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los crímenes del iguano


Comenzó el incidente de reparación de Jorge Laverde, alias ‘el Iguano’, ex jefe del Frente Fronteras, por 32 crímenes cometidos en Norte de Santander. Los hechos por los que será condenado este desmovilizado.
Colombia. El pasado 7 de julio inició el incidente de reparación de Jorge Iván Laverde Zapata, alias ‘el Iguano’, ex jefe del Frente Fronteras del Bloque Catatumbo, para que responda por 32 crímenes que cometieron él y/o sus hombres.
Entre los delitos por los que será juzgado el ex jefe paramilitar se encuentran 25 masacres y cuatro asesinatos de funcionarios del Estado, que fueron cometidos por las Auc en Cúcuta y sus zonas aledañas.
También será procesado por los delitos de concierto para delinquir, tentativa de homicidio, desplazamiento forzado, secuestro extorsivo y fabricación y tráfico de armas de uso privativo de las FF.AA.
Por otro lado, en el especial también se cuenta cómo llegaron los paramilitares a Norte de Santander, está el perfil del ex jefe paramilitar, y artículos sobre el accionar de los ‘paras’ en este departamento fronterizo.
        
Llegada a Santander
Luego de la creación y consolidación de las Auc, los hermanos Castaño y Salvatore Mancuso planearon la expansión de este grupo delincuencial por todos los rincones del país. Es así como en 1999 llevaron su violencia a Norte de Santander.
Para llevar a cabo ese objetivo, crearon el Bloque Catatumbo y nombraron como jefe de este grupo a Armando Alberto Arias Betancourt, alias ‘Camilo’, un teniente retirado del Ejército. La estructura de este nuevo grupo paramilitar estuvo conformada por el Frente Tibú, al mando de alias ‘Mauro’, un bloque móvil al mando de alias ‘Camilo’, y el Frente Fronteras comandado por Jorge Iván Laverde Zapata, alias ‘el Iguano’.
La Fiscalía registró que en el año de 1999 ingresaron alrededor de 200 paramilitares a Norte de Santander bajo el mando de ‘Camilo’ y ‘el Iguano’, supuestamente para combatir la subversión y proteger a ganaderos y comerciantes del sector. Por otro lado, también documentó que los ‘paras’ armaron un grupo de choque para crear un corredor vial y traficar drogas.
En cuanto a la presencia de grupos guerrilleros, organismos de inteligencia del Ejército y la Policía documentaron la presencia y accionar delictivo de las Farc y el Eln.
Sobre las Farc, registró que desde 1990 su cuadrilla número 33 estuvo presente en esta zona y se financió del narcotráfico, transporte ilícito de combustible, hurto de vehículos, secuestros de ganaderos, agricultores y comerciantes colombianos y venezolanos.
En este departamento, el Eln emprendió una serie de atentados contra el oleoducto Cañolimón -Coveñas.
Las incursiones y los primeros delitos que cometió el Bloque Catatumbo ocurrieron en mayo de 1999. Gradualmente este grupo fue consolidando su poder y controló los municipios de Cúcuta, El Carmen, Convención, El Tarra, Tibú, Sardinata, Hacarí, La Playa, San Calixto, Teorema y El Zulia.
De este modo, tres grupos armados ilegales entraron en una cruenta guerra por controlar esta estratégica zona fronteriza rica en extracción de hidrocarburos y producción agropecuaria.
Los grupos criminales también explotan esta para la producción de cultivos ilícitos de coca y el tráfico ilegal de gasolina de contrabando desde Venezuela.

Jorge Iván Laverde Zapata, el Iguano
Nació en Turbo, en el Urabá antioqueño, en 1974. Fue miembro de un hogar tradicional católico de 15 hermanos y se ganaba la vida como camionero de la zona bananera. Comenzó a manejar armas el día que se unió a las AUC, con tan sólo 17 años. Fue ’Doble Cero’ el primero en darle una instrucción militar. En ese momento, dijo ’el Iguano’ para la revista Semana, empezaron a gustarle los fusiles no por rabia o venganza, sino mas bien por el deseo de "ser alguien importante".
En 1997 bajo el mando de los hermanos Castaño, Jorge Iván Laverde pasó a ser tercer comandante en el Chocó. Después de "triunfar" como comandante de la zona, fue ascendido a jefe del frente de Norte de Santander, lugar donde más muertos dejó. Entre su enorme lista de asesinatos, que según él, no han sido errores sino parte de su desempeño como paramilitar, se encuentran muchos inocentes desarmados.
Laverde Zapata fue apresado por miembros del CTI en Cúcuta el 16 de noviembre de 2000 y logró escaparse dos veces de la cárcel. El 22 de noviembre de 2000, cuando estaba siendo atendido en un hospital, llegaron treinta miembros de su grupo y los sacaron. En ambas ocasiones logró escaparse con complicidad de funcionarios del Inpec y de la Fiscalía (Revista Semana). El 23 de mayo del 2007 empezó versiones libres ante Justicia y Paz en Barranquilla.
En una de sus versiones en octubre del 2008, confesó que el Bloque Catatumbo quemaba los cuerpos de sus víctimas para no dejar rastros.
Confesó que en el 2001 los paramilitares cremaron 98 restos. Asimismo, confirmó que dos años después ordenó la construcción de otro horno crematorio en la Finca Pacolandia, Puerto Santander; donde sepultaron 20 cadáveres que fueron exhumados e incinerados para que él construyera su propia casa.
’el Iguano’ dijo que los paramilitares calcinaron los cuerpos para evitar el hallazgo de fosas comunes por parte de las autoridades.
Durante la versión libre el ex paramilitar también reconoció los homicidios de varias personas en territorio venezolano, cometidos entre 2000 y 2004 en zona limítrofe con Puerto Santander. Según ’el Iguano’ las autoridades del vecino país habrían hecho los levantamientos respectivos.
Durante la jornada de versión el postulado confesó su participación en 35 masacres perpetradas entre 1999 y 2004 donde más de 114 personas perdieron la vida en Cúcuta, Salazar, Urimaco, Sardinata y Zulia.

El Frente Fronteras y el Iguano
La Fiscalía tiene documentado que los hermanos Castaño y Salvatore Mancuso enviaron a ’el Iguano’ junto con cuatro paramilitares más para que se encontraran con un grupo de limpieza social conocido como ’los Polleros’. Este grupo, que estaba conformado por  15 hombres que delinquían en Cúcuta y el área metropolitana, fue absorbido por  los ‘paras’ de ’el Iguano’ para formar el Frente Fronteras.
Este frente cometió masacres y asesinatos selectivos contra las personas que consideraban miembros o auxiliadores de grupos guerrilleros, y también asesinaron indigentes, expendedores de drogas y prostitutas.
Así mismo, también asesinaron a servidores públicos y líderes sociales que denunciaban su presencia.
La Fiscalía afirma que este frente "contó con redes en los barrios populares, y extendió su influencia a sectores de la delincuencia controlando la ciudad por medio de redes constituidas por taxistas, tenderos, celadores y comerciantes, además de contar con el apoyo de miembros de la Fuerza Pública, de los organismos de seguridad del Estado y de líderes políticos de la región".  

Carlos Arturo Pinto Bohorquez
La mañana del 1 de noviembre de 2001 el fiscal 26 especializado Carlos Arturo Pinto Bohórquez fue asesinado por dos paramilitares que se desplazaban en una moto. Interceptaron al fiscal  cuando éste salía de su casa en el barrio La Ceiba de Cúcuta.
Según la Fiscalía, su asesinato fue coordinado por  Iván Laverde, alias ‘el Iguano’, ex jefe del Frente Fronteras y ejecutado por el cabo Ardila de la Policía, quién hizo inteligencia y llevó el arma del crimen.
En ese momento los ‘paras’ señalaron que el fiscal era simpatizante de la guerrilla, pero en la audiencia de reparación ‘el Iguano’ le pidió perdón a la viuda de Pinto por todos los errores cometidos por sus hombres en Norte de Santander.

Pinto llevaba menos de cuatro meses en su cargo, tras reemplazar a la fiscal María del Rosario Silva Ríos, también fue asesinada por las autodefensas.
El fiscal, de 53 años, investigaba las relaciones entre los paramilitares con empresarios y políticos de Norte de Santander. También tenía bajo su cargo más de 80 casos de violaciones masivas de los derechos humanos, masacres, narcotráfico y graves crímenes del paramilitarismo.

María del Rosario Silva Ríos
El 28 de julio la fiscal 26 especializada María del Rosario Silva Ríos fue asesinada por un paramilitar. La funcionaria salía de la Clínica San José de Cúcuta donde fue abaleada por un sicario, que además hirió a su esposo y a su hijo de cuatro años. Después del crimen la familia de la funcionaria se tuvo que marchar al exilio.
Según información entregada por alias ‘el Iguano’, en versión libre el narcotraficante Hugo Beltrán le dijo que la fiscal era simpatizante de la guerrilla. En realidad María del Rosario Silva investigaba más de 80 casos de narcotráfico y paramilitarismo.
La Fiscalía estableció que Armando Alberto Pérez, alias ‘Camilo Catatumbo’, el ex jefe del Bloque Catatumbo ordenó asesinar a Silva. Según estableció la Fiscalía, el cabo Ardila de la Policía de tránsito de Cúcuta la siguió y recogió información sobre su rutina que después suministró al sicario que la asesinó.
María del Rosario Silva trabajaba desde 1991 para la Fiscalía en Cúcuta y era conocida como ‘La Fiscal de hierro’ por la eficacia y solidez con las que manejaba sus investigaciones. En 1997 fue nombrada fiscal 26 especializada ante el Das y la Policía Antinarcóticos.
‘El Iguano’ ha reconocido en varias versiones libres que los ‘paras’ lograron permear por completo las instituciones de Norte de Santander, llegando a tener nexos con fiscales, funcionarios del Das, la Policía y el Ejército. El asesinato de trabajadores judiciales fue una de las estrategias para eliminar investigaciones incómodas y penetrar el poder.
Menos de cuatro meses del asesinato de María del Rosario Silva, su reemplazante Carlos Pinto también fue ejecutado por los paramilitares.  

Tirso Vélez
Tirso Vélez era el candidato que encabezaba las encuestas y el favorito para llegar a la gobernación de Norte de Santander cuando lo mataron el 4 de junio de 2003. Ese día dos paramilitares lo abordaron en pleno centro de Cúcuta. Un sicario disparó varias ráfagas sobre el grupo. Asesinaron a Vélez con seis balazos y también hirió a su esposa y a un acompañante.
"Tirso se desplomó ya muerto sobre mí y me mandó al suelo. El asesino se dio vuelta, me buscó y me apuntó a la cabeza. Yo me encogí y lo miré con todo el rencor que nunca había sentido. Me dio cinco tiros, pero no fui consciente de que estaba herida. Recogí el portafolio de Tirso, los celulares y pedí ayuda. Llegué por mis propios medios a la Clínica San José. Estuve 16 días en la clínica, no pude ir ni al velorio ni a las exequias de Tirso", recordó en la revista Cambio Isabel Obregón, la viuda de Tirso Vélez.
El asesinato dejó dos huérfanos, una viuda e impuso la parapolítica en Norte de Santander.
"La orden fue de Salvatore Mancuso, tras conocerse por información de que Vélez hacía parte de la estructura del frente 33 de las Farc", aseguró ‘el Iguano’. "Fue un favor político" agregó. Sin embargo en la audiencia de reparación ‘el Iguano’ le dijo a la viuda de Vélez que en realidad no sabía si asesinaron a Vélez por sacarlo de la carrera a la gobernación o por cuestiones de ideología, pues recibió la orden de Salvatore Mancuso y actuó sin preguntar.
Para la viuda de Vélez : "Mancuso, de manera infame, dijo que a Tirso lo habían matado por subversivo. Atentó también contra su honra. Fue como haberlo asesinado dos veces. Por eso creo que este proceso no es más que un montaje, una manipulación de la verdad. Porque Mancuso no pierde, pierden sus víctimas".
Tirso Vélez, nació en septiembre de 1954 en un hogar humilde de Agua Clara, corregimiento de Ocaña, Norte de Santander. Muy joven  ingresó a las Juventudes Comunistas y repartía el periódico Voz del Partido Comunista. Vélez era un muchacho sensible, apasionado por las letras, la poesía y la música. Un amigo recuerda que "un sábado por la tarde, en agosto de 1978, conocí a Tirso Vélez, acariciando canciones de protesta en su guitarra en el parque principal de El Zulia, Norte de Santander".
En 1982 se graduó en Sicología de la Educación en el Centro Latinoamericano de Dianética, en Bogotá. Por su compromiso social, se volvió profesor en escuelas rurales de su región. Llegó en 1987 a Tibú, donde fue profesor y conoció a Isabel Obregón con la que tuvo a sus dos hijos, Rubén Darío y Miguel Ángel.
En 1992, encabezando una coalición de izquierda, Vélez fue elegido alcalde de Tibú por la Unión Patriótica (UP). Propuso soluciones para buscar la paz en su región y le solicitó al gobierno y a la guerrilla cesar las hostilidades e iniciar un diálogo.
Las primeras polémicas en su gestión empezaron cuando Vélez rechazó la llegada de 3.000 soldados a su región y pidió a cambio que el gobierno mandara 50 profesores. Miembros del Ejército empezaron a insinuar que el alcalde de Tibú tenía relaciones con la guerrilla.
Pero fue su poema "Tibú, un sueño de paz" que terminó de enfrentarlo con los mandos militares de Norte de Santander.

"Para que exploten bombas de pan y de juguetes
y corran nuestros niños entre escombros de besos.
Lancita... mi soldado... recuerda que Jacinto, el hijo de la vieja campesina,
se fue para la guerrilla buscando amaneceres, persiguiendo alboradas.
Que no regrese muerto, no le apagues su lámpara.
Porque la vieja espera pegada a su camándula
pidiéndole a las ánimas que no le pase nada".

Tras la publicación del poema el general Hernán José Guzmán, comandante General del Ejército en la época, le solicitó a la Procuraduría investigar a Vélez disciplinariamente. El senador de la UP, Manuel Cepeda, asesinado en 1994 por los paramilitares, en una columna en el periódico comunista Voz dijo sobre los polémicos versos que "para la derecha y los mandos militares en Colombia, definitivamente la poesía es peligrosa".
En agosto de 1993 Vélez recibió amenazas de las autodefensas y en septiembre de ese año fue detenido por el DAS por presunta colaboración con el ELN. Aunque, tras varios meses en prisión, fue dejado en libertad por falta de pruebas, Vélez dejó la alcaldía de Tibú y se fue a vivir a Venezuela.
Después de su alcaldía en Tibú, Vélez se alejó de la UP y formó un movimiento de izquierda, independiente y pacifista. Así fue diputado de Norte de Santander, miembro de la Comisión Nacional de Paz y uno de los fundadores de la ONG Redepaz.
En 2003 se presentó a las elecciones para la gobernación de Norte de Santander con el Polo Democrático. Poco antes de su asesinato lideraba las encuestas a la gobernación de su departamento.

Alfredo Enrique Flórez Ramírez
Alfredo Enrique Flórez Ramírez fue asesinado a la medianoche del 6 de octubre de 2003 por paramilitares cuando llegaba a su casa después de una reunión en la alcaldía de Cúcuta, donde era asesor.
Por este crimen Ramiro Suárez Corzo, ex alcalde de Cúcuta, fue investigado. El caso contra el ex alcalde fue, sin embargo, precluído en 2009. Iván Laverde, alias ‘el Iguano’, dijo en una versión libre que asesinaron el abogado para presuntamente hacerle un favor a Suárez Corzo que estaba aspirando a la alcaldía.
Según el desmovilizado, Suárez pidió asesinar a Flórez porque este lo iba a denunciar por sus presuntos vínculos con las autodefensas. Salvatore Mancuso confirmó en versión libre que tenía relaciones con el ex alcalde.
Otro ex ‘para’, Carlos Andrés Palencia, alias ‘Visaje’, dijo en versión libre: "Él (Suárez) me dijo que había un señor que era una piedra en el zapato para su campaña; yo le pregunto qué hay que hacer y me contesta que hay que sacarlo del paso".
‘Visaje’ añadió que Suárez presuntamente le dio informaciones de dónde trabajaba, vivía y cómo era Flórez.  Lo curioso es que Flórez era esposo de Ana María Flórez, directora de la Fiscalía de Norte de Santander, que fue condenada por sus vínculos con las autodefensas a más de 12 años de prisión.

27 de julio de 2010
26 de julio de 2010
©verdad abierta
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uribe rechaza propuesta de paz


Uribe dice que Colombia no caerá en "trampita" de la paz.
Colombia. El presidente de Colombia, Álvaro Uribe, pidió hoy no caer en lo que llamó "trampita" de los grupos guerrilleros que, afirmó, piden "internacionalizar" un eventual proceso de paz, para disimular su deseo -dijo- de que baje la presión militar sobre ellos.
"Sabemos que la culebra del terrorismo, cuando siente que está asfixiada y le tenemos una horqueta en el pescuezo, ahí mismo pide procesos de paz para que le aflojemos la horqueta, tomar oxígeno y volver a envenenar. ­Cuidado!", dijo Uribe, usando metáforas del ámbito rural, como es frecuente en él.
Agregó que esos grupos son "muy hábiles" ya que "quieren internacionalizar la solicitud de oxígeno; ahora quieren internacionalizar la solicitud de que les levantemos la horqueta, para seguir envenenando a los colombianos. En esa trampita no vamos a caer".
El pronunciamiento de Uribe se registra en momentos en que el canciller de Venezuela, Nicolás Maduro, realiza una gira por varios países de la región exponiendo lo que denomina "plan de paz para Suramérica", lo que involucra el conflicto interno colombiano y la crisis bilateral entre Bogotá y Caracas.
Uribe reiteró que su país demanda "cumplir las normas internacionales, que nosotros cumplimos: luchar contra el terrorismo y no albergarlo en parte alguna".
La frase es una alusión a Venezuela, a cuyo gobierno Uribe acusó de "tolerar" la presencia de guerrilleros, ante lo cual el gobierno de Caracas rompió relaciones.

27 de julio de 2010
©la nación
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uribe quiere tapar espionaje


Afirman que denuncia de Colombia contra Caracas busca ‘tapar’ espionaje. El ex jefe del servicio secreto colombiano dijo que la denuncia de que guerrilleros de las Farc se ocultan en Venezuela es una "cortina de humo".
Colombia. El ex jefe del servicio secreto colombiano Ramiro Bejarano afirmó hoy que el presidente Alvaro Uribe debe responder por el espionaje de ese organismo a magistrados, políticos y periodistas, y que la actual crisis con Venezuela fue propiciada para ocultar la presunta responsabilidad del mandatario.
Bejarano dijo a la cadena radial RCN que cree que la denuncia del gobierno colombiano en el sentido de que guerrilleros se ocultan en Venezuela fue una "cortina de humo" frente a las declaraciones de un ex funcionario del servicio secreto que comprometen a Uribe.
Colombia hizo la denuncia ante la prensa el 15 de julio y el jueves pasado la formalizó en la Organización de Estados Americanos (OEA), en Washington, tras lo cual Venezuela respondió con la ruptura de las relaciones diplomáticas.
Según Bejarano, la controversia que se ha presentado en los últimos días entre los dos países hizo que la prensa no prestara atención a la indagatoria rendida por Fernando Tabares, un ex funcionario del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS, servicio secreto) que está preso por el caso.
Tabares, que fue jefe de inteligencia del organismo, mencionó a Uribe en una declaración que rindió en sesiones efectuadas entre el 9 y el 13 de julio. Se trata de la primera vez que el nombre del presidente es citado en este caso.
De acuerdo con Tabares, el secretario general de la Presidencia, Bernardo Moreno, les dijo en un desayuno a él y a la ex directora del DAS María del Pilar Hurtado que el jefe de Estado quería estar enterado de las actividades de varios personajes, entre ellos los dirigentes de la oposición Piedad Córdoba y Gustavo Petro y del periodista Daniel Coronell.
El ex funcionario dijo que el desayuno fue a comienzos de septiembre de 2007 y que Moreno fue informado por el DAS de que en el caso de los políticos esos seguimientos ya se estaban efectuando.
Tabares afirmó en una indagatoria anterior que Hurtado le dijo que los seguimientos debían hacerse "por requerimiento de la Casa de Nariño (sede de gobierno)", pero en su declaración de este mes mencionó directamente a Uribe.
Bejarano dijo que eso demuestra que el Presidente está involucrado y que tiene la responsabilidad política de lo ocurrido, pues a su entender hubo "una empresa criminal de desprestigio contra todo el que se opusiera a las políticas oficiales".
El espionaje se denunció en febrero de 2009, cuando una revista publicó declaraciones de ex funcionarios del DAS sobre escuchas ilegales y seguimientos a magistrados de la Corte Suprema, líderes de los partidos de oposición y periodistas.
La Fiscalía General abrió una investigación en contra de cuatro ex directores del DAS y llamó a declarar a altos funcionarios y ex funcionarios del gobierno.
El ente acusador de la justicia colombiana citó al viceministro de Defensa, Jorge Mario Eastman, y a los secretarios de Prensa y del Departamento Jurídico de la Presidencia, Cesar Mauricio Velásquez y Edmundo del Castillo, respectivamente, así como a José Obdulio Gaviria, ex asesor de Uribe.
Según se informó en su momento, el fiscal del caso decidirá tras escuchar a los cuatro citados si hay méritos o no para vincularlos penalmente al caso.
Hurtado ha afirmado que durante su gestión, entre agosto de 2007 y octubre de 2008, el servicio secreto hizo averiguaciones sobre actividades de magistrados del Supremo ante sospechas de penetración de dinero del narcotráfico en el tribunal.
La ex directora del DAS dijo que la petición fue hecha por el secretario Moreno, quien la próxima semana debe rendir declaración ante la Procuraduría General (Ministerio Público).
El DAS depende directamente de la Presidencia, aunque el gobierno asegura que no tiene nada que ver con el espionaje.

24 de julio de 2010
©la tercera
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farsa de justicia y paz


Comisión Colombiana de Juristas considera que se amnistiaron 31 mil paramilitares.
Colombia. Al cumplirse el quinto aniversario de Justicia y Paz, que permitió el sometimiento de los paramilitares, la Comisión publicó un balance en el que asegura que no hubo desarme y cuestiona la impunidad en el proceso.
VerdadAbierta.com entrevistó al presidente de la Comisión Colombiana de Juristas, Gustavo Gallón, quien cuestiona la forma en la que el Gobierno hizo la desmovilización de los paramilitares, además que los paramilitares no cumplieron con el cese al fuego prometido y siguieron asesinando personas, y también asegura que el número de desmovilizados no coincide con las cifras.
Gallón asegura que muchos desmovilizados, que cometieron delitos y que no tenían procesos abiertos en la justicia, no han respondido por esos crímenes con lo que considera que se dio una amnistía a muchos paramilitares.  
La Comisión Colombiana de Juristas es una ONG con estatus consultivo ante las Naciones Unidas que lanzó el pasado 22 de julio su segundo informe de balance sobre la aplicación de la ley 975 (también conocida como ley de Justicia y Paz) de 2005.
Previo al lanzamiento de la investigación, la CCJ hizo un seminario con víctimas de la violencia y expertos en diferentes temas para discutir sobre los problemas de la impunidad, la restitución de tierras, los impactos psicosociales y la continuación de estructuras paramilitares, que continúan pese a la desmovilización de los grandes grupos paramilitares.
En la entrevista con VerdadAbierta.com, el director de la CCJ, habló sobre los logros y fracasos de Justicia y Paz.

VerdadAbierta.com: ¿Por qué el libro se llama ‘La metáfora del desmantelamiento de los grupos paramilitares’?
Gustavo Gallón: Llegamos al título de ‘La metáfora de la desmantelamiento de los grupos paramilitares’ parodiando una expresión que el propio gobierno utilizó en relación con el cese al fuego. El primero de diciembre de 2002 el presidente de la República anunció que se había iniciado oficialmente la negociación con los paramilitares, pero que estaba sujeta a la condición de que no hubiera ningún muerto más.
Eso no fue cierto. Las organizaciones de derechos humanos comenzamos a registrar día tras día muertes y desapariciones de personas por parte de grupo paramilitares. Así lo informamos al gobierno y a la Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la OEA.
El gobierno lo negó en diversas oportunidades y en febrero de 2005, el entonces Alto Comisionado para la Paz (Luis Carlos Restrepo), frente a estas críticas dijo: "es que el cese de hostilidades es una metáfora que debe manejarse con mucha flexibilidad". En realidad metáfora no es la expresión correcta, pero lo que él quiso decir es que el cese de hostilidades es un cuento, que el cese de hostilidades es una simulación; no se lo tomen en serio, es algo frente a lo cual hay que ser muy flexible.
Hemos visto que así como el cese de hostilidades fue una simulación, también la justicia y la desmovilización han sido una simulación o una metáfora como dijera el Alto Comisionado. Es decir, que se ha dado algo de desmovilización pero no en la forma y en la dimensión en la que el Gobierno lo dice.

VerdadAbierta.com: ¿Cuál es el balance que ustedes hacen después de estos cinco años de Justicia y Paz?
G.G.: Primero, que no es un proceso de paz, que eso también es una metáfora. No es un proceso de paz justamente porque no se ha logrado la desmovilización, que es una de las condiciones de legibilidad establecidas por la propia ley 975 para la concesión de los beneficios
Tampoco es un proceso de paz porque se ha producido la extradición de los jefes paramilitares, y no se extradita aquel con el que se hace la paz.
Y porque continúan en actividad un número considerable de paramilitares. Según unos estudios son cuatro mil, en otros son 10 mil los paramilitares en actividad, y no hay que olvidar que eran 12 mil los paramilitares que estaban en actividad cuando se inició este gobierno. Lo cual significa, además, que los paramilitares que se habrían desmovilizado son una mínima parte comparados con los que están en actividad actualmente.
Lo que hemos constatado es eso. Hemos valorado el hecho que haya algunos paramilitares desmovilizados y privados de la libertad. Hemos valorado el hecho de que haya habido algunos relatos que permitieron descubrir la forma de actuar de algunos paramilitares.
Pero también nos ha preocupado ver que esto es muy poco en relación con los resultados que habría debido tener en materia de verdad, justicia, reparación y paz.

VerdadAbierta.com: Para ustedes, ¿cuáles son las cifras reales de la desmovilización?
G.G.: El gobierno había informado de manera constante que los paramilitares desmovilizados eran alrededor de 31.600. De esos 31.600, fueron desmovilizados 28 mil, no por la ley de Justicia y Paz, sino por el decreto 128 de 2003, en el que el gobierno dijo: "los que no tengan procesos iniciados antes de la desmovilización quedan en libertad".
Lo cual es ilegal y fue una amnistía de facto, prohibida por la constitución, y así lo declaró la Corte Suprema de Justicia en un caso, que puso en entredicho el que estas personas no fueran sometidas a un proceso judicial.
Los 3.600 restantes fueron incluidos por el gobierno en una lista de postulados a la ley de Justicia y Paz ante la Fiscalía. De esos 3.600, se han presentado ante la Fiscalía 600 ó 700 postulados. Lo que significa el 2 por ciento de los 31.600 que el gobierno dice que se desmovilizaron.
Ahí hay varias cosas graves. Una, ¿qué pasa con los tres mil restantes que fueron postulados a la ley de Justicia y Paz y no se han presentado en la Fiscalía? No hay ninguna acción contra ellos, están en la impunidad y también hay una amnistía de facto en relación con ellos.
Es decir, hay 31 mil paramilitares con amnistía de facto y 600 que han sido sometidos a la ley de Justicia y Paz. Eso es contrario a todo. Es contrario incluso a la propia ley 975, a la legislación colombiana y a los tratados internacionales.
Además de eso, no entiende uno cómo se produce esa cifra de 31.600, cuando eran 12 mil los paramilitares, que según las cifras oficiales, acumuladas además, tenía este gobierno cuando comenzó en agosto de 2002.
Recuerdo que cuando inició el gobierno de Pastrana según las cifras oficiales, los paramilitares eran ocho mil, y cuando terminó eran 12 mil. O sea, esto es una serie de cifras que tenía el gobierno y no es que las hubieran sacado de la noche a la mañana.
Un desfase tan grande no se puede entender, de 12 mil a 31.600, casi triplicado el número de paramilitares. Entonces la pregunta que uno se hace es, ¿es cierto que se desmovilizaron 31.600?
Si es cierto, es muy grave, porque significa que los paramilitares crecieron como nunca durante  el primer periodo del gobierno de Uribe.
Pero por otra parte sabemos que no es cierto, lo cual también es grave, porque entonces hay un engaño. Porque varios jefes paramilitares han confesado que ellos a última hora vincularon a muchachos que no eran paramilitares, para que se dejaran tomar la foto como paramilitares y recibieran subsidios.
Entonces, si teníamos 12 mil paramilitares y hay diez mil paramilitares en actividad, la conclusión que puede sacar la población colombiana en este momento, es que los paramilitares que se desmovilizaron fueron un poco más de dos mil.
La situación se hace mucho más grave ahora, cuando el presidente en su discurso del pasado 20 de julio dice que son 53 mil los combatientes que se han desmovilizados bajo la regulación de la ley de Justicia y Paz.
De esos 53 mil, hay que descontar unos guerrilleros que son más o menos seis mil o siete mil. O sea, ya no serían los 31.600 que el gobierno venía diciendo, sino que pasamos a 47 mil. Esto es una multiplicación de cifras que uno no entiende y que realmente esconde un propósito de distorsionar la realidad.

VerdadAbierta.com: Usted habla de cuatro mentiras en la ley de Justicia y Paz, ¿cuáles son?
G.G.: Garantía de no repetición. Mientras que el gobierno dijo que no habría ni un muerto más, sí ha habido más de 4300 muertos y desaparecidos registrados como producto de las acciones de paramilitares después de iniciar el proceso de negociación, y el gobierno después confesó que el cese de hostilidades era una metáfora que había que manejar con mucha flexibilidad.
Verdad. Hay una verdad muy escasa, pero además el gobierno y voceros suyos han dicho: el país no está preparado para conocer la verdad.
Reparación. No hay reparación real, seria. Y el gobierno está proponiendo en este momento limitar los topes de la reparación.
Desmovilización. Y la desmovilización en cuanto tal, por las cifras que acabo de decir.

VerdadAbierta.com: ¿Se debe hablar de Bacrim o grupos paramilitares?
G.G.: El gobierno habla de bandas criminales, nosotros pensamos que hay grupos paramilitares que constituyen bandas criminales. El gobierno trata de establecer una disociación entre los dos términos, se inventa un nuevo término con nombre de vermífugo y cree que con eso cambia la realidad.
El problema de los paramilitares no es su denominación, el problema de los paramilitares es la actividad. Y como lo dijeron algunas víctimas en el evento de hoy, en sus regiones los paramilitares continúan actuando, continúan matando gente, continúan ejerciendo coerción sobre la población y controlando políticamente muchos sectores de la actividad.

VerdadAbierta.com: ¿Es decir que siguen operando igual que los grupos que se desmovilizaron?
G.G.: Ha habido cambios indudables. Ha habido desmovilización de algunos paramilitares. Ha habido desinformación, no están actuando en este momento con uniformes, aunque en algunas partes sí. Ha habido detención o privación de libertad, e incluso la extradición de algunos jefes paramilitares. Ha habido relevos en la dirigencia. Pero concluir de allí, que lo que hay en este momento es algo absolutamente distinto de lo que había antes, es realmente maquillar la realidad

VerdadAbierta.com: ¿Cuál es la postura de ustedes sobre el proyecto de ley para prorrogar la ley de Justicia y Paz?
Es un abuso más. Primero, es contradecir lo que el propio gobierno dice, porque, ¿para qué una ley que permita a los paramilitares desmovilizarse en el futuro si supuestamente no hay paramilitares? Es una demostración de que el gobierno no está diciendo la verdad cuando dice que se acabaron estos grupos.
Segundo, es una ley de impunidad que permite seguir matando y violando derechos humanos, con la promesa de que se obtendrán rebajas de penas en el futuro.
La clase dirigente de este país es una vergüenza. Los políticos se aliaron con los paras para ser elegidos en las regiones en las cuales se presentaron como candidatos y como contraprestación estos políticos se repartieron el presupuesto de las regiones con los paras.
Me siento avergonzado de tener como gobernante a un individuo como Álvaro Uribe Veles, un individuo que los colombianos eligieron y luego con sus secuaces del congreso aprobaron la ley de Justicia y Paz 975, que no es otra cosa que una ley de impunidad y perdón para los victimarios y un castigo a las víctimas. siempre he estado a avergonzado de ser colombiano, por las crímenes de lesa humanidad que cometieron y siguen cometiendo los paras y los de las FARC, ambos son iguales de asesinos.
Aquí jamás habrá paz sino hay una verdadera justicia, reparación para todas las victimas de paras y guerrilleros.

Lea el libro en la versión pdf.

24 de julio de 2010
23 de julio de 2010
©verdad abierta
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bases de eeuu son inconstitucionales


La ponencia de Jorge Iván Palacio argumenta que el acuerdo debió pasar por el Congreso.
Colombia. Según versiones de prensa, la ponencia del magistrado Jorge Iván Palacio sobre el acuerdo entre Colombia y Estados Unidos para permitir el uso de bases militares al país norteamericano, pide declarar inconstitucional el acuerdo.
¿La razón? Según han revelado varios medios de comunicación, la ponencia sostiene que el trámite del acuerdo incumplió un requisito de procedimiento: pasar por el Congreso.
El ex candidato del Polo, Gustavo Petro, ha dicho, que por tratarse de un nuevo acuerdo, y no de uno vigente –como ha sostenido el Gobierno- su revisión debió pasar por el Congreso.
El propio Consejo de Estado, en octubre de 2009, emitió un concepto que sugería la necesidad del cumplimiento de ese requisito.
Según ese concepto, aunque el acuerdo "no plantea el tránsito de tropas hacia otro país, contempla la presencia de personal militar extranjero, lo mismo que de buques y aeronaves de guerra, algo que debe ser aprobado por una ley del Congreso".
Sin embargo, según la agencia de noticias Colprensa, el borrador de la ponencia pide que los efectos de la sentencia se difieran a un año, el tiempo necesario para que el acuerdo militar pueda pasar por el Congreso.
Los magistrados de la Corte Constitucional deben votar la ponencia que revisa el polémico acuerdo suscrito por Estados Unidos y Colombia, el próximo 17 de agosto.
La demanda de inconstitucionalidad fue instaurada por la Organización No gubernamental (ONG) Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo.
El abogado Alirio Uribe, de ese colectivo, indicó en su momento que ese acuerdo "tenía reserva legal", es decir, que solamente se podía hacer mediante una ley del Congreso y pasándolo por la Corte Constitucional.
Otro de los argumentos del abogado es que la iniciativa no tiene reciprocidad con Colombia, ya que se debe entregar la soberanía y no se recibe nada a cambio.
El polémico convenio ha sido criticado por varios países de Latinoamérica. De hecho fue el detonante de la crisis diplomática entre Colombia y Venezuela. La iniciativa, que según el Gobierno colombiano es complementario de un acuerdo bilateral militar vigente desde 1974, permite a soldados y asesores estadounidenses acceder y utilizar al menos siete bases militares colombianas.
El acuerdo fue firmado en diciembre de 2009, y contempla el uso de siete bases militares en Colombia para operaciones contra el narcotráfico y el terrorismo.

23 de julio de 2010
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confirman fosa masiva en la macarena


Centenares de cadáveres sin nombre en cementerio de La Macarena. Una delegación encabezada por seis eurodiputados visitó el cementerio de la Macarena para verificar denuncias de pobladores sobre la existencia de una fosa común con alrededor de 2 mil cuerpos.
Colombia. La delegación, que estuvo presente en una audiencia pública sobre la crisis humanitaria en los Llanos Orientales, entregó detalles en una rueda de prensa este viernes en el Cinep (Centro de Investigación y Educación Popular).
Según el informe, la parte del cementerio de La Macarena que colinda con el Batallón, ha sido destinada a la sepultura de cadáveres sin identificar.
En enero de 2010, la Procuraduría denunció la existencia de un cementerio ilegal, en ese momento se habló de cerca de 2 mil personas enterradas en una fosa común. Cifra que fue desmentida por el Gobierno.
En su momento, el alcalde de La Macarena redujo la cifra a 386 cadáveres. Según el Cinep, la Fiscalía habló de 650 y luego rectificó a 459. Sin embargo el total de los cuerpos sin identificar es incierto y las denuncias de los pobladores sobre el uso del cementerio de La Macarena como una fosa común cobran más fuerza. Recientemente la Cancillería colombiana expidió un comunicado en el que niega la versión de la existencia de tal fosa.
El jueves se realizó una audiencia pública en La Macarena para analizar la "Crisis humanitaria Llanos Orientales". Este acto, convocado por la Comisión de Derechos Humanos del Senado, reunió a cerca de 1500 pobladores de las regiones de alto y bajo Ariari y municipios de Vistahermosa, La Uribe y Mesetas, quienes llevaron sus testimonios ante un grupo de congresistas colombianos y eurodiputados.
Según relata el informe del Cinep, "se entregaron 52 declaraciones por parte de familiares de las víctimas. Había 6 desapariciones forzadas cometidas por paramilitares y 7 por el Ejército".
El padre Javier Giraldo, vocero del Cinep, agregó que existen denuncias por "22 falsos positivos y la mayoría de los cuerpos de las víctimas fatales están en el cementerio de La Macarena. Existen casos de amenaza de muerte, de torturas, asesinatos. La delegación internacional pudo ver todo el área de las tumbas anónimas identificadas por un número consecutivo por años".
El informe recoge testimonios de los pobladores de la región quienes afirman, entre otras cosas, que han sido testigos de cómo helicópteros del Ejército llevan cadáveres al cementerio de La Macarena.
La eurodiputada de la Comisión de Derechos Humanos, Ana Gómez, calificó de "aberración" el ataque a la población civil.
"No tienen que estar para matar al pueblo, hay una horrible perversión en estos hechos en que jóvenes inocentes, hombres y mujeres, son cogidos por miembros de las Fuerzas Armadas por una recompensa humanitaria para transformarlos en falsos positivos, en falsos guerrilleros", aseguró.
La senadora Piedad Córdoba, quien asistió a la audiencia en compañía de los congresistas del Polo Democrático Alternativo Gloria Inés Ramírez e Iván Cepeda, recogió las denuncias de los habitantes y reclamó atención.
"Aquí fue donde comenzó de verdad la política que se conoce como falsos positivos, los asesinatos a sangre fría para reclamar recompensas, para tener ascensos, para pedir vacaciones, es algo tan vergonzoso, que no se explica uno como es que el país vuelve y elige en cuerpo ajeno una política tan horrorosa de violación de los DD.HH.", manifestó la senadora liberal.
El padre Javier Giraldo dijo a Semana.com que en La Macarena hay un enorme cementerio donde decenas de sus muertos son cadáveres sin identificar y, según su hipótesis, corresponden a ejecuciones extrajudiciales.
La Macarena fue una zona dominada durante décadas por la guerrilla de las Farc y durante el gobierno de Andrés Pastrana esta región hizo parte de la zona de distensión exigida por la guerrilla para el diálogo con el Gobierno colombiano.

23 de julio de 2010
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apresan a dos agentes del das


Medida contra dos funcionarios de la Fiscalía por nexos con ’Cuchillo’. Los funcionarios del servicio de inteligencia colombiano vendían información a paramilitares.
Colombia. Por solicitud de la Fiscalía, un Juez de Control de Garantías de Bogotá aseguró a los agentes del DAS Said Sneider Encizo Villar y Jesús Benjamín Moreno Ardila, investigados por entregar, aparentemente, información al grupo ilegal de Pedro Guerrero, alias ‘Cuchillo’.
Por esos hechos, los procesados fueron asegurados por su presunta responsabilidad en los delitos de concierto para delinquir, desaparición forzada y utilización indebida de información privilegiada.
Los dos no aceptaron los cargos imputados por la Fiscalía y fueron remitidos a la cárcel La Picota, en Bogotá.

23 de julio de 2010
22 de julio de 2010
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desmovilizado preso por asesinato


Medida contra desmovilizado por crimen de ex concejal de Barrancabermeja: Prisión preventiva sin posibilidad de excarcelación.

Colombia. Un fiscal de Derechos Humanos y DIH profirió medida de aseguramiento, detención preventiva sin beneficio de excarcelación, en contra de Denis Eduardo Cardozo Benítez, ex integrante de autodefensas, quien presuntamente intervino en el crimen de Héctor Hernán Mantilla Rodríguez, ex concejal de Barrancabermeja (Santander).
De acuerdo con la decisión del instructor el procesado Cardozo Benítez, alias ‘El Muelas’, está sindicado de los delitos de homicidio agravado y tentativa de homicidio agravado.
Los hechos ocurrieron en Barrancabermeja el 11 de agosto de 2000, cuando Mantilla Rodríguez se desplazaba en una camioneta en compañía de Nicolás Alberto Palacio Delgado y fueron atacados con arma de fuego desde una motocicleta.
En el episodio también pereció Carlos Ángel Cardozo, conductor del ex concejal, mientras que Palacio Delgado logró huir de los atacantes.

23 de julio de 2010
22 de julio de 2010
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