La lucha por la tierra. Desplazados están reclamando predios baldíos en la Hacienda Bellacruz, pero allí se desarrolla un proyecto agroindustrial que lidera Germán Efromovich. Investigación especial de VerdadAbierta.com
Colombia. Antes de entrar a revisar los predios en la vieja Hacienda Bellacruz en el sur del Cesar -que hoy se llama La Gloria y está tapizada de un joven sembradío de palma aceitera- los funcionarios del Incoder averiguaron si era seguro y les dijeron que no había problema. Acompañados por un funcionario de la Alcaldía de Pelaya, y explicando sus motivos a los guardias que custodiaban la finca, realizaron su inspección. El ambiente era tenso porque ha corrido la voz en la región de que la entidad va a recuperar unos baldíos y no se sabe bien donde están. Los resultados de la diligencia del Incoder son aún secretos, hasta tanto la entidad no inicie un proceso formal.
Lo que está allí en ciernes no es poca cosa. De un lado, un grupo de 64 familias campesinas, víctimas del conflicto armado, a quienes el Estado les reconoció el derecho a tierras en esa zona desde hace más de una década, pero les ha quedado mal. Del otro, un grupo empresarial encabezado por el renombrado empresario dueño de Avianca, Germán Efromovich, dueños de La Gloria desde 2009, y promotores de un gran proyecto de producción de palma aceitera que tendrá una inversión de 160 millones de dólares y que busca sacar de la depresión económica a esa golpeada zona.
Los campesinos habían ocupado el predio María Isidra por allá en los ochenta, un baldío adentro de Bellacruz y comenzaron a trabajarlo. Le pidieron al Instituto de la Reforma Agraria de la época que les titulara este y otros baldíos que sumaban 1.500 hectáreas en la misma finca, pero este no accedió a su petición. El Incora prefirió comprarle otros terrenos a los dueños de la hacienda, la familia del ex ministro Carlos Arturo Marulanda, a 339 pesos la hectárea, (equivalentes a unos 400 dólares de 1995, cuando se realizó la compra). Esos los predios comprados se llamaban San Antonio, Santa Helena, Los Cacaos y San Carlos y sumaban 2.060 hectáreas. Con la convicción de que en cuestión de semanas ya serían propietarios de esos predios, algunos campesinos se fueron a vivir a uno de ellos. Pero pasaron los días y los títulos no les salían. Después se vino la debacle: ‘Juancho Prada’ y sus paramilitares, en complicidad con Francisco Alberto Marulanda (hermano del ministro Carlos Arturo condenado a 18 años de cárcel en 2003) sacaron a varios campesinos corriendo de allí y ya no pudieron seguir sus gestiones ante el Incora.
"Los paramilitares se instalaron en Rompedero, uno de los cuatro predios del lote San Carlos que era para titulación y en la casa principal de la hacienda", dijo un campesino de la zona que pidió la reserva de su nombre por motivos de seguridad. "Quemaron nuestros ranchos y violaron a algunas mujeres. Los Marulanda los llamaban Los Angelitos, pues decían que Dios se los había enviado para recuperarle la tierra prometida. Los paramilitares comenzaron a cobrarle ‘vacunas’ a los campesinos de a 8.000 pesos por hectárea y 1.000 pesos por gallina o cerdo. Las familias salimos para diferentes ciudades y muchos no pusieron la declaración de desplazamiento por miedo. Somos más de 3.000 desplazados si se tiene en cuenta que había 600 familias".
Los ‘paras’ se desmovilizaron en 2006, y en octubre de 2010, el nuevo gobierno Santos convirtió la restitución y titulación de tierras para víctimas del conflicto armado en su política central. Algunos campesinos que habían huido y otros que se habían quedado se llenaron de valor para volver a averiguar por los títulos que no habían podido formalizar de las tierras que el Incora había comprado para ellos. Formaron la Asociación Colombiana Horizonte de Desplazados, Asocol, y comenzaron los trámites.
Enviaron cartas a la Oficina de Derechos Humanos de la Vicepresidencia de la República, la Procuraduría General de la Nación y el Instituto Colombiano para el Desarrollo Rural, Incoder, que por competencia asumió el caso. El 25 de abril de 2011 el Incoder reconfirmó la existencia de los baldíos dentro de la antigua Bellacruz y ordenó a la Subgerencia de Tierras Rurales que los recuperara. Y un mes después en una reunión en Bogotá, les dijo que su caso sería prioritario.
Asocol encontró que de las 64 familias que representa, el Incora solo les había titulado a 21, y a algunas de ellas en parcelas de menos de 35 hectáreas, que es la Unidad Agrícola Familiar mínima que se ha debido adjudicar en esa región, según la ley. Los otros predios comprados por el Incora habían sido titulados a otras personas, algunos a campesinos pobres como ellos, otros a personas ajenas, como al hijo de Poncho Zuleta, el cantante.
Viendo que los predios que el Incora les había prometido una década atrás ya estaban ocupados, y habiendo constatado que dos resoluciones del Incora, ahora Incoder, les confirmaban que aún quedaban baldíos en la finca, los campesinos le propusieron al Estado que volviera a la idea original y les adjudicara los 1.500 hectáreas de baldíos adentro de la antigua Hacienda Bellacruz. Era la solución más fácil: les daría nuevas tierras baldías (incluyendo el predio María Isidra donde algunos se habían asentado años atrás) y nadie saldría perjudicado.
Pero no resultó tan fácil. Los predios, que según los campesinos y las resoluciones del Incora de 1996 y de 2011 eran baldíos, estaban ya ocupados por un gran sembradío de palma aceitera.
El proyecto agroindustrial que se desarrolla en los viejos predios de la hacienda Bellacruz, como lo confirmó VerdadAbierta.com, pertenece a la firma La Dolce Vista y su accionista mayoritario es Germán Efromovich con el fondo de inversión de capital de riesgo (hedge fund) Elliott de Nueva York , cuya cabeza es el reputado hombre de finanzas Paul Singer.
La Dolce Vista compró las empresas de la familia Marulanda que eran dueñas de la Hacienda la Bellacruz en 2008, por entonces una finca de 5.833 hectáreas que ellos rebautizaron como Hacienda La Gloria. Pagaron por ella, según dijeron los directivos de la empresa a VerdadAbierta.com, 22 millones de dólares, es decir a 3.771 dólares la hectárea. En pesos colombianos, casi 8 millones de pesos la hectárea. En el estudio de títulos que realizaron para comprar esas tierras, explicaron que no encontraron que hubiera allí baldíos, ni menos que hubiera reclamaciones de campesinos sobre esas tierras.
En entrevista con VerdadAbierta.com, el mismo Efromovich respondió que está seguro del due dilligence que hizo su empresa. "Si le muestro la cuenta de los abogados, quédense tranquilos. A no ser que las instituciones (del Estado) hayan sido mentirosas. Los títulos de las tierras no tienen ningún gravamen o problema. Tenemos toda la documentación. Tanto, que el propio Estado nos aprueba una zona franca ahí y el banco con garantía de la tierra nos presta una plata. Hicimos la tarea como inversionistas y ciudadanos. Se hizo todo lo que se tenía que hacer", dijo el enérgico empresario que recuperó Avianca de la bancarrota, y que aunque es de nacionalidad brasileña, hoy orgulloso, muestra que también tiene cédula de ciudadanía colombiana.
¿Pudieron haberles metido los Marulanda gato por liebre y en la hacienda que les vendió a estos empresarios había predios que no eran suyos sino baldíos de la Nación y encima no les contó que podía había reclamos de campesinos sobre esos predios?
Durante varias semanas VerdadAbierta.com buscó las escrituras públicas de la hacienda original y de la nueva, examinó las cartas oficiales, revisó los certificados de constitución de las empresas involucradas y mapeó los linderos de los predios originales de la Bellacruz, los que Marulanda vendió al Incora, los baldíos descritos en las resoluciones del Incora, y los que compró La Dolce Vista sobre los planos catastrales del Instituto Geográfico Agustín Codazzi, para entender qué había pasado con las tierras que reclaman las 64 familias campesinas. A continuación explica lo que encontró.
Tras la Pista de los Baldíos
El 30 de diciembre de 1997 la familia Marulanda registró una subdivisión, que se conoce jurídicamente como ‘desengloble’, de la Hacienda Bellacruz en la Notaría 1 de Cartagena. Para esa época, a la hacienda le quedaban poco menos de 6.000 hectáreas, pues, como se dijo, había vendido al Incora otras dos mil hectáreas para que se las titulara a los campesinos.
El terror paramilitar de la siguiente década, como se dijo, congeló los trámites. En 2007 la familia Marulanda hizo un levantamiento topográfico de la Bellacruz. Es decir, en un mapa dibujó las casi 6.000 hectáreas de su extensión y el 13 de diciembre en la Notaría 7 de Bogotá englobó los predios que había subdividido diez años atrás. En la diligencia anexó el mapa.
El englobe estaba compuesto por siete lotes colindantes a los que llamó Solo Bloque y uno más llamado Bodega La María. A todos los predios, que estaban en el municipio de La Gloria, los registró con un solo folio de matrícula el 27 de diciembre de 2007 en la Oficina de Instrumentos Públicos de Aguachica, Cesar. Hasta este momento, la tierra seguía llamándose Hacienda Bellacruz.
En 2008 La Dolce Vista Estate Inc. compró a los Marulanda, sus firmas M.R. Inversiones Ltda. y Frigorífico La Gloria S.A., que tenían propiedad sobre la Hacienda Bellacruz. Esta empresa, registrada en Panamá, había sido creada en febrero de 2006. En su directorio aparecen Jan Veldwijk (ya fallecido), Jhon R. Hager, Andrés Londoño, Daniel Andrés Peláez y Carlos Murgas Guerrero.
Los primeros, según explicaron los funcionarios de la empresa en Bogotá, son representantes del fondo Elliot y de Efromovich, los segundos, Londoño y Peláez aportaron sus fincas al oeste de Bellacruz, al otro lado del río Magdalena, en el municipio de Regidor en el departamento de Bolívar. Carlos Murgas, presidente honorario de la federación de palmeros Fedepalma, y uno de los empresarios más grandes de esta agroindustria en Colombia, es el otro socio minoritario.
Ya habiéndole comprado la finca a Marulanda en 2008, La Dolce Vista creó una sucursal en Colombia el 25 de febrero de 2009 y para ello, absorbió las sociedades San Lucas S.A. y Palmeras Río Azul, dueñas de las dos haciendas que cultivan palma aceitera en el sur de Bolívar, y que precisamente Londoño y Peláez aportaron a la sociedad. La Dolce Vista Colombia está integrada por los mismos socios de la sociedad matriz registrada en Panamá.
Unos meses después todas las antiguas empresas de los Marulanda quedaron en manos de La Dolce Vista, representadas por el abogado de la compañía, Mario Restrepo Torres.
El 22 de septiembre de 2009, La Dolce Vista registró la finca que le compró a Marulanda (el lote independiente y los otros siete lotes englobados) como la Hacienda La Gloria, con una extensión de 5.833 hectáreas.
Es en esta finca de La Gloria y sus vecinas en el sur de Bolívar es donde La Dolce Vista está desarrollando un proyecto agroindustrial ambicioso. "Ya tenemos sembradas 5.000 hectáreas y estamos en el plan de sembrar las otras 2.000", dijo el gerente de La Dolce Vista, Ramiro de Francisco Reyes a VerdadAbierta.com. "Estamos construyendo una planta extractora, que empezará a operar en mayo de 2012 con una producción inicial de 30 toneladas por hora. En un plazo de cinco años queremos que sea una de las plantas extractoras de aceite más grandes del país, con una producción de 90 toneladas por hora".
Para cumplir con esa meta, De Francisco explicó que La Dolce Vista creó en febrero de 2010 la firma Extractora La Gloria S.A.S. y empezó a gestionar ante el gobierno de Álvaro Uribe la aprobación de una zona franca para producir y exportar el aceite con las ventajas que da esta condición legal. En abril pasado, el Ministerio de Industria y Comercio del gobierno Santos le dio el visto bueno. Esta es una de las siete zonas francas permanentes autorizadas por el gobierno para este tipo de producción agroindustrial.
En su entrevista con VerdadAbierta.com, Efromovich explicó que como empresario le apuesta a la producción de alimentos y de energía, dos cosas que van a escasear en el mundo. Por eso invirtió en el sur del Cesar. Además de desarrollar la planta extractora de aceita de palma, explicó que más adelante también desarrollará en la Hacienda La Gloria una refinería para producir biocombustible. "El plan de negocios está por etapas, debe ir hasta una refinería, en un proyecto de US150 a 160 millones de dólares", dijo.
¿Palma en Tierras de la Nación?
La gran pregunta es si este proyecto de desarrollo para la zona, cuyo epicentro es la vieja Hacienda Bellacruz, está asentado en parte de los terrenos que el Incora declaró como de la Nación.
Desde 1994, el Incora dijo tras una visita realizada a la Hacienda Bellacruz que la familia Marulanda no pudo acreditar títulos de los predios Potosí, Caño Negro, Los Bajos, San Simón, Venecia, María Isidra y San Miguel, que suman 1.500 hectáreas de tierra. Marulanda apeló y en 1996 el Incora dijo que esa tierra era la Nación y en 2011 ratificó que eran baldíos.
VerdadAbierta.com encontró el mapa de los lotes de la Hacienda La Gloria anexo a la escritura que la familia Marulanda registró en diciembre de 2007, cuando englobó los ocho lotes que integraban La Bellacruz para luego venderle a La Dolce Vista.
En 1994, cuando hubo una inspección a la hacienda para determinar cuál era la propiedad de la familia Marulanda, los peritos no anexaron ningún mapa. Y pese a la declaratoria de baldíos en dos resoluciones, ni el Incora ni luego cuando se volvió Incoder, registró estos predios como propiedad de la Nación en la Oficina de Instrumentos Públicos. Por tanto, ninguno de los siete nombres de los predios baldíos aparece en el registro nacional de baldíos del Igac.
Sin embargo, en la resolución en la que declara que Marulanda no pudo acreditar propiedad sobre esa tierra, hay una descripción detallada de los linderos de esos siete predios baldíos. Y allí aparecen referencias como la Quebrada Simaña, que está adentro de la Hacienda La Gloria. Con apoyo de expertos y con la información de los mismos campesinos que están reclamando la tierra, VerdadAbierta.com hizo un mapeo aproximado de dónde quedan estos baldíos. Y encontró que esas 1.500 hectáreas de baldíos no están unidas entre sí, sino que son predios sueltos, ubicados en los lotes 2, 3 y 4, tres de los ocho terrenos englobados por Marulanda para vender.
Con la primera visita técnica a los predios baldíos de junio pasado, según dijo en oficio del pasado 11 de agosto la Subunidad de Tierras, el Incoder está terminando de recopilar la información para comenzar con un proceso de recuperación de los baldíos, que incluye notificar a todas las personas y empresas que pudieran ser afectadas. Según el Incoder, la recuperación tardará nueve meses. Según explicó el pasado 5 de septiembre, Juan Manuel Ospina, director de la entidad, a este medio, luego de que "clarifiquen cuál es la ubicación exacta de los baldíos, procederán a adjudicárselos a los campesinos".
La Dolce Vista le dijo a VerdadAbierta.com que hasta el 29 de agosto no había sido informada sobre la existencia de un proceso de recuperación, ni notificada de que en sus predios se hubiera llevado a cabo una visita técnica.
"Del Infierno a La Gloria"
VerdadAbierta.com les preguntó a los empresarios si conocían la historia de Bellacruz y la tierra que iban a terminar comprando, y respondieron que sabían del desplazamiento y de las violaciones que se habían cometido allí y, precisamente por eso querían convertir a esta zona golpeada por la violencia en un territorio de desarrollo.
Efromovich dijo que la tierra no tenía la culpa. "Quien violó los derechos humanos que pague. Que lo juzguen. La tierra no violó los derechos humanos. Fue un individuo y por eso existe lo judicial, para que lo juzguen y pague su cuenta", dijo.
"Esto es lo que llamo del infierno a la Gloria", dijo Ramiro de Francisco, y explicó que ya han empleado a 600 personas de esa golpeada zona y que a mediados de 2012, cuando empiece a funcionar la planta extractora aspiran a llegar a los 1.000 empleos. Además están generando 800 trabajos indirectos pues todo lo están contratando localmente, y planean comprar gran parte de la producción a campesinos, que con su respaldo, se dedique a sembrar palma. La idea es promover una clase media campesina empresarial que prospere también en forma independiente.
De Francisco dijo que ya contrataron a una firma que les ayude a organizar a los campesinos para que se asocien y firmen un acuerdo con La Dolce Vista para que cultiven palma y les vendan el fruto. "Estamos haciendo alianzas con los agricultores. Hay dos colectivos de campesinos. Uno, es el de los parceleros del Caño Alonso y otro es el de Los Cacaos", dijo el gerente de la empresa.
Efromovich le contó a este medio que compró La Bellacruz por referencia de Andrés Londoño, un agrónomo que tenía dos fincas de palma en el sur de Bolívar. "Londoño me dijo, Germán, hay una finca cerquita de ahí, gigantesca, creo que se puede comprar. Nadie la quiere, dicen que es una tierra maldita… Entonces yo le digo: déjame mirar y en una ida a Nueva York me encuentro con John (Hager, ejecutivo del Elliott Hedge Fund). Y empezamos a hacer un plan de negocios", dijo Efromovich.
El empresario se refirió a la familia Marulanda y aseguró que por los antecedentes no hizo sociedad con esa familia.
Los Interrogantes
Por el pasado trágico de la hacienda y lo que sucede actualmente con esa tierra, el caso de la antigua Hacienda Bellacruz resulta emblemático para la política de restitución de tierras que en la que se ha embarcado el gobierno.
Baldíos que nunca se incluyeron en el censo de baldíos de la Nación, tierras propias que nunca el Estado registró oficialmente, oídos sordos al clamor de campesinos sin tierra durante años, oficinas de registro y notariado que certificaban sin revisar, funcionarios desprolijos que han cometido errores… todo eso lleva a que hoy desenredar los entuertos de tierras en Colombia, con todo y Ley de Tierras, sea muy difícil.
En el caso de La Bellacruz, el Estado ha hecho mal las cosas por muchos años, y así, en lugar de titularles a las familias campesinas los baldíos que reclamaron desde el principio, le compró a Marulanda dos mil hectáreas de su tierra a un alto costo para el erario y, con sospechosa lentitud y sesgo, demoró años en titularles sólo a unos de los reclamantes.
El Estado, además, ratificó su decisión de declarar siete predios dentro de Bellacruz como baldíos, pero nunca pidió cédula catastral en el Agustín Codazzi, como ha debido hacer, y por lo tanto tampoco los registró ante la Oficina de Instrumentos Públicos como propiedad de la Nación. Por eso cuando los empresarios compraron la finca, no encontraron banderas rojas que les indicaran que allí podía haber predios enredados.
La Dolce Vista pone en duda que la resolución del Incora confirme que Marulanda no pudo acreditar los títulos de los siete predios signifique que no eran de él. La abogada de la empresa Ana María Botero le dijo a VerdadAbierta.com: "Todos los predios tienen titulación a 70 años. Todos los predios que dice el Incoder que les faltan títulos suficientes (para acreditar la propiedad) no es que no tengan, es porque no acreditaron títulos antes de 1917. En todos los casos la familia Marulanda compró, ellos compraron, no fue que cambiaron linderos, pagaron un precio por ellos".
Tampoco se entiende cómo los Marulanda consiguieron registrar la subdivisión de la Bellacruz, desenglobar y englobar los lotes, en distintas notarías y oficinas de registro, sin que ninguna autoridad los obligara a aclarar y dejar registrada también la anotación que había originalmente en la matrícula de la Bellacruz y que indicaba que desde 1990 había predios en cuestión.
Incluso la abogada Botero, le presentó a VerdadAbierta.com una copia de una carta que le envió el Incoder a La Dolce Vista en julio de este año, certificando que sobre La Hacienda La Gloria no hay pendientes reclamaciones ni actuaciones de su competencia. "…Le informamos que revisando los archivos y la base de datos de proceso agrarios, encontramos que esta dependencia no adelanta ningún proceso de clarificación, extinción de dominio, recuperación o deslinde del predio en mención", señaló el Incoder. ¿Cómo el Incoder no se fijó en que esta Hacienda se llamaba antes La Bellacruz, y sobre esta, sí estaba adelantando un proceso de recuperación de baldíos?
También quedan los interrogantes por el lado de los empresarios. "Revisamos todos los títulos y no aparece ninguno de los mapas que ustedes mencionan… Hicimos una revisión de las resoluciones (del Incora e Incoder) y esos linderos no están dentro de lo que compramos… Revisamos todo lo que puede existir. Para hacer una inversión de US160 millones de dólares uno revisa dónde es que va invertir", dijo la abogada Botero.
Sin embargo, ¿por qué cuando fueron a comprar los lotes que hoy integran la Hacienda La Gloria no encontraron que estos fueron inscritos en una escritura en 2007 y que este documento, a su vez, hace referencia al folio de matrícula original de la Bellacruz que advierte que los predios estaban en proceso de clarificación desde 1990? ¿Por qué no ahondaron para tener certeza de que no había campesinos con reclamaciones allí, cuando se sabía que había habido allí desplazamientos forzados? ¿Por qué desde que los campesinos de Asocol empezaron su brega en octubre de 2010, los ejecutivos de La Dolce Vista nunca se han reunido con ellos para escuchar su versión?
Visto a la luz del artículo 77 de la nueva Ley de Víctimas, surgen otras preguntas sobre el caso. Este describe las situaciones por las que una acción -como comprar tierras- puede considerarse ilícita, y una de éstas es cuando en la tierra hubo actos de violencia generalizados, desplazamiento y graves violaciones de derechos humanos que causaron el despojo o abandono. ¿Cabe esta presunción en la antigua Bellacruz, cuando ha sido de público conocimiento que allí fueron desplazados, según registros de prensa, al menos 600 campesinos con violencia, fueron asesinados líderes que reclamaban tierras e incluso hay sospechas de que hay fosas comunes con víctimas enterradas allí? ¿Cabe, cuando hay además, varias pruebas de que al menos uno de los Marulanda, la familia vendedora, fue condenado a 22 años de prisión por violencia paramilitar?
Si nadie quería esa tierra maldita, ¿significa eso que compraron barato? Los empresarios aseguran enfáticamente que no, que ese es el precio normal de la tierra allí.
¿Pero también cabe la pregunta que se hacen los empresarios frente a la seguridad jurídica: es aplicable esta norma de la nueva Ley de Víctimas, cuando los empresarios cumplieron todo lo que les exigía la ley y el Estado oficialmente en todo los registros les dijo que no había problemas con esa tierra?
La Decisión
Así, si en el caso de La Hacienda La Gloria, el Estado confirma que, como lo encontró VerdadAbierta.com, los baldíos están sembrados con palma, dentro de los terrenos que La Dolce Vista le compró a los Marulanda, ¿qué va hacer? ¿Los recupera y se los entrega a los campesinos?, ¿significa esto que tendrá que reconocerles mejoras a los empresarios que pueden valer más que la tierra? ¿o más bien, les comprará a los campesinos parcelas cerca a la hacienda o en otra zona cercana? ¿liderará un acuerdo entre empresarios y campesinos para que estos últimos recuperen su tierra, adentro de la finca pero sigan con el cultivo de la palma para no entorpecer el desarrollo de un proyecto que podrá traer prosperidad a una región deprimida y golpeada por la violencia?
VerdadAbierta.com le preguntó a Germán Efromovich qué pensaba sobre la reclamación que están haciendo los campesinos, que aclaran que no tienen nada en contra de la empresa sino con el Estado que les ha incumplido.
"En la historia está. El Estado les tiene que dar las tierras y el empresario les enseña a plantar, les financia las semillas y les garantiza la compra de la producción a un precio justo. Esa es mi opinión. Yo no tengo la fórmula matemática. Pero el Estado tiene que hacer su parte y el empresario la suya. Ahora, el empresario invierte pero no puede decir que va a comprar 10.000 hectáreas para hacer una reforma agraria", dijo Efromovich.
Si el Incoder confirmara la existencia de baldíos dentro de la Hacienda La Gloria, Efromovich dijo que el Estado debe asumir la responsabilidad. "El Estado me tiene que responder un documento que me dio", dijo el empresario.
Efromovich dijo que en casos donde por respuesta del Estado no se informó al empresario que había problema sobre la tierra donde está invirtiendo, el Gobierno debe darles tierras a las víctimas en zonas aledañas o en otras tierras, y que el empresario se comprometa a hacer alianzas productivas con ellos.
Los campesinos creen que su petición sobre los baldíos es legítima porque siguen sin tierra. "Esta es una lucha justa", dijo uno de los integrantes de Asocol. "Lo que queremos es tierra para vivir y trabajar. Llevamos años tratando de demostrarle al gobierno que tenemos la razón. Buscamos los títulos que estaban extraviados por nuestros medios. Tenemos pilas de papeles y de carpetas que hemos aportado como pruebas. No queremos desplazar a nadie. No tenemos nada en contra de la empresa. Queremos que nos den la unidad agrícola familiar".
El director Juan Manuel Ospina le dijo a VerdadAbierta.com, lo que él consideraría podría ser una salida:"Si se llega a probar que hay tierras baldías adentro de La Gloria, el asunto sería poder llegar a un acuerdo entre empresas y campesinos para que, una vez se restituya la tierra a estos últimos, se pueda desarrollar allí un esquema viable de alianzas productivas", dijo Juan Manuel Ospina.
Quizás del enredo, pueda salir una restitución ejemplar, en la que ambos empresarios y campesinos cedan, y a la vez consigan, sus propósitos; los unos de montar una empresa exitosa en el campo colombiano, y los otros, de hacer que, después de tantas mentiras del Estado de tantas lágrimas, por fin les restituyan la tierra prometida.
13 de septiembre de 2011
7 de septiembre de 2011
cc verdad abierta
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