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la lista negra del das


En complicidad con Rodrigo Tovar Pupo alias ’Jorge 40’, el organismo de inteligencia del Estado hizo seguimientos y participó en los asesinatos de académicos y líderes sindicales.
Colombia. En marzo de 2006, durante la operación que pretendía capturar al paramilitar del Bloque Norte alias ‘Don Antonio’ las autoridades incautaron varias memorias usb y dos portátiles, que luego se conocerían como los computadores de ‘Jorge 40’.
En uno de los computadores los investigadores encontraron una carpeta rotulada con el nombre ‘amigos del DAS’, en la que había una lista con 106 nombres, entre los que se encontraban sindicalistas, defensores de derechos humanos y líderes de oposición de la Costa Caribe.
Varios de los mencionados en la lista, en efecto, habían sido objeto de amenazas y otros habían sido asesinados, como el desmovilizado de la Corriente de Renovación Socialista, Miguel Espinosa Rangel (abaleado el 30 de junio de 2004), el profesor Alfredo Correa de Andreis (muerto el 17 de septiembre de 2004), el sindicalista Adán Pacheco (asesinado el 2 de mayo de 2005), el defensor del Pueblo y ex secretario del interior de Barranquilla, Pedro Pérez Orozco (acribillado el 3 de octubre de 2005), entre otros. También hallaron listas de supuestos ladrones y prostitutas que fueron asesinados.
El computador de ‘Don Antonio’ dejó en evidencia la infiltración paramilitar a las agencias de seguridad del Estado y el hecho que miembros de éstas agencias le pasaban información a los paramilitares con distintos propósitos. La información suministrada contenía las direcciones de residencias de las eventuales víctimas así como sus rutinas diarias.
Para la misma época, Rafael García Torres ex funcionario del DAS, dio a conocer un supuesto plan para asesinar sindicalistas y líderes en la Costa Atlántica fraguado por paramilitares del Bloque Norte de las Auc y algunos miembros de DAS. Incluso García confirmó la existencia de la lista que se había encontrado en el computador de ‘Don Antonio’.
Más adelante, Noguera, junto con otros funcionarios de DAS como Giancarlo Aunque, José Miguel Narváez (ex subdirector) y el mismo Rafael García (ex jefe de informática) fueron acusados por la Fiscalía de haberle suministrado a los paramilitares del Bloque Norte los nombres de sindicalistas, líderes sociales, periodistas y profesores universitarios que fueron asesinados por paramilitares en la Costa.
Tras una inspección al DAS en Bogotá como parte de la investigación contra los funcionarios, se encontraron varios informes de inteligencia, entre ellos cuatro informes sobre Alfredo Correa de Andreis, uno sobre la periodista Zully Esther Codina Pérez y nueve sobre Fernando Pisciotti Van Strahlen, todos asesinados por paramilitares.
De los listados y seguimientos encontrados en el DAS, 36 sindicalistas seguidos por ese organismo de seguridad fueron asesinados en Barranquilla en 2004 y 61 amenazados de muerte.
Aunque la Corte Suprema de Justicia absolvió a Noguera Cotes de su responsabilidad en el homicidio de Codina y de Pisciotti, asesinatos cometidos por paramilitares en el 2003, sí responsabilizó al ex subdirector del DAS del homicidio del profesor Alfredo Correa D’Andreis.

Noguera Autor Mediato del Homicidio de Correa D’Andreis
Alfredo Correa de D’Andreis, de 52 años de edad, fue asesinado, junto a su escolta Edelberto Ochoa, el 17 septiembre del 2004, en la ciudad de Barranquilla. Según lo determinó la Corte el homicidio de Correa D’Andreis se produjo luego de que se estableciera una alianza entre el DAS y el frente José Pablo Díaz, comandado por Edgar Ignacio Fierro, alias ‘Don Antonio’ para hacer ver al profesor como un allegado de la guerrilla, razón que utilizaron los paramilitares para asesinarlo.
En la decisión, la Corte señaló que Correa D’Andreis fue asesinado como resultado de la alianza que estableció Noguera Cotes con el Bloque Norte de las Auc, y que consistió en que el investigador del DAS, Javier Alfredo Valle Anaya, encargado del caso de D’Andreis, y quién fue cómplice de Noguera y de los ‘paras’, se alió con las autodefensas para señalar como colaborador de la guerrilla al catedrático.
"En medio de dos aparatos organizados de poder se encontraba Alfredo Correa De Andreis: uno estatal -el Departamento Administrativo de Seguridad-, en cuya cúpula se encontraba Jorge Aurelio Noguera Cotes, y otro ilegal –Bloque Norte de las Autodefensas- comandado por Rodrigo Tovar Pupo, alias "Jorge 40", mientras el primero a través de sus funciones de inteligencia y de policía judicial, fabricó un montaje para hacerlo ver como subversivo, el segundo ejecutó a un falso guerrillero", indica la Corte.
Alfredo Correa De Andreis, ingeniero agrónomo y sociólogo de profesión, fue profesor de las universidades del Norte y Simón Bolívar y además rector de la Universidad de Magdalena. Desde 2003, Correa D’Andreis, natal de Ciénaga (Magdalena) venía liderando una investigación, patrocinada por Colciencias y Usaid, sobre patrimonios y personalidad jurídica de los desplazados en La Cangrejera, Pinar del Río y Loma Roja, en Magdalena y Atlántico.
Cuatro años antes, según contó a El Heraldo de Barranquilla, Magda Correa, su hermana, había llevado a cabo otro estudio en Nueva Venecia (Magdalena) posterior a la masacre cometida por las autodefensas allí, en la cual cayeron asesinados 39 pescadores. En ese trabajo, hecho para la Universidad Simón Bolívar, el sociólogo advirtió sobre los riesgos que tenía para el medio ambiente y para la comunidad el montaje de un puerto carbonífero en el sector de Palermo. Detrás de ese proyecto estaban el gobernador Trino Luna y como se conocería después, el jefe paramilitar Rodrigo Tovar Pupo, alias ‘Jorge 40’.
Tres meses antes de su asesinato, el 17 de junio de 2004, Correa D’Andreis fue detenido por las autoridades en Barranquilla, ciudad de residencia, sindicado del delito de rebelión e identificado con el alias de "Eulogio", presunto ideólogo de las FARC. La captura se hizo con base en supuestas imputaciones que provenían de tres desmovilizados de las Farc, quienes aseguraron que el profesor había viajado con ‘Iván Márquez’ a Venezuela, para reunirse con el mandatario venezolano Hugo Chávez.
La captura del reconocido profesor Correa desató un escándalo en los medios y sus colegas de la academia, quienes conociendo su labor social, denunciaron que se trataba de un montaje.
Aunque Antonio Nieto, abogado de Correa D’Andreis, logró demostrar que las acusaciones eran falsas y el profesor fue dejado en libertad el 15 de julio del 2004 por ausencia de pruebas en su contra, varias fueron las irregularidades que se registraron en la investigación y detención de Correa D’Andreis. La revista Semana publicó una declaración de Nieto, en donde el jurista demuestra cómo los testimonios presentados como pruebas para el caso fueron clonados de los usados en el proceso contra Amaury Padilla, líder defensor de derechos humanos de la Costa.
Según Nieto, "La clonación consistió en que se pegó la misma versión que aparecía en el archivo del DAS a cada una de las declaraciones de los tres reinsertados y a pesar de que se intentó mimetizar dicha clonación cambiando el tipo de letra y su tamaño, los textos son exactamente iguales en la sintaxis, en los errores ortográficos y en la puntuación. Lo cual equivale a un montaje de un documento público falso que fue utilizado fraudulentamente como prueba para ordenar la privación de la libertad del profesor Correa De Andreis".
Después de este controvertido hecho, la defensa del profesor Correa denunció ante la Defensoría del Pueblo en Cartagena, una conspiración del Das y la Fiscalía 33, organismo que llevaba su proceso, para inculparlo y sindicarlo de guerrillero.
Cuando la revista Semana la entrevistó en 2005, su esposa Alba recordó que desde que salió libre estaba seguro de que intentarían matarlo. "Desde entonces lo único que hizo fue temblar", dijo al reportero de Semana en Barranquilla. "A pesar de que había sido ateo toda su vida, después de la detención orábamos cada día. Pensábamos que la dimensión divina podría corregir la injusticia humana. Durante semanas vivimos una persecución insoportable. Las amenazas contra su vida eran claras. El dilema diario era pensar si nos debíamos ir del país, pero no teníamos plata. No teníamos a dónde ir. Él tenía miedo pero trataba de ocultarlo porque veía cómo sufríamos todos. Pero también confiaba demasiado y decía: ‘Cómo me voy a ir, no tengo nada oscuro detrás de mí’".
Tocó todas las puertas, le envió dos cartas al entonces Presidente Álvaro Uribe para que lo escuchara, pero no lo atendieron. Lo que pretendía era que le resolvieran su situación jurídica. "Durante el tiempo que estuvo libre, lo dejó todo, su proyecto de vida como investigador," dijo su esposa.
Tres meses después, el 17 de septiembre de 2004, cuando se despidió de su mujer, ella lo vio preocupado. Él le dijo, como al pasar, que le dolía no despedirse de su hija. "Me siento barro", dijo, besó a Alba y se fue. Eran las 2:20 de la tarde. A unos metros de la Universidad Simón Bolívar, en un andén del barrio El Prado de Barranquilla, lo acribillaron, junto con su guardaespaldas.
El profesor Alfredo Correa D’Andréis fue asesinado por paramilitares del Bloque Norte, al mando de ‘Don Antonio’. El mismo ‘Antonio’ aseguró a Verdadabierta.com en una entrevista en la cárcel de Barranquilla en 2009, que organizó su asesinato, convencido de que era un miembro de la guerrilla, porque así se lo habían asegurado sus fuentes oficiales, pero que ahora, después de conocer mejor los hechos, ya no estaba seguro. Y a la justicia le dijo que sus hombres utilizaron informes de inteligencia del DAS para cometer el crimen, pero no ha confesado quién fue el funcionario que le dijo que Correa era amigo de la guerrilla.
La justicia determinó que el hombre que disparó al profesor fue Juan Carlos Rodríguez de León alias ‘El Gato’, quien contó con el apoyo de Henry Arbey Patiño Hurtado, alias ‘Felipe’, jefe de sicarios de los paramilitares en Barranquilla. Y que la orden, en efecto fue dada, por Edgar Ignacio Fierro Flórez, alias don ‘Antonio’, jefe del frente José Pablo Díaz.
Aunque no se sabe cuánto pagaron por el homicidio de Alfredo Correa, se conoce que fue coordinado por Wilmer Samper Meléndez, alias ‘Pupy’, que manejaba las finanzas de la organización paramilitar y quien entregó el dinero a alias ‘Felipe’.
‘Pupy’ dijo que Correa de Andreis fue asesinado porque hacía denuncias sobre la Red de Solidaridad y de la Corporación Autónoma Regional, CRA. Según ’Pupy’, Correa no era guerrillero, pero "tiraba más para el lado de la guerrilla que para el de los paramilitares", por el hecho de que reclamaba la inversión social en beneficio de los desplazados.
Hoy, de los que participaron en el homicidio de Alfredo Correa, sólo están vivos alias ‘don Antonio’ y ‘El Gato’, porque Jorge Palacios, ‘Pupy’ y ‘Felipe’ fueron asesinados por miembros de la misma organización armada.
Alrededor de la muerte de Correa se documentaron varias hipótesis, dos de la cuales enfocaron los posibles móviles del asesinato en los hallazgos de la investigación sobre desplazamiento que Correa D’andreis realizaba por días en que fue muerto. La primera hace referencia al descubrimiento de malos manejos de dineros del Plan Colombia y la segunda estaba relacionada con el despojo de tierras a campesinos desplazados de la región.
Después de su asesinato no se conocieron investigaciones sobre las irregularidades que se presentaron, ni se conoció ninguna sanción disciplinaria contra el ex detective de DAS Javier Alfredo Valle Anaya, encargado del caso, quien después seria ascendido a la subdirección del DAS en el Atlántico, ni contra el fiscal encargado Demóstenes Camargo Zabaleta, quien fue trasladado a San Andrés.
Años más tarde, en marzo de 2008, Valle Anaya rindió testimonio, en el proceso que se adelanta contra Jorge Noguera desde Estados Unidos, país en donde está asilado. El ex detective del DAS, explicó que las personas que le habían dado información de Correa D’Andreis había conocido a varios hombres que supuestamente habían sido guerrilleros del Eln y las Farc que le hablaron de alias ‘Eulogio’, un hombre que les dictaba charlas políticas en los campamentos. Aseguró que los guerrilleros le describieron a ‘Eulogio’ como un abogado o sociólogo, reconocido profesor universitario, con un físico muy particular, alto, encorvado y con cola de caballo.
Con esa información fue que Valle Anaya desarrolló la investigación que culminó con la captura del profesor, cuando varios agentes de la fiscalía y del DAS, con la orden de detención en la mano, emprendieron la marcha hacia Barranquilla, cerca de la medianoche del 17 de junio de 2004, con la certeza de que iban a capturar a alias ‘Eulogio’.
Valle fue destituido por el director del DAS, Andrés Peñate y aunque fue llamado a declarar en el proceso de Correa de Andreis, aún no se vinculó formalmente al proceso. Caso contrario ocurre con ’Jorge 40’, quien ya fue condenado por el asesinato del académico.

El Caso de Zully Esther Codina
Fue asesinada el 11 de noviembre de 2003 a las 7:30 de la mañana por dos hombres armados en el barrio La Concepción I de la ciudad de Santa Marta, en donde era presidente de la Junta de Acción Comunal. La periodista de 49 años de edad, esposa y madre de dos hijos trabajó por ocho años en el Hospital Central de Santa Marta y perteneció al Sindicato Nacional de la Salud, Sindess.
La periodista y líder sindical fue una importante locutora en los medios de comunicación locales, tanto así, que dirigía su programa de opinión en radio, conocido como ‘Entérese’, el cual se trasmitía los sábados por la emisora Radio Rodadero.
Dentro de los delitos confesados por Hernán Giraldo Serna, alias ‘El Patrón’ se encuentra el asesinato de Zully Codina.

El Caso de Fernando Pisciotti
Fernando Pisciotti Van Strahlen fue asesinado el 9 de diciembre de 2003 por orden de José Rodolfo Baena alias ‘Rafael’, ex paramilitar del Bloque Norte de las AUC, cuando se movilizaba en la vía que de Chimichagua (Cesar) conduce a El Banco (Magdalena). El crimen se produjo, según Julio César Pisciotti (hermano de Fernando), luego de que Pisciotti sostuviera una segunda reunión en las oficinas del DAS en Bogotá con la secretaria privada de Noguera, a quién se le informó nuevamente sobre los problemas de seguridad de El Banco. Ella, en teoría, informaría de la situación a Jorge Noguera.
Pisciotti Van Strahlen era sociólogo de la universidad Santo Tomás. Después de terminar sus estudios se trasladó al Banco, Magdalena en donde inició su carrera política, ejercida por más de 30 años, en la que se desempeñó en los cargos de diputado en la Asamblea de Magdalena, Secretario de Hacienda departamental y en algunos casos gobernador encargado del departamento del Magdalena.
En 1988 se postuló a la alcaldía del Banco y fue electo como primer alcalde popular del municipio. Entre 1999 y 2000 Pisciotti fue gobernador encargado durante el periodo de Juan Carlos Vives Menoti y posteriormente accedió a la cámara de representantes en reemplazo de Armando Pomárico Ramos.
En enero de 2010, las autoridades capturaron a Rubén Arturo Ramos, ex paramilitar del Bloque Norte, también sindicado por el homicidio de Fernando Pisciotti.
El 2 de marzo de 2011 el abogado, Julio Pisciotti Van Strahlen, hermano del sociólogo, fue hallado muerto en el apartamento de Bogotá, donde residía. El jurista, de 55 años de edad, investigaba la muerte de su hermano.
Según el diario El Heraldo, la última comunicación que tuvo el abogado con la familia fue en la noche del 1 de marzo de 2011, cuando Pisciotti Van Strahlen llamó a un sobrino que vive en El Banco (Magdalena), a quien le dio instrucciones sobre unos documentos.
El abogado le había contado a la Corte Suprema en marzo de 2010 que su hermano, al menos en dos oportunidades, había denunciado ante el DAS de Jorge Noguera la presencia paramilitar en el sur de Magdalena y las posibles amenazas en su contra.
21 de septiembre de 2011
14 de septiembre de 2011
cc verdad abierta

hh, sicario de los hermanos castaño


Cuando ’H.H.’ era un ’Escorpión’. Antes de ser jefe paramilitar, Hébert Veloza fue un sicario de los hermanos Castaño.  Participó en el exterminio de la UP, asesinó sindicalistas e hizo los primeros contactos con la Brigada 17.
Colombia. Llevaba veneno en la sangre. Hébert Veloza dijo que, cuando las Farc le quitaron el camión en el que transportaba alimentos y con el que sostenía a su familia en el Urabá antioqueño, buscó a los hermanos Castaño para que le dieran ‘trabajo’. Quería vengarse.
Los hermanos Carlos y Vicente Castaño ya eran reconocidos en la región porque habían conformado las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá, en 1991 se habían desarmado pero a los pocos años habían decidido rearmarse reclutando a ex guerrilleros y ex militares para supuestamente hacerle frente a la guerrilla.
Al aceptarlo, enviaron a Veloza a una finca en Córdoba donde recibió entrenamiento del ex capitán del Ejército Carlos Mauricio Rodríguez alias ‘Doble Cero’ y de allí fue llevado en un camión hacia el norte del Urabá antioqueño donde la Casa Castaño controlaba las rutas de narcotráfico del Golfo de Urabá.
Era finales de 1994 y Veloza hacía parte del ‘Grupo de los 20’, una célula paramilitar que en seis años hizo metástasis por Turbo, Apartadó, Carepa y Chigoró, los municipios conocidos como los del Eje Bananero por sus extensos sembradíos de plátano. En sus inicios Veloza, apodado por sus cómplices como el ‘Mono Veloza’ o ‘Carepollo’ y luego conocido en el Valle como alias ‘H.H.’, comenzó como un sicario bajo las órdenes de ‘Doble Cero’.
A su llegada al norte del Urabá antioqueño, el ‘Grupo de los 20’ fue divido en dos: uno, que delinquió en las zonas rurales y otro llamado ’Los Escorpiones’ que se instaló en los cascos urbanos. De este último hicieron parte siete paramilitares: el ‘Mono Veloza’, Enrique Mestre alias ‘Wilson’, José Ruperto García alias ‘El Gato’, Wílmer Aguado alias ‘Carroloco’, Fosferinson Flórez alias ‘Montador’, Uber Coca alias ‘Uber’ y Jesús Albeiro Guisao alias ‘El Tigre’.
Según lo documentó la Fiscalía, Veloza y sus seis cómplices se movilizaban en carros y a cualquier hora asesinaban.
Fueron conocidos en la región porque entraban a las casas de sus víctimas, las sacaban de sitios públicos y de las fincas donde trabajaban y en muchos casos abandonaron sus cuerpos en un sitio conocido como La Caleta. "Era un callejón ubicado a 3 kilómetros del casco urbano de Turbo. Allí todos los días dejábamos cuerpos", dijo el ex jefe paramilitar que fue extraditado en 2009.
Antes de ser enviado a Estados Unidos por cargos de narcotráfico, alias el ‘Mono Veloza’ contó en versiones libres que Los Escorpiones tuvieron como informantes a los Comandos Populares, un grupo de desmovilizados del Epl que siendo perseguido por las Farc decidió delinquir con los paramilitares.  "Asesinamos gente por información de los comandos alias ‘Camacho’, Carlos Vásquez alias ‘Cepillo’, ‘San Pedro’ y ‘El Tigre’. Este último conocía todas las bananeras. También nos apoyábamos en los capataces de las fincas que tenían mucha información", dijo el ex jefe paramilitar en la audiencia.
Así, ’Los Escorpiones’ realizaron asesinatos selectivos en barrios que, según ellos, eran señalados de albergar a presuntos colaboradores la guerrilla.
Según la documentación que hizo la Unidad de Justicia y Paz, los barrios Julia Orozco, Gaitán, Buenos Aires y Obrero, de Turbo, fueron blanco de los paramilitares. Lo mismo sucedió en los corregimientos El Tres y Nueva Colonia.
"El 24 de marzo de 1995 un grupo armado entró a la vereda La Esperanza, en el corregimiento El 3, de Turbo, y sin mediar palabra disparó contra un joven de 27 años. En versión libre, Veloza dijo que lo asesinaron por informaciones de que colaboraba con guerrilla", leyó la Fiscalía. La historia se repitió tal cual en otros casi 30 crímenes que la Fiscalía legalizó ante los magistrados.
Por su sangre fría para disparar contra quienes consideraba sus enemigos, en poco tiempo el ‘Mono Veloza’ se convirtió en jefe paramilitar del Bloque Bananero y una década después del Bloque Calima. Asesinó a personas señaladas de colaborar con la guerrilla, persiguió a sindicalistas y participó en el exterminio de la Unión Patriótica, UP. También hizo los primeros contactos con la Brigada 17 para delinquir en complicidad con esta unidad del Ejército, hecho por el cual está en juicio el general (r) Rito Alejo del Río. Durante una jornada de legalización de cargos ante un magistrado de Justicia y Paz, la Fiscalía reconstruyó los primeros crímenes del ‘Mono Veloza’.

La Brigada 17
Esta es una unidad del Ejército que tiene sede en Carepa y el general (r) Rito Alejo del Río fue su comandante entre 1995 y 1997, precisamente el mismo período en el que se consolidó el Bloque Bananero de las Auc según lo ha documentado Justicia y Paz.
Durante la audiencia de legalización de cargos contra alias el ‘Mono Veloza’, la Fiscalía narró uno  de los primeros casos de complicidad entre los paramilitares y soldados de esa Brigada, y que está demandado desde 2000 ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. "El caso se encuentra en estado de admisibilidad", explicó la Unidad de Justicia y Paz a los magistrados.
El 16 de diciembre de 1995 cuatro hombres fueron detenidos por soldados de la Brigada 17, cuando se movilizaban en dos motocicletas por la vereda La Arenera, en el corregimiento de Currulao de Turbo. Los tildaron de guerrilleros con base en señalamientos de un informante.  Dos de ellos permanecieron presos durante tres días.
Cuando las familias fueron el 19 de diciembre a la guarnición militar a llevarles ropa y comida, les dijeron que los otros dos hombres también habían quedado libres. "Un testigo les dijo que eso no era verdad. Un carro rojo del Ejército los sacó de la guarnición, escoltado por otra camioneta que transportaba paramilitares. Los dos hombres intentaron escapar y los recapturaron", leyó la Fiscalía. Desde ese día las familias no volvieron a saber de ellos.
A partir de las entrevistas a testigos  y de la confesión de alias el ‘Mono Veloza’, la Unidad de Justicia y Paz reconstruyó que la desaparición de los dos hombres fue cometido por los paramilitares del entonces naciente Bloque Bananero en complicidad con el Ejército, un fiscal de la región y agentes del Gaula de Cali. "Los hombres fueron sacados de la guarnición de Carepa (Antioquia), montados en una avioneta y asesinados luego en Buenaventura (Valle del Cauca)", dijo la Fiscalía durante la audiencia.
En versión libre, alias el ‘Mono Veloza’ dijo que la Casa Castaño le ordenó capturar a los dos hombres porque eran señalados de haber participado en el secuestro de la esposa de un militar. Veloza le ordenó a su vez a alias Rodrigo López Lora alias ‘La Marrana’ que participara en la detención de las dos víctimas. Así ‘La Marrana’ primero los señaló y luego buscó al fiscal que llevaba el caso, quien en complicidad con los paramilitares expidió las boletas para que los hombres salieran de la cárcel.
Un testigo que trabajaba dentro de la Brigada le contó a la Fiscalía que los hombres salieron de los calabozos después del mediodía del miércoles 19 de diciembre, cuando un sargento rompió los candados de la celda. "Fueron sacados en una camioneta de la Brigada y escoltados por alias ‘La Marrana’ y ‘El Gato’ que se movilizaban en una moto. Los hombres intentaron escaparse y los paramilitares los volvieron a capturar. Los llevaron a un hotel de Turbo, donde los inmovilizaron con cinta que se usa para preservar alimentos. Luego los  subieron a un avión que los llevó hasta el puerto de Buenaventura", leyó la Fiscalía.
Alias el ‘Mono Veloza’ dijo en versión libre que él viajó en otro avión hasta el Valle del Cauca y les entregó a los dos hombres a un coronel del Gaula de Cali. Allí alias ‘Memín’, un infiltrado de los paramilitares en la guerrilla, interrogó a los dos hombres que fueron llevados a una bodega de madera. "No volví a saber nada de ellos, porque yo me regresé para el Urabá", dijo alias el ‘Mono Veloza’ durante versión libre. Los cuerpos de las dos víctimas siguen desaparecidos.
La mayoría de los crímenes cometidos por alias el ‘Mono Veloza’ o ‘H.H.’ y presentados en audiencia ante los magistrados de Justicia y Paz estaban en la impunidad en la justicia ordinaria. Durante los relatos, la Fiscalía explicó como en la época, entre 1995 y 1996, los casos fueron archivados y solo volvieron a reactivarse cuando el ex jefe paramilitar comenzó  confesar los crímenes en 2007 y 2008 antes de ser extraditado a Estados Unidos.
"La Fiscalía determinó que estos son crímenes de sistema. Es decir, no fueron hechos individuales sino cometidos a gran escala, como una estrategia definida por el grupo paramilitar donde hubo planificadores y ejecutores", concluyó la Unidad de Justicia y Paz que acusó a alias el ‘Mono Veloza’ por los delitos de homicidio y desaparición en la mayoría de los casos.

El Exterminio de la UP
La Unión Patriótica nació en 1984 como resultado de los acuerdos de paz entre el gobierno de Belisario Betancur y las Farc. El partido fue una fórmula para consolidar las negociaciones de paz y para que el grupo armado optara por una salida política al conflicto. "Pero para nosotros la UP fue creado por las Farc. Quizá muchos simpatizantes no tenían que ver con la guerrilla, pero por el hecho de pertenecer a algo relacionado con lo subversivo, los matamos", dijo alias el ‘Mono Veloza’ desde Estados Unidos.
Con estas palabras, el ex paramilitar reconoció que participó del genocidio a la UP. En versiones libres le confesó a la Fiscalía 10 crímenes, que hasta 2008 estuvieron archivados en la justicia ordinaria. Los casos fueron desempolvados cuando la Unidad de Justicia y Paz compulsó las copias en las que el ex jefe paramilitar contó los detalles de estos asesinatos.
Un investigador de la Unidad de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario dijo que nueve fiscales investigan 1.316 casos relacionados con la UP. "Tenemos 526 investigaciones en etapa preliminar, 157 en instrucción y 16 en juicio. Con sentencia ya van 103 casos en los que han sido condenadas 191 personas. En el registro general, 10 de estos crímenes fueron cometidos por Veloza", dijo el investigador que presentó estos datos a la magistratura en julio de 2011.
"La siguiente víctima era también integrante de la UP. El 18 de abril de 1995 a las 7:40 de la mañana, a 500 metros de la estación de policía de Carepa, los paramilitares instalaron un retén. Detuvieron un carro de donde hicieron bajar a la víctima. La asesinaron por señalamientos de alias ‘Cepillo’ y ‘El Tigre’ según confesó Veloza. La Fiscalía investigó y encontró que la víctima era del comité obrero de una de las fincas bananeras y defendía los derechos de los trabajadores", leyó la Fiscalía durante la audiencia ante los magistrados.
El 17 de mayo de 1995 Los Escorpiones buscaron a otro integrante de la UP y como sucedió con las demás víctimas lo identificaron en otro retén. "Ocurrió en la vía entre los municipios de Carepa y Apartadó, en la vía comunal El Silencio a 20 metros del casco urbano.  Una vez lo identificaron, lo amarraron y lo asesinaron. El cuerpo fue abandonado en la carretera", leyó la Fiscalía.

También los Sindicatos
De forma sistemática como sucedió contra la UP, los paramilitares señalaron a varios integrantes de los sindicatos bananeros de tener vínculos con la guerrilla. "No perseguíamos a los sindicalistas por ser sindicalistas, porque su lucha es justa para defender los derechos obreros; combatimos fue la infiltración de las guerrillas", dijo alias el ‘Mono Veloza’. Los familiares de las víctimas sostienen todo lo contrario, que ser parte de un sindicato ya era un motivo para ser blanco de los ‘paras’.
En la audiencia, la Fiscalía documentó siete crímenes contra sindicalistas, seis de ellos contra miembros del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria Agropecuaria, Sintrainagro, y uno más con otra un integrante de la Asociación de Institutores de Antioquia, Adida.
Según lo documentó Justicia y Paz, los paramilitares que delinquieron en el Urabá utilizaron los retenes ilegales para detener los buses donde se movilizaban los trabajadores de las bananeras, entre ellos, algunos líderes de los sindicatos de las plantaciones de banano o de las instituciones educativas de la región.
El 22 de abril de 1996, por ejemplo, los paramilitares retuvieron un bus que  salía de una finca de Turbo y de allí bajaron a los pasajeros, entre quienes identificaron a dos hombres que pertenecían a Sintrainagro. "La Fiscalía confirmó que eran primos y que los paramilitares los apartaron y los asesinaron dentro de una platanera. En versión libre, alias el ‘Mono Veloza’ confesó que fueron señalados por información de alias ‘El Tigre’, el comando popular cómplice de los paramilitares en la zona bananera", contó la Fiscalía.
Durante el año anterior, en 1995, Los Escorpiones dirigidos por Veloza asesinaron a otros sindicalistas utilizando la misma táctica. El 29 de junio asesinaron a otra víctima en un retén que instalaron en la vía al corregimiento de Nueva Colonia. Lo bajaron del bus, le dispararon y arrojaron su cuerpo en la comunal San Jorge, un sitio donde hay plantación de banano.
A otras de las víctimas las buscaban en las fincas donde trabajan y las sacaban en vehículos, que entre la población eran conocidos como "los carros de la muerte". Así  el 23 de septiembre de 1995 los paramilitares se llevaron a un integrante del sindicato de maestros Adida, cuando estaba en la vereda Arenera de Turbo. "Se lo llevaron en una camioneta blanca, lo asesinaron y arrojaron su cuerpo en el cementerio municipal. En el crimen participaron  alias ‘Uber’, ‘Wilson’ ‘Gato’ y el ‘Mono Veloza’", leyó la Fiscalía durante la audiencia.
La legalización de cargos es una etapa previa antes de que los magistrados emitan una sentencia que condene al ex jefe paramilitar y repare a sus víctimas en el Urabá antioqueño y el Valle del Cauca, donde alias el ‘Mono Veloza’ delinquió con los Bloques Bananero y Calima.
20 de septiembre de 2011
18 de septiembre de 2011
cc verdad abierta

jorge noguera, espía de los paras


Jorge Noguera, un joven de la sociedad samaria que fue jefe en Magdalena de la campaña de Álvaro Uribe Vélez en 2002, fue decisivo como director del DAS para que los paramilitares pudieran cometer sus crímenes.
Colombia. Jorge Noguera Cotes nació en Santa Marta el 25 de septiembre de 1963, se graduó como abogado de la Universidad Javeriana de Bogotá con especialización en derecho público de la Universidad Externado de Colombia.
Antes de todo, su vida transcurría sin sobresaltos en su natal Santa Marta. En su vida pública fue asesor y secretario de la gestión administrativa integral de la gobernación del Magdalena entre 1999 y 2000.
Noguera Cotes también se desempeñó como secretario general de la Corporación Autónoma Regional del Magdalena, secretario general de la Sociedad Portuaria Regional de Santa Marta y asesor la Gerencia General de Puertos de Colombia.
Además, fue jefe jurídico y gerente del Puerto de Santa Marta y también se desempeñó como asesor jurídico y administrativo de establecimientos como Davivienda, Granahorrar, Banco de Occidente. De acuerdo con el periódico El Colombiano, también dictó las cátedras de Contratación Estatal, Jurisprudencia en Derecho Administrativo y Derecho Comercial en la Universidad Sergio Arboleda de Santa Marta.
A mediados de 2001, Álvaro Uribe conoció a Noguera durante su primera campaña a la Presidencia, cuando tuvo la oportunidad de hospedarse en su casa y compartir con su familia. Le pareció un buen muchacho y un profesional con futuro.
Noguera luego sería designado director de la campaña de Uribe en Magdalena, el único departamento de la Costa donde triunfó en 2002. En agosto, y a pesar de no tener experiencia alguna en asuntos de seguridad e inteligencia, Noguera asumió como director del DAS, cargo que desempeñó hasta octubre de 2005, cuando se inician las primeras investigaciones en su contra por nexos con paramilitares del Bloque Norte de las Auc. En 2006 fue nombrado cónsul en Milán.  
La gestión de Noguera se caracterizó por graves errores que mostraban su inexperiencia y sus deseos de figurar. En agosto de 2004, se atravesó a una operación conjunta de las policías de Colombia y Ecuador que buscaba capturar a ’Raúl Reyes’. Fracasó y generó de paso gran desconfianza en los organismos de inteligencia internacionales. A pesar de la embarrada y el malestar que causó entre los altos mandos y en el Ministerio de Defensa, Uribe lo dejó en el cargo. No fue la primera ni la última ocasión en que el Presidente lo protegió.
El caso más sonado fue precisamente el de Rafael García, quien fue removido del cargo en enero de 2005 por borrar antecedentes de narcotraficantes y paramilitares. A pesar del escándalo, Noguera salió bien librado. García fue condenado por este hecho, pero dijo que obedecía órdenes de Noguera.
Noguera fue el único funcionario del gobierno del presidente Álvaro Uribe que tuvo que renunciar dos veces. Dejó la dirección del DAS en medio de un escándalo de corrupción e infiltración de paramilitares y narcotraficantes en el principal organismo de inteligencia del Estado. Su nombramiento como cónsul en Milán le permitió dejar atrás la creciente tormenta. Pero la distancia no fue suficiente para evadir el coletazo de sus polémicas actuaciones durante los tres años que estuvo al frente del DAS.
Su placentera estadía en Europa fue rápidamente sacudida con el testimonio de su amigo y hombre de confianza Rafael García: lo acusaba de tener vínculos estrechos con ’Jorge 40’ y Hernán Giraldo, los dos más poderosos jefes paramilitares del norte del país. Su permanencia en el consulado se volvió insostenible. Sin embargo, el Presidente lo defendió a capa y espada. A pesar de que Uribe puso la mano en el fuego por él, la gravedad de la situación lo obligó a regresar al país.
Con lujo de detalles, García le dijo a la Fiscalía que Noguera había puesto al DAS al servicio de ’Jorge 40’ y Hernán Giraldo desde el inicio de su gestión en 2002. Describió varios encuentros clandestinos del director del DAS con esos jefes paramilitares -la Procuraduría confirmó por lo menos 10- y visitas de personas cercanas a las AUC a la sede principal en Paloquemao para obtener información confidencial. En la medida que la Fiscalía corroboraba los hechos relatados por García, la credibilidad del testigo fue en aumento.
A esa verificación se sumaron dos episodios que les dieron aún más peso probatorio. Primero, ante la Corte Suprema, García confesó ser miembro del Bloque Norte de las autodefensas de ’Jorge 40’ desde hace varios años y que Noguera sabía de estas relaciones non sanctas antes de nombrarlo en un cargo clave en el principal organismo de inteligencia del Estado. Y segundo, García ratificó todas estas acusaciones en un cara a cara con su antiguo jefe, en la Fiscalía.
Pero este testimonio es apenas uno de los pilares del expediente que tiene tras las rejas a Jorge Noguera. Sigifredo Puentes, un curtido detective del DAS, le contó a la Fiscalía que Noguera había filtrado información a Hernán Giraldo, viejo jefe paramilitar en la Sierra Nevada, sobre una operación de la unidad de lavado de activos en su contra. El exdetective agregó que Noguera paró, recién posesionado, una investigación sobre narcotráfico que involucraba a familiares y amigos. Puentes fue relevado de su cargo y obligado a renunciar. No fue el único que perdió su puesto por denunciar las irregularidades en el DAS.
Rodolfo Benítez, ex jefe de la oficina de protección de la entidad, no sólo confirmó la versión de Puentes sobre Giraldo, sino que agregó detalles sobre lo que denominó "el matrimonio García-Noguera". Benítez describió cómo García vino a su oficina para preguntarle sobre el operativo. A partir de allí, Benítez empezó a denunciar los atropellos, la corrupción y los abusos de poder de Noguera y su círculo íntimo. Fue trasladado a Chocó, una decisión que lo motivó a retirarse de la institución después de 16 años de servicio.
Noguera tampoco pudo explicar de manera convincente sus vínculos con José Gélvez Albarracín, alias el ’Canoso’, jefe político del frente Resistencia Tayrona de Hernán Giraldo. En una entrevista con SEMANA, en febrero 2006, Gélvez habló de cómo colaboró en la primera campaña presidencial de Uribe en Magdalena, la cual era dirigida por Noguera. La Fiscalía encontró que esta relación se mantuvo durante la administración de Noguera en el DAS. No fue la única amistad que generó preguntas a los investigadores.

Sus Víctimas
En marzo de 2006, en el marco de la operación que pretendía dar captura al paramilitar del Bloque Norte ‘Don Antonio’ se incautan varias memorias usb y dos portátiles, que luego se conocerían como el computador de ‘Jorge 40’. En una de las computadores los investigadores encontraron una carpeta rotulada con el nombre: ‘amigo del DAS’, en la que había listas que contenían 106 nombres, entre los que se encontraban sindicalistas, defensores de derechos humanos y líderes de oposición de la Costa Caribe. Varios de ellos, en efecto, habían sido objeto de amenazas y otros habían sido asesinados, como el reinsertado de la Corriente de Renovación Socialista, Miguel Espinosa Rangel (abaleado el 30 de junio de 2004), el profesor Alfredo Correa de Andreis (muerto el 17 de septiembre de 2004), el sindicalista Adán Pacheco (asesinado, el 2 de mayo de 2005) el defensor del Pueblo y ex secretario del interior de Barranquilla, Pedro Pérez Orozco (acribillado el 3 de octubre de 2005), entre otros.
También hallaron listas de supuestos ladrones y prostitutas que fueron asesinados.
El computador de ‘40’ o el de ‘don Antonio’, dejó en mayor evidencia aún la infiltración paramilitar a las agencias de seguridad del Estado y que miembros de éstas le pasaban información a los paramilitares para que fueran ellos los que ejecutaran la guerra sucia. Los informes tenían las direcciones de residencias de quienes serían las víctimas de su guerra sucia, así como sus rutinas diarias.
Más adelante, en las declaraciones dadas por García Torres, el ex funcionario dio a conocer un supuesto plan para asesinar sindicalistas y líderes en la Costa Atlántica, fraguado entre paramilitares del Bloque Norte de las Auc y algunos miembros de DAS.  Incluso García hablo en detalle  de  la existencia de una lista de posibles víctimas concertada entre las autodefensas y agentes del Estado.
Más adelante, Noguera, en complicidad con otros funcionarios de DAS como Giancarlo Aunque, subdirector, José Miguel Narváez y el mismo Rafael García serian acusados por la fiscalía de haberle suministrado a los paramilitares del Bloque Norte los nombres de sindicalistas, líderes sociales, periodistas  y profesores universitarios que fueron asesinados por paramilitares en la Costa.
Además, en una inspección al DAS en Bogotá se encontraron varios informes de inteligencia, entre ellos cuatro documentos de Alfredo Correa de Andreis, uno sobre la periodista Zully Esther Codina Pérez y nueve de Fernando Pisciotti Van Strahlen, todos asesinados por paramilitares.
De los listados y seguimientos encontrados en el DAS, 36 sindicalistas seguidos por ese organismo de seguridad fueron asesinados en Barranquilla en 2004 y 61 amenazados de muerte.
Aun cuando las cabezas del DAS han sido investigadas y en diferentes instancias del proceso por los asesinatos de Correa, Codina y Pisciotti, son pocos los entonces funcionarios de las seccionales del DAS en la Costa Caribe que han sido procesados.
[Con información de VerdadAbierta.com y archivos de prensa de las revistas Semana, Cambio y el periódico El Colombiano.]
17 de septiembre de 2011
14 de septiembre de 2011
cc verdad abierta

víctimas del iguano exigen fallo


Víctimas de El Iguano exigen fallo a la Corte Suprema. Las víctimas del ex jefe del Bloque Catatumbo le piden a la Corte que falle ya que llevan cuatro años esperando verdad, justicia y reparación.
Colombia. El 2 de diciembre de 2010 por lo menos 174 familias de Norte de Santander pensaron que su vía crucis terminaría. Ese día, una magistrada de Justicia y Paz emitió la sentencia que condenó a Iván Laverde Zapata alias ‘El Iguano’, el paramilitar que asesinó de sus seres queridos, y ordenó varias medidas para reparar a las víctimas.
Sin embargo, las víctimas no quedaron satisfechas con un punto de fallom relacionado con la reparación económica. Para ellas, el monto debe calcularse con base en la calidad de las víctimas. Es decir los estudios que tenían, los trabajos que desempeñaban y sobre todo el rol que cumplían dentro de sus familias y en la sociedad. Por eso apelaron la sentencia que quedó suspendida mientras la Corte decide si modifica o no el fallo de primera instancia.
Aunque las víctimas pensaron que la espera iba a ser corta, ya han pasado casi nueve meses y el Estado no ha podido repararlas mientras la Corte confirme o modifique esa decisión.
Por eso anunciaron que enviarán una carta al Alto Tribunal haciendo dos peticiones. La primera, que establezcan una fecha para la lectura del fallo y segundo, si es posible, que la audiencia sea retransmitida a Cúcuta para que la mayoría de las víctimas puedan escuchar en directo la decisión.
Alias ‘El Iguano’ fue uno de los cómplices de los hermanos Carlos y Vicente Castaño para delinquir en Norte de Santander. Fue jefe del Frente Fronteras, del Bloque Catatumbo, que dejó más de 5.000 víctimas, varias que desaparecieron en hornos crematorios. En el fallo el Tribunal lo condenó por el asesinato de 170 personas en 25 masacres y de cuatro funcionarios en Cúcuta, Norte de Santander y sus alrededores. La Fiscalía ha documentado la manera en la que ’El Iguano’ infiltró varias instituciones del Estado y delinquió en complicidad con políticos y militares de Norte de Santander.
"Llevamos cuatro años asistiendo a versiones y audiencias. En mi caso he viajado a Bogotá, Medellín y Barranquilla para que los paramilitares confesaran el crimen de mi familiar. Ya tengo verdad; pero no reparación. Estamos cansados y necesitamos que la Corte se pronuncie. No queremos esperar más años", le dijo uno de los familiares a VerdadAbierta.com.
Una de las víctimas de este paramilitar, que pidió reserva de su identidad, le contó a VerdadAbierta.com que el Ministerio del Interior y de Justicia le había brindado protección pero que hace unos meses le retiró el esquema de seguridad argumentando que ya no corría riesgo.
Según otros afectados por este paramilitar, el miedo persiste entre ellos porque varios de los antiguos ex paramilitares del Bloque Catatumbo siguen delinquiendo en Norte de Santander en las bandas criminales.
Otra de las víctimas contó que las medidas de reparación son urgentes, en especial dijo que su familia requiere de atención psicológica. "Cada vez que vamos a alguna audiencia revivimos el dolor. Todos los núcleos familiares necesitamos ayuda de un psicólogo y que el Estado nos ayude con becas para que nuestros hijos estudien. Eso hace parte de la reparación integral", dijo otra víctima de este paramilitar.
Germán Gustavo Díaz, quien es abogado de varias víctimas de ’El Iguano’ en este proceso, explicó que la Corte tiene 60 días de plazo estipulado para estudiar la apelación y que en casos como los de Justicia y Paz las víctimas esperan agilidad de la justicia. "Pedimos información a la Corte y ni siquiera hay proyecto de fallo. Ya han pasado nueve meses", dijo. VerdadAbierta.com se comunicó con el Alto Tribunal y la Sala Penal informó que no podía suministrar fechas.
Con la primera de sentencia de Justicia y Paz sucedió lo mismo. El 29 de junio de 2010 el Tribunal emitió un fallo contra los paramilitares Edwar Cobos Téllez alias ‘Diego Vecino’ y Uber Enrique Banquez alias ‘Juancho Dique, ex jefes del Bloque Héroes de los Montes de María, que asesinaron a 10 campesinos en Las Brisas y desplazaron a otras 450 personas hace 11 años en Bolívar. Las víctimas apelaron y la Corte ratificó la sentencia un año después con algunas correcciones.
Desde que la Ley 975 o de Justicia y Paz entró en vigencia en 2005, la justicia ha emitido cuatro sentencias de las cuales solo la de Mampuján está en firme para reparar a las víctimas.
17 de septiembre de 2011
13 de septiembre de 2011
cc verdad abierta

quién es ramiro suárez


El ex alcalde de Cúcuta Ramiro Suárez fue condenado a 27 años de cárcel por el homicidio del ex contralor Alfredo Enrique Flórez perpetrado por paramilitares. Esta es su historia.
Colombia. Ramiro Suárez Corzo ha sido un influyente personaje en la vida política de Norte de Santander, no sólo porque fue alcalde de Cúcuta en el periodo 2004-2007, si no porque además su liderazgo político lo ha construido al lado de importantes alcaldes y gobernadores del Norte de Santander.
El pasado 12 de agosto, fue detenido cuando asistía al lanzamiento de la campaña del aspirante a la alcaldía de Cúcuta, Andrés Cristo, hermano del senador Juan Fernando Cristo, coautor de la Ley de Víctimas, y del candidato a la gobernación de Norte de Santander, Edgar Díaz Contreras, quienes desde entonces, públicamente han manifestado que han recibido su apoyo político.
El Tribunal Superior de Bogotá condenó al ex alcalde a 27 años de prisión por su responsabilidad en el asesinato del ex asesor jurídico de la Alcaldía de Cúcuta, Alfredo Enrique Flórez, perpetrado por paramilitares el 6 de octubre de 2003. Ésta decisión del Tribunal revoca la sentencia del 2 de abril del 2009 emitida por el Juzgado Octavo especializado de Bogotá que había absuelto a Suárez del crimen de Flórez.
En el de 2005, la Fiscalía archivó una investigación contra Suárez Corzo por sus presuntos nexos con paramilitares, argumentando que no existían pruebas suficientes para comprobar que en efecto, Suárez había participado de una reunión con Jorge Iván Laverde, alias ‘El Iguano’, uno de los comandantes del Bloque Catatumbo de las Auc y con Carlos Enrique Mora, alias ‘el Gato’, jefe de las autodefensas de Puerto Santander, en junio de 2003. La prueba principal de esta acusación habían sido los testimonio de alias ‘Andrés’ y de Jonathan Sepúlveda, ex paramilitares del Bloque Catatumbo.
Sin embargo, el 7 de septiembre de 2007, cuando todavía ejercía como Alcalde de la capital norte santandereana, las autoridades capturaron a Suárez Corzo, a raíz de una nueva investigación que pretendía esclarecer la responsabilidad del político en el asesinato de Flórez.
La investigación contra el ex alcalde inicialmente fue llevada por el segundo Juzgado Penal Especializado de Cúcuta, sin embargo, el 9 de junio del 2008, por solicitud la fiscalía delegada para el caso, el juicio se trasladó al Juzgado Octavo Penal de Circuito Especializado de Bogotá, el cual, en abril del 2009, absolvió a Suárez del homicidio de Flórez, argumentando que el ex asesor de la alcaldía había sido asesinado por las autodefensas por ser funcionario público y no por órdenes de Suárez.
Entre otras razones, la juez del caso también consideró que existían inconsistencias en los testimonios de desmovilizados que hablaban sobre la presunta relación entre los paramilitares y el político.

Suárez Corzo: un Barón Electoral en Cúcuta
Siendo joven y habiendo realizado apenas hasta quinto de primaria, Suárez Corzo, oriundo de Enciso, hizo sus primeros pinos en la política al lado del ingeniero Ignacio Duarte, alcalde del municipio de Los Patios en el periodo 1995-1997, un municipio vecino al área metropolitana de Cúcuta.
Aunque Suárez no fue propiamente funcionario de la administración de Duarte, según fuentes consultadas por VerdadaAbierta.com, fue uno de los más importantes contratistas de esa alcaldía. Para la época, Suárez montó una ferretería en frente a la sede de la Alcaldía, desde la cual suministraba materiales para todo tipo de obras civiles que se realizaban en el municipio.
A finales de los noventa, Suárez Corzo apoyó la campaña del ex gobernador liberal Jorge García Herreros. Y siguió armando su clientela política hasta que en las elecciones para la Alcaldía de 2000, impulsó activamente la campaña del candidato que resultó ganador por el Partido Apertura Liberal, Manuel Guillermo Mora Jaramillo. Mora, quien fue representante a la Cámara en 1998, fue elegido senador de la república para el periodo 2010-2014, teniendo abierta en la Corte Suprema de Justicia una investigación preliminar por sus presuntos nexos con el paramilitarismo.
Aparentemente Suárez fue personaje clave en la campaña de Mora Jaramillo. Fuentes consultadas por Verdadabierta.com aseguraron que desde entonces había rumores, sin confirmar, que aseguraban que Suárez había conseguido que dineros oscuros financiaran esa campaña, entre ellos los del extraditable Yensy Miranda Dávila.
Aunque para la gente en Cúcuta era indiscutible que el ex alcalde había contribuido al éxito de Mora, en un principio, Suárez no ejerció como funcionario público en su administración. Una fuente le contó a VerdadAbierta.com que durante la administración de Mora (enero de 2001-31 de diciembre de 2003), Suárez montó una oficina muy cerca de las instalaciones de la Alcaldía, en donde atendía los reclamos, la quejas de líderes y representantes de la población civil y llamaba directamente a los funcionarios para que les solucionaran los problemas. Así, se convirtió en una especie de vocero informal de la Alcaldía de Cúcuta.
 "Ramiro era el bulldozer de Mora, mientras que Mora era el niño rico de la ciudad", dijo la fuente. A los pocos meses, Mora lo contrató como asesor. Desde ese cargo supo ganarse a la gente, y se fue haciendo en una figura muy popular. VerdadAbierta.com llamó en repetidas ocasiones al hoy senador Mora y no contestó las llamadas.
Por eso, en octubre de 2003, Suárez Corzo ganó las elecciones con una amplia diferencia sobre sus rivales, pues obtuvo el 62 por ciento de los votos, seguido por José Duarte, del movimiento Apertura Liberal quien obtuvo el 10 por ciento de la votación. Suárez Corzo, avalado por el Movimiento Colombia Viva, obtuvo 127.783 votos en la capital norte santandereana.
Esos años del ascenso político de Suárez Corzo coincidieron con la expansión de las Autodefensas Unidas de Colombia, con una estructura armada conocida como Bloque Catatumbo, que realizó una ofensiva particularmente cruenta que dejó más de tres mil víctimas civiles, desde 1999, hasta su desmovilización en 2004.
En ese sentido, tanto seguidores como detractores de Suárez consideran que en esa coyuntura era imposible hacer política sin consultarle o estar aliado con los paramilitares. La relación entre los Suárez y los paramilitares era tan evidente, que, en 2004, la Fundación Progresar en Norte de Santander envió una carta pidiéndole a Suárez Corzo que se desmovilizara con las Auc.
De acuerdo con la Corporación Nuevo Arco Iris (CNAI), el fenómeno político que Suárez representó tiene como razón de fondo la interferencia del poder paramilitar en Cúcuta. "Este personaje pugnó luego de imponer una coalición mayoritaria en la Asamblea para elegir al Contralor, intervenir en el nombramiento del gabinete departamental y más tarde en la aprobación del Plan de Desarrollo departamental", dice en su investigación "Parapolítica: la ruta de la expansión paramilitar".

Suárez Corzo y el Asesinato de Flórez
El ex asesor de la alcaldía de Cúcuta, Alfredo Enrique Flórez Ramírez, de 36 años, fue asesinado el 6 de octubre de 2003, a las 11:30 de la noche. Cuando se dirigía en su vehículo hacia su residencia, Flórez fue alcanzado por paramilitares que dispararon en varias oportunidades contra él. Los autores materiales del crimen fueron identificados como Jonathan Sepúlveda alias ‘Jonathan’ y Yovany Enrique Erazo, alias ‘Yerry’, ambos integrantes del Bloque Catatumbo de las Auc, bajo el mando de Jorge Iván Laverde, alias ‘El Iguano’.
Sobre el homicidio de Flórez, abogado de profesión, se tejieron varias hipótesis, la mayoría de las cuales, apuntaban a Suárez como determinador de su muerte. Inicialmente con las declaraciones de paramilitares implicados en el crimen, la versión que más fuerza tomó fue la de que el jurista había sido asesinado por solicitud de Suárez, quien para entonces aspiraba la alcaldía de Cúcuta. La razón del asesinato, obedecería a que Flórez, en calidad de asesor jurídico, se había convertido en "una piedra en el zapato" de Suárez en su camino hacia la alcaldía.
Así lo relataron a la justicia, en mayo y junio del 2007, el comandante financiero del Bloque Fronterizo de las Auc, alias `Andrés’, y los paramilitares responsables de crimen, alias ‘Yerry’ y alias ‘Jonathan’, quienes inicialmente aseguraron que el delito se había cometido por la organización paramilitar, para hacerle un favor a Suárez. A cambio de este favor, según lo señalaron los paramilitares, el ex alcalde ofreció beneficios del gobierno municipal a las autodefensas.
Estas afirmaciones concordaban también con lo dicho por ‘El Iguano’, que en marzo de 2009, ante el juez octavo especializado de Bogotá, que aseguró que alias ‘El Gato’ junto a Carlos Andrés Palencia González alias ‘Visaje’ o ‘Andrés’, habían asegurado que "el homicidio de Flórez era un favor que le hicieron a Ramiro (Suárez)".
Sin embargo, pese a las confesiones iniciales de los ex paramilitares, algunos se retractaron. Este fue el caso de ‘Yerry’, de ‘Jonathan’ y de ‘Andrés’, quienes después de estar recluidos en la cárcel La Picota, junto al ex alcalde, cambiaron sus versiones, argumentando que fueron presionados para implicar a Suárez en el asesinato de Flórez.
Estas sospechosas retractaciones perdieron peso luego de que alias ‘Andrés’ informara sobre amenazas de muerte contra familiares de ‘Yerry’ y ‘Jonathan’, si ellos implicaban a Suárez.
Al momento de las retractaciones, existía otra versión sobre el asesinato de Flórez que cogía cada vez más fuerza, la cual responsabilizaba a Ana María de Flórez, esposa del jurista, quien fue directora seccional de Fiscalías, y actualmente es prófuga de la justicia. Esta versión se refería a que Ana María vinculada con los paramilitares había participado en el asesinato de su esposo, para cobrar un seguro de vida. Aunque Ana María fue condenada por sus vínculos con el Bloque Catatumbo de las AUC, esta versión después fue desvirtuada por la justicia
En Cúcuta, algunas fuentes consultadas por VerdadAbierta.com, coincidieron en que había una razón todavía más puntual para que Suárez quisiera matar a Flórez. Sostienen que éste último, en su calidad de asesor de la Alcaldía había emitido un concepto desfavorable sobre la venta de unos terrenos que pretendía hacer el entonces alcalde Mora. Suárez intentó persuadir a Flórez de que cambiara su concepto, pero este se mantiene firme y advierte que va a demandar a Mora. Esta hipótesis, sin embargo, no pudo ser explorada por la justicia, pues el día que mataron a Flórez le robaron su maletín en el cual, según sus amigos, se creía que llevaba pruebas de posibles negocios fraudulentos que pretendía hacer Mora.

Las Reuniones de Suárez con Paramilitares
 Jefes paramilitares del Bloque Catatumbo de las Auc, entre ellos, Salvatore Mancuso y Jorge Iván Laverde, alias ‘El Iguano’, se han refirieron a los nexos de Suárez Corzo con el paramilitarismo en sus confesiones de Justicia y Paz.
En marzo de 2009, ante el juez octavo especializado de Bogotá, ‘El Iguano’ aseguró que el ex alcalde de Cúcuta se comprometió a trabajar con los grupos paramilitares de la región y ofreció dos cargos de su administración sí apoyaban su candidatura.
En esa misma oportunidad, el ex jefe del Bloque Catatumbo, habló sobre una presunta reunión de alias ‘Camilo’ y alias ‘El Gato’, mandos medios de ese bloque paramilitar. Según ‘El Iguano’, en esa reunión ‘Camilo’ , según versión de ‘El Iguano’, le dijo a Suárez que apoyarían su candidatura presionando a las comunidades para que votaran por él.
Salvatore Mancuso, en mayo de 2007, se refirió igualmente a las alianzas que presuntamente sostuvo el ex alcalde con los paramilitares.
De ser ratificado el fallo del Tribunal por la Corte Suprema de Justicia, Suárez Corzo, quien se encuentra recluido en La Picota, tendrá que pasar 27 años en la cárcel. Asimismo, se enviarían copias a la Fiscalía de los testimonios de desmovilizados que señalan al ex alcalde como presunto responsable del asesinato del veedor ciudadano de Cúcuta, Pedro Durán, ocurrido el 12 de agosto de 2003.
Entre los testimonios que se dieron durante el proceso en contra de Suárez por el asesinato de Flórez, se encuentra el del desmovilizado Carlos Andrés Palencia (también reconocido con el nombre de Ciprian Manuel Palencia), alias ‘Andrés’, quien declaró que Durán había sido asesinado para hacerle un favor político a Suárez Corzo. La razón, según la declaración del paramilitar, era que Durán iba a denunciar los vínculos de las autodefensas con Suárez.
16 de septiembre de 2011
14 de septiembre de 2011
cc verdad abierta

aseguran a exsubdirector del das


Asegurado José Miguel Narváez, exsubdirector del DAS, por asesinato de Manuel Cepeda.
Colombia. Un fiscal delegado ante el Tribunal Distrital de Bogotá confirmó la medida de aseguramiento en contra del exsubdirector del DAS José Miguel Narváez en el proceso que se le adelanta por su presunta responsabilidad en el homicidio del senador Manuel Cepeda Vargas.
Según las pruebas presentadas por la Fiscalía, y que fueron acogidas por el magistrado, el exsubdirector del DAS fue señalado por varios excomandantes paramilitares como el autor intelectual del asesinato del congresista ocurrido en agosto de 1994.
El ente acusador señaló que los testimonios de los excomandantes parmailitares Jorge Iván Zapata Laverde, alias ‘el Iguano’ y Diego Fernando Murillo Bejarano, alias ‘Don Berna’ manifestaron la cercanía que tenía el Narváez con el máximo comandante paramilitar Carlos Castaño, a quien instigó para que asesinara a personalidades públicas entres las que se encontraba Manuel Cepeda y el periodista Jaime Garzón.
A esto se le suman las declaraciones de Rodrigo Pérez Alzate, alias ‘Julián Bolívar’ y Fredy Rendón Herrera, alias ‘el Alemán’ en el que relacionaron a Narváez como la persona que dictaba clases y charlas antimarxistas y luchas antisubversivas a miembros de las estructuras paramilitares.
José Miguel Narváez se encuentra recluido en la escuela militar de Aquimindia por el proceso que se le adelanta por su presunta responsabilidad en los seguimientos e interceptaciones ilegales del DAS.
16 de septiembre de 2011
©el espectador

condenados por asesinatos de civiles


Juez condena a nueve militares por ’falsos positivos’. Los uniformados fueron condenados por "homicidio agravado". Según la investigación, esas personas eran humildes y no se probó que pertenecieran a alguna banda de delincuentes o de grupos guerrilleros.
Colombia. Un juez de Cali condenó a 46 años de prisión a nueve militares a quienes encontró responsables de la muerte de cuatro personas en un sector de esta ciudad en el año 2007.
Los uniformados fueron condenados por "homicidio agravado" en uno de los casos conocidos como ’falsos positivos’.
La sentencia del Juez Primero Penal del Circuito de Cali alcanza al antiguo comandante del grupo elite Gaula del Ejército, mayor Mauricio Ordóñez Giraldo, el capitán Osward Javier Arias, el teniente Carlos Alberto Galeano y el sargento Gildardo Ruiz Rivera. También a los soldados profesionales Dioneider Mina Mina, Juan Antonio Quintero López, Aris Arboleda Ordóñez, Sergio Armando Melecio Iles y José Eliseo Vega Viáfara.
En su momento los ahora condenados pertenecían al Grupo Gaula y Fuerzas Especiales Urbanas del Ejército y fueron capturados en el 2009, tiempo desde el cual están en prisión.
Las cuatro personas, quienes se movilizaban en un taxi, fueron presentadas por el Ejército como integrantes de una banda que extorsionaba y secuestraba, y muertas en combates.
Según la investigación, esas personas eran humildes y no se probó que pertenecieran a alguna banda de delincuentes o de grupos guerrilleros.
[La foto no corresponde a los casos mencionados aquí. El cadáver corresponde a un civil asesinado y presentado como guerrillero caído en combate en 2008. Viene de este colombia.indymedia.]
16 de septiembre de 2011
©semana

los crímenes de jorge noguera


La Corte Suprema de Justicia halló responsable al ex director del DAS de haberse aliado con los paramilitares del Bloque Norte de las Auc y del asesinato del profesor Alfredo Correa d’Andreis.
Colombia. Jorge Noguera Cotes fue condenado a 25 años de prisión y a pagar una multa de 6.510 salarios mínimos legales vigentes de 2006 por haberse aliado con los paramilitares del Bloque Norte a cargo de Rodrigo Tovar Pupo alias ‘Jorge 40’ y facilitarle información privilegiada a ese grupo de las Auc para que asesinaran a académicos y líderes sindicales en la Costa Atlántica.
Así lo decidió la Corte Suprema de Justicia, después de estudiar las pruebas presentadas por la Fiscalía desde abril de 2009 cuando el Alto Tribunal asumió el caso. Los magistrados de la Sala Penal encontraron que Noguera Cotes es responsable de los delitos de concierto para delinquir agravado, homicidio, destrucción, supresión y ocultamiento de documentos públicos, así como de revelar información de tipo confidencial. Por eso, el Alto Tribunal también lo inhabilitó por 20 años para ejercer cargos públicos y le retiró de su historial profesional el cargo de director del DAS.
Según lo determinó el Alto Tribunal, "Noguera Cotes en su condición de Director del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), aprovechó el poder que el cargo le confería y las facultades propias de la entidad, para promocionar y facilitar las actividades delictivas del ‘Bloque Norte de las Autodefensas’ del cual hacía parte el "Frente Resistencia Tayrona", favoreciendo los intereses de sus dos cabecillas: Rodrigo Tovar Pupo, alias ‘Jorge 40’ y Hernán Giraldo Serna, alias ‘El Viejo’".
Aunque la Corte lo investigaba por el asesinato de tres personas, dos de ellas profesores y una líder sindical, en la sentencia solo se condena a Noguera por el asesinato del profesor Alfredo Correa D’Andreis cometido por paramilitares en complicidad con agentes del DAS el 17 de septiembre de 2004. Sobre este homicidio, la Corte ordenó al ex director del DAS indemnizar a la familia de la víctima con la suma de ciento siete millones de pesos por los daños morales causados a su allegados.
No ocurrió lo mismo con los casos de la periodista y líder sindical Zully Codina Pérez y del profesor Fernando Pisciotti Van Strahalen, por los que también la justicia le había imputado cargos al ex director del DAS. Sobre estos hechos, la Corte ordenó absolver a Noguera de los dos homicidios, al no encontrar pruebas contundentes que lo señalaran como su determinador.
Noguera fue director del DAS durante el primer gobierno de Álvaro Uribe Vélez y embajador de Colombia en Milán, Italia. Cuando desempeñaba el cargo diplomático, el ex Jefe de Informática del DAS, denunció en 2006 que Noguera le filtraba información a alias ‘Jorge 40’. La justicia abrió investigación contra el ex director del DAS y lo capturó en 2007.
Desde ese año empezó un proceso en el que atestiguaron ex subalternos suyos, familiares de las víctimas y otros paramilitares como Salvatore Mancuso, ex jefe del Bloque Catatumbo y ex integrante de la cúpula de las Auc. En diciembre de 2010, en la etapa final del juicio, la Fiscalía y la Procuraduría le pidieron al Alto Tribunal que condenara a Noguera y de paso, el Ministerio Público lo inhabilitó a 18 años para ejercer cargos públicos.
Contra Noguera también existe un proceso por su presunta responsabilidad en las interceptaciones ilegales a políticos, periodistas, académicos y funcionarios, en el escándalo en el que están actualmente procesados el ex secretario general de Presidencia, Bernardo Moreno, y la también ex directora del DAS, su sucesora, María del Pilar Hurtado, que está asilada en Panamá.
En el fallo, la Sala Penal ordenó enviar copias a la Comisión de Acusaciones y la Fiscalía del audio en el que Noguera Cotes hizo denuncias durante su juicio contra el ex fiscal general Mario Iguarán y el ex ministro de Justicia Sabas Pretelt de la Vega.
Jorge Noguera se encuentra recluido en la cárcel La Picota de Bogotá y aun está pendiente de la notificación del fallo, que no tiene apelación por ser ante la Corte Suprema de Justicia.
16 de septiembre de 2011
14 de septiembre de 2011
cc verdad abierta