uribe niega espionaje
28 de julio de 2010
"Tengo entendido, por lo que me comentó el Dr. Bernardo (Moreno), que unos funcionarios de la UIAF presentaron un esquema sobre el análisis hecho a la información del pago del vuelo chárter a la ciudad de Neiva", dijo el Presidente a la Procuraduría. 
Colombia. En su respuesta al cuestionario del Procurador General de la Nación, el presidente de la República, Álvaro Uribe Vélez, en calidad de testigo en la investigación que se adelanta sobre las interceptaciones ilegales del Das, hizo una ferrea defensa de Bernardo Moreno, secretario general de Presidencia, y admitió el conocimiento que tuvo a través suyo del vuelo chárter de Magistrados de la Corte Suprema a Neiva, por invitación de Ascencio Reyes.
Uribe respondió por escrito al Ministerio Público, el 22 de junio de 2010, documento al que tuvo acceso Semana.com.
"El doctor Bernardo, me comentaba, como era nuestro diálogo diario la situación de distintos temas (sic). Sí recuerdo que me informó sobre los comentarios periodísticos existentes en torno al pago del vuelo chárter del supuesto viaje de los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia a la ciudad de Neiva".
Y precisa enseguida: "es mi deber aclarar, que jamás se solicitó información sobre Magistrados, y que el comentario se limitó a las informaciones periodísticas sobre el pago de dicho viaje".
Ante la pregunta de la Procuraduría sobre si conocía quiénes asistieron a tal reunión y cuál fue el objeto y balance de la misma, Uribe dijo no conocer los "detalles puntuales de esta reunión", aunque a continuación dijo que tenía entendido que "por lo que me comentó el doctor Bernardo (…) unos funcionarios de UIAF (Unidad de Información y Análisis Financiero), presentaron un esquema sobre el análisis hecho a la información del pago del vuelo chárter a la ciudad de Neiva, cuyo origen de dinero provenían (sic) supuestamente del señor Ascencio Reyes, quien a su vez, compartía propiedades con el señor José María Ortiz Pinilla, alias Chepe Ortiz, narcotraficante extraditado a los Estados Unidos de América".
Uribe afirma que la comunicación entre el DAS y la Casa de Nariño se hacía a través de los directores del organismo y del secretario general de Presidencia, Bernardo Moreno, y que nunca autorizó actividades en las que ese organismo se extralimitara en sus funciones legales.
Sobre si el mismo Moreno tenía asignadas funciones para recibir reportes de la UIAF, Uribe admitió que "sí, bajo los principios de la Sala de Administración y la legalidad jurídica".
La Procuraduría le preguntó si Moreno fue delegado por el Presidente, entre los años 2006 y 2009, para solicitar información sobre actividades del DAS o de la UIAF. Reconoció que así fue y que autorizó a Moreno para que lo representara en la coordinación de esas actividades.
Uribe señala además que a los ex directores del DAS Jorge Noguera, Andrés Peñate y María del Pilar Hurtado, les dio instrucciones "siempre bajo el principio de legalidad, de trabajar para consolidar las garantías constitucionales en nuestro territorio en relación con la política de seguridad democrática".
Y negó "de manera categórica" haber impartido directamente ni por interpuesta persona instrucción alguna tendiente a que el DAS realizara "actividades ilegales, tales como interceptaciones o seguimientos a los Magistrados de las altas Cortes, campaña de desprestigio para miembros de la oposición, políticos (…) ".
El mandatario respondió así a Alfonso Cajiao Cabrera, director Nacional de Investigaciones Especiales, el 22 de junio de 2010 en su declaratoria en calidad de testigo dentro de la investigación que adelanta por el escándalo de los seguimientos ilegales por parte del DAS a periodistas, opositores y magistrados.
El caso de las ’chuzadas’ ilegales del DAS tocó a Bernardo Moreno, uno de los funcionarios más cercanos al presidente Álvaro Uribe, porque en una reunión en abril del 2008 con personas del DAS y con el director de la UIAF, pidió información reservada de magistrados de la Corte Suprema de Justicia porque un viaje de los jueces, financiado por el empresario Ascencio Reyes, había despertado sospechas ya que supuestamente Reyes había ejercido tráfico de influencias en la rama judicial. Tiempo después, varios de los magistrados terminaron interceptados y seguidos por el DAS.
Todo comenzó cuando María del Pilar Hurtado, directora del DAS entre 2007 y 2008, y el ex subdirector de Contrainteligencia, Jorge Lagos, le contaron a la Fiscalía que la investigación a las actividades de varios magistrados de la Corte Suprema de Justicia nació de una solicitud del Palacio de Nariño. Hurtado le dijo a SEMANA: "A mí en Palacio (Bernardo Moreno, secretario general) me plantearon la necesidad de verificar la relación entre el narcotráfico y la Corte Suprema". Entonces Lagos le dijo a la Fiscalía que la orden de Hurtado era verificar "un posible viaje de unos magistrados con un señor llamado Ascencio Reyes", un empresario señalado de supuesto tráfico de influencias en los recintos judiciales.
Estas investigaciones arrancaron en noviembre de 2007 y confirmaron que hubo tal viaje en junio de 2006. Se pudo documentar el listado de pasajeros de los vuelos chárter que se hicieron. Para esto se envió una comisión del DAS a Neiva para confirmar los hoteles donde se quedaron los magistrados y quién pagó las cuentas. La cuestión era que ni el DAS, ni el gobierno, ni nadie diferente a la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes tenía la competencia para investigar a los magistrados.
Mario Aranguren, ex director de la Uiaf y Luis Eduardo Daza, ex subdirector análisis del organismo, están privados de la libertad en la modalidad de casa por cárcel.
Uribe cerró sus respuestas a la Procuraduría, diciendo que nunca ha percibido en Bernardo Moreno, "nada distinto a la protección del interés público, jamás un abuso, ni una circunstancia de reproche".
©semana 
Colombia. El secretario general de la Presidencia de la República, Bernardo Moreno, acude este miércoles al búnker de la Fiscalía, en Bogotá, adonde fue citado para ser interrogado dentro de las investigaciones que se adelantan por los seguimientos ilegales a magistrados, periodistas y políticos de oposición.
Colombia. Pasadas las dos de la tarde del 9 de julio de 2010, Fernando Tabares, ex director de Inteligencia del DAS, compareció ante el fiscal delegado de la Corte Suprema, Misael Fernando Rodríguez. El motivo: quería acogerse al principio de oportunidad en la investigación sobre el espionaje ilegal del DAS. Su testimonio ese día, que fue revelado por La W Radio el viernes pasado, es explosivo. De manera detallada y clara, Tabares confirma lo que era un secreto a voces: que todas las órdenes para hacerles seguimiento a los magistrados de la Corte Suprema y opositores al gobierno vinieron directamente de la Casa de Nariño. Y no de cualquier funcionario sino de Bernardo Moreno, secretario general de la Presidencia de la República.
[José Alejandro Castaño] Colombia. A ’Colombia’ lo encontraron a un lado del camino que lleva al mar, entre Turbo y Necoclí, tirado en una platanera con los brazos levantados, como pidiendo auxilio. Nadie se extrañó de su muerte porque él mismo ya la había anunciado, y hasta había dicho quién iba a cometerla. Cinco meses antes, el Estado le había devuelto las 38 hectáreas de tierra que los paramilitares le robaron a su padre en la vereda El Tigre, corregimiento de El Totumo, en el golfo de Urabá. Aquel fue un día feliz.
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Colombia. Por una petición de la defensa del general Rito Alejo del Río, el Juzgado Octavo Penal Especializado de Bogotá decidió aplazar la dos semanas de audiencia programada para el juicio que se adelanta al militar por la muerte del campesino Marino López Mesa ocurrida en febrero de 1997 en el caserío Bijao en Choco. 
Colombia. El ex gobernador de Magdalena, José Domingo Dávila, negó los nexos con paramilitares del Bloque Norte de las AUC, así como de haber participado presuntamente en varias reuniones con el ex jefe paramilitar Hernán Giraldo.
Colombia. Un informe divulgado por la Policía señala que unos 6.700 integrantes de bandas criminales han sido capturados desde la desaparición de las Auc, organización paramilitar que se desmovilizó entre 2003 y 2006 a unos 31.000 combatientes.