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fallo contra la violencia sexual

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Fallo simbólico contra la violencia sexual en el conflicto armado. Cinco expertas internacionales, que fungieron como juezas, estudiaron siete casos de violencia sexual en el conflicto y emitieron un fallo simbólico para que no queden impunes.

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Colombia. Cinco expertas internacionales en violencia contra la mujer sentenciaron que la justicia colombiana ha sido incapaz de procesar los delitos sexuales que cometen los grupos armados ilegales en medio del conflicto armado y que estos quedan en la impunidad.
Este veredicto surgió de un Tribunal Simbólico compuesto por una chilena, una estadounidense, dos españolas, y una guatemalteca, que "condenaron" "la negligencia y tolerancia" con la que ha actuado la Justicia colombiana frente a este crimen.
El fallo simbólico de siete páginas hizo varias recomendaciones, entre ellas, reparar de forma integral a las víctimas, promover mecanismos eficaces de acceso a la justicia y crear una Comisión de la Verdad que reconstruya la memoria histórica de los delitos sexuales ocurridos en el país.
El pronunciamiento fue entregado a las autoridades "como una forma para combatir la impunidad", reiteraron las diferentes organizaciones de derechos humanos que convocaron a este tribunal, que el 26 de septiembre de 2011 estudió siete casos de violencia sexual que todavía siguen archivados en la justicia ordinaria.
Con anticipación, las expertas internacionales tuvieron acceso a los archivos de los casos y se entrevistaron con las víctimas. Durante la audiencia simbólica, los casos fueron presentados y revisados también por otras abogadas que dieron sus conceptos sobre las obligaciones internacionales del Estado.
"El Tribunal es simbólico pero la justicia en Colombia tiene que ser real", dijo Julissa Mantilla, abogada de ONU Mujer, quien advirtió que si no se falla sobre estos casos "la impunidad envía un mensaje a los perpetradores de que sigan cometiendo estos delitos".
Según datos de la Unidad de Justicia y Paz, actualizados a julio de 2011, de los 29.879 crímenes confesados por los ex paramilitares en versiones libres, solo 55 corresponden a violencia sexual. Otros datos de la Fiscalía señalan que en Colombia hay denunciados 13.466 casos de desaparición de mujeres, siendo Antioquia, Valle y Cundinamarca los departamentos más críticos.
Sin embargo, hasta la fecha solo 133 cuerpos de mujeres han sido recuperados en fosas, principalmente en Antioquia, Putumayo y Magdalena.
Aunque desde 2005 en el país existe la Ley de Justicia y Paz, que obliga a los paramilitares desmovilizados a contar los crímenes cometidos, "muy pocos han confesado haber cometido crímenes de género", dijo Cecilia Barraza, una vocera de la Corporación Humanas, una organización no gubernamental que documenta los crímenes cometidos por grupos armados ilegales y agentes del Estado en contra de mujeres.
Hasta el momento, dijo Barraza, quienes han reconocido algunos hechos son Rodrigo Tovar Pupo alias ‘Jorge 40’, ex jefe del Bloque Norte; Salvatore Mancuso, ex jefe del Bloque Catatumbo; Hernán Giraldo alias ‘El Viejo’, ex jefe del Frente Resistencia Tayrona del Bloque Norte, y Hébert Veloza alias ‘H.H.’, jefe del Bloque Bananero y del Bloque Calima.

La Tragedia Archivada
En la mayoría de los casos presentados, las víctimas, pese a haber sido amenazadas, denunciaron los hechos ante las autoridades pero la justicia archivó sus procesos. Las ignoró, les pidió pruebas y en los casos más dramáticos las acusó de ser las culpables de lo ocurrido.
El primero de los casos conocidos en este tribunal, reconstruyó la tragedia de una madre del municipio de La Dorada, Putumayo, que perdió a cuatro de sus hijas que fueron abusadas sexualmente por paramilitares del Bloque Sur Putumayo de las Auc.
Según lo contó en la audiencia simbólica, su tragedia ocurrió el 1 de enero de 2001 cuando un grupo de paramilitares la obligaron a ella y a su familia a salir de su casa. "Me quitaron a mis hijas y me las mataron. Las autoridades no me ayudaron. (Los paramilitares) me amenazaron y después de diez años fui yo misma quien encontré los cuerpos en una fosa", dijo la mujer.
El segundo caso agrupó tres historias de violaciones a mujeres en diferentes barrios y veredas de Antioquia.
En uno de ellos una sobreviviente narró cómo paramilitares del Bloque Cacique Nutibara de las Auc entraron a su vivienda, la secuestraron y agredieron sexualmente. Cuando la víctima fue a denunciar el delito, un policía le dijo: "Eso le pasa a las mujeres por estar en la calle". Ante la zozobra la mujer huyó del barrio y hoy se encuentra desplazada.
El tercer caso documentó la forma cómo una población de mujeres indígenas del norte del Cauca fue sistemáticamente violada por guerrilleros de las Farc.
Según lo contado por varias víctimas, en 2010, un grupo de ellas denunció que las Farc las agredió sexualmente y luego asesinó a una integrante del cabildo por haberle vendido minutos de celular a miembros del Ejército.
"Las indígenas, afrodescendientes, campesinas y desplazadas somos las más vulnerables", dijo una de las líderes ante el Tribunal.
El cuarto caso se refirió a la barbarie ocurrida en la rivera del río Cacarica, en Chocó, en donde una comunidad afrodescendiente fue desterrada por paramilitares del Bloque Bananero de las Auc. Según contó una líder en la audiencia simbólica, los ‘paras’ agredieron sexualmente a varias mujeres para sembrar el terror y quedarse con sus tierras, unas de las más fértiles del país por estar ubicadas en el Urabá colombiano.
Otros casos se refirieron a los crímenes cometidos por el Bloque Central Bolívar-Sur Bolívar en el Magdalena Medio. Dos mujeres narraron cómo los paramilitares en Barrancabermeja, Santander, y Santa Rosa, sur de Bolívar, las esclavizaron sexualmente.
"El Estado no es solo responsable cuando es victimario sino también por falta de acción, prevención y judicialización de los casos de violencia sexual", dijo la abogada Julissa Mantilla.
En su fallo simbólico, las juezas internacionales concluyeron que en Colombia existe una práctica sistemática de violencia sexual, "que se ha utilizado como un arma de guerra por todos los grupos armados (fuerza pública, grupos paramilitares y guerrillas) con el propósito de obtener réditos en el desarrollo de las hostilidades". Los crímenes incluyen violación, desnudez forzada, anticoncepción forzada, esclavitud sexual y embarazo forzado, delitos relacionados a su vez con otros crímenes como homicidio, desaparición forzada, secuestro y tortura.
3 de octubre de 2011
28 de septiembre de 2011
cc verdad abierta

crímenes de las auc en cajibío

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En una versión libre varios postulados del Bloque Calima confesaron cómo incursionaron a ese municipio de Cauca. Allí mataron, saquearon  y dejaron cientos de desplazados.

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Colombia. A mediados de noviembre de 2000, el terror paramilitar llegó a las apartadas zonas rurales de Cajibío con acentos paisa y costeño, bajo la guía de algunos de sus propios habitantes.
Según contó en versión libre Elkin Casarrubia Posada, alias ’El Cura’, unos cuantos campesinos del corregimiento de Ortega, que se defendían de la guerrilla con escopetas hechizas y un par de fusiles, acudieron al Bloque Calima en busca de apoyo.
Es así como entre finales de octubre y principios de noviembre de ese año, alrededor de 30 campesinos con rasgos indígenas fueron entrenados por los paramilitares en una finca de la vereda Lomitas, ubicada en Santander de Quilichao.
"Los indios de Ortega fueron entrenados por ’Carlos’, ’Nechí’ y ’El Cabo’", contó ’El Cura’, quien para esa fecha era el jefe de la zona rural del norte de Cauca, que estaba a cargo del Frente Farallones del Bloque Calima.
"Pensábamos en reforzarnos. Allá no había presencia del Estado", señaló uno de los postulados que rindió versión libre y es oriundo de esa región. Otro declaró que no esperaban recibir un entrenamiento por parte de los paramilitares, sino que iban para que los dotaran de armas.
Luego de terminar la ’capacitación’, el Bloque Calima envió a un grupo de 40 hombres bajo el mando de alias ’Chilapo’ y alias ’Orlando’ para que incursionaran en Cajibío. Los guías de ese "operativo" fueron algunos de los habitantes de Ortega, quienes estaban encargados de orientarlos en la zona y señalarles a los supuestos integrantes de la subversión.
’El Cura’ contó que el objetivo principal de ese grupo era asentarse en la región de Tierradentro después de incursionar en Cajibío. "’Chilapo’ y ’Orlando’ se iban a quedar allá con un grupo, luego de dejar a los indios de Ortega (…) Se podía salir a la costa por este sitio y el objetivo era llegar a Guapi (municipio del Pacífico caucano). La guerrilla usaba la costa para financiarse y meter armas", dijo el ex jefe paramilitar.
Ese grupo paramilitar llegó a Ortega, y desde allí ingresaron a varios corregimientos en los que dejaron su estela de violencia y dolor.

Incursión a Dinde
En la mañana del 21 de noviembre los paramilitares incursionaron en ese vecino corregimiento de Ortega. Allí retuvieron a dos personas, pero liberaron a una. La otra persona fue torturada y asesinada en la vereda La Diana.
Al parecer, la víctima era comerciante y fue desaparecida en una fosa común. "’Nechí’ lo asesinó a punta de garrote. Lo interrogaba sobre si la ropa y la comida que tenía era para la guerrilla", confesó alias ’El Pocho’. Los restos de esta persona fueron exhumados en octubre del año pasado por medio de la información que entregó el postulado alias ’Romario’ a la Fiscalía de Justicia y Paz.
En este corregimiento los paramilitares también hurtaron comida, ropa y varias mulas en las que transportaron la mercancía.

Masacre de El Carmelo
En la madrugada del 22 de noviembre los paramilitares se tomaron el corregimiento de El Carmelo. Una parte del grupo se quedó en los alrededores del pueblo prestando seguridad, mientras la otra se encargó de sacar a los habitantes de sus casas y reunirlos en la cancha.
Los paramilitares separaron a los hombres de las mujeres y con lista en mano, les pidieron la cédula a las personas que aparecían en su texto de sentenciados. Llegaron a amarrar alrededor de diez personas, pero sólo se llevaron a tres y los asesinaron con armas de fuego a orillas de la carretera.
En esta ocasión la ’ruleta rusa’ de los paramilitares acabó con la vida de Javier Rojas, de 61 años; de Alcibíades Camayo, de 40, y de Iner Campo, de 22. Estas personas eran reconocidas por la comunidad como comerciantes y agricultores.
’El Cura’, quien no estuvo presente en el lugar de los hechos, pero participó en la planeación de esa incursión a Cajibío, reconoció que sus hombres "actuaron bajo la información de los informantes y ’Chilapo’ tenía la autonomía de ejecutarlos bajo esa información".
Además del listado de supuestos milicianos o colaboradores de la guerrilla, los guías de los paramilitares señalaron que algunas motos y una casa pertenecían a integrantes de la subversión. Por esa razón quemaron cuatro motos y la casa de un supuesto comandante con el alias de ’Patecuca’. Alias ’Motas’ confesó que incineró el inmueble por órdenes de alias ’Orlando’.
Los paramilitares también pintaron grafitis en las fachadas de las casas, en los que amenazaban de muerte a los "sapos, milicianos y colaboradores de la guerrilla". Este hecho, sumado a las amenazas de los jefes a cargo del "operativo" y la toma del corregimiento, causaron que por temor varios pobladores abandonaran El Carmelo.
En este sitio también fueron saqueados los graneros, los almacenes y las droguerías.
Respecto al trato que recibió la población civil, ’El Cura’ dijo que sus hombres "llegaron a meterle terror a la población para hacerse sentir y que les dieran información", y agregó que "la gente se desplazaba por temor de que volvieran a suceder estos hechos".
Los paramilitares estuvieron en El Carmelo aproximadamente hasta el mediodía y luego se dirigieron a Casas Bajas, en donde sostuvieron un fuerte enfrentamiento con la guerrilla hasta las seis de la tarde, según contaron varios postulados.
A raíz de ese enfrentamiento los paramilitares se separaron y luego se encontraron en un sitio conocido como La Laguna. Desde allí marcharon hacia Timba, en donde estaba una de las bases del Frente Farallones. Según contó un postulado, en ese sitio la mayoría de los hombres de Ortega pidieron la baja y unos cuantos se quedaron en las filas del Bloque Calima.

Masacre de La Pedregosa
El 24 de noviembre incursionó en este corregimiento de Cajibío otro grupo paramilitar del Frente Farallones. Eran los hombres de alias ’Franco’, a quienes ’El Cura’ envió como refuerzo en caso de que el grupo de ’Chilapo’ y ’Orlando’ necesitara apoyo.
En este sitio el modo de actuar de los paramilitares fue similar al de El Carmelo. Llegaron en las primeras horas de la mañana, unos rodearon al pueblo y otros sacaron a las habitantes de sus casas y detuvieron a las personas que transitaban por la carretera. También les pidieron sus documentos de identificación y los señalados por el informante de la región fueron amarrados.
En esta ocasión las víctimas fueron cuatro hombres jóvenes, a quienes los llevaron a la parte trasera de la iglesia, los tendieron en el piso bocabajo y los ajusticiaron. Tras los disparos, los paramilitares fueron atacados por la guerrilla y combatieron casi todo el día.
Según contaron los paramilitares, la magnitud del enfrentamiento fue tan grande, que tuvieron que pedir refuerzos por fuera de la zona. Desde el municipio de Buenos Aires ’El Cura’ les envió un grupo de refuerzo bajo el mando de ’Clavijo’.
Durante ese enfrentamiento el informante de los paramilitares fue asesinado y resultaron heridos el jefe ’Franco’ y alias ’Machín’. Los paramilitares se refugiaron en el centro de salud y destruyeron sus vitrinas para usar las dotaciones médicas.
Los postulados relataron que los guerrilleros los atacaron desde las afueras del pueblo indiscriminadamente y que en este corregimiento no había presencia de la fuerza pública. Cuando fueron cuestionados sobre por qué asesinaron a las cuatro personas, alias ’Pipas’ contestó que "se le dio credibilidad a lo dicho por el guía y en ningún momento se verificó su información".
Sobre los posibles vínculos con terceras personas y la complicidad con autoridades para cometer estos hechos, ’El Cura’ respondió que "teníamos conocedores del sector. No hubo coordinación, hasta donde sepa".
Las autoridades deben verificar los hechos confesados por los postulados del Bloque Calima durante la versión libre ante un fiscal de Justicia y Paz.
3 de octubre de 2011
28 de septiembre de 2011
cc verdad abierta

mujeres y niñas como trofeo

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Según Susan Lee, directora para América de Amnistía Internacional, dice en su informe sobre violencia sexual contra mujeres y niñas víctimas del conflicto, que las autoridades "siguen negando el derecho a la justicia".

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Colombia. El informe de Amnistía Internacional ‘Eso es lo que nosotras exigimos: Que se haga justicia. Impunidad por actos de violencia sexual cometidos contra mujeres en el conflicto armado de Colombia’, difunde historias y cifras de casos de crímenes sexuales contra mujeres y niñas que están relacionados con el conflicto armado.
Según la organización, en el 2010, el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses realizó 20.142 exámenes de posibles casos de violencia sexual, frente a 12.732 reportados en el año 2000. No obstante, sólo 109 casos, de los reportados en el 2010 fueron clasificados como relacionados con el conflicto, situación que el movimiento considera una clara invisibilidad de los crímenes, dada la probabilidad de que el número de denuncias sea inferior al de los casos reales.
Y es que el informe precisa que el 84 por ciento de los 20.142 exámenes fue realizado a mujeres y niñas, y más del 85 por ciento a menores de edad.
Cabe recordar que de acuerdo con la Encuesta Nacional de Demografía y Salud sobre todos los casos de violencia sexual contra mujeres, realizada en mayo del 2011, el 73 por ciento de las maltratadas físicamente no denunciaron la violencia que sufrieron.
A su vez, según un informe de la Defensoría del Pueblo, publicado en el 2010, el 70 por ciento de las mujeres que fueron víctimas de violencia física y el 81,7 por ciento de las víctimas de agresión sexual no acudieron a ninguna institución a denunciar la agresión.
En ese mismo sentido, la ONG Oxfam y la Casa de la Mujer registraron en sus estudios que el 82,1 por ciento de las víctimas de violencia sexual relacionada con el conflicto no denunció los hechos de los que fueron víctimas.
El informe expone que son las fuerzas de seguridad, los paramilitares y los grupos guerrilleros quienes atacan a mujeres y niñas para "explotarlas como esclavas sexuales y vengarse de sus adversarios".
Se recuerda entonces que de los 183 casos de violencia sexual que la Corte Constitucional ordenó investigar a la Fiscalía General de la Nación en el año 2008, se cree que los grupos guerrilleros fueron autores del 8,5 por ciento; las fuerzas de seguridad, del 19,4 por ciento; los paramilitares, del 45,8 por ciento; grupos armados ilegales no identificados, del 4,5 por ciento; delincuentes comunes, del 4 por ciento, y un familiar, del 1,5 por ciento, mientras que en el 16,4 por ciento de los casos no se pudo determinar el grupo al que pertenecía el presunto autor.
El ente acusador agrega que además de esos casos, se investigan otros 68 casos de violencia sexual relacionada con el conflicto.
En el informe también se explica que las mujeres indígenas sobrevivientes de la violencia sexual sufren barreras adicionales: la ausencia de traductores, las dificultades para viajar desde zonas remotas a los lugares donde pueden obtener asistencia oficial y la significativa presencia de combatientes en las zonas donde viven.
Además, este grupo poblacional, junto a las comunidades afrondescendientes y campesinas, padece el desplazamiento forzado. En ese sentido, defensoras de los derechos humanos y sus familias son víctimas particulares de amenazas e intimidaciones.

Justicia Ausente, Autoridades Ineficientes
Según lo concluye Amnistía Internacional, existen varios obstáculos que impiden el ejercicio de la justicia: "la histórica inexistencia de voluntad política para combatir la impunidad, unas medidas de protección ineficaces para testigos y sobrevivientes, una formación precaria en cuestiones de género para los funcionarios judiciales y la no tipificación en la legislación nacional de la violación como crimen de derecho internacional".
Tras su estudio de casos y su diálogo con actores de conflicto, Amnistía Internacional alega en su informe que las autoridades "no han abordado efectivamente la ausencia de justicia para las mujeres y niñas sobrevivientes de violencia sexual durante el largo conflicto armado" y que aún les niegan sus derechos a la verdad, la justicia y la reparación.
"En Colombia, las mujeres y las niñas son a menudo tratadas como trofeos de guerra. Todas las partes del conflicto las violan y las someten a abusos sexuales para silenciarlas y castigarlas", asegura Susan Lee, directora del Programa Regional para América de Amnistía Internacional.
Agrega que a pesar de la intención del gobierno de Juan Manuel Santos de abordar la crisis de los derechos humanos, "aún no hemos visto mejoras reales en cuanto a hacer comparecer ante la justicia a los responsables de los actos de violencia sexual contra mujeres". Lee añade que se debe combatir la discriminación de mujeres y niñas.
El movimiento global critica además que la "inexistencia de estadísticas oficiales fiables y el temor que rodea la denuncia de estos crímenes" dificultan evaluar el alcance real del problema, y subraya que en algunos casos, cuando la víctima denuncia, la investigación no es "efectiva".
La organización pide a las autoridades elaborar una estrategia global que garantice "prevención, investigación y enjuiciamiento efectivos de la violencia contra la mujer relacionada con el conflicto, y que ofrezca remedios a las víctimas".
El informe subraya además que muchos de los casos de violencia sexual son crímenes de guerra o crímenes de lesa humanidad, razón que justificaría la intervención de la Corte Penal Internacional si la justicia colombiana se ausenta o es ineficaz.

Testimonio
Para su informe, Amnistía Internacional habló con sobrevivientes de violación en Colombia, algunas de ellas intentaron denunciar el crimen a las autoridades. Esta es la historia que Amnistía Internacional narra sobre Carolina, cuyo verdadero nombre fue cambiado para proteger su seguridad.
Carolina era líder comunitaria en un pueblo del departamento de Caldas. Cuando en el 2007 un muchacho relacionado con los paramilitares violó al hijo de Carolina, esta denunció el crimen a las autoridades.
Los miembros del grupo paramilitar intentaron que retirara la denuncia y cuando Carolina se negó, la amenazaron y la obligaron a ver cómo mutilaban a una de sus víctimas. En mayo del 2007, ocho paramilitares secuestraron y violaron a Carolina. Posteriormente esta se dio cuenta de que estaba embarazada como consecuencia de la violación. Cuando lo supo el jefe de los paramilitares, ordenó a sus hombres que le dieran una paliza y Carolina perdió el bebé.
En junio del 2007, el programa de protección de la Fiscalía General de la Nación realojó a Carolina en otro pueblo. Pero las amenazas continuaron, por lo que finalmente la trasladaron a otra localidad. Estuvo en el programa un año, pero en la actualidad ya no recibe protección.
El caso siguió bajo investigación en el departamento de Caldas y el fiscal citó a Carolina para que testificara en el mismo pueblo donde se cometió el crimen y donde aún vivían sus autores.
En septiembre del 2008, y tras las presiones de una ONG de mujeres, el caso fue trasladado a la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía General de la Nación en Bogotá. Sin embargo, la Unidad nunca llamó a Carolina a testificar.
En agosto del 2010, el fiscal fue retirado del caso. Al parecer, el nuevo fiscal sólo empezó a revisar el caso de Carolina hace poco.
Tras difundir historias de víctimas como la de Carolina, el informe estudia finalmente las dimensiones del conflicto armado, señala la situación actual de los actores del conflicto y evalúa los alcances del proceso de Justicia y Paz. Estas son algunas de las cifras más destacadas.

Conflicto Armado
- Millones de mujeres, hombres y niños han sido objeto de desplazamientos forzosos, homicidios ilegítimos, torturas y violaciones. Han sido sometidos a cautividad o son víctimas de desapariciones forzadas durante los 45 años de conflicto en Colombia.

- Según la organización CODHES, más de 280.000 personas fueron desplazadas en el 2010.

- En los últimos 25 años, entre tres y cinco millones de personas han sido víctimas de desplazamiento interno.

- La Fiscalía General de la Nación está investigando más de 27.000 casos de desaparición forzada, aunque se cree que la cifra real es significativamente superior.

- Defensores de derechos humanos, líderes comunitarios, sindicalistas, campesinos y comunidades indígenas y afrodescendientes, así como quienes viven en zonas de importancia estratégica para las partes enfrentadas o de interés para los sectores minero, agroindustrial o energético nacionales y multinacionales, sufren particularmente los abusos.

Actores del Conflicto
- Se calcula que las FARC cuentan con 9.000 combatientes en muchas partes del país, pero sobre todo en los departamentos orientales de Meta, Guaviare, Vichada, Casanare y Arauca, así como en los departamentos meridionales de Caquetá, Putumayo, Valle del Cauca, Cauca y Nariño.

- El ELN tiene entre 2.500 y 3.000 combatientes, y un número similar de miembros de milicias. Este grupo guerrillero tiene su máxima fuerza en los departamentos orientales de Arauca, Casanare y Boyacá, aunque también cuenta con presencia en otras partes del país, como en Norte de Santander, Cesar, Santander, la región del Magdalena Medio, Chocó, Nariño y Cauca.

- A los grupos paramilitares, responsables de violaciones graves de derechos humanos, especialmente contra defensores de estos derechos, líderes comunitarios y sindicalistas, se les acusa también de liderar operaciones de "limpieza social" en barrios pobres urbanos. Según Amnistía Internacional, existen pruebas de que el número de estos combatientes está en aumento. Las investigaciones indican que cuentan con alrededor de 7.000 combatientes y con una red de apoyo de entre 8.200 y 14.500 personas.

Proceso de Justicia y Paz
- De acuerdo con la Ley de Justicia y Paz, cerca del 10 por ciento de los más de 30.000 paramilitares que supuestamente se desmovilizaron pueden ser condenados a penas de prisión significativamente reducidas a cambio de deponer las armas, confesar violaciones de derechos humanos y devolver tierras y bienes robados.

- Cerca del 90 por ciento de las decenas de miles de paramilitares supuestamente desmovilizados no fueron nunca investigados por violaciones de derechos humanos y, por tanto, pudieron volver libremente a sus comunidades.

- A finales de marzo del 2011, los paramilitares del proceso de Justicia y Paz habían admitido más de 57.000 crímenes; sólo 86 de ellos eran crímenes de violencia sexual.
[Nota: Las cifras sobre la violencia sexual de las guerrillas pueden estar adulteradas o exageradas. En otros sitios donde se ha debatido sobre el tema, algunos lectores y ex guerrilleras y guerrilleros han desmentido o contrarrestado esas cifras.]
22 de septiembre de 2011
21 de septiembre de 2011
©semana

restitución de tierras en turbo

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Por segunda vez en Medellín se cancelan títulos fraudulentos con lo que se restituyen 15 predios que estaban a nombre de presuntos ex paramilitares del Bloque Elmer Cárdenas.

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Colombia. La restitución de 407 hectáreas en la vereda San Pablo de Tulapas, municipio de Turbo, es una realidad tras la decisión del Magistrado de Control de Garantías Olimpo Castaño Quintero de cancelar los títulos fraudulentos y notificar que los predios volverán a sus reales dueños.
La decisión fue tomada el pasado 16 de septiembre tras la exposición de la investigación que llevó a cabo la fiscal Liliana Donado, quien está a cargo de la Subunidad de la Fiscalía General de la Nación para la Persecución de Bienes para la Restitución.
Además de la cancelación de los títulos y la restitución de los bienes, el magistrado Castaño ordenó que se investigara a Lucely Contreras Martínez, quien por varios años fue Notaria Única de Apartadó, y se determine si otros funcionarios públicos están involucrados en este despojo masivo de tierras.
Los predios restituidos mediante la decisión judicial son No hay como Dios, La Primavera, La Paz, La Esperanza, La Cabaña, El Delirio II, Costa Azul I, Costa Azul II, La Jordania, El Delirio, Mi Ranchito, El Rosario, No hay como Dios, Nuevo Paraíso y Dios sí sabe.
Las razones que presentó el Magistrado para considerar que los títulos eran fraudulentos se basaron en el hecho de que los propietarios jamás fueron a una notaría para otorgar los poderes necesarios para la venta de las tierras. Tampoco asistieron a una notaría los supuestos intermediarios, Otoniel Segundo Hoyos Pérez y Humberto de León Atehortúa Salinas, cuando realizaron la firma de las escrituras.
A esto se le suma que en dos casos específicos aparece la firma de los propietarios otorgando el poder a comisionistas para que realizaran la venta. Como pudo comprobar la Fiscalía, ni las firmas ni las huellas corresponden a estas personas. La fecha que aparece en los poderes es del año 2005 y los propietarios de los predios La Paz y La Cabaña habían muerto en 1996 y 1998 respectivamente.

La Historia
En el año 2002, Freddy Rendón Herrera, alias ‘El Alemán’ comisionó a Dairon Mendoza Caraballo, conocido con los alias de ‘Rogelio’, ‘el Águila’ o ‘Cocacolo’, para que buscara algunas tierras que pudieran servirle al excomandante paramilitar en su propósito de desarrollar lo que denominó "un proyecto de alternatividad social".
La idea de este proyecto fue confesada por ‘El Alemán’ en versión libre llevada a cabo el 10 de febrero de 2011. En ella afirmó que él necesitaba buscar una solución de empleo para sus hombres luego de que se desmovilizaran. Teniendo en cuenta que casi todos eran campesinos, decidió destinar entre 200 y 250 millones de pesos para comprar tierras en Urabá. Este dinero, según lo declarado por Rendón Herrera, provino de los impuestos cobrados por el Bloque Élmer Cárdenas a todas las actividades económicas, lícitas e ilícitas, entre ellas el narcotráfico.
Según lo afirmado por Dairon Mendoza Caraballo durante la audiencia solicitada para la cancelación de los títulos de estos predios, ‘El Alemán’ le había dado la orden de conseguir una persona que le ayudara con los papeles para negociar las tierras con los campesinos. La Fiscalía logró identificar a esta persona como Antonio Meléndez Correa, quien fue asesinado en agosto del 2006.
Guido Manuel Vargas, un campesino de la zona, fue el encargado de hablar con los campesinos por orden de los paramilitares para tratar de negociar la venta de las tierras. Casa por casa, habló con cada uno de los labriegos explicándoles que esas tierras las necesitaban las Auc porque iban a instalar una base en la zona; también les dijo que era preferible que vendieran y recibieran dinero por ello, porque de lo contrario perderían los predios y se quedarían sin nada.
Este fue uno de los argumentos de los que se valió el Magistrado para afirmar que "hubo un negocio jurídico de carácter civil provocado por el problema de violencia que vive el país". Sin embargo, resaltó que el negocio de venta se hizo de palabra y jamás se otorgó un poder real para que se pudieran realizar las ventas y escrituras correspondientes.
Luego de que Vargas convenciera a los campesinos de vender sus tierras por precios que iban desde 30.000 pesos hasta 100.000 pesos la hectárea en el mejor de los casos, Meléndez se encargó de realizar los papeles correspondientes.
La fiscal Liliana Donado afirmó que Meléndez había conseguido poderes falsos que autorizaban a los comisionistas Carlos Alberto Grajales Gómez, Jorge Eliach Zuñiga y Fabián Roldán Villa a enajenar los predios que pasarían a manos de los paramilitares del Bloque Elmer Cárdenas. Más tarde, por orden de alias ‘Cocacolo’, Otoniel Segundo Hoyos Pérez y Humberto Atehortúa Salinas se reunieron con Meléndez para firmar las escrituras de los predios.
Lo particular de este caso es que mientras la fiscal Donado señalaba a los comisionistas, otro fiscal en Medellín precluyó una investigación en su contra por el delito de concierto para delinquir. La decisión, que fue ratificada en segunda instancia por el Tribunal Superior de Medellín, benefició a Guido Manuel Vargas, Fabián Roldán Villa, Jorge Eljach Zúñiga, Carlos Alberto Grajales, Nelson Enrique Cárdenas y Zulma Yidi Romero Cerquera.

Así Fue el Negocio
Antonio José Meléndez fue el encargado de coordinar la elaboración de los poderes que fueron otorgados a Fabián Roldán Villa, Carlos Alberto Grajales Gómez, Jorge Eliach Zuñiga y a Benjamín Alvarado Bracamonte. Los tres primeros fueron llamados a declarar ante la Fiscalía, pero ninguno asistió y sólo dos de ellos, por medio de su apoderado, afirmaron no estar disponibles para rendir declaración.
Sin embargo, en la Fiscalía Seccional de Apartadó existe un proceso en su contra por el delito de concierto para delinquir. En las versiones presentadas ante la justicia, en ese caso, declararon que sólo actuaron como comisionistas en la venta de la tierra y que sólo tuvieron como misión poner en contacto a Meléndez con los futuros compradores.
La Fiscal leyó una parte de la declaración en la que decían que no conocían los antecedentes de las tierras, ni que éstas eran reclamadas por sus propietarios y que sólo recibieron los poderes debidamente diligenciados y autenticados por parte de Meléndez.
Los casos reflejan la forma cómo se apropiaron de las tierras los ex paramilitares del Bloque Elmer Cárdenas. En todos ellos aparece que sus legítimos dueños le vendieron las tierras a Benjamín Alvarado Bracamonte, quien después le transfirió los poderes a los señores Fabián Roldán Villa, Carlos Alberto Grajales Gómez y Jorge Eliach Zuñiga. Posteriormente, ellos vendieron los predios a los ex paramilitares Otoniel Segundo Hoyos Pérez y Humberto León Atehortúa Salinas, quienes aparecen como propietarios de las tierras.
Actualmente las fincas están abandonadas y fueron incluidas en una lista de inmuebles que entregó Rendón Herrera para la reparación de las víctimas. Es por esto que en la decisión del Magistrado se incluyó el propósito de informarle a Acción Social y a la Dirección Nacional de Estupefacientes que estos predios son propiedad de los campesinos reclamantes y no se pueden incorporar al Fondo para la Reparación de Víctimas.
De esta manera los reclamantes de tierras favorecidos con la decisión esperan volver a sus predios para poder trabajarlos nuevamente. Algunos de ellos le expresaron a Verdadabierta Antioquia la emoción por la decisión del juez: "por fin, después de tanto tiempo, tenemos lo que nos pertenece. Ahora nadie nos puede sacar de ahí", dijo una de las mujeres beneficiadas.
Pese a la decisión favorable, los representantes de las víctimas pidieron protección de las autoridades, pues bien se sabe que en Tulapas aún hay presencia de grupos armados ilegales. Los campesinos esperan que con esta medida, su regreso a las tierras sea lo más pronto posible.
22 de septiembre de 2011
18 de septiembre de 2011
cc verdad abierta

ex alcalde señalaba a las víctimas

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Lo delató alias Mano de Trinche. Según confesión de Luis Argel, ex integrante del Frente Sabanas de las Auc, dijo que para que no lo mataran el ex alcalde Otomar Lascarro les entregó a las autodefensas nombres de quienes presuntamente apoyaban a las Farc.

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Colombia. Once años después de ola de terror que vivieron los habitantes de Los Montes de María a manos del paramilitarismo, se ha venido a saber, gracias a una versión de Luis Alfredo Argel Argel, alias ‘Mano de Trinche’, que quien suministraba a los paramilitares nombres de personas a asesinar, era el entonces alcalde de El Carmen de Bolívar, Otomar Lascarro, quien ejerció como tal entre el año 2001 y 2003.
No fue fácil que Argel confesara. Las víctimas con sus preguntas insistían y le preguntaban, ¿por qué asesinaron a mi padre, si él era un comerciante? ¿Por qué asesinó a mi marido si él era un campesino? ¿Por qué nos robaron el ganado? ¿Por qué nos obligaron a desplazarnos? ¿Por qué desaparecieron a nuestros hermanos? ¿Y dónde están sus restos, a dónde arrojaron sus cuerpos? Algunas respuestas daban lugar al llanto inconsolable de quienes han aplazado el duelo por sus familiares durante una década.
Aunque Argel hizo su confesión en las instalaciones de Justicia y Paz en Barranquilla, durante los cinco días que duraron sus declaraciones, las víctimas las siguieron desde la fiscalía en El Carmen de Bolívar a través de una transmisión vía microondas. Pero eran tantas las víctimas, que no había cupo para todas los que querían preguntar; se registraron más de 150 personas cada día. Algunas hallaron respuestas, otras siguen buscando o esperando que en una nueva versión, ‘Mano de Trinche’, les traiga respuesta después de consultar con sus antiguos compañeros.
Uno de los casos reconocidos fue el de la familia de Restituto Meriño, quien pudo salvarse con su hijo José la noche del 30 de diciembre de 2000, porque sintieron la presencia de hombres que rodeaban su casa a medianoche. La primera reacción de su padre, cuando su esposa le dijo que había hombres mirando hacia la vivienda, –dijo José a VerdadAbierta.com – fue la de tirarse al piso o esconderse bajo las camas, por si les disparaban. Pero cuando su esposa le dijo que había un policía con intenciones de entrar, que querían violentar la puerta, él y su hijo brincaron el muro de la casa y tras cruzar varios patios se escondieron en el interior de un aljibe en una casa vecina durante varias horas.
En la casa de la familia Meriño se quedaron la esposa de Restituto y cuatro nietos menores, los hijos de José. El grupo armado voló la puerta de la casa con unos petardos y esa fue la señal para que se desencadenara un ataque en varios puntos del municipio pues, de manera sincronizada, estallaron disparos de fusil en los barrios Nariño, Siete de Agosto y en la avenida Kennedy. En la casa, los Meriño tenían una tienda que los hombres armados saquearon.
En la audiencia el fiscal le preguntó a ‘Mano de Trinche’ del por qué el saqueo de las tiendas cada vez que se metían a los pueblos, de noche o de día, a lo cual contestó que él había sido soldado durante siete años y que una costumbre es desvalijar lo que encontraban.
Según contó José, después de robarse todo de la tienda "buscaron por toda la casa a mi papá, pero como no nos encontraron, saquearon la tienda, le metían el fusil a mi mamá en la boca, la tiraron al piso, la maltrataron, le pegaban y preguntaban que dónde estaban los colaboradores de la guerrilla. Los niños lloraban abrazados a ella".
"Han pasado 11 años y ahora es que hemos venido a saber quién fue el que nos convirtió en guerrilleros, sabiendo Lascarro (el ex alcalde) que mi padre era un comerciante que lo había apoyado en su aspiración a la Alcaldía".
En su paso por la casa de los Meriño, los paramilitares tomaron cerveza, desocuparon las estanterías, partieron una mesa, mientras la señora rezaba por su vida y la de sus cuatro nietos de diez, ocho, siete y dos años. Mientras unos destruían la casa, otro grupo de hombres armados los buscaban en el vecindario. Las voces pasaban cerca de ellos al punto que Restituto, dice José, sentía los latidos del corazón como un tambor, retumbaban con tanta fuerza que tenía miedo que los paramilitares los fueran a escuchar.
Cuando amaneció y José creyó que se habían ido los paramilitares, salió del tanque de agua y con mucha sigilo fue hasta su casa, donde encontró a su madre y a sus hijos llorando, en medio de la destrucción. Su madre creyó que los paramilitares se los habían llevado a él y a su padre. Ese día, 30 de diciembre de 2000, recogieron todo y se fueron para Barranquilla, donde vivía una hija. Pero el miedo de Restituto y su mujer fue tan grande, que se marcharon a Venezuela y más nunca han vuelto a El Carmen de Bolívar. La casa está abandonada.
Sobre su relación con Lascarro, ‘Mano de Trinche’, dijo en la audiencia que cuando ellos llegaron a El Carmen en 2000, supieron que Lascarro tenía nexos con el Frente 37 de las Farc, con Martín Caballero, y lo iban a matar. Pero el electo alcalde ofreció apoyar a los paramilitares entregando una lista con los nombres de las personas que él creía o decía conocer como guerrilleros y la actualizaba de vez en cuando. Algunos de los señalados fueron asesinados. El fiscal Francisco Álvarez, ante la acusación, le pidió que se ratificara bajo la gravedad de juramento y así lo hizo.
La esposa de Lascarro, Blanca Zenith Torres, aspira actualmente al cargo de alcaldesa por el grupo Cambio Radical y fue elegida para el periodo 2002-2006, como segundo renglón del representante conservador José María Imbeth, quien estuvo detenido por el proceso de la parapolítica. Una fuente en El Carmen le dijo a VerdadAbierta.com que ahora entiende por qué en ese municipio Imbeth obtuvo seis mil votos.

Infiltrado en las Farc
‘Mano de Trinche’ ha sido soldado regular del ejército, paramilitar y estuvo infiltrado en la guerrilla durante cuatro meses. En 2000, tal y como dijo recientemente Eduard Covos Tellez, alias ‘Diego Vecino’, los paramilitares de la zona de Los Montes de María, los municipios de San Juan Nepomuceno, Calamar, El Guamo, Córdoba Tetón, Zambrano, San Jacinto, El Carmen de Bolívar, Magangué y Buenavista (Sucre), estaban bajo el mando de Mancuso y ‘Jorge 40’, pues el grupo de Los Montes de María se constituyó en 2002. Se habían logrado infiltrar contactando las redes urbanas de las Farc.
Un día, cuando iban a recibir una orden para asesinar a una persona, fueron hasta La Cansona, un sector rural de El Carmen de Bolívar, en donde estaba el campamento de los Frentes 35 y 37 de las Farc a cargo de los hermanos Martín y Mauricio Caballero. En esa zona rural, donde estaba parte de la guerrilla, tenían un contacto y dieron el santo y seña. "Al llegar uno como infiltrado, dijo Argel, tiene que ser muy cuidadoso, por eso sólo dijimos: ‘Nosotros somos los que venimos’. Dieron el código y salió un muchacho que tenía el radio y nos autorizaron seguir".
Alias ‘Amaury’, que era el comandante del Frente Sabanas, le había dicho a Argel que como ya él conocía a la gente de El Carmen, que a la reunión con los hermanos Caballero fuera él; y efectivamente dijo haberse reunido con los hermanos Caballero en cercanías de La Cansona. Fue tan grande la infiltración que Mincho, el contacto que le hacía el puente con las Farc, nunca sospechó que yo era de las Auc. A donde el jefe guerrillero lo llevó alias ‘El Conejo’, un señor miembro de una familia que transportaba mercancías entre El Carmen y los corregimientos en un Toyota rojo.
Una de las personas que ‘Mano de Trinche’ recuerda fue asesinada por los paramilitares, porque estaba en la lista alimentada por el exalcalde Lascarro, fue un comerciante que se llamaba Ramiro Mendoza, que además pagaba una cuota de 300.000 anuales por extorsión a las Auc. Al señor Mendoza lo secuestraron y se lo llevaron hasta el kilómetro 7 entre El Carmen y Zambrano y se lo entregaron a alias ‘Amaury’, que tenía como centro de operaciones a este último municipio. Lo requisaron, le quitaron 600 mil pesos, lo despojaron de unas pastillas que el ex paramilitar dijo que eran viagra. El sicario a quien encomendaron la orden de asesinarlo, le dijo que se escondiera debajo de un puente, que él haría un tiro al aire para que los demás creyeran que ya lo había asesinado.
Desde El Carmen de Bolívar una de las hijas, refutó las afirmaciones de ‘Mano de Trinche’, diciendo que su padre era un señor de 75 años, que las pastillas que llevaba eran para la presión, que no mintiera tratando de dañar su imagen, pues su padre y ellos habían sido víctimas de la guerrilla. Que el impacto de la muerte de su padre fue tan fuerte, que el hogar se acabó, pues su madre perdió el trabajo que tenía y a las pocas semanas terminó quitándose la vida. Sus hijos quedaron desprotegidos, fueron amenazados y perdieron todo lo que tenían, pues tuvieron que abandonar El Carmen.
‘Mano de Trinche’, le contestó diciendo que él entendía que las cosas eran así como ella decía, que la guerrilla y los paramilitares habían usado a mucha gente y eso los convertía en "sus objetivos".
A quienes le reprocharon haberse infiltrado en la guerrilla y no saber quiénes eran guerrilleros y quiénes eran sus víctimas, Argel sostuvo que creía todo lo contrario, y le daba gracias a Dios "por haber conocido por dentro al frente 37, porque eso le había permitido confirmar que algunas personas a las que habían indispuesto incluyéndolas en las listas, se pudieron salvar porque ellos confirmaron que no eran auxiliadores de la guerrilla".
Los paramilitares habían declarado como objetivo militar a tres tipos de personas por sus oficios: los vendedores de galletas y panochas conocidas como chepacorinas, a los conductores de carros que transportaban personas y víveres a la zona rural, ubicados en Gambotico, una terminal de transportes en donde se cruzan la Troncal de Occidente y la de los Contenedores; la primera comunica a El Carmen con Sincelejo y con Cartagena, y la segunda con Plato y Bosconia. Luego incorporaron a los comerciantes por las listas que recibieron de personas que les colaboraron, como el ex alcalde Lascarro. Fueron tan selectivos, incluso en la gente que reclutaron para militar en las filas de las Auc, que uno de los informantes tenía el alias de ‘Bollera’, que era el hijo de una hacedora de bollos que conocía a los cultivadores de maíz y de batata, y a los clientes.
Las historias de cada mujer, madre y esposa en las preguntas que le hicieron a Argel son conmovedoras. El jefe del grupo era ‘Amaury’, pero a El Carmen, según ‘Mano de Trinche’, entraba ‘Caracortada’, que operaba en El Guamo y San Juan Nepomuceno; entraba ‘El Tigre’ que venía desde el Magdalena, entraba ‘Cadena’, que venía desde San Onofre hasta Corozal y Ovejas, estaban los frentes 35 y 37 de las Farc. Incluso los mismos agentes de la fuerza pública tomaban partido contra la población civil, según el mismo ‘Mano de Trinche’.
Pero, además, por la confusión y la anarquía, todo era impredecible. Los paramilitares se hacían pasar por guerrilleros y estos a su vez también usurpaban la identidad de las autodefensas. La población en medio de ese fuego cruzado era víctima fácil.
De todas maneras, sostiene Argel, ellos tenían gran parte del control de la población. Durante un tiempo estuvo como urbano en Zambrano, un pueblo que tenía seis o siete calles y el río Magdalena se llevó una. Allá, cuando llegaba alguien extraño, los mismos habitantes y la policía iban donde los paramilitares a decirles que había llegado un desconocido al pueblo. "Zambrano estaba sometido a nosotros y los desconocidos, sino se reportaban y quedaba claro que habían ido a hacer por allá, se morían", dijo. Y no era sólo en Zambrano, también pasaba lo mismo en El Carmen de Bolívar, en San Juan, San Jacinto, Córdoba Tetón y El Guamo, entre otros municipios.
Una mujer lo hizo responsable del autismo de su hijo, pues en una ocasión, en 2000, después de haber asesinado a una mujer, ‘Mano de Trinche’ entró a su local y la vio hablando por teléfono y le preguntó si estaba reportando el homicidio de la mujer, y la víctima le dijo que no. Pero dio la casualidad, que minutos después del incidente, un grupo de agentes motorizados pasaron por el lugar y Argel, según la mujer se devolvió la insultó y amenazó, teniendo ella dos meses de embarazo, amenazas a las que ella atribuye el hecho de que su hijo convulsione, sea hiperactivo y autista.
‘Mano de Trinche’ le respondió que de pronto ella lo está confundiendo con ‘Magencio’, porque dijo, "Dios es testigo, yo nunca amenacé a nadie. Y agregó que al único señor al que desplazó era un funcionario público y matar a alguien donde estuviera un niño, era enterrarse. Créame, me da dolor, pero no puedo aceptar ese hecho. O de pronto me confundió con ‘Betún’, no tendría inconveniente en aceptarlo, he admitido y confesado hechos peores que el que usted me atribuye".
La mujer volvió a dirigirse a él para decirle que pidiera perdón por el daño que le había hecho a su familia. Pero Argel insistía en que si él la hubiera amenazado, ‘Magencio’ o ‘Catinflas’, que eran los jefes de la urbana en El Carmen, lo hubieran asesinado.
Luego una campesina de las que poco sale de su rancho en el campo, se acercó al micrófono para preguntarle por qué le había asesinado a su querido, un hombre que estaba cortando yerba. Se llamaba José Sebastián Hernández y vivía en la vereda Camaroncito, del otro lado de La Cansona, en hechos que ocurrieron en 1996. Él dijo que no estaba ahí porque había estado infiltrado en la guerrilla. Pero la señora no le creyó: "Yo lo conozco a usted por la manito, así que no me diga que usted no fue".
Pero Argel le respondió diciendo que el daño en su mano, razón por la cual le decían ‘Mano de Trinche’ en la organización, se la ocasionaron los guerrilleros siendo soldado. Que fue precisamente para septiembre de 1996 cuando la guerrilla lo hirió en combate en el Magdalena.
Argel se escuda en que él no actuaba en la zona rural, que todas sus intervenciones eran en la zona urbana de los municipios de Los Montes de María, en especial en El Carmen y Zambrano, pues en El Guamo y San Juan estaba ‘120’ o ‘Caracortada’, que es Sergio Manuel Córdoba y en San Jacinto estaba Alexis Mancilla García, alias ‘Zambrano’. Pero a fuerza de insistencia los familiares de las víctimas obtenían respuestas, como el caso de un padre que le preguntó por el robo de 30 reses de la finca Bellavista y el asesinato de sus hijos Dalmiro y Francisco Gamarra. Hechos como este lo aceptó a medias diciendo que él sólo llevó los camiones para sacar el ganado, que quienes debían responder eran ‘Terán’ y ‘Guerrero’ o ‘101’, que se desmovilizó con el Bloque Resistencia Tayrona.
Una mujer le preguntó por el asesinato de su padre, Pablo Miguel Caro Arrieta, un hombre alto, moreno, vestía camisa de rayas e iba todos los días a la finca. El día que lo mataron llegaron dos hombres a la finca y después de hablar unos minutos con el señor Caro Arrieta, lo mataron. Argel o ‘Mano de Trinche’, reconoció que ese homicidio fue una equivocación, "no sé qué locura cometieron, pero fue un error. Ese hecho fue cometido por alias ‘Betún’ que está muerto, pero quien debe responder es ‘120’".
Y así como se metían y robaban tiendas y ganados, asaltaban camiones y tractomulas en la troncal para robar su mercancía y venderla o consumirla. Como le ocurrió a Elvert López Manjarrez y a José Luis Barros Castilla, quienes traían mercancía de Maicao sobre pedidos de clientes de diversas partes del país y los asaltaron.
21 de septiembre de 2011
20 de septiembre de 2011
cc verdad abierta

porqué mataron a sor yolanda

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Las preguntas detrás del asesinato Yolanda Cerón. Una década después del asesinato de la religiosa que ayudó a la titulación de las comunidades afro en Nariño, la justicia no ha esclarecido su crimen.

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Colombia. A las 12:15 del mediodía del 19 de septiembre de 2001 Yolanda Cerón caminaba con un familiar por la esquina de la Iglesia La Merced, frente al Parque Nariño en el centro de Tumaco, cuando un hombre alto le disparó en la nuca, la remató en el piso con cinco tiros más y huyó en motocicleta.
El hombre pertenecía al grupo de sicarios urbanos del Bloque Libertadores del Sur en Tumaco y era conocido con el alias de ’Capulina’.
La versión con la que los paramilitares pretenden justificar el asesinato de Yolanda Cerón, es decir que ella era de la guerrilla, pero su versión contrasta con lo que dicen las comunidades afro de Nariño, quienes por su labor han logrado obtener la titulación de casi un millón de hectáreas.
Aunque el autor material del crimen está muerto, Guillermo Pérez Alzate alias ’Pablo Sevillano’, ex jefe de las Auc en Nariño, confesó en una versión libre en agosto de 2007 que ordenó el asesinato de Yolanda Cerón porque supuestamente tenía nexos con la guerrilla del Eln.
En julio del año pasado otros ex paramilitares confesaron el asesinato ante un fiscal de Justicia y Paz y no aportaron diferentes datos a los entregados inicialmente por el extraditado jefe paramilitar. Alias ’Tribilín’ confesó que recogió a alias ’Capulina’ después de asesinar a la religiosa, y ’Sarmiento’, quien fue el segundo al mando de Tumaco, dijo que se cumplieron las órdenes de sus superiores.
Estas confesiones, sin embargo, han dejado abiertos varios interrogantes sobre los verdaderos motivos que tuvo el grupo paramilitar para cometer este crimen.
Para las personas que conocieron a la hermana Yolanda, esas sindicaciones de colaboradora de la guerrilla no son ciertas, y además atentan contra la dignidad, el trabajo y la memoria de la líder religiosa. VerdadAbierta.com estuvo en Tumaco y recogió testimonios sobre las diferentes causas que pudieron acabar con la vida de Yolanda Cerón.

Las Versiones detrás del Crimen
En ese municipio afirman que la hermana Yolanda se convirtió en un problema para los paramilitares porque denunciaba constantemente su complicidad con agentes de la fuerza pública. "Durante un consejo de seguridad en mayo (de 2001) en el batallón, Yolanda sostuvo las denuncias que hacía. Un oficial le dijo que el lenguaje de sus denuncias era como si hablara una guerrillera", le contó a VerdadAbierta.com una fuente que pidió mantener en reserva su identidad.
Otras personas sostienen que los paramilitares ingresaban a guarniciones militares y se reunían con miembros de la fuerza pública. Además de esos hechos, los paramilitares asesinaban y delinquían a plena luz del día sin que les pasara nada.
"En 2001 hace su entrada oficialmente el paramilitarismo y lo hace con una escalada terrorista muy degradante. Las personas eran seleccionadas y asesinadas a cualquier hora. Para generar terror asesinaban a plena luz del día. Cayó gente del común, docentes, gente de organizaciones y hasta enfermos mentales", contó una persona que tuvo que vivir el horror paramilitar hace diez años.
La hermana Yolanda también documentó casos de violaciones de derechos humanos y presentó informes escritos que, en su momento, fueron calificados por algunas "autoridades gubernamentales y de la fuerza pública, como si fueran escritos por la guerrilla".
"Todo lo que pasaba aquí en los municipios de la costa era denunciado. Por eso, tenemos que decir básicamente que por eso fue su muerte. Por denunciar, por mostrar lo que está sucediendo. Las autoridades querían hacerse los ciegos y ocultar las cosas", le contó a VerdadAbierta.com una persona que trabajó con la hermana.
Otra causa que pudo conducir al asesinato de la hermana Yolanda Cerón fue su extenso trabajo organizativo con las comunidades étnicas de la costa pacífica y ser el eje de un proceso de titulación de territorios comunitarios. Durante más de 10 años la líder religiosa se dedicó a organizar a las comunidades afro y a difundir la Ley 70, para que éstas formaran consejos comunitarios y les titularan sus territorios.
"El trabajo comunitario a los empresarios los toca. Al estar adjudicados los territorios a las comunidades étnicas, ellos tienen que hacer una consulta previa y dialogar con las comunidades para ver si pueden realizar sus proyectos en el territorio. Eso les genera dificultades", le explicó a VerdadAbierta.com una persona que trabajó con la hermana Yolanda en pro de la titulación de tierras.
Otra persona que pidió mantener en reserva su identidad, contó que "por haber denunciado el despojo de tierras para el cultivo de las palmeras de aceite", la líder comunitaria pudo ser asesinada.
Todas las personas consultadas por VerdadAbierta.com tienen diferentes versiones sobre los posibles móviles del asesinato de la hermana Yolanda. Lo único en lo que no difieren, es en afirmar que su muerte no se dio por los supuestos nexos con la guerrilla, que han señalado los postulados al proceso de Justicia y Paz.

El Lento Paso de la Justicia
La justicia ha avanzado en lo posible para esclarecer y dictar una condena contra los responsables del asesinato de Yolanda Cerón. En 2004 se vinculó formalmente a una investigación penal a ’Pablo Sevillano’ que llegó hasta la audiencia preparatoria para juicio, pero a raíz de su extradición a Estados Unidos por cargos de narcotráfico en mayo de 2008, el proceso quedó suspendido.
En cuanto a los postulados que también confesaron el asesinato, sus procesos en la justicia ordinaria fueron suspendidos y trasladados a la jurisdicción de Justicia y Paz.
En el sistema de justicia transicional a ’Pablo Sevillano’ le fueron imputados cargos durante las audiencias realizadas entre junio de 2009 y noviembre de 2010. El proceso de los otros dos postulados ha avanzado un poco más, y les fueron formulados cargos ante un magistrado de control de garantías de Justicia y Paz entre finales de marzo y principio de abril de este año. Están a la espera de una futura audiencia de la legalización de cargos y del incidente de reparación, que son las instancias previas para que la Sala de Conocimiento de Justicia y Paz pueda dictar una sentencia.
Por el asesinato de la hermana Yolanda no están siendo investigadas personas por fuera del Bloque Libertadores del Sur, y tampoco han sido mencionadas en las versiones libres, en donde los postulados "señalan sin pruebas" los supuestos vínculos de la religiosa con la subversión. Tampoco se puede hablar de reparación.
En una versión libre, alias ’Sarmiento’ dijo desconocer las versiones que dio un desertor del Bloque, quien señaló que comerciantes ambulantes le pusieron quejas a ’Pablo Sevillano’ porque la hermana Yolanda estaba recuperando parte del espacio público.
Tras esa "queja", según el desertor, el jefe paramilitar le pidió al periodista Santos Cáceres Martínez que hiciera las investigaciones respectivas, y tiempo después éste le entregó una carpeta con las denuncias que la religiosa estaba haciendo sobre los crímenes de los paramilitares y la complicidad que tenían con algunos miembros de la fuerza pública.
Durante la versión libre el ex paramilitar dijo que no conocía sobre esas reuniones ni documentos, sino que el asesinato se realizó por los supuestos nexos "de la ex religiosa con el Eln".
En 2004, el periodista había sido procesado por la Fiscalía de Derechos Humanos de Cali. Fuentes le contaron a VerdadAbierta.com que Santos Martínez quedó en libertad y desapareció en mayo de 2008. Así mismo, dijeron que pese a que su cadáver no ha aparecido, fue asesinado.
Actualmente el caso de Yolanda Cerón también se encuentra en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en donde está en la etapa de pre-admisibilidad para su estudio. En esta instancia de la justicia internacional los representantes del caso pretenden presentarlo en conjunto con otros homicidios y dimensionar el daño que causaron los paramilitares al asesinar a una representante de la Iglesia Católica y líder comunitaria.

Legado Social y Comunitario
Yolanda Cerón nació en Berruecos, Nariño, el 15 de septiembre de 1958 en un hogar humilde y católico. Estudió Ciencias de la Educación y Religión en la Universidad Mariana de Pasto y en 1982 ingresó a la Compañía de María Nuestra Señora.
Inició su trabajo con las comunidades afro de Nariño a mediados de los años 80, enseñando en una escuela de Salahonda, en el municipio de Francisco Pizarro. Desde allí, conoció de primera mano la realidad de las comunidades afro y muy pronto se vio involucrada en encontrar una solución a la situación de pobreza y en especial a la falta de tierras.
En el Pacífico nariñense el trabajo de la religiosa se vio reflejado en que ayudó directamente en la titulación de 550 mil hectáreas. A pesar de su muerte, sus enseñanzas se convirtieron en semillas para que otros líderes continuaran la lucha por sus tierras. 18 años después, el trabajo que inició y no pudo terminar, le permitió acceder a casi un millón de hectáreas a las comunidades afrodescendientes de Nariño.
"Ella siempre llegaba a conversar con la gente. A ver la forma de vida que tenía la gente y cómo podía ayudarla. Luego empezó a hablarles sobre la importancia de que las comunidades estuvieran unidas. Que nos diéramos cuenta que las cosas que estaban pasando en el Urabá y (las masacres) en otras partes, con el tiempo las íbamos a tener acá. Y que sería bueno que cuando esas cosas llegaran estuviéramos preparados", le contó a VerdadAbierta.com una persona que trabajó con ella durante varios años.
Ese trabajo de reunir a las comunidades y orientarlas para que se agruparan bajo una sola organización dependiendo de sus territorios y costumbres, tuvo una gran oportunidad para hacerse realidad por medio de la Constitución Política de 1991, que permitió la titulación de tierras baldías como territorios comunitarios.
Hace 20 años la Asamblea Constituyente creó el artículo transitorio 55 que estableció que "dentro de los dos años siguientes a la entrada en vigencia de la presente Constitución, el Congreso expedirá (…) una ley que les reconozca a las Comunidades Negras que han venido ocupando tierras baldías en las zonas rurales ribereñas de los ríos de la cuenca del Pacífico, de acuerdo con sus prácticas tradicionales de producción, el derecho a la propiedad colectiva sobre las áreas que habrá de demarcar la misma ley".
El 27 de agosto de 1993 el Congreso de la República aprobó la Ley 70, y a partir de ésta, las comunidades étnicas iniciaron su proceso de organización y creación de consejos comunitarios. En esta esta etapa, la hermana Yolanda, integrantes de organizaciones no gubernamentales y de otros departamentos fueron clave para difundir e incentivar el uso de la Ley 70.
Entre los requisitos que debe cumplir una comunidad para la titulación colectiva de un territorio, y que fueron enseñados por la líder religiosa a través de talleres y conferencias, están la creación de consejos comunitarios, la diagramación del territorio colectivo que se pretende titular, la conservación de los recursos naturales, la explotación minera, los reglamentos internos de cada comunidad y finalmente los proyectos productivos que debían ser los soportes económicos de las comunidades así formadas.
La primera organización que ayudó a conformar la hermana Yolanda fue la Asociación Campesina del Patía (Acapa), que, con la posterior entrada en vigencia de la Ley 70, se convertiría en el primer consejo comunitario en solicitar formalmente al Estado colombiano la titulación de sus territorios colectivos.
Hoy en día, ese consejo comunitario agrupa a las comunidades de los municipios de Francisco Pizarro, y las otras en Mosquera y Tumaco.
"Eso fue un trabajo árduo porque les tocaba ir de comunidad por comunidad en un territorio muy extenso. Eran 28 comunidades a las que fue una por una, socializando los objetivos para que se vincularan al proceso: hacer que ellos mismos fueran forjadores de su desarrollo y futuro, a través de la capacitación y la exigencia al Estado y los empresarios para que dejaran de saquear las riquezas naturales de los territorios", le contó a VerdadAbierta.com una persona que vivió de cerca ese proceso.
Acapa fue el piloto para la creación de otros consejos comunitarios, que replicaron el mismo modelo de trabajo, y que se tradujeron en el Alto Mira y Frontera, Bajo Mira y Frontera (en Tumaco), Organichar (El Charco), entre otros de municipios de Mosquera, Roberto Payán y Maguí Payan.
Algunos pobladores calculan que, en vida, la hermana Yolanda Cerón ayudó a la titulación de 550 mil hectáreas para las comunidades afro. Actualmente en Nariño existen 49 consejos comunitarios. Sólo seis de ellos no han recibido la titulación de sus territorios, porque "han tenido problemas con empresarios, el Estado y grupos armados".
Para preservar la dignidad de la hermana Yolanda y no dejar en el olvido su trabajo por las poblaciones afrodescendiente, la Pastoral Social de Tumaco y otras organizaciones realizaron una ’Semana por la Paz’ dedicada a ella. En esta cartilla realizada por la Diócesis, se resume la vida y obra de la líder de los pueblos afro de Nariño.
21 de septiembre de 2011
19 de septiembre de 2011
cc verdad abierta

madera, otro negocio de los paras

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La madera, otro negocio de grupos armados ilegales. Las autoridades creen que las bandas criminales tienen una mayor injerencia que las guerrillas en el negocio de la madera en el Urabá antioqueño y en el Darién y San Juan en Chocó.

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Colombia. Los grupos armados ilegales que delinquen en las regiones de Urabá antioqueño, el Darién y San Juan están regulando el corte de madera, interfieren en los controles que realizan las autoridades ambientales y además extorsionan a los compradores en los departamentos de Chocó y Antioquia.
Estas denuncias se conocieron luego de que el Gobierno Nacional, en asocio con autoridades locales, las comunidades y varias Ong’s ambientales, firmaran un pacto para la explotación legal de la madera en esas regiones, un acuerdo con el que se pretende detener la tala indiscriminada de árboles e intervenir en el tráfico ilegal de maderas provenientes de bosques naturales.
En la firma del Pacto, el Presidente de la República, Juan Manuel Santos, sostuvo que una de las metas de su gobierno es "asegurar que toda la madera que se extraiga, se comercialice y se utilice en nuestro país, provenga exclusivamente de fuentes legales".
No obstante, en esa lucha se tendrá que enfrentar a bandas criminales emergentes y a las guerrillas, que se apalancan en la vulnerabilidad del negocio, la debilidad estatal y la capacidad corruptora para beneficiarse económicamente y evitar sanciones penales.
Martha Lucy Mondragón, coordinadora forestal de WWF Colombia, una de las mayores organizaciones conservacionistas del mundo y que ha impulsado la firma del Pacto por la Madera Legal, reconoce que los grupos armados ilegales han entrado en este negocio: "la madera es un recurso, como cualquier otro, y ellos le apuestan a cuestiones económicas porque necesitan también tener sus propios ingresos. No podemos detectar exactamente dónde están, pero sabemos que están allí".
VerdadAbierta.com visitó el Urabá antioqueño y tuvo la oportunidad de hablar con diversos representantes de organismos estatales y voceros de comunidades negras e indígenas para auscultar la situación y realizar un diagnóstico que permitiera establecer cuál era el nivel de injerencia de grupos armados ilegales y capitales de origen ilícito en esta actividad productiva, y de qué manera se podría contrarrestar esta presencia, que distorsiona el negocio y profundiza su ilegalidad.

Las Armas Condicionan
Las fuentes consultadas establecieron inicialmente dos graves limitaciones impuestas por los grupos criminales: los obstáculos a los funcionarios de las corporaciones ambientales y la manipulación de las comunidades.
"La presencia de grupos armados ilegales limita la posibilidad de controlar y vigilar el aprovechamiento de la madera", contó un funcionario de la Corporación Autónoma Regional para el Desarrollo Sostenible del Chocó (Codechoco), quien pidió la reserva del nombre como condición para hablar del tema.
Este funcionario, quien lleva varios años en la entidad, no sólo ha experimentado ese tipo de controles, sino que ha percibido otras maneras de intervenir de los grupos armados ilegales: "hay una manipulación de estos actores sobre las comunidades y su territorio. Ellos entran a definir reglas en el tema de aprovechamiento forestal, es decir, dicen dónde aprovechar, dónde no aprovechar, qué especies, qué personas. En conclusión, limitan la autonomía de las comunidades para el aprovechamiento del recurso forestal".
Estas circunstancias se vivieron en el pasado, cuando las Auc, a través de varios bloques, ejercía control territorial, tanto en el norte como en el sur del Chocó. Según líderes comunitarios de la zona del Darién, el Bloque Elmer Cárdenas tuvo sus propios aserradores y extrajo madera de los bosques de la zona para su beneficio económico, además, limitaba las visitas de verificación de las autoridades ambientales.
"Hubo un momento en el que se pudo acceder a zonas más lejanas y realizar verificaciones", afirma el funcionario de Codechoco. Ello coincidió con las desmovilizaciones de las Auc, particularmente con la del Bloque Elmer Cárdenas, que dejó sus armas el 15 de agosto de 2006 en Unguía, Chocó.
Pero el problema, según la fuente consultada, es que este tipo de interferencias se ha venido agravando. "Ahora tenemos nuevamente limitaciones de verificación y seguimiento de la actividad de extracción de madera".
Esas complicaciones coinciden con el resurgimiento de estructuras armadas derivadas de las Auc conocidas como ‘Rastrojos’, ‘Renacer’ y ‘Urabeños’, que se fueron consolidando poco a poco hasta llegar a dominar hoy vastos territorios selváticos donde predominan las minas de oro, los cultivos de hoja de coca y, por supuesto, los bosques naturales.
Estas organizaciones ilegales están presentes en áreas de dinámica maderera, es decir, en la zona del Medio y Bajo Atrato, que comprende los municipios de Carmen del Darién, Riosucio, Bajirá, Unguía, Acandí y Bojayá, así como en la zona del San Juan, particularmente en Istmina y Condoto.
Alberto*, un líder comunitario del Darién chocoano, explica que las estructuras criminales, hacen control territorial allí donde tienen dominio y extorsionan a todo aquel que compre madera. "La extorsión depende de la persona y de los volúmenes que compra", dice. "También inciden en el cortador, si lo dejan cortar o no".
Según este vocero de las comunidades, el grupo armado que tiene mayor incidencia es "paramilitar", refiriéndose a la banda criminal conocida como ‘los Urabeños’: "las Farc no actúan tanto como los paramilitares en esa zona, quienes tienen informantes que les están indicando cuánto compra tal o cual comerciante".
El funcionario de Codechoco dice estar preocupado por estas denuncias: "si bien se habla de la necesidad de tener madera legal, ese tipo de situaciones limita ese propósito. ¿Cómo monitorear en esas condiciones, si una vez autorizado, el seguimiento queda regulado por la posibilidad de acceso a las áreas de corte que brinden los grupos armados ilegales?".
Funcionarios de la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Urabá (Corpouraba) han detectado otro tipo de presiones que comprometen a las comunidades y detrás de los cuales estarían grupos armados ilegales y capitales de origen ilícito, uno de ellos es el sistema de endeudamiento de los aserradores.
"Unas personas, que no sabemos quiénes, le dan a los aserradores digamos cinco millones de pesos para que saquen madera del bosque, y cuando la van a entregar resulta que no alcanza a cubrir el préstamo, entonces se tienen que endeudar otra vez para sacar más madera e intentar pagar. Eso es un sistema esclavista", explica un funcionario de Corpouraba, quien asegura que tal situación es más visible en el Chocó que en el Urabá antioqueño.
A juicio de Mondragón, de WWF Colombia, este tipo de situaciones se presentan porque no hay incentivos para el manejo del bosque: "Corpouraba ha hecho un fondo rotatorio para que la gente no tenga que endeudarse, pero eso son pequeños paliativos, se necesita mayores recursos para fortalecer ese tipo de iniciativas".
El funcionario de Corpouraba, quien pidió no ser identificado, coincidió con su colega de Codechoco en resaltar las limitaciones que imponen los grupos armados ilegales a la hora de visitar y supervisar las áreas de explotación forestal.
"Nosotros sabemos que no se puede entrar a zonas si no es con el apoyo y el permiso de los grupos armados ilegales", dice y reconoce que cuando se logra hacer un inventario en terrero los supervisores se están encontrando con cultivos de hoja de coca y miembros de grupos armados ilegales en la zona. La funcionaria aclara que el Eje Bananero la incidencia ilegal está más ligada a bandas criminales emergentes que a la guerrilla.
A su juicio, en relación con el negocio de la madera, están enfrentándose a tres circunstancias: "las comunidades están perdiendo autonomía, la gente tiene miedo de denunciar a los grupos armados ilegales y el Estado está perdiendo gobernabilidad".
Voceros de las comunidades indígenas de la etnia Embera asentadas en el Urabá antioqueño advierten que la presencia tanto los grupos armados ilegales, sobre todo de bandas criminales emergentes, como los capitales de origen ilícito, no sólo se siente en las áreas rurales, también en los cascos urbanos, donde se comercializa la madera.
"Esa presencia se siente en el precio de la madera", afirman. "Por épocas, pagan precios que no son racionales, no obedecen a una lógica del mercado sino de lavado de dinero. Compran madera a precios exorbitantes. Por ejemplo, una rastra de roble vale en promedio 70 mil pesos, pero hay gente que ha pagado hasta 100 mil pesos. Y uno se pregunta, ¿qué sector está consumiendo tan costoso?".
A juicio de los indígenas, ese tipo de prácticas, que posiblemente sea un mecanismo de lavado de dineros provenientes del narcotráfico, afecta las prácticas de comercialización legal que quieren desarrollar algunos productores de madera, entre ellos los Embera, y consolida la ilegalidad.

La Corrupción Corre
Las fuentes consultadas coinciden en advertir que los grupos armados ilegales y los dineros de origen ilegal pueden insertarse en la economía maderera porque es un sector productivo vulnerable: no está organizado, es informal, los productores son de pequeña capacidad productiva y las instituciones encargadas de controlar toda la cadena productiva tienen demasiadas grietas.
El funcionario de Codechoco admite que este sector productivo hay corrupción y ella está presente en diferentes niveles: "en aquellos funcionarios que llevan mucho tiempo mucho tiempo interactuando con comerciantes y con miembros de las comunidades, pues han generado una relación de confianza que se vuelve permisiva, y en la falta de recursos de las corporaciones ambientales para tener una planta de personal más amplia, con mejores condiciones de trabajo, hoy trabajamos con contratistas a quienes, a veces, no se les paga a tiempo por sus servicios y eso los hace más vulnerables".
Por su parte el funcionario de Corpourabá consultado coincide con su colega de Chocó y reconoce la existencia de problemas institucionales: "las corporaciones son cada vez más débiles, con mayores problemas de credibilidad, con funciones distorsionadas, deficiencias técnicas en la toma de decisiones y menos personal, circunstancias que son aprovechadas por la legalidad".
Voceros indígenas dan cuenta de la facilidad que existe en Urabá para hacerse a un salvoconducto falso para el transporte de madera: "un documento de esos vale 6 mil pesos, es utilizado para varios viajes de madera y muchos saben dónde los venden".
Otro de los actores de la cadena de la madera cuestionados por su alto grado de corrupción es la Fuerza Pública, que debe adelantar los procesos de control en las carreteras. "Se configuran elites de la policía que son los que normalmente revisan", afirma el funcionario de Corpouraba.
Esa situación la confirman los indígenas: "hay policías que prefieren los turnos de la noche en carretera para ganarse algo con los camiones que transportan madera sin papeles. Ellos se corrompen hasta por 20 mil pesos. Y la madera llega sin ningún problema a los depósitos en Medellín".
La representante de WWF Colombia va más allá y resalta el desconocimiento de los policías en el tema: "no saben cuánto es un metro cúbico de madera, no conocen las especies que se están movilizando, ellos reciben una lista, pero cuando van a revisar el camión, no saben si es verdad lo que dice la lista y lo que lleva el camión".
Al respecto, un experto en el negocio consultado, que por razones de su trabajo en terreno, solicitó no ser identificado, se pregunta cómo tener mejores herramientas de control de la ilegalidad e ir más allá del salvoconducto de movilización de madera, un papel, según él, "con unas mínimas medidas seguridad, que no tiene manera de verificar si lo que dice es verdad o no".
En su trabajo en carretera le permite decir con autoridad que muchos comerciantes y conductores saben que si los detienen agentes de policía no tienen idea de qué madera llevan: "el salvoconducto puede decir balso, pero llevan roble, y no hay manera de reconocer la diferencia. El problema de la ilegalidad está asociado a unas fallas del sistema que el mercado ilegal ha detectado, las tiene claras y las aprovecha".

Experiencias de Legalidad
Pero no todo es tan malo. Hay experiencias comunitarias que han podido superar la ilegalidad y hasta la injerencia de los grupos armados y los capitales de origen ilícito. Una de ellas la representa el Consejo comunitario de las comunidades negras del Alto Guapi, en el departamento del Cauca.
"En el consejo comunitario trabajamos con madera legal, estamos certificados, todos nuestros trámites son legales y no hemos tenido ningún inconveniente con grupos ilegales, ni con ningún tipo de personas que atropellen la organización. Tampoco no hemos sido extorsionados", afirma Rosa Montaño, representante legal del Consejo.
Este consejo comunitario se conformó hace doce años y en el proceso de la madera llevamos siete años. De las 103 mil hectáreas que tienen tituladas, 23 mil hectáreas están dedicadas a la explotación maderera, negocio del cual se benefician, directa e indirectamente, 600 familias.
"Somos un consejo organizado, que ha recibido apoyo de WWF Colombia y de Oxfam", señala Rosa. "Nos han capacitado para hacer mejor nuestro trabajo. Eso nos ha favorecido para salir adelante sin ningún inconveniente. La organización ha servido para blindarnos de injerencias ilegales. Cuando uno está organizado las cosas se le facilitan".
Por su parte los indígenas Embera del municipio de Chigorodó, en el Urabá antioqueño, también han logrado mantener su autonomía y evitar que los grupos armados ilegales interfieran en su propósito de explotar el recurso forestal de sus resguardos.
"Los gobiernos indígenas han logrado ponerle límites a la acción de los actores armados en el tema específico de la madera, a tal punto que no tenemos injerencia directa en asuntos como el aprovechamiento, comercialización o bloqueos de corte", afirman los nativos.
Conscientes de lo que representa la legalidad, los Embera han construido sólidas alianzas con comercializadores en Medellín a quienes les venden directamente la madera, sin intermediarios, ajustándose a las normas y evitando prácticas ilícitas.
Martha Mondragón, de WWF Colombia, resalta el trabajo de estas comunidades e insiste en plantear salidas a la ilegalidad: "este negocio podría ser rentable para los legales si se logra cambiar el contexto en el que se mueve; es sustentable si logramos influenciar la política; si se realizan alianzas estratégicas con comercializadores legales y se consolide una cadena de custodia de la madera que le permita a un comprador de muebles, por ejemplo, saber de dónde proviene la materia prima con la que fueron hechos. Hasta allá tenemos que llegar".
Las cifras más recientes sobre el porcentaje de la madera ilegal que se mueve en el país es del 42%; no obstante, organizaciones como WWF Colombia estiman que la cifra puede supera el 70%. De acuerdo con el presidente Santos, esta actividad ilícita va en crecimiento y estaría moviendo anualmente unos 60 millones de dólares.
El reto entonces con el Pacto por la Madera Legal está en bajar esos porcentajes, fortalecer la legalidad y, de paso, restarle capital a los grupos armados ilegales, que encontraron en la madera otro buen negocio.
[* En algunos casos los nombres fueron omitidos o cambiados por su seguridad.]
21 de septiembre de 2011
19 de septiembre de 2011
cc verdad abierta

condenan a cadena, por asesinato

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Condenan a ‘Cadena’ por asesinato de alcalde de El Roble. Un juez especializado de Sincelejo condenó a 40 años de prisión a ‘Cadena’, ex jefe del bloque Héroes de los Montes de Maria de las AUC por el homicidio del ex alcalde de El Roble, Eudaldo Díaz.

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Colombia. El Juzgado Penal del Circuito Especializado de Sincelejo condenó a 40 años y tres meses de cárcel al desaparecido jefe del bloque Héroes de Montes de María de las AUC, Rodrigo Mercado Pelufo alias ‘Cadena’ por el homicidio del ex alcalde de El Roble (Sucre), Eudaldo ’Tito’ Díaz.
‘Cadena’ fue condenado por los delitos de homicidio agravado y secuestro simple, imputados desde el inicio del proceso por un fiscal de la Unidad de Derechos Humanos y DIH.
Por estos mismos hechos fueron condenados también el ex gobernador de Sucre, Salvador Arana (40 años de prisión) y Ángel Miguel Berrocal Doria alias ‘El Cocha’ (37 años de cárcel), ex comandante urbano del Bloque Héroes de los Montes de maría y autor material del homicidio.
En el caso de Salvador Arana, la Corte Suprema de Justicia comprobó que el ex gobernador actuó como determinador de los delitos de desaparición forzada y homicidio agravado por "razones políticas" y por el delito de promoción de grupos armados al margen de la Ley.
En el caso de alias ‘El Cocha’, un juez de Sincelejo confirmó que este paramilitar fue uno de los ocupantes de la camioneta en la que fue secuestrado el alcalde de El Roble el 5 de abril de 2003. La investigación también determinó que fue quien ordenó desde el restaurante La Becerra el asesinato del alcalde Díaz.
Por el asesinato de Díaz el Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de Cundinamarca ya había condenado a 28 años de cárcel a Diana Luz Martínez, ex directora de la cárcel La Vega, como cómplice del hecho, y a Emiro José Correa alias ‘Convivir’ y José Tomas Torres alias ‘Orbitel’, como autores materiales del homicidio.
Eudaldo Díaz, ex alcalde de El Roble (Sucre) fue secuestrado el 5 de abril y asesinado el 10 de abril de 2003, justo un mes después de que él mismo denunciara en un consejo de seguridad ante el presidente Álvaro Uribe que había recibido amenazas de muerte por parte de grupos paramilitares. ‘Tito’ Díaz fue secuestrado cuando supuestamente había sido citado a una reunión con Salvador Arana y otros políticos, en la que "se iban a arreglar las cosas por las buenas". Cinco días después apareció su cadáver, con signos de tortura, cerca de Sincelejo.
De acuerdo con la investigación adelantada por la Corte Suprema, Salvador Arana acudió a alias ‘Cadena’ para pedirle que asesinara a Díaz, tras las constantes acusaciones en su contra por supuestos malos manejos de los recursos públicos y por sus vínculos con paramilitares mientras era gobernador de Sucre.
Antes de desaparecer, Díaz advirtió a su familia que si algo le pasaba, el único responsable sería Arana. Desde entonces la familia Díaz ha liderado e impulsado las investigaciones para encontrar a los responsables del crimen, por lo que ha sido amenazada constantemente hasta el punto de tener que varios miembros de esa familia les ha tocado exiliarse.
21 de septiembre de 2011
19 de septiembre de 2011
cc verdad abierta