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mató a líder afrodescendiente


Medida contra desmovilizado por asesinato de líder afrodescendiente.
Colombia. Por su presunta responsabilidad en el asesinato y tortura de Cristóbal Romaña Paz, la Fiscalía dictó medida de aseguramiento contra Eliécer Manuel Herrera, alias ‘El Moña’.
Romaña, quien era  integrante de los Consejos Comunitarios de Jiguamiandó y Curbaradó, fue interceptado por un grupo de hombres armados el 28 de noviembre de 2002 en Pueblo Nuevo, Antioquia. Dicho grupo retuvo a la víctima tres días, tiempo en el que lo torturaron y lo asesinaron a machetazos.
Por estos hechos, un fiscal de Derechos Humanos y DIH sindicó a alias ‘El Moña’, ex paramilitar del Bloque Élmer Cárdenas, por su presunta responsabilidad en los delitos de tortura en persona protegida, homicidio en persona protegida y porte ilegal de armas de fuego de uso privativo de las Fuerzas Armadas.
El 21 de febrero de 2004 los restos del vocero de la comunidad de afrodescendientes fueron identificados mediante prueba de ADN.
21 de agosto de 2010
19 de agosto de 2010
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acusan al joyero


Imputan cargos a alias ‘El Joyero’ .      
Colombia. Ante un Magistrado de Control de Garantías de Justicia y Paz, la Fiscalía imputó 14 cargos en contra de Luberney Marín Cardona, alias ‘El Joyero’, ex jefe de finanzas del Bloque Héroes de Granada de las autodefensas.
La Fiscalía le imputó cargos por los delitos de homicidio en persona protegida, concierto para delinquir agravado, actos de terrorismo, actos de barbarie, lavado de activos, financiación de terrorismo, exacción o contribución arbitraria, despojo en campo de batalla y porte ilegal de armas de fuego de uso civil y militar.
Marín Cardona era el encargado de recolectar y administrar las finanzas de los paramilitares en el municipio de San Carlos, Antioquia, donde era el propietario de un negocio de fotografía y hacía trabajos de joyería.
Uno de los casos por los que fue imputado alias ‘el Joyero’ fue por el homicidio de Francisco de Jesús Martínez Naranjo, de 47 años de edad, quien fue baleado el 23 de febrero de 2005, en San Carlos.
Al final de la audiencia de imputación, el magistrado de control de garantías acogió los argumentos de la Fiscalía 20 de Justicia y Paz, y profirió medida de aseguramiento en centro carcelario contra el desmovilizado.
21 de agosto de 2010
12 de agosto de 2010
©verdad abierta
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tabares quiere pena de cinco años


El ex director de Inteligencia del DAS fue quien señaló a Bernardo Moreno, secretario general de la Casa de Nariño, de ordenar las chuzadas ilegales a magistrados de la Corte Suprema de Justicia.
Colombia. Desde el pasado 9 de julio, cuando el ex director de inteligencia del DAS, Fernando Tabares, compareció ante el fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia para acogerse al principio de oportunidad, se habló sobre la posibilidad de que él, uno de los principales testigos de las ‘chuzadas’, negociara con la Fiscalía para obtener una significativa rebaja de pena.
Este jueves se supo que, al parecer, Tabares logró en efecto un preacuerdo con la Fiscalía Octava Delegada ante la Corte para pagar una pena máxima de 64 meses de prisión (cinco años y medio en la cárcel), tras aceptar cargos por concierto para delinquir agravado.
Dicha negociación es similar a la de Jorge Lagos, ex director de contrainteligencia del DAS, quien este miércoles al parecer logró un acuerdo con la Fiscalía a cambio de una pena de ocho años. Ambos fueron acusados por concierto para delinquir, prevaricato por acción, abuso de función pública y violación ilícita de comunicaciones.
Desde que SEMANA destapó estas irregularidades en febrero del año pasado, el gobierno del ex presidente Álvaro Uribe las negó reiterativamente y aseguró varias veces que si existió algún acto ilícito fue cometido por ex detectives de bajo rango.
Sin embargo, lo dicho por Tabares contradice las voces del gobierno que acaba de salir. Por ejemplo, en apartes de una declaración suya, revelados por la emisora La W a finales de julio, aseguró que la entonces directora María del Pilar Hurtado y sus sucesores Joaquín Polo y Felipe Muñoz estaban al tanto del espionaje que se hacía para altos funcionarios de Palacio (ver nota).
Tabares reveló detalles hasta ahora desconocidos de cómo se fraguó la conspiración contra la Corte Suprema y miembros de la oposición.
El ex secretario general Bernardo Moreno se presentó a un interrogatorio en la Fiscalía semanas atrás. Su defensor, Jaime Granados, dijo tras siete horas de diligencia que no es cierto que su cliente haya ordenado perseguir a ningún ciudadano y calificó como "falsas acusaciones" los señalamientos en contra de su cliente.
Según lo relató Tabares a la Fiscalía, "el requerimiento hecho por Bernardo Moreno sí influyó en gran medida en lo realizado por la Dirección General de Inteligencia a partir de septiembre de 2007 y gran parte del año 2008 para la obtención de información de los tres temas de interés de la Presidencia de la República, tales como la ubicación de fuentes dentro de la Corte Suprema de Justicia y el incremento del esfuerzo de búsqueda de información sobre la senadora Piedad Córdoba. Es importante aclarar que el flujo de información de la misma, relacionada con los dos temas (Corte Suprema y Piedad) tenía como único destinatario el alto gobierno".
Por este caso, el ex director de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), Mario Aranguren, fue acusado en mayo por concierto para delinquir agravado, prevaricato y abuso de la función pública. La acusación también cobijó a Luis Eduardo Daza, subdirector de operaciones de la UIAF.
Además, cuatro ex directores del DAS han sido vinculados a las investigaciones de la Fiscalía: Jorge Noguera, Andrés Peñate, María del Pilar Hurtado y Joaquín Polo Montalvo.
20 de agosto de 2010
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nexos con grupos ilegales


Claudia López: Uno de cada tres políticos ha tenido nexos con grupos ilegales. La investigadora Claudia López fue la editora del libro "Y refundaron la patria", que desentraña los nexos entre los grupos armados, el narcotráfico y la clase política colombiana. VerdadAbierta.com habló con ella sobre las claves para entender la captura del estado.
Colombia. El libro fue hecho por investigadores de centros de investigación como Nuevo Arcoiris, Congreso Visible, Dejusticia, Grupo Método y la Misión de Observación Electoral - Moe. López, quien destapó en 2002 las alianzas de los grupos paramilitares con congresistas y senadores, ahora es la editora de este extenso estudio que ahonda no sólo en las complicidades de ’paras’ y políticos, sino también de narcos, guerrillas y las nuevas bandas criminales.
En el fondo la pregunta que intentaron responder es si los grupos armados se apoderaron del estado colombiano. Y encontraron que no lo lograron en su totalidad, pero que al menos uno de cada tres políticos, en el ámbito local, departamental o regional, han tenido o tienen relaciones con grupos armados ilegales.
Otra conclusión a la que llegaron en este libro es que los delincuentes han buscado tomarse el estado para legitimarse y además buscar encubrir sus delitos.
Según el libro, los políticos aliados con paramilitares, guerrilleros o narcotraficantes, también encontraron en la administración pública la mejor forma para lavar recursos de actividades ilícitas como el narcotráfico. Claudia López habló con VerdadAbierta.com sobre las revelaciones de este libro titulado "Y refundaron la patria".

VerdadAbierta.com : ¿El libro trata de demostrar la teoría del Estado mafioso?
Claudia López: No tenemos fundamento para afirmar eso. Aquí ha habido dos visiones extremas, una que dice que en Colombia no ha pasado nada y que se trata de unas cuantas manzanas podridas, entonces lo dejan como un problema medio trivial y personalizado.
Y quienes dicen que Colombia es un narcoestado, que está completamente capturado por el narcotráfico. Nosotros nos dimos a la tarea de establecer entre esas dos visiones, cuál era la evidencia. La evidencia judicial indica que una tercera parte de los cargos políticos de elección popular efectivamente ha sido cooptada por el narcotráfico, el paramilitarismo, la guerrilla y grupos armados de diferente tipo.
No es una cifra menor. Uno de cada tres alcaldes, gobernadores, concejales, de miembros del Congreso, han tenido nexos con grupos armados.
Y lo que ocurrió es que desde 2002, la inmensa mayoría de estas tendencias que habían cambiado el mapa local y regional político confluyeron en el proyecto político uribista, hicieron parte de la coalición de gobierno del presidente Álvaro Uribe, cogobernaron con él durante 8 años y de esa forma llegaron hasta esferas del poder nacional.
Mucho ha de tener la influencia de un alcalde o un concejal para ser capaces de llegar a la Presidencia de la República. De manera es que esa es la magnitud exacta: Una tercera parte del estado político ha estado capturado por organizaciones ilegales.

VA : ¿dónde se puede ver esa captura del estado?
CL: La verdad es que nos dimos a la tarea de hacer una monografía departamento por departamento. El libro contiene un cd en el que va la monografía de cada departamento, que explica el contexto de conflicto que vivieron desde el 90 hasta 2007.
Y cómo cambió el mapa político en ese contexto de conflicto. Cómo desaparecieron el  partido liberal y conservador y aparecieron esos partidos vinculados a la parapolítica y a la farc-política.
Desafortunadamente no hay departamento que se escape, en todos hay algún indicio, por supuesto las dimensiones son distintas, yo diría que más que captura, eso que llaman reconfiguración del estado, haber cambiado el mapa político y la operación estatal ocurrió en departamentos como Córdoba, Antioquia, Cesar, Magdalena, Santander, Meta, Casanare, Norte de Santander para solo mencionar algunos ejemplos muy destacados por la enorme penetración de los grupos armados.
Norte de Santander, por ejemplo, es uno de los departamentos que poco se mencionan en la parapolítica pero quizás es uno de los más cooptados  a todo nivel. De manera que no podemos decir que alguno se salve, tal vez en Nariño uno podría decir que hay menos influencia, pero en todos hay un rastro de mafiosos e ilegales y políticos reconfigurando el estado.

VA : ¿Qué buscan los grupos armados con capturar el estado?
CL : En primer lugar buscan evadir que los persigan, buscan impunidad, obviamente si logran inhibir, cooptar, capturar al fiscal, juez, agente de inteligencia, el miembro de la fuerza pública, al político que a su vez coordina la fuerza pública, pues limita su riesgo de exposición penal, que es lo que buscan: impunidad.
Lo segundo es capturar rentas. Hay un vínculo cada vez más estrecho entre las actividades ilegales como el narcotráfico y la corrupción pública, porque en la práctica la corrupción se ha vuelto un mecanismo de lavado del narcotráfico, entonces son dos negocios que van convergiendo.
Es muy útil, usar la estructura económica del estado para hacer impunidad y lavado de recursos.
Lo tercero que buscan es legitimidad. Es que si logran disfrazarse de políticos y que no les digan parapolíticos sino honorable senador, que no les digan mafiosos sino señor alcalde, obviamente eso da un amparo de legitimidad y legalidad que les permite operar a gran escala.
Cuando esos políticos aliados con los ilegales llegan a escenarios como el Congreso donde se decide la estructura institucional del estado pudieron cambiar las normas de economía agraria para legitimar el despojo, pudieron cambiar las normas de justicia para proveerse en un alto nivel de impunidad como la ley de justicia y paz.
Pudieron cambiar el sistema político y electoral para poder usar los partidos y que esos partidos aunque avalaran a gentes involucradas con la ilegalidad no resultaran sancionados.
Entonces lograron cambiar la estructura institucional, tener  legitimidad política y social, hacer operaciones de lavado económico y político, es lo que buscan los ilegales con penetrar la política.

VA: ¿Al final dónde está el conflicto?
CL: En el libro lo que tratamos de mostrar es que esa idea de las autodefensas contrainsurgentes es más un mito que una realidad. La verdad es que el narcoparamilitarismo tenía intereses más importantes que combatir a la guerrilla, tenía el interés del narcotráfico, reconfigurar el poder político y que sus aliados volvieran al poder porque la apertura del sistema democrático en Colombia se los estaba quitando. Buscaban tener legitimidad social y control territorial.
Como también encontramos que eso de que la guerrilla actúa por los pobres y en defensa de los marginados y de los campesinos, incluso de los cocaleros en Colombia, es un mito. Nosotros decimos que la guerrilla y el paramilitarismo fueron muy machitos para pelear contra la población civil inerme, para arrasar campesinos, para masacrar a mujeres y niños en pueblos enteros, pero conflictos y disputas directas entre ellos muy poquitas.
Los unos y los otros se han usado como una excusa para sus reales propósitos, que para ser contrainsurgentes o contraparamilitares.
20 de agosto de 2010
19 de agosto de 2010
©verdad abierta
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águilas negras atacan oriente antioqueño


‘Águilas Negras’ atemorizan al Oriente Antioqueño. La circulación de panfletos intimidatorios en algunos municipios del Oriente Antioqueño está alterando el clima de tranquilidad que esa subregión respira desde hace ya buen tiempo. Hombres armado intimidan la población en el Oriente de Antioquia.
Colombia. El caso más reciente se presentó en el municipio de San Francisco, donde fueron arrojados en varias residencias del casco urbano panfletos firmados por un grupo autodenominado ’Águilas Negras’ y en el que hace una apología al asesinado paramilitar Carlos Castaño Gil, quien fuera el vocero político de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc) y creador de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (ACCU).
En el pasquín se envía una advertencia a "viciosos, expendedores y chismosos", para que "corrijan sus comportamientos o de lo contrario serán declarados objetivo militar, instancia a la que la política del frente no pretende llegar. Nos escucharán, verán nuestro accionar con el mayor respeto hacia el campesinado (sic) y la población civil".
Allí también se menciona que "el accionar del frente se va a focalizar en los municipios del Oriente Antioqueño, lugar donde se encuentran reductos delincuenciales e insurgentes".
El hecho se registró el pasado 8 de agosto en horas de la madrugada, un día después de realizado en esta localidad el foro Verdad sobre la tierra y el agua, un evento académico organizado por diversas agrupaciones sociales con presencia en la región. Allí se debatió a profundidad los impactos que traería la posible construcción de una central hidroeléctrica en este municipio, llamada Porvenir I.
Lo que hoy se preguntan diversas organizaciones no gubernamentales defensoras de derechos humanos en el Oriente Antioqueño es qué efectos tendrán las amenazas de las llamadas ‘Águilas Negras’ sobre la movilización de los labriegos en torno a los posibles efectos negativos que provocaría la construcción de ese tipo de proyectos de generación de energía.
"Creemos que este nueva amenaza es producto de toda la ardua lucha que vienen realizando los campesinos en pro de sus derechos a la tierra y el territorio y la inconformidad que ha suscitado la privatización del agua y la construcción de varias centrales y micro-centrales eléctricas en éste y otros municipios del oriente Antioqueño", expresó Nicolás Castrillón, integrante de la Asociación Campesina de Antioquia (ACA).
Si bien en los últimos años no había antecedente sobre amenazas o intimidaciones a pobladores en el Municipio de San Francisco ni menos presencia de grupos insurgentes, fuentes consultadas por la Agencia de Prensa IPC y que pidieron no revelar sus identidades, señalaron que a principios de este mes se presentó un hecho similar en el municipio de Cocorná.
"Varios campesinos de este municipio nos comunicaron que a principios de este mes habían distribuido un panfleto, firmado por unas supuestas ‘Águilas Negras’, en el que se amenazaba a varias personas de ser viciosas. Eso atemorizó a la población", manifestó la fuente.
La situación fue expuesta en la Mesa de Derechos Humanos y Derecho Humanitario (DIH) del Oriente Antioqueño, instancia que calificó como preocupante el hecho y sobre el cual se pronunciará públicamente en los próximos días.
"El Oriente Antioqueño está viviendo un momento muy coyuntural en este momento. Se avecina un intenso debate por la explotación de los recursos naturales como madera y minerales así como por la construcción de centrales y microcentrales. Por eso creemos que hay que valorar esta amenaza como muy preocupante", señaló John Jairo Serna, vocero de la Mesa.
Si bien las autoridades locales no se han pronunciado al respecto, las comunidades de esta subregión de Antioquia, que por años padecieron las más cruentas violaciones a los derechos humanos por parte de todos los actores del conflicto armado, esperan que la historia no se repita y que por fin puedan habitar el territorio libres de amenazas.
Con información de la Agencia de Prensa IPC, Medellín
20 de agosto de 2010
19 de agosto de 2010
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cargos por reclutamiento de niños


Fiscalía formuló cargos a ‘El Alemán’ por reclutamiento de niños. La Fiscalía le formuló cargos al ex jefe paramilitar por el reclutamiento de menores para la guerra. Este crimen es considerado como un delito de lesa humanidad. El reclutamiento ilegal de menores es considerado un delito de lesa humanidad.
Colombia. Después de escuchar las versiones libres de Freddy Rendón Herrera, alias ‘El Alemán’, y de realizar investigaciones en la zona del Urabá antioqueño y del Medio Atrato chocoano, la Fiscalía le formuló cargos al ex jefe paramilitar del Bloque Élmer Cárdenas por cinco delitos, entre ellos, reclutamiento de niños que fueron devueltos a sus familias antes de la desmovilización del grupo paramilitar.
Así lo informó el organismo investigador, tras explicar que esa formulación obedece al reclutamiento ilícito de 331 menores de edad, ocurrida entre 2000 y 2004, en la zona donde operaba este bloque paramilitar. Según lo documentó Verdadabierta.com, ‘El Alemán’ reconoció este delito durante las versiones libres, después de que un juez de Justicia y Paz le mostrara fotografías que probaban la incorporación de niños en las filas paramilitares.
Semana por su parte informó que en la clandestinidad, 156 niños que hacían parte de las filas del Bloque Élmer Cárdenas bajo el mando de ’el Alemán’, se encontraron con sus familiares en la escuela El Mello, de Necoclí, y volvieron a sus casas. El gobierno nunca se enteró de este evento, ni el país lo habría hecho si no es porque durante las versiones libres un fiscal de Justicia y Paz le mostró al ’Alemán’ un libro donde aparece un reportaje del fotógrafo Julián Lineros y en el que se puede ver, en medio de un entrenamiento militar, los rostros de varios menores. Sólo en ese momento el ex paramilitar y sus abogados entendieron la gravedad del tema. El reclutamiento de menores es un crimen de lesa humanidad castigado duramente por las cortes internacionales y hasta ahora ha sido un delito invisible, y del que pocos -casi ninguno- paramilitares han hablado.
Lo paradójico es que todos los bloques de las autodefensas, sin excepción, reclutaron menores. Infortunadamente, en todas las guerras los niños son carne de cañón, por su audacia, su agilidad y porque la idea del matar y el morir todavía no se ha racionalizado, como en la vida adulta.
Sin embargo, por la forma como actuó el Bloque, estos menores de edad quedaron por fuera del proceso de reincorporación y no tuvieron acceso a la atención que ofrece el Estado, en relación con acceso a educación, salud y atención psicológica.
En la audiencia que se realizó este miércoles 18 de agosto en Medellín, la Fiscalía también le formuló cargos a ‘El Alemán’ por otros cuatro delitos: coautor del delito de tráfico, fabricación, o porte de estupefacientes, y conservación o financiación de plantaciones; coautor de homicidio agravado del alcalde de Ungía (Chocó), Rigoberto de Jesús Castro Mora; de concierto para delinquir agravado, fabricación, tráfico y porte de armas y municiones de uso privativo de las Fuerzas Armadas, así como de utilización ilegal de uniformes e insignias de uso privativo de la Fuerza Pública.
Según lo establecido por la Fiscalía, el hecho de que ese grupo armado transportara y conservara cocaína en su territorio le reportó entre 1995 y 2006 más de 123 mil millones de pesos.
El proceso judicial luego pasará a la etapa de legalización de cargos, que también se realizará ante un magistrado de control de garantías de Justicia y Paz. Sólo cuando esto suceda, ‘El Alemán’ será llamado a juicio para su condena.
20 de agosto de 2010
18 de agosto de 2010
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libres militares homicidas


Fiscal general: Responsables de ’falsos positivos’, libres por decisiones desenfocadas de jueces. Este jueves, el fiscal general de la Nación (e.), Guillermo Mendoza Diago, se pronunció frente a este y otros polémicos temas.
Colombia. Un jueves movido tuvo el fiscal general de la Nación (e.), Guillermo Mendoza Diago. Tras una reunión con el ministro de Defensa, Rodrigo Rivera, que se cumplió en la mañana, Mendoza Diago calificó como "desenfocadas" las decisiones de los jueces con funciones de control de garantías que han dado libertad por vencimiento de términos a personas que están siendo procesadas por los casos de los llamados ’falsos positivos’.
Mendoza Diago anunció, además, el apoyo que se brindará desde la justicia ordinaria para la instrumentación del nuevo sistema acusatorio en la justicia penal militar.
En el encuentro, al que también asistió el director de la Policía, general Óscar Naranjo, se analizó el tema de los cerca de 60 crímenes ocurridos en la frontera con Venezuela, y que posiblemente será uno de los puntos que se discutirán en la conformación de las comisiones binacionales que se oficializará este viernes en el país vecino.
Mendoza Diago también dijo este jueves que se está haciendo estricto seguimiento a los bienes de algunas personas que resultaron beneficiadas por el polémico programa Agro Ingreso Seguro (AIS).
Aseguró que en caso de comprobarse que estos bienes fueron adquiridos con el resultado de acciones ilegales, la Fiscalía acudirá a actuaciones penales, dentro de las que no descartó la figura de extinción de dominio.
El fiscal también reveló que por culpa de la corrupción en el manejo de las regalías, el país ha perdido más de un billón de pesos. Y dijo que la situación que en este sentido vive Colombia es tan dramática que puede llegar a convertirse en una de las naciones con más corrupción en el mundo.
Mendoza Diago advirtió que si el país sigue así el "robo va a ser total", refiriéndose particularmente a los recursos de las regalías que terminan perdiéndose.
20 de agosto de 2010
19 de agosto de 2010
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restitución de tierras en colombia


Recuperar dos millones de hectáreas y restituirlas a los desplazados es el compromiso que se impuso el gobierno, un objetivo que se advierte muy complejo. La primera tarea será develar quiénes concentran hoy las tierras despojadas por mafias y grupos ilegales. ¿Cómo lo hará?
Colombia. En su discurso de posesión, el presidente Juan Manuel Santos se comprometió con los campesinos del país a que ellos se convertirán en los verdaderos dueños de las tierras más productivas y los encargados de explotarlas.
Ese compromiso también incluyó la decisión de arrebatarles a los agentes de la violencia la tenencia de las mejores tierras y restituirlas a las familias de campesinos desplazados que, por culpa de fenómenos como el narcotráfico, la guerrilla y el paramilitarismo, se han visto obligadas a abandonar cerca de cinco millones de hectáreas en las recientes tres décadas.
En metas concretas, el reto del Gobierno durante los próximos cuatro años será el de recuperar, como mínimo, dos millones de hectáreas que fueron usurpadas por las mafias, tal como lo dijo el ministro de Agricultura, Juan Camilo Restrepo.
Pero el objetivo se convierte en un auténtico reto para el Gobierno, por lo menos así se desprende tras el revelador debate que sobre tierras realizó la Cámara de Representantes la noche del miércoles y en el que congresistas del Partido Liberal y el Polo Democrático hicieron una radiografía del complejo problema que el Ejecutivo tiene entre las manos.
El propio Gobierno, a través del ministro del Interior, Germán Vargas Lleras, reconoció que en Colombia hay "una vergonzosa concentración de la propiedad rural en el país", mientras que el ministro de Agricultura admitió que en Colombia la población desplazada "supera los tres millones", siendo la primera vez que un funcionario no se refiere a la cifra de dos millones y medio que citó con insistencia el gobierno anterior.

Sutil Legalización
En la plenaria de la Cámara de Representantes, los congresistas Iván Cepeda (Polo) y Guillermo Rivera (P. Liberal) demostraron que la concentración de tierras en Colombia es tan marcada, que tan sólo un 4 por ciento de los propietarios controla el 61 por ciento de las tierras de mejor calidad, derivada , en muchos casos, por el despojo de tierras que ocasionó la ofensiva paramilitar en las recientes dos décadas.
Mencionaron que 5,5 millones de hectáreas fueron abandonadas, invadidas o transferidas en "negocios espurios", de las cuales fueron expulsadas 385.000 familias que hoy sufren en busca de recuperar lo perdido. De estas, 1,2 millones estaban cultivadas antes de ser despojadas.
El representante Iván Cepeda reveló que detrás de la legalización de tierras despojadas hay grandes empresarios que, incluso, "contaron con la ayuda del Estado" para adquirir esos predios.
Por eso, advirtió Cepeda, muchos de los predios que habían arrebatado los paramilitares desmovilizados no han sido devueltos, pues según sus investigaciones, la propiedad de dichos predios ha sido legalizada a través de mecanismos "sutiles".
Cepeda mencionó casos para los que pidió urgente investigación de las autoridades. Por ejemplo señaló a hermanos del presidente de ECOPETROL, Javier Gutiérrez, de adquirir una finca que, según su conocimiento, "fue robada por hombres de ‘Jorge 40’".
El congresista también pidió la no extradición del desmovilizado Éder Pedraza, alias ‘Ramón Mojana’, a quien Jairo Castillo Peralta, alias ‘Pitirri’, uno de los testigos estrella de la parapolítica, señaló de haber atendido las recomendaciones del ex senador Mario Uribe de "conseguir tierras baratas" en la región del bajo Cauca.

Ocho Años en Deuda
El representante Guillermo Rivera también hizo varias denuncias en la radiografía agraria que presentó en el parlamento, especialmente la forma como varios "testaferros de paramilitares" terminaron siendo beneficiados por las políticas de subsidio agrario impulsadas por el gobierno de Álvaro Uribe y su ministro agrícola Andrés Felipe Arias.
"La voluntad y rol del Gobierno del Presidente Uribe y en especial de su Ministro de Agricultura, distó mucho de iniciar un proceso de restitución. Incluso, las medidas de seguridad a las víctimas y las garantías para que estas pudieran reclamar sus terrenos, fueron enormemente limitadas".
Rivera mencionó el caso de 10 palmicultores y refinadores de aceite de palma que contribuyeron con 29,5 millones en 2002, y 27 millones para el referendo y han recibido 8 mil millones en subsidios y 279 millones en créditos blandos.
Incluso reveló que el extraditado jefe paramilitar, alias ‘Macaco’, devolvió la finca ‘Las Margaritas’ en el Putumayo, junto con 160 millones de pesos que correspondían a una deuda por créditos blandos con el programa FINAGRO.
Por eso, el parlamentario le advirtió al gobierno de Juan Manuel Santos que su primer reto para consolidar el propósito de devolver dos millones de hectáreas a los campesinos desplazados será establecer quiénes ostentan hoy la propiedad de estos predios.
Además, dijo Rivera, se hace urgente un censo de "Tierras y predios", tal como lo ordenó un Auto de la Corte Constitucional en el 2009, para así determinar "las cifras reales" con las que el gobierno debe contar para afrontar esta "herencia que le dejó el gobierno Uribe", como el congresista calificó la restitución de tierras.

Las Fórmulas
El gobierno admitió esa radiografía y consideró fórmulas para cumplir con su meta de la restitución de tierras, que serán incluidas en el conjunto de disposiciones que conforman el proyecto de Ley de Tierras, que será radicado en el Congreso.
Dicho proyecto, como explicó el ministro de Agricultura, Juan Camilo Restrepo, tendrá como propósito el desarrollo de políticas que permitan "romper con la cadena de testaferrato" que se apoderó de los predios de campesinos desplazados.
Restrepo también explicó que la Ley de tierras que se propone tramitar será complementaria a la Ley de Víctimas. Y anunció que se reversarían "adjudicaciones espurias" realizadas por el Incoder.
Pero la principal herramienta con la que el Gobierno pretende meterle el diente al problema de la tierra será la creación de una "jurisdicción especial" para la extinción del dominio de bienes de grupos ilegales, los cuales serán restituidos a las víctimas del desplazamiento.
Y en ese contexto, según explicó el ministro del Interior, Germán Vargas Lleras, una de las disposiciones novedosas será la de "invertir la prueba de la carga" para demostrar la propiedad de los predios.
Esto significa que no sería responsabilidad de las víctimas de desplazamiento sustentar ante las autoridades la pertenencia de sus tierras, sino que será el Estado el que asuma esa función.
¿Y cómo lo hará? Para que ese procedimiento sea expedito, Vargas Lleras explicó que se obligará a los empresarios a demostrarle a las autoridades que su tenencia y su derecho de dominio es legítimo.
El representante Guillermo Rivera, quien aplaudió esa medida, dijo que le dará mayor agilidad a los procesos judiciales de esa naturaleza, que podría tardar menos de dos años.
20 de agosto de 2010
19 de agosto de 2010
©semana
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