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denuncian a uribe por traición


La acusación se basa en el acuerdo de cooperación militar suscrito con Estados Unidos, y que le permitió a la potencia norteamericana tener acceso a bases militares colombianas.
Bogotá, Colombia. Una organización no gubernamental presentó hoy ante una comisión legislativa una denuncia penal en contra del ex Presidente Álvaro Uribe por presunta "traición a la patria" al negociar un acuerdo de cooperación militar de Colombia con Estados Unidos.
La denuncia, la primera desde que Uribe dejó el cargo el 7 de agosto, fue presentada por el Colectivo de Abogados "José Alvear Restrepo".
Según explicó un miembro del Colectivo, Luis Pérez, Uribe le entregó "una serie de prerrogativas al ejército de los Estados Unidos, que podría entrar a Colombia como ’Pedro por su casa’ y tener un control de nuestro territorio".
El Colectivo también presentó la misma denuncia contra los entonces ministros Jaime Bermúdez, del Exterior, Gabriel Silva, de Defensa; y Fabio Valencia Cossio, del Interior; y contra los tres titulares que firmaron el acuerdo de cooperación militar entre Colombia y Estados Unidos en octubre del 2009.
Ese pacto, sin embargo, ya no tiene vigencia porque fue suspendido en agosto último por una alta corte al considerar que debió ser sometido al debate y aprobación del Congreso.
Pérez dijo que independientemente de si el acuerdo- que permitía acceso de militares y civiles estadounidenses a siete bases colombianas- regía o no, el ex presidente Uribe había cometido el delito.
Sin embargo, columnistas y críticos de Uribe, han dicho que una demanda por traición a la patria carecería de sentido porque los jefes de Estado colombianos están constitucionalmente facultados a manejar las relaciones internacionales.
Actualmente todos los 15 miembros de la Comisión son aliados del Presidente Juan Manuel Santos, quien fue del 2006 al 2009 ministro de Defensa de Uribe; por lo que opositores admitieron que es poco probable que la demanda prospere.
Iván Cepeda, congresista en la Cámara por el opositor partido Polo Democrático Alternativo, dijo que "para nadie es un secreto que la Comisión de Acusaciones de la Cámara no es un órgano imparcial".
No obstante, "considero que esta denuncia va a generar un precedente. Si la Comisión de Acusaciones no la tramita de una manera correcta y diligente nosotros enviaremos copia de la denuncia a la Corte Penal Internacional", dijo Cepeda.
4 de septiembre de 2010
2 de septiembre de 2010
©estrella de valparaíso
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césar pérez seguirá preso


Ex congresista César Pérez seguirá en prisión por la masacre de Segovia. La Corte Suprema de Justicia le negó la casa por cárcel. El político dirigió masacre de 43 campesinos acusados de apoyar a la Unión Patriótica después de que el Partido Liberal de Pérez García perdiera las elecciones.

Colombia. Por su presunta responsabilidad en la masacre de Segovia, Antioquia, donde 43 campesinos murieron en 1988, el cacique electoral antioqueño del Partido Liberal César Pérez García continuará encarcelado en La Picota de Bogotá.
La defensa del político alegaba que por su estado de salud era necesario que lo trasladaran a su casa, sin embargo la Sal Penal de la Corte Suprema determinó que el ex parlamentario debe seguir en la cárcel, luego de su captura por el CTI el 22 julio pasado en la Asamblea de Antioquia en Medellín. Su abogado Dagoberto Charry insiste en que su cliente padece de graves afecciones coronarias, y que necesita permanente atención médica en su vivienda.
La masacre de Segovia se produjo en 1988, cuando un grupo paramilitar denominado ‘Muerte a revolucionarios del nordeste antioqueño’ asesinó a 43 campesinos por su supuesta adhesión a la Unión Patriótica, UP, un movimiento político de izquierda que fue blanco de un proceso de exterminio entre los años 80 y 90.
A Pérez García se le investiga por los presuntos delitos de homicidio múltiple agravado, lesiones personales múltiples agravadas, concierto para delinquir y daño en bien ajeno. De acuerdo con los testimonios y los documentos evaluados por la Alta Corte, la masacre hizo parte de las operaciones paramilitares contra los militantes y simpatizantes de la Unión Patriótica (UP) que, para esa época le había ganado las elecciones al Partido Liberal, de donde procede Pérez García, y tenía gran aceptación entre los pobladores de Segovia y municipios vecinos como Remedios.
Al político liberal lo incriminan paramilitares como Alonso de Jesús Baquero Agudelo, alias ‘el negro Vladimir’, quien fue uno de los autores materiales del múltiple asesinato.
4 de septiembre de 2010
1 de septiembre de 2010
©verdad abierta
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el precio que pagó la anuc


Los campesinos de la ANUC pagaron el precio más alto por reclamar las tierras donde trabajaban.
Colombia. Creada por el Decreto 755 de 1967 del gobierno nacional y puesta a andar según la Resolución 61 del 7 de febrero de 1968 del Ministerio de Agricultura, la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos (ANUC) se vio sujeta a un rápido desarrollo que incluyó: la realización de un Primer Congreso de movilización ( Bogotá, junio 1970). la aprobación de una Plataforma Ideológica (Villa del Rosario, 5 de junio de 1971), la expedición de un Mandato Campesino (Fúquene, 22 de agosto de 197 I), el Segundo Congreso de reorientación y confrontación (Sincelejo, julio de 1972), el Tercer Congreso de escisión (Bogotá, agosto de 1974) y el Cuarto Congreso de politización y reflujo (Tómala, febrero de 1977). La ANUC llegó a encarnar el mayor movimiento de masas del presente siglo en el país.
En el caso de Sucre, donde la ANUC tuvo uno de sus principales motores, hubo un antecedente inmediato que ayuda a explicar el rápido surgir del movimiento en esta parte del país. Además del trabajo subterráneo y eficaz de los miembros del Partido Comunista Marxista-Leninista (PCML) en la región de sabanas, ya mencionado, se constituyó un Movimiento Popular de Unidad Liberal (MOPUL) (fundado por el dirigente de Colosó, doctor Apolinar Díaz Callejas, junto con Víctor Urdaneta V. y Benjamín Calle Carrascal) que fue como un puente hacia la ANUC al suavizar el innovador impacto de ésta, especialmente entre elementos del partido conservador como Francisco ‘Pacho’ Barrios, dirigente campesino de Betulia en el corazón de las sabanas y el abogado Santiago Imbett Campos, de San Benito Abad.
Otros campesinos sucreños que se distinguieron en la etapa formativa con el MOPUL fueron Ramiro Jiménez (Ovejas) y Froilán Rivera (San Pedro). El hecho de que Díaz Callejas llegara a ser gobernador de Sucre (1968-1969) y que el presidente Carlos Lleras Restrepo dispusiera hacer de este departamento como una vitrina de la ANUC (con dramática presentación personal que hizo en el coliseo de Sincelejo, y al apoyar la destitución de alcaldes que "no le marcharan" al plan) puso elementos de poder en manos de las clases trabajadoras locales, por primera vez en mucho tiempo.
No es sorprendente, por lo mismo, que Sucre hubiera desempeñado un papel de vanguardia en el movimiento campesino colombiano contemporáneo, y que en los momentos de decisión sus masas hubieran corrido hacia la radicalización. No por nada se identificó el militante sector que allí se formalizó como "línea Sincelejo", en contraste con la entreguista "línea Armenia", oficial". Tomado del libro ‘Historia doble de la Costa’ de Orlando Fals Borda. Del capítulo 8. El Destello de la Anuc, Tomo IV, Retorno a la Tierra.

Hablan los Líderes
Entrevista con Alejo Suárez, uno de los más antiguos dirigentes de la Asociación de Usuarios Campesinos:
Lleras creó el movimiento campesino, y este creció muy rápido. Era un movimiento solidario, la ética colectiva venía en la sangre. Eso produjo mucho miedo entre los terratenientes, fue tanto el miedo que abandonaron las fiestas de toros. Los campesinos  dejaron de recogerles votos en las veredas donde tenían sus feudos electorales, y dejaron de venderles las hijas.
No era un movimiento de izquierda, era campesino de resistencia comunitaria, de reacción y recuperación de tierras y la tierra para el que la trabaja. La izquierda colombiana  fue enemiga de la organización campesina. La veían como el colchón funcional a la burguesía. Donde la organización campesina fue fuerte, la guerrilla no pegó. De ahí luego la actitud criminal de la guerrilla contra el campesino.
Los campesinos recuperamos 122.400 hectáreas de tierra desde los 70 hasta mediados de los 80. Se construyeron 320 empresas asociativas comunitarias que obligo al gobierno a sacar el decreto 2073 de 1973.  El movimiento campesino se opuso a ese decreto porque los terrenos quedaban en prenda al Banco Ganadero y la Caja Agraria, o sean no eran de las asociaciones sino de los bancos. Fuimos ineficaces en montar un modelo de desarrollo económico alternativo desde lo popular. El movimiento campesino perdió vigor e iniciativa. Se embarcaron en peleas políticas.
Las élites de la Costa aprovecharon para eliminar a varios dirigentes campesinos.  Asesinaron a Jairo, líder campesino de Ovejas. Cuando el Estatuto de Seguridad (1978) hubo una lista hecha por el Ejército para detener a 75 líderes campesinos encabezados por mí, acusados de ser del M-19.  Se llevaron a 18 líderes y fueron torturados. A Iván Salgado, el más inteligente, lo torturaron tanto que lo dejaron aniquilado.  A Marley Vives, le pusieron choques eléctricos, a José Ángel Bohórquez (hoy líder de desplazados) lo torturaron también.
Hubo 500 campesinos detenidos. A Froilán Rivera y a Pepe (Miguel) Gamboa les montaron el secuestro y asesinato de Gloria Lara. No eran ellos, pues tenían una postura rabiosa en contra de las armas. Después el asesinato de Ovidio Asia, la desaparición de Honorio Cuello, y otras muertes.
En los 80 siguieron las muertes selectivas de los dirigentes campesinos.
Entrevista con Ramiro Chamorro, campesino y presidente de Anuc 86-91:
Vivo en Corozal, Sucre desde hace 30 años. Los campesinos se metieron en las tierras.  En 1971 hubo cien tomas, en el 72 mataron a Ansermo Mendoza, primer campesino asesinado y en el 74 a Segundo Salazar, dos muertos en toda la lucha.
En 1976, en el congreso campesino, unos se fueron hacia el gobierno y otros a la izquierda, se rompió la organización. Se crearon los sectores 21 de febrero, la ORP, los minoritarios, los independientes. En 88-89 los minoritarios se unieron en Anuc: unidad y reestructuración y línea Sincelejo. En 1987 nacieron las bandas de ‘pájaros’ que empezaron a perseguir dirigentes campesinos.
Después del 93-94 entró las Farc muy agresiva. Me tocó decirles que iban a traer muchas muertes. No dejaron a los campesinos actuar, mataron activistas campesinos. Yo me enfrenté con la guerrilla. La guerrilla mató a tres campesinos en Naranjal, no dejaban votar. Los grandes terratenientes nos pedían a la Anuc que negociáramos tierras. Y hubo gente que les negoció.
Yo me afilié a la CRS después de que esta se desmovilizara y aspiré al concejo de Sincelejo por circunscripción especial. Después del 95, el ejército dijo que no permitirían reuniones de la Anuc, ni acciones comunitarias, que eran embriones de guerrillas. Yo soy muy frentero y les dije que no estaba de acuerdo.
Como en el 2000 vinieron personas de civil a decir que dónde estaba yo. Me pusieron un sufragio. Mataron a los 24 de la Anuc que les habían llevado sufragios, nos venían como guerrilla. Años después, en 2006, el mismo 7 de agosto, me pusieron preso, acusado de ser guerrillero de las Farc. Yo le había hecho campaña por el Polo. No lo demostraron y salí libre. Fueron 4.000 los detenidos en los Montes de María, había un detenido en cada hogar.

Entrevista con Dagoberto Villadiego, Actual Líder de la Anuc:  
Esta organización nació de los campesinos, la mayoría analfabeta. Logró interpretarlos. Tocábamos la flauta y ellos salían. Habíamos ganado la batalla de recuperar 120 mil hectáreas por invasiones directas y el gobierno tuvo que comprarlas.  La clase terrateniente de Sucre y de Córdoba vieron a la organización como enemiga y nos achacaron ser guerrilleros y subversivos y trajeron a los ‘paras’. Las Farc sí tuvo incidencia en la organización, pero en las bases no en la dirigencia, y si venían los guerrilleros les daban yuca, pero la guerrilla no se los ganó porque sólo hizo trabajo militar. "Yo me enfrente a las Farc varias veces porque yo veía que no estaba bien utilizar al campesino en su lucha".
Mataron a las cabezas de la Anuc. Yo tuve que esconderme, yo era de la UP. Cuando mataron a Guillermo Montero en 1997, hicimos una reunión a escondidas y sacamos de la región a la esposa de Guillermo, Nancy que era líder de mujeres campesinas. Diseñamos nuestra propia estrategia. No salir de noche, de día sólo donde había gente. Nos propusimos convencer a las autoridades de que nosotros no éramos guerrilleros, con todos alcaldes, gobernadores, desde 1995. Era un peligro hacer reuniones. La Ley nos detenía. Se veían dos o tres camiones diarios de gente detenida en Colosó, Ovejas, Sincelejo, la mayoría asociados nuestros.
Se sentía dentro de la gente ese desespero. No se oía nada, nadie decía nada.  Yo pensaba ¿me escondo? Pero seguí orientando a la gente por medio de otros. Tenía una parcela para sostenerme y a veces me quedaba allá,  a veces en Sincelejo. Una noche me fueron a buscar. Y eso que yo no fui de los más perseguidos. Teníamos como 10 mil afiliados en Sucre. En 99-2003, ya quedaban como unos 2 mil en núcleos. Nos pusieron una bomba en la oficina y nos destruyeron todo, no tenemos archivo.
Las masacres buscaban debilitarnos las bases. Después todo el mundo se fue. Eso quedo solo. La principal que nos afectó fue la Pichilín, en Colosó en diciembre de 1996. El 80 por ciento de la gente estaba en la Anuc. Fue la que más nos golpeó. Eran pequeños y medianos propietarios y eso se hizo para destruir a la organización.
Ahora voy con la Anuc por todos los municipios, hay mesas campesinas. Es lo que más verraquera me da que la gente ya está volviendo a organizarse y vamos pa’ lante.
Estos son algunos de los dirigentes de la Asociación de Usuarios Campesinos que fueron victimizados:

Matías Funes:  dirigente campesino que participó en las tomas de tierras de los setenta con la Anuc, fue atacado en su casa el 19 de mayo de 1992.

Moisés Narváez Gómez:  era tesorero de la Anuc en Sincelejo. Lo amenazaron de muerte y a los 20 días lo mataron. Así lo registró  El Tiempo del 7 de julio de 1992:  "La violencia en el norte del país no da tregua. Ayer fue acribillado en Sincelejo un funcionario de la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos (ANUC). La Policía dijo que el fiscal de la ANUC, Moisés Narváez Gómez, de 52 años, fue muerto por dos hombres al mediodía del domingo en la calle Nariño, centro de Sincelejo". Averiguaciones que hicieron después apuntaron a que miembros de los organismos de seguridad pudieron estar involucrados.

Francisco ‘Pacho’ Barrios: era originario de Betulia, y líder campesino de la línea más conservadora,  que llegó a ser fiscal nacional de la Anuc. Aunque la prensa no registró su muerte, sus compañeros aseguran que fue envenenado a comienzos de los años 90.  

Ramiro Jiménez: había sido líder de una de las pujas por tierras más larga y luchada, en de la enorme finca  ‘Mula’ en el municipio de Palmitos, que duró 17 años hasta que consiguieron que les titularan tierras. Tenía una parcela en Santa Rita, hacia tiempo que ya no era dirigente campesino, y le fueron a robar el ganado y él denunció a la Policía a los tipos que reconoció, algunos eran de la Armada y otros de los Meza. Un hacendado le mandó decir que mejor no prosiguiera con su denuncia, pero él no reparó en la advertencia. Meses después, el 27 de septiembre de 1993 mataron a Jiménez.
 
Rodrigo Montes:  cartagenero dirigente de la Anuc y concejal de Ovejas. El 21 de noviembre de 1994 lo asesinaron en un billar en Ovejas. Gente del pueblo linchó al asesino y le encontró entre los bolsillos teléfonos de personal de la Armada y de miembros de una banda, según un testigo que no pudo denunciarlo en su momento pues fue amenazado. Otro testigo dijo que enterraron al asesino, y a los pocos días vinieron siete vehículos de la Armada a llevárselo.

Cinco años después el Juzgado Penal del Circuito Especializado de Sincelejo condenó a Orlando, Manuel Antonio, Adalberto, Ferney, Aroldo Segundo Meza de la Rosa y a Alejandro o Joaquín Meza Meza, integrantes de la llamada banda de Los Meza por este homicidio.  

Antonio Ferradanis:  fue presidente de la Anuc  y consejero del Centro Integral del Sector Agropecuario (CAISA) del SENA, en San Juan Nepomuceno. Después de haber recibido amenazas, lo mataron  en el barrio Guarumal de San Juan el 6 de mayo de 1996. La policía capturó al asesino, pero según la confesión realizada en 1997a la justicia  de Edwin Zambrano, integrante de los primeros paramilitares de esa región, la policía le cambió el arma para que cuando lo fueran a investigar no hubiera prueba.

Guillermo Montero: apreciado presidente de la Anuc de Sucre. Lo calumniaron y cayó preso en 1994. Un dirigente agrario cuenta que un tipo de apellido Romero intentó matar al Guillermo Montero. Los mismos campesinos, que lo agarraron, le encontraron un cheque de la banda ‘Los Macarenos’ de Betulia y se lo llevaron a la autoridad,  Pero ésta lo liberó a los pocos días. Dos o tres años después, el 10 de junio de 1997, el mismo Romero mató a Montero en pleno centro de Sincelejo y sus dos escoltas de apellidos Camargo y Muñoz fueron desaparecidos. Empezaron los asesinatos selectivos.

Francisco Chamorro:  dirigente de Anuc  y ex concejal en Ovejas y líder campesino departamental. Fue abaleado por paramilitares en una incursión que hicieron entre el 26 y 27 de febrero de 1997 en varios corregimientos de Ovejas, en la que mataron a otras seis  personas.
4 de septiembre de 2010
2 de septiembre de 2010
©verdad abierta
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tragedia de montes de maría


¿Cómo se fraguó la tragedia de los Montes de María? La violencia que dejó 56 masacres, cientos de miles de desplazados, ruina económica y una gran tristeza entre los cultos y luchadores campesinos de esta región entre Sucre y Bolívar tiene raíces más hondas que la defensa contra la barbarie guerrillera.
Colombia. ¿Cómo fue que ocurrió este horror en los Montes de María? Medio centenar de masacres, casi cuatro mil asesinatos políticos, doscientos mil desplazados, campos desolados, tugurios en las ciudades. ¿Por qué tanta impunidad, si eso no era selva, y había fuerza pública y fiscales,   jueces y gobierno, iglesias y organizaciones civiles?  ¿Cómo podían matar a su gusto y luego salir por las carreteras sin que nadie los detuviera, estando a un par de horas de Cartagena, la capital del turismo colombiano? ¿Por qué nadie protegió a esos campesinos corajudos que llevaban más de dos décadas luchando por su tierra? ¿Cómo no fueron escuchados estos pobladores de cultura ancestral ricos de palabras y de música de gaitas y de tambores? ¿Cómo fue que quienes se proclamaron sus "salvadores" los arruinaron y solo les dejaron una tristeza honda en sus corazones?
El paramilitarismo nació en 1997 en una reunión en la finca Las Canarias de la zona rural de Sincelejo que pertenecía al ex gobernador Miguel Nule Amín.  Esto dice la versión oficial, si es que se le puede llamar así al inicio formal de una guerra clandestina. Se hizo para sellar una alianza contra-guerrillera entre un centenar de finqueros y políticos con algunos jefes paramilitares que vinieron del vecino departamento de Córdoba. Eso atestiguaron ante la justicia varios asistentes.
Sin embargo, cuando se mira más de cerca desde dos décadas atrás, el conflicto en los Montes de María ya venía subiendo de tono una guerra sorda y sucia, mucho antes de que los jefes de las autodefensas de la vecina Córdoba, Mancuso y Castaño, hubieran siquiera pisado estas tierras.
"La primera finca con ‘paras’ fue en corregimiento de Carboneros, municipio de Chinú (Córdoba) por allá al comienzo de los ochenta", recuerda Jesús Pérez, líder del movimiento agrario de Palmitos de 75 años y conocedor reputado de la historia local. Y luego explica que en la vereda  Bajo de la Alegría en San Pedro y en La Mojana, al sur de Sucre, aparecieron también hombres armados.
Los organizaron hacendados y políticos, que eran los mismos, pues desde tiempos de la colonia, un puñado de familias eran las dueñas de esas tierras.  Por siglos, los García, los Guerra, los De la Ossa, los Badel, los Martelo, entre otros, habían mandado en casi todo en estos montes verdes de ceibas milenarias. Al despuntar los setenta, sin embargo,  la reforma agraria de Lleras Restrepo anunció que iba a titularles tierras a arrendatarios que por años habían labrado las fincas de sus patrones. Los hacendados reaccionaron asustados y sacaron a miles de campesinos arrendatarios de sus fincas.  Viéndose atacados, los otrora fieles siervos se organizaron con apoyo oficial en la Asociación de Usuarios Campesinos, más conocida por su sigla Anuc. Y, al son del acordeón y con el canto de  "la tierra es pa’l que la trabaja", volvieron a las fincas donde habían vivido por generaciones y las ocuparon exigiendo pacíficamente que se las titularan. Invadieron más de 400 haciendas, según los cálculos que en 1976 hizo el investigador Alejandro Reyes.
"En esa larga lucha de ocupaciones de tierras no hubo diez muertos", dice Alejo Suárez, otro dirigente histórico de la Anuc cercano a los 80 años, que vive una suerte de exilio en la fría Bogotá.
Así, entre los años 70 y hasta entrados los 80, los campesinos consiguieron que el Incora,  les titulara 546 fincas en parcelaciones colectivas y empresas comunitarias, que sumaban unas 120 mil hectáreas, de acuerdo con las cuentas que lleva  Jesús Pérez.  
Alarmados por el cambio súbito de un orden que por siglos había permanecido inmóvil, algunos dueños de fincas comenzaron armar a sus peones para golpear a todo aquel que amenazara su feudal modo de vida. Esa fue una semilla de venganza, que quince años después cobró miles de vidas.

Los ‘Paras’ Originarios
Así, hacia fines de la década de los 80, brotaron simultáneamente como hongos, unos pequeños grupúsculos de matones armados en distintos puntos de la quebrada geografía montemariana y en las regiones aledañas de Sucre, en el Golfo, las Sabanas y la Mojana. En la zona urbana de El Carmen de Bolívar estaba La Mano Negra. En Sincelejo, había una banda llamada La Cascona, que incluso figuraba en la lista de paramilitares que reveló en octubre de 1987el entonces ministro de Gobierno César Gaviria ante el Congreso.  En esa misma lista, aparecía la banda ‘Muerte a Secuestradores y Comunistas’ en el departamento de Bolívar. Y estaban Los RR en San Juan Nepomuceno, Los Benítez en San Pedro y los Encapuchados de Colosó.
En San Juan de Betulia  estaban Los Macarenos. Un día, hartos de las persecuciones, unos 300 campesinos se juntaron y se los entregaron a la policía. No duraron presos por mucho tiempo.  
"La lógica inicial era que la Policía y la Armada permitió que varios cuatreros comunes siguieran delinquiendo con la condición de que les colaboraran en los asesinatos contra dirigentes sociales", dijo a VerdadAbierta un dirigente de la región. Era la mentalidad de la guerra fría que confundía guerrilla con dirigencia social, y cualquier intento de cambio se interpretaba como subversión.
Y un comerciante acomodado de El Carmen describió a VerdadAbierta el caso de su pueblo: "En el Carmen hacia el 87 u 88 se formó un paramilitarismo local. Gente que había estado presa, la fuerza pública los utilizaba, les decían donde había guerrillas y aparecían los muertos. En la calle 25 a cualquier hora del día había dos o tres muertos, le decían ‘la calle del crimen’".  
 En Macayepo (zona rural de El Carmen de Bolívar) había una banda de ladrones y asaltantes de buses, conocida como Los Rodríguez.  "El pueblo se armó con 28 escopetas para sacarlos, pero el comandante de la Armada insistía en los consejos de seguridad que Los Rodríguez eran gente decente", cuenta un líder político de la región. Tiempo después, Los Rodríguez  se metieron al pueblo y asesinaron al hombre que había liderado su expulsión de Macayepo.
Rodrigo Mercado Peluffo, alias ‘Cadena’, quién después se convirtió en el más sanguinario jefe de las Autodefensas Unidas de Colombia, hizo parte de la banda de Los Rodríguez, luego de que la guerrilla le matara a un familiar cercano. En esto coinciden las diferentes versiones recogidas en la región. ‘Cadena’, quien hoy se presume muerto, se fue luego de Macayepo y una familia Sierra que tenía una fama lo contrató de carnicero en Sincelejo.  A la vez, "por su conocimiento en el área, siguió siendo guía de operaciones militares de la Infantería de Marina", según dijo en entrevista desde la cárcel a VerdadAbierta.com, el ex jefe del bloque paramilitar en los Montes de María,  Eduardo Cobo Téllez, alias ‘Diego Vecino’.
De ahí fue contratado como escolta de Javier Piedrahita, quien había comprado una hacienda llamada Simba, en la vía que de Sincelejo conduce a San Antonio de Palmito. Según las denuncias que hizo el entonces senador Gustavo Petro,  Piedrahita, cuyo nombre también sale a relucir en investigaciones sobre el paramilitarismo originario de Antioquia, era un caballista cercano a los narcotraficantes Ochoa Vásquez. Víctimas y desmovilizados del paramilitarismo han dicho a la justicia que él tenía un grupo armado por Coveñas, el municipio costero vecino a San Antonio de Palmito y que fue él quien actuó de enlace entre las Autodefensas Unidas de Córdoba y Urabá de los Castaño y los finqueros de Sucre para traer el paramilitarismo a los Montes de María. Fue este caballista quién le presentó a  Carlos Castaño a  ‘Diego Vecino’ en Urabá en 1996, según dijo éste en la citada entrevista.
Dijo ‘Vecino’ que ‘Cadena’ se fue a trabajar con Piedrahita desde 1994, a su Convivir. En realidad, según consta en los registros de la Superintendencia de Seguridad, este caballista antioqueño no registró oficialmente su Convivir sino hasta marzo de 1996, con el sugestivo nombre de "Nuevo Amanecer". Pero quizás ‘Cadena’ ya  venía siendo parte del grupito armado que venía operando desde antes de ponerle la fachada legal de Convivir. ‘Vecino’ cuenta que a Cadena lo mandaron a hacer "el curso de comandante de frente, en las escuelas de formación de comandantes que tenía Carlos Castaño en Urabá". Apenas estuvo listo, el ex carnicero de Macayepo se volvió desde 1997, el señor del  terror de los Montes de María.
La Convivir de Piedrahita no fue la única relacionada con violaciones a los derechos humanos. En marzo 11 de 1996, el gobierno nacional le autorizó a Álvaro Botero Maya, de una familia con haciendas en Magangué recibir armas de dotación militar.  Creó la Convivir  ‘Esperanza Futura’ en sociedad con Héctor Julio Alfonso Pastrana, el marido de Enilce López, conocida como ‘La Gata’,  que también tenía grandes intereses en la región. Desde antes de la creación de esta Convivir, ya había denuncias de la población civil de abusos por partes de hombres que aparentemente trabajaban para los Botero Maya. Es de notar que Botero y su socio, que tenían sus propiedades muy lejos de Palmito y Coveñas, donde Piedrahita tenía las suyas,   crearon la Convivir en la misma fecha exacta  del Nuevo Amanecer. Este detalle hace pensar que la estrategia de arropar de legalidad a los grupos paramilitares que ya venían dejando víctimas fue tal vez, orquestada más arriba.
Piedrahita fue capturado en mayo de 1999 por orden de la Unidad Nacional de Derechos Humanos de la Fiscalía, investigado por homicidio y conformación de grupos de justicia privada.  
A fines de los 80 surgió otro grupo paramilitar llamado Los Meza, que se movía de Chalán a Ovejas y hasta San Pedro en el centro de Sucre. La gente los asociaba con los políticos de la región, en particular con Álvaro García Romero, y se les atribuyeron varios desaparecidos. Varios miembros de Los Meza, hermanos y primos, fueron capturados años después como autores del asesinato del dirigente de la Anuc Rodrigo Montes.
Desde 1989 hasta 1994, grupos similares de ‘paras’, usados como brazo clandestino de para perseguir a incómodos líderes sociales, mataron por lo menos a doce  dirigentes agrarios de la región, según los registros de la época. Otros muchos sobrevivieron porque se exiliaron en otras regiones o en el exterior. También mataron políticos cívicos y de izquierda (en especial de la UP) y maestros sindicalizados.

Fortunas Sospechosas
No se puede contar el origen del paramilitarismo en los Montes de María sin tener en cuenta, que desde los años ochenta llegaron a  la región a comprar grandes fincas varios personajes con  fortunas misteriosas, la mayoría vinculados al narcotráfico o con negocios asociados a éste. Vinieron con hombres armados, pues estaban acostumbrados a lidiar con un negocio que se regula a bala. Según lo documentó Reyes, los municipios de Sucre donde se registraron las mayores compras de tierra por narcotraficantes en esos años fueron los del litoral, como Tolú, Toluviejo y San Onofre, que les abrió un buen corredor de salida de la droga por el Golfo de Morrosquillo. También compraron tierras en San Benito Abad, al sur del departamento.
En la región del Golfo se recuerda a ‘Los Carranceros’. Llegaron por los noventa, después de que el empresario esmeraldero, Víctor Carranza, comprara tierras en el Caribe. Es difícil saber si esta banda era de Carranza,  pues éste empresario que fue juzgado por la conformación de grupos paramilitares y fue hallado inocente.  Además en una entrevista  a la prensa Carranza, negó que "Los Carranceros" que también se hicieron famosos en los Llanos, tengan que ver con él. No obstante, varios testimonios de habitantes de Libertad y de Rincón del Mar, pueblos del municipio de San Onofre, dijeron que se daba por entendido de que Carranza estaba detrás del grupo que usaba su apellido y, que Los Carranceros  cuidaban los corredores de salida de la cocaína del Golfo de Morrosquillo, desde San Onofre y María la Baja  y les cobraban a los nacotraficantes por los servicios de protección.
En los registros de la Superintendencia de Seguridad, figura como peticionario de licencia de la Convivir Caser, Samuel Segundo Mayoriano de San Marcos. La Convivir tuvo permiso de operar en los municipios de Arjona, Turbaco, en Atlántico y Santa Catalina  en Bolívar. El mismo Mayoriano figura luego como administrador de la hacienda El Ceibal y de otra llamada La Cristalina, sobre la Cordialidad en Santa Catalina, Bolívar.  Se dice en la región que el zar esmeraldero y su viejo socio de negocios Juan Beetar son los patrones de esta hacienda El Ceibal.
Una de las empresas socias de  esta Convivir Caser, que fue creada un mes después que las de los Botero y la de Piedrahita, en abril de 1996, tiene como representante legal a Edgar Montaño Rodelo. Según  las versiones libres de alias ‘Juancho Dique’, desmovilizado de los paramilitares,   y de alias ‘Geño’, quien fue de las milicias urbanas de Cartagena de los ‘paras’,  Montaño Rodelo era el jefe del grupo paramilitar en Cartagena antes de que se organizara, en 2002, el frente Canal del Dique.
Es decir que hay datos para sospechar que Carranza pudo haber tenido su Convivir y pudo haber estado asociado a grupos ilegales en la vecina Cartagena.
Varios dirigentes de La Libertad y de Rincón del Mar, pueblos de San Onofre, recuerdan bien a ‘Los Carranceros’. Uno de ellos, Fabián, no los olvida: al primero que mataron fue a su hermano Jesús María. "Eran como 30. Allá  guerrilla no había, así que mataban al que querían. Hacían limpieza social. Eran muy crueles."
Una mujer de la región recuerda que se instalaron en una hacienda entre Pajonales y Libertad,  e hicieron campañas de aseo, le ponían multas a la gente, les quitaban el ganado. Eran comandados por alias ‘Danilo’,  un antioqueño que vivía en Cartagena.
Fueron masacrados en un golpe que cobró oficialmente la fuerza pública. Hoy los desmovilizados han revelado lo que la gente de la región ya sabía: que cuando llegaron Castaño y Mancuso a imponer su versión unificada de los paramilitares, hacia mediados de los noventa, obligaron a todos los grupos pre-existentes a que se les plegaran. ‘Los Carranceros’ no obedecieron las órdenes de los nuevos señores de la guerra, y éstos ordenaron su exterminio.  Luego dejaron que la autoridad cobrara el éxito.
En la zona aledaña a la ribera del Magdalena, llegaron después grandes narcotraficantes a comprar fincas y desarrollar empresas. Fue el caso de Luis Enrique Ramírez Murillo, alias ‘Miki’ Ramírez, quien hacia 1994 compró la bellísima hacienda El Hacha en Zambrano, Bolívar. Informes de la Procuraduría que datan de mediados de los noventa dan cuenta de las múltiples matanzas que cometió un grupo llamado Los Valdés en Bajogrande, corregimiento de San Jacinto, que dejó decenas de niños campesinos huérfanos, quienes no entendían mucho qué les había pasado, excepto que el responsable de su tragedia era un señor llamado Miki Ramírez. Según dijo Salvatore Mancuso, jefe de las Auc, a la justicia, este grupo fue el que cometió una de las primeras grandes masacres de Sucre, la de Pichilín (Morroa), el 4 de diciembre de 1996.
Ramírez, que años después fue condenado por concierto para delinquir, estaba detrás de la Convivir Montesmar, creada en noviembre de 1995 con Gabriel Enrique Zapata y Jorge Hernán López Sandoval como responsables. Zapata era jefe de seguridad de la empresa de Ramírez, Frutas Tropicales de Colombia S.A., cuya sede también era en Zambrano. Ésta empresa ya tenía autorizado un esquema de seguridad, cuando el superintendente de Vigilancia de la época, Herman Arias, lo autorizó para que creara además esta cooperativa rural que le dio acceso a armas de guerra, supuestamente para uso defensivo.
También, antes de que llegaran ‘los paras’  de Mancuso a El Guamo, otro municipio ribereño, ya había comprado fincas allí  ‘Chepe Barrera’,  Según un informe del Observatorio del Programa Presidencial de Derechos Humanos de 2003, "el narcotraficante ‘Chepe’ Barrera compra tierras  (en El Guamo) y establece un grupo de autodefensa, que ampara la extensión de su dominio territorial establecido en el departamento del Magdalena".
Un empresario antioqueño de apellido Pineda quien adquirió tierras en el mismo El Guamo,  había traído su grupo de seguridad privada, según  dijo el ex jefe paramilitar ‘Diego  Vecino’ a VerdadAbierta.com. En su finca tenía pista de aterrizaje y sus dueños avionetas privadas.
Una historia similar, al parecer, fue la de la familia  Méndez que compró tierras en  Córdoba-Tetón, Bolívar. Ese grupo que debió ser de seguridad privada del próspero empresario de ese apellido, se conoció luego como  la banda de Los Méndez que dejó víctimas en Carmen de Bolívar y hacia el oriente, en Zambrano. Algunos le atribuyen también a Los Méndez la masacre de El Salado.

Recambio de Guerrillas
A la par con esos ‘paras’ originarios, crecieron las guerrillas que ya estaban afianzadas en otras partes del país. "La primera manifestación guerrillera fue de MIR-Patria Libre –cuenta Alejo Suárez –un grupo que no pasó de los cien tipos". Estos guerrilleros asaltaron la Caja Agraria en Galera, como a comienzos de los 80. Luego intentaron tomarse San Pedro y hubo un muerto y dos heridos. Después ensayaron asaltar a  Palmitos y fracasaron. Mataron a un hacendado, a Reginaldo de la Ossa. Patria Libre terminó siendo Unión Camilista-Eln y luego se desmovilizó como CRS en Flor del Monte, corregimiento de Ovejas, en 1994.
El 7 de noviembre de 1985, los primeros cinco guerrilleros de las Farc que llegaron  a Sucre, celebraron la muerte de los guerrilleros del M-19 en el Palacio de Justicia. Sectaria, desde que empezó su carrera de muerte en esos montes sucreños y bolivarenses, esta guerrilla no fue amiga de la organización campesina Anuc. La miraba con desdén porque había negociado con el gobierno la titulación de sus tierras.
"Me enfrenté con ellos, les dije que iban a traer muchas muertes", cuenta un dirigente campesino de la época. "Ellos coparon las bases de la Anuc, las  juntas comunales. Mataron activistas agrarios que los resistían. Decían que luchaban por la tierra de los campesinos, pero no conocí el primer predio que les hubiera conseguido la guerrilla".
Las guerrillas aprovecharon la frustración del movimiento campesino, que no había conseguido que la reforma agraria continuara. Las pujas ideológicas internas los dividieron  y varios de sus líderes fueron perseguidos  y asesinados. Estas les hicieron la vida difícil a los campesinos, según cuenta don Joaquín Maza de Mampuján. "Uno iba a las zonas de cultivos y aparecían dos o tres tipos armados y preguntaban que si uno había visto al ejército; y luego venían a la casa los del ejército a preguntar por los guerrilleros. A uno lo ponían en una situación de inseguridad. Muchos prefirieron irse".
El profesor de colegio Honey Oviedo de la zona rural de El Carmen de Bolívar recuerda que creció oyendo hablar de guerrillas por la televisión, pero en su tierra no las había visto. Un domingo de 1987, escuchó detonaciones en el cerro de Mica Prieta, helicópteros que sobrevolaban y combates que duraron más de dos horas. Ya por la tarde su mamá lo mandó en burro a comprar arroz a una tienda cercana. Tendría como 11 años. Llegó y vio por primera vez a hombres armados, y, para su sorpresa,  también a mujeres. "El mundo se me quiso acabar—dice el profesor – El corazón que se me quería salir. No dije nada convencido de que me iban a matar. ‘No se asuste’, me dijeron somos del Epl y luego se pusieron a contar anécdotas de sus combates".
Empezaron a extorsionar pero sobre todo a los grandes finqueros, cuenta Oviedo. A veces mataban una res de una finca, la repartían entre los campesinos. "Hablaban muy excelente", dice. Pero pronto empezó la violencia. Extorsionaron y secuestraron  a Alfonso Torres, el más grande ganadero de su corregimiento. Él pagó vacunas, rescate y al final se fue y le entregó las tierras al Incora.
Muchos ganaderos encontraron que esa era la mejor solución ante el acoso guerrillero. Tenían buenos contactos en el Incora y algunos hicieron negocio vendiéndole caro al Estado tierras que nada valían por la inseguridad.
El padre del maestro Oviedo, don Francisco, recuerda que a comienzos de los noventa, después de que el EPL y el PRT habían firmado la paz con el gobierno de Barco, un día las Farc lo citaron a él y a sus vecinos en una escuela. "Nos dijeron que ellos iban a mandar para que el campesino tuviera respaldo frente al gobierno. Yo les dije: "Les agradezco lo que han hecho pero es mejor que nos vayan dejando solos. Meterse con ustedes es para problemas".
La primera masacre en los Montes de María, según lo ha documentado el investigador José Francisco Restrepo de la Corporación Universitaria del Caribe (Cecar) en Sincelejo, fue en  septiembre de 1992, en El Cielo, un pueblito de Chalán. Hombres armados que aún hoy no se sabe si fueron guerrilleros o paramilitares, entraron a la casa de una familia Yepes Parra y mataron a ocho personas.
En 1994 se salieron de la guerra los de la Corriente de Renovación Socialista (CRS) una facción del Eln, por una negociación de paz con el gobierno de Gaviria. "Eran unos 120 hombres y mujeres mal armados", dijo un testigo del momento. Y  las Farc, que ya venía copando los espacios que habían dejado en la zona las otras guerrillas desmovilizadas, se metió a  Sucre con fuerza. Trajo hombres del Magdalena Medio y también los bajó del Urabá,  presionada por la ofensiva de los hermanos Castaño y del ejército en Córdoba. En El Carmen de Bolívar, por ejemplo, alias ‘Milton’ de las Farc llegó en 1992. Un par de años después la fuerza pública se fue del lugar.  "Ellos eran la autoridad, daban los permisos hasta para matar una res", dijo Senén Arias, un comerciante de aguacate de esa ciudad.
La guerrilla, básicamente los frentes 35 y 37 de las Farc, el Eln y el Erp,  se concentró en algunas zonas de los Montes de María, donde había mayor riqueza o donde pudieran controlar un corredor estratégico de salida al mar.  En Bolívar, coparon la serranía de San Jacinto, en El Carmen y su zona rural hasta María la Baja;  se extendieron al oriente hacía el río Magdalena, en  Zambrano, El Guamo y Córdoba-Tetón, y en los municipios en la vía hacia Cartagena, como San Juan Nepomuceno y San Jacinto. También boletearon a todo el que pudieron en Ovejas, La Unión, Corozal,  Colosó e incluso, hacia el sur en San Benito Abad, en Sucre. Los primeros secuestrados de las Farc datan de 1989 y después comenzaron a asesinar a los que no pagaban.
El 27 de junio de 1995 las Farc mataron al ex gobernador de Sucre, Nelson Martelo, un hombre muy querido por todos, ganaderos y  dirigentes campesinos, por su mentalidad progresista y abierta. "Era un gran tipo", dijo un líder agrario. Ese fue un punto de quiebre, dice el profesor Restrepo, allí  arrancó otra etapa.
En esos años de mediados de los noventa el conflicto estalló en los Montes de María. Las Farc generalizó el secuestro. En 1996, Sucre, con 36 secuestros extorsivos,  estuvo entre los diez departamento más golpeado por este delito en el país. Las quemas y bombas en las fincas eran cosa diaria. La Federación de Ganaderos calcula pérdidas multimillonarias. También quemaban tractomulas y peajes en la  carretera troncal de occidente.
El ex jefe paramilitar ‘Diego Vecino’ recuerda que el 24 de agosto de 1995, dormía en la finca ‘Las Melenas’ que administraba, cuando fue asaltada por ‘Alfonso Arango’, comandante del frente 37 de las Farc."Fui sacado de las casa, todo lo incineraron, lo bombardearon, un ganado que estaba en los corrales fue masacrado", dijo ‘Vecino’ a VerdadAbierta.
La espiral de violencia de paras y guerrillas fue en ascenso. No fue, como han querido hacerlo ver algunos de los ex jefes paramilitares para justificar la barbarie que desataron, que la ofensiva paramilitar llegó como reacción la andanada guerrillera.  Los  primeros paramilitares fueron asesinando, al tiempo que los primeros guerrilleros fueron secuestrando y matando selectivamente a ganaderos e incendiando sus fincas. Era una guerra de baja intensidad, que desde el principio se peleó más contra los civiles que entre los armados.  Y a medida que los paramilitares traían refuerzos y crecían, los guerrilleros hacían lo mismo.
En todos esos años la fuerza pública combatió como pudo, y sin demasiado éxito,  a la guerrilla, pero no a los paramilitares, a los que más bien protegió. Algunos oficiales de Armada, Ejército y Policía y los ‘paras’ tenían la puntería distorsionada por la ideología de la guerra fría y en lugar de los jefes guerrilleros, sus "objetivos militares" eran líderes sociales y políticos.
Recuerda un empresario de El Carmen: "No se podía hablar de nada. Era un tuti-fruti entre guerrillas, paramilitares, policía, y cuando la Armada venía, lo maltrataban a uno. Había tres enemigos guerrilla, paras y  fuerza pública".  

Los Años del Estallido: 1994-1997
El 21 de noviembre de 1994 asesinaron a Rodrigo Montes, un dirigente de la Anuc y por esos mismos días del 94, fue amenazado de muerte el alcalde de Chalán, Edinson Zamora, del Movimiento Cívico, el único que les disputó espacio político por las vías democráticas a los caciques tradicionales liberales y conservadores en la región.  En el proceso judicial por el asesinato de Montes, en el que resultó condenada la banda de Los Meza, un testigo reconoció haber recibido 3 millones de pesos de uno de ellos para que matara al alcalde Edinson Zamora, pero no quiso hacerlo porque era su amigo.  
A algunos políticos tradicionales también les resultó conveniente esa guerra sucia. Un grupo de jóvenes liderados por Luis Miguel Vergara, estudiante de medicina,  los comenzaba a derrotar en las urnas con una promesa de hacer un gobierno cívico,  menos corrupto, que le sirviera realmente a la gente con el Movimiento Cívico de Sucre. Con las amenazas y los asesinatos selectivos los ‘paras’ eliminaron está opción de renovación política.
"Vergara y Luis Cárdenas, que hizo trabajo social desde Ciénaga hasta Córdoba,  eran los dirigentes, de clase media corozaleña", dijo un sucreño que fue cercano a ellos. "Un día mataron al cura de Sincé y la gente se levantó y cogieron a los asesinos y eran del DAS. A Cárdenas que era director de la cárcel, le pidieron que dejara fugar a los asesinos  y él se negó. Luego lo secuestraron y él se voló y lo mataron".
En  marzo de 1996 asesinaron a una pareja de dirigentes cívicos de Chalán. El 2 de abril siguiente le propinaron varios  balazos, cuando caminaba con un niño en brazos, en frente a su casa en Sincelejo a  Vergara, quien había llegado a ser alcalde de Corozal, y en ese momento era diputado.  Tenía las maletas listas para irse de Sincelejo porque tenía amenazas de muerte. Mataron quince concejales del Movimiento Cívico de Sucre, según la cuentas de simpatizantes suyos.
Al tiempo, las Farc arreciaron su violencia. Acosados los ganaderos y dueños de fincas empezaron a desesperarse. Un sacerdote que participó en algunas reuniones en las que éstos le pedían a la fuerza pública mayor eficacia contra la guerrilla, recuerda que trataban con rudeza a los comandantes  de la Armada y de la Policía por su ineficacia. Éstos se declaraban impotentes.
En Bogotá el gobierno Samper, en medio de los escándalos por la narco-financiación de su campaña, pendía de la cuerda floja. Los militares y  sus aliados a la derecha del gobierno aprovecharon su debilidad para proponer no una política de Estado que le diera estrategia y legitimidad a la difícil batalla que libraban los soldados contra la guerrilla sino un atajo, que resultó ser desastroso. Les dijeron a los finqueros que se armaran y se defendieran por sí mismos. Y crearon las famosas Cooperativas de Seguridad Rural, Convivir, que como se ha visto, al menos en Sucre y Bolívar, fueron la patente de corso para que los ‘paras’ desataran su monstruosa guerra. Con las Convivir tuvieron armas de uso privativo de la fuerza pública bendecidas por el Estado y sus sicarios, como lo han confesado muchos de ellos en las versiones libres, salvoconductos para matar y huir, amparados por los carnets de las Convivir.
Para cuando se creó la primera Convivir en los Montes de María, en abril de 1995, ya la alianza de políticos-ganaderos sucreños (entre los que había narcotraficantes) y el paramilitarismo de los Castaño en Córdoba y Urabá se había fraguado por distintas puntas.
Algunos ganaderos del Golfo de Morrosquillo, que conocían bien los andares de los hermanos Castaño en Córdoba empezaron a pasarse la voz de la necesidad de invitarlos a combatir a la guerrilla en los Montes de María. Algunos de esos grandes finqueros eran también narcotraficantes y tenían negocios comunes con las Accu.
El caballista cercano a los Ochoa, Javier Piedrahita que era amigo de ‘Vecino’,  en 1996 lo invitó junto con un ganadero antioqueño Elías Vélez a una reunión con Castaño. Después se reunieron muchas veces ‘Vecino’ y Castaño, hasta cuando a fines de 1998, según relata ‘Vecino’, Carlos Castaño lo invitó a ser el jefe político de las Auc en Sucre.
También a mediados de los noventa,  en Córdoba-Tetón y Zambrano, Bolívar, otros finqueros y agroindustriales  (entre los que estaba Pizano S.A. con sus enormes sembradíos de madera teka de su empresa Monterrey Forestal), estaban desesperados con la extorsión y la inseguridad guerrillera. Algunos de ellos, es difícil precisar quiénes porque no se conoce de una reunión específica donde esto ocurriera,   buscaron la ayuda de los "exitosos" paramilitares de Urabá.  El narcotraficante Miki Ramírez  ya tenía en la región ribereña a su grupo armado, bastante violento con los campesinos, pero no había dado abasto con la guerrilla.
Fue Salvatore Mancuso, de Córdoba, el que vino en su auxilio. Les envió un primer grupo que entró por El Guamo. En el proceso judicial que se llevó a cabo por el asesinato del alcalde electo de San Jacinto, Carlos Quiroz Tiedjen, en noviembre de 1997,  un miembro de ese grupo originario de El Guamo, Edwin Zambrano, alias "William", que se fugó, le contó a la justicia lo que sabía. Fue un testimonio valioso porque fue de apenas semanas después de ocurridos los hechos y como las Autodefensas eran aún eran pequeñas Zambrano pudo conocer bastante bien a los jefes. A los fiscales de derechos humanos en Bogotá  les sirvió para dictar la primera orden de captura contra Mancuso.
Edwin Zambrano le contó a la justicia entonces, que había trabajado con ‘Chepe’ Barrera en el Difícil, Magdalena y con Neftalí Ramírez, y que después de fue a El Guamo, Bolívar a la Convivir de alias ‘Leopardo’. Contó como el primer hombre que envió Mancuso a "romper zona" a El Guamo fue ‘Darío’, esposo de ‘La Chave’,  quien manejaba la radio y la prensa de Castaño, después vino ‘Lino’, y por último ‘Leopardo’ o ‘Chuzo’, este último hoy en el proceso de Justicia y Paz.  Dijo que en El Guamo había varias fincas a nombre de ‘Leopardo’, pero que "en realidad eran del Mono Mancuso", como Las Pampas, Chimborazo, Totumo, La Marqueza y que allí "trabajaba el grupo rural que eran como 30 personas y se hacía entrenamiento". También dijo que entrenaban en la finca El Chimborazo en El Guamo que era de Miki Ramírez.
Zambrano también reveló que "los jefes de mayor jerarquía están ubicados en el Urabá antioqueño y son los hermanos Fidel y Carlos Castaño. Un subcomandante de esa misma organización es el señor Salvador Mancuso, alias ‘El Mono’, un señor ‘Doble Cero’ y el señor Víctor Carranza. Conocí que estos eran los máximos militares de esa organización".  
Otro de los compañeros de Zambrano, Alfredo José Rúas de San Juan Nepomuceno, quién dijo que fue forzado a unirse a los ‘paras’. Éstos habían asesinado a su padre y le mandaron decir que para poder preservar la finca que le heredó, tenía que ayudarles con información. Terminó metido de lleno en ese grupo de El Guamo que cometió varios asesinatos.  Dijo además cosas sorprendentes, que detrás de los Castaño estaba  el narcotráfico y que ese era su verdadero interés: "Hay un primo de Carlos Castaño, que le dicen ‘Jota’ o ‘Carrancho’ o ‘El Alemán’, ellos tienen muchas cocinas por los lados de Caucasia y Chocó, el tapón del Darién y eso es lo que estaban peleando, no tanto la guerrilla, sino que dejaran pasar la droga. Hay otro señor que tiene propiedades por Caucasia, le dicen ‘Javier’, pero el nombre propio es Carlos y la señora Margarita. ‘El Mono’ Mancuso es como un lugarteniente".
Las confesiones de Rúas y de Zambrano también dieron lugar a que la Fiscalía esclareciera varios homicidios en San Juan Nepomuceno y en San Jacinto y le abriera investigaciones a varios miembros de Armada y Policía que le daban vía libre a los ‘paras’ para que mataran.
La justicia sabía todo esto desde fines de 1997. Y el entonces fiscal de derechos humanos Virgilio Hernández en Bogotá dictó varias órdenes de captura contra los jefes de esa organización incipiente. Recibió amenazas, tuvo que cambiar de puesto, y después fue despedido de su cargo. Quizás si hubiera podido continuar su tarea, el paramilitarismo en el Caribe se hubiera detenido cuando apenas empezaba.

La Decisión Moral
En Sincelejo empezó a correr la voz entre las familias de tradición que ya no salían de la ciudad por temor al secuestro: que había que apoyar a los Castaño y a Mancuso; que ellos los librarían de la guerrilla. Hubo reuniones entre las familias. Algunos tomaron la decisión de no respaldar a los paramilitares que llegaban de Córdoba. "No era la manera de hacer las cosas", dijo una fuente que vivió esos días aciagos. Familias prestigiosas y ricas de toda la vida como los Fadul o los Arrázola prefirieron irse, vender barato o perder la tierra. Otros en cambio, como Salomón el sobrino del reputado y querido doctor Feris,  según cuenta un empresario de Sincelejo, "era jovencito y Carlos (Castaño) lo convenció de que se metiera a esa vaina". Se volvió el ‘comandante 08’. Su hermano Jorge Luis está en juicio por para-política.
Es el cuñado de Jorge Luis Feris, también de una familia pudiente de la región, Víctor Guerra de la Espriella quien figura en los documentos como el creador de la convivir "Orden y Desarrollo", en enero de 1997.  Guerra de la Espriella acusado por la Corte Suprema por haber firmado el Pacto de Ralito que, determinó la Fiscalía,  "buscaba construir un nuevo orden por fuera de la política de Estado", el del proyecto paramilitar. En agosto pasado quedó en libertad porque lo amparó una tutela de la Judicatura.
Según figura en la resolución de acusación contra Guerra de la Espriella, fue él quien apoyó a los paramilitares comandados por Mancuso y Salomón Feris, alias ‘08’, en Sucre con la convivir "Orden y Desarrollo". En sus denuncias ante el Congreso, el entonces senador Petro también aseguró que esta convivir tuvo además vínculos con Jorge Luis Alfonso López, el hijo de la empresaria del chance Enilse López.  
Según ‘Diego Vecino’, "Orden y Desarrollo"  en realidad fue la convivir de los ganaderos de Sucre que le encomendaron gerenciar a Guerra de la Espriella. En otras palabras, fue la versión anticipada, del trato Las Canarias, la finca  de Miguel Nule Amín, donde los políticos-ganaderos y los paramilitares formalizaron su alianza para iniciar su proyecto, que el país ya conoce en qué acabó.
La expansión paramilitar sin embargo consiguió todo menos acabar con la guerrilla que era supuestamente su principal objetivo. Esa es la gran ironía de esta historia. Destrozó a las familias más pobres, dejando centenares de viudas y huérfanos con sus almas y patrimonios en ruinas. Despojó a los campesinos de sus tierras y aplastó lo que quedaba de su liderazgo. Asfixió cualquier renovación política cuando apenas empezaba a vivir. Les abrió y limpió corredores de tráfico a los comerciantes de lo ilícito. Les consiguió a empresarios contratos jugosos con el Estado y, por vías legales e ilegales, cosecharon, y en algunos casos lo siguen haciendo hoy, rentas millonarias. Hizo todo eso, pero no acabó con la  guerrilla.
Al contrario, como lo demuestran las cifras, a medida que crecieron las incursiones del paramilitarismo en los Montes de María, crecían los ataques de la guerrilla. Entre 1994 y 1996 el número de homicidios en los municipios de Montes de María y en los vecinos a éstos, prácticamente se duplicó.  Las masacres se multiplicaron por seis en Sucre. Y entre 1996 y 1999, en plena expansión de los paramilitares, los secuestros de la guerrilla se multiplicaron por cuatro.
El terror de unos alimentaba el odio de los otros. Violencia trajo violencia.  Y para cuando se inició el proceso de desmovilización en 2003, la guerrilla en los Montes de María estaba entera y su jefe alias ‘Martín Caballero’ seguía haciendo retenes en las carreteras y volando torres eléctricas. Y así como las Farc con todo su odio no les consiguió una hectárea de tierra a los campesinos, el paramilitarismo con todo su terror no les trajo un día de tranquilidad.
La historia oficial que va quedando del relato de los victimarios, esa de que fue sólo una gesta antiguerrillera que se maleó,  hay que enderezarla. El paramilitarismo y la guerrilla prendieron con fuerza y causaron tanta miseria humana porque se alimentó de venganzas heredadas y odios profundos cosechados en una larga disputa por la tierra que nunca se resolvió. Pero también porque demasiados políticos y empresarios locales,  por miedo, por miopía o por avivatos, se plegaron a los métodos bárbaros, importados por el narcotráfico cuando compró grandes fincas e instauró el sangriento negocio en la región.
La Justicia quedó trunca pues el asesinato de varios de sus más diligentes funcionarios y la expulsión de otros aseguró la impunidad.
El Gobierno Nacional no condujo a su fuerza pública por un camino inteligente de protección de la población civil, sino que la dejó a su suerte, con sus viejas ideas anticomunistas y la nueva corrupción del dinero fácil. Además, con las creación de las Convivir dio vía a libre a cientos de matones en semilla; fue echarle gasolina a un incendio que apenas empezaba a prender.
Y claro está, los asesinatos, amenazas sistemáticas a muchas de las mejores inteligencias de la región, la dejó sin defensas. Llena de miedo, paralizada, la sociedad no tenía a quién recurrir, que no fuera a los mismos victimarios.
Aún así, resistieron muchos valientes, pero les faltó poder para detener la máquina de guerra. Y esta sólo ha dado un respiro a los habitantes de los Montes de María, con la estrategia doble que vino después.  Con la negociación, el gobierno pudo desmovilizar a los paramilitares de los Montes de María, del Dique y la Mojana (con todo y las trampas que pusieron). Y  de la mano de unos oficiales valientes, entre los que se destacó el entonces coronel Rafael Colón, mejor conducidos desde el gobierno Nacional, la fuerza pública enderezó su norte y combatió y desvertebró por parejo a guerrillas y paramilitares.
Este tiempo de mayor reposo ha traído prosperidad a los Montes de María, y muchos tejedores de sociedad, colectivos, alianzas de víctimas, laboratorios de paz, redes de organizaciones sociales, proyectos religiosos –los resistentes del pasado –afanosos buscan construir bases para una sociedad mejor, una que haya aprendido las amargas lecciones.  
A pesar de sus esfuerzos, sin embargo, los bajos fondos de dónde surgió el horrible conflicto siguen ahí:   una tierra mal repartida y una institucionalidad débil incluso para ponerle orden a la titulación  legítima que hoy, después de despojos sucesivos, sigue siendo un rompecabezas; los negocios del narco, que se regulan a balazos, siguen prosperando en el Golfo de Morrosquillo; la misma dirigencia política corrupta y corta de visión, parece que continúa obsesionada por mantener sus privilegios y fuentes de riqueza, sin darse cuenta de que volverán a pagar un precio altísimo en el futuro; algunos miembros de la fuerza pública o políticos que, rezagados en la historia, no dejan de ver a peligrosos comunistas entre los mejores líderes, y siguen matando gente buena en el campo y, lo peor se salen con la suya.
Sólo si cambian estos factores que le sirven de fundamento al conflicto, podrán realmente los montemarianos evitar que su triste historia se repita.
4 de septiembre de 2010
©verdad abierta
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la mula, la europa y la otra alemania


De cómo el conflicto nació de la repartición de tierras y hoy sigue en las mismas. En Sucre los campesinos conquistaron cerca de 120 mil hectáreas.
Colombia. El fuerte espíritu colectivo de los campesinos de los Montes de María viene de muy atrás, desde la herencia indígena de la gran familia Caribe, dice con certeza el histórico líder agrario de esa región, Alejo Suárez. El primer gran despojo, cuenta, fue cuando Antonio de la Torre reorganizó tierra y población en los tiempos coloniales y sacó a los indígenas de Pileta (hoy Corozal) y la repartió entre unas pocas familias: Martelo, Vergara, Tamara, Hernández, Gómez, Guerra, De la Osa, García y Badel, entre otras.
Eran en esencia las mismas que poseían la tierra entrado el siglo XX. A comienzos de los sesenta, luego de que los campesinos cultivadores de tabaco armaran sus sindicatos, el Instituto de Fomento Tabacalero les entregó tierra colectiva a los campesinos de Ovejas y de El Carmen de Bolívar. A los pocos años, el gobierno de Carlos Lleras Restrepo sacó la Ley 1 de 1968 que ordenaba al recién creado Incora que titulara las tierras de los arrendatarios de las grandes haciendas sucreñas y bolivarenses. Estos arrendatarios pagaban a los latifundistas un arriendo y a cambio podían producir comida o poner a pastar a su ganado.
Alarmados porque tenían que entregar parte de las tierras que habían sido suyas por generaciones, los grandes hacendados reaccionaron expulsando a esos aparceros a la calle. Cuenta el columnista de El Espectador, Alfredo Molano, que el cerebro detrás de esta revolución era el intelectual y mano derecha de Lleras en la Reforma Agraria, el sucreño Apolinar Díaz Callejas. Los grandes terratenientes, bien representados en el Congreso, presionaron a Lleras con grandes escándalos, tumbaron al ministro de Agricultura, Enrique Peñalosa padre, y dejaron sin fuerza política al Incora. "Razón por la cual –escribió Molano– Lleras y Apolinar optaron por organizar la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos (ANUC). La idea era que los campesinos tomaran en sus manos las banderas agraristas levantadas desde el gobierno López Pumarejo".
Bajo el liderazgo de la Anuc que se fortaleció muy rápido, los campesinos combinaron la presión ante el Incora con las invasiones a las haciendas, según relata en su libro ‘Guerreros y campesinos’, el investigador Alejandro Reyes.
En 1970 se hicieron las primeras tomas de tierras por el movimiento campesino, cuyo sentido colectivo había permanecido vivo durante centurias. Líderes y campesinos rasos, con música, acordeón, se les metieron a los más grandes latifundios de la región en forma pacífica. Después de cada invasión de cientos de campesinos, la policía intentaba desalojarlos sin éxito porque eran muchos. Luego entraba el Incora a negociar y finalmente adjudicaba terrenos colectivos.
En 1971 hicieron más de cien tomas, cuenta Ramiro Chamorro, quien fue presidente de la Anuc en Sucre por varios años en los ochenta. Los campesinos se metieron a los más grandes latifundios, a las fincas de José Badel, a las de Urbano Olmos.
Las cuentas varían según la fuente, pero varios coinciden en que entre 1970 y mediados de los ochenta los campesinos lograron que el Incora les titulara unas 546 fincas que juntas sumaban entre 118 y 122 mil hectáreas de tierra a unas 5.000 familias.
En los tiempos de Virgilio Barco, al finalizar los años ochenta, bajo el Plan Nacional de Rehabilitación hubo otro leve empujón a la titulación y formalización de la propiedad rural, como parte de su estrategia para impulsar el desarrollo campesino y la paz.
Desde comienzos de los años noventa, se dio otro fenómeno muy generalizado en los Montes de María. Ante la extorsión guerrillera y con el secuestro en crecimiento, muchos finqueros le vendieron sus tierras al Incora. Unos los hicieron desesperados; otros consiguieron hacer un buen negocio pues el Incora les pagó bien en momentos en que, por la violencia, sus tierras poco valías.
En El Carmen de Bolívar, por ejemplo, vendieron tierras al Incora, según cuenta un empresario de la zona, los Bustillo, Los Lascarro, los Frieri y los Barraza, entre otros.
A pesar de que el Incora acumuló miles de hectáreas, no se ve que las haya repartido entre los campesinos, como decía su mandato, con la misma energía con que las compró.
En los siguientes cuarenta años se avanzó a paso de tortuga, y para 2007, según un estudio realizado por Daniel Marenco para la Anuc sobre la tierra en los Montes de María, sumando toda la tierra que el Estado colombiano les había entregado a los campesinos desde los sesenta, apenas llegaba a 134.230 hectáreas, es decir que en los últimos 25 años se repartieron 12.000 hectáreas a los sumo.
La historia es más triste aún. Lo poco que hizo el Estado en todo el siglo en materia equidad, se reversó de manera brutal y drástica en las últimas dos décadas. Después de la compra masiva de tierras realizada por narcotraficantes en los municipios costeros y del Golfo de Morrosquillo y en la región ribereña del Magdalena en los años ochentas, vino la barbarie paramilitar de los noventa que expulsó de sus tierras a más de 80 mil familias campesinas.
Los paramilitares castigaron con especial saña, con más masacres y terror, a los campesinos que más logros habían obtenido a través de sus valientes luchas, como en Ovejas. También en las zonas donde los narcos habían comprado más tierras como en San Onofre, María la Baja y Córdoba - Tetón, fue donde hubo las mayores expropiaciones de parcelas campesinas.
Y quienes lideraron las luchas agrarias, fueron perseguidos en forma sistemática durante los años que siguieron. "Fue una especie de revancha tardía, de los grandes terratenientes para castigar la lucha campesina veinte años después", según dijo a VerdadAbierta.com, el profesor Alejandro Reyes, que ha realizado varias publicaciones sobre el conflicto agrario en el país.
Un líder de la Anuc, que fue detenido por cuatro meses en 1992, dijo a VerdadAbierta.com que lo capturaron en 1992 "para castigarle a uno la osadía de andar organizando a la gente. La clase pudiente de este departamento nunca le ha perdonado a los campesinos que les hayan arrebatado tierra".
Al final la primera década del siglo XXI, algunos municipios tenían una altísima concentración de la tierra, según el citado estudio de Marenco. En Morroa, por ejemplo, los campesinos con menos de 20 hectáreas que sumaban el 69 por ciento de los tenedores de tierra, apenas tenían el 16 por ciento de la tierra disponible. Y en María la Baja, el 0,3 por ciento más rico, con fincas de más de 500 hectáreas, poseía el 27 por ciento de las tierras.
Muchas fincas fueron despojadas. Los mismos paramilitares las ocuparon y forzaron a los campesinos a escriturárselas a sus testaferros y amigos. En otros casos, grandes terratenientes corrieron sus cercas y metieron en los linderos de sus haciendas, tierras de campesinos que habían salido huyendo. En otros, las fincas quedaron abandonadas y olvidadas, y en muchas regiones, los campesinos dejaron de vivir en sus fincas por miedo a ser asesinados, pero encargaron a terceros su cuidado o, en algunos casos, como el de la mayoría de los desplazados de Mampuján, por ejemplo, siguieron yendo a diario a cultivarlas y de noche regresaban a sus improvisadas y paupérrimas viviendas en los pueblos.
En los últimos años, aprovechando que la región ha ganado seguridad y que miles de campesinos están arruinados después de que perdieron gran parte de su patrimonio durante la guerra, empresarios y finqueros de otras regiones, han venido comprando tierras baratas.
Según reportó El Tiempo, en marzo de 2009, la gobernación de Bolívar tenía solicitudes de compra de tierras en la zona rural de El Carmen de Bolívar por 2.500 hectáreas y la Alcaldía de San Juan Nepomuceno informó que la firma forestal Tierras de Promisión había adquirido en este municipio por lo menos 5.000 mil hectáreas.
Un reportaje posterior de LaSillaVacía.com dijo que Tierras de Promisión era de Alvaro Ignacio Echeverría y que a título personal o por intermedio de su sociedad ha comprado 4.405 hectáreas de tierra en los Montes de María. En un debate sobre el despojo de tierras ante el Congreso del 18 de agosto, el representante a la Cámara Iván Cepeda, denunció que hay denuncias sobre intimidaciones a los campesinos en estas compras de tierras de Echeverría que tendrían que ser investigadas.
El mismo reportaje de LaSillaVacía.com, listó otras empresas que están comprando de manera masiva tierras en esta región. Entre éstas citó a Agropecuaria El Carmen de Bolívar, asociada al propietario del diario El Mundo de Medellín, Guillermo Gaviria, cuyo representante legal es Darío Cuartas que ha comprado 2.604 hectáreas; a Agropecuaria Genésis, y a Agropecuaria El Central S.A., cuyo represente legal es Otto Bula, quien fue segundo renglón al Senado del hoy ex senador Mario Uribe, juzgado por la Corte por sus presuntos vínculos con el paramilitarismo.
Según denunció Cepeda en el mencionado debate, se sospecha que muchas de estas compras de los empresarios asociados en la Fundación Amigos de los Montes de María se están haciendo con información privilegiada de empresas que tienen los registros de cartera de las deudas que originalmente habían contraído campesinos con la banca. De esta forma, los compradores contactan a los campesinos endeudados, con toda la información sobre su crédito vencido y les compran sus tierras a precios de ganga, dijo Cepeda.
No se sabe a ciencia cierta cuánta tierra se ha vendido masivamente a grandes empresas en los últimos años, pero se cree que pueden sobre pasar las 15.000 hectáreas. Y queda por investigar, como lo anotó Cepeda, de que algunos de estos compradores hayan tenido vínculos con la parapolítica.
Varias organizaciones de víctimas han estado en el proceso de recuperar sus tierras, pero éste ha resultado difícil, por decir lo menos. La experiencia de la finca La Alemania de San Onofre, en este sentido ha sido trágica. Acción Social ha declarado la protección de miles de hectáreas que pudieron haber sido despojadas violentamente o estén en riesgo de serlo, para impedir que estas sean vendidas. Sin embargo, algunos compradores han conseguido que se levante la prohibición de algunas tierras. En otros casos, la protección sólo ha servido para que las tierras se vendan clandestinamente, sólo que no se registran las escrituras.
El siguiente es un vistazo a las dramáticas historias que rodean algunas de las fincas de los Montes de María, según lo relataron testigos directos.

Mula
Una de las luchas emblemáticas por la tierra sucreña de los años setenta fue la de la finca Mula. Literalmente centenares de campesinos (algunos hablan hasta de 500) se tomaron esta enorme hacienda entre Ovejas y Palmitos, de varias ramas de la familia García, primos de los políticos García Romero. Fue una de las pocas que se tornó violenta. Mataron a dos campesinos y en una de las tomas la policía se llevó a todos los que habían hecho la invasión y los detuvo. Le tocó usar de cárcel el Coliseo de Sincelejo porque eran unos 300 campesinos.
"Se amanecía haciendo asambleas y todo el que apoyaba la lucha campesina venía, como los maestros por ejemplo", cuenta Jesús Pérez. Intervino el Incora y 902 hectáreas de la Mula se adjudicaron finalmente a 96 familias. "Todas pararon sus ranchos, y sembraron mango, plátano. El agua estaba ahí a manito".
Los propietarios demandaron y el pleito duró 17 años. En su última apelación ante el Consejo de Estado, ellos pidieron que se les pagara el lucro cesante de tantos años. Los campesinos pidieron, a su vez, que se les avaluaran las mejoras. Y la justicia falló que las mejoras campesinas valían más que las pérdidas de los hacendados. Los propietarios finalmente aceptaron y entregaron la tierra.
Mataron a muchos de los beneficiarios. Entre ellos, pistoleros abalearon a Ramiro Jiménez, líder de las ocupaciones de la Mula, el 27 de septiembre de 1993. Él le contó a sus amigos que Álvaro Botero Maya, un hacendado de la región, le mandó a decir que no denunciara a las personas que vio asaltando su empresa, porque tendría problemas.
La ironía es que no sólo Botero Maya no fue investigado sino que, poco después le autorizaron crear una Convivir.
De las 96 familias originarias de la adjudicación de la Mula, sólo quedan unas 20. Últimamente ha comprado allí un señor que ha puesto cercas eléctricas y ha llevado gente armada. La gente está vendiendo muy barato, a 700 u 800 mil pesos hectárea, cuando, según los testigos consultados por VerdadAbierta.com, esa es de las mejores y mejor irrigadas tierras de la región y debería costar mucho más.
En marzo de 2009 el Incoder (la entidad que reemplazó al Incora) de Montería impuso medidas cautelares sobre algunas parcelas de la finca Mula, por riesgo de que fueran enajenadas con violencia o que pertenecieran a desplazados.

La Europa
Esta es una hacienda de miles de hectáreas en el municipio de Los Palmitos que originalmente pertenecía a la familia Olmos, una de las originarias de esta región, desde los tiempos de la colonia. Según dicen los más memoriosos, sus tierras no sólo provenían de las titulaciones coloniales, sino que en los años 40, en plena violencia liberal-conservadora, aprovecharon para ampliar sus dominios. Era de Aníbal Olmos, hijo único de Urbano Olmos.
Después los conflictos con los cultivadores de tabaco, el Instituto de Fomento Tabacalero les adjudicó tierras a los campesinos, pero no en forma gratuita, sino que tuvieron que pagar en los años 60, según recuerda don Ismael, 50 pesos al año. "Demoramos años en pagarle a Intabaco", dijo.
Más tarde, en los años 70, el Incora legalizó la propiedad de La Europa y les entregó 1.300 hectáreas a 114 familias con títulos de propiedad común y proindiviso por sectores; cada sector se lo tituló a un grupo de familias.
El gobierno de Lleras Restrepo les adjudicó esa tierra a paz y salvo con el catastro. El abuelo de don Ismael fue uno de los originales adjudicatarios.
Durante los tiempos de la guerra, la gente estaba muy asustada y dejaron sus parcelas. Muchos no abandonaron la tierra del todo, cuenta José Macareno, dirigente de la Anuc, sino que se fueron a vivir a los cascos urbanos pero venían de día a trabajar en sus parcelas. Sólo hasta que amainó la guerra hace unos tres años, la gente volvió a parar sus ranchos y a vivir allí.
En 2008, una empresa de arepas empezó a comprarles las fincas a los propietarios de La Europa. Según información del municipio, la empresa compró 1.200 hectáreas a 130 familias y pagó a cada hectárea a unos 800 mil pesos. Cuando los empresarios llegaron con sus bulldozer a tumbar ranchos y cercas, la gente se levantó y no los dejó entrar.
No es claro cómo se llama la empresa compradora porque unos se refieren a esta como Arepas Don Pancho (según el estudio realizado por Daniel Marenco citado arriba) o Doña Arepa, según el dirigente Macareno. Arepas Don Pancho no aparece registrada en la Cámara de Comercio por lo que ese debe ser el nombre comercial de un producto. En cambio Doña Arepa es una marca de Harinera del Valle S.A., dueña del ingenio María Luisa, una empresa líder de su sector en Colombia.
Lo curioso es que la empresa tenía la información detallada de quiénes eran los propietarios de esa finca, algo bien difícil de conseguir. Era necesario que supieran de la historia de la hacienda, que consiguieran la vieja escritura de adjudicación original del Incora y siguieran a sus descendientes, a donde quiera que estuvieran.
A don Ismael lo encontraron. "Era unos cachacos de Medellín. Ellos pensaron que esto estaba solo, pero aquí estaba la gente trabajando, herederos, amigos, mucha gente. Iban llamando a cada uno y le llevaban un papel para que firmara", cuenta mientras se seca el sudor de la frente, pues es mediodía y ha venido caminando como media hora desde su parcela donde está preparando la tierra para la próxima siembra. Que él sepa, compraron 90 parcelas muy barato.
Le ofrecieron tres millones por sus 12 hectáreas, a 250 mil la hectárea. Él, con cortesía, les dijo que no. Le doblaron la oferta. "No lo dejo ni por 20 millones", les dijo don Ismael y luego explicó que no se va ir. "Con lo que nos ha dado esta tierra hemos vivido tres generaciones y mi me dará de comer siempre. Tres o seis millones se me van en un año".
La Procuraduría Agraria, después del conflicto que hubo cuando la empresa de arepas llegó a tumbar monte en la Europa, dictó medidas de protección para impedir su venta. El asunto está en pleito.
Una organización de víctimas de Sincelejo asegura que a otro dueño de La Europa que no quiso vender lo presionaron con violencia. Eso fue en abril de 2009.
En la vecina hacienda de La Catalina, originalmente de otra integrante de la familia Olmos, Ana, a donde también los campesinos se habían hecho a tierras en los setentas, llegaron unos antioqueños a comprarles. Les ofrecieron a 300 mil pesos por hectárea. "Los que vendieron no lucharon por esto", dijo orgulloso don Eric, otro campesino que se niega a vender.
 
La Otra Alemania
Desde muy temprano en los noventa, en San Marcos, el sur de San Benito Abad, y Guaranda en Sucre, había paramilitares. Los llamaban ‘Pájaros’, como le decían a los conservadores en la época de la violencia liberal-conservadora. También a algunas partes de esos municipios, que conforman la región de La Mojana sucreña, de gran riqueza agraria, llegaron los narcotraficantes con sus pistas de aterrizaje y su droga y sus armas, dijo un líder agrario que conoce bien la historia de la región.
Sobre esas estructuras incipientes, se formó luego el frente La Mojana, que comandó Éder Pedraza, alias ‘Ramón Mojana’.
Allí queda la hacienda La Alemania. Originalmente, cuando primero se registró en 1955, se llamaba La Victoria, y era inmensa, pues se extendía en tres municipios, dos de Sucre y uno en Achí, Córdoba. Ahora esta finca, de 921 hectáreas, queda en Guaranda.
Desde sus comienzos tuvo dueños ilustres. A comienzos de los 60, figura en el registro que de la partición de una sociedad entre el entonces alcalde de Bogotá, Jorge Gaitán Cortés y Luis Guillermo Echeverri Abad, padre de Fabio Echeverri Correa, quien es conocido en el país por haber sido durante más de 15 años presidente de la Asociación Nacional de Industriales (Andi) y consejero del presidente Álvaro Uribe en su primer gobierno.
Echeverri Abad les heredó la hacienda a sus hijos, entre ellos a Fabio en 1966, y estos le vendieron a una familia Correa en 1975. A los Correa les compró la hacienda Ramiro Calle, que se la vendió en 1986 a los hermanos Carlos, Enrique y Francisco Julio Mejía. Ellos se endeudaron y en 1992 hipotecaron la finca y en 1994, la DIAN la embargó por deudas de impuestos. En mayo de 1997, Rafael Zuleta Zuleta, quien les había prestado dinero a los hermanos Julio, se quedó con la finca.
Muy al tanto de lo que pasaba con esta finca pareció estar Javier Castillo Peralta, alias ‘Pitirri’, testigo importante en varios procesos de la parapolítica. Este hombre empezó como escolta del grupo armado del prestamista y ganadero de Córdoba Joaquín García (hoy desaparecido).
Según ‘Pitirri’ le contó a la justicia desde un principio, después de ganarse la confianza de Joaquín García, éste lo introdujo a los paramilitares, y le encargaron de "las finanzas" en La Mojana, en 1997.
Por esos días, según juró ante la Corte Suprema de Justicia, ‘Pitirri’ tuvo una reunión en una hacienda en Sahagún, Córdoba, invitado por Olegario Otero, que según él, colaboró con los paramilitares. Allí —aseguró— le presentaron al entonces senador Mario Uribe. Dijo ‘Pitirri’ que Uribe le dijo: "Hombre estoy interesado en las tierras en que están metidos. Me interesa una en especial que se llama La Alemania".
‘Pitirri’ dijo que él iba a averiguar sobre la finca. Según dijo a la justicia averiguó que era de los hermanos Julio y se las había rematado Rafael Zuleta, a quien él conocía porque les colaboraba a los paramilitares. Al revisar lo que consta en instrumentos públicos prueba que ‘Pitirri’ sabía mucho sobre los pormenores de esta finca, porque allí figura que apenas seis días después de que los Julio le vendieron a Zuleta, éste canceló la hipoteca y el embargo de la Dian.
Después, aseguró ‘Pitirri’ tuvo una segunda reunión con Mario Uribe en el Hotel Piscis de Caucasia, Antioquia. Así la describió: "Cuando yo llego está Mario Uribe, con Fabio y Gustavo Mejía, con Éder Pedraza, alias ‘Ramón Mojana’. Yo le dije que la finca La Alemania ya la había rematado Zuleta, que el cuidandero se llamaba Joaquín. ‘Si hay que hay matar al cuidandero o a Zuleta, hay que hacerlo’, me dijo Mario Uribe. Esa finca es como de mil hectáreas. Déjeme y yo averiguo. Yo voy de sapo donde Zuleta. Quien me había ayudado a mí. ‘Don Rafa, quieren su finca’, le dije. Él dijo: ‘Yo le consigo otras tierras’. Eso fue en noviembre de 1998".
Según ‘Pitirri’, Zuleta se fue a donde el ex congresista Álvaro García, hoy condenado a 40 años de cárcel por su concierto para delinquir con los paramilitares y su participación en la autoría intelectual de una masacre, y le dijo lo que estaba pasando. Eso hizo que lo vieran a ‘Pitirri’ como un riesgo de seguridad y, dijo que supo que García ordenó que lo mataran, como lo intentaron.
En el proceso ante la Corte, que está en etapa de juicio, la defensa de Mario Uribe negó rotundamente la veracidad de lo que dicho por ‘Pitirri’. Dijo que se contradijo en todo, "pero para solventar sus contradicciones, inventa que Olegario Otero y Mario Uribe Escobar le tendieron una trampa para que lo capturaran cuando extorsionaba por orden de ellos a Luz Marina Zapa, todo porque había alertado a Rafael Zuleta de los propósitos que se tejían en su contra, algo que éste último niega. En fin, sea lo que fuere, lo cierto e incuestionable es que Mario Uribe no tiene propiedades en la zona de San Marcos, región en donde según Pitirri se concentraron los esfuerzos para "expropiar" tierras productivas".
‘Ramón Mojana’, quien podría dar fe si la reunión del Hotel Piscis sucedió o no, está pedido en extradición, y hasta ahora ha negado lo dicho por ‘Pitirri’.
Según la última anotación del registro público de La Alemania, Rafael Zuleta Zuleta le vendió su finca a José Manuel Escudero Jiménez el 31 de marzo de 2004, según consta en escritura registrada en la Notaría de Cáceres (municipio del bajo Cauca antioqueño, vecino de Caucasia) por 224 millones de pesos.
El mismo Escudero Jiménez figura registrando ante la Cámara de Comercio una empresa llamada Agropecuaria La Alemania en Montería (Córdoba) con matrícula 71565, el 17 de marzo de 2004, con capital de 1.200 millones. Esto es 14 días antes de firmar la escritura de compra de la hacienda La Alemania de Guaranda Sucre. Hasta 2009, la matrícula de Agropecuaria La Alemania está al día.
No se conocen vínculos de este empresario de Montería con el ex senador.

Finca Guasimal
Era la enorme finca de ‘Miki Ramírez’ que fue incautada por la Dirección Nacional de Estupefacientes. Según los registros de la DNE esa finca tenía sólo 533 hectáreas, pero en realidad, según sabían los habitantes de Zambrano y Córdoba-Tetón donde se extiende sus territorios, tiene entre 1500 y 1600 hectáreas.
Muchos campesinos habían hecho allí sus fincas desde hacía años, cuando Ramírez la dejó.
El DNE la entregó en custodia a una persona, que a su vez se la dio en arriendo a un señor de Cartagena. Según testigos de la zona, ese arrendatario le sacó el ganado a la gente, puso alambre que les impedía el paso, picó con machete las casas de la gente. Después puso una demanda ante un juez para que la gente fuera desalojada.
DNE le transfirió la finca al Incoder, pero aún sin sanear. El juez de Zambrano falló a favor de Salas Badrán a comienzos de 2010. Intervinieron todas la autoridades para impedir el desalojo ordenado por el juez.
Según fuentes de Acción Social, en una reunión posterior con el DNE, la Comisión de Reconciliación y Reparación, Acción Social, y el Programa de Desarrollo y Paz de los Montes de María, se decidió que se iba a proteger los derechos de los desplazados que vivían en Guasimal.

Lo Que Dijo ’Vecino’ sobre las Tierras Usurpadas
‘Diego Vecino’, ex jefe de los paramilitares en Montes de María, en entrevista con VerdadAbierta.com:
"Yo compré parte de las tierras de los Méndez, las famosas La Yeguas en Córdoba- Tetón. En ese sector entregué seis fincas en reparación. Estoy entregando tres propiedades más en otro sector.
En la finca La 70, a la salida de San Onofre hacia María La Baja, más o menos a unos dos kilómetros a mano derecha, Cadena compró una serie de parcelas de campesinos. Hubo unos casos en los que ‘Cadena’ efectivamente compro mal comprados, o sea les pagó al como quiso. Tal vez les dijo a los campesinos: ‘Me venden o me venden’. Pero no fue con toda la tierra.
La 70 es una finca alrededor de 400 hectáreas y yo le puedo asegurar a ustedes, le puedo asegurar ante los ojos de Dios, que fueron tres o cuatro parcelas de no más de 10 o 15 hectáreas cada una, las que ‘Cadena’ consiguió con el abuso de las armas, de su autoridad ilegal para comprarlas.
Hoy esa tierra toda la devolvieron. Ahí, hay unas personas, avivatos, que hábilmente salieron a reclamar sus tierras cuando ellos vendieron de manera comercial y sin ninguna presión. Y esas tierras debieron de servir más bien para las víctimas. Yo estoy seguro que de La 70, no más de 60 hectáreas o póngale usted por mucho 80 hectáreas, fueron compradas de manera ilegal, de manera forzada.

VerdadAbierta.com: ¿Cuantas fincas entregó en Córdoba-Tetón?
D.V: Seis fincas, y hay tres más pendientes para entregar.

VerdadAbierta.com: ¿Y lo de San Marcos no devolvió nada en esa zona?
D.V: No, eso le correspondía al frente La Mojana.
3 de septiembre de 2010
1 de septiembre de 2010
©verdad abierta
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amenazaron a jorge 40


‘Jorge 40’ no colaborará más con la justicia en casos de parapolítica. Origen de las amenazas se encuentra en círculos cercanos al ex presidente Uribe y a su director del servicio de inteligencia, hoy encarcelado y procesado por homicidios.
Colombia. El ex jefe del Bloque Norte no va a colaborar más con las investigaciones que se le siguen a cuatro políticos y a Jorge Noguera, ex director del DAS por sus presuntos nexos con los paramilitares.
De acuerdo con una carta enviada por el Departamento de Justicia de Estados Unidos a la Corte Suprema de Justicia, Rodrigo Tovar Pupo, alias ‘Jorge 40’, se negó a seguir colaborando con la justicia colombiana en investigaciones que se adelantan a políticos por sus presuntos nexos con las Autodefensas Unidas de Colombia.
"La Secretaria de la Sala ha informado en el día de hoy, que aquél (Jorge 40) no participará  dentro de éstas, ni en los demás procesos en los cuales estaba citado" señaló la oficina de prensa de la Corte Suprema de Justicia.
La Sala Penal de la Corte afirmó que a pesar de la negativa, insistirá en la práctica del testimonio "dada la importancia que tiene" para los casos de Dávila Armenta y Jorge Noguera. Según el abogado de Dávila Armenta, la negativa de Tovar Pupo a declarara se da por un presunto cambio de abogado del ex jefe paramilitar.
Sin embargo, versiones extraoficiales aseguran que la oposición de ‘40’ a declarar  estaría relacionada con los problemas de seguridad de  su familia en Colombia. En diciembre de 2009, Sergio Tovar Pupo, hermano del ex paramilitar, fue asesinado por sicarios en Valledupar.
Las hipótesis manejadas por las autoridades en ese momento apuntaron que el crimen  fue cometido por las actividades criminales de su hermano ‘Jorge 40’, el máximo jefe del Bloque Norte,  extraditado en mayo de 2008 a Estados Unidos donde lo juzgan por narcotráfico.
La principal hipótesis de las autoridades es que los autores del asesinato quieren evitar que ‘Jorge 40’ le cuente al país quienes le colaboraron en los casi 10 años que estuvo como jefe de los paramilitares de Cesar, Magdalena y Atlántico.
Esta no es la primera vez que ’Jorge 40’ decide no colaborar en investigaciones que se adelantan en el país. En los últimos dos meses las audiencias contra Dávila y Jorge Noguera habían sido aplazadas sin ninguna justificación.
Hace un mes el ex jefe del Bloque Norte de las Auc, extraditado a Estados Unidos por narcotráfico, ya había aplazado su testimonio en las audiencias ante la Corte Suprema de Justicia.
Después de rendir varias versiones libres, en agosto de 2009 ‘Jorge 40’ anunció que no colaborará más con el proceso de justicia y paz en Colombia. Varios jefes ‘paras’ extraditados, como Salvatore Mancuso o ‘Don Berna’, anunciaron que se retirarían del proceso de Justicia y Paz por las amenazas contra sus familiares en Colombia.
’Jorge 40’ es uno de los pocos paramilitares que no fueron incluidos en el acuerdo que firmaron el Departamento de Justicia de Estados Unidos y el ministerio de Interior y Justicia, que prevé el traslado de varios jefes ’paras’ extraditados a cárceles de Virginia y Florida.
De acuerdo con un estudio realizado por la Fundación Ideas para la Paz sobre el tema de extradición, uno de los grandes problemas del proceso de Justicia y Paz está asociado con las dificultades para obtener las declaraciones de los antiguos jefes paramilitares que fueron extraditados.
Según el estudio, los extraditados no tienen motivos jurídicos ni personales para declarar. A nivel jurídico, no existe ningún tipo de beneficio o incentivo que  motive a los ex paramilitares a participar en el proceso de Justicia y Paz o declarar en los casos de parapolítica, ni existe un costo jurídico aparente en caso de que decidan no declarar. En lo personal, siguen presentándose presuntamente casos de amenazas contra los familiares de estos ex jefes paramilitares, como sería el caso de ‘Cuco Vanoy’ o del mismo ‘Jorge 40’.

El Caso de Dávila Armenta
A pesar de la negativa de ‘40’ a declarar, se llevo a cabo este lunes una nueva audiencia del juicio que se adelanta al ex gobernador de Magdalena, José Domingo Dávila. La Sala Penal de la Corte reprodujo una grabación tomada por el despacho 25 de la Unidad Antiterrorismo de la Fiscalía con la declaración de un de un testigo del caso, Carlos Enrique Pareja Mendoza, en la que afirma haber sido presionado para declarar a favor del ex gobernador de Magdalena José Domingo Dávila Armenta.
Según el testigo, a través de un primo suyo y de un señor Edgardo Vincen, alias ‘ Hombresolo’, se enteró de una presunta oferta de 140 millones que le estaban haciendo para que declarara a favor de José Domingo Dávila Armenta y negara cualquier tipo de nexo del político con grupos paramilitares.
"Soy conocedor que ‘Chelo’ sí estuvo en San Ángel y en Chivolo con los paramilitares, que también estuve en ‘Machete Pelao’ en una reunión con Hernán Giraldo…  solamente me pidieron que dijera lo contrario a eso… que dijera que él no hizo presencia en esos sitios y en esas reuniones…" señaló el testigo.
José Domingo Ávila Armenta, ex gobernador de Magdalena y ex representante a la Cámara por el Partido Convergencia Ciudadana, fue capturado por la Fiscalía  en diciembre de 2008 bajo cargos que lo vinculan con grupos paramilitares.
Al ex gobernador le abrieron una investigación por haber firmado y ser beneficiario del Pacto de Chivolo, un acuerdo suscrito en septiembre del año 2000 entre los grupos paramilitares del Bloque Norte comandados por Rodrigo Tovar Pupo, alias ‘Jorge 40’, con concejales, alcaldes y diputados, así como con aspirantes a estas corporaciones y a las 29 alcaldías de los municipios del departamento.
Como consecuencia de este pacto José Domingo Dávila, conocido como ’Chelo’, fue presuntamente elegido gobernador derrotando al otro aspirante, el ex diputado Trino Luna Correa, quien lo sucedió tres años después y fue procesado y condenado por haber pactado alianzas políticas con el paramilitarismo.
De acuerdo con un informe de la Fiscalía General de la Nación Dávila Armenta presuntamente fue el mayor favorecido con el acuerdo de Chivolo, sellado el 28 de septiembre del 2000, el cual llevaba la rúbrica de 13 candidatos a alcaldías y 395 personas más, todos candidatos a corporaciones públicas. Con el pacto se consolidó la fuerza política del movimiento ‘Provincia Unida Por Una Mejor Opción De Vida’, impulsado por ‘Jorge 40’.
Otros 12 políticos que firmaron el pacto resultaron elegidos alcaldes municipales y a comienzos de octubre la Fiscalía llamó a indagatoria a 10 políticos firmantes del referido pacto. Ellos fueron el alcalde de Concordia, Miguel Aragón, los ex alcaldes de esa localidad, Aníbal Castro Martínez, José Ignacio Mercado Colón y Pablo José Salas Orozco; los ex diputados de la Asamblea Edgar Manuel Castro Castro, Fernando Jesús Mozo Ortiz, Franklin Lozano Pimienta y Jorge Vega Barrios, quienes también firmaron el Pacto de Pivijay siendo alcaldes en beneficio, pacto mediante el cual se buscaba la elección a senado en 2002 de Dieb Maloof y Jorge Castro al Senado, habiendo logrado ese propósito.

Los Cargos contra Noguera
El primer cargo es el de concierto para delinquir por sus presuntos vínculos  con jefes y miembros de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). De acuerdo con la acusación de la Fiscalía de abril de este año, existe una amplia colección de órdenes e instrucciones impartidas por Noguera a sus principales subalternos con el propósito expreso de ayudar y proteger a jefes paramilitares como Hernán Giraldo y Rodrigo Tobar Pupo, alias ’Jorge 40’, ambos extraditados a Estados Unidos.
Frente a este cargo, se incluyen también las declaraciones aportadas por el ex jefe de informática del DAS, Rafael García, quien le dijo a la Fiscalía que Noguera había puesto al DAS al servicio de ’Jorge 40’ y Hernán Giraldo desde el inicio de su gestión en 2002. Describió varios encuentros clandestinos del director del DAS con esos jefes paramilitares -la Procuraduría confirmó por lo menos 10- y visitas de personas cercanas a las AUC a la sede principal en Paloquemao para obtener información confidencial.
El segundo cargo en contra de Jorge Noguera está relacionado con los homicidios del sociólogo Alfredo Correa D’Andreis, Zully Esther Codina y Fernando Pisciotti. Dice la Fiscalía que Noguera le suministró a los paramilitares los nombres de sindicalistas y profesores universitarios que luego fueron asesinados. Uno de los casos más documentados en el escrito de acusación es del sociólogo y profesor universitario Alfredo Correa D’Andreis a quien el DAS primero capturó e intentó montarle un caso por presuntos vínculos con la guerrilla, y luego tuvo que liberar por falta de pruebas a mediados de 2004. Además le hizo un intenso trabajo de inteligencia, como lo ponen en evidencia los múltiples registros que se hallaron sobre él en las bases de datos de la institución.
En septiembre de 2004 fue asesinado en Barranquilla. El crimen conmocionó toda la Costa Caribe en donde a Correa D’Andreis se le reconocía ampliamente como hombre bueno y un investigador reputado, además de un defensor de los derechos humanos. El jefe paramilitar desmovilizado, alias ’Don Antonio’, en cuyo computador se encontraron los listados de negros de líderes sindicales y sociales que iban a asesinar en la Costa Caribe, ha aceptado ser autor del asesinato de Correa.
El tercer y cuarto cargo contra Noguera Cotes hacen referencia a los delitos de abuso de autoridad y mala utilización de asuntos de reserva. Se acusa a Noguera de haber utilizado su cargo como director del DAS para presuntamente favorecer  intereses de paramilitares y narcotraficantes.
Como pruebas la Fiscalía presentó el testimonio de Sigifredo Puentes, un curtido detective del DAS, quien dijo que Noguera había filtrado información a Hernán Giraldo, viejo jefe paramilitar en la Sierra Nevada, sobre una operación de la unidad de lavado de activos en su contra. El ex detective agregó que, recién posesionado, Noguera paró una investigación sobre narcotráfico que involucraba a familiares y amigos. Puentes fue relevado de su cargo y obligado a renunciar. No fue el único que perdió su puesto por denunciar las irregularidades en el DAS.
Finalmente, el último cargo contra Noguera hace referencia al delitos de eliminación, alteración y supresión de documento público y relaciona al ex director del DAS con complicidad con el mismo Rafael García, pues se le acusa de que juntos borraron antecedentes de narcotraficantes y paramilitares. García fue condenado por este hecho, pero dijo que obedecía órdenes de Noguera.
Esta negativa a declarar por parte del desmovilizado también frustará el acopio de su testimonio dentro de las investigaciones previas que adelanta la Corte Suprema de Justicia en contra de los congresistas Dilian Francisa Toro, Nancy Patricia Gutiérrez y Javier Cáceres, dentro del escándalo de la parapolítica.
3 de septiembre de 2010
30 de agosto de 2010
©verdad abierta
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exclusiones en justicia y paz


Fiscalía va a pedir exclusión de 26 ‘paras’ de Justicia y Paz. Por no colaborar en sus procesos judiciales, varios desmovilizados pueden ser expulsados del proceso, lo que obligaría a juzgarlo según la justicia ordinaria o incluso según el derecho internacional humanitario.

Colombia. Luis González León, el jefe de la Unidad de Justicia y Paz de la Fiscalía, anunció que entre 20 y 25 ex ‘paras’, postulados a la Ley de Justicia y Paz, pueden perder sus beneficios por no cooperar con las autoridades judiciales.
González advirtió que "la Fiscalía sabe que ellos tienen que cumplir con la verdad como dijo el fallo de la Corte Suprema y como lo dice la misma ley porque aquí vienen a decir la verdad, y si nosotros llegamos a comprobar que están faltando a la verdad tenemos que dar los pasos y empezar las exclusiones de Justicia y Paz".
El anuncio se hace después de que ayer Rodrigo Tovar, alias ‘Jorge 40’, ex jefe del Bloque Norte extraditado en Estados Unidos, se negara a seguir colaborando con el proceso por presuntos nexos con los ‘paras’ que se sigue contra cuatro políticos y contra el ex director del DAS Jorge Noguera.
Sin embargo la decisión de excluir un desmovilizado de Justicia y Paz solo la puede tomar un magistrado  que decide si este colaboró lo suficiente para poder beneficiar de la ley.
Si son expulsados, los ex ‘paras’ tienen que responder ante la justicia ordinaria, exponiéndose a sentencias de hasta 60 años de cárcel por las masacres, los desplazamientos, los desaparecimientos y los miles de homicidios que cometieron. Si siguen en Justicia y Paz, su condena se reduce a penas entre cuatro y ocho años de prisión.
Hasta ahora Iván Roberto Duque Gaviria, alias Ernesto Baéz’ y Luis Arnulfo Tuberquia, alias ‘Memín’, son los dos únicos paramilitares excluidos de justicia y paz. Sin embargo muchos han evocado la falta de seguridad para sus familias, la lentitud del proceso o incluso maltratos del Inpec para no asistir a las audiencias.
1 de septiembre de 2010
31 de agosto de 2010
©verdad abierta
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cabecilla paramilitar a indagatoria


‘Ramón Mojana’ a indagatoria por el asesinato de la fiscal Paternina.
Colombia. El ex cabecilla del Bloque Mojana, de las Auc, Eder Pedraza Peña, alias ‘Ramón Mojana’, será vinculado mediante indagatoria a la investigación por el crimen de la fiscal especializada Yolanda del Carmen Paternina.
La funcionaria judicial fue asesinada el 20 de agosto de 2001 en Sincelejo, por órdenes de Rodrigo Mercado Peluffo, alias ‘Cadena’. La fiscal estaba investigando la masacre de Chengue, Sucre, donde 27 personas fueron asesinadas por los paramilitares en febrero de 2001.
La diligencia será efectuada por un fiscal de Derechos Humanos y DIH, que investiga a ‘Mojana’, como uno de los supuestos determinadores del homicidio.
1 de septiembre de 2010
31 de agosto de 2010
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