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paras confiesan complicidad de ffaa


’Mellizo’ Mejía aseguró que entraron a Arauca con la complicidad de miembros del Ejército. También involucró el ex gobernador Julio Acosta con el asesinato de sindicalistas y dijo que las petroleras apoyaron a las Auc en ese departamento.
Colombia. En versión libre desde la Corte de Columbia en Washington, Miguel Ángel Mejía Múnera, alias ‘El Mellizo’, señaló que el Bloque Vencedores de Arauca contó con la complicidad de algunos militares, políticos y grandes empresas petroleras para entrar en el departamento en 2001.
Según lo que dijo el ex paramilitar, uno de los casos donde los nexos entre los ‘paras’ y el Ejército son visibles es la masacre de la bomba Gato Negro donde asesinaron a Ángel Trifilo Chaparro, uno de los principales testigos contra la Fuerza Aérea Colombiana (FAC) y pilotos norteamericanos de la petrolera Oxy por el bombardeo de Santo Domingo, donde murieron 17 campesinos en diciembre de 1998.
El 25 de enero de 2002 paramilitares abalearon a Ángel Chaparro, a Mario González Ruiz y a Heliberto Delgado en pleno centro de Tame, a menos de cuatro cuadras de una estación de Policía.
En el tiroteo murió Ángel Chaparro. Mario González llegó vivo al hospital pero no pudo sobrevivir a sus heridas. Heliberto Delgado fue secuestrado por los ‘paras’, que lo obligaron a subirse a una camioneta.
Según contó Samuel Saavedra, alias ‘Zarco’, en una versión libre, al huir, los ‘paras’ se encontraron un retén del Ejército, pero después de explicarles de qué se trataba, los militares les dieron cinco minutos para asesinar a Heliberto Delgado.
Varias organizaciones de derechos humanos consideran que el asesinato de Ángel Chaparro y de sus acompañantes fue una retaliación por el bombardeo de Santo Domingo.
En 2000 Chaparro fue testigo ante el Tribunal Internacional de Opinión (TIO) de Chicago, Estados Unidos, donde condenaron el Estado colombiano por la muerte de 17 personas en el bombardeo, entre las que se encontraban siete niños.
Después de la condena, Estados Unidos le quitó el apoyo económico a la base aérea de Palanquero, responsable de las operaciones de la FAC en Arauca.
Por el caso de Santo Domingo un juez colombiano condenó en septiembre de 2009 a varios oficiales de la FAC, pues consideró que en el poblado residían personas que tenían que ser "ajenas al conflicto".
Otro de los casos donde presuntamente los paramilitares de Arauca contaron con la colaboración de miembros del Ejercito fue el asesinato del taxista Wilson Alexis Pedraza, el 27 de septiembre de 2001 en Tame. Según familiares de la víctima y varios desmovilizados, el Ejército presuntamente le entregó a los ‘paras’ una lista con placas de vehículos del servicio público manejados por presuntos colaboradores de la guerrilla.
Wilson Pedraza acababa de comprar su taxi, pero las placas del vehículo estaban en una lista de los ‘paras’. A las siete de la noche del 27 de septiembre los ‘paras’ se subieron al vehículo y le indicaron una dirección cerca de la base del Ejército de Naranjitos.
Según el relato de ’El Mellizo’, en la ruta se encuentraron un retén del Ejército y se presentó una balacera. Sin embargo, alias ‘Boris’ le dijo a los soldados "somos nosotros" y cesó el combate. ‘Boris’ ordenó asesinar a Wilson Pedraza, pero sin hacer ruido y lo mataron tirándole una enorme piedra en el cráneo.
Unos meses después los paramilitares contactaron a la viuda de Wilson Pedraza para pedirle perdón porque se equivocaron al asesinar a su esposo.
La Fiscalía ya compulsó copias contra varios miembros del Ejército, aunque hasta ahora los desmovilizados del Bloque han sido muy reacios para dar los nombres y apellidos de los militares.

Los Sindicalistas de Arauca
‘El Mellizo’ aceptó su responsabilidad en el asesinato de varios sindicalistas en Arauca. Precisó: "Muchos sindicalistas fueron asesinados por informaciones del gobernador de Arauca o del alcalde".
El ex ‘para’ añadió que nunca se imaginó que iba a tener que responder ante la justicia por hechos que políticos le ordenaron a sus propios hombres. Según los reportes del despacho 22 de Justicia y Paz, en los cuatro años que el Bloque Vencedores de Arauca delinquió, por lo menos 28 sindicalistas fueron asesinados en ese departamento.
‘El Mellizo’ reconoció el asesinato de Nubia Jaimes Cantor, militante de Anthoc, el sindicato de empleados de la salud. Nubia era recepcionista en el Instituto de Salud de Arauca (Idesa).
En versiones libres alias‘Cúcuta’ aceptó que la mataron porque "al señor Gobernador (Julio Acosta) le interesaba esta señora" y que estaba en una lista de blancos que Acosta le pasó a los ‘paras’.
‘Cúcuta’ también planteó que el asesinato de la sindicalista fue en retaliación por la muerte de un ‘para’, que después de quedar herido por una bala perdida, falleció. Los jefes del bloque consideraron que no era una herida grave por lo que responsabilizaron a varios empleados del hospital.
En la madrugada del 3 de junio de 2003 ‘Cúcuta’ y otro paramilitar fueron a la casa de Nubia Jaimes y la asesinaron con un revólver.
Así mismo ‘El Mellizo’ se responsabilizó por el caso del enfermero Luis Enrique Coiran Acosta, también sindicalista de Anthoc, asesinado por los paramilitares el 19 de junio de 2002 en Tame.
Otro de los caso que reconoció el ex jefe ‘para’ fue el de Luis Alfonso Grisales Peláez, del Sindicato Regional de Profesores de Arauca (Asedar), asesinado por los ‘paras’ el 3 de marzo de 2003 en Clarinetero, una vereda de Arauca.
Ese día Ferney Alvarado, alias ‘Cúcuta´ y otros dos paramilitares fueron a la casa del sindicalista, le pidieron agua y lo asesinaron cuando les estaba dando la espalda. Según confesó ‘Cúcuta’ le dijeron: "Ese profesor es el que reúne a la gente" y le ordenaron matarlo.
Miguel Ángel Mejía Múnera también aceptó el asesinato de la profesora Ana Elizabeth Toledo Rubiano, otra sindicalista de Asedar, que murió el 19 de marzo de 2003 en Saparay, una vereda de Tame.
Entre 2003 y 2004 el gobierno reportó que la guerrilla y las autodefensas asesinaron a siete maestros de Asedar en Arauca.

El Apoyo de las Petroleras
Según ‘El Mellizo’, las empresas petroleras que tienen pozos en Arauca le pidieron a Vicente Castaño que entrara al departamento para controlar los ataques de la guerrilla. En este departamento las Farc y el Eln están presentes desde los años ochenta y una de sus estrategias ha sido hostigar las petroleras, volar oleoductos y extorsionar las empresas.
‘El Mellizo’ dijo que la relación con estas empresas fue tal, que cuando el Bloque Vencedores de Arauca se desmovilizó en 2005, el ex gobernador Julio Acosta Bernal presuntamente fue a Santa Fe de Ralito, donde se concentraban los jefes ‘paras’ y el gobierno para negociar la desmovilización, para pedirle que no entregara las armas y así seguir protegiendo las petroleras.
‘El Mellizo’ también dijo que presuntamente el alcalde de Tame, Alfredo Iván Guzmán Tafur, le pidió no desmovilizarse y le prometió el apoyo de las empresas petroleras para sostener 100 hombres si seguía la guerra.

Las Finanzas del Bloque Vencedores de Arauca
El ex jefe paramilitar habló sobre las finanzas del Bloque Vencedores de Arauca. Aceptó que entre 2001 y 2003 financió el grupo ilegal con dinero del narcotráfico, proveniente de su propio bolsillo. Según calculó, sostener el Bloque le costó alrededor de mil millones de pesos mensuales, ya que cada hombre, su comida y su mantenimiento valía alrededor de un millón de pesos.
Así ,‘Los Mellizos’ pagaron cerca de 20 mil millones de pesos para apoyar la guerra en Arauca, dinero que salió del tráfico de cocaína. Aclaró que el dinero para costear el bloque venía de Cali y Bogotá, escondida en carros, buses y camiones.
Miguel Ángel Mejía Múnera aclaró que el Bloque Vencedores de Arauca no sirvió para exportar drogas, aunque el territorio donde actuó, por ser fronterizo y cercano a los laboratorios de Guaviare, tiene una posición ideal para el narcotráfico.
"Con Vicente Castaño nos pusimos de acuerdo que no queríamos trabajar con narcotráfico ahí", explico ‘El Mellizo’. Después de dos años en Arauca, añadió ‘El Mellizo’, el Bloque empezó a auto financiarse con extorsiones, aportes de empresas petroleras y ganaderas y el robo a la contratación pública y a las regalías.
Aunque hay informes de las autoridades y testimonios de varios ex paramilitares de que ‘Los Mellizos’ compraron, junto a otros ‘narcos’, grupos de autodefensas para negociar con el gobierno un estatus políticos, ‘El Mellizo negó estas versiones. "No compramos el Bloque", señaló.
Explicó que invirtió miles de millones en el Bloque Vencedores de Arauca y que de todos modos terminó extraditado. "Yo sabía que aquí (en Estados Unidos) íbamos a parar" le dijo a la Fiscalía.
‘Miguel Ángel Mejía Múnera aclaró que desde 1995 tenía contactos con la Casa Castaño. ‘Los Mellizos’ vivían en esta región y le pagaban a Vicente Castaño por protección y para poder tener gente armada con ellos. También le dijo a la Fiscalía que en 1992 las Farc secuestraron a su hermano Víctor y en ese momento empezaron a acercarse a las autodefensas.
A partir de 1998 ‘Los Mellizos’ empezaron a acercarse más a Vicente Castaño y lo contactaron, según dijo Miguel Ángel Mejía, con Héctor Buitrago, alias ‘Martín Llanos’ y José Baldomero Linares, alias ‘Guillermo Torres’, paramilitares que tenían grupos de autodefensa en los Llanos Orientales.
"En 1999 ‘El Profe’ (Vicente Castaño) estaba repartiendo el país, necesitaba coparlo todo, me dijo que si quería Arauca y yo lo tomé, con mi hermano y con ‘Rubén’ (Orlando Villa Zapata)", recordó ‘El Mellizo’.
Todos estos hechos narrados por el paramilitar tendrán que ser investigados por la justicia.

23 de julio de 2010
21 de julio de 2010
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juzgan a parapolíticos por ddhh


Estos son los ex congresistas condenados por nexos con los paras y a los que ahora se les investigará por lesa humanidad. De izquierda a derecha y de arriba abajo, Jorge Castro Pacheco, Dieb Maloof, José Gamarra, Luis Eduardo Vives, Alfonso Campo Escobar, Salomón Saade, Jorge Luis Caballero y Mauricio Pimiento.
Colombia. La Corte Suprema investigará a ocho parapolíticos, ya no por lograr curules con votaciones ilegales, sino por ser posibles responsables de la barbarie paramilitar.
Si antes se sentían pasos de animal grande, ahora se ven las huellas. Eso es lo que ha ocurrido con la determinación de la Corte Suprema de Justicia frente a ocho parapolíticos ya condenados por concierto para delinquir, y a los que ahora se les inicia investigación por el más grave tipo penal que se conozca: el delito de lesa humanidad.
Los afectados son los ex congresistas Jorge Castro Pacheco, Dieb Maloof, José Gamarra, Luis Eduardo Vives, Alfonso Campo Escobar, Salomón Saade, Jorge Luis Caballero y Mauricio Pimiento. Todos condenados por nexos con el Bloque Norte de las autodefensas. Durante su juicio fueron acusados, entre otros, por el propio jefe de esa estructura criminal, ’Jorge 40’. Además, nunca pudieron explicar las súbitas y abultadas votaciones que obtuvieron en zonas que controlaban los paras. Ante la carga probatoria, varios se acogieron a sentencia anticipada pues "asumieron representación de esa organización armada ilegal en el Congreso de la República", como se lee en la sentencia contra Castro Pacheco de mayo pasado.
Dicha sentencia, además, ordenó indagar si el nivel de conexión de estos políticos con los paramilitares es suficiente para tener una responsabilidad en las atrocidades cometidas por el Bloque Norte. Una verdadera máquina de terror que bañó de sangre toda la costa caribe con más de 300 masacres entre 1997 y 2006, y que produjo el desplazamiento de 700.000 personas. La apertura de investigación preliminar contra los ocho ex congresistas por lesa humanidad -tortura, desapariciones forzadas, desplazamiento- es el primer paso formal para establecer su eventual responsabilidad en esa estrategia de tierra arrasada.
La noticia tuvo resonancia por la cantidad de políticos afectados pero no se trata de los primeros. Por delitos de lesa humanidad la Corte ya condenó a otros parapolíticos como Álvaro ’el Gordo’ García y al ex gobernador del Sucre y ex embajador en Chile Salvador Arana. Hace unos meses al ex congresista Álvaro Araújo Castro también se le inició una investigación por ese mismo delito.
Abrir investigación por lesa humanidad contra parapolíticos ya condenados en ninguna medida significa que serán sentenciados por las atrocidades llevadas a cabo por las autodefensas. "La sola vinculación a una organización ilegal no basta para hacer responsable a alguien de un delito de lesa humanidad, aunque sí es un indicio importante", asegura el jurista colombiano Federico Andreu-Guzmán, quien participó en calidad de perito en el juicio al ex presidente de Perú Alberto Fujimori, condenado a 25 años de cárcel por crímenes contra la humanidad.
El gran desafío de la Corte Suprema de Justicia de Colombia es establecer el nivel de vinculación de cada ex congresista con el aparato criminal, y a partir de allí evaluar su responsabilidad. Porque una cosa es tener votaciones atípicas, otra asistir a reuniones ocasionales con los jefes de las AUC y otra muy distinta hacer parte orgánica de una organización criminal que utilizaba las masacres para generar terror en la población y lograr así control territorial, político y social.
Por lo pronto, lo que se confirma es que la Corte está ’cargada de tigre’ y se mueve en sintonía con los lineamientos del derecho penal internacional contemporáneo. En julio de 2002, Colombia suscribió el Tratado de Roma, que compromete severamente al país a aplicar justicia frente a los crímenes de genocidio, guerra y lesa humanidad, reconocidos como imprescriptibles y no indultables. Además, se admite el sometimiento a la justicia internacional en caso de impunidad. "La Corte Suprema está empleando doctrinas penales modernas, y es acertado porque no se trata de observar la actuación de una persona sino de develar aparatos criminales colectivos que han atentado contra la humanidad", dice Rodrigo Uprimny, director de Dejusticia.
En la práctica, cuando la Corte Suprema toma el lente de la lesa humanidad para indagar las actuaciones de los parapolíticos, lo que hace es usar un moderno instrumento para combatir la impunidad. Y está en el deber de hacerlo. Pero de ahí a que varios de los parapolíticos a quienes se les abrió esta nueva investigación sean criminales de guerra hay mucho trecho. Más aún cuando se tiene en cuenta que los jefes paramilitares que ordenaron las masacres fueron condenados a ocho años, y algunos políticos que tuvieron relaciones con ellos enfrentan 40 años de cárcel. Frente a este sensible tema, los magistrados tendrán la última palabra.

19 de julio de 2010
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los falsos positivos olvidados


SEMANA revela espeluznantes fotos, audios y testimonios de posibles ejecuciones extrajudiciales en Urabá, cuyos responsables no han sido castigados.
Colombia. Los colombianos llevan casi dos años esperando que los responsables de los llamados ’falsos positivos’ de Soacha sean castigados. Y nada. El proceso anda lento y lleno de dificultades. Lo de Soacha no es el único. Investigaciones de decenas de posibles ejecuciones extrajudiciales de civiles en diferentes regiones del país fueron trasladadas a la justicia ordinaria por jueces penales militares. Algunas de estas acciones judiciales habían comenzado aun antes de que estallara el escándalo de Soacha, en octubre de 2008.
Muchos de estos casos siguen sin esclarecerse en la justicia ordinaria y los responsables están libres. Varios de los episodios más preocupantes ocurrieron en Urabá.
SEMANA investigó y consiguió decenas de fotografías, grabaciones, informes forenses y declaraciones de testigos directos que dejan en evidencia la existencia de decenas de casos de posibles ejecuciones extrajudiciales ocurridas entre 2007 y 2008, aún desconocidas por el país. Son tan solo una muestra del horror que se trata de esconder en la impunidad.
Gran parte de lo que hoy se revela se debe a la labor de un juez penal militar llamado Alexánder Cortés.
En marzo de 2007, Cortés llegó a Carepa para hacerse cargo del Juzgado 94 Penal Militar. Aunque aún faltaban varios meses para que el escándalo de los ’falsos positivos’ fuera de conocimiento nacional, Cortés descubrió que algo irregular estaba ocurriendo con las bajas en combate que reportaban las diferentes unidades de la brigada 17. Sin dudarlo, y cumpliendo las normas, empezó a trasladar los casos sospechosos a la justicia ordinaria. A pesar de la animadversión de los militares, envió decenas de casos a la Fiscalía para que los investigara, y empezó a desempolvar otros cuantos de posibles ejecuciones extrajudiciales anteriores a 2006 que estaban archivados en el juzgado.
En junio de 2009 fue trasladado a otra brigada en Boyacá y a principios de 2010 Cortés fue destituido. El juez penal militar, con documentos en mano, se defiende e insiste que fue declarado insubsistente injustamente (ver entrevista ‘Capitán nunca juzgará  a coronel’).
 
En el Corazón de las Tinieblas
Los casos investigados por Cortés en Urabá son espeluznantes. El 5 de septiembre de 2007, un comunicado de la Séptima División había reportado exitosas operaciones contra la guerrilla: "Efectivos del Batallón Voltígeros, Unidad orgánica de la Décima Séptima Brigada, en zonas rurales del municipio de Carepa, sostuvieron enfrentamiento armado con integrantes de la quinta cuadrilla de las Farc, durante los contactos que tuvieron lugar en la vereda Pedragoza el Reposo, y en el sitio conocido como El Palmar, la tropa dio muerte en combate a dos de los delincuentes, lográndose incautar armas largas", afirmaba el parte militar.
Pero, al investigar, Cortés encontró el caso cuestionable. Según las fotos, uno de los presuntos guerrilleros dado de baja, Jesús Alfonso Bedoya, se enfrentó a las tropas del Ejército armado con una vieja pistola. Más extraño aún es que el presunto integrante del frente quinto de las Farc sufría de insuficiencia renal y, según el hospital de Carepa, de anemia falsiforme. Las personas con esta enfermedad hereditaria sufren dolores lumbares y dificultades para moverse, y tienden a cansarse muy fácilmente.
De hecho, pocos días antes de aparecer muerto había estado hospitalizado, como lo demostraron las investigaciones posteriores. Y la noche anterior a su deceso había tenido fiebre alta.
Al caso de Carepa le siguió otro pavoroso. Ocurrió el 4 de abril de 2008. Ese día la Séptima División del Ejército emitió un comunicado en el cual daba cuenta de los resultados de operaciones militares desarrolladas por varios batallones adscritos. "La mayor ofensiva de las tropas se presentó en zona rural de la vereda La India en el municipio de Chigorodó, Urabá antioqueño, cuando tropas adscritas a la Décima Séptima Brigada, en desarrollo de operaciones de control militar de área activo, neutralizaron en combates durante las últimas horas, seis presuntos integrantes de las Bandas Criminales al Servicio del Narcotráfico, Bacrim", dice uno de los apartes del comunicado. La noticia sobre esa acción permanece hasta hoy como un "exitoso operativo militar".
Sin embargo, desde el momento mismo de esos hechos fue evidente para el juez Cortés, que realizó la inspección en el lugar de los supuestos combates, que se podía tratar de un ’falso positivo’. Entre los muertos había menores de edad, y saltaban a la vista graves irregularidades. Los cuerpos de casi todos los muertos estaban en posiciones anormales para hombres que supuestamente habían estado en combates. La ropa que tenían muchos de los muertos les quedaba grande. La mayoría estaban con botas nuevas. Algunos tenían granadas colgadas en los pantalones, algo realmente peligroso ya que por la forma en la que supuestamente las llevaban estas podrían estallar en cualquier momento. Uno de los menores de edad incluso tenía puestas las botas al revés.
Los cuerpos aparecieron en un campo abierto sobre una carretera. No es un lugar habitual para el tránsito de guerrilleros fuertemente armados y menos para un combate. Algunos de los cuerpos de los menores presentaron impactos de bala a muy corta distancia, y la prueba forense para determinar si alguno de ellos había disparado y tenía rastros de pólvora resultó negativa. Las fotografías, las primeras que se conocen de un caso de estos, son bastante contundentes y contradicen la versión oficial del combate.
La Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía, que investiga el caso, aún no ha podido identificar a las seis personas muertas. En parte, según explicó la Fiscalía a SEMANA, debido a que varios eran menores de edad y por eso no se ha podido judicializar a ninguna persona por los hechos.

’Falsos Positivos’ a la Carta
Dos meses después, el 10 de junio de 2008, ocurrió otro hecho que gracias a las investigaciones del juez penal Cortés se ha develado que puede ser otro ’falso positivo’. SEMANA conoció una conversación grabada que da cuenta de cómo algunos militares de la brigada 17 planeaban estos crímenes.
En una de estas conversaciones, el capitán Duván Hernández, del batallón Voltígeros de la brigada 17, llama a su superior, un coronel, quien lo primero que le pregunta es: "¿Cuántos muertos van?". El capitán le responde que hasta ahora va uno "con todo" y le dice a su superior que hubo combates. El coronel le enfatiza que hay que decir que son miembros de las Farc. Tras esa comunicación, el capitán comenzó a hacer llamadas desesperadas a distintas personas, presumiblemente paramilitares de la región. En una de las comunicaciones el oficial llama a un paramilitar para contarle que tiene una baja pero que hay un "inconveniente" y es que el muerto está desarmado y necesita plantarle un arma.
El paramilitar le ofrece una pistola, y el oficial le pide un fusil. Tras varias llamadas, el hombre le consigue al oficial un arma para que la ponga al lado del muerto. Funcionó. Al día siguiente de las llamadas, el Ejército expidió un comunicado con los resultados operacionales de la Séptima División, en el que afirmaba que: "La ofensiva castrense dejó como resultado la muerte en combate de un guerrillero de la quinta cuadrilla de las Farc, en hechos ocurridos en la vereda Remigio del municipio de Chigorodó, Antioquia, cuando tropas del Batallón ’Voltígeros’ realizaban operaciones de registro y control de área; en la acción militar fue decomisado un fusil y una granada".
Entre agosto de 2008 y abril de 2009 se registraron en total 17 casos sospechosos de ser ’falsos positivos’ por parte de miembros de la brigada 17. Durante ese período el comandante de esa brigada era el brigadier general Jorge Rodríguez, que tan solo estuvo al frente de esa unidad nueve meses, y luego fue trasladado al cargo de jefe de Derechos Humanos del Ejército.
Los anteriores episodios son tan solo tres muestras de casos de ’falsos positivos’ que el país no conocía.
Cuando se descubrió la macabra práctica y el entonces ministro de Defensa, Juan Manuel Santos, empezó a tomar correctivos, muchos jueces penales encontraron un respaldo y empezaron a trasladar a la justicia ordinaria centenares de casos sobre ejecuciones extrajudiciales. La Fiscalía inició las investigaciones.
Así, a lo largo de más de un año, casos como los de Soacha y Ocaña, en Norte de Santander, que son los más conocidos por la opinión pública, comenzaron a avanzar. La directora de la justicia penal militar, Luz Marina Gil, valientemente lideró el proceso de las investigaciones por ’falsos positivos’. Ella renunció a mediados del año pasado. "Fue como frenar en seco y volver al pasado. Las amenazas y presiones para no trasladar los casos a la justicia ordinaria empezaron a aumentar. Las directivas que se habían trazado para enviar los casos a la (justicia) ordinaria en 2008 prácticamente se reversaron. La situación se volvió insostenible, no solo por las amenazas, sino porque aquellos que insistíamos en dar traslados de los casos, en el mejor de los casos, sencillamente los declaraban insubsistentes sin ninguna razón, y los botaron por la puerta de atrás. Esos casos quedaron en nada", dijo a SEMANA una fuente conocedora del tema, quien pidió mantener su nombre en el anonimato.
Esta posición, sin embargo, contrasta con la versión de la actual dirección de justicia penal militar del Ministerio de Defensa. Hay un incremento sustancial en el presupuesto, que demuestra el compromiso de proveerles herramientas a los jueces para sus investigaciones. Dicen que hay un seguimiento extremadamente cuidadoso de los casos sensibles de derechos humanos y que no ha habido un despido injustificado y masivo de jueces.
Es preocupante que casos tan perturbadores como lo que ocurrió en Urabá en estos años sigan en la impunidad.
Fuentes del Ministerio de Defensa le dijeron a SEMANA que el problema no es la justicia penal militar sino de la falta de resultados de la Fiscalía. Este tire y afloje entre las dos justicias pone a tambalear los avances del Ejército en materia de derechos humanos y legitimidad, ingrediente indispensable para proteger efectivamente a la población civil y desvertebrar a la guerrilla.

19 de julio de 2010
17 de julio de 2010
©semana 
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complot contra la corte suprema


Testigo asegura que existe complot contra Corte Suprema por investigar la parapolítica.
Colombia. En el juicio contra Carlos García, un testigo aseguró que congresistas del Tolima investigados por sus nexos con paramilitares presuntamente intentaron comprar testigos para desprestigiar a la Corte Suprema y obstruir investigaciones contra ellos.
Ante la Corte Suprema de Justicia, Hernando Díaz Carvajal, testigo citado en el juicio que se adelanta contra el ex congresista Carlos García, reveló la existencia de una supuesta estrategia de desprestigio de varios políticos del Tolima que intentaron comprar testigos para que declararan en contra de los magistrados de la sala penal de la Corte Suprema.
Según el testigo, los ex congresistas Luís Humberto Gómez Gallo y Javier Ramiro Devia presuntamente serían los autores del complot que buscaba poner en duda la credibilidad de los magistrados y de las investigaciones que adelantaban por ‘parapolítica’.
Díaz Carvajal explicó que supuestamente en su momento le ofrecieron 15 millones de pesos para que dijera que los investigadores de la Corte lo estaban manipulando como testigo a cambio de grandes sumas de dinero.
De hecho, Díaz aseguró que fue objeto de amenazas puesto que se negó a recibir dinero a cambio de  estos testimonios.
Respecto al caso del ex congresista Carlos García, el testigo aseguró no tener conocimiento de la participación de García en este complot, aunque reconoció que en el departamento de Tolima era de conocimiento público que se estaban comprando testigos para desprestigiar a la Corte.
Incluso, Díaz reconoció la existencia de un documento al cual no tuvo acceso y que se iba a presentar ante un notario con todas las declaraciones falsas en contra de los magistrados.
El testigo aseguró que ya había presentado una denuncia formal por este caso y que estaba dispuesto a someterse a la prueba del polígrafo para demostrar la veracidad de su testimonio. Díaz expresó su preocupación por los posibles riesgos que este testimonio implique para su seguridad.

El Caso contra García Orjuela
García, quien fue presidente del partido de la U y ex presidente del Congreso, renunció a su cargo a principio de 2009 para ser investigado por el ente acusador.
De acuerdo con declaraciones rendidas por varios paramilitares recluidos en la cárcel de Picaleña, en Ibagué, el congresista se reunió con miembros del bloque Tolima, con quienes al parecer hizo alianzas políticas para las elecciones del 2002. En esos comicios, García Orjuela logró 30.662 votos.
A principio de 2009, en entrevista para NoticiasUno, el ex paramilitar Ricardo Soria Ortiz, principal testigo de la Corte Suprema en contra de García Orjuela, aclaró algunos interrogantes que existían frente a su testimonio.
Desde la cárcel de Picaleña, el ex paramilitar del Bloque Tolima, afirmó haber sido testigo del encuentro entre un vocero de Carlos Castaño y el ex senador García. De igual forma, reveló algunos detalles sobre las relaciones de su grupo con el ex congresista Jaime Yépez, investigado también por parapolítica.
El ex paramilitar ratificó sus señalamientos en contra de García Orjuela, negando que lo hayan extorsionado o le hayan pagado, razones por las cuales la Procuraduría estaba cuestionando su testimonio. De acuerdo con NoticiasUno, el paramilitar aseguró: "Eso es mentiras, él sabe que se reunió con las Autodefensas Unidas de Colombia, que él quiera tapar eso es otra cosa´
Soria Ortiz, ex financista del Bloque Tolima, aseguró que la reunión en la cual escoltaba al ex jefe de ese bloque, conocido con el alias de ‘Elias’, se produjo en la vereda La Chamba del municipio del Guamo, y en ella había un enviado de Carlos Castaño conocido con el alias de ‘Político’. "Él sabe que se reunió con el comandante Elías y Político irá a contar la verdad, mientras no haya amenazas, él va a contar la verdad..." afirmó Soria Ortiz.
La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia había dictado medida de aseguramiento contra el senador por el delito de concierto para delinquir agravado y fue capturado en Santa Marta el 25 de julio de 2008.
El ex congresista actualmente se encuentra detenido.

17 de julio de 2010
15 de julio de 2010
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©verdad abierta
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semana de la verdad en meta


La violencia que no quieren volver a vivir en Meta. El principal clamor de las víctimas reunidas en Villavicencio que participaron en la Semana de la Verdad que se desarrolla en Meta, promovida por VerdadAbierta.com y PNUD, fue que la violencia no se vuelva a ensañar contra los civiles inocentes.
Colombia. Veinte víctimas de la violencia, que participaron del proyecto Narrativas de la Violencia que coordina la Defensoría, se reunieron en el marco de la Semana de la Verdad del Meta. A través de un taller las víctimas analizaron sus perspectivas acerca del papel de la verdad en la construcción de la paz y la superación del conflicto. Luego expusieron y contaron sus relatos en la plaza principal de Villavicencio.
Con una galería de la memoria de las víctimas de la violencia y un concierto del artista Cesar López continuo la Semana por la Verdad en Villavicencio. Las actividades contaron con el apoyo de la Defensoría del Pueblo, la Mesa Humanitaria del Meta y la Asociación de Periodistas del Meta.
Esta actividad se vio complementada con el lanzamiento de la publicación ‘Trochas de la memoria’, un informe sobre la situación de derechos humanos en esta región del país, coordinada por el Banco de Datos del Cinep, y por el concierto del artista César López y su recital ‘Toda bala es perdida’.
Mientras esto acontecía, en las horas de la mañana la Fiscalía General de la Nación hizo entrega de 16 restos óseos de igual número de víctimas de la violencia, hallados en fosas del departamento.
La entrega fue coordinada por el fiscal Nivaldo Javier Jimenez Illera, coordinador de la Subunidad de Apoyo en estas materias.
Los cuerpos entregados a los familiares fueron los de Blanca Nieves López Carrillo, Elmo Edilber Sánchez, Erasmo Betancourt Garzón, Gildardo Antonio Arango, Héctor Hernán López, Elena Patricia Gómez, Ever Antonio Castañeda, Hernán Jesús Cárdenas, Isabel Aguirre Ruiz, Jhon Javier Betancur, José Leonel Rodríguez, José Zenón Tapias, Luis Felipe Arias, Luis Hernando Carrillo, Tito Sandoval, Jeyder Alirio Gallego
Por los familiares de las víctimas habló Ana Rosa Martínez, quien le recordó al Presidente Uribe lo injusto que le parece el trato que le dan a los desmovilizados: "Presidente, por favor no se olvide de nosotros, deje de darles ayuda a esa gente que nos han causado tanto dolor, acuérdese de nosotros. Esas personas que nos han causado tanto dolor tienen mejores ayudas, mejores oportunidades y nosotros estamos olvidados. Tienen mejores beneficios los victimarios que nosotros las víctimas", acotó.

Foro Caminando hacia la Verdad
Este viernes tendrá lugar en la sede de la Casa de la Cultura de Villavicencio el foro clausura de esta Semana por la Verdad. En él se debatirá el tema de los movimientos sociales y la resistencia a la violencia, así como la problemática de tierras en el departamento del Meta.

17 de julio de 2010
16 de julio de 2010
©verdad abierta 
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congelan bienes de testaferros


Justicia y Paz congela bienes de testaferros de ’Jorge 40’. El Tribunal de Justicia y Paz de Barranquilla ordenó que se congelaran 37 predios de desplazados y que fueron robados por hombres de ’Jorge 40’ en Chivolo, Magdalena. Cientos de campesinos perdieron sus tierras a manos de ’Jorge 40’, hoy la justicia ordenó que esos predios se congelaran.
Colombia. Los predios están ubicados en la vereda El Encanto, corregimiento de Pueblo Nuevo, municipio de Chivolo, Magdalena. Los primeros beneficiarios de un proyecto de reforma agraria que entregó el Incora en la región (1991), fueron desplazados en 1997 o vendieron bajo presión, razón por la cual Incoder les revocó los títulos y en 2003 el instituto realizó una segunda adjudicación de las mismas 37 parcelas a presuntos testaferros de Rodrigo Tovar Pupo alias ‘Jorge 40’.
Según la orden del Tribunal, quienes se encuentren en posesión o propiedad de cualquiera de las 37 parcelas que hacen parte de la antigua finca El Encanto, en jurisdicción del corregimiento de Pueblo Nuevo, municipio de Chivolo, no podrán venderlas, constituir derechos, ni celebrar actos, contratos o negocio jurídico alguno respecto de esos bienes, porque provienen de actividades ilícitas.
Esta decisión fue tomada por Eduardo Porras Galindo, magistrado de Control de Garantías del Tribunal de Justicia y Paz de Barranquilla, quien lo ordenó a petición de la Fiscalía Tercera de esa unidad el pasado 14 de julio.
El poder dispositivo sobre un bien, es el derecho o poder de dominio que una persona tiene sobre un bien de su propiedad, sea mueble o inmueble.
En éste caso, afirma el magistrado, la Fiscalía acreditó con documentos, ubicación por coordenadas y planos, la plena identificación de los bienes, así como alteraciones de los predios, razón por la cual considera viable sacar temporalmente del comercio y del negocio jurídico los 37 predios, sobre los cuales ‘Jorge 40’, tuvo y aún pueda mantener algún poder de dominio sobre los mismos.
La medida del Tribunal se fundamenta en que los presuntos testaferros ejercen dominio material sobre los predios y que esta condición se produjo de un crimen, es decir el origen es ilícito porque los adjudicatarios originales fueron desplazados y obligados a abandonarlos, así como también obligados a vender bajo presión sin contraprestación, por lo cual, considera el magistrado, quienes hoy las poseen estarían usurpando esas tierras.
La finca El Encanto, que había sido de propiedad de la familia Barrios, fue adquirida por el Estado colombiano en 1990, dividida en 37 parcelas y adjudicada por el Incora en el año 1991 a igual número de familias. Seis años después (1997), cuando aparecieron los paramilitares del Bloque Norte comandados por Rodrigo Tovar Pupo, alias ‘Jorge 40’, los primeros parceleros comenzaron a abandonar los predios ante las intimidaciones del grupo armado que los sindicaba de ser colaboradores de la guerrilla. El asesinato de Joaquín Fernández Buelvas, terminó persuadiendo a quienes creían que podían refugiarse en la cabecera municipal o en otras poblaciones vecinas para seguir trabajando su tierra.
El 10 de marzo de 2006, el día en que se desmovilizó ’Jorge 40’ jefe del Bloque Norte de las Autodefensas, cientos de campesinos que se encontraban deambulando desplazados por varios municipios de la Costa Caribe colombiana, pensaron que era el momento para regresar a sus tierras.
Y más cuando en su primera versión libre ante Justicia y Paz, en agosto de 2007, el sanguinario jefe paramilitar les había anunciado a varios campesinos de municipios como Pivijay, Chivolo y San Ángel que asistieron a su audiencia en Barranquilla, que les devolvería las tierras que él y sus hombres les habían quitado. ‘Jorge 40’ también le envió un mensaje a sus hombres y testaferros: "debían devolverle las tierras a los campesinos y si había algún paramilitar en la zona, los campesinos tenían que denunciarlo".
Orlando Yánez, un policía retirado, había sido uno de los que tuvieron que dejar abandonadas sus tierras a finales de la década de los noventa por las amenazas de ‘Jorge 40’. Después de asistir a la versión libre que dio el ex jefe paramilitar, decidió regresar a su parcela en Chivolo. No fueron muchos los que se atrevieron a volver, como cuenta Orlando tres años después, en parte porque muy pocos le creyeron a ‘Jorga 40’ tanta generosidad.
Los pocos campesinos que volvieron se toparon con una realidad que era muy distinta a la prometida. Sus fincas habían sido tecnificadas con sofisticados acueductos para dar de beber a los animales, estaban protegidas con cercas eléctricas y las cuidaban hombres armados. Por supuesto, sus parcelas tenían nuevos propietarios.
Se dieron cuenta de que faltaba mucho para recuperar sus tierras. Allí apenas comenzaba ese nuevo calvario. El 30 de abril de 2009, VerdadAbierta.com publicó la historia de cómo testaferros y hombres de ’Jorge 40’ se apoderaron de miles de hectáreas de tierra en tres municipios del Magdalena, lo que dio origen a una investigación de varias entidades del estado para devolverle sus predios a cientos de campesinos desplazados por el sanguinario jefe paramilitar.
Luis Manuel Villa Mejía, uno de los adjudicatarios desplazados que hoy reclama su predio, declaró a la Fiscalía Tercera de Justicia y Paz, que en 1997 "los hombres de Jorge 40 fueron los que les quitaron las tierras y que todavía algunas están en poder de los amigos del exjefe paramilitar". Sobre el predio que reclama, llamado ‘El Tropelín’, afirma que está en poder de un señor que se llama Andrés Pabón, quien se la compró a Juan Manuel Castro, una persona que el mismo Rodrigo Tovar llevó a Chivolo y después se la vendió a Pabón. Villa abandonó la tierra que el Incora le había adjudicado porque en el año 1997 asesinaron al profesor Roberto Barrios Andrade, un compañero de trabajo.
Otro caso ilustrado por los investigadores de policía judicial de la Fiscalía, que llevó a la Fiscal Tercera Deicy Jaramillo, a pedir a un magistrado de control de garantías que suspendiera el poder dispositivo de quien tuviera en su poder las 37 parcelas, es el de Alfonso Andrade Vargas, quien contó que vivía con su esposa y sus tres hijos en el predio La Unión, en la misma vereda. Dijo que abandonó el predio porque los paramilitares lo obligaron y que en 2002 llegó el señor Juan Carlos Castro Güete, adonde él vivía en situación de desplazamiento, diciéndole que tenía que venderle las mejoras y entregarle los papeles originales de la tierra, es decir la resolución original de adjudicación y le entregó un millón cuatrocientos mil pesos por una finca de 37 hectáreas. El predio de Vargas hoy está en poder de un señor Santodomingo, a quien supuestamente Castro, el amigo de ‘Jorge 40’, habría vendido.
En su versión ante Justicia y Paz, ‘Jorge 40’, manifestó al referirse a las parcelaciones de la finca El Encanto, lo siguiente: "Eso era una finca de una familia Castilla, sino estoy mal, fueron quitados por la subversión y fueron dadas por la subversión a milicianos y campesinos que se ubicaron en esa región cuando entró la confrontación. Ahí en esa zona fue donde más confrontación hubo, porque esa era una región donde guardaban los secuestrados que sacaban tanto de la zona de San Ángel como de la zona de Monterrubio. Allí terminó funcionando después una base de comunicación de las AUC".
Los predios fueron adjudicados en 1991, posteriormente en 2003 y con el argumento esgrimido como causal por el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural, Incoder, de que los primeros adjudicatarios los habían abandonado, revocó esas adjudicaciones iniciales y los readjudicó a otros beneficiarios, y en la actualidad los predios son objeto de reclamación por parte de los primeros adjudicatarios, quienes afirman que abandonaron porque fueron obligados a desplazamiento forzado.
Además de las versiones de las víctimas, una prueba muy importante tenida en cuenta para adoptar la decisión, tiene que ver con unos documentos hallados en la base de San Ángel, donde el Batallón Córdova, descubrió documentos que se refieren a la usurpación de las tierras y el desplazamiento forzado de los ocupantes de las 37 parcelas en Pueblo Nuevo, vereda El Encanto. Entre los documentos encontrados había unos que decían: "Listas de parcelas a legalizar’, o ‘pendientes de legalizar a los muchachos".
En el trabajo de investigación adelantado por los funcionarios de policía judicial, encontraron que algunos de los adjudicatarios iniciales regresaron y están en las parcelas, aunque el título figura a nombre de los segundos beneficiarios, a quienes la fiscalía no pudo localizar. Por otro lado, algunos bienes están en propiedad de terceros no beneficiarios, quienes compraron al segundo grupo de ajdudicatarios o a quienes compraron presionando a los obligados a desplazarse.
Las parcelas congeladas son: Corral Nuevo, El Bajo, La Lucha, la Paz, Palermo, Párate Bien, Villa Luz, la Divisa, Nueva Zelandia, Punto Nuevo, Vayan Viendo, Vida Nueva, Buenos Aires, El Petate, Dios Verá, Playón Redondo, Monte Bello, Ya lo Verá, Montebello, El Ejemplo, Tropelín, La Unión, Las Angustias, Cambio de Vida, Santa Fe, Lucitania, Nueva Idea, Los Mellos, Revolcón, Tamacá, La Florida, La Envidia, Nuevo Horizonte, Flor de la Belleza, las Mercedes y Las Vegas.
En 19 años los predios fueron adjudicados (1991), los adjudicatarios desplazados (1997), revocada la adjudicación por abandono según Incoder y desplazamiento forzado de acuerdo con lo probado por la fiscalía con base en documentos públicos y testimonios de las víctimas (2003), readjudicadas en el mismo año a los presuntos testaferros de ‘Jorge 40’, y en el año 2008 comenzó un retorno de los desplazados.
De los 37 predios la Fiscalía ha logrado establecer que ya Incoder revocó la segunda adjudicación de 14 parcelas y deberá registrarse ante instrumentos públicos la decisión que congela el poder dispositivo que tenga cualquiera de los adjudicatarios sobre los mencionados predios, hasta tanto se produzca la sentencia de desplazamiento forzado. Mientras tanto, esos bienes no pueden ser comprados, transferidos, ni celebrarse acto o contrato jurídico alguno porque existe la presunción de que son bienes producto directo o indirecto, de un delito doloso.

17 de julio de 2010
16 de julio de 2010
©verdad abierta


piden condena de rangel sosa


Procuraduría pide que se condene al ex congresista Rangel Sosa por parapolíica.
Colombia. En Audiencia ante la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, la Procuraduría General de la Nación solicitó condenar al ex Representante a la Cámara Miguel Ángel Rangel Sosa, al considerar que el material probatorio permite comprobar su responsabilidad en el delito de concierto para delinquir agravado al promover grupos armados al margen de la ley.
Para el Ministerio Público, el ex congresista "recibió apoyo para su proyecto político de grupos paramilitares y, de acuerdo con los testimonios de testigos, participó en reuniones realizadas en Barranca de Loba y Pueblito Mejía a fin de concretar acuerdos de tipo electoral en el sur de Bolívar".
Para la Procuraduría, "la vinculación como integrante de la Unidad Técnica Legislativa del ex representante Rangel Sosa, de la señora Blanca Lilia Duque Gaviria, hermana de Iván Roberto Duque Gaviria, alias ‘Ernesto Báez’, es prueba del cumplimiento de los acuerdos a que llegaron las autodefensas y el movimiento político liderado por el ex congresista".
Por otro lado, el Ministerio Público considera que "de acuerdo con los testimonios rendidos por testigos que intervinieron durante el proceso, la quema provocada a la sede de la Alcaldía del municipio de Pinillos, Bolívar, con el fin de desaparecer pruebas relacionadas con desvíos de recursos para la época en que Rangel Sosa ejerció como Alcalde, pudieron hacer parte de esos acuerdos con las AUC.
El pasado 21 de enero, en la audiencia preparatoria del juicio, la Corte Suprema decidió negar la solicitud de anulación el proceso que se adelanta contra el ex congresista Rangel Sosa y decidió que era competente para juzgarlo.
El pedido de nulidad, que fue hecho por la defensa de Rangel y por la Procuraduría, argumentaba la falta de competencia de la Corte para juzgar a Rangel puesto que se "trataban de hechos no relacionados con su actividad como congresista", por lo cual debía ser juzgado por la justicia ordinaria.  
Sin embargo, y como quedó registrado en varias de sus decisiones previas, la Corte se declaró órgano "competente" e "idóneo" para procesar a aquellos políticos que ocuparon cargos de elección popular y sobre quienes pesan cargos por llegar a acuerdos políticos con grupos paramilitares.  
En el caso concreto de Rangel sosa, la Corte consideró que es "competente" para juzgarlo en la medida en que las presuntas actuaciones de Rangel con paramilitares no pueden separarse del "servicio que prestó como parlamentario".
La audiencia de Juicio se reanudará el próximo 21 de julio.

16 de julio de 2010
15 de julio de 2010
©verdad abierta


aseguramiento por crimen de abogado


Medida contra ’Don Mario’ por asesinato de un abogado.
Colombia. Un fiscal delegado ante el Tribunal Superior de Villavicencio confirmó, en decisión de segunda instancia, la medida de aseguramiento impuesta a Daniel Rendón Herrera, alias ‘Don Mario’, por su presunta responsabilidad en el homicidio de un abogado defensor de presos políticos.
El 16 de mayo de 2003 en el municipio de Granada (Meta) el litigante José Absalón Achury fue abordado por miembros del Bloque Centauros de las autodefensas, que lo sacaron de un establecimiento público, lo obligaron a subirse a su propio vehículo y lo llevaron a un sector despoblado de Brisas del Iriqué, en la vía que conduce a San Juan de Arama, donde 11 días después fue hallado su cadáver con nueve impactos de bala.
Rendón Herrera fue capturado en abril de 2009, y permanece recluido en la cárcel de máxima seguridad de Cómbita (Boyacá).

16 de julio de 2010
15 de julio de 2010
©verdad abierta 
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