colombia

asesinaron a dos líderes de la up

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Acusan a ex paramilitar del secuestro, tortura y asesinato de líderes de la UP.

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Colombia. Por su presunta responsabilidad en la tortura y posteriores homicidios de dos miembros de la Unión Patriótica, la Fiscalía profirió resolución de acusación en contra de un ex integrante de grupos de autodefensa.
De acuerdo con lo establecido, el 31 de marzo de 2001 en la vereda Canchimay, jurisdicción del municipio de Caparrapí (Cundinamarca), hombres de las Autodefensas Unidas de Cundinamarca amarraron, retuvieron y exhibieron durante ocho horas a José Manuel Mahecha y Rodrigo Romero Montero, a quienes posteriormente asesinaron con disparos de armas de fuego.
Por esos hechos, un fiscal de Derechos Humanos y DIH acusó a Gelber Ávila Mahecha, alias ‘John Cobra’, por los delitos de homicidio agravado, secuestro simple, tortura, concierto para delinquir, y fabricación, y tráfico de armas y municiones de uso privativo de las Fuerzas Armadas.

16 de julio de 2010
15 de julio de 2010
©verdad abierta

uribistas serán juzgados por ddhh

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La corte colombiana procesa por crímenes de lesa humanidad. La Corte Suprema decidió que los políticos que se vieron beneficiados por la masacre de Segovia de 1988 son tan responsables de crímenes imprescriptibles como los paramilitares que dieron la orden de disparar.

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[María Laura Carpineta] Colombia. Los políticos que se aliaron a los paramilitares también son responsables de los crímenes de lesa humanidad que cometieron esos grupos armados. Así lo decidió la Corte Suprema colombiana esta semana, al procesar a nueve ex congresistas por la masacre de Segovia de 1988. Uno de los acusados, el liberal César Pérez García, había sido detenido como autor intelectual, pero la Justicia lo absolvió rápidamente. El martes pasado, doce años después y con los responsables directos de la masacre detenidos en cárceles norteamericanas por narcotráfico, la Corte decidió que los políticos que se vieron beneficiados por esa masacre, o pudieron incidir en ella, son tan responsables como los paramilitares que dieron la orden de disparar. Con ese solo argumento pusieron en jaque a la impunidad política que venían denunciando las organizaciones de derechos humanos. "Ahora empezamos a hablar de penas de 30 a 40 años de cárcel, sin la posibilidad de prisión domiciliaria y, lo más importante, de delitos imprescriptibles", destacó Alirio Uribe, del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo.
La Sala Penal del Supremo ya había condenado a dos parapolíticos (políticos que se aliaron a los paramilitares) por homicidios cometidos por los grupos armados. Sin embargo, hasta ahora la regla era que el tribunal o los jueces ordinarios los condenaban por el delito de concierto para delinquir agravado, una figura que, de declararse culpable, sólo conlleva penas de cuatro o cinco años de reclusión. La mayoría de los condenados consiguió salir con libertad condicional después de dos años y medio, por buena conducta.
Pero ahora, gracias a la nueva posición de la Corte, las reglas cambiaron para todos aquellos políticos que financiaron, apoyaron y hasta participaron de la "guerra" de los paramilitares. "Básicamente, la Corte está diciendo que todos los que tenían alguna posición de poder, aunque sea intermedia, en los aparatos organizados que fueron las Autodefensas Unidas de Colombia, son responsables de las desapariciones, los desplazamientos y las ejecuciones extrajudiciales ante la Justicia", explicó a este diario Iván Cepeda, vocero del Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado y diputado electo.
En 1988, la Unión Patriótica (UP), un nuevo partido de izquierda que incluía comunistas y ex guerrilleros, había conseguido ganar la alcaldía de Segovia, Antioquia –hogar de las mayores reservas de oro del país–, y otras ciudades del noroeste del país. Ese departamento era considerado un bastión del Partido Liberal (un joven Alvaro Uribe había sido elegido por esa fuerza como senador nacional dos años antes) y César Pérez García era considerado el caudillo local. Los primeros grupos paramilitares habían anunciado su alianza con el poderoso político, pero fue recién el 11 de noviembre de 1988 que lo demostraron con hechos.
Varias decenas de hombres armados y encapuchados ocuparon en medio de la oscuridad y el silencio de la noche la plaza central de la ciudad. Su primer objetivo fue la sede de la Alcaldía. Mataron a la alcaldesa y a todos los que la acompañaban y, cuando terminaron, recorrieron a pie el pueblo con una lista y no pararon hasta que fusilaron a todos los que aparecían en ella. Algunos transeúntes que se les cruzaron en el camino sufrieron la misma suerte. En total 43 personas murieron. Nadie fue condenado.
En las siguientes elecciones, en 1992, los liberales recuperaron las alcaldías de esas regiones y seis años después, cuando Uribe ocupaba el sillón de gobernador de Antioquia, el caudillo García Pérez consiguió la presidencia de la Asamblea Legislativa de ese departamento.
Esta semana, la Corte Suprema no procesó solamente a García Pérez, el político que más claramente se benefició de la masacre de Segovia, sino también a ocho ex congresistas de departamentos vecinos que formaron parte de la coalición oficialista durante la presidencia de Uribe, y fueron condenados por apoyar y financiar a los paras: Jorge Castro, Nicolás Maloof, José Gamarra, Luis Eduardo Vives, Alfonso Campo, Salomón Saade, Jorge Caballero y Mauricio Pimiento.
Desde el uribismo, el primero en poner el grito en el cielo por la decisión de la Corte fue el vicepresidente Francisco Santos, otro sospechado de tener vínculos con los paramilitares. "Lesa humanidad son las masacres en Ruanda o los Balcanes. Esto que se hace acá es crear un precedente muy grave para los que sí son delitos de lesa humanidad", cuestionó Santos.
Para Cepeda, la reacción del vice es totalmente comprensible. "El presidente y su entorno tienen miedo porque si la Corte sigue avanzando, puede llegar hasta ellos".

16 de julio de 2010
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ola de ejecuciones en colombia

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Matan a siete miembros del Polo en Colombia. Opositores al gobierno de Uribe y Santos, víctimas de una ola de asesinatos. Tras perder a siete militantes en tres meses, la dirigencia del Polo Democrático Alternativo prepara una denuncia por los hechos ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Amenazas, escuchas ilegales y persecución.

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[Katalina Vásquez Guzmán] Medellín, Colombia. En el Pacífico colombiano está Chocó, una provincia de selvas tropicales, tráfico de armas, pobreza casi absoluta, corrupción, cocaína y guerra. Allí, un hombre por poco único era opositor del gobierno nacional. Inocencio Rengifo era militante del Polo Democrático Alternativo en un pequeño pueblo de afros que en esa zona, la más desamparada y aislada de Colombia, notaba extraña su voz crítica. De un tiro, Inocencio fue asesinado hace dos días en Cantón de San Pablo. Con su muerte se elevó a siete la lista de integrantes del Polo asesinados en los últimos tres meses. Por eso se prendieron las alarmas por los homicidios y, en general, crímenes de todo tipo cometidos contra la oposición: escuchas ilegales, desapariciones, persecución, amenazas. La dirigencia del partido prepara una denuncia por los hechos ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, la Organización de Estados Americanos.
"Sus familiares aseguran que el concejal no había recibido ningún tipo de amenaza", registra la agencia de noticias del Polo. Reprochar los crímenes cometidos durante el gobierno de Alvaro Uribe y el ministro que lo sucederá el 7 de agosto, además de habitar tierras disputadas por paramilitares y guerrilla, les parece a algunos razón de más para vivir en amenaza. El cuerpo sin vida de un opositor derramando sangre a la orilla del río, como se recuerda hoy de Inocencio, es imagen recurrente en la Colombia de hoy, y hace cincuenta años. Sobre todo, casos como éste recuerdan la masacre a la oposición y la izquierda que, como en el exterminio de la Unión Patriótica, UP, es realidad en este país, gobernado desde hace ocho años por la derecha. En los años noventa, unos tres mil integrantes de la UP fueron asesinados sistemáticamente por el Estado. Advirtiendo sobre la seguridad de los opositores de la actualidad, el Polo reunirá un pool de abogados que solicite protección para sus militantes, entre ellos senadores, directivos del partido y concejales en riesgo, como Inocencio.
La presidenta del Polo Democrático Alternativo, Clara López Obregón, aclaró que la documentación que entregarán a la OEA es "una solicitud formal de medidas cautelares para la protección de la vida de los dirigentes y representantes del PDA en los cargos de elección popular". Que no se alargue la lista de asesinados que hasta hoy conforman Ibio Efrén Caicedo, educador; Rogelio Martínez, líder campesino, e Iván de la Rosa, líder cívico que trabajó en la reciente campaña presidencial de Gustavo Petro, cuando finalmente resultó electo presidente el oficialista Juan Manuel Santos, cuestionado por su gestión en el Ministerio de Defensa, mientras el ejército desapareció y asesinó campesinos para disfrazarlos de guerrilleros y obtener beneficios, y mientras la agencia de inteligencia DAS interceptó y persiguió ilegalmente a la oposición, defensores de derechos humanos y jueces.
También Rogelio Tunusco, Francisco Abello, Carlos Wagner e Inocencio Rengifo forman parte de la lista de líderes del Polo víctimas de homicidio desde mayo de este año. Sus quejas contra el gobierno dejaron de escucharse a lo largo y ancho de Colombia. En Antioquia (centro), San Onofre (costa del Caribe), Buga (centrooccidente), Magdalena (norte), Valle (sur) y Chocó (costa pacífica), estos hombres fueron profesores, políticos, líderes comunitarios.
La preocupación de la presidenta del Polo también la llevó a buscar protección en el mismo gobierno colombiano. A finales de mayo, Clara López se reunió con el ministro del Interior, Fabio Valencia Cossio, a quien le pidió una nueva cita "para allegar esta nueva denuncia y realizar el seguimiento al acta de la reunión sostenida en ese mismo despacho sobre medidas de protección al candidato Gustavo Petro y al ex presidente del partido, Carlos Gaviria". Los congresistas Camilo Romero e Iván Cepeda, líder del movimiento de víctimas de crímenes de Estado, están a la espera de la respuesta por su seguridad que se elevaría en los próximos días nacional e internacionalmente. Jaime Caicedo, concejal de Bogotá, y Dairo Rua, dirigente sindical, igualmente aguardan una respuesta.

15 de julio de 2010
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crímenes de los parapolíticos

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Los parapolíticos y los crímenes de lesa humanidad. Cuatro años después del destape de la parapolítica, los procesos dan un vuelco y ocho ex congresistas condenados tendrán ahora que responder por crímenes de lesa humanidad. ¿Cómo llegó la Corte a esta decisión?

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Colombia. Muchos parapolíticos creyeron que purgar  una pena de cinco a nueve años por concierto para delinquir por sus nexos con los paramilitares sería el único crimen por el que tendrían que responder ante la justicia.
Pero la decisión de la Corte Suprema de Justicia de investigar a ocho parapolíticos por crímenes de lesa humanidad abre un nuevo episodio del escándalo de las alianzas entre políticos y las Auc.
La Sala Penal abrió investigación preliminar contra Jorge de Jesús Castro Pacheco, Dieb Nicolás Maloof Cuse, José Gamarra Sierra, Luis Eduardo Vives, Alfonso Campo Escobar, Salomón Saade, Jorge Luis Caballero y Mauricio Pimiento.
Esta no es la primera vez que la Corte Suprema establece que la justicia debe investigar a políticos por crímenes de lesa humanidad (masacres, desplazamientos, robos de tierras, desaparición) que cometieron los paramilitares.
El primer paso en este sentido se dio cuando el ex presidente de la Corte, Augusto Ibáñez sugirió en noviembre pasado "aplicar al proceso de Justicia y Paz un estándar internacional a los crímenes de lesa humanidad y los crímenes de guerra. También hay que adoptar una postura sobre los aparatos de guerra siguiendo estos estándares. La postura además insta el gobierno para que en el concepto sociológico e histórico se convoque una comisión de la verdad" (Ver artículo: Corte Suprema pide creación de Comisión para la Verdad paramilitar).
En la providencia, el concepto de "aparato militar" incluye ex paramilitares pero también a todo aquél que por acción, complicidad u omisión colaboraron con las autodefensas, y en esta categoría también entrarían los políticos, militares, funcionarios y empresarios que colaboraron con grupos armados.
Así la decisión abrió la vía para que los ’parapolíticos’ no sólo sean juzgados por concierto para delinquir sino también por homicidio, desplazamiento, desaparición forzada e incluso narcotráfico, entre otros crímenes.
"Si el aparato de guerra se lucra por el narcotráfico, obviamente, los vinculados a la parapolítica podrían ser juzgados por ese delito", sostuvo en ese momento Ibáñez.
La primera jurisprudencia sobre este tipo de proceso fue la que sentó la condena de Salvador  Arana, ex gobernador de Sucre, a 40 años de cárcel por el asesinato de Edualdo Díaz, ex alcalde de El Roble.
El ex gobernador fue condenado porque se demostró que se alió con paramilitares para asesinar a Díaz, después de que éste denunció en un consejo comunitario, ante el presidente Uribe, que recibió amenazas de ‘paras’. Díaz aseguraba que Arana y los ‘paras’ estaban defraudando el erario en Sucre.
En ese momento la Corte estableció que además del concierto para delinquir, Arana también había sido responsable de los crímenes que cometieron los paramilitares siendo él gobernador.
Nuevamente, en la sentencia contra Álvaro ‘El Gordo’ García, ex Senador, condenado a 40 años de prisión por su participación en la masacre de Macayepo  y del homicidio de una maestra de escuela que era testigo electoral en 1997, así la Corte estableció que el político de Sucre no solo fue responsable del delito de concierto para delinquir.
Por eso no fue extraño que la Corte, en la sentencia contra Álvaro Araújo Castro, ordenara a la Fiscalía que reabriera el caso por el secuestro del político cesarense Víctor Ochoa Daza, cometido por paramilitares al mando de Rodrigo Tovar Pupo alias ‘Jorge 40’ el 13 de enero de 2002. Para el Alto Tribunal el secuestro del Ochoa Daza, Araújo presuntamente logró beneficiarse políticamente.
En la sentencia queda claro que la Corte además de condenar a Araújo por concierto para delinquir, también dijo que el ex congresista "hacía parte de estructura criminal" por lo cual también "debe responder penalmente por el conjunto de crímenes que se le atribuyen a los comandantes o jefes de los bloques, frentes o unidades que hacían parte de la asociación criminal"
Ahora, la última decisión que tomó la Corte de abrir una investigación contra los parapolíticos fue la condena Jorge Castro Pacheco en mayo de 2010 quien está pagando siete años de prisión por sus nexos con Rodrigo Tovar Pupo, alias ‘Jorge 40’.
En esa sentencia la Alta Corte ratifica el hecho de que Castro Pacheco hacía parte de la organización criminal y como tal, abrió espacios para que los ‘paras’ pudieran aplicar su estrategia de tomarse todas las instancias de poder.
Por eso la Corte concluye que Castro Pacheco también debe responder por los crímenes de los ‘paras’ y ordena compulsar copias para que se investigue a  Castro Pacheco junto a Dieb Maloof, José Gamarra, Luis Eduardo Vives, Alfonso Campo Escobar, Salomón Saade, Jorge Luis Caballero y Mauricio Pimiento porque se beneficiaron de pactos políticos con ‘Jorge 40’.

¿Por Qué Crímenes de Lesa Humanidad Pueden Ser Juzgados?
Así cada uno de los políticos investigados va a ser procesado por la Corte Suprema por crímenes de lesa humanidad, que incluyen asesinato, desplazamiento, tortura, secuestro y ataques contra la población civil.
Según el Estatuto de Roma, que Colombia suscribió en 2002, vigente desde el año pasado, son delitos de Lesa Humanidad el asesinato, el exterminio, la deportación o el desplazamiento forzoso, la encarcelación, la tortura, la violación, la prostitución forzada, la persecución por motivos políticos, religiosos, ideológicos, raciales, étnicos, la desaparición forzada, el secuestro o un ataque generalizado o sistemático contra la población civil.
El Bloque Norte de ‘Jorge 40’ estuvo presente en todo la Costa Caribe y es sindicado de haber cometido más de 300 masacres entre 1997 y 2006, ha desplazado a 700 mil personas y tuvo una estrategia para tomarse el poder político y las contrataciones públicas a través de los pactos de Pivijay, de Chivolo entre otros.
Los antecedentes son los casos de los políticos Salvador Arana, ex gobernador de Sucre y de Álvaro ‘El Gordo’ García, ex Senador, que fueron condenados a más de 40 años de prisión por crímenes de lesa humanidad.
En ese sentido Jorge Castro Pacheco, Dieb Maloof, Luis Eduardo Vives, Alfonso Campo, Mauricio Pimiento, Jorge Caballero,  José Gamarra Sierra y Salomón Saade, cuyo casos son por presuntos nexos con ‘Jorge 40’, pueden terminar respondiendo por crímenes cometidos por el Bloque Norte.
Otro caso que también es investigado por la justicia es el del actual diputado de la Asamblea de Antioquia, César Pérez García, quien a pesar de no haber sido condenado ni procesado hasta el momento por concierto para delinquir, es investigado por su presunta participación en la masacre de Segovia.
El pasado 14 de marzo, la Corte Suprema de Justicia asumió el proceso del político antioqueño que busca establecer su responsabilidad o no en la masacre ocurrida el 11 de noviembre de 1988. Esa noche, un grupo de paramilitares asesinó a 43 personas y dejó 45 heridos.

Las Consecuencias
Según explicó el ex Procurador Alfonso Gómez, la decisión de la Corte es de suma importancia porque podría abrir la puerta a una interpretación novedosa de la jurisprudencia. En su criterio, esta relectura establece que quienes se favorecieron con el paramilitarismo o con cualquier otro grupo criminal, no solo son beneficiarios, sino que también pertenecieron a estas organizaciones.
Por tanto, la Corte investigará hasta dónde son también responsables de masacres, desplazamiento forzado, torturas, entre otros delitos reconocidos por los paramilitares.
"(La decisión) abre un debate muy grande. Pero tiene implicaciones muy serias porque la Corte considera que quien haya sido beneficiario de un grupo criminal, llámese paramilitar o guerrilla, se le considera integrante de la organización criminal, y en esa condición responde por todos los actos que haya podido cometer la organización criminal", explicó Gómez a Caracol.
Por su parte León Valencia, de Corporación Nuevo Arcoiris, dijo que "me parece muy acertada la decisión de la Corte porque no tengo la menor duda de que la parapolítica no sólo fue un delito electoral de constreñimiento al elector, sino que para obligar a la población  cometieron desapariciones, torturas y violaciones a los derechos humanos".
El abogado Abelardo de La Espriella, que ha representado a varios parapolíticos, dijo que "hay que esperar para conocer en detalle las imputaciones que le van a hacer a los congresistas, esperar que se decida quién asume los casos, la Corte o Jueces de la República. De todos modos hay que confiar en la Corte y su Sala Penal, es una institución que merece todo el respeto y este proceso deberá debatirse, más que en los medios, en los tribunales".
Además, cómo lo sugirió la primera condena de Justicia y Paz contra Edwar Cobos, alias ‘Diego Vecino’, de junio pasado, los bienes de los parapolíticos también podrían ser destinados para reparar las víctimas de los paramilitares.
Pero tal vez una de las concecuencias más importante de la apertura de investigación de la Corte es, como dijo León Valencia, queel delito de lesa humanidad no prescribe, lo que abre la puerta para condenas varias décadas después de los hechos como en el caso del coronel Alfonso Plazas Vegas, y que además podrán ser juzgados por Cortes Internacionales.

15 de julio de 2010
14 de julio de 2010
©verdad abierta 

juancho dique salpica a javier cáceres

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El ex jefe ‘para’ dijo que presuntamente se reunió con Javier Cáceres, el actual presidente del Congreso, para hacer pactos políticos y garantizar la seguridad en Bolívar de varios aliados del senador de Cambio Radical.

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Colombia. En el juicio contra el ex congresista Miguel Ángel Rangel el ex jefe paramilitar Uber Enrique Banquéz , alias ‘Juancho Dique’, relató ante los magistrados de la Corte Suprema de Justicia los detalles de una presunta reunión que tuvo con el senador Cáceres en Yanguma, un corregimiento al norte de Bolívar.
Según ‘Dique’, que fue uno de los jefes del Bloque Héroes de los Montes de María, el senador de Cambio Radical presuntamente le pidió que respetara la actividad política de varios líderes de la región que estaba respaldando. ‘Dique’ aceptó y como contraprestación le ofreció al senador hacer parte del movimiento político impulsado por los paramilitares que operaban en Bolívar.
El ex jefe paramilitar aseguró que a partir de esa reunión se programaron nuevas reuniones que definirían la presunta adhesión de Cáceres al movimiento, sin embargo, con el inicio del proceso de desmovilización, estos encuentros finalmente nunca se realizaron.  
"Primero discutimos sobre el proceso de negociación de Ralito. Llegamos al acuerdo de respetarle a los líderes y cuadramos otras reuniones. Yo le dije (a Cáceres) te respeto pero a cambio te invito a nuestro proyecto", explicó el ex paramilitar.
Sobre las elecciones a Congreso de 2006, ‘Dique’ aseguró que la elección de Cáceres al Senado fue presuntamente influenciada por los paramilitares puesto que líderes políticos de la región apoyados por las autodefensas terminaron, según él, dando un presunto apoyo a la campaña de Cáceres al Senado.
"Sí unos líderes que tuvieron relaciones con las autodefensas se fueron con Cáceres, en esa votación (la de Cáceres) hubo votos de las autodefensas", señaló ‘Dique’ a los magistrados de la Corte Suprema.
Javier Cáceres empezó su carrera política junto al Partido Liberal en Cartagena. En 1998 llegó por primera vez al Senado, fue reelegido en 2002, cuando fue uno de los fundadores del Polo Demorático y llegó de nuevo al Senado en 2006, con el partido Cambio Radical. En julio de 2009 llegó a la presidencia del Senado.
‘Juancho Dique’ niega nexos con congresista Miguel Ángel Rangel
Sobre Miguel Ángel Rangel, ‘Dique’ negó cualquier tipo de nexo entre el ex congresista y los paramilitares. "No me enteré de vínculos entre Rangel y las autodefensas en Bolívar, no escuché nada ni en el norte ni en el sur del departamento sobre eso" agregó el ex paramilitar.
De igual forma, el ex jefe paramilitar confirmó los vínculos que tuvieron paramilitares que operaron en el norte de Bolívar con otros políticos de la región, entre ellos, los ex congresistas Vicente Blel, William Montes y Alfonso López Cossio, todos condenados por ‘parapolítica’.     
En la misma audiencia declaró el ex congresista Alfonso López Cossio, primer renglón de la lista a la Cámara del Partido Liberal para las elecciones de 2002 y de la cual era segundo renglón Miguel Ángel Rangel. López aseguró que no tuvo conocimiento de nexos entre Rangel y los paramilitares y mucho menos que Rangel haya asistido en 2003 a la reunión de Barranco de Loba (Bolívar) convocada por alias ‘Ernesto Báez’. "De haber asistido a esa reunión, yo hubiera sabido" explicó López Cossio.
Rafael Molano alias ‘Mario Cuellar’, desmovilizado del Bloque Central Bolívar de las AUC que operó en el sur de Bolívar, reveló en la misma audiencia algunos detalles de la reunión de Barranco de Loba celebrada en agosto de 2003. Aunque aceptó la asistencia de un gran número de políticos y líderes de la región convocados por ‘Ernesto Báez’, según él, 1500 personas en total, negó igualmente la asistencia de Miguel Ángel Rangel a dicha reunión.    
Rangel está siendo investigado desde el 18 de enero de 2008 cuando la Sala Penal de la Corte Suprema abrió el caso en su contra por sus presuntos nexos con paramilitares en Bolívar.
Contra el representante ya han testificado algunos de sus colegas del Partido de la U como es el caso de Gabino José Mora Martínez, ex alcalde de Pinillos y Alejandro Escobar Hernández, concejal del mismo municipio.
De acuerdo con declaraciones de Gabino Mora a la Procuraduría, en el momento en que Rangel se desempeñaba como alcalde del municipio de Pinillos (Bolívar), presuntamente le entregó el poder a dos cabecillas paramilitares de la región.  
Otra presunta prueba contra Rangel son los hechos que lo vinculan con el jefe paramilitar Ernesto Báez, puesto que para el periodo 2002-2006 -en el que obtuvo una votación de 35.541 votos-, nombró como asesora política a la hermana de Báez, Blanca Dilia Duque Gaviria.
Miguel Ángel Rangel, de 40 años, ha sido representante a la Cámara por Bolívar durante dos periodos.
Según declaraciones del propio Rangel, en el momento en que fue vinculado a la ‘parapolítica’ a principios de 2008,  manifestó estar tranquilo y desconocer las razones de fondo de la Corte Suprema para acusarlo.

El Pacto de ‘Barranco de Loba’
Durante días, a mediados de agosto de 2003, circuló una versión según la cual el grupo paramilitar Bloque Central Bolívar había convocado a una reunión en el municipio de Barranco de Loba, ubicado en la depresión momposina a orillas del río Magdalena. La reunión fue convocada por el ex jefe paramilitar ‘Ernesto Báez’  a la que asistieron exalcaldes, alcaldes, candidatos a alcaldes, exconcejales, concejales y aspirantes a concejales, así como algunos aspirantes a la Asamblea departamental, delegados de los comandantes de las autodefensas, miembros de movimientos como No al Despeje y Asocipaz. También se asegura que estuvieron presentes senadores, exsenadores y otros políticos de relevancia en Bolívar.
A esa reunión asistieron 800 personas, incluso algunos líderes sostuvieron que para atender a tal cantidad de personas los anfitriones sacrificaron cinco vacas y sancocharon 800 kilos de yuca, que pasaron con jugo de mango. Llegaron gentes de todos los rincones del sur: Morales, Arenal, Cantagallo, San Pablo, Santa Rosa, Regidor, Río Viejo, El Peñón, San Martín de Loba, San Antonio, Altos del Rosario, Hatillo de Loba, Boca de Honda y Magangué.
El propósito de dicha reunión era notificar a los asistentes que los movimientos de autodefensa existía la voluntad de apoyar candidatos únicos a las alcaldías y a la gobernación. Se acordó que entre los asistentes debían elegir a los candidatos, y los que fueran descalificados debían renunciar a sus aspiraciones. Quien desatendiera esta directriz se exponía a una ‘sanción’.
Para lograrlo, se estableció un comité que debía entrevistar por separado a los candidatos y al final realizar un informe con la sugerencia de quién debía ser el candidato.
De acuerdo con la versión de alias ‘Ernesto Báez’, el comité decidió apoyar, después de analizar todos los nombres, a Alfonso López Cossio, ex representante liberal a la Cámara por el grupo de Juan José García Romero y Piedad Zuccardi. Se dijo que inicialmente, habían escogido, presuntamente al exgobernador Libardo Simancas, pero cambiaron y se inclinaron por López Cossio, porque el escogido tenía que pagar un aporte económico al grupo paramilitar.
Posteriormente y a instancias, presuntamente, de Salvatore Mancuso Gómez, alias ‘Triple Cero’ o ‘El Mono’, se realizó ‘El Pacto de Ralito’, en donde por influencia al parecer de la empresaria del chance Enilse López Romero, conocido con el mote de ‘La gata’, se decidió apoyar la elección de Libardo Simancas Torres.
Estos cambios de candidatos, serían los que en su momento podrían explicar el por qué el gobernador de entonces Luis Daniel Vargas y la senadora Piedad Zuccardi se trenzaron en la discusión sobre quién era más clientelista y la necesidad de aplazar o no realizar las elecciones por la presunta influencia paramilitar.  
En esos días una publicación de página entera en el diario cartagenero El Universal, en la que aspirantes a las distintas corporaciones públicas y alcaldías de todo el departamento, manifestaban, según ese aviso, su apoyo al señor Alfonso López Cossio. Al mes siguiente, Mancuso presuntamente presionó para que los líderes de Bolívar, y que asistieron a la reunión de Barranco de Loba, cambiaran de parecer y votaran por Libardo Simancas. Esta versión ha sido confirmada por varios desmovilizados.
Finalmente el ex jefe paramilitar Uber Bánquez, alias ’Juancho Dique’, dijo que en el norte de Bolívar, no se movía una hoja sin autorización del Bloque Héroes de los Montes de María. También dijo que llegaron a la zona en el año 2001 y en el año 2003, cuando ya tenían el control de toda la región, incluida Cartagena, los dieciocho alcaldes de los Montes de María y  del Canal del Dique fueron elegidos gracias al apoyo que le brindó el grupo de las autodefensas del cual él era el jefe militar.

15 de julio de 2010
13 de julio de 2010
©verdad abierta 

amenazan a familiares de falsos positivos

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Así lo asegura María Sanabria, mamá de Stiven Valencia, uno de los jóvenes de Soacha que fue desaparecido, asesinado y luego reportado por el Ejército como muerto en combate. Dice que seguirá buscando verdad y justicia aunque las amenazas continúen.

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Colombia. María Sanabria lleva dos años esperando que se haga justicia. Ella es la mamá de Jaime Stiven Valencia, un joven que el 6 de febrero de 2008 salió de su casa en Soacha (Cundinamarca) a comprar el almuerzo y nunca volvió. Apareció como guerrillero muerto en Ocaña, Norte Santander.
Su hijo pasó de ser un estudiante de sexto bachillerato, al que su familia llamaba de cariño ‘Chivito’, a ser parte de un supuesto combate, de una aparente victoria del Ejército. Él es uno de los mal llamados ‘Falsos positivos’. Y María, de 52 años, una mujer que todos los días llora la muerte de su hijo.
Las historias de las ejecuciones extrajudiciales de jóvenes de este municipio contiguo a Bogotá, cuyas progenitoras son hoy las ‘Madres de Soacha’ -por coincidir en que sus hijos desaparecieron y fueron reportados muertos en falsos combates a cientos de kilómetros de sus casas-, ya cumplieron más dos de años.
La búsqueda de la verdad y la justicia no ha sido fácil. "Ha sido imposible", resalta María. Y es que en el caso de Jaime Stiven, su hijo, no se ha dado la primera audiencia. Todo está en la Fiscalía de Cúcuta. El desánimo reina.
Quedan menos de treinta días para que el presidente Álvaro Uribe deje su mandato y María no cree que esté cerca lo que tanto espera: "que así como alguna vez el Gobierno tildó a nuestros jóvenes de guerrilleros, rectifique y diga la verdad, que fueron inocentes, que intentaron hacer de ellos parte de un resultado y que por eso los mataron. Y claro, que estén tras las rejas los culpables".
Pero no porque vea lejos lo que desde hace dos años anhela o porque haya sido blanco de amenazas se va a quedar quieta. María seguirá buscando justicia. "Las intimidaciones que algunas mamás hemos recibido son precisamente para que nos callemos. Pero eso no va a pasar. No tenemos por qué hacerlo".
Ella se refiere a un panfleto que hace pocos días llegó a la ONG Kayros, representante de la parte civil en el proceso que se adelanta contra los presuntos responsables de los asesinatos de los jóvenes de Soacha, en el que fueron amenazados tres mamás, entre ellas María Sanabria, el director de la Kayros y el personero de Soacha, Fernando Escobar.
Pero este no es el único mensaje intimidante que María dice haber recibido, es sólo el más reciente. Ella cuenta que desde principios de 2009 empezaron a aparecer. "Me han interceptado en la calle, han llamado a mi casa, me han enviado mensajes al celular, me han dejado notas y lo más reciente, el 16 de junio, llegó una amenaza a la ONG que nos representa, en la que mencionaban mi nombre". Las denuncias ya fueron conocidas por las autoridades.
Y aunque María se resiste a salir de Soacha, no niega que siente miedo, y fue por eso que decidió enviar a sus dos hijos menores a vivir lejos. En otro país.
Ella se quedó porque no quiere abandonar su causa, la misma que la motivó, junto a los demás familiares de las víctimas a buscar ayuda internacional. El 24 de mayo presentaron un informe ante la Corte Penal Internacional. "No queremos más impunidad", dice.

Ejecuciones Extrajudiciales en la CPI
Familiares de víctimas de ejecuciones extrajudiciales reclamaron el pasado 24 de mayo ante el fiscal de la Corte Penal Internacional, Luis Moreno Ocampo, que intervenga en la investigación de los hechos en los que perdieron la vida sus allegados, "toda vez que existe incompetencia de la administración de justicia y falta de voluntad política para adelantar las investigaciones pertinentes".
Cabe recordar que el pasado 28 de mayo el profesor Philip Alston, relator especial de las Naciones Unidas para las ejecuciones arbitrarias presentó un informe sobre su visita en junio de 2009 a Colombia. En él se mostró preocupado por "la actual tasa de impunidad en relación con presuntas ejecuciones por parte de las fuerzas de seguridad, que llega hasta el 98,5 por ciento, según fuentes creíbles".
Hasta ahora para cinco de los casos de ejecuciones extrajudiciales de los jóvenes de Soacha no ha existido la primera audiencia. Las familias de Jaime Castillo, Diego Marín, Daniel Martínez, Alexander Arenas y Jaime Stiven Valencia esperan que sea pronto. "Que no se dilate más", dice María Sanabria.

Las Amenazas
El defensor del Pueblo, Vólmar Pérez Ortiz, expresó su rechazo a las amenazas que aseguran haber recibido algunas madres de Soacha e hizo un llamado a las autoridades para que se implementen medidas urgentes de protección para estas personas. Así mismo, solicitó a los cuerpos de investigación del Estado adelantar el proceso para establecer el origen de las reiteradas amenazas de las que han sido víctimas las madres de Soacha.
Por su parte, la Personería de Soacha calificó como grave estas nuevas amenazas y pidió inmediata protección para los familiares de las víctimas. El personero, Fernando Escobar, señaló que a su oficina han llegado siete, cuatro de éstas señalándolo directamente a él.
"Todas las intimidaciones que hemos conocido en torno a este caso (‘falsos positivos’), las hemos puesto en conocimiento de las autoridades".

15 de julio de 2010
14 de julio de 2010
©semana 

confesaron asesinato de concejal

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Ex paramilitares del FOI aceptaron desaparición y muerte de concejal.

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Colombia. Durante la quinta jornada de verdad, justicia y reparación, adelantada por la Fiscal 47 adscrita al despacho segundo de Justicia y Paz, fueron conocidos 25 casos atribuidos al Frente Omar Isaza (FOI), de las Autodefensas campesinas del Magdalena Medio en Fresno, Tolima. Del total fueron admitidos 13 homicidios, ocho desapariciones, tres desplazamientos forzados, un hurto, una amenaza a profesores de la zona, un acto de constreñimiento y un caso fue diferido.
Entre tanto, cinco homicidios no fueron aceptados y un hurto no fue asumido por los ex jefes ‘paras’ del FOI en Fresno, Norte de Tolima.

La Desaparición y Muerte de un Concejal
El ex jefe paramilitar del Frente Omar Isaza en el Fresno, Evelio de Jesús Aguirre Hoyos, alias ‘Elkin’ o Tajada’, asumió la desaparición y posterior muerte del concejal de Casabianca José Guillermo García Jaramillo, quien se posesionaba como Presidente del cabildo el día que fue asesinado.
Junto al cabildante perdió la vida su hermano Gonzalo García Jaramillo, al parecer, según el relato de los postulados de Justicia y Paz, "porque pertenecían a la guerrilla".
De acuerdo con la versión entregada por las autoridades en la audiencia, el 31 de enero de 2002 los hermanos García Jaramillo fueron hasta Fresno a cambiar un vehículo por una finca en el sector.
"Diego Valencia, quien residía en la vereda Zulia de Casabianca, convenció a José Guillermo García para que fuera hasta Fresno e hiciera el negocio con un señor de nombre Gustavo Castaño".
"Los hoy occisos viajaron hasta la zona para buscar a Gustavo Castaño, pero les indicaron que él había viajado para Bogotá. Por tal motivo se quedaron en el municipio de Fresno y al otro día madrugaron a viajar porque el edil se posesionaba como Presidente del Concejo de Casabianca".
"Al otro día, primero de febrero de 2002, el vehículo en el que se movilizaban fue detenido por un grupo de hombres fuertemente armados que se identificaron como miembros del FOI y bajaron a los hermanos García Jaramillo. Después no se supo nada de ellos", fue el relato entregado por las víctimas indirectas a las autoridades.
Posteriormente, hacia el año 2007 se habló de una fosa común donde se encontraban los cuerpos, pero no se había confirmado nada hasta que Pedro Pablo Hernández, alias ‘Pedro Pum Pum, ‘cantó’ ayer la verdad de los hechos.
"Estuve presente en la muerte de esas dos personas porque ese día subí hasta la finca La Perla a llevar el mercado de la semana. Me dí cuenta que los habían matado de un tiro en la cabeza porque al parecer hacían parte de la guerrilla; yo simplemente ayudé a tapar la fosa".
Pero la información de la presunta colaboración de los hermanos García Jaramillo al frente Bolcheviques del ELN se dio porque "varias personas de la vereda Zulia en Casabianca nos informaron que eran colaboradores", sostuvo alias ‘Elkin’ o ‘Tajada’.
"Le manifesté al comandante ‘Memo’ y él me dio la orden de que los diera de baja (...) Durante dos meses estuvimos investigando si eran colaboradores de la guerrilla (...). Igual, sin necesidad de torturarlos, nos dieron información de la guerrilla en esa zona", indicó alias ‘Elkin’ o ‘Tajada’.
Pero lo aberrante del hecho lo manifestó el abogado defensor de los ex paramilitares, Camilo Güisa, quien expresó que en una información que recibió hace dos meses le manifestaron que "cuando alias ‘Memo’ se entera de que estas fosas las estaba entregando alias ‘Pedro Pum Pum’ le da la orden a ‘Caparrapo’ para que los exhumara y lanzara al río Gualí".
Por tal motivo, alias ‘Pedro Pum Pum’ indicó a la Fiscal que "cuando fueron a realizar la exhumación de la fosa común en la finca La Perla sólo encontraron las manos de los cadáveres".
Ante este hecho asumieron por línea de mando Wálter Ochoa Guisao, alias ‘el Gurre’ y Evelio de Jesús Aguirre, alias ‘Elkin’ o ‘Tajada’. Entre tanto, alias ‘Pedro Pum Pum’ también asumió responsabilidad en el hecho, toda vez que ayudó a tapar la fosa.
Según ‘Pedro Pum Pum’, en el doble homicidio participaron alias ‘Elkin o ‘Tajada’, ‘Chalo’, ‘Martín’, ‘Caparrapo’ (Wilson Calderón) y él.

El Dinero
Durante el mismo hecho, en las versiones entregadas por las víctimas indirectas a las autoridades, indicaron que "por los cuerpos de ellos exigieron 10 millones de pesos".
Pero ante esas aseveraciones, alias ‘Tajada’ señaló en la versión libre que "una señora habló conmigo en el negocio La Orquídea y me dijo que le manifestara dónde estaba el cuerpo del Concejal para cobrar un seguro, pero le dije que no sabía nada de él".

"Plomo" Al Que Se Le Atravesara
Otro de los hechos fuertes fue el manifestado por alias ‘Elkin’ o Tajada’ sobre algunos de los crímenes ejecutados por Alejandrino Góngora, alias ‘Rambo’, quien "cuando tomaba trago asesinaba a cualquier caminante que encontrara en la vía Fresno – Mariquita".
El caso atribuido al FOI fue el ocurrido en 12 de agosto de 2001 cuando fue asesinado un caminante en la vereda Palenque de cuatro disparos con arma de fuego en el rostro.
"Me enteré de este caso porque alias ‘Rambo’ siempre cuando subía a Fresno y se embriagaba mataba a quien se encontrara en la carretera. Por estos hechos el comandante ‘Memo’ lo mandó a dar de baja, porque se metía a zonas de otros comandantes y mataba gente", refirió alias ‘Elkin’ o ‘Tajada’.
De igual forma, alias ‘el Gurre’ indicó que "en el tiempo que alias ‘Rambo’ estuvo en la zona ocurrieron varios hechos como la masacre de Frías y de La Parroquia, donde borracho cometía crímenes a motu proprio (voluntariamente). Por eso le dieron la muerte a ‘Rambo’".
Por este hecho no asumió la responsabilidad alias ‘Elkin’ o ‘Tajada’, mientras que ‘el Gurre’ asumió por línea de mando y por ser un crimen cometido por el FOI.

Faltaron por Desmovilizarse
En uno de los casos ocurridos el 02 de febrero de 2002, donde el cuerpo de un N.N. masculino fue hallado en la vía pública, en la vereda Palenque, alias ‘Elkin’ o ‘Tajada’ admitió el hecho porque al perecer fueron las AUC, aunque "no eran políticas asesinar indigentes".
Pero alias ‘el Gurre’ comentó que "algunos hechos fueron cometidos por voluntad de los paramilitares que más adelante en sus versiones aceptarán, pero quedarán otros sin conocerse porque de los 450 hombres que hacían parte del FOI sólo se desmovilizaron 139, ya que algunos no creían en la ley de Justicia y Paz".

15 de julio de 2010
13 de julio de 2010
©el nuevo día
©verdad abierta

ordenan captura de dos coroneles

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Participaron en masacres de Trujillo (Valle).

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Colombia. El Fiscal 26 delegado ante el Tribunal Superior de Bogotá ordenó ayer la captura de los coroneles retirados del Ejército, Wilfredo Ruiz Silva y Hernán Contreras Peña, por su presunta responsabilidad en las masacres ocurridas entre 1986 y 1994 en Trujillo, Valle, donde perdieron la vida más de 200 personas.
Esta medida revoca otra tomada por la Fiscalía de no dictar medida de aseguramiento en contra de los militares, pertenecientes al Batallón Palacé, con sede en Buga, quienes serán juzgados por homicidio agravado, desaparición forzada agravada y concierto para delinquir.
El hecho que se involucra directamente a los uniformados en retiro se relaciona con la desaparición de 27 civiles, producido tras un arribo de un grupo de militares a este municipio a causa de una alteración del orden público, provocada por guerrilleros del ELN.

13 de julio de 2010
©el mundo