colombia

santos y la marihuana

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Ante una posible legalización de la droga con la aceptación de un referendo en California, Estados Unidos, Juan Manuel Santos invitó a los presidentes de México y Perú a establecer una reacción común frente a la medida que se resuelva.

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Colombia. El presidente Juan Manuel Santos afirmó que buscará con los presidentes de México y Perú establecer una reacción común si en noviembre próximo el estado de California, en Estados Unidos, decide en un referendo legalizar el consumo de marihuana.
Junto al presidente de México Felipe Calderón, y de Perú, Alan García, "quienes nos vemos afectados por este flagelo del narcotráfico debemos sentarnos a ver cómo vamos a reaccionar y qué va a pasar después de ese referendo", sostuvo en entrevista con la emisora W Radio de México el mandatario, para quien "toda estrategia que sea conjunta es más efectiva".
Si California, el estado más rico de EE.UU., legaliza el consumo de marihuana, "¿cómo se le explica a un indígena en una montaña colombiana que producir marihuana es ilegal, y lo lleva uno a la cárcel o le erradica (destruye) la marihuana, cuando allá en Estados Unidos consumirla es legal?", se preguntó Santos.
"Vamos a esperar con mucha atención qué va a pasar en ese referendo", insistió.
"Que no nos vengan ahora a decir (los estadounidenses) que esa es una droga suave, que la droga suave sí se puede y la droga dura, que llaman ellos, no, porque ¿dónde traza uno la línea?", agregó Santos.
En las elecciones de noviembre de este año en California se incluirá un alto número de referendos sobre reformas significativas en ese estado, desde cambiar la forma en que se vota el presupuesto estatal hasta la protección de gobiernos locales.
El debate sobre la legalización de las drogas "es una discusión de gran contenido moral, político, económico y de salud pública", consideró el Presidente.
"Unilateralmente nosotros no podemos ni legalizarlas ni mucho menos, porque es un problema no solamente de seguridad nacional interna si no también con implicaciones internacionales", manifestó Santos.
Sin embargo, "estamos entrando en una era del negocio del narcotráfico donde ese tipo de reflexiones (debatir la legalización) hay que hacerlas", argumentó.
"El presidente Calderón tiene razón en hacer un llamado a que esto se discuta, sin que eso quiera decir que uno está de acuerdo o no con la posición de legalizar", dijo.
El pasado 3 de agosto el presidente de México dijo en un foro sobre seguridad que está en contra de la legalización de las drogas pero que no se opone a su debate, lo que avivó en territorio mexicano una discusión sobre el tema.
De otra parte, Santos explicó que Colombia y México deben analizar cómo ayudar a los países de Centroamérica y del Caribe en su lucha contra el narcotráfico.
"Es un problema que el mundo no se ha dado cabal cuenta de cómo estos tentáculos del narcotráfico se están apoderando poco a poco de países que están viendo y subestimando el poder del narcotráfico", argumentó.
Países como Guatemala y algunas islas del Caribe "tienen un problema serio y creciente de narcotráfico", porque el narcotráfico "se va a donde pueda hacer sus negocios sin problemas", apuntó.
26 de agosto de 2010
25 de agosto de 2010
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qué pasó en el cementerio

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El Polo busca la verdad sobre los cementerios de La Macarena. Este miércoles el gobierno afrontará un nuevo debate promovido por el Polo Democrático que pretende esclarecer cómo murieron más de 400 personas que aparecieron en un cementerio en el Meta.

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Colombia. La sombra de los falsos positivos, uno de los mayores escándalos que afrontó el anterior gobierno, sigue tendida. Luego de que los medios de comunicación revelaran ejecuciones extrajudiciales en Soacha, en 2008, la aparición de un cementerio en el departamento del Meta, con más de 400 cuerpos sin identificar, sigue sembrando dudas.
El pasado mes de mayo, el relator de la ONU para los derechos humanos advirtió en su informe anual sobre Colombia que los falsos positivos han sido una "práctica sistemática de algunos agentes del Estado", afirmación polémica que fue controvertida por el gobierno y por el entonces candidato Juan Manuel Santos.
Cuando parecía que el país superaba ese debate, el pasado mes de julio, en una audiencia pública de la comisión de Derechos Humanos del Congreso, habitantes de La Macarena denunciaron que centenares de cadáveres fueron entregados por el Ejército al cementerio del municipio, que, entre otras, colinda con algunas bases militares.
Defensores de Derechos Humanos advirtieron estar ante un posible caso de fosas comunes donde terminaban enterrados civiles inocentes que podría constituir una nueva prueba de falsos positivos entre el 2002 y el 2010.
Por esos días la Cancillería, a nombre del gobierno, rechazó esa hipótesis al señalar que una misión enviada por la Fiscalía a recopilar datos sobre estas denuncias de vecinos de La Macarena no encontró "signos de remoción de tierra, ni tampoco cualquier otra señal de la existencia de una fosa común".
"En el cementerio del municipio de La Macarena sólo existen tumbas individuales excavadas en momentos diferentes, separadas entre sí por más de un metro de distancia. Esta circunstancia fue verificada por funcionarios del cuerpo diplomático acreditado en Colombia que visitaron el municipio", añadió la Cancillería en un comunicado.
Ese pronunciamiento no fue suficiente. Por eso este martes el Polo Democrático citó a los ministros de Interior, Defensa y Relaciones Exteriores, e invitó al Fiscal general y al Procurador general en busca de esas respuestas.
Según el representante Iván Cepeda, citante del debate, "la discusión es cómo se produjeron esas muertes, quiénes son las personas que están allí, qué tiene que decir el Ejército con relación a los controles que debió utilizar y los procedimientos de inhumación de esos cuerpos".
25 de agosto de 2010
24 de agosto de 2010
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matan a líder de desplazados

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De Popayán. La Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento denunció la muerte del dirigente Beto Ufo Pineda, líder de desplazados de la Organización Nueva Florida.

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Colombia. El representante de una organización de desplazados en el Cauca fue hallado asesinado en la zona rural de Popayán, informaron fuentes humanitarias.
El dirigente Beto Ufo Pineda, de 48 años, que encabezaba la Organización Nueva Florida, murió como consecuencia de varias heridas de machete y cuchillo, y su caso es el número 38 de líderes de desplazados que han sido asesinados desde 2002 en el país.
La Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (Codhes) precisó en un comunicado que el paradero de Pineda era desconocido desde el pasado 17 de agosto.
Ese día, Pineda había salido "muy temprano a realizar sus labores agrícolas" en una finca ocupada por diez familias desplazadas, que la recibieron del Gobierno colombiano en 2007.
El cadáver del dirigente campesino fue hallado dos días más tarde en la zona rural montañosa de Popayán, y su caso quedó en manos de investigadores de la sección de la Fiscalía General en la misma ciudad, que más tarde lo identificaron de manera plena.
"Este líder tenía medidas de protección", advirtió Codhes, que denunció asimismo que la líder Olga Castaño, de desplazados en Popayán, "fue agredida físicamente" por un motociclista sin identificar en las calles de la ciudad.
Los registros de esta organización no gubernamental (ONG) muestran que 38 dirigentes de desplazados han sido asesinados en Colombia desde marzo de 2002.
Desde 1985, más de cuatro millones de colombianos han dejado sus tierras por efecto del conflicto armado interno, según estudios de Codhes y la Iglesia católica.
25 de agosto de 2010
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los gnósticos y los paras

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En la Sierra Nevada de Santa Marta paramilitares desplazaron una cooperativa campesina de dos fincas cafeteras y según los desplazados se las entregaron a una comunidad de gnósticos. En las próximas semanas este grupo será desalojado para devolverle los predios a sus dueños.

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Colombia. En la Sierra Nevada de Santa Marta paramilitares desplazaron una cooperativa campesina de dos fincas cafeteras y según los desplazados se las entregaron a una comunidad de gnósticos. En las próximas semanas este grupo será desalojado para devolverle los predios a sus dueños.
La Sierra Nevada de Santa Marta es uno de los santuarios de la comunidad gnóstica.
Una comunidad de gnósticos que llegaron a la Sierra Nevada de Santa Marta en 2004 será desalojada en los próximos días de dos predios que al parecer despojaron con la complicidad de las Autodefensas de Hernán Giraldo.
Este grupo religioso, que pregona la no violencia, ocupó estas tierras que pertenecen a una cooperativa de campesinos de San Pedro de la Sierra, que fueron desplazados por hombres del ex jefe paramilitar en 2004, cuando fueron tildados como guerrilleros.  
Desde entonces, 26 familias campesinas de la cooperativa Cooagrosac luchan por recuperar las fincas San Carlos y La Paz, en este corregimiento de Ciénaga, Magdalena.
La pelea entre la comunidad y los campesinos llegó hasta un tribunal de Santa Marta, que hace unas semanas ordenó la restitución de las dos fincas a los labriegos desplazados. Los gnósticos han querido retener las propiedades aduciendo que son poseedores de buena fe y que nada tuvieron que ver con los paramilitares y el despojo a estos campesinos.
Sin embargo, la justicia encontró que ellos no son los reales propietarios y tienen que devolver las tierras a sus dueños.

Una Tierra, Tres Desplazamientos
Desde los ochenta la violencia ha marcado las fincas San Carlos y La Paz. Los dos predios, de 153 y 60 hectáreas, pertenecían a los Fernández De Castro, una familia adinerada de Santa Marta.
Por la presión de las Farc, que empezaron a delinquir en las tierras altas de la Sierra Nevada en 1982, los Fernández De Castro se marcharon. Hasta diciembre de 1998, el abandono campeó en estas tierras, fecha en la que la familia le vendió los predios a la cooperativa agraria Cooagrosac.
Esta cooperativa, que juntó 26 familias campesinas, adquirió San Carlos y La Paz con un crédito del Instituto Colombiano para la Reforma Agraria (INCORA). Laborando bajo principios cooperativistas, los campesinos compartían las siembras, las cosechas y todos los dividendos que les dejaba el cultivo de café. Según cifras entregadas por los campesinos despojados, las cosechas les dejaban hasta 350 millones de pesos por año.
Antes de enfrentarse a los ’paras’ de Hernán Giraldo, los campesinos de la cooperativa huyeron una primera vez de San Pedro por las amenazas de la guerrilla. "Cómo la tierra era de una familia de ricos de Santa Marta, dijeron que era de paracos, ordenaron que la cooperativa se acababa  y que ahora trabajaría como ellos dijeran", recordó Pablo Torres*, uno de los miembros de Cooagrosac.
Gran parte de los parceleros se desplazó y sólo volvió a ocupar San Carlos y La Paz en 2003, cuando el Ejército se instaló en la zona. Sin embargo, a principios de 2004, menos de un año después del retorno de la fuerza pública a San Pedro de la Sierra, los ‘paras’ empezaron a merodear por las fincas de la cooperativa.
Les decían que los estaban investigando por ser presuntos colaboradores de la guerrilla. En agosto de 2004, según relataron los campesinos, cerca de 200 paramilitares del Frente Resistencia Tayrona, al mando de José Daniel Mora López, alias ‘101’, irrumpieron en esta región, los amenazaron y les dijeron que iban a coger esas tierras porque ahí trabajaban milicianos de la guerrilla.
"A la finca llego un señor apodado ‘101’, enviado por Hernán Giraldo, y nos dijo que mientras ellos estuvieran por esos lados, teníamos que desocuparle la finca, o si no, nos mataban", recordó Juan Ruiz*, un cafetero de la cooperativa. Añadió que "ese mismo día nos tocó abandonar la finca y dejar todo tirado, lo único que pudimos sacar fue la ropa".
Por más de dos décadas Hernán Giraldo, alias ‘El Patrón’, sembró el terror en la Sierra Nevada. Se calcula que cometió varias masacres en la región, robó decenas de hectáreas de tierras y apoyó su poder sobre el tráfico de drogas. Las amenazas de ‘El Patrón’ dejaron completamente vacías las fincas de San Carlos y La Paz.

La Negativa de los Gnósticos
Hasta 2006, cuando el Frente Resistencia Tayrona se desmovilizó, los campesinos de la cooperativa se mantuvieron lo más lejos posible de sus tierras. Confiados de que su vida ya no estaba en peligro, los lideres de Cooagrosac subieron a San Pedro de la Sierra para reinstalarse en sus fincas cafeteras.
En su retorno Se sorprendieron al encontrar una comunidad esotérica gnóstica instalada en sus casas, trabajando la tierra como propia y con poca intención de devolverla. Aunque aseguran que los contactaron para recuperar lo suyo, sin tener que pasar por un proceso jurídico, según una fuente que conoce el proceso la congregación no quiso devolver las dos fincas cafeteras.
Los campesinos se enteraron de que después de su desplazamiento, los ’paras’ les entregaron las tierras a los gnósticos, que tienen una comunidad numerosa en la región y consideran la Sierra Nevada de Santa Marta como uno de sus centros espirituales.
Según varios miembros del grupo religioso, los ’paras’ los obligaron a tomarse estas tierras, de lo contrario los echaban de la zona. Además las autodefensas les exigieron el 60 por ciento de las ganancias que dejaban las dos fincas cafeteras.
Uno de los campesinos de la cooperativa se quejó ante la justicia que, cuando fue a reclamar sus tierras, algunos gnósticos los tildaron de guerrilleros y les advirtieron "que si regresaban los mataban, porque los paramilitares los habían dejado ahí".
El desplazamiento y las amenazas contra los campesinos de la cooperativa de San Pedro de la Sierra fueron aceptados en versiones libres por Hernán Giraldo y alias ‘101’, que dijo: "los gnósticos tenían las posesiones (de las fincas), les di la orden de trabajar, pero tenían que pagar un impuesto, fue un impuesto que se cobró en la región, como si fuera obligatorio. En  el año 2005 me pagaron 35 millones de pesos, el dinero con el que pagaban venía de la recolecta del café que se pagaba por hectárea".
Por el lío, los campesinos de la cooperativa denunciaron la situación ante el Despacho 9 de Justicia y Paz. Para el despacho judicial es claro que las cosechas de las fincas financiaron los paramilitares y no consideran los gnósticos poseedores de buena fe, estos "fueron colocados allí por el grupo de autodefensas, de manera que su estadía en los predios tienen origen en una causa ilícita", reza un documento de la Fiscalía.
Además para los investigadores de la Fiscalía es curioso que, a pesar de que los ‘paras’ ya se desmovilizaron hace cuatro años, los gnósticos aún ocupan las dos fincas.
Uno de los desplazados de San Pedro de la Sierra dijo que "ya muchos de los asociados han denunciado, las fincas tienen tres años abandonadas del cual hemos dejado de recibir todas las utilidades desde entonces. Nosotros tenemos todos los títulos de predios y registros de las fincas, exigimos reparación moral y material por todo lo que hemos sufrido por estar sin trabajo"
Por eso los representantes de la cooperativa Cooagrosac demandaron el grupo de gnósticos para poder recuperar su tierra. Aunque, a través de la Defensoría del Pueblo de Magdalena, trataron de recuperar la tierra de manera amigable, una fuente le dijo a VerdadAbierta.com que no quisieron.

¿Quiénes Son los Gnósticos?
Esta es una corriente espiritual milenaria según la cual los iniciados no se salvan por la fe en el perdón gracias al sacrificio de Cristo sino mediante la gnosis, o conocimiento introspectivo de lo divino.
La comunidad que ocupa las fincas de San Pedro de la Sierra hacen parte de Movimiento Gnóstico, una secta mística, esotérica. Actualmente existen asociaciones gnósticas en más de cien países.
Parte de los gnósticos colombianos consideran la Sierra Nevada de Santa Marta "Sumum Supremum Sanctuarium Gnóstico", o santuario supremo. Al macizo, cerca de San Pedro de la Sierra, llegó en los años cincuenta Víctor Manuel Gómez, o Samael Aun Weor, uno de los líderes históricos del gnosticismo en el país. Y en ese corregimiento de Ciénaga, Magdalena, funciona uno de los centros espirituales de la secta.
En 1999 un grupo de gnósticos fue noticia cuando varios familiares de miembros de la congregación denunciaron que el grupo Stela Maris de Cartagena había viajado a la Sierra Nevada de Santa Marta a esperar el fin del mundo y la llegada de una nave extraterrestre.
El DAS estuvo buscándolos unos días, hasta que varios miembros de la congregación le dijeron a los medios que estaban en un retiro espiritual en una propiedad privada cerca a Santa Marta.
 
*Los nombres de los campesinos de San Carlos y La Paz fueron modificados por razones de seguridad.
25 de agosto de 2010
23 de agosto de 2010
©verdad abierta

destituyen a sabas pretelt

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Procuraduría destituye e inhabilita por 12 años a Sabas Pretelt. Por entregar la Notaría 67 al ex representante Tedolindo Avendaño para favorecer la reelección presidencial en el Congreso, el ex ministro del Interior y de Justicia no podrá ser funcionario por orden del Ministerio Público.

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Colombia. Sabas Pretelt de la Vega, ex ministro del Interior y de Justicia y actual embajador de Colombia en Roma, fue destituido e inhabilitado por 12 años por la Procuraduría General de la Nación, por hechos que tienen que ver con la entrega de la Notaría 67 de Bogotá al ex representante a la Cámara Teodolindo Avendaño, condenado por la Corte Suprema de Justicia por favorecer y presionar indebidamente el proyecto de reforma constitucional que permitió la reelección del ex presidente Álvaro Uribe en 2006.
El 23 de noviembre de 2005 el gobierno expidió ocho decretos para crear notarías y nombrar notarios. Uno de los notarios nombrados fue Luis Camilo O’Meara, a quien le correspondió la Notaría 67. Esta notaría fue la que las investigaciones de la Corte demostraron que había sido asignada a Teodolindo Avendaño, quien posteriormente se la vendió a O’Meara, caso por el cual fue condenado el ex congresista.
El anterior procurador Edgardo Maya Villazón ya había adelantado parte del trámite del proceso disciplinario en contra de Sabas Pretelt, pero no se atrevió a firmarlo. Más adelante la Procuraduría, en una polémica decisión, decidió absolverlo junto al ex ministro de Protección Social, Diego Palacio, al considerar que las declaraciones de Yidis Medina, quien también favoreció la reelección en la Cámara de Representantes, no eran suficientes para imponer sanciones disciplinarias.
Tras conocer la noticia por versiones de prensa, el embajador Pretelt dijo a Caracol Radio, desde Roma, que hasta ahora no se le ha hecho ninguna notificación, pero que de llegar a darse, regresaría de inmediato al país.
25 de agosto de 2010
24 de agosto de 2010
©semana

las farc escriben a unasur

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La guerrilla colombiana pidio exponer su visión del conflicto. Los rebeldes le solicitaron al bloque sudamericano que convoque a una asamblea en la que puedan participar. El presidente colombiano rechazó de plano la propuesta. Y Ecuador dijo que lo hablará con el vecino país.

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Colombia. Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) pidieron ayer exponer su visión del conflicto en ese país ante la Unión de Naciones Sudamericanas (Unasur). La solicitud fue inmediatamente rechazada por el gobierno de Juan Manuel Santos, que dijo que no aceptará intermediarios en las gestiones de paz con la guerrilla.
En una carta abierta, las FARC le solicitaron al bloque sudamericano que convoque a una asamblea en la que puedan participar. "Señores presidentes: cuando lo estimen oportuno estamos dispuestos a exponer en una asamblea nuestra visión sobre el conflicto colombiano", dijo la guerrilla. El mensaje fue difundido por la web de la Agencia de Noticias Nueva Colombia, que suele publicar mensajes del grupo rebelde.
"El gobierno de Colombia mantiene cerrada la puerta al diálogo con la insurgencia, acicateado por el espejismo de una victoria militar y la injerencia de Washington", denunció la guerrilla. Las FARC volvieron a pronunciarse por la salida política al conflicto. "La paz de Colombia es la paz del continente", afirmaron en la carta. "La estrategia neoliberal, la violencia institucional y parainstitucional han agravado a niveles insospechados el conflicto, haciendo muy difícil superar esta etapa de confrontación fratricida sin la ayuda de países hermanos", explicaron los rebeldes. A fin del mes pasado, se difundió un video del líder de las FARC, apodado Alfonso Cano, en el que llamaba al nuevo gobierno de Santos a conversar para superar la terrible situación que vive Colombia.
El vicepresidente Angelino Garzón salió a rechazar la petición de la guerrilla. El segundo de Santos exigió a las FARC que abandonen el secuestro y el terrorismo para comenzar a dialogar. "Tienen que dar unas manifestaciones muy claras para poder creerles, no solamente al Estado colombiano sino a la sociedad", demandó Garzón. El ex sindicalista reiteró que sólo el presidente Santos puede autorizar unas negociaciones de paz. "El gobierno exige que el grupo sea capaz de decirle al pueblo colombiano que la violencia no tiene sentido", reclamó Garzón. "Si lo hacen, tendrán en cabeza del señor presidente toda la voluntad y toda la generosidad para construir caminos de paz y para avanzar en Colombia en procesos de perdón y de reconciliación", dijo el vicepresidente, que debió ser operado del corazón horas después de asumir su cargo.
El ministro de Defensa de Santos fue aún más contundente que Garzón. "¿Se imaginan qué podría suceder si en algún escenario internacional se abrieran las puertas a Osama Bin Laden para hablar de lo que piensa sobre Estados Unidos?", cuestionó Rodrigo Rivera.
Ecuador, que ejerce la presidencia pro témpore de la Unasur, dijo que respeta la postura de Bogotá. El canciller ecuatoriano, Ricardo Patiño, anunció que dialogará con su par colombiana, María Angela Holguín, sobre la propuesta de las FARC.
24 de agosto de 2010
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acusan de asesinato a comandante 45

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Fiscalía acusa a ’Comandante 45’ por asesinato de indígenas wiwas.

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Colombia. Un fiscal de Derechos Humanos y DIH acusó a Rosendo León Galeano, alias Comandante 45, como presunto coautor de los delitos de homicidio en persona protegida, desplazamiento forzado y desaparición forzada de los que fueron víctimas miembros de la etnia wiwa.
Los hechos que se investigan ocurrieron entre agosto y septiembre de 2002 en la vereda El Limón, corregimiento de Tomarrazón, de Riohacha (Guajira), y en la vereda Caracolí, jurisdicción de Sabanas de Manuela, donde integrantes de las autodefensas asesinaron a varios pobladores.
La primera víctima fue Jaime Elías Mendoza Loperena quien pertenecía al resguardo indígena wiwa. Posteriormente, fue desaparecido su padre Luis Antonio Mendoza Montaño, quien al ir en su búsqueda fue retenido, sin que hasta la fecha se conozca su paradero.
El 31 de agosto los atacantes también asesinaron a la indígena Rosa María Loperena, madre y esposa de las anteriores víctimas. El primero de septiembre fueron desaparecidos y luego decapitados tres menores; igualmente, otras dos personas fueron asesinadas. Se desconoce el lugar donde están sus restos.
24 de agosto de 2010
23 de agosto de 2010
©verdad abierta

tierra a la vista

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El gobierno Santos destapó una carta audaz: restituir tierras a millones de despojados. Gobierno de Santos busca aumentar considerablemente la tierra dedicada a los cultivos agrícolas, que hoy apenas llega a 4,9 millones de hectáreas.

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Colombia. Conseguir su finca de 17 hectáreas ha sido una hazaña para Eric Vides, un campesino sucreño de unos 70 años. En los años 60, con la reforma agraria de Lleras Restrepo, se hizo con otros campesinos a una tierra, pero los quisieron matar. Pasaron 20 años para que otro gobierno, el de Barco con el PNR, se las titulara colectivamente. El año pasado pagó al Incoder 400.000 pesos para legalizar su propiedad individual, pero no le han salido los papeles y ahora "unos cachacos quieren comprarle su tierra por nada".
Como a don Vides, a los campesinos colombianos siempre les ha sido muy difícil conseguir tierra para producir. Cada cuarto de siglo aparece algún gobierno que se acuerda de ellos y se propone repartir y usar mejor los 50 millones de hectáreas disponibles para la agricultura.
Ahora, el gobierno de Juan Manuel Santos anuncia que, con mucha voluntad política, va a intentarlo de nuevo. Tendrá que atravesar aguas muy turbulentas. Treinta años de narcotraficantes comprando enormes fincas para ganadería extensiva y poco más de una década de paramilitares que obligaron a cuatro millones de campesinos a abandonar sus parcelas han concentrado la propiedad rural a niveles intolerables para una sociedad democrática. Un estudio de Ana María Ibáñez, de la Universidad de los Andes, estableció que el Gini rural colombiano es de 0,875, una cifra escandalosa, pues, según este índice, el máximo de desigualdad es de 1.
En un debate sobre tierras ante el Congreso, el miércoles pasado, el ministro de Agricultura, Juan Camilo Restrepo, anunció que emprendería una política de gran aliento para optimizar el uso de los suelos, mejorar el acceso a la tierra para los campesinos y formalizar la propiedad rural. Pero, sobre todo, dijo Restrepo, "Colombia tiene el deber ético y moral de saldar esa deuda insoluta con aquellos despojados injustamente por los violentos de todos los pelambres".
El giro audaz en la política agraria se explica, dijo un analista a SEMANA, porque la dirigencia colombiana se ha dado cuenta de que no se podrá acceder a los mercados internacionales si no pone en orden su territorio y le demuestra al mundo que no tiene lazos con los mafiosos que se apropiaron de manera violenta de millones de hectáreas. La prometida prosperidad democrática solo se alcanzará con reglas claras que aseguren el trámite civilizado de los conflictos rurales, mayor equidad social y la seguridad jurídica de los emprendimientos agrícolas y mineros.
Por eso, si el gobierno anterior buscó modernizar el campo y fomentar los grandes cultivos industriales, sin miramientos acerca de la injusticia sobre la que cimentaba su política, este quiere empujar el desarrollo de un sector agrícola saneado, con los pequeños y medianos productores como protagonistas. A su favor será redefinido el desprestigiado Agro Ingreso Seguro y se quiere simplificar y acelerar la formalización de títulos de propiedad, pues el 70 por ciento de los campesinos no los tienen. El título legal es la puerta de acceso a créditos y a subsidios.
Falta además actualizar el 45,7 por ciento y formar el 3,3 por ciento del catastro rural, que aunque se mejoró mucho, arroja un dato insólito: hoy toda la tierra en Colombia vale 70 billones de pesos, apenas una tercera parte del valor de los predios de Bogotá. Con avalúos más realistas, quizás un alza en la tarifa mínima del predial rural y un cobro más eficaz, habrá fuertes incentivos para que la tierra se use con mayor eficacia.
En el corazón de esta política está la restitución de tierras a los campesinos que las perdieron sobre todo a manos de la barbarie paramilitar. Según el estudio de la comisión de seguimiento a la política sobre desplazamiento forzado trazada por la Corte Constitucional, 5,5 millones de hectáreas fueron usurpadas o abandonadas. La tarea de verificación que se emprendió desde Planeación Nacional hace un tiempo puede dar un monto menor, pues diferentes víctimas pueden estar reclamando un mismo predio. De todos modos hay coincidencia en que la magnitud del despojo es monumental. La cifra conservadora que dio el Ministro es de dos millones de hectáreas.
Lo que se ha hecho en materia de restitución de tierras es insignificante. Los paramilitares han entregado al fondo de reparación poco más de 21.000 hectáreas y el gobierno Uribe entregó, entre subsidios y tierras a los campesinos, 66.295 hectáreas, cifras ridículas en comparación con la dimensión del problema. El gobierno Santos se compromete a darles mayor agilidad y dinero a estas adjudicaciones directas.
Su estrategia central, sin embargo, pretende coger el toro por los cuernos. Montará un sistema nacional de información de predios despojados que se construirá a partir del cruce de las actuales bases de datos, complementado, cuando no exista la información, con un catastro social. Este constata, con investigación de campo, quiénes eran los dueños de qué tierras. Una vez se verifique que la persona sí fue despojada, el gobierno le dará un carnet que así lo acredite.
Se creará por ley una jurisdicción especial nacional de tierras, que según cálculos iniciales exigirá abrir 75 nuevos juzgados. Ante estos acudirán las víctimas, acompañadas por el Estado y la carga de la prueba a su favor, pues será el tenedor quien deberá probarle al juez que el título es suyo.
Aún queda por definirse cómo la justicia castigará a los usurpadores violentos y a sus avivatos cómplices. Ponerlos tras las rejas será esencial para proteger a los campesinos que vuelvan a sus parcelas. Luis González, de la Unidad de Justicia y Paz de la Fiscalía, dice que urge tipificar el delito penal de despojo forzado, que no existe como tal.
Hay casos grises, sin embargo, como el de los simples testaferros. Justicia y Paz está presentando ante la Corte Suprema uno de Valencia, Córdoba, que quiere devolver seis predios que eran de Vicente Castaño, para que siente jurisprudencia al respecto y defina si se puede evitar procesarlos si entregan fincas en forma voluntaria.
Mientras se encarcela a los usurpadores, el retorno de los propietarios legales a sus parcelas puede ser peligroso. El despojo se hizo a sangre y fuego y han sido asesinados 45 líderes de víctimas, la mayoría luchando por recuperar sus fincas. El gobierno asegura que lo hará en coordinación con la fuerza pública para asegurarles su protección.
Para conseguir tierras, además, el Minagricultura, mediante una ley, buscará hacer más expedita la extinción de dominio y frenará en seco la venta de 500.000 hectáreas que la DNE estaba en proceso de monetizar para destinar los dineros a diferentes usos. En cambio, las adjudicará a los campesinos, aun antes de que falle el juez, y si el dueño durante el juicio logra probar el origen lícito de su propiedad, se le pagará su valor catastral con un título de deuda pública que pueda redimir en ocho o diez años.
El gobierno también se prepara para reversar decisiones de Incoder que les quitaron tierras a desplazados, beneficiarios del viejo Incora, con la excusa de que habían roto su contrato cuando las abandonaron, y se las adjudicaron a terceros. "El Incoder está desvencijado y necesita una reingeniería total", dijo el Ministro en el debate, luego de que el representante a la Cámara Iván Cepeda denunció que cinco gerentes de esta entidad han sido investigados, y dio varios ejemplos de adjudicaciones a ‘paras’ y a sus amigos.
Si bien el gobierno contempló presentar un proyecto de ley independiente de restitución de tierras, en consulta con los congresistas liberales Guillermo Rivera y Juan Fernando Cristo, ponentes de la hundida ley de víctimas, decidió mejorar y ampliar el capítulo que sobre el tema ya tenía dicha ley. Ahora será presentada de nuevo, con respaldo de la bancada de gobierno.
Este punto es clave porque los convenios internacionales aprobados por Colombia contemplan que la reparación de las víctimas debe ser integral. Es decir, no solo debe restituirse la tierra y repararse el capital perdido (el 84 por ciento de los desplazados perdió sus animales), sino que la víctima tiene derecho a la verdad, a la justicia y a la reparación moral.
Ni la ley será fácil de aprobar ni tampoco lo será devolverles las tierras a los despojados, formalizar y hacer más equitativo el agro colombiano. Las amenazas que recibió el representante del Polo Iván Cepeda por citar a un debate del tema, son apenas un augurio de las borrascas que va a enfrentar la nueva política si, como dijo Restrepo, "la decisión de seguir adelante es firme e irreversible".
No obstante, también tendrá amigos entusiastas en Colombia y el exterior, y, ante ellos, el desafío del gobierno será otro: no defraudarlos.
24 de agosto de 2010
23 de agosto de 2010
©semana
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