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juez garzón en colombia


Baltasar Garzón acompaña indígenas colombianos en sus denuncias. "Estoy acompañando a las comunidades indígenas en algunos de los casos", dijo, y explicó que "la intervención mía es estrictamente como amigo de las comunidades indígenas y no como juez".
Colombia. El juez español Baltasar Garzón visitó un resguardo indígena en Cauca para acompañar a los indígenas en sus denuncias sobre las violaciones a los derechos humanos de las que son víctimas y ser garante de los acuerdos a los que llegaron con el gobierno.
Garzón fue recibido con una calle de honor por parte de la guardia indígena en el resguardo de La María, en el municipio de Piendamó, y luego escuchó las denuncias que los nativos le hicieron en materia de violación de derechos humanos.
"Estoy acompañando a las comunidades indígenas en algunos de los casos y algunos de los temas que tienen pendientes con el gobierno", como en los casos de algunas masacres de las que han sido víctimas.
Agregó que su función es acompañarlos y ser "garante de esos acuerdos".
"Por tanto, la intervención mía es estrictamente como amigo de las comunidades indígenas y no como juez", precisó a los periodistas que lo acompañaron a su visita al resguardo.
El líder indígena Darío Tote dijo que 1.250 nativos de esas comunidades han sido asesinados por los diferentes actores armados del conflicto armado interno de Colombia desde 1980 hasta la fecha.
"Ayer incluso fue asesinado un indígena en Puracé. En este momento hacemos la investigación de quién lo asesinó realmente. Cada día mueren compañeros indígenas y es lo que pretendemos presentarle para que nuestra voz sea presentada en la parte internacional", dijo.
Por su parte, José Antonio Yalanda, gobernador indígena del resguardo La María, indicó que a diario son víctimas de diferentes violaciones por parte de los grupos armados y esa es la denuncia que le presentaron a Garzón.
"Él nos visitó aquí y le pedimos que el derecho internacional humanitario se aplique como es debido en las comunidades indígenas para que haya mayor atención", subrayó.
Algunas comunidades de campesinos también aprovecharon para denunciar ante Garzón violaciones de los grupos irregulares y del Ejército en contra de ellos.
Garzón, uno de los asesores de la Corte Penal Internacional (CPI), estuvo acompañado de la fiscal de la Audiencia Nacional de España Dolores Delgado.
En la audiencia se presentaron testimonios sobre las acciones de movilización social por las tierras, el desconocimiento estatal a los derechos históricos y constitucionales, la presencia de multinacionales en sus territorios y la persecución, amenaza y asesinato de líderes y autoridades indígenas.
Además señalaron que las políticas gubernamentales han estado enfocadas en los últimos años a "desacreditar y estigmatizar" el trabajo del Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) y de las autoridades nativas de la zona.
También a "crear organizaciones paralelas para contrarrestar y afectar el trabajo de procesos legales y legítimos como el indígena del Cauca" y "mantener la impunidad, mediante la ausencia de resultados en las investigaciones penales y disciplinarias cuando se trata de ataques, asesinatos, amenazas, contra dirigentes indígenas".
14 de agosto de 2010
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amenazan a activistas de ddhh


"Les daremos un plazo de un mes para que desaparezcan de esta zona o serán descuartizadas y no habrá ni fosas comunes para ustedes", dice una de las advertencias de muerte.
Colombia. En un panfleto fechado el 11 de agosto de 2010, los paramilitares del Magdalena Medio y de Caldas les hacen saber a sindicalistas e integrantes de la ONG Anmucic que los quieren matar.
El documento tiene un cabezote donde aparecen los nombres de las ‘Águilas Negras’ y ‘Los Rastrojos’. En seguida, les advierten a sus víctimas que "les daremos un plazo de un mes para que desaparezcan de esta zona o serán descuartizadas y no habrá ni fosas comunes para ustedes. Pronto sabrán de nosotros para que sepan que no estamos jugando, perras", fue la advertencia que les hicieron a mujeres directivas de la ONG.
Este viernes, se conoció también que el representante Iván Cepeda recibió un panfleto en que fue amenazado por personas que se identificaron como integrantes del Bloque Capital de las ‘Águilas Negras’.
Junto con Cepeda, también recibieron advertencias de muerte Rigoberto Jiménez, Director de la Coordinación de Desplazados; Alfonso Castillo, del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, y mujeres líderes de movimientos de desplazados.
"Les solicitamos a los cuerpos de seguridad del Estado y demás autoridades competentes, fortalecer las medidas de seguridad del Representante Iván Cepeda, lo mismo que a las demás personas relacionadas en el correo electrónico portador de la amenaza y que hacen parte del movimiento de los Derechos Humanos. Los cuerpos de investigación del Estado deben adelantar la investigación correspondiente para establecer el origen real de tales amenazas", dijo el Defensor del Pueblo, Vólmar Pérez, cuando conoció la amenaza al representante Cepeda y los demás defensores.
Pérez recordó que en varios momentos, el Sistema de Alertas Tempranas (SAT), de la Defensoría del Pueblo, ha reportado a la Policía y a las Fuerzas Militares amenazas recibidas por defensores de derechos humanos en diferentes regiones del país.
Muchas de esas advertencias de muerte coinciden en que son enviadas por personas que se identifican como integrantes de grupos surgidos después de la movilización de los paramilitares.
14 de agosto de 2010
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posible negociación con las farc


Colombia abre la puerta para conversaciones con las FARC.
[Juan Forero] Bogotá, Colombia. La asunción de un presidente más moderado en Colombia ha abierto la posibilidad, nunca tan mínima, de conversar con los revolucionarios marxistas para poner fin a un conflicto alimentado por la cocaína y que se remonta a los años sesenta.
Aunque como ministro de Defensa propinó decisivos golpes a la más poderosa organización rebelde de Colombia, como presidente Juan Manuel Santos se ha mostrado dispuesto a negociar con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, para terminar con el único conflicto armado de América Latina. "La puerta de las negociaciones no está cerrada", dijo Santos el sábado en su discurso inaugural.
Carlos Lozano, editor del semanario comunista Voz, dijo que los comentarios de Santos sugieren que el nuevo gobierno de Colombia está dispuesto a considerar una negociación. "Eso es importante, particularmente porque su predecesor había prácticamente cerrado esa posibilidad, y su política era expandir la guerra", dijo Lozano, refiriéndose a Álvaro Uribe, que gobernó durante ocho años.
Los presidentes latinoamericanos, algunos de los cuales eran hostiles a Uribe y sus políticas de seguridad, han expresado interés en ayudar a Colombia a forjar un pacto de paz con las FARC, una organización de ocho mil combatientes, debilitada en los últimos años en medio de una ofensiva militar financiada por Estados Unidos, pero que continúa actuando en zonas remotas.
Entre esos presidentes se encuentra el presidente ecuatoriano Rafael Correa, que rompió relaciones con Uribe en 2008 después de que Colombia bombardeara un campamento de la guerrilla en Ecuador. Este fin de semana, en una entrevista con el canal Caracol de Colombia, Correa dijo que podría jugar un papel en futuras negociaciones con los revolucionarios. "Esa lucha ya no tiene ningún sentido", dijo Correa sobre las tácticas de las FARC.
Los comentarios más sorprendentes, sin embargo, provinieron del presidente venezolano Hugo Chávez. Hace algunas semanas había advertido que si Santos era elegido, las relaciones podrían empeorar.
En lugar de eso, el martes llegó a la ciudad portuaria colombiana de Santa Marta y se reunió con el nuevo presidente en un intento de reparar las relaciones diplomáticas que había suspendido el 22 de julio después de que el gobierno de Uribe acusara públicamente a Chávez de apoyar a las FARC.
El presidente socialista, que ha elogiado frecuentemente a los rebeldes de las FARC e invitado a importantes comandantes al palacio presidencial en Caracas, dijo este fin de semana que las FARC deberían liberar a los rehenes para abrir el camino hacia las negociaciones.
"Las guerrillas colombianas no tienen futuro con la lucha armada", dijo Chávez en su programa de televisión del domingo. "Justo cuando se propone que el gobierno colombiano busque la paz, las guerrillas deberían hacer lo mismo".
Chávez hizo estos comentarios después de que Santos, después de asumir el cargo, expresara interés en restablecer las relaciones con Venezuela. Eso condujo a la reunión del martes, que terminó con Santos anunciando que Chávez no permitirá que las organizaciones armadas ilegales operen en Venezuela. Antes, durante su investidura, Santos también mencionó usar su mandato de cuatro años para sembrar "los fundamentos de una verdadera reconciliación entre los colombianos" y poner fin a la guerra con las FARC.
La hermética y dogmática organización revolucionaria, que habla de revolución pero es considerada como un importante cartel de la cocaína, también ha emitido comentarios que han apaciguado a funcionarios colombianos.
En un video dado a conocer el mes pasado, Guillermo Sáenz Vargas, el intelectual bogotano que encabeza a la organización, abandonó la sostenida demanda de las FARC de crear una zona desmilitarizada para las negociaciones. "Lo que estamos plantando de nuevo, una vez más, es, hombre, hablemos", dijo Sáenz, mejor conocido como Alfonso Cano.
Expertos en las FARC dicen que no se hacen ilusiones de que las conversaciones puedan empezar pronto, en gran parte porque Santos las ha hecho depender de que los rebeldes liberen a los rehenes y acepten una tregua.
Las FARC y el estado colombiano han estado librando una guerra sin cuartel desde 2002, cuando el presidente Andrés Pastrana rompió las conversaciones de paz después de acusar a los rebeldes de usar una extensa franja territorial cedida por su gobierno, para esconder a rehenes y planear ataques.
Poco después, Uribe fue elegido presidente, modernizó a las fuerzas armadas y recuperó territorio que había estado en manos de las guerrillas. Ahora que Uribe se ha marchado, dicen los analistas políticos, el ambiente es algo más propicio para un nuevo acercamiento.
"Santos no tiene ese odio visceral hacia las FARC que tiene Uribe", dice Adam Isacson, analista militar en Washington, observando que el padre de Uribe fue asesinado por las FARC. "Las consideraba un obstáculo para su gobierno, que debía ser eliminado".
Camilo Gómez, uno de los negociadores del gobierno de Pastrana, dijo que la más probable ruta hacia la paz es una combinación de fuerza y negociaciones, aunque, agregó, probablemente las negociaciones deban realizar fuera de Colombia.
Gómez también dijo que se necesitaba un mediador respetado, alguien digerible para la izquierda y la derecha de la región. Planteó la posibilidad de que lo sea el presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, que pronto terminará su mandato.
13 de agosto de 2010
11 de agosto de 2010
©washington post
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paras declararán contra mario uribe


Ex jefes paramilitares declararán en juicio a Mario Uribe y José Domingo Dávila. La Corte Suprema de Justicia recibirá para finales de este mes la declaración de ‘Jorge 40’ en el juicio al ex gobernador de Magdalena José Domingo Dávila Armenta, y a mediados de septiembre escuchará a Salvatore Mancuso en el juicio al ex senador antioqueño Mario Uribe.
Colombia. Esta semana, la Corte Suprema de Justicia tenía programado recibir la declaración del ex jefe paramilitar Rodrigo Tovar Pupo alias ‘Jorge 40’ dentro de juicio que se adelanta al ex gobernador de Magdalena, José Domingo Dávila Armenta por nexos con paramilitares. Sin embargo, por aparentes problemas logísticos, la audiencia no se pudo llevar a cabo.
Ahora, la Sala Penal de la Corte Suprema logró reprogramar la recepción del testimonio del ex jefe paramilitar para el próximo 30 de agosto en horas de la mañana por videoconferencia desde Estado Unidos.
De igual forma, el Alto Tribunal fechó para el próximo 15 de septiembre a las 9 de la mañana una nueva audiencia en el juicio al ex senador antioqueño y primo del ex presidente Uribe, Mario Uribe, en la que declarará igualmente desde Estados Unidos el ex jefe paramilitar Salvatore Mancuso.

Lo Último del Juicio contra Mario Uribe
En audiencia celebrada el 12 de julio de este año, el ex senador antioqueño se declaró inocente de los cargos que lo vinculan con paramilitares. Aunque admitió que se reunió en una oportunidad con Salvatore Mancuso en compañía de Eleonora Pineda, negó cualquier nexo con las Auc.
En su primer día de audiencia ante la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia,  el ex senador Mario Uribe Escobar, primo del presidente Álvaro Uribe, negó cualquier tipo de vínculo con grupos paramilitares que delinquieron en el norte del país, dentro del marco del juicio que se le adelanta por el delito de concierto para delinquir agravado.
El ex senador antioqueño aseguró que no hizo ningún tipo de acuerdo ni con paramilitares del Bloque Norte de las AUC ni con la ex congresista Eleonora Pineda, condenada en 2007 por sus vínculos con paramilitares.
Uribe Escobar descalificó los testimonios de ex paramilitares como  alias ‘Pantera’ y ‘Gomelo’, así como el del testigo clave de la parapolítica alias ’Pitirri’, y calificó como "confusas" las declaraciones dadas por Mancuso en las que afirma haberse reunido con Uribe Escobar en más de una oportunidad y de haber firmado pactos con él. "Al proceso han llegado incluso testimonios de personas con las que nunca he tenido que ver" explicó el ex congresista.
Uribe Escobar admitió sin embargo haberse reunido en una ocasión con el ex jefe paramilitar Salvatore Mancuso, a mediados de 2002, con posterioridad a las elecciones de Congreso y meses antes a las elecciones para Presidente. El ex senador señaló que la reunión se dio cerca de Montería y de manera "sorpresiva", por iniciativa de Eleonora Pineda.
Según el ex senador, en esa reunión, de corta duración, el ex jefe paramilitar le manifestó la intención que tenía de "utilizarlo" por sus vínculos familiares como enlace frente al entonces candidato a la presidencia y gran opcionado a ganar. Uribe Escobar dijo que le respondió al ex paramilitar "de manera cortés", pero que rechazó su propuesta. "Discutimos rápidamente… quería convertirme en enlace con el próximo presidente de la República... quería que yo le sirviera de enlace. No acepte ese encargo."
"No pacté nada con Mancuso. Nunca celebré acuerdos de ninguna índole. La reunión fue inesperada… después de oírle su discurso, simplemente respondí de manera cortes que no era posible y que sin embargo en una situación tan difícil la paz era un objetivo plausible. De hecho, Salvatore dice expresamente que nunca hice gestión para ellos ni que él jamás pidió un voto para mí".
Según Uribe Escobar, las acusaciones de Mancuso en su contra son motivadas por su intención de vincular a un gran número de políticos con el paramilitarismo en lo que denominó en algún momento como "el tsunami político". Para el ex congresista, el objetivo de Mancuso con esto era provocar un quiebre en la política que permitiera un "beneficio jurídico para todos los involucrados".
"Jamás tuve relación alguna con Salvatore Mancuso, con las autodefensas, con Carlos castaño o con sus autodefensas, en general, no tuve relaciones ni pactos con las autodefensas. No les debo un voto ni una ayuda, tampoco hice ninguna gestión por ellos. Fui el ponente de la Ley 975. Jamás me reuní con paramilitares ni con sus enviados, no acepte comunicaciones… no conozco Santa Fe de Ralito ni hice parte de las expediciones de acercamiento con los paramilitares. Nada les debo ni ellos nada me deben" aclaró Uribe.
El ex senador también señaló que como parte de las contradicciones de los testimonios de los paramilitares se menciona una reunión que tuvo con Carlos Castaño en 2000. En esa oportunidad, explicó el ex congresista, se reunió en Santa Rosa (Sur de Bolívar) con el ex jefe máximo de las AUC en compañía del Procurador y del Defensor del Pueblo de ese momento, para interceder en la liberación  de ocho congresistas que habían sido secuestrados por los paramilitares. "Fue la puerta de entrada para la liberación de los congresistas".
Respecto a su relación con la ex congresista Eleonora Pineda, Uribe Escobar señaló que sus encuentros se resumieron en dos eventos públicos celebrados antes de las elecciones para Congreso de 2002 en los municipios de Sahagún y Montelibano. El ex senador negó haber celebrado acuerdo alguno con la ex senadora de Córdoba asegurando que "es imposible pactar con quien no se conoce".
De hecho, en algún momento de la audiencia, Uribe negó haber tenido conocimiento en 2002 de los vínculos de Pineda con los grupos paramilitares. Sin embargo, momentos después, Uribe aceptó que pudo haber "pecado por omisión" al no haber denunciado a Eleonora Pineda y a Mancuso por los indicios que existían de sus vínculos con el paramilitarismo.
En palabras del ex senador, el error consistió en no haber entendido el fenómeno paramilitar en ese momento en sus justas dimensiones, tal y como se entiende hoy. "Pude haberme equivocado, la visión de las autodefensas es peor hoy que la que se tenía en ese entonces… fue una omisión y pude haberme equivocado".
Uribe es congresista desde 1986 como miembro del directorio liberal de Antioquia. Fue miembro de la comisión primera de senado y Cámara, y en la comisión quinta de senado hasta 2006. Fue elegido igualmente senador para el periodo 2006-2010, pero renunció a su curul en octubre de 2007 por la investigación que se adelantó por sus presuntos vínculos con paramilitares. El 24 de febrero de 2010 la Corte Suprema profirió resolución de acusación en contra del ex senador.

Lo Último del Juicio contra Dávila Armenta
En audiencia celebrada el pasado 21 de julio de este año, El ex gobernador de Magdalena, José Domingo Dávila, negó los nexos con paramilitares del Bloque Norte de las AUC, así como de haber participado presuntamente en varias reuniones con el ex jefe paramilitar Hernán Giraldo.
José Domingo Dávila Armenta dijo que no participó en la reunión que convocaron los paramilitares y que terminó en la firma del llamado ‘Pacto de Chivolo’ en el cual se apoyó su candidatura a la gobernación en 2001. También negó cualquier nexo con Hernán Giraldo, ex jefe del Bloque Resistencia Tayrona de las AUC.
Sobre la reunión de Chivolo, celebrada en 2000 y en la que paramilitares al mando de ‘Jorge 40’ y líderes regionales definieron la candidatura de ‘Chelo’ Dávila a la gobernación, el ex gobernador aseguró que se enteró de la reunión a través de una publicación del diario Hoy Magdalena y que ninguno de sus colaboradores participó de esa reunión.
"No acepté ese apoyo político porque no participé en esa reunión ni tuve contacto con los que la organizaron… juro por Dios y por mi familia que no tuve conocimiento de esa reunión" manifestó el acusado.
Según Dávila, esa reunión y la firma posterior del ’pacto’ no tuvo ningún impacto en los resultados electorales de 2001. Recogiendo algunos testimonios de testigos de esa reunión, Dávila señaló que ninguno de los asistentes fue obligado finalmente a votar por él a pesar del presunto consenso y apoyo generado alrededor de su candidatura. "Ni mi votación se disparó después de esa reunión ni disminuyó la del otro candidato a la gobernación… no hubo variación en las expectativas de voto" aseguró Dávila.
El ex gobernador afirmó que su elección como gobernador de Magdalena fue producto de una coalición política fuerte que lo respaldó desde el principio y que lo hizo merecedor de la "simpatía de la gente en Magdalena". "Estaba seguro de mi triunfo…habíamos logrado captar la simpatía de los habitantes de Magdalena" manifestó.
Dávila rechazó igualmente las acusaciones que lo ubican en reuniones con el ex jefe paramilitar Hernán Giraldo. Aunque aseguró que nunca conoció al  ex comandante paramilitar, Dávila hizo referencia a una reunión con líderes comunitarios en septiembre de 2000 celebrada cerca de Santa Marta, en la que fue avisado de la llegada de Hernán Giraldo y por lo cuál, según él,  se retiró del evento inmediatamente. Igualmente, Dávila citó algunas declaraciones de Hernán Giraldo en justicia y paz en las que el ex paramilitar que niega cualquier tipo de acuerdo o encuentro con él.
Dávila Armenta se refirió también a su relación con el ex congresista Jorge Castro Pacheco, condenado por parapolítica, de quién dijo era amigo y quien presuntamente lo respaldó durante su campaña a la administración. "Él me apoyó pero políticamente era poco lo que él me podía ayudar" señaló.
En marzo de este año, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia se declaró competente para juzgar a funcionarios públicos que renunciaron a su investidura y en este caso, dio vía libre para el inicio del juicio contra el ex gobernador de Magdalena José Domingo Dávila Armenta, actualmente procesado por el delito de concierto para delinquir agravado en la modalidad de promoción de grupos al margen de la ley.
El Alto Tribunal negó los pedidos de nulidad hechos por la Procuraduría y la defensa de Dávila Armenta en cuanto a la inhabilidad jurídica del Tribunal para juzgar al ex gobernador. La Corte aseguró que como ‘instancia superior de la justicia ordinaria’ está facultada para juzgar a este tipo de funcionarios cuyo cargo se presume fue "usado como medio y fin" para alcanzar objetivos políticos en asocio con grupos armados ilegales.
La Corte Suprema aceptó como pruebas los testimonios del ex jefe del Bloque norte de las AUC, Rodrigo Tovar Pupo alias ‘Jorge 40’, además del de otros desmovilizados del Frente Resistencia Tayrona y de la banda ‘Los Rojas’ que delinquieron en la Sierra Nevada de Santa Marta. Entre ellos están, Adán Rojas Mendoza y Rigoberto Rojas Mendoza.
Dentro de las pruebas exigidas por el Alto Tribunal se encuentra también el traslado de las declaraciones hechas por el ex jefe del Frente Resistencia Tayrona, Hernán Giraldo  ante la Unidad de Justicia y Paz, así como las de Franklin Lozano, ex diputado de Magdalena, firmante del Pacto de Chivolo y actualmente testigo protegido de la Fiscalía General de la Nación.
12 de agosto de 2010
©verdad abierta
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aseguran a guerrilleros del eln


Asegurados 10 presuntos guerrilleros del ELN. Los acusan de rebelión y de haber colaborado con el ejército irregular.
Bogotá, Colombia. El Juez Tercero Penal de Bucaramanga, con funciones de control de garantías, por petición de la Fiscalía dictó medida de aseguramiento a 10 presuntos guerrilleros del bloque Efraín Pabón Pabón del ELN, que delinque en los municipios santandereanos de Tona, Guaca, Silos, Chitagá y Berlín.
De acuerdo con la investigación realizada por miembros de la Sijin, los hoy asegurados cumplían funciones como: abastecimiento de víveres, transporte, información sobre ubicación de la fuerza pública que hace presencia en sus áreas, prestación de predios para zona de campamento y reuniones en beneficio de la mencionada estructura insurgente.
Los afectados con la medida son: Víctor Julio Suárez Montoya, Epimenio Barrios Vargas, Alfonso Conde Sandoval, Ana Milena Lizcano Rojas, Luis Evelio Sandoval, Víctor Julio Conde Sandoval, Joselín Cote Carvajal, Fany Villamizar Florez, Julio Hernán Peña Conde y Elcida Conde Méndez, quienes se encuentran en la cárcel Modelo de Bucaramanga.
12 de agosto de 2010
10 de agosto de 2010
©fiscalía de colombia
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caen guerrilleros de las farc


Capturados cuatro presuntos guerrilleros de las FARC. Se los acusa del delito de rebelión. Se les sospecha de ser responsables de dos atentados con dinamita.
Medellín, Colombia. Agentes del Cuerpo Técnico de Investigación, con apoyo de tropas del Batallón Voltíjeros de la XVII del Ejército Nacional, capturaron en el corregimiento San José de Apartadó (Antioquia) a cuatro presuntos integrantes del quinto frente de las Farc, que delinque en esa zona de Urabá.
Loa capturados fueron identificados como: José Albeiro David Graciano, alias ‘Pino’; John Kennedy Higuita Ramírez, alias ‘Darío Gómez’; Jorge Luis Higuita Tuberquia, alias ‘Silla’ y Alonso Valle Guerra, alias ‘Titicillo’; quienes pasaron a disposición de un fiscal de Apartadó que los investiga por el delito de rebelión.
A milicias urbanas del quinto frente de esa guerrilla les son atribuidos dos atentados dinamiteros perpetrados en Apartadó, en marzo de 2009 y en junio de este año.
12 de agosto de 2010
10 de agosto de 2010
©fiscalía de colombia
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carranza y los castaño en el llano


Carranza, los Castaño y la llegada de los ’paras’ al Llano. ’Carecuchillo’ y ’El Cura’ señalaron que Víctor Carranza presuntamente apoyó a las autodefensas de los hermanos Castaño cuando entraron a los Llanos en 1997.
Colombia. Los desmovilizados, que estuvieron entre los primeros hombres de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (Accu), que llegaron a Meta en 1997, relataron que el zar de las esmeraldas, Víctor Carranza, presuntamente apoyó a los paramilitares que cometieron las masacres de Mapiripán y Caño Jabón, donde 80 personas fueron asesinadas.
Además, según Dumar de Jesús Guerrero, alias ’Carecuchillo’ y Elkin Casarrubia, alias ’El Cura’, el esmeraldero y el jefe paramilitar Héctor Buitrago hablaron con Carlos y Vicente Castaño para que mandaran sus hombres a los Llanos.
Las revelaciones fueron hechas en una versión libre conjunta ante la Fiscalía de Justicia y Paz, para reconstruir la llegada de los ’Urabeños’, los hombres de los hermanos Castaño, a Meta en 1997.
Según ’El Cura’, ex guerrillero del EPL y segundo del Bloque Calima, los Castaño enviaron sus hombres porque varias personas de la región les pidieron su ayuda. El desmovilizado dijo que en una reunión en ’La 15’, una finca en Urabá donde varios ex jefes paramilitares prepararon la llegada de las Accu a la región, los Castaño les explicaron cómo se iba a desarrollar el operativo.
’El Cura’, que era el segundo jefe de los ’Urabeños’ en los Llanos, añadió que en esta reunión "se coordinó la llegada con Los Buitrago. Ahí estuvo ’Martín Llanos’ y nos dijo que tenía que coordinar con Víctor Carranza. En el Meta nos dijo que el contacto era con ’Guillermo Torres’ (José Baldomero Linares, ex jefe de las Autodefensas de Meta y Vichada)".
En la diligencia judicial ’El Cura’ precisó que: "Vicente nos dijo que ’Guillermo Torres’ era gente de Víctor Carranza".

La Llegada de los ’Urabeños’ a los Llanos
Los hermanos Castaño se tomaron los Llanos a partir de 1997, siguiendo la estrategia de creación de las Autodefensas Unidas de Colombia y de expansión en todo el país. El primer crimen que cometieron fue la masacre de Mapiripán, donde más de 60 personas fueron asesinadas entre el 15 y el 20 de julio de 1997.
Unos días antes, 90 hombres uniformados y armados de las Accu llegaron desde Urabá en dos aviones a San José del Guaviare. Según los paramilitares, para llegar a los llanos, contaron con la complicidad de miembros de la Policía y del Ejército que les dieron vía libre entre Urabá y los Llanos para poderse imponer a sangre y fuego (Ver artículo: ‘El camino despejado hacia Mapiripán’).
Los 90 hombres de los Castaño terminaron uniéndose a varias autodefensas que ya existían en los Llanos para crear en septiembre de 1998 el Bloque Centauros.

El Avión de Carranza
Los dos desmovilizados también dijeron que en agosto de 1997, unas semanas después de la masacre de Mapiripán, se enfrentaron con las Farc en La Cooperativa, una inspección de Mapiripán.
Tras el combate, donde murieron 18 guerrilleros y 12 ’paras’ de los ’Buitrago’, una avioneta blanca llamada ’La Rebeca’ aterrizó sobre una carretera de La Cooperativa para recoger varios heridos de las autodefensas y llevarlos a un hospital en Puerto López, Meta.
Según ’El Cura’, el avión presuntamente pertenecía a Víctor Carranza. "Decían que era de Víctor Carranza, los muchachos de ’Los Buitrago’ me dijeron que la avioneta era de él, era una avioneta blanca, con una hélice", señaló el desmovilizado.

El Operativo con ’Guillermo Torres’
’Carecuchillo’, quién estuvo prófugo casi tres meses este año, y ’El Cura’ también recordaron un operativo conjunto con ’Guillermo Torres’ en octubre de 1997 en La Picota, un caserío en la región de Puerto Gaitán, Meta.
’El Cura’ precisó que San Martín era una zona de influencia de los ’Carranceros’. "En la zona ’Cepillo’ (otro ex jefe paramilitar) me dice que ibamos a hacer una operación con la gente de Víctor Carranza", le dijo a la Fiscalía el desmovilizado.
Una tropa de más de 120 hombres, entre ’Urabeños’ y autodefensas de ’Guillermo Torres’ se reunieron en Santa Isabel, una finca cerca a Puerto Gaitán, para planear la incursión en La Picota. En este caserío los paramilitares asesinaron a cinco personas a quienes señalaban de presuntos nexos con la guerrilla.
Después de la masacre, los dos grupos se replegaron a la finca Brasil, en Puerto Gaitán, donde recibieron entrenamiento militar y político de instructores de Urabá. La finca Brasil, señaló ’El Cura’, pertenecía a Víctor Carranza: "Se decía que era de Víctor, hay una pista abandonada y una laguna, era una casa grande, de material, con una corralera en donde hicimos los entrenamientos".
José Efraín Pérez Cardona, alias ‘Eduardo 400’, uno de los ’paras’ envíados por los Castaño a Puerto Gaitán para hacer la instrucción, aseguró en una versión libre de octubre de 2009 que había escuchado que la finca Brasil era de Víctor Carranza. Contó que había una casa de material y una pista de aterrizaje abandona en la que se hicieron los ejercicios físico (Ver artículo: ‘Las escuelas para matar de los paras’).

Los Roces con la Justicia de Carranza
Víctor Carranza nació en 1935 en Guateque, Boyacá. Es el principal comerciante de esmeraldas en en el país.
En 1993 la Fiscalía lo investigó por presunto enriquecimiento ilícito y conformación de grupos paramilitares. A finales de 1997 un fiscal de Barranquilla le dictó orden de captura por el presunto delito de conformación de grupos de  justicia privada en el Cesar. En 1998 fue detenido, pero salió de la cárcel en 2001. Tres años después el Tribunal de Bogotá lo absolvió de todo cargo.
Freddy Rendón Herrera, alias ’El Alemán’, aseguró que Carranza se reunió en varias oportunidades con Carlos Castaño y que, hacia 2001, a través del esmeraldero Yesid Nieto, asesinado tiempo después, se determinó la creación de un bloque en Boyacá, que ayudaron a financiar los comerciantes de esmeraldas. El zar de las esmeraldas desmintió las acusaciones (Ver artículo: ’El Alemán que invadió Boyacá’).
El hermano de ’El Alemán’, Daniel Rendón, alias ’Don Mario’, declaró por su parte que Carranza estuvo detrás de la guerra entre Miguel Arroyave y Héctor Buitrago, dos ex jefes paramilitares que se enfrentaron entre 2003 y 2004 por el dominio del sur del Casanare (Ver artículo: ‘Carranza provocó la guerra entre Llanos y Arroyave: Don Mario’).
En marzo de este año y en julio de 2009 Víctor Carranza se salvó de dos atentados que le hicieron sobre la carretera entre Puerto López y Puerto Gaitán en el Meta. Según las autoridades, las pistas indican que Pedro Oliverio Guerrero, alias ’Cuchillo’ y Daniel ’El Loco’ Barrera pueden estar detrás de estos atentados.
La justicia tendrá que investigar la veracidad de los señalamientos de estos postulados.
12 de agosto de 2010
11 de agosto de 2010
©verdad abierta

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fallos contradictorios sobre ex senador


Fiscalía y Procuraduría chocan por caso de Ciro Ramírez. Mientras la Fiscalía pidió una condena "drástica" para el ex senador por sus nexos con paramilitares y el narcotráfico, la Procuraduría pidió absolverlo por la inconsistencia de las pruebas y  los testimonios recibidos durante el juicio. El caso iría a la Corte Suprema de Justicia.
Colombia. Durante la audiencia, la fiscal cuarta delegada ante la Corte Suprema, Ángela María Buitrago, solicitó una condena "drástica" contra el ex senador con base en los testimonios de ex paramilitares y en las grabaciones obtenidas por la Fiscalía que contienen presuntas conversaciones entre el ex senador y paramilitares del Bloque Central Bolívar (BCB) de las Auc.
Sin embargo, el representante de la Procuraduría, desestimó la calidad de los testimonios de los paramilitares así como la participación de Ramírez en las conversaciones que obtuvo la Fiscalía, y por tanto, pidió la absolución del ex senador.

Los Argumentos de la Fiscalía
En un documento de 107 páginas, la delegada de la Fiscalía desarrolló dos argumentos para condenar al ex senador Ramírez.
El primero, toma como base de las declaraciones aportadas por ex paramilitares al proceso darían cuenta de los "estrechos" vínculos de Ramírez con miembros del Bloque Central Bolívar de las Auc. En este caso, la Fiscalía referenció testimonios como el de David Hernández López, mano derecha de Rodrigo Pérez Álzate alias ‘Julián Bolívar’, uno de los antiguos jefes de ese bloque paramilitar.
En varias oportunidades, Hernández habló sobre las distintas  reuniones del ex senador con ex paramilitares, entre ellos, ‘Julián Bolívar’ y ‘Macaco’. Según Hernández, las reuniones se remontan al 2000 e incluyen otras  que se realizaron en Ralito en 2005 en donde el ex senador se reunió con los paramilitares.
"Ciro Ramírez tuvo relación ‘Julián Bolívar’, con el Bloque Central Bolívar y con la promoción del grupo paramilitar así como con el tema del narcotráfico… Ciro Ramírez sí estuvo en reuniones con ‘Julián Bolívar’, ‘Macaco’ y Gilberto Montenegro" señaló la representante de la Fiscalía.
La Fiscalía también otorgó validez al testimonio de Reinaldo Durán Peinado, otro desmovilizado del Bloque Central Bolívar que, en abril de este año, habló sobre tres reuniones que Ramírez tuvo con David Barbosa, presunto narcotraficante miembro de ese bloque paramilitar comandado por alias ‘Macaco’.
Durán Peinado, actualmente vinculado al programa de protección de testigos de la Fiscalía, declaró que, como escolta de David Barbosa, fue testigo de tres reuniones entre 2002 y 2003 en las que se encontraron el entonces senador y su jefe.
En materia de testimonios, la fiscal descartó igualmente los testimonios de las ex congresistas Yidis Medina, Eleonora Pineda y Rocío Arias, así como el del ex jefe paramilitar ‘Ernesto Báez’  que pretendían desvirtuar las acusaciones hechas por David Hernández.
La fiscal explicó que ‘Báez’ desacredita a Hernández porque este último lo relacionó con el narcotráfico.
En el caso de Yidis Medina, la fiscal solicitó al juez compulsar copias del caso  por el posible falso testimonio en que habría incurrido la ex congresista durante el juicio de Ramírez.
Como segundo argumento, la Fiscalía tuvo en cuenta las conversaciones grabadas por la Dijín que dan cuenta presuntamente de los nexos del ex senador con los paramilitares y el narcotráfico.
Según la Fiscalía, 140 conversaciones fueron aportadas al proceso. En algunas de ellas, Ciro Ramírez habla directamente con el ex paramilitar y narcotraficante Henry de Jesús Londoño alias ‘Mi Sangre’, mientras que en otras el nombre de Ramírez es mencionado repetidas veces por ex paramilitares cercanos a ‘Mi Sangre’ y al Bloque Central Bolívar y corroboran las reuniones entre el ex senador y alias ‘Mi Sangre’.   
Con estas pruebas, la Fiscalía consideró que se cumplieron los requisitos para que la justicia imponga una "sanción drástica en contra de Ciro Ramírez. "Existe grado de certeza suficiente para pedir la sentencia condenatoria en contra del ex senador…no existe prueba alguna aportada al proceso que contradiga las declaraciones de David Hernández".

Los Argumentos de la Procuraduría
El delegado de la Procuraduría solicitó la absolución de Ramírez con en dos grandes criterios de fondo. Primero, las grabaciones aportadas por la Fiscalía no pasaron por un proceso de "cotejo" que permitiera identificar con completa certeza que los interlocutores eran el ex senador boyacense y miembros de grupos al margen de la ley.
Según ese criterio, "la Fiscalía se quedó corta a la hora de analizar estas pruebas" señaló el agente del Ministerio Público.
Segundo, frente a las acusaciones de ex paramilitares en contra de Ramírez, la Procuraduría estimó que muchas de ellas están llenas de imprecisiones y versiones que carecen de coherencia y "verosimilitud".
Por ejemplo, en el caso del testigo clave de la Fiscalía, David Hernández, el Ministerio Público aseguró que su testimonio no es "digno de credibilidad" debido a las constantes inconsistencias de sus declaraciones conforme al paso del tiempo.
También desacreditó a otros testigos claves del caso como Reinaldo Durán Peinado, quién según el concepto del procurador delegado, evidencia un interés por declarar en contra del ex senador para mantener los beneficios a los que tiene derecho por ser parte del programa de protección a testigos de la Fiscalía.
Además, sus declaraciones presentaban algunas inconsistencias respecto a fechas y lugares que mencionó.
En teoría, el proceso pasaría a manos de la Corte Suprema de Justicia. El alto Tribunal decidirá finalmente si es su competencia dictar sentencia en este caso o devolver el expediente para que el Juzgado asignado lo haga.

El Caso contra Ciro Ramírez
El 15 de abril de 2009, el entonces vicefiscal General de la Nación, Guillermo Mendoza Diago, ratificó la acusación contra el ex senador Ciro Ramírez luego de conocer unas supuestas conversaciones entre el ex congresista y ‘Mi Sangre’, desmovilizado del Bloque Central Bolívar de las Auc.
En ese entonces, la emisora La FM también reveló un documento en el que supuestamente el  ex paramilitar Gilverto Saavedra, alias ’El Doctor’, establece que fue uno de los contactos entre Ramírez  y alias ’Mi Sangre’.
’El Doctor’ era uno de los narcotraficantes cercano a los ‘Mellizos’ Mejía Múnera. De acuerdo con la Fiscalía, en las grabaciones del ex senador Ramírez y ’Mi Sangre’ se pactan reuniones, y se fijan encuentros personales para tratar "contratos", que según las autoridades se refieren a tratos con el narcotráfico.
’Mi Sangre’ también hizo parte de varias facciones paramilitares, entre ellas el Bloque Capital al mando de Miguel Arroyave.
En las grabaciones, supuestamente Ramírez también invita a su casa a Gilverto Saavedra, ’El Doctor’, a quien llama el ’Patrón’.
El ex senador Ramírez ya había sido acusado por un fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia por el delito de concierto para delinquir agravado con fines de narcotráfico y de promoción de grupos al margen de la ley. A pesar de que para la fecha varios congresistas ya eran investigados por  vínculos con paramilitares, fue la primera vez que un senador investigado por parapolítica fue vinculado al narcotráfico.
En 2006, la revista Semana tuvo acceso a varias horas de grabaciones efectuadas, entre abril y septiembre de 2005, por organismos de inteligencia antinarcóticos extranjeros en los que el nombre del político aparece en conversaciones que sostienen varios narcotraficantes y delincuentes.
"La operación se diseñó para perseguir y arrestar una gigantesca banda de narcotraficantes vinculados con paramilitares, la cual actuaba en cinco países. Nuestra sorpresa fue muy grande cuando, durante los controles electrónicos a los teléfonos de los ‘narcos’, empezamos a oír que mencionaban al senador Ciro Ramírez. Lo más desconcertante fue cuando empezamos a oír al propio senador conversando con los ‘narcos’", dijo en ese entonces a Semana un agente de una de las agencias antidrogas que participaron en la investigación.
Ciro Ramírez nació en Moniquirá, Boyacá, y ha tenido una larga carrera como funcionario público. Fue diputado de la Asamblea de Boyacá y en tres ocasiones alcanzó la curul para representar a su departamento en la Cámara. Fue senador en tres periodos consecutivos y en una ocasión alcanzó a ser el vicepresidente del Senado. También ha sido presidente del Directorio Nacional Conservador, partido en el cual ha recibido varias distinciones.
En la actualidad, el ex senador Ramírez se encuentra recluido en la cárcel La Picota de Bogotá.
12 de agosto de 2010
10 de agosto de 2010
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