colombia

nuevas pruebas contra el das

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Tras las revelaciones de la Revista SEMANA sobre la espía que grabó las sesiones privadas de los magistrados de la Corte Suprema, en las que se habló de temas como parapolítica y reelección presidencial, La F.M. publicó el contenido de algunas de esas grabaciones.

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Colombia. En el audio se oyen claramente las voces de los magistrados. La grabación que logró una infiltrada del DAS corresponde a la sesión de la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia del 17 de julio de 2008. Son 4 horas y 11 minutos que fueron captados por un aparato de última tecnología que logró evadir los controles de seguridad internos. Algunos apartes de esta grabación fueron revelados este lunes por La F.M. como prueba de que, en efecto, el DAS se le metió a las entrañas de la rama Judicial para seguir los movimientos de los magistrados en temas tan sensibles como la reelección presidencial, la parapolítica y la reforma a la justicia.
A mediados de mayo pasado, SEMANA contó por primera vez cómo una curtida detective de la agencia de seguridad del Estado logró infiltrarse durante varios meses para vigilar las discusiones, opiniones y decisiones de los magistrados de la Corte. El artículo, titulado "La Mata Hari de la Corte", habla sobre la información que era reportada a Gustavo Sierra, de la Subdirección de Análisis del DAS, quien tuvo en su poder un CD con las grabaciones que, aparentemente, tenía que entregar a la ex directora del organismo María del Pilar Hurtado y luego al Presidente de la República, según las investigaciones de la Fiscalía.
En el audio revelado por la emisora, se oye cuando el magistrado Eduardo Adolfo López Villegas, de la sala laboral, toma la palabra para discutir la reforma a la justicia. Luego habla el magistrado Pedro Octavio Munar, de la sala civil, quien manifiesta su posición sobre el tema. Enseguida se oye a dos magistrados de la sala civil, uno de ellos, Edgardo Villamil Portilla.
Pasan varios minutos de grabación antes de que el presidente de la Corte Suprema, el magistrado Francisco Ricaurte, retome la vocería con una proposición y finalmente comenta algunos asuntos administrativos. La reunión termina y se escucha el sonido del martillo que utiliza el presidente de la Corte.
Algunos detalles generan suspicacia. Por ejemplo, la grabadora es puesta antes de que comience la sesión y luego de que termina se oye la conversación de dos mujeres. Después, se acaba el audio. Esto coincide con las revelaciones de SEMANA sobre la ‘Mata Hari’ de la Corte, una morena de 1,70 de estatura, ojos verdes y muy atractiva que trabajó en la Dirección de Protección del DAS, dependencia encargada de prestar seguridad a personalidades y funcionarios públicos de alto rango. Se sabe además que la infiltrada lograba conseguir apartes clave de expedientes. Le entregaba esa información a Gustavo Sierra, quien a su vez se encargaba, según el material, de llevar los datos a sus superiores en el DAS o a miembros de la Casa de Nariño.
Las revelaciones de La F.M. se conocen días después de que el actual secretario de la Casa de Nariño, Bernardo Moreno, respondiera un interrogatorio de la Fiscalía General, y de que el ex director de Inteligencia del DAS, Fernando Tabares, señalara a este funcionario de pedir información de magistrados de la Corte.
Además, en una entrevista concedida al diario El Espectador, el magistrado Sigifredo Espinosa contó este domingo cómo a mediados de junio del año pasado dos camionetas, aparentemente adscritas al Gaula de la Policía, lo persiguieron en la vía Bogotá- Honda. A pesar de la gravedad de la denuncia, la investigación fue archivada en la Policía.

3 de agosto de 2010
2 de agosto de 2010
©semana

cs rechaza acusaciones de uribe

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Supremo colombiano no tiene "pruebas" de nexos de congresistas con las guerrillas. Acusaciones de Uribe contra políticos de oposición y liberales (como la senadora Piedad Córdoba) carecen de fundamento.

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Bogotá, Colombia. La Corte Suprema de Colombia afirmó hoy que no ha recibido pruebas de los supuestos vínculos de congresistas con las guerrillas de las FARC y el ELN, en respuesta a las denuncias del presidente Álvaro Uribe sobre la impunidad que, a su juicio, existe en este asunto.
"Si lo que quieren decir es que hay parlamentarios que tienen vínculos con las FARC, entonces que los denuncien, que lleven la prueba. No se puede quedar en la mera retórica", dijo en Caracol Radio el presidente interino de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), el magistrado Jaime Arrubla.
Indicó que a la CSJ han llegado "denuncias" contra algunos parlamentarios por presuntos nexos con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), pero "ninguna prueba".
"Si no hay pruebas, ¿cómo podemos nosotros inventarlas?", cuestionó el magistrado.
Arrubla respondió así a las denuncias que hizo este domingo Uribe, quien lamentó que en Colombia no se haya hecho "el juicio por las omisiones del Estado" que permitieron que el país "se llenara de guerrilla y paramilitarismo".
"Aquí falta superar la impunidad de la ’Farcpolítica’, superar la impunidad de la ’Elenopolítica’, y falta un juicio: ¿dónde están los responsables de los descuidos del Estado que permitieron que estas regiones se llenaran de guerrilla, de narcoguerrilla y de narcoparamilitarismo", clamó Uribe.
Por la llamada "parapolítica", como se conoce al escándalo de los vínculos de congresistas con jefes de las desmovilizadas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC, paramilitares de extrema derecha), hay más de 80 políticos procesados y de ellos más de 30 presos.
Pero por la "Farcpolítica" y "Elenopolítica", referidas a los presuntos nexos de políticos con guerrilleros de las FARC y del Ejército de Liberación Nacional (ELN), no hay abiertos procesos formales.
Arrubla mencionó el caso de la senadora opositora Piedad Córdoba, mediadora para la liberación de rehenes de las FARC y contra quien la Procuraduría (Ministerio Público) formuló cargos en abril pasado por presuntos vínculos con esa guerrilla.
Al respecto, recordó que la CSJ no ha recibido pruebas de esas acusaciones contra la senadora y enfatizó que, en diferentes procesos de mediación ante las FARC para lograr la liberación de secuestrados, Córdoba "estuvo actuando por la investidura que le dio el propio gobierno".

2 de agosto de 2010
©efe 

ex senador asociado a paramilitares

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La situación del ex senador Luis Élmer Arenas va camino a enredarse. Unas comprometedoras grabaciones lo implicarían con ’lobby’ en la Corte Suprema a favor de un capo.

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Colombia. Hace varios meses, la Corte Suprema de Justicia abrió una investigación en su contra por parapolítica y por lo que algunos llaman narcopolítica. El ex jefe paramilitar ’Ernesto Báez’ declaró que los paramilitares habían apoyado a Arenas en elecciones pasadas. A esa denuncia se sumó otra pesquisa que busca averiguar si el ex senador tuvo algún tipo de vínculo con las organizaciones de los capos Víctor Patiño Fómeque y Diego Montoya, alias ’Don Diego’. A ese escenario, bastante complicado, se suma un nuevo hecho.
SEMANA tuvo acceso a unas grabaciones que contienen comprometedoras referencias al ex senador, en las cuales hablan varios importantes lugartenientes de Ramón Quintero, alias ’RQ’, uno de los narcos más poderosos de las últimas décadas. Quintero fue capturado a mediados de abril pasado en Quito, tras más de cinco años de persecución. Comenzó en el narcotráfico en los años 80 con el cartel de Cali; de allí pasó a ser uno de los principales socios del jefe del cartel del Norte del Valle, Wílber Varela, alias ’Jabón’. Tras el asesinato de este hace dos años, Quintero quedó, junto con alias ’Comba’, al frente de esa organización criminal. Su nombre estaba incluido entre los narcotraficantes más buscados del mundo. Quintero fue deportado a Colombia y está recluido en la cárcel de Cómbita a la espera de que la Corte Suprema autorice su extradición a Estados Unidos, país que lo requiere por el envío de cientos de toneladas de coca. Justamente es ese tema, la extradición, sobre el que hablan los lugartenientes de Quintero y que deja mal parado a Arenas.
En una de las primeras conversaciones a mediados de mayo pasado, cuando Quintero ya estaba preso en Cómbita, Milton Aricada, alias ’Arequipe’, integrante de la oficina de cobro del capo conocida como La 19, conversó con uno de los socios del capo. "Señor, lo llamaba para lo siguiente. Ayer estuve con el que es senador que es muy amigo de su papá (Quintero). Le mandó muchos saludos, que esté tranquilo, que él está bregando a hacer lo que más pueda allá, que le mandó saludes. Que él se acuerda mucho de él y que él tiene mucho agradecimiento con él, que le diga que él está con ustedes. Ahí me dio una buena noticia. Que dizque que ya había hecho con la Corte Suprema. Y no hay... que hasta que no salga Uribe se queda quieto lo de..., lo de la llevada pues para allá (extradición). Que eso está quieto que porque mejor dicho ya dijeron que habiendo cárceles aquí y todo eso para qué van a llevarlos para otro lado. Sí, el hombre me dijo ’dígales que ahí estoy en eso, que les estoy colaborando para que eso sea así, que cómo así que para otro lado!’. Sí, y contento pues porque recontaron los votos, recontaron los votos y el hombre quedó. Él estuvo ’quemado’ pero resulta que en el reconteo se fue con 5.000 votos adelante". Según las autoridades, el senador del que hablan es Arenas.
En una segunda conversación, unos minutos después de la anterior, ’Arequipe’ llamó a Óscar Delgado, alias ’el Doctor’, jefe financiero de la organización. "Por ahí mandó saludes un amiguito. Un amiguito de allá. del Sena..., del Senado, Arenas, Élmer Arenas. Nosotros le hemos hecho muchos favores, y que está guerreando eso, que le diga quien tenga cómo llegar allá, que le diga que va, que va a guerrear eso duro. Usted sabe que los senadores son los que joden todo eso", dice uno de los apartes de la charla que ocurrió el pasado 15 de mayo poco antes de las ocho de la noche.
Unas semanas más tarde, el 2 de junio, ’Arequipe’ y ’el Doctor’ vuelven a hablar.

"...Yo tengo un señor que no está pidiendo plata ni nada, pero quiere sentarse con usted o con los sobrinos o con las hijas. Dice que él y otro más que hay ahí le frenan eso (extradición). El que yo le dije ahora unos días que mandó muchas saludes, que estaba muy agradecido con nosotros, Arenas. (...) Él dice que él le frena eso. Él va y charla con ellos y les dice qué hay que hacer y, bueno, él es el que sabe de eso. Él como que habla mucho con los de la..., con los que deciden eso...", dice otro aparte. Estas son apenas algunas de las polémicas conversaciones entre los hombres más cercanos al capo Ramón Quintero.

Arenas le dijo a SEMANA que ha oído nombrar por los medios al capo Ramón Alberto Quintero, lo ubica como un narcotraficante de Buga y afirma que "no lo he tratado ni lo conozco personalmente, ni de ninguna forma". Y de Aricada y Delgado, los lugartenientes de este que lo mencionan en las conversaciones, asegura que "jamás han conversado conmigo, desconozco quiénes serán. ¡Me parece un absurdo lo que dicen! Es totalmente falso de toda falsedad. ¿Yo en la Corte cómo voy a parar eso? Esas son decisiones soberanas de la Corte, uno qué se va a meter ahí, ni bruto que fuera. El hecho de que yo haya tocado a todos esos narcos del Valle en mi debate sobre el fraude electoral me ha traído muchos problemas. No conozco a ninguno de esos tipos ni al tal Quintero. Nunca".
Algo distinto piensan los investigadores. Con seguridad Arenas tendrá que explicar por qué miembros de la mafia hablan de manera tan familiar y comprometedora de él y de las presuntas gestiones que se ofreció a hacer ante la Corte Suprema de Justicia para evitar o dilatar la extradición de un narco. Este es un nuevo enredo que le sale a Arenas, quien, sin duda, está atravesando su mala hora.

2 de agosto de 2010
31 de julio de 2010
©semana

balance del plan colombia

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Desde el 2002, se han contabilizado más de un millar de los llamados "falsos-positivos". Un "positivo", en la jerga militar, es un guerrillero dado de baja. Cuando la víctima no es un insurgente sino que es un ciudadano secuestrado para hacerlo pasar por tal, se habla de un "falso-positivo".

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[Raúl Sohr] El presidente Álvaro Uribe deja el gobierno con una alta popularidad. Su política de "Seguridad Democrática", aplicada durante sus ocho años en el palacio presidencial, fue elaborada por sus generales. Ella consistió en una guerra sin tregua contra los insurgentes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el Ejército de Liberación Nacional (ELN). En forma gradual, Uribe consiguió reducir las actividades de grupos paramilitares de ultraderecha así como la gravitación de las guerrillas. Esto fue posible, en buena parte, gracias al masivo respaldo militar y financiero de Estados Unidos.
Hace 10 años, en julio de 2000, el Presidente Bill Clinton otorgó ayuda a Colombia por 1.300 millones de dólares. El grueso estaba destinado a los militares para el combate contra el narcotráfico. Pero a poco andar los fondos fueron utilizados para la lucha contra las fuerzas guerrilleras. Desde esa fecha hasta ahora, Bogotá ha recibido 7.300 millones dólares en el marco del "Plan Colombia".
En Washington hay gran satisfacción por los resultados. Ello, al punto que la experiencia colombiana es exhibida como un ejemplo para México o Afganistán. Robert Gates, el ministro de Defensa de Estados Unidos, en una visita a Bogotá, en abril, no ahorró halagos para Uribe. Lo calificó de "heroico" y de "pieza clave para la seguridad y prosperidad de Sudamérica", además de "una fuente única de experiencia y conocimiento para sus vecinos". ¿Cuáles son los logros que ameritan semejantes elogios?
La situación colombiana presentaba a comienzos de la década un cuadro que caminaba a lo que se entiende por un Estado fracasado: un poder político desacreditado, un poder judicial ineficaz y unas fuerzas armadas incapaces. Todo redundaba en una gradual pérdida de control del Estado sobre el territorio. El diagnóstico de Washington entonces era: "La soberanía nacional de Colombia es amenazada en forma creciente por una guerrilla resurgente". Las estadísticas muestran que las cosas han cambiado desde entonces: mientras en 2002, cuando asumió Uribe, se registraron 27.829 homicidios, en 2009 se contaron 17.717. Los secuestros bajaron de 2.882 en 2002 a 213 en 2009. Los ataques guerrilleros cayeron de 1.645 en 2002 a 486 en 2009. Según el gobierno, las fuerzas de las organizaciones guerrilleras han sido menguadas a la mitad y hoy sumarían menos de 10 mil efectivos movilizados.
¿Cómo consiguió Uribe estos resultados? El masivo paquete de ayuda estadounidense le permitió casi triplicar el presupuesto bélico y las fuerzas armadas pasaron de 256.000 efectivos a 446.000. La eficacia del esfuerzo militar oficialista ha quedado a la vista. La mejora en la movilidad y las comunicaciones de las fuerzas regulares y la policía ha tenido un impacto notorio sobre la guerrilla. De particular efectividad ha sido la fuerza aérea que multiplicó sus misiones de reconocimiento y bombardeo de las zonas rebeldes. Con ello dificultó la concentración de insurgentes para lanzar ataques de cierta envergadura.
El lado no democrático y escalofriante de la ofensiva oficialista fue la continuación de los asesinatos ejecutados por militares y agentes del Estado. Desde el 2002, se han contabilizado más de un millar de los llamados "falsos-positivos". Un "positivo", en la jerga militar, es un guerrillero dado de baja. Cuando la víctima no es un insurgente sino que es un ciudadano secuestrado para hacerlo pasar por tal, se habla de un "falso-positivo". Por cada rebelde ultimado, los soldados responsables reciben semanas de vacaciones y remuneraciones del orden de los dos mil dólares. Ante las denuncias de secuestros de inocentes, Uribe reaccionó airado y declaró: "Cuando avanza la acción contra la guerrilla, cualquier baja ya la denominan ejecución extrajudicial". Las organizaciones ciudadanas que denunciaron estos hechos fueron motejadas por el gobierno como "voceros del terrorismo". El servicio de inteligencia colombiano, el DAS, tiene una vasta experiencia en montajes políticos. Documentos que salieron a la luz pública muestran que realizó grandes campañas de calumnias contra jueces, políticos, periodistas, activistas de derechos humanos y organizaciones opositoras. Las acusaciones infundadas fueron desde vinculaciones con la guerrilla a casos de corrupción. Pese a los esfuerzos por desacreditar a sus acusadores, la evidencia fue abrumadora y el gobierno debió sacar a retiro a 27 militares, entre ellos a tres generales. Philip Alston, relator especial de Naciones Unidas sobre Ejecuciones Extrajudiciales, señaló en su informe 2010: "Miembros de las fuerzas de seguridad de Colombia perpetraron un número significativo de ejecuciones extrajudiciales en un patrón que se fue repitiendo a lo largo del país",… "la actual tasa de impunidad en relación con presuntas ejecuciones por parte de las fuerzas de seguridad llega hasta el 98,5%". Señaló además su preocupación, pues "la inmensa mayoría de los paramilitares responsables de violaciones de los derechos humanos fueron desmovilizados sin investigarles y muchos se beneficiaron de amnistías. Hoy, el fracaso del proceso de rendición de cuentas es claro ante el dramático aumento de los asesinatos por parte de grupos armados ilegales compuestos en su mayoría por antiguos paramilitares". Estos juicios podrían penarle aún a Uribe. Dada la naturaleza imprescriptible de los crímenes de lesa humanidad, el ex presidente peruano Alberto Fujimori, que purga una sentencia tras las rejas, ha sentado un precedente.

1 de agosto de 2010
©la nación

santos acepta diálogo con guerrillas

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El vicepresidente electo de Colombia, Angelino Garzón, señaló que el gobierno de Juan Manuel Santos, que se inicia el próximo 7 de agosto, está dispuesto al diálogo con la guerrilla de las FARC, aunque con algunas condiciones.

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Colombia. "El gobierno de Juan Manuel Santos no tiene cerradas las puertas de la paz", dijo Garzón a periodistas en Cali, suroeste. La declaración de Garzón fue hecha un día después de que el jefe máximo de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), la principal guerrilla del país, "Alfonso Cano", propuso al gobierno entrante de Santos un diálogo conducente a la reconciliación.
Garzón dijo hoy que se le exige a la guerrilla "que deje en libertad a todas las personas secuestradas sin condiciones, cesar la práctica del secuestro, del terrorismo y de las minas antipersonales".
También se exige "poner en libertad a todos los niños y niñas que tiene reclutados forzosamente y decirle a la población: esta violencia no tiene sentido, esa violencia no da más", añadió el vicepresidente electo.
"Si ellos (los rebeldes) dan esas manifestaciones, tengan por seguro que Juan Manuel Santos tendrá toda la generosidad para construir acuerdos de paz como también procesos de reconciliación y de perdón", subrayó el vicepresidente electo. Esa posibilidad, sin embargo, remarcó Garzón, se dará "en medio de un proceso de reparación a las víctimas de la violencia".
‘Cano’, alias de Guillermo León Sáenz y antiguo responsable político del grupo, expuso la iniciativa de diálogo en una videoconferencia divulgada por una de las páginas de los rebeldes en internet y que recoge una charla a los rebeldes en las montañas de Colombia.
Los apartados que deben dominar un diálogo son "puntos vertebrales" de la situación que mantiene a Colombia en un conflicto armado interno, con un guerra de guerrillas que se remonta a 1964, según puntualizó el jefe insurgente.
El comandante rebelde precisó que se trata de cinco puntos, a saber: el acuerdo intergubernamental que les permite a militares estadounidenses hacer uso de bases colombianas, los derechos humanos y el derecho internacional humanitario, la tenencia de la tierra, el régimen político y el modelo económico.
"Nosotros seguimos empeñados en buscar salidas políticas a la situación", sostuvo ‘Cano’, que ascendió hace dos años a la jefatura máxima de las FARC, en lugar del fundador del grupo insurgente, Pedro Antonio Marín (‘Manuel Marulanda Vélez’ o ‘Tirofijo’).

31 de julio de 2010
©página 12

propaganda de guerra desde el post

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Propaganda de guerra: Washington Post justifica la agresión de Colombia contra Venezuela. Diario conservador participa en la creación de las condiciones ideológicas para atacar militarmente a Venezuela, según denuncia el gobierno venezolano. El Post encubre relaciones de Uribe con el narcotráfico y el paramilitarismo..

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Colombia. Los venezolanos también podríamos decir que Osama Bin Laden se refugia en la sede de The Washigton Post. Como si se tratara de un juego, EEUU afianza la matriz de opinión que acusa a nuestro país de albergar guerrilleros.
El diario Washington Post se suma a la campaña mediática internacional contra Venezuela con las difusión de un editorial que promociona el show de Colombia ante la OEA y la opinión pública mundial.
Según dice el diario, las pruebas presentadas por Colombia en contra de Venezuela son convincentes, y son válidas como pruebas de las hospitalidades de las que gozan grupos guerrilleros en Venezuela.
Contradiciendo a la verdad, a la lógica y al sentido común el rotativo valida unas acusaciones sustentadadas en fotografías sin referencia de espacio o tiempo y mapitas de Google Earth.   Washington Post alega que las" pruebas" son tan contundentes que "si el asunto estuviera ocurriendo en el Medio Oriente, ya estuviera (el caso) ante el Consejo de Seguridad de la ONU", dice el influyente diario en un editorial publicado el viernes.
Ante la interrogante de por qué Álvaro Uribe decidió realizar estas denuncias en sus últimos días como presidente de Colombia, el diario sostiene que Uribe "está profundamente frustrado por el continuo respaldo que el gobierno venezolano le ha dado a las FARC y por la negativa de la comunidad internacional de responsabilizar a Chávez por ello".

¿Propanda de Guerra o Ignorancia Rotunda?
Washigton Post hace descarada propaganda a un mafioso. Álvaro Uribe no ha logrado ocultar sus vínculos con el narcotráfico y con el paramilitarismo colombiano.Durante su gestión, los índices delictivos de asesinatos, secuestros y violaciones ejecutadas por paramilitares en territorio venezolano se han incrementado exponencialmente.
Abusando del amplio espectro de distribución del Washington Post, el Departamento de Estado se esfuerza por lavar la imagen del presidente colombiano, quien según dice el rotativo, "ha dedicado su presidencia a rescatar a Colombia de los grupos armados, tanto de izquierda como de derecha", y "antes de dejar la presidencia, sintió la necesidad de hacer un último esfuerzo para llamar la atención sobre el problema".
El editorial va acompasado con las declaraciones que emitió ayer el Jefe del Comando Sur de Estados Unidos, el general Douglas Fraser, afirmó que "no hay razón" para dudar de la validez de la evidencia que presentó Colombia sobre la presencia de guerrilleros en Venezuela.
Las peligrosas declaraciones funcionan como una señal de alerta a las autoridades y el pueblo de Venezuela. El territorio bolivariano se encuentra literalmente rodeado por las fuerzas militares estadounidenses: en Colombia se conoce de la existencia de al menos siete bases militares, en Perú  cuentan con efectivos disponibles, reactivaron la cuarta flota, movilizaron 13 mil marines a Costa Rica, y cuentan con otra instalación militar en Guyana.

Tratando de Justificar la Invasión
El funcionamiento del imperio es claro: previo a la invasión militar, despliegan una invasión cultural. Informaciones falsas, artículos de opinión, fotografías forjadas o descontextualizadas, datos por internet, comentarios en redes sociales y hasta películas,  sirven para justificar las agresiones contra los pueblos. No en balde, la industria del cine es la segunda más importante de Estados Unidos. Sólo le antecede la militar.
El show de Hoyos en la OEA fue muy similar al que interpretó Colin Powell ante la ONU para "demostrar" que en Irak había armas de destrucción masiva. Fotos, videos y mapitas google (en aquel entonces menos populares que ahora) bastaron para confundir a un sector de la opinión pública mundial. Y los gringos invadieron Irak. Destrozaron a un pueblo. No se encontró ni un arma de destrucción masiva. Lo que sí se comprobó es que EEUU se robó el dinero de las ganancias de las ventas de petróleo de Irak en el período 2004-2007.

31 de julio de 2010
30 de julio de 2010
©patria grande

uribe implicó a hijos en corrupción

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Cuello Baute ratifica denuncias contra Tomás Uribe. Manuel Guillermo Cuello Baute, ex superintendente de Notariado y Registro, se ratificó en sus denuncias contra el hijo del presidente y aseguró tener pruebas para documentar esas acusaciones.

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Colombia. En entrevista con La FM, el ex superintendente de Notariado y Registro Manuel Guillermo Cuello Baute insistió en sus denuncias sobre la relación de Tomás Uribe con el escándalo de las notarías.
Cuello aseguró que las pruebas, que corresponden a material verbal y documental, se encuentran en manos de la Corte Suprema y agregó que hubo "maquinaria criminal" para la entrega de las notarias, de la cual dijo ser "víctima y no parte".
En una declaración ante la Corte Suprema, revelada por SEMANA en junio de 2009, Cuello asegura que la asignación de las notarias era una orden del gobierno, en la que estaban implicados el hijo del presidente Álvaro Uribe Vélez y altos funcionarios de la Casa de Nariño, y que la entrega de más de 30 notarias estaría asociada al tema de la reelección presidencial.
Por estas declaraciones, la Corte Suprema de Justicia abrió una investigación preliminar a por lo menos 30 congresistas que presuntamente recibieron beneficios del gobierno a cambio de votar favorablemente la reelección, un caso similar al de los representantes Teodolindo Avendaño y Yidis Medina, condenados por la Corte Suprema de Justicia por cohecho.
En entrevista con Noticias Uno, Cuello Baute denunció que Tomás Uribe manejaba la notaría de Tunja.

31 de julio de 2010
©semana 

denuncian a colombia por ddhh

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Comité de la ONU denuncia falta de progresos en la desmilitarización de Colombia. Una de las conclusiones a las que llegó la organización es que "una de las peores prácticas destacadas durante el periodo de estudio fueron los llamados ’falsos positivos’, que deben ser investigados a fondo y los culpables juzgados".

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Colombia. El Comité de Derechos Humanos de la ONU reconoció hoy los "avances legislativos" de Colombia en violencia de género pero expresó su preocupación por la falta de progresos en la desmilitarización de los grupos armados existentes en el país.
Reunido en Ginebra desde el pasado 12 de julio, el Comité de Derechos Humanos -formado por una veintena de expertos- presentó hoy sus conclusiones sobre Colombia, que muestran los avances y retrocesos del país en diferentes materias.
Aunque aplaude las iniciativas legislativas en la lucha contra la violencia de género, expresa su preocupación por la falta de progresos en los beneficios jurídicos para los desmovilizados de grupos armados o por la connivencia entre las fuerzas armas y los grupos paramilitares.
El ponente de Colombia, Fabian Salvioli, señaló en rueda de prensa que "una de las peores prácticas destacadas durante el periodo de estudio fueron los llamados ’falsos positivos’, que deben ser investigados a fondo y los culpables juzgados".
Como ’falsos positivos’ se conocen a los asesinatos selectivos de campesinos presentados a la opinión pública como guerrilleros por el Ejército, para mentir sobre la lucha contra los grupos armados ilegales.
También el informe critica la falta de investigaciones sobre las graves violaciones de los derechos humanos y los ataques contra distintos activistas, por lo que pide a Colombia que adopte las medidas para dar pleno efecto a las recomendaciones del Comité.
"El principal problema de Colombia es la impunidad, eso no ha mejorado en nada en los últimos años", afirmó Salvioli, en referencia a que este es el sexto informe realizado por el Comité.
El documento insta al Gobierno colombiano a trabajar en la restitución, la indemnización, la rehabilitación y la prestación de especial atención a aspectos de género y también a las víctimas menores de edad, afrocolombianos e indígenas, "los más desprotegidos por la ley", reza el documento.
"Deben ser habilitados -continúa- recursos específicamente destinados a brindar atención psico-social y rehabilitación".
Critica la extradición por orden del poder ejecutivo de jefes paramilitares a EEUU, ya que considera que obstaculiza las investigaciones sobre su responsabilidad por graves violaciones de derechos humanos.
Las extradiciones bajo estas condiciones, añade, impiden el derecho a la justicia, el descubrimiento de la verdad y la reparación de las víctimas, además de que contravienen la responsabilidad del Estado de investigar, enjuiciar y castigar las violaciones de los derechos humanos.
El Comité celebra la colaboración de Colombia con la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos (OACNUDH), presente en ese país desde 1997, y estima positiva su colaboración con los Relatores Especiales, Representantes Especiales y Grupos de Trabajo de la ONU.

31 de julio de 2010
©semana