colombia

ex das confesó espionaje ilegal

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Ex jefe de operaciones del DAS será testigo en investigación sobre chuzadas. Martha Leal pasó de ser acusada a ser una de las principales delatoras del plan que desde este organismo se hizo para seguir ilegalmente a magistrados de la Corte Suprema de Justicia.

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Colombia. Tras un acuerdo con la Fiscalía del que todavía no se conocen detalles, la ex subdirectora de operaciones del DAS, Martha Leal, una de las principales testigos de las chuzadas que desde este organismo de seguridad adscrito al Estado se hicieron a magistrados de la Corte Suprema de Justicia, será ahora testigo y no acusada con el fin de acelerar las investigaciones que tiene en aprietos a varios ex funcionarios de la Casa de Nariño que trabajaron con el ex presidente Álvaro Uribe Vélez.
Leal, detenida e investigada por interceptaciones ilegales principalmente, fue una de las personas más cercanas a la ex directora del DAS María del Pilar Hurtado, y ha sido protagonista de primera línea de tres graves hechos entre el gobierno del ex presidente Uribe y la Corte Suprema.
Hace tres años fue la funcionaria que recogió en la cárcel de Itagüí y llevó al DAS una supuesta carta del paramilitar ’Tasmania’, que terminó en la Presidencia de la República y fue usada en su momento para hacer un montaje (como fue probado por la justicia) en contra del investigador principal de la parapolítica, el magistrado auxiliar Iván Velásquez.
En abril de 2008, Leal fue la funcionaria que estuvo en la reunión en la Casa de Nariño a la cual asistieron funcionarios de Palacio y delegados del paramilitar ’Don Berna’, entre ellos alias ’Job’, quienes fueron a entregar supuesta información para enlodar a miembros de la Corte. Y finalmente, está involucrada desde el año pasado en las investigaciones por las ’chuzadas’, caso por el que está siendo procesada.
En el caso específico de las interceptaciones, seguimientos y búsqueda de información privada y personal sobre magistrados de la Corte, tanto Leal como la ex directora Hurtado, así como los ex jefes de inteligencia y contrainteligencia, Fernando Tabares y Jorge Lagos, trataron de justificar esas acciones cuando dijeron que "el blanco" nunca fueron los magistrados. Todos aseguraron que la información que recolectó durante meses el DAS sobre magistrados fue producto de otra investigación contra el abogado Ascencio Reyes, quien según el DAS estaría relacionado con la mafia, y se trataba de verificar si éste estaba intentando infiltrar a la Corte. Con ese argumento también se ha tratado de justificar la entrega de información confidencial a funcionarios de la Casa de Nariño, la cual posteriormente fue filtrada a la prensa.
El caso de Leal, que para ser efectivo tendrá que ser avalado por un juez, se suma al de Jorge Lagos, ex subdirector de contrainteligencia del DAS, del que se confirmó el pasado viernes que había logrado un acuerdo con la Fiscalía en el que se compromete a pedir perdón por los seguimientos e interceptaciones ilegales, con lo que obtuvo una pena de ocho años de prisión.
Lagos aceptó su responsabilidad en los delitos de concierto para delinquir, prevaricato, abuso de función pública y violación ilícita de comunicaciones en el caso de las ‘chuzadas’. Queda pendiente el caso de Fernando Tabares, ex jefe de Inteligencia, quien busca acogerse al principio de oportunidad para entregar más información a los investigadores y recibir beneficios al momento de la sentencia.
24 de agosto de 2010
23 de agosto de 2010
©semana

barbarie paramilitar en aguazul

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El ex jefe de sicarios de las Autodefensas en Aguazul, alias ‘Coplero’, narró cómo desaparecían a personas que ellos creían eran auxiliadores de la guerrilla y del Bloque Centauros. Aceptó que asesinaron personas sin motivo.

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Colombia. Quienes vivían en Aguazul entre 2002 y 2004 estaban expuestos a ser asesinados. A cualquier hora, integrantes de las Autodefensas Campesinas del Casanare -Acc- llegaban a billares, estaderos, plazas de mercado e incluso asaltaban vehículos para raptar a sus víctimas. Todas eran señaladas de colaborar presuntamente con la guerrilla o con el Bloque Centauros de las Autodefensas, con quien tenían una pelea casada por el territorio.
Así lo contó el que fue jefe de sicarios de las Autodefensas Campesinas del Casanare, José Reinaldo Cárdenas Vargas, alias Coplero, en una versión libre de Justicia y Paz, en la que relató cómo sus hombres asesinaron a cientos de personas inocentes, sin saber si eran o no guerrilleros o informantes del Bloque Centauros.
"No tenía certeza de esos señalamientos. Yo sólo cumplía órdenes", dijo alias ‘Coplero’, en la versión en la que aceptó 16 crímenes.
Las dos personas que le ordenaban asesinar a personas en esa población del Casanare eran Luis Eduardo Linares Vargas, alias ‘HK’, segundo al mando de las Acc después de ‘Martín Llanos’ y señalado por ‘Coplero’ de elaborar los listados de las víctimas. "Él sabía hasta cuando uno se tomaba una cerveza. Tenía informantes entre los ganaderos, taxistas y arroceros". Y Josué Darío Orjuela, alias ‘Solín’, el jefe de las urbanas de las Acc y quien tenía más contacto con ‘Coplero’.
Los asesinatos y desapariciones en Aguazul cumplían un patrón: ‘HK’ o ‘Solín’ elaboraban las listas de víctimas, se la entregaban a ‘Coplero’ y este, a su vez, ordenaba las retenciones a sus subalternos: alias ‘Chocolate’, ‘Toro’, ‘Malasombra’, ‘Camargo’, ‘Tribilín’, ‘Chíspiro’, ‘Menudencias’, ‘Polocho’, ‘Pintado’, ‘Gavilán’ o ‘Candela’. Las víctimas eran llevadas a fincas, interrogadas por varios días, y luego asesinadas y enterradas en fosas.
Así fueron asesinadas las hermanas Aura Denis y Liria Johana Mendivelso, de 18 y 21 años de edad; de Diomedes Camargo Franco, de 56 años; y de Polan Mora Morales, de 26 años. Entre junio y agosto de 2002, estas personas fueron sacadas de su sitio de trabajo, vivienda o vehículo y llevadas a una escuela conocida como ‘Escuela Vieja’ en la vereda Llano Bonito.
"Ese era un sitio abandonado. Ahí las sometíamos a método de interrogación. Les preguntábamos si eran auxiliadoras de la guerrilla o del Bloque Centauros. Había tortura. Las teníamos como unos 15 días en la escuela hasta cuando ‘HK’ o ‘Solín’ daban la orden de ultimarlas. En la mayoría de casos usábamos arma blanca. Las metíamos en fosas en un finca que quedaba como a 15 minutos de la escuela, llamada La Graciela", dijo alias ‘Coplero’.

Otros Asesinatos
El paramilitar también relató cómo las Acc asesinaron a otras personas, utilizando métodos de ’muerte silenciosa’ y tiros de gracia. Fue el caso de Juan Polo Bautista, un taxista que desapareció en junio de 2002 y cuyo cuerpo, según ’Coplero’, estaría en la misma fosa donde fueron arrojados los cuerpos de las hermanas Mendivelso, en la finca La Graciela.
’Coplero’ aseguró que el nombre de Juan Polo estaba en una Orden de Batalla del Ejército, junto a otras personas señaladas de ser auxiliadores de la guerrilla, y que los militares le entregaron a su jefe alias ‘HK’.
Polo fue secuestrado de un taxi, en la vía entre Aguazul (Casanare) y Sogamoso (Boyacá), lo torturaron durante varios días y después lo asesinaron. Para no hacer ruido alias ‘Solín’ le inyectó cianuro en el cuello y pensó desmembrarlo, pero al ver que sus órganos se habían disuelto por el efecto del ácido, enterraron su cuerpo junto al de las dos muchachas.
Otro caso donde quedó expuesta la barbarie ‘para’ en Aguazul fue la desaparición de Hipólito Martínez, profesor de la escuela de Bellavista. ‘Coplero’ recordó que unos meses antes del crimen, su jefe ‘HK’ lo vio con pelo largo y descalzo, y le preguntó que de qué región venía. "‘HK’ no confiaba en él, dijo que no tenía cara de profesor y le ordenó irse de la región", señaló ‘Coplero’.
En febrero de 2002, ‘Coplero’ y sus hombres irrumpieron en la escuela y en plena reunión de padres de familia secuestraron al profesor. Lo llevaron a una vereda cercana, lo torturaron e interrogaron sobre sus presuntos vínculos con el Eln. El profesor negó hasta el final estos señalamientos hasta que fue asesinado a tiros.
Otro caso que contó el paramilitar ocurrió el 4 de abril de 2002, cuando cuatro ‘paras’ sacaron de un estadero al campesino José Pier Avella quien se encontraba con su pequeño hijo. El ‘Coplero’ explicó que se lo llevaron en una camioneta taxi hasta la vereda La Esmeralda, y allí lo amarraron, lo pusieron boca abajo y le dispararon, señalándolo de ser un presunto guerrillero.
A Édgar Saúl Caballero y a Carlos Ferney Urbano los asesinaron también a quemarropa en septiembre de 2004. Al parecer, ambos fueron señalados de ser colaboradores del Bloque Centauros, en una lista presuntamente suministrada por el entonces alcalde de Aguazul, Leonel Roberto Torres Arias. En varias de sus versiones, ‘Coplero’ ha señalado que el ex alcalde colaboraba para las Acc. Por su parte, Torres ha sostenido que como no quiso acceder a las presiones de los paramilitares y puso una demanda, lo persiguieron y ahora quieren involucrarlo.
En todos los casos, los familiares de las víctimas negaron que sus hijos, esposos o hermanas estuvieran involucradas en el conflicto, y pidieron que su nombre quedara limpio ante la opinión pública. Aclarando que no justificaba sus actos, alias ‘Coplero’ dijo que sólo cumplía órdenes.
"Esa era una organización con códigos de ley. De pronto nos pasaban una, pero si uno no cumplía de ahí en adelante, terminaba fusilado. Esta no era una organización de derechos, sino de hechos. Así no tuviera certeza de los señalamientos, yo sólo cumplía órdenes", indicó alias ‘Coplero’.
El ex jefe sicarios le contó estas historias a la Fiscalía en compañía de otros cuatros ex integrantes de las Acc, que no se acogieron a la Ley de Justicia y Paz, y que tras ser capturados, son procesados por la justicia ordinaria. Después de esta etapa de versiones libres, un magistrado le formulará cargos a alias ‘Coplero’ para poder llegar a la etapa de juicio.
24 de agosto de 2010
20 de agosto de 2010
©verdad abierta

asesinan a activista de la macarena

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Asesinan a defensora de los derechos humanos que participó en la auditoría de la fosa común de La Macarena. La colombiana Norma Irene Pérez desapareció desde el 7 de agosto pasado. Su cuerpo fue hallado en una zona fuertemente militarizada.

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Colombia. Los comités Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos, de la Audiencia Pública y de la Marcha Patriótica denunciaron en Colombia el asesinato de la activista de los derechos humanos Norma Irene Pérez, quien conformó la delegación que auditó la fosa común más grande de América Latina, ubicada en localidad cercana al fuerte militar de La Macarena. Igualmente, el comité seccional de derechos humanos del Alto Guayabero denunció ante la comunidad internacional el asesinato de la dirigente comunal, quien desapareció el pasado 07 de agosto.
En extrañas circunstancias fue hallado el cadáver de la dirigente, quien conformaba el comité de la Audiencia Pública realizada el día 22 de julio en el municipio de La Macarena, reseñó el sitio Web comitepermanente.org
Pérez era la presidenta del Comité veredal de derechos humanos de La Unión, y a su vez hacia parte de la junta de Acción Comunal con el Comité de Conciliación y era miembro del comité regional de derechos humanos de la región del guayabero del departamento del Meta, donde se instalaría la superbase militar de EEUU en el país andino.
También participó en el comité organizador de la marcha patriótica llevada a cabo los días 19, 20 y 21 de julio de 2010.
El portal informó de "la presunta detención, desaparición y ejecución extrajudicial de la señora Norma Irene Pérez, identificada con c.c 40. 206.080, de quien no se volvió a tener conocimiento desde el día 7 de agosto de 2010 entre 7:00 a.m y 8:00 a.m, cuando se dirigía hacia su casa después de salir de una asamblea con la junta de acción comunal de dicha localidad, posteriormente su cuerpo fue encontrado en extrañas circunstancias el día 13 de agosto de 2010 en jurisdicción de la vereda La Unión, del municipio de La Macarena, departamento del Meta".
Advierte el comité que la zona, antes y después del macabro hallazgo, ya se encontraba fuertemente militarizada por tropas del ejército nacional, especialmente en los municipios de La Macarena, San José del Guaviare y San Vicente del Caguán.
"La comunidad afirma que el ejército se encuentra en la vereda El Oasis, sitio cercano a donde ocurrieron los hechos", resaltó el texto.
El ex presidente Álvaro Uribe había declarado el pasado 25 de julio, desde La Macarena, que "el terrorismo, en esa combinación de formas de lucha, mientras a través de algunos voceros propone la paz, a través de otros voceros viene aquí a La Macarena a buscar cómo desacredita a la Fuerza Pública y cómo la sindica de violación de Derechos Humanos".
Según el portal esta declaración del mandatario "puso en grave riesgo a las organizaciones convocantes, organizaciones cívicas, y en general a todos los asistentes a la audiencia, en especial a la población campesina que asistió a realizar las denuncias".
Las organizaciones que respaldaron la audiencia expusieron su rechazo a dichas declaraciones del Jefe de Estado y de la Cúpula Militar en la región de la Macarena.
"Estamos indignados y ofendidos por tales comentarios. Además, estamos gravemente preocupados porque estas alegaciones evidentemente ponen en peligro las vidas de las víctimas, los defensores de derechos humanos y los políticos de la oposición que participaron en la audiencia", reseñó el portal.
"En vez de atacar a las víctimas y a los que intentan sacar a la luz las violaciones de derechos humanos, el Presidente Uribe debería estar apoyando sus esfuerzos y trabajando con ellos para asegurar que los soldados responsables sean llevados ante la justicia".
Norma Pérez era campesina, agricultora, defensora de derechos humanos y madre de cuatro menores: una niña de 14 años de edad, un niño de nueve, una niña de seis y otra de cuatro años.
23 de agosto de 2010
©la radio del sur

colombia en manos de la mafia

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"La mafia creó un nuevo país". La politóloga Claudia López habla sobre los avances de la criminalidad en el Estado colombiano descritos en un reciente libro del cual es coautora.

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Colombia. Cuando trascendió el Pacto de Ralito, el documento que mostró sin tapujos la alianza de políticos y paramilitares, sacudió la institucionalidad del país. Allí se decía que la criminal alianza buscaría "refundar la patria". Hoy, un grupo de destacadas organizaciones sociales presentan un libro que apunta a soportar la tesis que se evidencia en su título: ‘Y refundaron la patria’... Claudia López, editora de la publicación y autora del más extenso de los capítulos, habló con SEMANA sobre algunas de las conclusiones de este texto que sin duda será referente de análisis y debate para comprender la historia reciente del país.

SEMANA: En el libro parten de la teoría de que en Colombia los ilegales buscaron capturar la legalidad, pero descubren todo lo contrario. ¿Cómo se explica esto?
CLAUDIA LÓPEZ: Lo diferente es que en Colombia algunas élites legales son las que buscan a la mafia, utilizándola para sus intereses. Esto sucede sin que los ilegales lleguen a actuar como un solo grupo, por ejemplo en el Congreso. Cuando lo intentan hacer es muy burdo y fracasan, pues son minoría. Pero sí tienen éxito dentro de la bancada de gobierno, donde son mayoría.

SEMANA: ¿Esto tiene que ver con su afirmación de que parte del uribismo estaba criminalizado y paramilitarizado?
C.L.: La prueba es que en el Congreso de 2002 el uribismo es el movimiento que tiene mayor fuerza de atracción de políticos criminalizados. Ocho de cada diez estaban allí. Pero es más que porcentajes. El presidente Uribe, en su coalición de gobierno, los acepta porque le pesó más lograr mayorías y gobernabilidad que las consideraciones de legalidad. Además, hay coincidencias ideológicas de intereses políticos y económicos entre uribismo y narcoparamilitarismo.

SEMANA: Un hito de la mafia en el poder es la llegada de Pablo Escobar como congresista en los años 80, cuando los dineros calientes circularon en muchas campañas políticas. ¿Qué hace la diferencia ahora?
C.L.: Crecieron en magnitud y en la amenaza que representan. En la época de Escobar no había ni el uno por ciento de los congresistas con vínculos probados. En el Proceso 8.000, el 12 por ciento de los congresistas fueron judicializados. En 2002, ya eran el 35 por ciento. Al principio solo buscaban reducir su riesgo penal eliminando la extradición. Esto cambió y ya tuvieron capacidad de modificar normas e influir en temas claves, como el agrario, donde se buscó legalizar el despojo. Antes, su capacidad de influencia se limitaba a financiar campañas y cobrar el favor. Ahora, al unirse con el paramilitarismo, logró una bandera de enorme aceptación que fue la contrainsurgencia, pese a que está probado que fueron muchos menos los combates de lo que se cree y más bien se dedicaron a perseguir a la izquierda civil.

SEMANA: Guerrilla, narcos y paras han buscado doblegar el Estado. ¿Cuál es la diferencia?
C.L.: La teoría dice que quien tenga capacidad de coaccionar con las armas y dinero para sobornar, puede capturar el Estado. En los años 90, guerrillas y paras tenían capacidades militares equivalentes y ambos tenían financiación del narcotráfico. La diferencia es que los paras son pro Estado y pro mercado, dos variables que incluyen al grueso de la población. Lo otro son las redes sociales que los sustentan y legitiman. Los paras son hijos del poder. Algo va de tener de base social a los cocaleros a tener las élites políticas regionales.

SEMANA: Según eso, ¿qué tan mafioso es el Estado colombiano?
C.L.: Unos dicen que son solo unas manzanas podridas. Otros, que Colombia es un narco Estado. Lo que muestra la evidencia judicial es que por fortuna Colombia no lo es. Aún así, uno de cada tres puestos en el Legislativo y en cargos claves del Ejecutivo fue tomado por la mafia. Es una masa crítica muy importante que cambió el mapa político de Colombia. Crearon un nuevo país.

SEMANA: Descentralización y mayor participación política debían ser sinónimos de fortalecimiento de la democracia. ¿Qué falló en la fórmula?
C.L.: En las principales ciudades estos procesos fueron fundamentales para la modernización. Sin esos procesos de apertura las principales capitales no serían lo que hoy son. En muchas regiones, los ilegales le ganaron la mano a la sociedad.

SEMANA: Hay quienes creen que lo sucedido es parte de un ciclo de la historia de Colombia...
C.L.: Un ciclo de 163.000 muertes y 30.000 desaparecidos, según las cifras de Justicia y Paz, atribuibles al narcoparamilitarismo, era evitable e innecesario. De ninguna manera se puede ver como un paso histórico necesario para el establecimiento de la democracia; es mucho más que el impacto que hubo en el Cono Sur sumando las tres dictaduras militares que tuvo. La importancia de este trabajo, por dilucidar la verdad, es para que no vuelva a pasar. No estamos seguros de que las circunstancias actuales no vuelvan a reproducir el conflicto. Así como nos propusieron refundar la patria, ahora lo que debemos hacer es unirnos para reconstruirla.
22 de agosto de 2010
21 de agosto de 2010
©semana

el abecé de la corte

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El Tribunal dejó sin sustento jurídico el acuerdo firmado en 2009. ¿Qué opciones tienen ahora el gobierno y quienes rechazan el convenio militar?

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Colombia. Cuando Estados Unidos tuvo que devolverle a Ecuador la base de Manta en septiembre de 2009, Colombia vio la oportunidad de fortalecer la alianza militar con los norteamericanos.
Con anticipación, en febrero del año pasado, empezó una negociación confidencial en Washington, según la cual Estados Unidos podría usar siete bases militares en Colombia, a cambio de incrementar el apoyo a las operaciones que el país desarrollara contra narcotraficantes y guerrilleros
Los acuerdos militares entre Colombia y los norteamericanos no son nada nuevo. Existe, por ejemplo, uno firmado en 1952 para asistencia militar, otro de 1962 para ayuda económica y técnica, uno más de 1974 para misiones militares y otros tantos que los complementan. También existe la Convención de Viena, firmada en 1988, para controlar el tráfico de estupefacientes y dos convenciones de la ONU y la OEA, una sobre lucha contra el terrorismo y otra para combatir la delincuencia transnacional organizada.
Respecto al nuevo acuerdo, el de 2009, el gobierno explicó que se trataba de un complemento a los ya existentes. Pero la revista Cambio reveló detalles secretos de este nuevo documento que significaban para Colombia nuevas obligaciones o hacía cambios a los anteriores.
Lo que tiene este acuerdo que no tenían los de años anteriores es que les permite a los norteamericanos usar bases aéreas y navales y la circulación del personal militar extranjero en estas instalaciones. Autoriza su porte de armas y el ingreso de aeronaves al territorio colombiano. Además, extiende las inmunidades diplomáticas a personal militar y a personas a cargo de personal extranjero.
Al conocer las novedades, el Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos demandó el acuerdo ante la Corte Constitucional, y el pasado febrero, el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo complementó los argumentos con los que reclamaban la inconstitucionalidad del acuerdo de 2009.
El abogado Luis Guillermo Pérez, de esa ONG, explica que la demanda se hizo por dos razones. La primera, sobre el procedimiento, porque no se trataba de un acuerdo simplificado que venía de los acuerdos anteriores, como lo argumentaba el gobierno, sino que "era de tal envergadura, que consistía en un Tratado que debía surtir el trámite legal correspondiente, ser aprobado por el Congreso y luego ser sometido al control de constitucionalidad de la Corte".
La segunda argumentación de la demanda se refería al fondo del acuerdo. "Logramos demostrar cómo era un acuerdo lesivo a los intereses nacionales sin reciprocidad en relación con lo que el gobierno entregaba a los Estados Unidos", explicó el abogado.
Un concepto del Consejo de Estado encontró que, efectivamente, el acuerdo debió hacer su trámite por Congreso, pero esta apreciación no era de obligatorio cumplimiento para el gobierno, que siguió adelante con su proyecto.
La Corte Constitucional, por su parte, debió hacer trámite a la demanda de inconstitucionalidad y tomó una decisión este martes 17 de agosto.
En efecto, el tribunal "consideró que el acuerdo complementario de 2009 incorporaba obligaciones nuevas o modificatorias de obligaciones preexistentes en tratados anteriores bilaterales o multilaterales o en todo caso que superaban o excedían las previstas en estos acuerdos suscritos previamente", según lo explicó el magistrado Mauricio González, presidente de la Corte Constitucional.
A este hallazgo se llegó, básicamente, después de analizar los acuerdos de 1952, de 1962, de 1974, y los que los complementan, la Convención de Viena de 1988 y las dos de la OEA y la ONU.
De acuerdo con las explicaciones que ha dado González, lo primero que hay que tener claro es que el tribunal no dijo si el acuerdo de 2009 se hizo acorde o no con la Constitución colombiana. Tampoco lo declaró inexistente como tal porque "existe como instrumento bilateral suscrito entre los representantes de los estados de Colombia y de Estados Unidos. Es decir, hay una manifestación de consentimiento de los estados que no puede ignorarse y que no puede considerarse inexistente", según explicó el magistrado.
Lo que hizo la Corte Constitucional fue declarar inexistente la validez jurídica del acuerdo firmado en 2009. Es decir, ahí está, existe, pero, jurídicamente, no se puede aplicar porque no tuvo su trámite en el Congreso, que era necesario, porque con todo lo nuevo que tiene merecía una discusión en el Legislativo y su posterior revisión en la Corte Constitucional.
El magistrado González explica la decisión diciendo que después de esa declaración de la corte, el acuerdo ha perdido "aplicabilidad en el orden interno por considerarse que no tuvo un trámite propio de un tratado internacional". Sin embargo, los demás tratados vigentes hasta ahora siguen teniendo validez.
En consecuencia, el gobierno de Colombia tiene dos opciones. Según el ministro del Interior, Germán Vargas, podría crear un convenio que realmente sea un complemento para los tratados existentes, pero sin incluir nuevas obligaciones o modificaciones. O podría presentar un proyecto de ley ante el Congreso para que apruebe el que se hizo el año pasado.
Si la decisión que toma el gobierno es la segunda, el proyecto podría pasar fácilmente, pues la coalición ‘santista’ es mayoría en el Congreso. "Si el sentido del fallo indica que el Congreso debe conocer y debatir ese acuerdo, los partidos que hacen parte de la ‘unidad nacional’ haremos el trámite para que el tratado sea ratificado", dijo Juan Lozano, presidente de La U, el partido con mayor representación tanto en el Senado como en la Cámara de Representantes.
La oposición reconoce que el tratado puede ser aprobado fácilmente en el Congreso. Por eso, el senador Jorge Enrique Robledo argumenta que, además del trámite, hay un asunto de fondo. "No hay ningún artículo en la Constitución de 1991 que permita la construcción de bases militares ni el uso de bases colombianas por parte de tropas extranjeras para que operen desde el interior del país. Si el Congreso aprueba ese tratado, la Corte Constitucional deberá fallar su ilegalidad", aseguró.
En efecto, el trámite que debe seguir el proyecto, en caso de ser presentado por el gobierno en el Congreso, es que después de su aprobación, la Corte analice si "cumple los requisitos formales y si el acuerdo mismo en su contenido material es compatible o no con la Constitución", de acuerdo con la explicación del magistrado González.
En últimas, la decisión recaerá, otra vez, sobre la Corte Constitucional. Pero será después de un debate público y de un proceso adecuado. Por ahora, los demandantes ganaron su alegato sobre la forma como se hizo el acuerdo. Está en deuda el del fondo.
Será entonces cuando se sabrá definitivamente si las normas colombianas permiten que en el país haya extranjeros circulando por las bases militares, porten armas, ingresen aeronaves y si sus comportamientos gozarán de inmunidad diplomática.
21 de agosto de 2010
18 de agosto de 2010
©semana

paramilitar reclama tierras robadas

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Fiscalía asegura que Bihar B es de ’Mellizo Mejía’. Un juez definirá a quien pertenece un lote avaluado en 22 mil millones de pesos que es reclamado por víctimas de DMG y del ’Mellizo Mejía’. La Fiscalía presentó pruebas de que el bien pertenece, a través de testaferros, al ex jefe paramilitar y tiene que ser entregado a sus víctimas.

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Colombia. La entrega del Bihar B, un lote de 22 mil millones de pesos, a víctimas de las Auc que hasta ahora sólo han recibido 33 mil millones, es clave para la reparación de miles de víctimas de todos los paramilitares. Sin embargo un largo pleito jurídico entre la Fiscalía, víctimas de DMG y un empresario bogotano tienen enredada la suerte de esta reparación.
En esencia, el lote fue ofrecido a Justicia y Paz por Miguel Ángel Mejía Múnera, alias ‘El Mellizo’, pero este era propiedad de Inversiones Colbank, empresa de Carlos López Piñeros, quien asegura que se lo vendió a DMG por 22 mil millones de pesos. Por este motivo las víctimas de DMG reclaman el predio para recuperar parte de lo que perdieron en la polémica pirámide.
Según ‘El Mellizo’, el Bihar B es de él por un préstamo de un millón de dólares que le hizo a Oscar Uribe, propietario del lote que se lo traspasó a Colbank.
El problema es que hasta ahora Carlos López Piñeros, dueño de la franquicia KFC en Colombia y de Pollos Aretama, siempre había negado cualquier vínculo con ‘Los Mellizos’, diciendo incluso en declaración juramentada ante un magistrado: "No conozco al señor Mejía Múnera, nunca realicé negocios con él ni con su grupo".
Sin embargo, según estableció la Fiscalía de Justicia y Paz, Carlos López Piñeros tuvo una relación sentimental con Pilar Mejía Múnera, hermana de ‘Los Mellizos’, con quien tuvo un hijo hace pocos años.
Además Carlos López Piñeros es socio de José Fernando Mejía Múnera, otro hermano de ‘Los Mellizos’, en la empresa CI Forestal Maderera SA. Según los registros de la compañía, en esta sociedad Carlos López Piñeros es miembro de la junta directiva y José Fernando Mejía Múnera aparece como suplente de la junta.
Para la Fiscalía esta revelación, presentada en una audiencia en un tribunal de Bogotá, puede ser la prueba para recuperar el Bihar B para el Fondo de Reparación de Víctimas. "Estos lazos muestran que es muy difícil que López Piñeros no conociera a ‘Los Mellizos’ y le restan credibilidad cuando afirma que no tuvo negocios con los dos ex narcotraficantes", le dijo a VerdadAbierta.com un abogado que conoce el proceso del Bihar B.
Los abogados de Carlos López Piñeros le dijeron a VerdadAbierta.com que la empresa CI Forestal Maderera SA es una sociedad inactiva desde hace más de seis años y que, si bien José Fernando Mejía Múnera es socio, este no tiene deudas con la justicia, al igual que ninguno de los socios de la empresa.
Por otra parte los abogados de López Piñeros dijeron que este sí tiene un hijo con Pilar Mejía Múnera, pero que esto no constituye un delito ni lo vincula con el extraditado jefe paramilitar.
Por último, los abogados reiteraron que Colbank, la sociedad de Carlos López Piñeros, negoció el Bihar B con Luis Eduardo Gutiérrez y con Juan Carlos Valencia, quienes después vendieron a DMG. Dicen que la empresa captadora de dinero, hoy liquidada, es la que tiene los derechos legítimos sobre el inmueble.
‘El Mellizo’ en versión libre dijo que tenía muy pocas relaciones con su familia, pues son 15 hermanos y lleva más de 10 años sin verlos. Sin embargo aceptó que sabía que alguien de Colbank tuvo una relación con una de sus hermanas.
Para la Fiscalía si se demuestra que López Piñeros tuvo nexos con ‘Los Mellizos’, el empresario puede ser investigado por presunto testaferrato. Un investigador judicial le dijo a VerdadAbierta.com: "Dependiendo del fallo, los bienes de López Piñeros podrían ser para las víctimas de ‘El Mellizo’ y este deberá responder ante la justicia como testaferro".
Hace unos meses la Fiscalía de Justicia y Paz compulsó copias a la justicia ordinaria para que investigue a López Piñeros por las repetidas menciones que ha hecho de él ‘El Mellizo’.
Sin embargo, si la justicia no prueba que ‘El Mellizo’ era el dueño del predio y que está relacionando injustamente a López Piñeros puede ser excluido de Justicia y Paz.
La situación de ‘El Mellizo’, de Carlos López Piñeros y de el Bihar B será resuelta el próximo 12 de agosto, cuando un juez falle una tutela que, afectados por la pirámide DMG, presentaron contra la Fiscalía para ser reparados con el Bihar B.

La Tradición de Bihar B
’El Mellizo’ contó que el Bihar B pasó a sus manos por un préstamo de un millón de dólares que su hermano Víctor y él le hicieron a Óscar Humberto Uribe Echeverri. "Mi hermano tenía una amistad con él, no sé si tuvieran negocios, pero Oscar le salvó la vida en un atentado que le iba a hacer Varela (el narcotraficante Wilber Varela, alias ’Jabón)", explicó ’El Mellizo’ en su última versión libre.
Según ’El Mellizo’, casi tres años después del préstamo Uribe no pudo pagar su deuda con los hermanos Mejía Múnera, por eso les ofreció el Bihar B para cancelarla.
En 2001, Bihar B estaba en las manos de Cardigan Development Corporation, firma con sede en Panamá, que pagó 2.200 millones a la empresa Panamco. Cardigan es una empresa de la familia de López Piñeros, de la que Sabina Arenas, la esposa de Óscar Uribe, es socia.
Según los registros del Das, Oscar Uribe salió a San José, la capital del Costa Rica, donde es presidente de la sociedad "Tres-Ciento Uno-Cuatrocientos Noventa y Siete Mil Doscientos Treinta y Dos S.A." y secretario de "International Led Advertisement S.A.".
Sin embargo, explicó ’El Mellizo’, la titulación del predio no cambió ya que él y su hermano eran prófugos de la justicia y no podían aparecer como propietarios.  "El problema es que el lote se valorizó y ahí me quisieron dar el dinero de vuelta, pero yo dije que no, que es mío y ya", dijo el ex jefe ’para’. Lo que argumenta ’El Mellizo’ es que por el préstamo del millón de dólares a Uribe el lote es suyo, y por ende ahora puede servir para reparar a sus miles de víctimas en Arauca.
Colbank le compró el lote por dos mil millones a Cardigan en junio de 2007. En ese momento ’El Mellizo’ estaba prófugo de la Justicia.
Según relató Mejía Múnera, el cambio de la titulación del lote se programó para mayo del 2008, pero el 29 de abril de ese año su hermano Víctor Manuel murió en un operativo de la Dijín en el bajo Cauca antioqueño. Miguel Ángel fue capturado cuatro días después por la policía en el Tolima, mientras se escondía en la caleta de una tractomula. "Vendieron (Colbank a DMG) el lote después de la captura mía y el asesinato de mi hermano", añadió ’El Mellizo’ en su versión libre.
López Piñeros aceptó que tenía relaciones comerciales con Óscar Uribe, su esposa y su hermana, pero aclaró que ellos (los Uribe) no tienen problemas con la Justicia.
Incluso Uribe tuvo una opción de compra sobre Bihar B, pero, según los representantes de Colbank, nunca se hizo una promesa de venta, lo que le hubiera dado el derecho de entregarle el bien a ’El Mellizo’. En una charla con VerdadAbierta.com en diciembre pasado reiteraron que "no entendemos cómo alguien que no tenía la posesión, en este caso Óscar Uribe, podía prometerle el bien a ’El Mellizo’. O Uribe estafó a Mejía Múnera o este (’El Mellizo’) está mintiendo".
Para apoyar su versión López Piñeros dijo que vendió el predio a Luis Eduardo Gutiérrez y a Juan Carlos Valencia, dueños de la inmobiliaria Guval, por 23 mil millones de pesos. Gutiérrez y Valencia aseguraron que hicieron una promesa de venta con Colbank, para después revender el lote por 28 mil millones de pesos a Dmg, la captadora de dinero intervenida en noviembre de 2008 que en la que, según el gobierno, más de 500 mil personas perdieron sus ahorros. Por eso el predio también está en la mira de la Fiscalía 26 de Extinción de Dominio para reparar los damnificados que dejó David Murcia.
En marzo de 2009 la Fiscalía de Justicia y Paz le impuso medidas cautelares para que no fuera vendido mientras se definía su situación jurídica.
Pero la Banca de Inversiones Colbank S.A., propiedad de Carlos López Piñeros, pidió que se levantara la medida, pues eran propietarios del Bihar B desde junio de 2007 y, según ellos, vendieron legítimamente el inmueble en noviembre de 2008 a David Murcia Guzmán.
Sin embargo, el Magistrado de Control de Garantías Julio Ospino en su audiencia de febrero pasado cuestionó el hecho de que Colbank no presentara los comprobantes de pago de impuestos del lote con los sellos originales. Indicó que no se entiende cómo una empresa organizada y legalmente constituida no puede presentar esta documentación. Sobre este hecho, también dijo que es entendible que un grupo ilegal como el de ’El Mellizo’ no presente este documento porque en la lógica criminal no se dejan rastros ni registros.
En conversación con VerdadAbierta.com en diciembre los abogados de López Piñeros afirmaron: "No es posible que tenga más credibilidad ’El Mellizo’ que una empresa legal, llevamos más de cuarenta años en la zona, mi padre ya tenía galpones allá".
El 12 de agosto se decidirá el último episodio de esta novela legal. Tanto ’El Mellizo’ como Carlos López Piñeros se juegan su futuro jurídico.
21 de agosto de 2010
20 de agosto de 2010
©verdad abierta

jorge lagos pagará con ocho años

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El ex subdirector de contrainteligencia del DAS, uno de los principales responsables en los seguimientos ilegales a magistrados, miembros de la oposición y hasta funcionarios del gobierno, firmó un acuerdo con la Fiscalía. Pagará ocho años de cárcel.

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Colombia. Jorge Lagos, ex subdirector de contrainteligencia del DAS, logró finalmente un acuerdo con la Fiscalía en el que se compromete a pedir perdón por los seguimientos e interceptaciones ilegales, con lo que logró una pena de ocho años de prisión.
Hace dos días se supo que Lagos, uno de los principales testigos en el caso de las chuzadas, aceptó su responsabilidad en los delitos de concierto para delinquir, prevaricato, abuso de función pública y violación ilícita de comunicaciones en el caso de las polémicas ‘chuzadas’. Con esto logró un preacuerdo con el ente acusador que tendrá que ser avalado por un juez.
El pasado febrero, Lagos dijo en una audiencia ante la Corte Suprema de Justicia que desde el DAS se originaron varias acciones de intimidación en contra de sindicalistas y periodistas, entre ellas panfletos, sufragios y llamadas realizadas por funcionarios de la misma entidad, aunque no pudo precisar nombres ni dependencias desde las que se ejecutaron estas actividades.
Entre los funcionarios que resultaron presuntamente comprometidos con los ’paras’ en la investigación estaban Rómulo Betancur, ex jefe del DAS seccional Bolívar; Jorge Alfredo Valle Anaya, ex director regional del DAS Magdalena; además del ex jefe de informática del DAS, Rafael García, procesado previamente por sus nexos con el Bloque Norte de las AUC comandado por ‘Jorge 40’.
Lagos dijo que durante la administración de Noguera existió un fuerte sesgo ideológico que llevó al DAS a enfocarse más en casos relacionados con grupos guerrilleros, en detrimento de aquellos que involucraban grupos paramilitares. "Una de las metas del doctor Peñate (Andrés Peñate, sucesor de Jorge Noguera) era buscar la objetividad en la información", señaló Lagos.

El Caso de la Uiaf
En una audiencia el pasado mes de mayo a Mario Aranguren, ex director de la Unidad de Inteligencia y Análisis Financiero, Uiaf, el fiscal expuso el caso de la supuesta investigación del DAS a magistrados de la Corte Suprema de Justicia para saber si había nexos entre estos y el polémico abogado Ascencio Reyes, donde aparentemente existía una penetración mafiosa.
El 24 de abril de 2008, Jorge Lagos le envió un oficio a la Uiaf, para solicitarle información de los magistrados y cómo habían pagado una viaje a la ciudad de Neiva. El oficio fue recibido a las 2:58 de la tarde de ese día. En menos de una hora, la respuesta de 111 páginas de la Uiaf ya estaba elaborada. "¿Cómo obtuvo toda esa información la Uiaf en apenas 47 minutos? -se preguntó el fiscal-. Todo estaba dispuesto desde antes entre la Uiaf y el DAS para este cometido", afirmó el funcionario en la audiencia.
Para sustentar esta acusación el fiscal Misael Rodríguez leyó apartes de las declaraciones de testigos clave que ya han empezado a colaborar en la investigación.
"Lo que pasaba en el Goni (Grupo de Observación Nacional e Internacional del DAS), pero que también tenía relación con la Uiaf, es mi deseo confesarle al despacho que mucha de esta información sobre el viaje de los magistrados fue dada a conocer a los medios de comunicación por orden de Presidencia, según me lo manifestaba el capitán (Jorge) Lagos, quien me ordenaba preparar documentos sucintos para entregárselos a periodistas". Este fue tan solo un fragmento de la confesión que hizo ante la Fiscalía Germán Ospina, quien formó parte del polémico grupo Goni, y quien fue uno de los hombres más cercanos al ex jefe de contrainteligencia del DAS. La declaración de Ospina, que coincide con otra leída por el fiscal Rodríguez con el testimonio de una funcionaria de la Uiaf, puso de nuevo a varios funcionarios de la Casa de Nariño como parte fundamental del espionaje contra la Corte.
A la noticia de Lagos se suma la de Fernando Tabares, el es jefe de inteligencia del DAS que busca acogerse al principio de oportunidad para obtener una rebaja de pena similar. Sin embargo, este proceso aún está en trámite en la Fiscalía.
21 de agosto de 2010
©semana

acusan a uribe de traición

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Controlada la Cámara por los uribistas, la acusación seguramente no llegará muy lejos.

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Colombia. Por traición a la patria, abuso de autoridad y prevaricato será denunciado ante la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes el ex presidente Álvaro Uribe Vélez, según anunció ayer el Colectivo de abogados José Alvear Restrepo, quienes preparan la acción judicial. De la misma manera, el colectivo también solicitó que se le apliquen los mismos tipos penales al ex canciller Jaime Bermúdez, al ex ministro de Defensa Gabriel Silva Luján y al del Interior y de Justicia, Fabio Valencia Cossio.
El grupo de abogados prepara la acción judicial contra el ex presidente por haber autorizado dar curso al convenio militar con Estados Unidos, que habría permitido la presencia de militares estadounidenses en siete bases del país.
Según la demanda, los ex funcionarios terminaron actuando en detrimento de la soberanía y de la autonomía de la institucionalidad del país, aseguró el jurista Luis Guillermo Pérez, integrante del Colectivo.
Para el abogado, las acusaciones se sostienen, ya que la Corte comprobó que el acuerdo violaba las obligaciones constitucionales y legales y comprometía la soberanía nacional.
Pérez agregó que en el presente convenio no sólo se permitía la presencia de militares norteamericanos en las bases militares nacionales sino que les otorgaba absoluta libertad para el uso de las comunicaciones y del espacio aéreo, a parte de la inmunidad diplomática de la que gozarían los uniformados.

Santos Rechazó la Denuncia
"Rechazo vehemente las injustas acusaciones contra el ex presidente Uribe y contra sus más inmediatos colaboradores que no hicieron otra cosa que servir bien a nuestro país y a los intereses del pueblo colombiano. A quién le cabe en la cabeza que firmar un acuerdo para incrementar y hacer más efectiva la colaboración bilateral contra el narcotráfico y el terrorismo pueda considerarse como un acto de traición a la patria", puntualizó el presidente Juan Manuel Santos, quien rechazó la denuncia contra su antecesor.
Así mismo señaló que él como Ministro de Defensa fue quien inició la negociación del convenio y precisó que "señores denunciantes si quieren pueden incluirme en la denuncia y me sentiría muy honrado. Todo mi respaldo al presidente Uribe y a su gabinete", agregó.
21 de agosto de 2010
©vanguardia