante la audiencia de imputación, el fiscal que lleva el proceso le imputó a alias ‘Julián Bolívar’, excomandante militar del Bloque Central Bolívar de las Auc, el delito de homicidio agravado en persona protegida.
No obstante, cuatro meses después y tras corroborar la información, el fiscal de Justicia y Paz le formuló cargos a alias ‘Julián Bolívar’ por homicidio agravado, tras considerar que Villegas Uribe no murió por su condición de miembro de la población civil, sino por ser integrante de grupos paramilitares que actuaban en el Nordeste antioqueño.
"Con la confesión ofrecida por el mismo postulado, corroborada por otras versiones, se puede constatar que el señor Villegas era colaborador del Bloque Metro y del Central Bolívar, por tanto hacía parte de las hostilidades en calidad de colaborador financiero, involucrado en las actividades propias del grupo ilegal y no podía considerarse como población civil protegido por el Derecho Internacional Humanitario", argumentó el fiscal, quien fue apoyado en su decisión por la representante de la Procuraduría General de la Nación.
Una de las pruebas que expuso el ente acusador para reformular el cargo fue la versión entregada por alias ‘Julián Bolívar" el 23 de septiembre de 2009 ante un fiscal de la Unidad de Justicia y Paz en Medellín. En esa ocasión, el excomandante militar del Bloque Central Bolívar dijo que Villegas Uribe era "amigo y colaborador" de los comandantes del Bloque Metro de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (Accu).
"Era tal la cercanía de este señor con los comandantes ‘Panadero’ y ‘Jota’ que se asociaron para instalar un laboratorio para el procesamiento de cocaína en la vereda Minas del Vapor del municipio de Puerto Berrío, el cual fue ubicado y destruido por tropas del Batallón Calibío", explicó el exjefe paramilitar.
De acuerdo con Pérez Alzate, el ganadero intentó ocultar su responsabilidad en ese asunto del narcotráfico ante la comandancia del las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc) señalando a miembros del bloque Central Bolívar como propietarios del laboratorio desmantelado. Este hecho generó la reacción adversa de Carlos Castaño Gil, quien a través de la página web denunció a los comandantes del Bloque Central Bolívar como narcotraficantes.
"El mes de mayo del año 2003 marcó definitivamente el surgimiento de la confrontación entre los bloques Central Bolívar y el Bloque Metro en zonas aledañas a Puerto Berrío", continuó narrando alias ‘Julián Bolívar’. "En ese entonces, Luis Villegas venía siendo acosado por los comandantes ‘Jota’ y ‘Panadero’, quienes cada vez le exigían más dinero y colaboración. Ante el inminente enfrentamiento, se presentó ante mí con el propósito de negociar su dispensa a cambio de información sobre la ubicación y actividades de los miembros del Bloque Metro. Esto estratégicamente representaba una valiosa ventaja sobre nuestro enemigo, por lo tanto accedí a la propuesta y pasó a ser informante el Frente Pablo Emilio Guarín del Bloque Central Bolívar".
Según la versión de este postulado, una vez finalizó la confrontación entre estructuras paramilitares, y para efectos de mantener el control territorial en las regiones en donde anteriormente operaba el Bloque Metro, Vicente Castaño Gil coordinó la redistribución del territorio.
"Fruto de esa reasignación, se dispuso que los municipios de Maceo, Caracolí y el corregimiento San José del Nus quedaran bajo la jurisdicción militar y política del Frente Pablo Emilio Guarín del Bloque Central Bolívar", precisó Pérez Alzate, quien una vez tuvo bajo su control esas localidades, tomó la decisión de prohibir el hurto de combustible en la zona, actividad ilícita que adelantaba el Bloque Metro.
Según alias Julián Bolívar, la orden no fue atendida por Villegas Uribe, quien era propietario de estación de gasolina ubicada en San José del Nus. "Para agravar la situación, el señor Villegas denunció ante las autoridades como responsables del hurto de combustible a los miembros de las autodefensas. Ante esa situación y cerciorarme del asunto, ordené su ejecución".
Tras la exposición de motivos, y una vez se precisó los alcances del cambio de tipificación del delito, el magistrado con funciones de control de garantías Olimpo Castaño procedió a preguntarle a alias ‘Julián Bolívar’ si aceptaba el cargo formulado por el fiscal de Justicia y Paz. "Si acepto", respondió el postulado.
El proceso para este exjefe paramilitar continuará en los próximos meses en Bogotá, cuando su caso sea presentado ante los magistrados de la Sala de Justicia y Paz de Conocimiento del Tribunal Superior de Distrito Judicial de Bogotá.
4 de octubre de 2011
30 de septiembre de 2011
cc verdad abierta

menores reclutados por el alemán


Una magistrada de Justicia y Paz aceptó la acusación a ’El Alemán’ por el reclutamiento de 309 menores de edad para las filas de las Auc. Ninguna de las víctimas participó en el proceso.
Colombia. El Tribunal de Justicia y Paz de Bogotá acusó formalmente a Fredy Rendón Herrera alias ’El Alemán’, ex jefe del Bloque Élmer Cárdenas de las Autodefensas Unidas de Colombia, por el reclutamiento de 309 menores de edad.
Durante la audiencia de la lectura de los cargos en contra de Rendón Herrera, el ex jefe paramilitar aceptó su responsabilidad en el reclutamiento de estos adolescentes, con lo que concluye una etapa del juicio en Justicia y Paz. El siguiente paso será la audiencia de reparación a las víctimas, muchos de ellos ausentes en la fase de investigación y juzgamiento.
Seis casos de menores reclutados quedaron por fuera del proceso debido a que ocurrieron después de la entrada en vigencia de la Ley de Justicia y Paz. ‘El Alemán’ tendrá que comparecer ante la justicia ordinaria por estos hechos.
Inicialmente la Fiscalía acusó a ‘El Aleman’ por el reclutamiento de 428 menores, pero a lo largo del juicio sólo le fue posible probar 309 casos, de los cuales a la fecha dos ya fallecieron.
Parte de la lista de los menores fue recogida con ayuda del mismo ex jefe paramilitar, quien aportó los nombres de 150 jóvenes que fueron devueltos a sus familias en septiembre de 2005, en una ceremonia realizada en un taller en Necoclí, Antioquia, al que se le dio el nombre de "Re-constructores Sociales Juveniles- Jóvenes gestores de paz".
A pesar de que los defensores de las víctimas acusaron a Rendón Herrera de intentar ocultar la presencia de los menores por medio de esta entrega, la Fiscalía pudo constatar que la ceremonia fue conocida por la Alta Consejería para la Paz y que respondió a un llamado del gobierno para que se desvincularan del conflicto a los menores antes de la desmovilización.
Según el DIH, en el protocolo adicional uno de la Convención de Ginebra, "las partes en conflicto tomarán todas las medidas posibles para que los niños menores de 15 años no participen directamente en las hostilidades, especialmente absteniéndose en reclutarlos para sus fuerzas armadas.". Así mismo en el Estatuto de Roma se considera como crimen de guerra el reclutamiento de niños de 15 años.
En Colombia el reclutamiento de menores es considerado crimen de guerra y contra el Derecho Internacional Humanitario que se aplica a toda persona menor de 18 años involucrada directa o indirectamente en situaciones de conflicto armado.
Con base en estas normas, y teniendo en cuenta que el reclutamiento se entiende como la prohibición de la participación directa o indirecta (con esto se entiende la prohibición de cualquier caso de reclutamiento, admisión, inducción, alistamiento) de los menores en hostilidades o en acciones armadas, aun de manera voluntaria, la magistrada que conoció el caso aseguró durante la audiencia que: "hay evidencia suficiente para afirmar que Freddy Rendón Herrera reclutó a 309 menores en el grupo armado denominado Bloque Elmer Cárdenas".
A pesar del alto número de víctimas, la Fiscalía no tuvo conocimiento de que alguna de ellas, o sus familiares, se hiciera presente a lo largo de la investigación o que colocaran algún tipo de denuncia en contra del ex jefe paramilitar por este crimen.
La mayoría de quienes fueron reclutados siendo menores aseguró haber entrado voluntariamente a las autodefensas, e incluso dijeron contar con el apoyo y aprobación de sus padres.
A pesar de esto, la magistrada de Justicia y Paz dictaminó, luego de ver la totalidad de las pruebas presentadas por la Fiscalía, que los menores habían ingresado al grupo engañados.
"Debe entenderse que las reales causas de su pertenencia se deben a la mala situación económica, la explotación infantil, la falta de oportunidades, la violencia intrafamiliar entre otras", dijo la juez.
En la audiencia se conocieron varios testimonios que corroboraron que llegaron a los grupos paramilitares por engaño. Uno de los menores contó que "después de la entrada al grupo para algunos vino la desilusión." Dicen que fueron objetos de malos tratos como es el caso de Ángel Quejada Maturana que mencionó las agresiones cercanas a  la tortura que sufrieron él y su madre, luego de intentar abandonar la organización. En otro caso una menor contó las agresiones sexuales que sufrió por parte de varios integrantes del Bloque.
Luego de la admisión, los menores eran llevados a las escuelas de entrenamiento utilizadas por el bloque durante los 11 años de existencia que se conocieron con los nombres de El Totumo, El Guayabito, El Roble, Nueva Luz, La Barracuda, El Parque, Escuela Gabriel Withe, Loma de Queso, Escuela de Mundo Medio, Escuela la 35, El Sábalo, La Palomera, El Mapalao, Samuel Hernández y Glavelino.
En estos centros los jóvenes estuvieron entre uno y tres meses, durante los cuales fueron preparados para participar en combates.
El entrenamiento que recibieron no se diferenció del que recibieron sus compañeros mayores de edad, como tampoco con las labores que tuvieron que ejercer dentro de las autodefensas.
Según las pruebas aportadas durante el proceso, los adolescentes trabajaron como patrulleros, escoltas, enfermeros de combate, encargados de seguridad, encargados de preparar alimentos, comandantes de escuadra, comandantes de compañía y rancheros. A cambio recibieron un "salario" que osciló entre los 270 mil y $400 mil pesos.
De los 309, 98 tenían 17 años, 84 eran de 16 años, 79 tenían 15 años, 26 tenían 14 años, 15 tenían 13 años, 2 tenían 12 años, 4 tenían 11 años y uno tenía 10 años.
Con esta evidencia la magistrada dijo que "para la sala es imposible que El Alemán no supiera la edad de los menores que estaba reclutando. Además así trate de justificar el desconocimiento de la edad real de quienes pretendían entrar a la organización los hechos demuestran lo contrario. Las reglas de la experiencia enseñan que la contextura física y la forma de actuar de un niño o niña de 12, 13 o 14 años no se puede confundir con la de los jóvenes de 18 años."
"En su calidad de comandante siempre estuvo pendiente de cada uno de los frentes de su bloque. Sabía lo que sucedía en cada uno de ellos porque los visitaba, iba a las escuelas de formación e incluso compartía las fiestas decembrinas. Entonces no es creíble el desconocimiento de la edad de los integrantes de la organización que comandó por varios años.".
Al finalizar la audiencia el abogado defensor de víctimas señaló que la falta de representación para los menores evitó que estuvieran presentes en el juicio. Durante el mismo, a pesar de los repetidos llamados de la Fiscalía para que los menores se presentaran y buscaran un abogado, estos no se comunicaron.
La audiencia cerró con la lectura del cargo en contra de Rendón Herrera, quien lo aceptó sin apelar la decisión, y el anuncio de la búsqueda de una fecha para iniciar el incidente de reparación a las víctimas.
3 de octubre de 2011
30 de septiembre de 2011
cc verdad abierta