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el capítulo martha leal


La ex subdirectora de Operaciones de esta entidad involucró a los ex directores María del Pilar Hurtado y Andrés Peñate con el caso de las ‘chuzadas’, y entregó nuevos detalles de episodios como la polémica visita de alias ‘Job’ a la Casa de Nariño en 2008.
Colombia. El tema de las chuzadas parece no tener límite. Después de que la Fiscalía comprobara las graves irregularidades que cometieron funcionarios del DAS para seguir de manera ilegal a magistrados, periodistas y miembros de la oposición, ahora se conocen los detalles de cómo se cometió el ilícito, donde todo indica que el dolo y la premeditación fueron factores comunes durante varios años en el organismo de seguridad.
Esta tesis la sustenta el testimonio de la ex subdirectora de Operaciones del DAS Martha Inés Leal, revelado este lunes por Caracol Radio. Ella está señalada de colaborar en la interceptación ilegal a los teléfonos de magistrados y de participar en operativos con decenas de detectives para averiguar los movimientos financieros del ex presidente de la Corte Suprema de Justicia, magistrado César Julio Valencia Copete, entre otros casos.
En la indagatoria que rindió el pasado mes de mayo en la Fiscalía, Leal detalla algunos episodios y además nombra a algunos funcionarios en estas acciones. Esto fue lo que dijo.

El Montaje de Alias ‘Tasmania’ contra el Magistrado Auxiliar Iván Velásquez
El 29 de septiembre de 2007, "era un día sábado y yo me encontraba en mi casa y cerca de las 11:00 ó 11:30 de la mañana me llamó mi jefe directo, el señor capitán Fernando Tabares (ex jefe de Inteligencia), por vía Avantel y me dijo que me presentara en la oficina en el despacho de la entonces directora del DAS, doctora María del Pilar Hurtado, a la mayor brevedad posible (...) la doctora Pilar me indica que ella ha tenido conocimiento de una persona de Presidencia, no sé quién, de que el señor Sergio González, abogado de un paramilitar detenido, de alias ‘Tasmania’, iba a entregar una información muy importante que daba cuenta de una situación irregular en la cual ‘Tasmania’ afirmaba que estaba siendo objeto de propuestas del señor magistrado Iván Velásquez, para que declarara en contra del doctor Mario Uribe, primo del Presidente (Álvaro Uribe), por la presunta muerte o un atentado que sufrió alias ‘René’".

Leal Se Reúne con el Abogado González en Medellín:
"(...) El señor Sergio González sacó de un sobre la fotocopia de un documento que pues estaría firmado por alias ‘Tasmania’ y con su huella. Yo lo leí y efectivamente había una declaración que correspondía a la denuncia que hacía ‘Tasmania’ en contra del magistrado Iván Velásquez. Era una sola página y ratifico nuevamente que no se trataba de un original, sino de una fotocopia. Sergio González sí manifestó su preocupación en algún momento porque la carta no estaba autenticada, pero igual él me entregó esa y fue la que yo traje a Bogotá".
"(...) Nuevamente me trajeron al aeropuerto, yo llegué a Bogotá y al día siguiente es decir el domingo 30 de septiembre, estuve desde temprano en mi oficina, preparando el respectivo informe y dejé allí mismo el documento que me fue entregado por Sergio González. Pasado el mediodía me encontraba en el parque de la 93 y me llamó tanto la doctora María del Pilar Hurtado como el capitán Tabares, para preguntarme dónde me encontraba. En especial ella me dice ‘usted dónde está Martha’, y me dice que necesita con urgencia que le haga llegar el documento que yo recibí en Medellín, más el informe de inteligencia que yo realicé sobre la conversación que tuve con Sergio González porque alguien de la Presidencia va a ir esa noche a su casa a recogerlo".
"(...) A partir de ese contacto que se estableció con el señor Diego Álvarez (abogado de Diego Fernando Murillo, alias ‘Don Berna’, y de alias ‘Job’) este empezó a hacer llegar a través del funcionario L.T. unas grabaciones. Una de ellas hace alusión a una de las diligencias en las que adelantó con ‘Don Berna’ en la Corte, en donde supuestamente el doctor Iván Velásquez le estaría ofreciendo prebendas a ‘Don Berna’ para que hablara o diera información; otra de las grabaciones que llegó fue una grabación que le hizo ‘Don Berna’ a Rafael García (ex jefe de Informática del DAS) en La Picota, para lo cual Diego Álvarez solicitó que se facilitara una grabadora, la cual me tocó comprar a mí con gastos reservados de la subdirección de Operaciones, de hecho creo que se compraron dos grabadoras".

Reunión en la Casa de Nariño con Alias ‘Job’
"(...) El día 23 de abril sobre las 6:00 de la tarde, aproximadamente, la directora del DAS me ordenó subir a su despacho y me indicó que me desplazara a la Presidencia de la República, al despacho del doctor Edmundo del Castillo, en donde se iba a realizar una reunión a la cual asistiría el abogado Diego Álvarez, quien iba a entregar una información. A mí no me informó que otras personas iban a asistir. Ya que me encontraba sobre el tiempo salí rápidamente y me dirigí a Palacio, hice mi ingreso por la carrera octava, me registré y fui conducida por un funcionario de la Guardia Presidencial hasta el despacho del doctor Edmundo del Castillo (...) al rato llegó el señor Chaux en compañía de otro señor que en ese momento no sabía de quién se trataba y después por los medios de comunicación me enteré que se trataba de Óscar Iván Palacio y llamaron al doctor Edmundo del Castillo para avisarle que habían llegado otros visitantes. Se trataba del doctor Diego Álvarez de quien por la conversación pude darme cuenta él estaba autorizando el ingreso de unas grabadores que él traía en el maletín (sic) (...) Cuando llegaron a la oficina nos saludamos, alias ‘Job’ se sentó a mi lado derecho en el sofá y fue quien inició la conversación recordando de alguna manera que él era el representante político de los ex jefes paramilitares que se encontraban en Itagüí".
"(...) Intervino el doctor Diego Álvarez quien dice tener en su poder unos CDs que dan cuenta de unas grabaciones que demuestran cómo el magistrado Iván Velásquez hace supuestamente estos ofrecimientos (acusar al Presidente de la República a cambio de beneficios jurídicos), el CD de Henry Anaya donde le hizo ofrecimientos, la grabación que ‘Don Berna’ le hizo a Rafael García en donde este decía que Noguera y el Presidente no aguantaban una declaración suya a un periódico de Estados Unidos, no recuerdo cuál".

Seguimientos a Magistrados de la Corte Suprema de Justicia
"Entre el primero de mayo de 2008 y el 5 de junio de 2008, también me enteré que para esa época les fue ordenado a los funcionarios F.D. y T.G. alquilar una habitación en el hotel World Trade Center ubicado al norte de esta ciudad, en el cual unos funcionarios de Inteligencia iban a cubrir desde allí una reunión que se iba a llevar a cabo en ese hotel al parecer por unos magistrados, desconociendo de quiénes se trataba".

Información para Edmundo del Castillo, en Presidencia
"(...) La doctora María del Pilar Hurtado se encontraba viajando fuera de la ciudad y ella me llamó para que yo hiciera llegar al doctor Edmundo del Castillo en Palacio una de las transcripciones que se tenían de estas grabaciones. Yo me encontraba también fuera de la oficina y le solicité a uno de los funcionarios que me había ayudado (...) que él la imprimiera y la llevara a Palacio. Al rato, ella me llamó y me dijo que la que yo había llevado que Edmundo había dicho que esa era muy buena pero que no era la que necesitaba. Entonces me tocó que ella me explicara cuál era la que necesitaba y me tocó volver a mandar al funcionario a Presidencia para entregar la transcripción que el doctor Edmundo estaba esperando, no recuerdo exactamente cuál era, pero en todo caso se trataba de las que Diego Álvarez le había entregado a él y que nuevamente Edmundo del Castillo había regresado al DAS".

Borrar las Huellas
"Recuerdo que después de julio de 2008 sucedió que todos los subdirectores recibimos la instrucción, primero de manera verbal y luego de manera escrita, de hacer una depuración de los archivos e informaciones de inteligencia. En virtud de ello, además de haberle dado instrucción al coordinador de revisar las diferentes misiones de trabajo que él tenía a su cargo, yo solicité al jefe de la coordinación de aseguramiento tecnológico, VA, para que hicieran sobre mi computador o aplicara a mi computador un programa, que no sé cómo se llama, el cual imposibilita la recuperación de los archivos que han sido borrados".

Seguimientos a Ramiro Bejarano, Abogado del magistrado César Julio Valencia Copete
"En relación con las instrucciones que recibí para revisar en qué notarías se encuentran registradas las firmas del abogado Ramiro Bejarano y del doctor Valencia Copete, estas instrucciones me fueron dadas por el señor capitán Fernando Tabares y la doctora María del Pilar Hurtado (...) la instrucción consistió en que yo debía buscar (...) la información para establecer en cuáles de las notarías públicas de Bogotá se encontraban registradas las firmas de las personas mencionadas anteriormente".

Instalar un Micrófono para Seguir a la Senadora Piedad Córdoba
"En relación con lo que tiene que ver con investigaciones llevadas sobre Gustavo Petro y Piedad Córdoba, como subdirectora de Operaciones tuve conocimiento de informaciones de estas dos personas, a partir de los grupos especiales de contrainteligencia que se me asignaron bajo mi responsabilidad, bajo la administración del director Andrés Peñate".
"A la senadora Córdoba se le hicieron actividades de seguimiento (...) para establecer qué actividades se estaban adelantando con motivo de las liberaciones de los secuestrados y con motivo de la liberación del hijo de Clara Rojas, pues había interés del gobierno nacional de saber la ubicación de los mismos y pues cómo se iban a llevar a cabo esas liberaciones. Como subdirectora de Operaciones, se de dio instrucción para coordinar con funcionarios de la subdirección de Desarrollo tecnológico la implantación de un micrófono en el vehículo del DAS que le servía de escolta a la senadora Piedad Córdoba a fin de saber qué conversaciones estaba teniendo ella y con qué personas estaba comentando, ya que en el carro que ella acostumbraba a desplazarse ella no acostumbraba a llevar a los funcionarios del DAS, sino a unos de su confianza, por esta razón se buscó la manera de que cuando requiriera un mantenimiento en taller se aprovechara esa oportunidad para la instalación de este micrófono el cual, creo, estuvo por más de 15 días. De allí se obtuvieron informaciones que se le entregaban al director del DAS, Andrés Peñate".

Seguimientos a Coronell
"En épocas del doctor Peñate también se ordenaron seguimientos al periodista Daniel Coronell, a fin de establecer quiénes eran las personas que le suministraban información, pues en palabras del doctor Peñate, el doctor Álvaro Uribe estaba muy molesto por los artículos que este escribía en contra de él y de su familia".
"En otra oportunidad el doctor Peñate me dio instrucciones para buscar fuentes en el Congreso y se tuviera información sobre la posición de los congresistas sobre el referendo, también por instrucción del doctor Peñate se le hicieron seguimientos a Álvaro Leyva con el fin de establecer dónde sería el lugar de entrega de los cadáveres de los diputados del Valle que fueron asesinados por las Farc antes de las elecciones de 2006".
7 de septiembre de 2010
6 de septiembre de 2010

©semana
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amenazan independencia de cs


Tutelas de parapolíticos amenazan decisiones de la Corte Suprema.
Colombia. El presidente encargado de la Corte Suprema de Justicia aseguró que las sentencias contra decisiones de la entidad amenazan la independencia de la rama judicial.
La procedencia de tutelas en contra de sentencias judiciales también atentan contra la existencia de la Corte Suprema, sostuvo el presidente (e) de ese alto tribunal, el magistrado Jaime Arrubla Paucar.
"Sí, porque nos están poniendo a proyectar sentencias para que después, prevalidos de derechos fundamentales, se diga por otra entidad si tenemos razón o no. Yo  creo -que así es mejor acabar con la Corte Suprema de Justicia, precisó.
Agregó que hay experiencias negativas en ese sentido y que la muestra está en que  otros organismos  dieron vía libre a la pretensión de implicados en la parapolítica, que buscaban utilizar la acción de tutela como un tubo de escape a su responsabilidad penal.
"Se utiliza la tutela para  atacar la independencia judicial a veces; lo hemos visto con decisiones de altas cortes. La han utilizado para tratar de echar por el piso actuaciones como la de la parapolítica", indicó.
Arrubla manifestó que el organismo a su cargo debe seguir siendo el organismo de cierre de la jurisdicción ordinaria así como la Corte Constitucional lo es en materia de defensa de los derechos fundamentales y de la exequibilidad o no de las normas.
Para el magistrado, resulta equivocada la pretensión de otorgarle facultades judiciales a notarios o a abogados y señaló que si necesita evacuar procesos jurídicos, lo único viable es nombrar nuevos jueces.
6 de septiembre de 2010
3 de septiembre de 2010
©el espectador
©verdad abierta
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así se robaron al golfo de morrosquillo


Paraeconomía. A través de contratos de obras y suministros, los paramilitares se robaron miles de millones de pesos de los municipios de esta región costera. Los ’paras’ se robaron miles de millones de pesos a través de las obras públicas.
Colombia. Meses antes de la desmovilización, cuando aún los jefes paramilitares se encontraban concentrados en Santafé de Ralito, Rodrigo Mercado Peluffo, alias´Cadena’, jefe militar del Bloque Montes de María, estaba preparando lo que sería su versión ante los fiscales de justicia y paz. Pero esa historia que había comenzado a escribir se quedaría inédita, porque en noviembre de 2005 fue asesinado. Sin embargo, algunos de los archivos de la memoria de su computador fueron a dar a manos de sus subalternos; archivos que actualmente circulan de mano en mano y son fuente principal de esta historia.
En uno de esos archivos se puede leer: "Primeros convivires y paramilitares de Sucre: Joaquín García.
Funcionario público, doctor Álvaro García Romero. Son las personas que financiaban frente a frente la guerra de las ACCU desde el inicio de la lucha hasta el final. Convivían conmigo en partes riesgosas como el famoso ‘Caucho’, ‘El Palmar’, ‘La 70’, ‘Los Ángeles’ y otros lugares más. Uno de los recuerdos más calurosos fue el día que el coronel Colón Torres comandante de la Primera Brigada en Sucre pasó a pocos metros de la finca en la camioneta blanca que me decomisó en Rincón del Mar donde estábamos reunidos Álvaro García Romero, funcionario público y otros.
A parte de todo, Salvador Arana Sus mi gran amigo personal, mi confidente".
Los anteriores apuntes se leen así, sin puntos ni mayúsculas, en uno de la veintena de archivos que dejó ‘Cadena’. Su autenticidad deberá ser confirmada por las autoridades, pero ya el ex gobernador Arana Sus y el ex senador García Romero fueron condenados a varios años de prisión por su probada relación con el grupo paramilitar y el empresario y ganadero, Joaquín García se encuentra desaparecido desde hace más de dos años. Se presume que está muerto.
En otro de los archivos que ha comenzado a circular desde hace algunos meses entre desmovilizados que están rindiendo versión libre, hay una relación detallada de contratos de obras y compras del municipio de Coveñas. El archivo se llama ‘platas entregadas a Cobo’ (Eduard Cobos Téllez) alias ‘Diego Vecino’, jefe político del grupo desde 1998 hasta la desmovilización en 2005. Las autoridades han presumido que los paramilitares cobraban un porcentaje por contrato ejecutado o por las compras. Pero como la mayoría de las obras no se ejecutaron o quedaron inconclusas, ya hoy se sabe que los contratistas les prestaban a los ´paras’ su nombre y recibían un porcentaje por ello, y el grueso de los dineros del presupuesto municipal de Coveñas iban directo a las arcas del Bloque Montes de María, cuya nómina mensual era de casi 150 millones de pesos.
En otras palabras, no era que el contratista le daba una tajada a los paramilitares, sino al revés: los ‘paras’ le daban una mordida al contratista, se llevaban el grueso del dinero y las obras no existían sino en el papel.
Solamente en 2003, gracias al archivo que se ha podido conocer, de las arcas de Coveñas a las manos del grupo armado, fueron a parar $15.291 millones de pesos. Justificaron los giros  con todo tipo de contratos bajo la modalidad de  servicios o compras, tales como: recolección y manejo de residuos sólidos, compra de uniformes, elaboración de carnets de vendedores ambulantes y estacionarios, suministro de transformadores, interventorías de obras civiles, construcción de letrinas, asesorías administrativas, asesoría para depuración de cuentas; creación, organización y puesta en marcha de la empresa de servicios públicos, adecuación de vías, elaboración de planes de manejo ambiental, adecuación infraestructura del hospital local, consultoría y elaboración del censo del Sisben, elaboración de un manual de procedimientos de tesorería, construcción de cunetas, reposición de luminarias de alumbrado público, compra de insumos y materiales para la limpieza en zonas de manglares, construcción de represas para suministro de agua potable de veredas, compra de plantas eléctricas, elaboración de planes de desarrollo turístico, dotación de centros de salud, ayudas educativas para diferentes planteles, proyectos de educación ambiental, construcción de aulas, construcción de baterías sanitarias y comedores infantiles, conciliaciones, contratos de transacción, pagos por orden de prestación de servicios, viáticos y contratos de almuerzos, entre otros servicios contratados y bienes adquiridos por el municipio para su funcionamiento.
El origen de estos recursos eran las regalías que recibe el municipio por el oleoducto y las transferencias que le giraba la Nación por el Sistema General de Participación.
Los responsables del cobro y manejo de esos dineros, eran Whiler Cobos López, un médico de San Andrés de Sotavento y Humberto Frasser. Ambos fueron asesinados. Cobos, el 1 en agosto de 2006 en Barranquilla, y Frasser unos meses antes.  Al desmovilizarse del bloque de Montes de María se  pusieron al servicio del Bloque Norte, bajo el mando de alias ‘don Antonio’, quien había sido comisionado por el jefe máximo del Bloque Norte de las Auc, Rodrigo Tovar Pupo, alias ‘Jorge 40’ para tomarse los departamentos de Sucre y Bolívar. Los contratos de mayor cuantía se canalizaban a través de varias cooperativas siendo la principal Coopsabanas. Su directivo, Robert Chávez Pérez, fue desaparecido a finales de 2005 y un hermano que asumió el manejo, Eric Chávez, fue asesinado a mediados de 2006 en Sincelejo por dos sicarios de la ‘Banda de los 40’, los herederos del Bloque Norte.

Una Cooperativa Que Se Usó para Saquear
En entrevista con VerdadAbierta en la cárcel La Picota en Bogotá, el exjefe paramilitar del bloque paramilitar de los Montes de María, Edward Cobos, alias ‘Diego Vecino’, dijo que ideó Coopsabana con el objetivo de tener la interventoría de los contratos de los cinco municipios de El Golfo de Morrosquillo (Coveñas, Tolú, Toluviejo, San Antonio de Palmitos y San Onofre). Quería evitar que los políticos y alcaldes se siguieran robando los contratos, aseguró ‘Vecino’. Y admitió que  planeó que su grupo percibiera  el 1 por ciento por cada contrato, para ayudar a financiarse. La cooperativa fue creada con el aval de ‘Vecino’ y el apoyo de los alcaldes de los cinco municipios.
Pero la cooperativa que en teoría haría la vigilancia a las obras de infraestructura, como los acueductos, alcantarillados, rellenos sanitarios, vías, construcción de escuelas, construcción y dotación de puestos de salud, se terminó convirtiendo según el ex jefe paramilitar en "el peor factor de desangre del erario público y ya no era un veedor o fiscalizados de las obras, sino que terminó  siendo la principal contratista de obras". Mucho más grave que lo anterior, ‘Vecino’ explicó que Coopsabana se convirtió en el centro de la puja entre los miembros del grupo armado, pues por el mal manejo de los recursos de parte de Whiler Cobo López y Humberto Frasser, los responsables de su administración, le propinaron un ‘golpe de estado’ y se quedaron con la cooperativa.
En la misma entrevista con VerdadAbierta.com, sostiene que alias ‘Cadena’ se apoderó de Coopsabana y pusieron al frente a Robert Chávez, quien había sido jefe de presupuesto de Coveñas y lo recomendó Whiler Cobo, quien tenía carisma, le gustaba la política, tenía discurso y era leal a ‘Cadena’ y a ‘Vecino’. Pero, ‘Cadena’, Cobo y Fraser –dice ‘Vecino’- se apropiaron de los principales contratos y no invirtieron los dineros.
Hacían unas inversiones superficiales para engañar a la población, pero no continuaban las obras, en especial los acueductos y alcantarillados. Al final, ‘Cadena’ ordenó asesinar a Robert Chávez, a quien le cortaron el dedo índice para ponerle su huella a los últimos contratos. Una de las preguntas que se hacía ‘Cadena´, al final, antes de la desmovilización, era por qué no se había dado cuenta que Frasser y Cobos le robaron más de 9.000 millones de pesos.
Según lo relató ‘Vecino’ a VerdadAbierta.com, cuando ‘Cadena’ se dio cuenta que Fraser y Cobo le estaban entregando cuentas incompletas, "mantuvo  tres días amarrado a Humberto Fraser, en la casa de él, en el corregimiento de Machuca, dentro de la zona de ubicación de Santafe de Ralito, encerrado en un cuarto vigilado y salía apenas para recibir los alimentos, hasta que logró que cambiara todos los papeles". Otros desmovilizados confirman esta versión de ‘Vecino’ y añaden que así logró ‘Cadena’ que Frasser le devolviera parte del dinero de los contratos de los municipios del Golfo de Morrosquillo y  unas propiedades
Cobo, que se había desempeñado como financiero y político del Bloque Montes de María, desapareció y buscó amparo en el frente José Pablo Díaz, a cargo de ‘don Antonio’, quien lo protegió durante algunos meses.
VerdadAbierta.com en diálogo con desmovilizados detenidos, algunos de ellos en versión libre, otros postulados que aún no han empezado sus versiones, pudo confirmar que los dineros se podían sacar gracias a la complicidad de los alcaldes de los municipios, quienes lo hacían bajo amenaza, así como también con el absoluto silencio del banco donde tenían las cuentas, que pagaba los cheques sin hacer muchas preguntas. ‘Yo escoltaba esos dineros –dijo un desmovilizado en la cárcel Modelo de Barranquilla –quien aseguró que todo lo confirmará ante los fiscales de Justicia y Paz cuando le corresponda. La última plata la sacamos en diciembre de 2004 y fue entregada a ‘Cadena’ entre San Onofre y Palmar, fueron 800 millones de pesos. El dinero lo metíamos en los baúles de la camioneta y lo llevábamos desde Sincelejo hasta donde estaba ‘Cadena’.
Era tal el nexo que existía entre los alcaldes de los municipios del Golfo con el grupo armado, que el ex alcalde de Tolú, actualmente preso, Alfredo Navas, quería desmovilizarse pero ´Cadena’ no aceptó. La esposa de Navas, Licelot Luquez, también fue acusada y estuvo detenida por sus vínculos con el grupo armado. Ambos fueron elegidos con el apoyo del jefe paramilitar.
Al contratista le daban un dinero por la firma del contrato con el municipio, después lo cedía, transaba o simplemente cobraba y entregaba la totalidad de los dineros. Los desmovilizados con los que pudo confirmar VerdadAbierta.com esta información, hicieron parte del grupo de escoltas y círculo o anillo de seguridad de alias ‘Cadena’. Ellos aseguran que hubo una estrecha relación que existió entre Salvador Arana, ex gobernador de Sucre, y ‘Cadena’. Uno de ellos dijo: "hasta los paracos le teníamos miedo a Arana. Ese señor tenía un poder tan grande en la organización que nadie se metía con él. Los patrulleros no nos metíamos con los civiles de la organización, porque nos mandaban a matar’.
Fue tal el poder de ‘Cadena’ entre 1999 y 2005, que la organización manejaba los municipios de San Antero y San Andrés de Sotavento (Córdoba), Palmito, Los Palmitos, Corozal, Morroa, San Onofre, Coveñas, Tolú y Toluviejo, a su antojo. "Esos municipios eran propios del paramilitarismo", dijo otro entrevistado. Todos los entrevistados coincidieron en que los gobernantes fueron impuestos por ellos y los manejaban a su antojo. El grupo también obtenía recursos de la educación departamental, cobrándoles a los maestros por los nombramientos. Un cuñado de ‘Cadena’ Oswaldo Ayala Bertel, fue Secretario de Educación departamental durante la administración de Jorge Anaya, ex gobernador de Sucre en el periodo 2004 – 2007, y está actualmente preso y condenado por parapolítica.
Aseguran quienes fueron sus hombres de confianza, que ‘Cadena’, escogió Contralor del departamento para el periodo 2004 – 2007. "Esa decisión se tomó en la casa del ‘Gordo’ García en Sincelejo en una reunión en la que estuvieron Whiler Cobos, Humberto Frasser, Álvaro García Romero y los cuatro diputados del grupo encabezados por Ángel Villarreal y Nelson Stamp Berrío", dijo un desmovilizado. Explicó además que no se ponían de acuerdo, porque Stamp quería imponer un candidato y el ‘Gordo’ García tenía como candidato a Rafael González. Cobos, Frasser y García coincidieron en llamar a ‘Cadena’ y éste último dijo que el contralor sería González. Cuando los diputados se fueron, dice el desmovilizado que presenció la reunión, el ‘Gordo’ García dijo: "¿Cuándo me voy a dejar mandar de un chimpancé", refiriéndose a Stamp.
En los juzgados penales de Sincelejo hay más de un centenar de procesos contra alias ‘Cadena’, sus aliados y sus subalternos. Algunos de esos procesos tienen que ver con el desfalco al departamento de Sucre durante casi una década, algunos de los responsables están presos, otros fueron asesinados o están desaparecidos, pero la mayoría de los dineros que sustrajeron de las arcas de los municipios ya se perdieron o están en manos de testaferros que aún no han sido identificados.
6 de septiembre de 2010
1 de septiembre de 2010
©verdad abierta
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más uribistas en peligro de cárcel


Cerca de una docena de ex funcionarios del gobierno anterior están siendo investigados penalmente. En los próximos meses se determinará quiénes serán absueltos y quiénes terminarán presos.
Colombia. No son los únicos altos funcionarios del gobierno Uribe con problemas judiciales. La situación jurídica del ex secretario general de la Presidencia Bernardo Moreno y de la ex directora del DAS María del Pilar Hurtado podría agravarse en los próximos días. La razón: cinco ex subalternos de Hurtado no solo confesaron su participación en el seguimiento e investigación ilegal de los magistrados de la Corte Suprema, sino que implicaron a su jefa y a Moreno en el delito. Según Jorge Lagos, ex director de Contrainteligencia del DAS, el objetivo de "esas investigaciones era desacreditar a la Corte" y no evitar la infiltración del narcotráfico, como han alegado Hurtado y Moreno. Algunos creen que los términos drásticos de ese mea culpa eran necesarios para obtener la rebaja de penas que negociaron con la Fiscalía.
El viernes pasado se conoció el testimonio de la llamada ’Mata Hari’, una agente del DAS que se infiltró en las sesiones del alto tribunal. Allí expuso en detalle sus inverosímiles labores de espionaje y cómo todo el material recogido fue entregado a sus superiores del DAS. Su testimonio coincide con el de Fernando Tabares, ex director de Inteligencia del DAS, quien afirmó que todas esas actividades fueron puestas en conocimiento de funcionarios de la Presidencia de la República.
El escenario no es nada fácil ni para los ministros de la yidispolítica ni para los involucrados en el escándalo de las ’chuzadas’. Sabas y Palacio, de ser condenados por cohecho, podrían ser sentenciados a ocho años de prisión, como el ex congresista Teodolindo Avendaño, quien no colaboró con la justicia. El futuro judicial de Moreno y Hurtado es mucho más incierto. Aunque la Fiscalía no les ha imputado ningún delito, funcionarios de menor rango del DAS implicados en los seguimientos a la Corte han sido acusados formalmente por la Fiscalía por concierto para delinquir agravado y abuso de autoridad, delitos que implican cárcel.
El que sí ya enfrenta un juicio es el ex director de la Unidad de Información y Análisis Financiero (Uiaf) Mario Aranguren, acusado de suministrarles en forma ilegal al DAS y a la Presidencia información financiera sobre los magistrados de la Corte. Al final de este mes, Aranguren buscará demostrar su inocencia y desvirtuar la acusación del fiscal del caso, quien calificó la investigación financiera de los magistrados hecha por la Uiaf como una "empresa criminal".
Moreno no es el único ex funcionario de la Presidencia que ha tenido que explicar sus actuaciones ante la Fiscalía. Edmundo del Castillo, el ex secretario jurídico, participó en dos reuniones polémicas que están bajo investigación. La primera con el ex paramilitar Job y la segunda para recibir y analizar información recopilada por el DAS sobre un viaje de los magistrados a Neiva.
Tanto los ministros como los otros altos funcionarios han rechazado las acusaciones y proclamado su inocencia. Sabas y Palacio niegan haber cometido irregularidad alguna para lograr que fuera aprobada la reforma constitucional que permitió la reelección. Moreno, Hurtado, Del Castillo, Aranguren y otros funcionarios de la Casa de Nariño defienden su conducta y rechazan de plano que hubiera una conspiración para desacreditar a la Corte Suprema.
Independientemente del desenlace final, nunca antes en la historia reciente de Colombia se había presentado una coyuntura como la actual con tantos altos funcionarios de un gobierno saliente inmersos en problemas penales, los cuales, a diferencia de los disciplinarios, entrañan el riesgo de penas de cárcel. Para la Fiscalía, los participantes en la yidispolítica cometieron cohecho y los que han confesado su participación en el seguimiento a los magistrados de la Corte Suprema, concierto para delinquir. Desde el proceso 8.000 no se han visto tantos funcionarios de tan alto nivel acusados de delitos de esa gravedad. En ese caso, a pesar de que existía el elemento agravante del narcotráfico, varios de ellos fueron absueltos. Habrá que ver qué pasa.
 
Los Que Confesaron y Acusaron
Estos son algunos de los protagonistas de los escándalos del DAS y la yidispolítica que aceptaron su responsabilidad y ahora son testigos de primera línea para la justicia.

Jorge Lagos
 Ex jefe de Contrainteligencia del DAS
"El objeto de esas investigaciones era desacreditar a esa Corte".

Fernando Tabares
Ex jefe de Inteligencia del DAS
"El único destinatario era el alto gobierno".

Germán Ospina
Ex detective del DAS del grupo Goni
"Desde la Presidencia estaban requiriendo resultados inmediatos".

Alba Luz Flórez Gelves
Ex detective del DAS infiltrada en la Corte Suprema
"La señora María del Pilar Hurtado se sentía muy feliz por nuestra labor".

Manuel Cuello Baute
Ex superintendente de Notariado
"Bernardo Moreno me manifestó que el gobierno tenía que honrar el compromiso derivado de la aprobación de la reelección".

Yidis Medina
Ex congresista
"Sabas Pretelt sí me hizo ofrecimientos".
5 de septiembre de 2010
4 de septiembre de 2010
©semana
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confiesa espía del das


Con la ayuda de empleadas de servicios generales y conductores, y con la utilización de grabadoras de alto poder camufladas en el recinto donde sesiona la Sala Penal de la Corte Suprema, logró el cometido de infiltrar y obtener información privada de trascendentales procesos. Las felicitaciones de los superiores no se hicieron esperar.
Colombia. Tal y como lo había revelado la revista SEMANA en su edición del 16 de mayo del presente año, Alba Luz Flórez Gélvez, la denominada ‘Mata Hari’, fue pieza clave en el engranaje que permitió el espionaje ilegal adelantado contra los miembros de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, por parte de miembros del Departamento Administrativo de Seguridad, DAS
En las últimas horas se conoció el texto de su declaración en cinco diligencias de interrogatorio. Flórez Gélvez, estudiante de sicología de 32 años asignada a esa tarea cuando prestaba sus servicios a ese organismo de seguridad, puso en conocimiento de las autoridades lo que dijo saber y conoció en su tarea de infiltración a ese alto tribunal.
A continuación, uno a uno, los principales aspectos de su declaración, con la que aplicó al principio de oportunidad:

1. La Misión
"En el año 2007, mes de marzo, fecha en que llegué a la Subdirección de Fuentes Humanas, el señor WRS, a través de una orden verbal, inicialmente, me manifestó que existía una necesidad de recolectar información privilegiada de la Corte Suprema de Justicia, entiéndase como información privilegiada aquella información que no se puede obtener por medios abiertos, sino se logra a través de medios técnicos o reclutamiento de fuentes humanas, debido a que es información cerrada".

2. Fachada
"(...) Con la fachada de ser distribuidora de productos Omnilife, que son productos alimenticios, esta labor la realicé durante 15 ó 20 días en la cual abordé a diferentes personas que se ubicaban en las diferentes cafeterías, algunos de ellos conductores de la Corte Constitucional y personas que venían a hacer diligencias en este sitio, pero ninguno con el potencial de la fuente que necesitaba de la Corte Suprema de Justicia".

3. Los Contactos
"Es de anotar que decidí buscar ayuda con J ya que en el año 2005 sostuve con él una relación sentimental que duró aproximadamente un año (...) él accedió a colaborarme señalándome el señor DG, para que él me pudiera suministrar algún tipo de información (...) es el escolta del doctor Iván Velásquez, pero en el momento en que lo conocí era el escolta del magistrado Javier Zapata, (...) el señor JL al presentarnos manifestó que yo era funcionaria de Presidencia y que debía entender que él antes de ser un funcionario que trabajaba en la Corte tenía más compromiso con el Presidente que con la Corte".
"Durante un mes me colaboró con información sobre comentarios que escuchaba en la Corte Suprema de Justicia, después me manifestó que tenía una persona de nombre MEPC, (...) el señor M accedió a colaborarme".

4. Primeros Resultados
"(...) Me suministró copias de procesos como en el mes de noviembre de 2007, el proceso 26970 que adelantaba la Corte Suprema de Justicia contra el congresista Óscar Leonidas Wilchez, Eric Morris Taboada, Alfonso García Romero, proceso única instancia número 26470 de Luis Eduardo Vives Lacouture, Dieb Nicolás Maloof Cuse, Mauricio Pimiento Barrera, Guillermo Gaviria Zapata (...) entre junio, julio y octubre de 2008 hizo entrega de procesos como el seguido contra Piedad Córdoba que contenía 1.400 folios, proceso de Wilson Borja y Gloria Inés Ramírez (...) también colaboraba con información sobre posibles capturas que realizaría la Corte Suprema de Justicia a diferentes personalidades de la parapolítica y farcpolítica, entre ellas la que recuerde la posible captura de Nancy Patricia, Armando Benedetti (...)".

5. Ficha Clave
"Posteriormente para la época de marzo de 2008, el señor WRS me hizo requerimiento de obtener información sobre los temas que se debatían en la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia (...) Le comenté al señor DG la necesidad de suplir ese requerimiento, él me manifestó que había una señora de nombre JM que posiblemente nos pudiese colaborar, lo primero que le dije fue analícela muy bien, sus relaciones a nivel interpersonal con sus compañeras".
"El señor DG me manifiesta que sería mejor que yo la abordara ya que yo sabía manejar diferentes tipos de situaciones a nivel psicológico, (...) La señora J me dijo que estaba dispuesta a escucharme, le comenté que era una funcionaria que trabajaba para una ONG al servicio de la Presidencia de la República y que necesitaba ese tipo de información (...) Después ella estuvo suministrándome información sobre comentarios pero no podía colaborarme del todo porque en ocasiones ella tenía que salir, servir el tinto, volver a ingresar, entonces lo que me daba era como dos o tres por ciento de lo que hablaban allá, era muy poco, esto se lo retroalimenté a mi jefe, después a los días, no sé con quién hablaría, pero me llamó y me dijo que había solicitado una grabadora de larga duración para introducirla en la Corte Suprema de Justicia".

6. La Grabadora
"Entonces me hizo llegar esa grabadora de larga duración para que hiciera uso de ella. Me explicó su uso, que era muy fácil, era oprimir un botón y se indicaba que estaba grabando porque se encendía una luz que no recuerdo el color y después ya se apagaba. Entonces, al encender esa luz yo ya sabía, y así se apagara, que eso iba a grabar. Esto se lo retroalimenté a J (...) se empezó por cargarla ella en el bolsillo y bueno, nos encontramos con la sorpresa que solo se escuchaban los tintos y el roce de la tela del bolsillo, lo que se podía percibir era muy poco (...) la grabadora tenía de tamaño más o menos cuatro centímetros de largo, tres de ancho y como medio centímetro de grosor, de color negro (...) J cumplió la tarea muy juiciosa y me dijo que había un sitio que había como una especie domo de cavidad para colocarla sin ningún problema, también el requerimiento preciso fue que la grabadora sólo se debe introducir en la Sala Plena siempre y cuando no exista el mínimo riesgo de que entren personas que detectan equipos de grabación (...)".

7. La Felicitación
 "Las grabaciones que después presenté fueron buenas, inclusive por unas de las grabaciones el señor WR me felicitó por mi labor, por los alcances de la misión y también porque la señora María del Pilar se sentía feliz por nuestra labor, entonces había ordenado una felicitación para el grupo, en especial para el agente de control que soy yo, por el logro de los objetivos (...) También quiero manifestar que toda la información que decepcionaba se elaboraba en un informe de inteligencia donde se explicaba de manera muy general, por ejemplo, si eran los procesos, que eran de 1.400 folios uno de ellos, entonces yo colocaba inicialmente la fecha de adquisición ese es el momento en el que la fuente adquiere el producto o la información, y la fecha de difusión en el momento en que me entregan la información, se coloca después el título centrado ’INFORME DE INTELIGENCIA’, y también la fuente con su seudónimo o clave".
 
8. Yesid Ramírez, en la Mira
"Planeamos para una cita con J para entrevistarnos con el señor FG quien era curso de él y que en ese momento se desempeñaba como jefe de seguridad de la Corte Suprema de Justicia, ese encuentro se realizó, si me mente no me falla, en un sitio de la séptima como con calle 16 (...) el señor F me dio su número telefónico (...) me comentaba que el ambiente estaba muy tenso, que los magistrados de todas formas como que están pensando que alguien está espiando (...) A los pocos días lo llamé, me entregó el número celular del señor creo que era Yesid Ramírez Bastidas (...) Yo no recuerdo si en ese momento le di seiscientos mil pesos por su colaboración, él no los quería recibir (...) lo convencí que recibiera el dinero (...)".

9. Los Documentos
"Hago entrega del CD final producto de los seis CDs iniciales de back up, así mismo hago entrega del certificado del curso HUMINT sobre recolección de información de fuentes humanas al que asistí los días 1 al 18 de septiembre de 2008 como resultado de mi buen desempeño en la institución. Es de anotar que este curso el costo lo cubrió el DAS".
"Así mismo hago entrega de ocho folios correspondientes a investigaciones que adelantaba la Corte Suprema de Justicia con respecto a parapolítica y farcpolítica, estos documentos provinieron del señor MPC, no era un requerimiento, como se le había pedido que suministrara todo tipo de información de parapolítica y farcpolítica, él los entregó para que tuviese una guía de cuáles eran los números de los procesos y en qué instancia se encontraban (se reciben ocho folios de los audios por la interrogada)".
"Así mismo hago entrega de una transliteración sobre una declaración de la señora Consuelo Gonzáles de Perdomo del 16 de noviembre de 2008 por procesos que adelantaba la Corte en contra de la congresista Gloria Inés Ramírez por farcpolítica. Es de anotar que este documento se envió al DAS a través de mi oficial de caso de la época y se hizo entrega al señor WR, junto con la grabación de esta diligencia (se reciben nueve folios, en fotocopia)".

10. Sospechas
Preguntado: indique al despacho en qué época empiezan los magistrados de la CSJ a tener sospechas de que eran ‘espiados’, según su dicho, por el DAS.
Contesto: "Eso fue aproximadamente en el mes de mayo de 2008, en una reunión los magistrados de la sala plena, el señor Yesid Ramírez Bastidas, manifestó que tenía la certeza que el DAS los estaba espiando porque en un viaje que ellos realizaron, o sea los magistrados a Neiva, el DAS los siguió hasta allá y que inclusive se identificaron como funcionarios del DAS. También ese mismo día mencionó ese magistrado que a él le estaban haciendo montajes para vincularlo con la guerrilla, entonces la Corte debía llegar hasta el fondo con esto. Es de anotar que eso fue grabado y posteriormente entregado en un informe de inteligencia y anexada la grabación a mi superior, el señor WRS (...) en una de las reuniones que hicieron los magistrados en la sala plena, comentaron que estas manifestaciones de persecución hacia la Corte por parte del DAS, se lo había dado a conocer no sólo a la señora María del Pilar Hurtado, sino al ministro Valencia Cossio, si no estoy mal, donde ellos manifestaron que en ningún momento el DAS estaba realizando algún tipo de actividad de espionaje contra la Corte, no recuerdo muy bien la fecha en que se generó este comentario".

11. Grabadora y Video Cámara
"(...) Hice la compra de una grabadora y videocámara al tiempo, espía, en forma de esfero de color plateado, también la compra de dos MP3, estos fueron utilizadas por la señora J para ingresarlas en la Sala Plena, pero fue infructuoso porque no se escuchaba nada y no se podían dejar en ningún sitio debido a su tamaño. La grabadora espía del tamaño de un esfero medía aproximadamente 12 centímetros y los MP3 de unos 5 centímetros de largo por 4 de ancho de grosor como 1 centímetro".

12. Otra Espía
"(...) Me tomé la tarea de preparar a M (...) A los pocos días se me informó de una posible reunión en la Sala Penal, yo inmediatamente le dije a M que intentara cubrir ese evento, ella lo hizo, pero fue infructuoso porque la grabadora o el MP3 había quedado muy lejos (...) Decidí entonces que ella, M, me informara cualquier comentario que se hiciera en la sala en el momento en que estuviese presente; uno de esos comentarios fue el que me manifestó el 21 de enero de 2009 donde comenta que en esta fecha a las 9 de la mañana se reunieron los magistrados titulares de la Sala Penal y la fiscal que lleva el caso del señor Guillermo Valencia Cossio, hermano del ministro del Interior y de Justicia, Fabio Valencia Cossio. En dicha reunión la fiscal manifestó a los magistrados de la Sala Penal que al señor Guillermo Valencia Cossio no le van a tener ningún tipo de consideración, que se le va a aplicar todo el rigor de la ley y que además no se le brindará el privilegio de la casa por cárcel".

13. Más Fuentes y Más Deudas
"En junio o julio de 2008, en vista a al presión ejercida por mi jefe, ya que no estaba cumpliendo con las exigencias con respecto al reclutamiento de nuevas fuentes humanas, me vi en la necesidad de pedirle el favor al señor DG que me señalara personas porque me estaba quedando corta con el reclutamiento de fuente. Él me manifestó que él me iba a colaborar y posteriormente me dio el nombre de tres personas que son agentes activos de la Policía y que trabajan para los esquemas de seguridad de los magistrados (...) Entonces con estas personas, al principio pensé en abordarlas pero después le manifesté a mi jefe, el señor W, sobre la posibilidad, él me dijo que todavía no se intentara porque estaban presentándose una serie de inconvenientes con respecto a los pagos, yo le manifesté que estaba preocupada por eso, porque se demoraba mucho la entrega de los dineros y la verdad que es importante para también mantener la motivación de las fuentes (...)".

14. Piedad
"(...) Es de anotar que se empezó la solicitud de procesos sensibles de parapolítica, también de farcpolítica, como el proceso de la senadora Piedad Córdoba, entre otros, y no nos podíamos quedar cortos de dinero, entonces por eso acordamos seguir manteniendo a estas tres potenciales fuentes y dosificando la información para que no hubiese inconvenientes de obtención de la información por falta de recursos (...) al señor D, es decir, DG, MEPC y BJM se les pagó inicialmente con huella, entonces se les daba el dinero y se les daba a firmar un formato donde aparecía su clave, su seudónimo, la huella y el precio, lo que se le daba a cada uno de ellos, esto se hizo hasta junio, julio de 2008, estos formatos posteriormente eran enviados a través del oficial del caso a la subdirección de Fuentes Humanas para la legalización de los dineros entregados".

15. Otras Chuzadas
"Debo agregar que el señor MP también me suministró información relacionada con las declaraciones que adelantó la Corte Suprema de Justicia con los señores Iván Roberto Duque, Eleonora Pineda, Luis Carlos Restrepo, Rafael García, Salvatore Mancuso y declaración de los liberados de la operación Jaque, también otra liberada se llama Consuelo, también me suministró sobre futuras capturas como la de Jorge Visbal Martelo, Luis Camilo Osorio, Julio Manzur y Sabas Balseiro".

16. La Técnica
"Ahora procedo a hablar a cerca de mis oficiales del caso: el primero de ellos su nombre es HN, él fue la persona encargada de mi entrenamiento, tanto como en el conocimiento del espionaje como en los procesos de reclutamiento de fuentes humanas, que consistía en tres pasos importantes para el reclutamiento de una fuente humana que están establecidas en el manual del DAS con el mismo nombre. Estos pasos son: primero, etapa de reclutamiento, segundo, etapa de orientación de la fuente humana, y por último, etapa de manipulación de la fuente humana".

17. La Caída
"El señor E me contactó a través del señor WR enviándome un comunicado donde me pedía que le firmara dos hojas en blanco para proteger el disco duro de mi computador que había sido asignado por el DAS, esto porque habían ido unos señores de la Fiscalía a preguntar por nuestros hombres y en vista de esto él había guardado el disco duro del computador".
"En el momento que él me dice que tiene el disco duro yo le manifesté que igual yo y el señor L habíamos tomado la decisión de hacer un back up con respecto a las actividades que adelantábamos en la Corte, que en ningún momento los dos vamos a negar nuestra actuación y que estábamos dispuestos a colaborar, (...) E me comentó que los señores de contrainteligencia del DAS lo habían llamado y lo habían obligado a entregar información de la Corte Suprema de Justicia porque los señores de contrainteligencia estaban seguros de que él tenía la información y se la estaban pidiendo con mucho ahínco, supuestamente para que el director Felipe Muñoz se pudiera defender".

18. Giorgio Sale
"En este momento quiero manifestar sobre un requerimiento que me impartió el señor WR más o menos en abril de 2008 sobre nexos de algunos magistrados de la Corte Suprema de Justicia con Ascencio Reyes y Giorgio Sale. Con respecto a este requerimiento, la fuente MP me comentó que se enteró a través de un conductor de uno de los magistrados que Giorgio Sale no solo le había regalado un reloj Rolex al magistrado Yesid Ramírez Bastidas, sino unos caballos y eso fue lo que pude obtener del requerimiento, nada más".
5 de septiembre de 2010
3 de septiembre de 2010
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apartan a fiscal que investigaba al das


La salida repentina de la ’Fiscal de Hierro’, Ángela María Buitrago, deja varios casos claves en el aire: el Palacio de Justicia, Jorge Noguera, Guillermo Valencia Cossio y Ciro Ramírez, entre otros. El fiscal general encargado, Guillermo Mendoza, fue criticado por su decisión de pedirle la renuncia a la fiscal delegada Ángela María Buitrago.
Colombia. La última semana de julio, Ángela María Buitrago, fiscal delegada ante la Corte Suprema, tomó dos decisiones sensibles: llamó a indagatoria a tres generales retirados e imputó cargos contra el ex vicepresidente Francisco Santos y el ex asesor presidencial José Obdulio Gaviria. En el primer caso, la Fiscalía investiga la responsabilidad de los generales Jesús Armando Arias Cabrales, Rafael Hernández y Carlos Alberto Fracica en la presunta ejecución extrajudicial del magistrado Carlos Horacio Urán en los hechos del Palacio de Justicia. En el segundo proceso, Buitrago encontró méritos para hacerle una imputación a Santos y a Gaviria por calumnia. Ellos habían acusado a unos sindicalistas de ser auxiliadores de la guerrilla.
El pasado martes, sin previo aviso, Buitrago se enteró de que esos dos procesos habían sido reasignados a otro fiscal. Fue una decisión un poco sorprendente: en la justicia colombiana no hay persona alguna que conozca más en detalle los episodios del Palacio de Justicia que la fiscal Buitrago. Unos meses antes había logrado la condena del coronel retirado Alfonso Plazas por desaparición forzada, y acababa de acusar ante la Corte Suprema al general retirado Arias Cabrales por los mismos hechos. La investigación sobre la muerte de Urán contiene hoy 20.000 folios y más de 2.000 horas de grabaciones.
El miércoles por la noche, el fiscal general encargado, Guillermo Mendoza, quien había pedido la renuncia a todos los fiscales delegados ante la Corte Suprema, aceptó la de Buitrago. Dijo a los medios que la salida de la Fiscal se debía a falta de diligencia de ella en más de 50 procesos. La noticia causó revuelo, ya que Buitrago era una de las estrellas de la entidad, apodada incluso por algunos como ’la Fiscal de Hierro’. Por esa reputación le habían asignado varios de los procesos más complicados. Además del Palacio de Justicia, que hasta que llegó Buitrago estaba relegado al cuarto de San Alejo de investigaciones inconclusas, la Fiscal estaba encargada del proceso contra Guillermo Valencia Cossio, hermano del entonces Ministro del Interior; del caso contra el ex director del DAS Jorge Noguera por vínculos con paramilitares y asesinatos de sindicalistas, y del juicio por narcotráfico contra el ex senador Ciro Ramírez.
La decisión de Mendoza ha generado varios interrogantes. Para empezar, SEMANA conoció que hace menos de un mes a Buitrago le reasignaron tres procesos más para descongestionar el trabajo de otro fiscal. No parece lógico que apenas unas semanas después la sacaran por ineficiente. Segundo, aunque ningún funcionario es indispensable, cambiar a un fiscal en la mitad de procesos tan complejos como los de Noguera, el Palacio y Valencia Cossio no favorece los intereses de la Fiscalía, ya que el reemplazo queda en desventaja frente a los defensores. En el de Noguera, por ejemplo, en el que hay 12.000 folios, el nuevo Fiscal debe presentar su alegato a finales de septiembre. Igual ocurre con el caso que se adelanta contra Valencia Cossio, cuya audiencia se reanuda este lunes.
Si bien los cambios de fiscales son de la discreción de Mendoza, nadie entiende el afán con que procedió, más aún cuando la Corte Suprema podría, en las próximas semanas, elegir un Fiscal General en propiedad.
5 de septiembre de 2010
4 de septiembre de 2010
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la tierra prometida


Juan Manuel Santos quiere reversar la contrarreforma agraria que el narcoparamilitarismo desató en los últimos 20 años. Si lo logra, pasará a la historia.
Colombia. Cuando Juan Manuel Santos, en su discurso de posesión, dijo que las tierras van a regresar a manos de quienes "de verdad las trabajan con vocación y sudor", muchos interpretaron esta frase como un recurso retórico para adornar su primera alocución presidencial. Hoy, un mes después de ese lluvioso día en la Plaza de Bolívar, todo indica que la cosa va en serio. Pero el gran interrogante es si es posible solucionar un problema como el de la tierra en Colombia, que por su complejidad histórica, política y jurídica se ha convertido en un reto imposible hasta la fecha.
De las muchas reformas estructurales que el gobierno tiene en la agenda, todas muy importantes y urgentes, la ley de tierras es quizá la única que puede partir la historia en dos. Así como Álvaro Uribe para convertirse en el adalid de la seguridad tuvo primero que apaciguar las carreteras del país, Juan Manuel Santos sabe que no es posible la prosperidad que ha prometido sin hacer un milagro en el campo.
Y es que el tema de quién tiene derecho a la tierra es quizá el más importante de resolver en Colombia. El país ya va a completar un siglo viendo cómo se repite, cada 20 años, la misma letanía: la tierra como el epicentro de alguna forma del conflicto. En 1920, por ejemplo, eran apenas luchas agrarias en el centro del país. Pero 20 años después, en esos mismos lugares donde se había sembrado el descontento, germinaron los primeros brotes guerrilleros. Y en la década de los 60, en el documento que sirvió de partida de bautismo de las Farc, de lo único que se hablaba era de reforma agraria. La tierra también se convirtió en botín estratégico para los carteles del narcotráfico de los años 80, que las usaban como corredores de tráfico o para lavar dineros calientes y como símbolo de estatus. Y los paramilitares no solo nacieron para defender a los latifundistas del azote de la guerrilla, sino que a comienzos de este siglo decidieron tomarse para sí toda finca que se topaban en el camino.
Cada nuevo conflicto por la tierra parece mutar a fenómenos de violencia más crueles y complejos. En los últimos 30 años, el narcoparamilitarismo desencadenó a sangre y plomo una contrarreforma agraria que anuló todo el esfuerzo que en materia de tierras se había hecho unas décadas antes. Colombia es cada vez un país más desigual: se duplicó el porcentaje de la tierra en poder de grandes hacendados, y el despojo de los suelos hizo que los desplazados colombianos se convirtieran en una de las crisis humanitarias más graves del planeta. Eso en números es escandaloso: las fincas de más de 500 hectáreas que hace 20 años ocupaban el 32 por ciento de la tierra útil hoy ocupan el 62 por ciento y pertenecen a no más del 4 por ciento de los propietarios; y, del otro lado, uno de cada cuatro campesinos fue expulsado de su terruño -según las cifras de un estudio que presentó hace dos semanas la investigadora Ana María Ibáñez en la Convención Bancaria- y el destierro lo convirtió en un indigente en los cordones de miseria de la ciudad.
Algunos economistas neoliberales podrían argumentar que esa estructura no necesariamente es mala per se, porque para que la agroindustria se convierta en motor de desarrollo necesita contar con grandes extensiones de tierras. Pero ese supuesto tiene dos problemas en Colombia: el primero es que, según cálculos de Luis Jorge Garay, el 35 por ciento de los predios más ricos para el agro son propiedad de capitales de dudosa procedencia, y el segundo es que la agricultura se coronó como la cenicienta de la economía con el desempeño más pobre en la última década. Como dijo Alejandro Gaviria en su columna de El Espectador, "más parece un vagón de tercera clase que una locomotora", como la ha denominado el gobierno.
Ese estado de cosas es aún más dramático si se tiene en cuenta que intentos de resolver el problema de las tierras no han faltado. Desde Alfonso López Pumarejo, quien en 1936 desafió con su Revolución en Marcha a los terratenientes con el concepto hasta hoy vigente de que la tierra tenía una función social, hasta otros mandatarios de estirpe liberal, como Alberto Lleras, Carlos Lleras y Virgilio Barco, que a su manera trataron de poner a funcionar, con mediano o ningún éxito, la locomotora agrícola. Casi siempre, los terratenientes terminaron atravesándose y frenando en seco las reformas, como ocurrió, por ejemplo, con el acuerdo de Chicoral de 1973.
Las buenas intenciones, y sus muchos o pocos logros, se desmontaron de manera definitiva en los últimos 20 años con la contrarreforma agraria que a sangre y plomo impusieron los paramilitares. Un experto en el tema, Absalón Machado, es contundente: "Los intentos de hacer reforma agraria han sido un fracaso. Como Colombia no ha resuelto el problema de control de la propiedad, la idea de tener tierras es un elemento de poder. La tierra aquí tiene una carga feudal muy grande. Y si lo hubiéramos resuelto antes, tal vez nos habríamos ahorrado la violencia de 40 años".
El gobierno de la seguridad democrática de Álvaro Uribe le dio prioridad a erradicar la insurgencia en el campo más que a distribuir equitativamente su propiedad. Por otra parte, la apuesta de aumentar la confianza inversionista a través de estímulos a la inversión se tradujo en dos de los escándalos más sonoros de su mandato: el de Agro Ingreso Seguro y el de Carimagua, en el cual fincas destinadas a los desplazados casi acaban en manos de los empresarios palmeros. Por otra parte, el Incoder se convirtió en otra olla podrida, ya que desde su creación, en 2003, se infiltraron los paramilitares. La entidad terminó por entregar las tierras, no a los campesinos, sino a personas con órdenes de captura.
Es toda una paradoja: Colombia, en sus 200 años de historia, no ha logrado hacer una reforma agraria sostenida en el tiempo, y en solo tres décadas sufrió una contrarreforma de inmensas proporciones.

¿En Qué Consiste la Reforma?
El gobierno de Juan Manuel Santos parece haber entendido la dimensión del problema y ha decidido dar un viraje radical. Ha puesto a trabajar a sus mejores ministros en el tema. Juan Camilo Restrepo, de Agricultura, lleva la batuta, y lo apoyan Juan Carlos Echeverry, de Hacienda; Germán Vargas, del Interior, así como los directores de Planeación, Hernando José Gómez, y de Acción Social, Diego Molano.
El presidente presentó la reforma el viernes pasado, en Barrancabermeja. Con un emotivo discurso, en el que evocó al legendario ‘Siervo sin tierra’, de Eduardo Caballero Calderón, dijo que la ley de tierras "es el mejor programa de paz".
El eje central de la política es el capítulo de restitución de tierras a las víctimas. Este será radicado en el Congreso, a más tardar este martes, como parte del proyecto de ley de víctimas (como quiere el Partido Liberal) o como un proyecto independiente de ley de tierras (como quiere el Partido Conservador).
La meta que se ha propuesto el gobierno es ambiciosa: devolver dos millones de hectáreas a las víctimas del destierro en los últimos 20 años. Eso equivale a una franja de terreno casi del tamaño de Cundinamarca. El dato, como dice uno de los arquitectos de la reforma, es "al ojímetro", porque los investigadores no se han podido poner de acuerdo: algunos, como Garay, hablan de 5,5 millones de hectáreas usurpadas, y otros, como Ibáñez, de 1,2 millones de hectáreas, avaluadas en un billón de pesos.
La gran innovación de la futura ley es que contiene una fórmula, que parece inteligente pero no será fácil, para poner al descubierto a los testaferros de narcotraficantes, guerrilleros y paramilitares, quienes negocian con las tierras mientras sus jefes están en cárceles en Estados Unidos o en la selva. El trabajo será titánico pues no hay nada más difícil que probar judicialmente el testaferrato, y a eso se suma que muchos de los campesinos desplazados ni siquiera tienen título de propiedad.
Lo primero que tendrá que hacer el Ministerio de Agricultura es unificar varias bases de datos que hoy existen, para contar con un gran sistema de información catastral que permita determinar, dentro de lo posible, quién era el dueño de cada predio hasta 1991. De esta forma, cuando un desplazado se acerque al Ministerio a reclamar su finca, se compara con los datos del sistema, y si en efecto lo despojaron de sus tierras, el gobierno le entregará un certificado que lo acredita como tal. Con ese certificado se podrá acercar a la jurisdicción de tierras, un nuevo cuerpo de magistrados que se creará especialmente para tratar los problemas de la restitución agraria.
Contrario a lo que ocurre hoy, al campesino no le tocará demostrar que él es el dueño, ya que la nueva ley contempla que la carga de la prueba quede invertida de tal suerte que sean los actuales tenedores o propietarios los que tendrían que demostrar que no participaron del despojo. Si el actual tenedor no logra probar de forma convincente su derecho a la propiedad, el magistrado ordenará la restitución de la tierra al despojado y se la titulará. Y en caso de que el actual ’dueño’ de la finca vaya a pleito y demuestre que no era un testaferro sino un tercero de buena fe, el magistrado ordenará indemnizarlo y el pago se hará con TES de deuda pública.
La fórmula no es nada fácil de aplicar. Es como si Colombia se devolviera en la máquina del tiempo hasta 1991, dejara tal cual la propiedad de la tierra como estaba en ese momento, y así hacer caso omiso de las consecuencias del conflicto y tratar de reparar los daños que hicieron durante este periodo los señores de la guerra, ya sean de izquierda o de derecha, en el campo. Una medida de la dificultad que enfrenta el gobierno es que en cinco años de la Ley de Justicia y Paz, del más de millón de hectáreas que se le atribuye al despojo paramilitar solo han entregado 21.000.
En el lanzamiento de este ambicioso proyecto, el viernes pasado, en un acto simbólico el presidente Santos entregó 400 hectáreas, que había devuelto Macaco, a 40 familias que hacen parte del laboratorio de paz del Magdalena Medio.
Lo anterior es, sin embargo, solo uno de los capítulos de la política de tierras del gobierno de Juan Manuel Santos. Hay otros no menos importantes. El segundo es el de extinción de dominio. El Estado ha fracasado en la aplicación de esta figura a pesar de llevar tres lustros ensayándola: 789.000 hectáreas han sido decomisadas; pero por falta de pruebas la tercera parte ha tenido que ser devuelta a quienes se las habían incautado, y es tal el desorden que otra tercera parte no se sabe en manos de quién está en la actualidad. Solo se ha logrado extinguir definitivamente el dominio de 100.000 hectáreas, y de ellas solo 15.000 se han entregado a desplazados. Es decir, de casi 800.000 hectáreas, solo el 2 por ciento ha llegado a manos de los campesinos.
El tema de extinción ha estado a cargo del ministro del Interior, Germán Vargas, quien le ha pedido al ex ministro de Justicia Carlos Medellín que diseñe el proyecto. La idea inicial sobre la que están trabajando es que los trámites se agilicen o que el Estado compre -también con TES- las 330.000 hectáreas que aún hoy están atascadas en el trancón judicial, para ponerlas en la bolsa de tierras. A esa bolsa también van a ir a parar otras 650.000 hectáreas que hoy están en poder del Ministerio de Agricultura. Todas, en teoría, serán devueltas a víctimas, y también entregadas a campesinos pobres.
El tercer gran tema de la política del gobierno es formalizar 1,2 millones de predios rurales que hoy no tienen papeles de propiedad y suman más de 6 millones de hectáreas. Se trata de un ejercicio de titulación masiva, como el que se dio en la época de López Pumarejo. El esfuerzo va a ser también monumental si se tiene en cuenta que todavía hay oficinas de registro en el país que no tienen computador. Pero es una tarea urgente, porque la informalidad en el campo es tan grande que abona el terreno para que los violentos se sientan como Pedro por su casa.
El cuarto capítulo de la política va a tocar el bolsillo de los terratenientes. Se trata de la modernización que el gobierno quiere hacer del impuesto predial en el campo. Es muy diciente que del total del avalúo catastral del país, que asciende a 500 billones de pesos, el de Bogotá pesa 200 billones y el de todo el sector agrario apenas 70 billones. Hoy algunos dueños de tierras pagan una tarifa de uno por cada 1.000 pesos del valor catastral. Sin embargo, en este gobierno, en las discusiones preliminares sobre el tema, se ha mencionado una tarifa mínima de cuatro por 1.000 y hasta de 16 por 1.000 para predios improductivos. Y eso que parece sencillo es un chicharrón no menos complicado que los anteriores, dado el poder que ha tenido tradicionalmente en el país la clase terrateniente. Hay un dato interesante: la tarea de modernizar la estructura tributaria del agro fue una de las metas que le puso hace 60 años el Banco Mundial a Colombia, cuando vino su primera misión al país encabezada por Lauchlin Currie, pero ningún presidente se ha atrevido a cumplirla.
Los otros dos capítulos de esta cruzada tienen que ver con la organización del uso que se le debe dar la tierra en Colombia y cómo hacerla más productiva. En el país hay 114 millones de hectáreas, y de ellas, más de la mitad, 65 millones, fueron declaradas hace medio siglo zonas de reserva. Pero a hoy, con el paso del tiempo y de los sembrados de coca, en la práctica han dejado de ser reserva 14 millones y se van a excluir de esa calificación 6 millones más. Esto quiere decir que el país amplía su frontera agrícola, y lo que busca el gobierno Santos es dejar esos límites claros y sellar definitivamente las selvas y otras reservas, para que el país no siga perdiendo su patrimonio ambiental.
¿Y cómo hacer más productiva esta mitad del país compuesta por tierras útiles agropecuarias? Ese es, para expertos como el presidente del Partido Liberal, Rafael Pardo, uno de los grandes desafíos de este gobierno. Hay que darle, literalmente, un revolcón al campo. La idea del ministro Juan Camilo Restrepo es que la tierras dedicadas hoy al ganado se reduzcan a la mitad. En la actualidad son 38 millones de hectáreas, y la meta sería reducirlas a 20. Por otra parte, el Ministro aspira a que las tierras dedicadas a la explotación agrícola se multipliquen por cuatro, pasando de 5 millones de hectáreas a 20 millones.
Todas estas metas tendrán como parámetro de comparación los resultados obtenidos en materia de reforma agraria en el pasado. Durante el primer gobierno de López Pumarejo, hace 75 años, cuando el país era esencialmente feudal, se alcanzaron a titularizar 60.000 hectáreas por año. Por otra parte, la Ley 160 de 1994, expedida al final del gobierno de César Gaviria, y otras reformas produjeron entre 1994 y 2002 la redistribución de alrededor de 600.000 hectáreas. En el gobierno de Uribe, se calcula que se entregaron 66.000 entre subsidios y tierras.

Los Enemigos
El tamaño de la cruzada es tal que se corre un considerable riesgo de fracasar en el intento. Solo conseguir la información, que está dispersa y en algunas oficinas apenas es parcial, será una tarea de una enorme dificultad, y más si el propósito es hacerla de manera rápida. Devolverles esas tierras a campesinos injustamente despojados implicará conflictos jurídicos monumentales que requerirán, para desenredarse, una gran voluntad política.
No va a ser fácil, sin ir más lejos, su tránsito por el Congreso. Como dijo un experimentado senador, "una gran mayoría de los congresistas son representantes de ganaderos y terratenientes". El primer pulso se verá en la Comisión Quinta, a la que le corresponde discutir los temas de tierras.
Los aspectos legales pueden llegar a ser la mayor barrera. La figura que se tiene que aprobar es una especie de expropiación, que si bien se fundamenta en la utilidad social, también puede entrar en choque con otros pilares del Estado de derecho, como la presunción de buena fe, el respeto a la propiedad privada y la seguridad jurídica. En lo que se refiere a títulos de propiedad, en Colombia no todo es blanco o negro. Cada situación es diferente y se encontrarán muchos casos en los que no habrá claridad, y aunque un campesino despojado demuestre que era tenedor de un predio antes de 1991, no se le va a poder incautar ese predio al actual tenedor. En esos casos, el gobierno tal vez recurra, como lo ha sugerido, a llegar a un acuerdo y buscar otras opciones para reubicar a esas familias desplazadas.
Son tan grandes todos los problemas enumerados anteriormente que el enfrentamiento con los grandes jefes paramilitares que produjeron el desalojo es importante, pero no es el mayor desafío. La mayoría de ellos están recluidos en cárceles y su poder no es el que tenían cuando le estaban ganando la guerra a la guerrilla. Esto no significa, sin embargo, que no vaya a haber violencia en el proceso. El gobierno parece tenerlo muy claro. Los asesinatos y las intimidaciones contra quienes quieren recuperar su terruño son el pan de cada día. No solo Mancuso, Macaco, Don Berna y compañía matan en Colombia. También lo hace la nueva generación de bandas emergentes que se han quedado con muchas de esas tierras.
Un ejemplo macabro de este fenómeno es el caso de ’Colombia’, un hombre al que en diciembre pasado el Estado le devolvió las 38 hectáreas donde los paramilitares habían matado a su hermano y a su papá. No valió ni siquiera que el entonces vicepresidente Francisco Santos les hiciera saber a quienes lo habían despojado que el gobierno estaba muy pendiente de la suerte de ’Colombia’. En mayo pasado lo mataron, y mes y medio después el alcalde encargado de Necoclí firmó un acta de devolución de las tierras al personaje a quien se creía que el Vicepresidente había dirigido su advertencia. En ocho años han matado a 45 líderes de grupos de víctimas. El ministro Juan Camilo Restrepo ya se reunió con el cuerpo de generales para pedirles protección.
El panorama es bastante áspero. Pero también es cierto que las verdaderas revoluciones son las que todos consideran imposibles. Y es ahí donde aparecen los líderes que, contra viento y marea, las saquen adelante. El principal factor a favor de esta histórica propuesta es la voluntad férrea de hacerlo que tienen el presidente Santos y su ministro Juan Camilo Restrepo. Los dos están jugados. No están apostando al aplauso de sus contemporáneos sino a su puesto en la historia. Cuentan por ahora con la enorme popularidad que rodea al gobierno en esta etapa de luna de miel. Pero nada acaba una luna de miel más rápido que un gobierno reformador, y eso es precisamente lo que quiere ser Juan Manuel Santos.
Si lo logra, pasará a ser uno de los grandes transformadores del país. Con una verdadera reforma agraria Colombia podría cerrar heridas que tiene abiertas desde la época de la Independencia. En términos más contemporáneos, será una oportunidad para saldar la deuda moral con las víctimas del conflicto armado, y al mismo tiempo dará un salto importante en la búsqueda de la equidad. Pero sobre todo, puede hacer que se acabe esa división que ha existido en Colombia desde hace 200 años: una Colombia urbana, moderna, tolerante y productiva, y otra Colombia rural atrasada, paupérrima y olvidada, donde aún se dan comportamientos de la Edad Media.
5 de septiembre de 2010
4 de septiembre de 2010
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por qué matan a inocentes en colombia


La política cazaguerrilleros que mata inocentes. Desde el 2008 cadáveres de jóvenes pobres, vagabundos y dirigentes sociales empezaron a ser desenterrados en Colombia. Habían sido vestidos con uniformes de guerrilleros y los militares cobraban días libres o dinero por ellos.
[Mauricio Becerra] Colombia. Jacqueline esperaba salir de vacaciones para compartir con su hermano Jaime Castillo. Ambos vivían en Bogotá en agosto del 2008 y sólo alcanzaban a compartir cuando Jaime la esperaba en la esquina de su casa de madrugada y la acompañaba a coger el bus para llegar temprano al trabajo.
Acostumbrada a la vida diletante de Jaime, pasaban semanas sin verse. Ella lo aconsejaba y a veces le daba dinero; él le dibujaba imágenes de Cristo y le regalaba guitarras de madera para que adornara su hogar. Pero cuando por fin Jacqueline salió de vacaciones, Jaime llevaba días desaparecido. Una mañana había llamado para ir a almorzar a Gloria, su hermana menor, pero nunca llegó.
Jacqueline pasó sus vacaciones entre Medicina Legal y el CTI (Cuerpo Técnico de Investigación) colombiano viendo fotos de los cadáveres que llegaban, mientras por las noticias de la televisión mostraban la extraña desaparición de 11 jóvenes de Soacha, localidad al sur de Bogotá, cuyos cuerpos fueron apareciendo en Ocaña, poblado ubicado al norte de Santander, enterrados como NN en fosas y vestidos como guerrilleros.
En su ir y venir buscando a Jaime, la investigadora asignada del CTI le dijo que pidiera las fotos de los NN de Ocaña en Medicina Legal. Entre los muertos de Soacha había sólo uno entre 40 y 45 años. La funcionaria que la atendió tomó los datos, los digitó en el computador y Jacqueline vio en una pantalla el rostro de su hermano muerto. Era el 7 de octubre del 2008.
La versión del Ejército decía que Jaime murió junto a otro sujeto el 12 de agosto luego de entrar en combate. Una pistola aparecía junto al cadáver, respaldando la tesis oficial. Jacqueline fue junto a su otro hermano a buscar el cuerpo de Jaime a Ocaña. En una fosa de 3 por 3 metros lo encontró. Tenía la cara golpeada y cuatro impactos de fusil, a ambos lados de la espalda y en cada pierna.
Cada palada desenterrando a Jaime, involucraba a Jacqueline y su familia en uno de los capítulos más sangrientos y oscuros de la reciente historia de Colombia: los llamados falsos positivos, eufemismo que se le dio a los asesinatos de civiles por parte del Ejército colombiano para hacerlos pasar por guerrilleros muertos en combate a cambio de recompensas o días libres.
Presentada como el más grande éxito de los 8 años del gobierno de Álvaro Uribe, la Política de Seguridad Democrática fue la estrategia diseñada para terminar con décadas de guerrilla y violencia armada.
Deseoso de mostrar resultados, el gobierno de Uribe aplicó una política de estímulo a los militares por bajas propinadas a las FARC. Así, el 2005 el ministro de Defensa, Camilo Ospina, emitió la Directiva Nº 029, que otorgaba bonos en dinero, días de descanso y otras regalías a los soldados y las compañías que mostraran efectividad en su combate a la guerrilla.
Los resultados fueron el gran capital político de Uribe: Los colombianos volvieron a transitar seguros por las carreteras, se redujeron los secuestros y fueron liberados los secuestrados más emblemáticos por las FARC, como 3 contratistas estadounidenses y la ex candidata a la presidencia, Ingrid Betancourt.
Pero datos de la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía dan cuenta que tras la firma de la Directiva 029, las denuncias sobre desapariciones pasaron de 73 el 2005 a 122 en 2006 y 245 en 2007. Un informe de una comisión internacional que visitó Colombia el 2008, invitados por organizaciones de derechos humanos, acusa que en los primeros 5 años del gobierno de Uribe (2002-2007), se incrementaron en 67% las ejecuciones extrajudiciales atribuibles directamente a la fuerza pública comparados con el quinquenio anterior.
Alberto Yepes, abogado y coordinador de la Comisión Colombia-Europa-EEUU de DDHH, acusa que "desde el 2002 al 2009 comentamos 3.180 casos de ejecuciones extrajudiciales". Por su parte, la Fiscalía General de la Nación tiene documentados a 2.300 víctimas en su unidad de DDHH y otras 600 en otras secciones.
Pero la respuesta de Uribe a estos informes fue que eran falsas y acusó a los investigadores de derechos humanos de defender el "terrorismo" y de ser "compinches" de la guerrilla. Diana Sánchez, investigadora de la organización de DDHH Minga, comenta que "Uribe transformó el imaginario colectivo, ya que acabar físicamente con el enemigo es una victoria y hay que aplaudirlo".
Yepes asegura que "cada vez que se daba de baja a presuntos o reales delincuentes, había una gigantesca convocatoria a los medios, con rueda de prensa y se presentaban como trofeos de dicha política un número cada vez más abultado de cadáveres, en el marco de discursos entusiastas de los asistentes".
Días antes de entregar el Palacio de Nariño, el gobierno de Uribe dio a conocer que la lucha contra la insurgencia logró que la guerrilla se redujera de más de 25 mil soldados que tenía el 2002 a 8 mil que mantiene las FARC y 1.500 el ELN el 2009.
A juicio de Iván Cepeda, recién electo congresista y del Movimiento de Víctimas de los Crímenes de Estado (Movice), las cifras no cuadran: "Hay más de 200 mil casos de personas puestas fuera de combate, entre éstas 50 mil desmovilizados, unos cuantos detenidos y otros miles muertos. El problema es que los guerrilleros no tenían más de 16 mil miembros cuando Uribe tomó el poder. Los paramilitares tenían 12 mil personas. O sea, han eliminado 3 ó 4 veces los grupos existentes y esos grupos siguen teniendo cuadros".
Faír Leonardo Porras tenía 26 años al momento de desaparecer y trabajaba como ayudante en la construcción. Fue el primero de la larga lista de Soacha y, pese a que tenía problemas sicomotrices y era zurdo, el Ejército lo reportó como guerrillero abatido en combate en Ocaña con un arma empuñada en su mano derecha el 12 de enero del 2008, cuatro días después de haber desaparecido. Le siguieron Elkin Gustavo Verano, de 25 años, y Joaquín Castro, de 27 años, amigos que trabajaban en un taller de autos y se esfumaron el 13 de enero del mismo año para aparecer 8 días después como insurgentes abatidos por la Brigada Móvil XV, con sede en Ocaña, a 600 kilómetros de su lugar de origen.
Los casos se repitieron hasta agosto del 2008 y la Procuraduría definió que el patrón común de las víctimas era que tenían entre 16 y 32 años, habían sido contactadas por civiles con la promesa de un trabajo en fincas en otras regiones, engañados se les pagó el pasaje y luego eran entregadas a militares.
Con el correr de los días, en distintos departamentos de Colombia surgieron denuncias que acusaban la desaparición de personas. Un mimo que vivía en la calle en Huila, que desapareció junto a otros 4 vagabundos; dos muchachos que estaban en tratamiento antidrogas en Suaza; un lustrabotas de Bucaramanga o dos vendedores de dulces del Parque de Berrío de Medellín daban cuenta de que la seguridad democrática estaba cobrando la vida de miles de colombianos.
Desde el 2007 que las Naciones Unidas ya había hecho ver a Uribe su preocupación por la desaparición y muerte de jóvenes pobladores.
Cuando se destapó el escándalo el gobierno recurrió a la tesis de que era una infiltración de los terroristas y del narcotráfico entre los militares. "Hemos controvertido esa tesis, demostrando que estos crímenes tienen similares patrones de comportamiento y se repiten en distintos regimientos de 23 departamentos del país" -sostiene Cepeda.
Ante la evidencia Uribe, en noviembre de 2008, llamó a retiro a 27 militares, entre ellos a 3 generales, 4 coroneles y 7 tenientes coroneles por su implicancia en los hechos o estar al mando de las unidades militares acusadas. De paso se derogó la Directiva 029.
Entre los 2.300 casos llevados por la Fiscalía figuran 59 de menores de edad y 122 de mujeres. Sólo se han dictado 137 condenas contra militares y otros 396 tienen órdenes de captura.
Cepeda considera "difícil hacer una estimación porque pese a la estadística de organizaciones de DD.HH., hay varios casos que quedan en la impunidad al no ser denunciados por las víctimas". Además acusa la impunidad en el 98% de los casos. En la investigación por la muerte de Jaime, el fiscal de Cúcuta recién está reuniendo las pruebas y aún no llama a la primera audiencia.
Cuando la sociedad colombiana aún no se reponía del genocidio de los falsos positivos, se desayunó con el descubrimiento de una fosa en el pueblo de La Macarena, 200 kilómetros al sur de Bogotá, donde se estima hay entre 400 y 2 mil cadáveres enterrados como NN.
Las fosas constituyen el más grande cementerio clandestino del continente y se halla al lado de la base local de las brigadas móviles de la Fuerza de Despliegue Rápido. Se calcula que hay unas 3 mil fosas clandestinas repartidas en todo el territorio colombiano y la Fiscalía mantiene igual número de cuerpos que no ha podido identificar. El MOVICE estima en más de 50.000 las personas desaparecidas por militares o grupos paras en las dos últimas décadas y, según los datos entregados por el gobierno de Uribe, el 70% de las bajas atribuidas a las guerrillas tienen el rótulo de NN y yacen diseminadas por territorio colombiano. Cepeda acusa la impunidad en el 98% de los casos. En el caso de Jaime Castillo, el fiscal de Cúcuta, a cargo del caso, recién está reuniendo las pruebas y aún no llama a la primera audiencia.

Por $90.000 Chilenos
Cuando la esposa del campesino Luis Alberto Vega Patiño fue a preguntarles a los soldados apostados en Labranzagrande (Boyacá) por el paradero de su marido, desaparecido en junio del 2006, los militares le respondieron que "de él no sabemos nada, lo único que sabemos es de un guerrillero dado de baja en combate ayer y al parecer ya se lo llevaron para Yopal. Tranquila, que si él está muerto vale treinta millones de pesos".
Víctor Manuel López Manosalva, uno de los reclutadores de jóvenes y hoy bajo protección de la Fiscalía, confesó haber recibido cien mil pesos por entregar a 2 víctimas al Ejército (30 mil pesos chilenos). Los jóvenes desaparecidos en Bogotá le habrían reportado a sus reclutadores unos 300 mil pesos por cabeza ($90 mil).
Una vecina le contó a Jacqueline que vio a su hermano Jaime el día que desapareció con unos tipos en un carro blanco de vidrios oscuros. El vehículo se repite en los relatos de los desaparecidos en Soacha.
Daniel Rendón, integrante de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) que operaban en el departamento del Meta, confesó en mayo de este año que entregó a decenas de ex paras y civiles, cuyos cuerpos aparecieron como guerrilleros dados de baja. Rendón confesó que conocían a sus víctimas de noche, los invitaban a bares y burdeles, donde los emborrachaban hasta perder la conciencia. Luego los vestían con uniformes, les ponían un fusil y los ultimaban. Así los militares mostraban resultados a sus superiores y el Ejército bajaba la presión sobre las AUC.
El Batallón 21 Vargas, con cuyos integrantes se contactaba Rendón, fue condecorado el 2003 por el Ministerio de Defensa como la mejor unidad del país por sus resultados en operaciones. Cuando los fiscales le pidieron que hiciera una estimación sobre los muertos bajo esta modalidad, Rendón dijo que entre el 2002 y el 2004 fueron más de 100 casos en el Meta.
Las investigaciones de Yepes señalan que "se llegó a pagar 2 mil dólares por cada cadáver de un guerrillero raso y hasta 250 mil dólares por personas que se les atribuía mayor responsabilidad en la insurgencia. Como las recompensas por la muerte de guerrilleros no podían ser entregadas a miembros de la Fuerza Pública, grupos criminales y militares cobraban las recompensas y los militares mostraban mejores resultados en el combate a la insurgencia.
5 de septiembre de 2010
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