colombia

amenazan a paras desmovilizados

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En una carta a José Miguel Insulza, secretario general de la OEA, los ex paramilitares denunciaron amenazas e intentos de reclutamiento en nuevas bandas criminales.

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Colombia. Ex paramilitares denunciaron en una carta que enviaron a José Miguel Insulza, secretario general de la OEA, que hay un plan para exterminarlos a ellos y a sus familias. Segúm dijeron, ya son más de 400 desmovilizados los que han puesto quejas ante el gobierno por el peligro que está corriendo.
Fernando Soto, vocero de los desmovilizados y presidente del Movimiento de Reconciliación Nacional, dijo que grupos ilegales los amenazan si no se integran a sus filas. Sin embargo cuando abandonan sus regiones, las Farc y los integrantes de bandas emergentes ponen en peligro a sus familias.
Soto aseguró que también los han presionado para declarar contra políticos. Las amenazas han incluso llegado a familiares de ex ’paras’ extraditados en Estados Unidos. En diciembre de 2009 desconocidos asesinaron a Sergio Tovar, el hermano de ’Jorge 40’.
Las denuncias de los desmovilizados, reveladas por RCN Radio, indican que si ingresan a bandas armadas en zonas rurales les pagan un millón de pesos y en las ciudades 800 mil pesos.
Las zonas más afectadas, según Soto, se presentan en Medellín, Córdoba, Cali, Pereira y hasta Bogotá, "donde en la zona de Ciudad Bolívar se está presentando un reclutamiento muy fuerte".
Los desmovilizados hicieron un llamado al gobierno de Juan Manuel Santos, para que se nombre a un director del Programa de Reintegración y se implementen políticas de acción para evitar los asesinatos y el reclutamiento de los desmovilizados.
En la carta a José Miguel Insulza, secretario general de la OEA, también señalaron que es impostergable "la necesidad (...) de reformar la Ley 975, de Justicia y Paz, para que ofrezca seguridad jurídica a los postulados, garantías de satisfacción y reparación a las víctimas, y conocimiento de la verdad a Colombia y el mundo".
Según la comisión de presos, esta ley debe ser enmendada "con carácter de urgencia para que no se esterilice en un laberinto sin fin, que vuelva imposible su cumplimiento".
1 de septiembre de 2010
27 de agosto de 2010
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capturan a capo paramilitar

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’Amaury’, el verdugo de El Salado. De soldado modelo a jefe paramilitar, esta es la historia de Francisco Robles, alias ‘Amaury’, capturado el 28 de agosto pasado, quien lideró la masacre de más de 60 personas en El Salado.

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Colombia. Con 12 condenas, 25 órdenes de capturas, participación en las masacres de El Salado, Mampuján, presunto culpable del asesinato cinco agentes del DAS, acusado de reclutamiento de menores, robo de gasolina y uno de los jefes de las Águilas Negras, Francisco Robles Mendoza, alias ‘Amaury’ es sin duda uno de los ‘paras’ prófugos con uno de los peores prontuarios en el país.
‘Amaury’, quien era jefe de del Frente Sabanas del bloque Héroes de los Montes de María y no se desmovilizó, fue capturado el sábado pasado por agentes del DAS y del CTI, integrantes del Gaula Rural, en la finca La Paola, del municipio de Astrea, Cesar.
Robles Mendoza fue sindicado de los delitos de homicidio agravado, hurto agravado y calificado, concierto para delinquir, fabricación, tráfico y porte de armas y municiones de uso privativo de las Fuerzas Armadas, posesión y utilización ilegal de uniformes e insignias de uso privativo de la Fuerza Pública. Y fue trasladado a Bogotá, ante un fiscal de Derechos Humanos para responder por sus crímenes.
Nació en Fonseca, Guajira, hace 43 años y tuvo varios reconocimientos en el Ejército. Fue uno de los líderes del curso de suboficiales número III por sus habilidades para el tiro y su carácter.
Hasta 1998 ‘Amaury’ era el cabo primero Robles, uno de los ‘Rambos’ de las Fuerzas Especiales del Ejército. Desde que se graduó con honores del curso de suboficiales número 3 se destacó por su carácter, su voluntad, su discreción y su puntería.
Este hombre, nacido en Fonseca, en La Guajira, le demostró a sus superiores que su ambición militar no tenía límites. Hizo cursos de lancero, de paracaidista, de contraguerrilla, de antiterrorismo urbano, de explorador, siempre en grupos elite. En todos ellos ocupó siempre el primer lugar.
Tenía el pecho cubierto de medallas e insignias y era, como escribió El Tiempo en un artículo de 2004, el soldado de mostrar cuando alguna delegación extranjera visitaba el país.
Sin embargo, el destino del cabo Robles cambió el 23 de febrero de 1998. Ese día, en el restaurante Toledo, en el barrio Chapinero de Bogotá, el suboficial asesinó, de tiros certeros en la cabeza, a dos hombres. Uno de sus acompañantes fue herido.
Según versiones de los medios de la época, las víctimas le reclamaron a Robles porque los estaba mirando mal. Sobre el momento el entonces militar no hizo nada. Esperó que el grupo saliera y desde su vehículo les disparó con una pistola Glok, calibre 40, sin salvoconducto.
La justicia militar lo encarceló en los calabozos del Batallón de Policía Militar No. 13, en Bogotá, mientras esperaba la investigación y el juicio. Sin embargo a finales de 1998 se escapó mientras iba a una cita médica.
Unas semanas después paramilitares declararon que Robles se había unido a las Autodefensas Unidas de Colombia. Alli empezó a llamarse ‘Amaury’ o ‘07’. Por el crimen de la cafetería Toledo, Robles fue condenado a 37 años de cárcel.
Versiones extraoficiales señalan que llegó a ser tercero al mando del Bloque Norte, pero su mayor tiempo en las autodefensas transcurrió como jefe del Frente Sabanas en Bolívar, que delinquía en los municipios de Córdoba, Zambrano y Magangué en Bolívar, y Buenavista en Sucre.

’Amaury’ y El Salado
‘Amaury’ fue uno de los jefes que lideró la incursión contra El Salado, un corregimiento del Carmen de Bolívar, en la que los ‘paras’ asesinaron a por lo menos 60 personas del 16 al 18 de febrero de 2000.
Su nombre es citado por numerosos desmovilizados y es señalado por el informe ‘El Salado: esa guerra no era nuestra’ del Grupo Memoria Histórica, como uno de los que planeó, organizó y comandó las autodefensas en el pueblo.
‘Amaury’ es, junto a Salvatore Mancuso, Rodrigo Tovar, alias ‘Jorge 40’, Jhon Jairo Esquivel, ‘El Tigre’ y Uber Banquez, alias ‘Juancho Dique’, de los pocos paramilitares acusados por la masacre de El Salado. Sin embargo aún no se ha iniciado ningún juicio por estos crímenes de lesa humanidad.
Por ordenes de ‘Jorge 40’, ‘Amaury’ salió el 15 de febrero de 2000 de Magdalena, para encontrarse con otros ‘paras’ enviados por los hermanos Castaño. En total, eran unos 300 hombres, guiados por cinco desertores, los que irrumpieron después de varios días de caminata en El Salado.
El grupo de ‘paras’ de ‘Amaury’ fue uno de los primeros que ingresó a El Salado. El 17 de febrero entraron en el pueblo, pateando las puertas de las viviendas y obligando a los pobladores a salir y dirigirse hacia el parque principal, insultándolos y acusándolos de ser guerrilleros. Ellos asesinaron a varias personas, entre ellos a Edith Cárdenas, una mujer líder y reconocida por todos en El Salado.
Según testimonios de los sobrevivientes, las víctimas fueron elegidas al azar. Algunos fueron señalados por los desertores de las Farc. Otros, como Francisca Cabrera, porque tenían mucho miedo. Otros sin explicación, como Ever Urueta, que sufría de retraso mental y fue torturado sin piedad para que supuestamente confesara que pertenecía a las Farc.
Dirigidos por ‘Amaury y John Jairo Esquivel, alias ‘El Tigre’ los ‘paras’ se tomaron la cancha de fútbol del pueblo. Allí las muertes se producían cada media hora. La gente estaba bajo el sol inclemente, de pie, viendo cómo se llenaba de cadáveres la plaza, y como los paramilitares festejaban su ‘hazaña’. Los paramilitares sacaron los tambores, las gaitas y los acordeones, y con cada muerto, hacían un toque. Al caer la noche, en la cancha yacían 18 cadáveres.
Cuando los paramilitares dieron la orden de irse a dormir a las casas, muchos encontraron a sus familiares muertos en las calles o en los mismos ranchos. El 21 de febrero, tras una orgía de sangre de cuatro días, ‘Amaury’ y sus hombres salieron del El Salado. En su huida, asesinaron a varias personas más.

Los Otros Crímenes de ‘Amaury’
El ex paramilitar también tendrá que responder por el asesinato de cinco agentes del DAS el 23 de febrero de 2002 en La Aventura, un corregimiento de Córdoba, Bolívar.
Ese día los miembros del DAS fueron a investigar el robo de gasolina de un políducto de Ecopetrol. Cuando llegaron, 30 paramilitares los interceptaron, los obligaron a bajar de su vehículo y les dispararon con sus fusiles.
Después se los llevaron a ‘Amaury’, que según las autoridades de la época, les dio un tiro de gracia y ordenó abrirles el abdomen y botarlos al río Magdalena. Por este caso ‘Amaury’ ya fue condenado.
El episodio marcó el final de su carrera delictiva en las autodefensas. Varios jefes ’paras’ decidieron deshacerse de él por la atención que la masacre de los agentes del DAS atrajo sobre el grupo ilegal. ’Amaury’ sin embrago logró librarse de la persecución gracias a la protección de alias ’120’.
Según versión de un desmovilizado detenido en la cárcel La Vega de Sincelejo, hubo discrepancias con otro miembro de las Auc que compraba el combustible, conocido entre los paramilitares con el nombre de ‘Carne Molía’, y que responde al nombre de Antonio García, un conocido comerciante de Sincelejo que revendía en su estación de servicio en Sincelejo  el combustible robado.
‘Carne Molía’, tenía unos hombres bajo su mando y fue quien, al parecer, envenenó las relaciones con el DAS propiciando el asesinato de los investigadores del DAS Oscar Álvarez Díaz, Jaime Humberto Sastoque, Germán Bustos Carvajal, Jesús Navas Rondón y Nelson Miguel Hernández Cortés, quienes al parecer desconocían la existencia del presunto trato entre paramilitares y ese organismos del estado y habían detectado a los ladrones de gasolina.
‘Amaury’ también fue vinculado por varios desmovilizados a la masacre de Mampuján, donde el 10 y 11 de marzo de 2000 los ‘paras’ asesinaron a 11 personas y desplazaron a 300 familias.
1 de septiembre de 2010
30 de agosto de 2010
©verdad abierta

qué pasa con los paramilitares

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Según las cifras oficiales, 32.000 paramilitares depusieron las armas entre 2006 y 2009. Menos de mil están en la cárcel, el resto se ha beneficiado de una amnistía de hecho. Ellos han admitido 165.000 asesinatos, 32.000 desapariciones y el reclutamiento de 3.500 niños.

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[Marie Delcas] Colombia. Al despedirse y hacer su balance de ocho años en el poder, el presidente colombiano Álvaro Uribe se preció a comienzos de agosto de haber "eliminado el paramilitarismo". Los defensores de los derechos humanos están escépticos. Les inquieta el dinamismo de las "bandas criminales emergentes" que, un poco por todo el país, ocupan el lugar de los paramilitares desmovilizados. Milicianos al servicio de los terratenientes y de los narcotraficantes, los paramilitares se hicieron en los años 90 de un discurso político y de una ambición nacional: terminar con las guerrillas marxistas que desde hace más de medio siglo asolan los campos colombianos. Agrupados en el seno de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), los "paras" han hecho reinar el terror en los campos. Bajo pretexto de separar a la guerrilla de su base social, multiplicaron las exacciones contra los civiles.

Dejando las Armas
Cuando Álvaro Uribe llegó al poder en 2002, guerrilleros y paramilitares vieron en jaque sus respectivas potencias. "Uribe, que hizo campaña sobre la promesa de pacificar al país, tomó el contrapié de sus antecesores: declaró una guerra sin piedad a los guerrilleros y aceptó negociar con los paramilitares", explica el analista León Valencia. En los dos frentes, Uribe obtuvo éxitos incuestionables. Los guerrilleros, debilitados militarmente, se atrincheraron lejos de los centros urbanos. Y, oficialmente, las Autodefensas Unidas de Colombia desaparecieron. Según las cifras oficiales, 32.000 combatientes depusieron las armas entre 2006 y 2009. Y una treintena de grandes jefes paramilitares están en la cárcel.
"Pretender negociar la paz con una sola de las bandas existentes era una apuesta ambiciosa y arriesgada", señala Eduardo Pizarro, director de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación. Según él, la Ley Justicia y Paz, que sirvió de marco jurídico a la desmovilización de las milicias, "es ahora un modelo en materia de justicia de transición posconflicto". Aprobada en julio de 2005, esta normativa contempla penas máximas de ocho años para los ex combatientes dispuestos a confesar sus crímenes y a entregar sus bienes para indemnizar a sus víctimas. Igualmente, se puso en práctica un ambicioso programa de reinserción para garantizar el retorno a la vida civil de las tropas desmovilizadas.
"De los 32.000 paramilitares oficialmente desmovilizados, menos de mil están en la cárcel", subraya Gustavo Gallón, de la Comisión Colombiana de Juristas. Los otros 31.000 se beneficiaron de una amnistía de hecho.
"El proyecto de ley inicial, elaborado por el gobierno, apuntaba a facilitar la redención de los verdugos y no se preocupaba para nada de la suerte de las víctimas", recuerda el senador Guillermo Rivera. Felizmente, intervino la Corte Constitucional. Corregida, la Ley Justicia y Paz ha permitido a las víctimas defender su derecho a la verdad, la justicia y la reparación. "Más de 300.000 víctimas se han inscrito como tales para poder asistir a las audiencias de los ex paramilitares y pedir reparación.

Complicidades
En materia de "verdad", las confesiones de los ex paramilitares sobrepasaron todas las expectativas. Sus relatos revelaron una barbarie de la que ni los medios, ni las autoridades, ni la opinión pública habían tomado la medida. Les han dado la razón a las organizaciones de derechos humanos más alarmistas. Los desmovilizados han admitido unos 165.000 asesinatos, 68.000 desplazamientos de población, 32.000 desapariciones forzadas, 3.500 niños reclutados… Han hablado de cuerpos mutilados, violados, desmembrados en vida, cadáveres trozados a cuchillo, enterrados en fosas, lanzados a los ríos, quemados en hornos.
Desbordado, al sistema penal le costó dar abasto. La cantidad de confesiones a escuchar, de exhumaciones a realizar, de hechos a confirmar, amenaza con bloquear todo el proceso. En cinco años, se han pronunciado sólo dos condenas.
"Las confesiones de los desmovilizados permiten identificar a los culpables inmediatos de miles de crímenes cometidos. Pero la médula espinal del sistema paramilitar no ha sido tocada, las complicidades de las que se benefician las milicias en el seno del Estado no han sido todas develadas", afirma Gustavo Gallón. Como muchos, el jurista estima que la extradición de 14 jefes de las AUC a Estados Unidos, decidida por Álvaro Uribe en mayo de 2008, bloqueó confesiones decisivas.

Frustración
En materia de reparación, todo o casi todo queda por hacer. "La idea era crear un fondo para indemnizar a las víctimas, nutrido por el dinero y los bienes ‘entregados’ por los paramilitares arrepentidos. Es un fracaso", resume Eduardo Pizarro.
Los paramilitares han recurrido a palos blancos para disimular sus fortunas mal adquiridas, legalizar sus tierras, sus propiedades y otros títulos. Expropiarlos resulta más arduo. El gobierno optó entonces por la vía de la reparación administrativa, más eficaz y menos generosa. Este año, han sido repartidos 150 millones de dólares entre 15.000 familias.
En 25 años, 750.000 familias colombianas (es decir 3,5 millones de personas) han huido de los campos bajo la presión directa o indirecta de los grupos armados. Entre cuatro y cinco millones de hectáreas fueron abandonadas o expoliadas. El proceso de retorno de los desplazados sigue siendo tímido y la devolución de sus tierras es muy compleja.
"En caso de un fracaso, las frustraciones de las víctimas podrían alimentar un nuevo ciclo de violencia", suspira Eduardo Pizarro. Por de pronto, la policía estima que 4.000 desmovilizados han vuelto a tomar las armas. Pizarro considera que "el gran fracaso de la reinserción se sitúa a nivel de los ‘cuadros medios’, los subjefes que tomaron el sitio de los jefes encarcelados y el control del narcotráfico". Son ellos quienes dirigen las bandas criminales emergentes, las "bacrimes", que controlan los territorios y las redes de narcotráfico que ayer estaban en manos de los paramilitares. Son los "neo-paramilitares", de los que habla León Valencia. Dice que "las milicias perdieron toda legitimidad política, pero todavía no han desaparecido".
Según la organización Human Rights Watch, esos grupos criminales estarían presentes en 24 de los 32 departamentos del país y contarían con más de 10.000 hombres armados. Para María Eugenia Pinto, del Alto Comisariato para la Paz, la situación recuerda la imagen de una bicicleta estática: "Todos los días jóvenes combatientes se desmovilizan, todos los días los movimientos armados enrolan nuevos reclutas". Colombia no ha dado vuelta la página de la violencia.
30 de agosto de 2010
29 de agosto de 2010
©la nación

condenan a criminal a vivir en su casa

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Uno de los integrantes de la ‘Banda de los 40’, un grupo de paramilitares que heredó el imperio de ‘Jorge 40’, sólo permaneció 10 meses en prisión. Ahora goza del beneficio de casa por cárcel.

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Colombia. Pese a ser procesado por los delitos de narcotráfico, sicariato y extorsión como integrante de la ‘Banda de los 40’, Wildon Javier Daza Mejía, alias ‘Gabi Daza’, recibió esta semana el beneficio de casa por cárcel. Según fuentes oficiales, un juez penal del Circuito Especializado adjunto de Barranquilla tomó esta decisión, argumentando enfermedad del detenido.
"Medicina Legal certificó que tenía problemas cardiovasculares graves, y ese fue el argumento de la decisión del juez. Sin embargo, existen reportes médicos de la cárcel que señalan que meses atrás Daza Mejía estaba en buenas condiciones", dijo una fuente oficial.
Cabe recordar que la ‘Banda de los 40’ fue un grupo paramilitar que heredó el imperio de ‘Jorge 40’. Su comandante general era ‘Salomón’ y estaba compuesto por 180 integrantes, de los cuales 24 eran funcionarios públicos. La banda tenía una ‘oficina de cobros’, una cooperativa y una empresa de seguridad privada en la Costa Caribe, además de una sólida estructura militar durante 2006 y 2007 en los departamentos de Magdalena, Atlántico, Bolívar y Sucre.
Alias ‘Gabi Daza’ fue capturado el 4 de octubre de 2009, después de que las autoridades lo incluyeran en la lista de los 20 delincuentes más buscados de la Costa Atlántica. Ya detenido, la Policía le solicitó al Inpec trasladar a ‘Gabi Daza’ a otra cárcel, porque el detenido seguía delinquiendo en la capital del Atlántico.
"Informes de inteligencia indican desde su sitio de reclusión (‘Gabi’) estaría liderando el accionar criminal en la comisión de hechos punibles como la extorsión, tráfico de drogas y homicidios selectivos, al igual que contarían con medios de comunicación, computadores y visitas no autorizadas", señala la Policía de Barranquilla, en un reporte el 11 de noviembre del 2009.
Por esta razón, el integrante de la ‘Banda de los 40’ fue enviado a la cárcel de Cómbita, en Boyacá, desde donde era trasladado con frecuencia a Barranquilla para asistir a las audiencias ante el juez que lo procesaba.
En una de esas diligencias, cuenta una fuente de la cárcel, ’Gabi Daza’ aseguró estar enfermo, por lo que debió ser hospitalizado en un centro médico de la Costa desde el 24 de mayo pasado. Desde ese momento, solicitó a un juez que le levantara la medida.
28 de agosto de 2010
27 de agosto de 2010
©el tiempo
©verdad abierta

ocho años para espía uribista

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El ex director de contrainteligencia del DAS Jorge Lagos pagará ocho años de cárcel, si el acuerdo al que llegó con la Fiscalía queda en firme. La Procuraduría apelará la decisión.

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Colombia. La jueza 14 penal de Bogotá avaló el acuerdo previo al que llegaron el ex funcionario del DAS con la Fiscalía que contempla ocho años de cárcel para Jorge Lagos, ex director de contrainteligencia del DAS, acusado por los delitos de concierto apara delinquir, prevaricato por acción, utilización indebida de equipos y abuso de función pública. En criterio de la jurista, el acuerdo se ajustó a los parámetros legales.
Lagos, quien está privado de la libertad, es uno de los testigos más importantes de cómo desde el organismo de seguridad se hicieron seguimientos ilegales, principalmente, a magistrados de la Corte Suprema, miembros de la oposición, periodistas, entre otros.  
Previamente, el procurador delegado ante la Corte, Miguel Carvajal, adujo que el acuerdo al que llegó el ex subdirector de contrainteligencia del DAS con el ente acusador no tuvo en cuenta los perjuicios causados a las víctimas de las "chuzadas".
La Procuraduría considera que la rebaja de la pena contemplada en el acuerdo (cerca de 8 años) no se ajusta al principio de legalidad porque los delitos no fueron individualizados, es decir, no menciona en qué consiste la pena de cada uno por separado.
También adujo que la pena era demasiado corta y anunció que apelará el acuerdo avalado por la jueza.
En la audiencia que se celebró este viernes, Lagos pidió perdón a las víctimas de las interceptaciones y seguimientos ilegales y reconoció que el objetivo era desacreditar al Alto Tribunal y a algunos senadores. Lagos expresó:
"Deseo comunicar a todos en esta audiencia y a Dios mi deseo de pedir perdón a las instituciones afectadas. Quiero dar mis más sinceras disculpa a Piedad Córdoba a Gustavo Petro y a los magistrados de la corte afectados", dijo Lagos.
El pedido de perdón hizo parte del acuerdo al que llegó con la Justicia, en lugar de pagar una multa, pues el ex funcionario de inteligencia se declaró en bancarrota.
Lagos podría ser el primer funcionario de alto nivel condenado por las interceptaciones ilegales en caso de que el acuerdo con la justicia, en el que aceptó pagar una pena de 8 años de cárcel y una multa de 44,43 salarios mínimos legales vigentes al 2008, quede en firme.
El acuerdo fue suscrito con el fiscal octavo delegado ante la Corte, Misael Rodríguez.
La pena es de 16 años de prisión, pero debido a su compromiso de colaborar con la Justicia se reduce a la mitad.
El abogado de la senadora Piedad Córdoba, quien fue una de las afectadas por las interceptaciones ilegales, adujo que Lagos debe dar información puntual de quién fue que le dio la orden de perseguir a la oposición del gobierno anterior.
Aunque éste señaló a Bernardo Moreno, secretario jurídico del ex presidente Álvaro Uribe, las autoridades investigan qué tanto tuvo qué ver con las llamadas "chuzadas".
28 de agosto de 2010
27 de agosto de 2010
©semana

otro ex congresista a juicio

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El ex congresista de La U por este departamento, Luis Carlos Restrepo Orozco, ya no será investigado por la Corte Suprema de Justicia. Su proceso por enriquecimiento ilícito quedó en manos de la Fiscalía.

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Colombia. El fenómeno de la narcopolítica en el Valle y que tiene en aprietos con la Corte Suprema de Justicia, CSJ, a tres parlamentarios considerados barones electorales en la región, sufrió un cambio inesperado.
El revolcón ocurrió esta semana debido a que el Alto Tribunal se abstuvo de seguir investigando al ex representante, ex diputado y ex alcalde de Cartago Valle, Luis Carlos Restrepo Orozco, por considerar que hasta el momento los delitos imputados corresponden a la época en la que el político era un dirigente local del Valle y no congresista.
Como se recordará, entre las funciones de la CSJ está la de investigar y juzgar a personas aforadas, en este caso los parlamentarios, pero como en el caso del señor Restrepo Orozco los cargos imputados ocurrieron durante su desempeño como candidato a la alcaldía de Cartago en 2000, le corresponde a la justicia ordinaria desarrollar la respectiva investigación.
Por esa razón en días pasados la Corte decidió hacer el respectivo traslado por competencia a la Fiscalía, para que lo investigue por el presunto delito de enriquecimiento ilícito. Por ese hecho la CSJ había ordenado su captura desde el pasado 29 de abril. Hoy el ex representante a la Cámara continúa preso en La Picota.
Frente a esa decisión, el ex congresista se limitó a expresar a este medio que "La justicia de Dios y la verdad siempre se imponen por encima de todo. El tiempo es el mejor amigo en estos momentos difíciles".
Al respecto, uno de sus abogados el penalista Diego Giraldo, manifestó que frente a las nuevas determinaciones jurídicas lo que esperan es que su cliente recobre la libertad rápidamente. Asimismo, manifestó que existe la posibilidad que el proceso sea remitido a una fiscalía seccional en el Valle.
De igual manera, ratificó que paralelo a este caso, el pool de abogados trabaja arduamente en la demanda ante el Consejo de Estado con la que buscan recuperar la curul que su defendido perdió en el Congreso, durante las elecciones de marzo pasado.
"Creemos que nuestro cliente estuvo en desventaja para defender su curul ante el Consejo Nacional Electoral, CNE, por cuanto mientras los demás parlamentarios estaban pendientes del reconteo de sus votos, nuestro defendido estaba preso", dijo a SEMANA.

Ni Culpable Ni Inocente
Si bien el traslado del proceso de la CSJ a la Fiscalía por ahora deja en limpio al ex congresista en torno a su presunta relación con paramilitares, no se trata de una absolución en este complicado caso que involucra la delgada línea entre mafia y política en el Valle del Cauca.
Fuentes de la Corte consultadas por SEMANA explicaron que el grueso expediente por narcopolítica que desde finales de 2007 se la abrió a Restrepo Orozco, por ahora queda archivado, "pero de aparecer nuevas pruebas o testimonios que lo involucren en actividades ilícitas en su carrera por llegar al Congreso o durante su investidura como parlamentario, inmediatamente se reactiva la investigación", precisó el investigador cuyo nombre se omite por petición de la fuente.
En ese sentido se conoció que el Alto Tribunal aún está a la espera que jefes paramilitares como Carlos Mario Jiménez Naranjo, alias ´Macaco´, preso en Estados Unidos, rinda versiones en las que desmienta o ratifique las denuncias dadas por narcotraficantes como Hernando Gómez Bustamante, alias ´Rasguño´ y Jhon Edilber Cano, alias ´Jhonny Cano´, en el sentido de que algunos políticos de la región recibieron apoyo de su organización para llegar al Congreso.
Por otro lado, se conoció que Restrepo Orozco aún tiene pendiente ante la CSJ la investigación relacionada con el presunto delito de falsedad en documento público. El proceso se relaciona con el pasado judicial falso que presentó al momento de recibir su investidura de Representante a la Cámara en 2006.
Por ahora el balón de este delicado proceso quedó en terrenos de la Fiscalía y más allá de saber quién investiga, lo importante es conocer la verdad sobre hasta dónde llegó el maridaje entre mafia y política en el Valle del Cauca.
28 de agosto de 2010
©semana

 

enterraban a víctimas en cementerio

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El debate sobre los NN en los cementerios de Meta y Guaviare. El Polo pide investigar cómo se produjeron las muertes de personas sin identificar, enterradas en cementerios de Meta y Guaviare.

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Colombia. El Polo Democrático Alternativo, a través de las senadora Gloria Inés Ramírez y el representante Iván Cepeda, insistió el miércoles pasado, en un debate adelantado en la Cámara de Representantes en la necesidad de que las autoridades competentes investiguen cómo se produjeron las muertes de 1.632 personas no identificadas que yacen en los cuatro cementerios ubicados en los municipios de Granada, Vista Hermosa, La Macarena y San José del Guaviare.
Por su parte el Gobierno, a través del ministro de Defensa, Rodrigo Rivera, dijo que ofrecerá todas las garantías necesarias para que se esclarezcan las denuncias sobre violaciones de Derechos Humanos y que no habrá titubeos en la búsqueda de la verdad. "Ninguna violación a la Ley o a los Derechos Humanos es o puede ser una política de Estado o de Gobierno. Cualquier comportamiento indebido en relación con la Constitución y la Ley en el que incurra un miembro de la Fuerza pública, se tratará de un hecho individual y de ninguna manera es una política de Estado".
Cepeda pidió lograr la plena identificación de esas personas y determinar si existe responsabilidad por parte de efectivos de la fuerza pública en esos hechos. Así mismo solicitó evaluar los controles empleados para la inhumación de los cuerpos e investigar si el Ejército Nacional ha asumido funciones de policía judicial.
"Cuatro cementerios del Meta dan cuenta de un cuadro general de violaciones sistemáticas y generalizadas de los Derechos Humanos y graves infracciones al Derecho Internacional Humanitario. Son la punta del iceberg, miles de cadáveres sin identificar están en los cementerios municipales o clandestinos", afirmó Cepeda Castro.
"La labor de identificación que adelanta la Unidad de Justicia y paz de la Fiscalía es lenta y con muy limitados recursos. Al ritmo que va, su tarea de exhumación tardaría por lo menos 50 años en concluirse. Por eso sería conveniente buscar una alianza entre la academia, investigadores forenses nacionales e internacionales, asociaciones de víctimas y la institucionalidad del Estado para que apoyen esa labor", afirmó, luego de denunciar la existencia de más cadáveres sin identificar en otros lugares del territorio nacional.
Los congresistas de ese partido político aportaron fotografías de tumbas donde yacen cuerpos sin identificar y retomaron testimonios de víctimas que asistieron a la denominada "Audiencia Pública por la crisis humanitaria en los Llanos Orientales" celebrada en julio pasado en La Macarena, en donde se denunciaron presuntas ejecuciones extrajudiciales.
Entre los casos citados figura el de dos hermanos ganaderos y el administrador de su finca. Los hermanos Agudelo Velázquez y el señor Javier Enteno les reclamaron a militares de la Brigada Móvil 12 por sacrificar sus reses. Por esa razón habrían sido asesinados y presentados como guerrilleros muertos en combate, dijo Cepeda. Sus familiares buscaron sus cuerpos y los encontraron en el cementerio de Granada, los tres cuerpos en una tumba como NN. (Ver video)
También presentaron el testimonio de un ex soldado profesional retoma el caso de los hermanos Agudelo y del señor Enteno. Según el testigo, los tres hombres fueron presentados como guerrilleros sin serlo. (Escuche testimonio).
Según el parlamentario, no existen investigaciones ordinarias por estos hechos y reclama un registro de las operaciones militares y número de personas muertas en esta zona del país. "Entre 2002 y el 2006 en La Macarena no se respetaron las mínimas normas para identificación de cadáveres e inhumación de cuerpos", denunciando que miembros de la Fuerza Pública recibieron beneficios a cambio de estos hechos y que las autoridades militares se "han tomado atribuciones de policía judicial".
Frente a esas afirmaciones, el ministro Rivera recordó que la región de La Macarena perteneció a la zona que el gobierno del presidente Andrés Pastrana despejó para negociar un proceso de paz con la guerrilla de las Farc y sugirió que si allí hay muertos sin identificar, ellos son los autores de los crímenes.
El Ministro de Defensa, hizo una férrea defensa de la institución militar. y aseguró que "nuestras Fuerzas Militares y de Policía son las principales defensoras de los derechos humanos y las libertades públicas de los colombianos".
Rivera fue enfático al afirmar que la verdad que se conozca debe ser la judicial y no "la verdad de los actores políticos interesados en generar efecto partidista".
Rivera criticó a las personas y a los medios de comunicación que dieron eco a la existencia de "la fosa común más grande de América Latina", cuando se habló de la existencia de 2 mil cuerpos en cementerio de La Macarena. Según datos de la Fiscalía, afirma, los cuerpos que están sin identificar serían alrededor de 500.
También resaltó que no es función del Ejército Nacional realizar entierros y que "si lo hiciera violaría la Ley. Mucho menos lanza cuerpos desde helicópteros como se dijo en los medios de comunicación".
"Si en los Llanos Orientales hubo una crisis humanitaria, los culpables fueron las Farc, ELN, Autodefensas y bandas criminales y no las Fuerzas Militares", concluyó.
A su turno el representante Miguel Gómez del Partido de la U, afirmó que medios de comunicación y Organizaciones no Gubernamentales "han emprendido una campaña de desprestigio contra Colombia".
"Quedó demostrado que aquí no hay fosas comunes. Quedó demostrado que es un cementerio público, que hay personas enterradas bajo los procedimientos judiciales legales, que hay un grupo de N.N. algunos de ellos combatientes de las FARC que nunca estuvieron identificados, hay personas del municipio que fueron enterradas por los pobladores probablemente sin llevar  a cabo los procedimientos judiciales previstos por la ley, pero aquí no hay una fosa común del Ejército ni en la Macarena ni en ninguna parte del país. No es una Política de Estado masacrar y enterrar gente en fosas", aseguró Gómez.
El representante Iván Cepeda invitó al ministro de Defensa a los cementerios del Meta para que constate por si mismo las denuncias presentadas.
Igualmente congresistas del Polo Democrático Alternativo rechazaron las voces de quienes quieren minimizar estas denuncias llamándolos "mensajeros del terrorismo", al tiempo que desmintieron haber usado una foto de la antigua Yugoslavia en las denuncias de La Macarena. La imagen ha sido replicada equivocadamente por diferentes medios de comunicación tras haber sido publicada en una página de Internet.
Finalmente Iván Cepeda hizo un llamado a la aprobación de la Ley de Víctimas y pidió pensar en una Ley para el tratamiento de cuerpos no identificados. Dijo que es urgente localizar e investigar cementerios clandestinos y también impulsar bancos de datos de las personas desaparecidas en Colombia.
27 de agosto de 2010
26 de agosto de 2010
©semana

militares presos por falsos positivos

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Asegurados por homicidio un oficial, suboficial y varios soldados. La investigación se originó en los hechos ocurridos el 22 de marzo de 2006 en la vereda La Pipiola, jurisdicción municipal de Tarazá, Antioquia. Pobladores acusan a militares de enterrar ahí a civiles inocents que el ejército disfrazó de guerrilleros y asesinó para cobrar recompensa.

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Colombia. Un oficial, un suboficial y cinco soldados profesionales fueron cobijados con medida de aseguramiento intramuro, en el proceso que por homicidio agravado les sigue un fiscal de Derechos Humanos y DIH.
La investigación se origina en los hechos ocurridos el 22 de marzo de 2006 en la vereda La Pipiola, jurisdicción municipal de Tarazá (Antioquia), donde los lugareños Cristián Esteban Quintero y Rubén Darío Montoya Urán fueron señalados como supuestos extorsionistas muertos en combate por las tropas regulares.
De acuerdo con la providencia del fiscal instructor, las víctimas no hacían parte de ningún grupo delincuencial y también se descartó la ocurrencia de un enfrentamiento armado.
Los uniformados, adscritos al Batallón de Contraguerrilla No.10 de la XI Brigada, son: Giovanny Serrano, capitán; Vladimir Ordóñez Daza, sargento segundo; Andrés Felipe Parra Ospina, Erickson Enrique Sánchez Puentes, Ramiro Antonio Cabarcas Ramírez, Domingo Gil Guzmán Buelvas, y Rigoberto Enrique Suárez Bánquez, soldados profesionales.
Todos los procesados están privados de la libertad.
27 de agosto de 2010
26 de agosto de 2010
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