Blogia
mQh

colombia

por homicidios acusan a desmovilizado


Acusan a desmovilizado por un triple asesinato en Apartadó. La Fiscalía acusó a un desmovilizado del Frente Arlex Hurtado de la Auc de un triple asesinato en Apartadó, Antioquia.
Colombia. Un fiscal de la Unidad Nacional de Derechos Humanos y DIH profirió resolución de acusación en contra de José Alberto García Fernández, alias ‘Yolanda’, ex cabecilla del ‘Frente Arlex Hurtado’ de las autodefensas, por tres homicidios cometidos en el municipio de Apartadó (Antioquia).
El 1 de octubre de 1996, un grupo armado asesinó a los esposos Sergio Alirio Ocampo Vanegas y Nubia Rosa Ochoa, en el barrio El Salvador de la citada población. Las víctimas fueron baleadas en su propia residencia, de donde los delincuentes hurtaron un televisor, documentos y dinero.
Momentos después, el grupo de autodefensas asesinó al tendero José Uriel Giraldo Ríos, quien era presidente de la junta de acción comunal del barrio.
García Fernández, privado de la libertad, fue acusado por los delitos de homicidio agravado y concierto para delinquir agravado.
Por los mismos hechos se acogió a sentencia anticipada Raúl Emilio Hazbun Mendoza, alias ’Pedro Ponte’ o ’Pedro Bonito’, máximo jefe del mencionado frente paramilitar, quien fue condenado a 17 años y 6 meses de prisión por el delito de homicidio agravado.

13 de julio de 2010
©verdad abierta
rss


mario uribe se reunió con mancuso


Mario Uribe acepta que se reunió con Mancuso pero que no hizo pactos con ’paras’. Admitió que se reunió en una oportunidad con Salvatore Mancuso en compañía de Eleonora Pineda, pero negó cualquier nexos con las Auc.
Colombia. En su primer día de audiencia ante la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia,  el ex senador Mario Uribe Escobar, primo del presidente Álvaro Uribe, negó cualquier tipo de vínculo con grupos paramilitares que delinquieron en el norte del país, dentro del marco del juicio que se le adelanta por el delito de concierto para delinquir agravado.
El ex senador antioqueño aseguró que no hizo ningún tipo de acuerdo ni con paramilitares del Bloque Norte de las AUC ni con la ex congresista Eleonora Pineda, condenada en 2007 por sus vínculos con paramilitares.
Uribe Escobar descalificó los testimonios de ex paramilitares como  alias ‘Pantera’ y ‘Gomelo’, así como el del testigo clave de la parapolítica alias ’Pitirri’, y calificó como "confusas" las declaraciones dadas por Mancuso en las que afirma haberse reunido con Uribe Escobar en más de una oportunidad y de haber firmado pactos con él. "Al proceso han llegado incluso testimonios de personas con las que nunca he tenido que ver" explicó el ex congresista.
Uribe Escobar admitió sin embargo haberse reunido en una ocasión con el ex jefe paramilitar Salvatore Mancuso, a mediados de 2002, con posterioridad a las elecciones de Congreso y meses antes a las elecciones para Presidente. El ex senador señaló que la reunión se dio cerca de Montería y de manera "sorpresiva", por iniciativa de Eleonora Pineda.
Según el ex senador, en esa reunión, de corta duración, el ex jefe paramilitar le manifestó la intención que tenía de "utilizarlo" por sus vínculos familiares como enlace frente al entonces candidato a la presidencia y gran opcionado a ganar. Uribe Escobar dijo que le respondió al ex paramilitar "de manera cortés", pero que rechazó su propuesta. "Discutimos rápidamente… quería convertirme en enlace con el próximo presidente de la República... quería que yo le sirviera de enlace. No acepte ese encargo."
"No pacté nada con Mancuso. Nunca celebré acuerdos de ninguna índole. La reunión fue inesperada… después de oírle su discurso, simplemente respondí de manera cortés que no era posible y que sin embargo en una situación tan difícil la paz era un objetivo plausible. De hecho, Salvatore dice expresamente que nunca hice gestión para ellos ni que él jamás pidió un voto para mí".
Según Uribe Escobar, las acusaciones de Mancuso en su contra son motivadas por su intención de vincular a un gran número de políticos con el paramilitarismo en lo que denominó en algún momento como "el tsunami político". Para el ex congresista, el objetivo de Mancuso con esto era provocar un quiebre en la política que permitiera un "beneficio jurídico para todos los involucrados".
"Jamás tuve relación alguna con Salvatore Mancuso, con las autodefensas, con Carlos Castaño o con sus autodefensas, en general, no tuve relaciones ni pactos con las autodefensas. No les debo un voto ni una ayuda, tampoco hice ninguna gestión por ellos. Fui el ponente de la Ley 975. Jamás me reuní con paramilitares ni con sus enviados, no acepte comunicaciones… no conozco Santa Fe de Ralito ni hice parte de las expediciones de acercamiento con los paramilitares. Nada les debo ni ellos nada me deben" aclaró Uribe.
El ex senador también señaló que como parte de las contradicciones de los testimonios de los paramilitares se menciona una reunión que tuvo con Carlos Castaño en 2000. En esa oportunidad, explicó el ex congresista, se reunió en Santa Rosa (Sur de Bolívar) con el ex jefe máximo de las AUC en compañía del Procurador y del Defensor del Pueblo de ese momento, para interceder en la liberación  de ocho congresistas que habían sido secuestrados por los paramilitares. "Fue la puerta de entrada para la liberación de los congresistas".
Respecto a su relación con la ex congresista Eleonora Pineda, Uribe Escobar señaló que sus encuentros se resumieron en dos eventos públicos celebrados antes de las elecciones para Congreso de 2002 en los municipios de Sahagún y Montelíbano. El ex senador negó haber celebrado acuerdo alguno con la ex senadora de Córdoba asegurando que "es imposible pactar con quien no se conoce".
De hecho, en algún momento de la audiencia, Uribe negó haber tenido conocimiento en 2002 de los vínculos de Pineda con los grupos paramilitares. Sin embargo, momentos después, Uribe aceptó que pudo haber "pecado por omisión" al no haber denunciado a Eleonora Pineda y a Mancuso por los indicios que existían de sus vínculos con el paramilitarismo. En palabras del ex senador, el error consistió en no haber entendido el fenómeno paramilitar en ese momento en sus justas dimensiones, tal y como se entiende hoy. "Pude haberme equivocado, la visión de las autodefensas es peor hoy que la que se tenía en ese entonces… fue una omisión y pude haberme equivocado".
Según Mario Uribe, la aceptación de la candidatura de Eleonora Pineda dentro de su partido, Colombia Democrática, fue motivada por la petición pública del ex senador Miguel de la Espriella, pero advirtiendo que nunca tuvo conocimiento "de las relaciones de Eleonora con el paramilitarismo".
El ex senador sostuvo que parte de la votación obtenida en Córdoba durante la campaña de 2002 fue gracias al impulso que le dio la campaña del entonces candidato a la presidencia Álvaro Uribe y de las gestiones que hizo en favor de poblaciones como las de Montelíbano."Nunca tuve una fórmula a la cámara en Córdoba… la gente que votó por mí era libre de elegir al candidato a la Cámara que prefiriera" señaló.
Durante la audiencia, uno de los magistrados hizo lectura de una supuesta conversación entre Salvatore Mancuso y Eleonora Pineda en la que hablaban del apoyo que le había dado a Uribe Escobar en Córdoba durante la campaña de 2002. El ex congresista descalificó esta conversación al reiterar que todo hace parte de la estrategia de Mancuso por vincular a un gran número de políticos con el paramilitarismo.
Para la misma sesión de audiencia, están programados los testimonios del actual presidente de Ecopetrol, Javier Genaro Gutiérrez, del ex director de planeación, Ezequiel Lenis, y el director del Observatorio de Derechos Humanos de la Vicepresidencia, Carlos Franco.
Uribe es congresista desde 1986 como miembro del directorio liberal de Antioquia. Fue miembro de la comisión primera de senado y Cámara, y en la comisión quinta de senado hasta 2006. Fue elegido igualmente senador para el periodo 2006-2010, pero renunció a su curul en octubre de 2007 por la investigación que se adelantó por sus presuntos vínculos con paramilitares. El 24 de febrero de 2010 la Corte Suprema profirió resolución de acusación en contra del ex senador.

Lo Que Tiene a Mario Uribe tras las Rejas
El político fue capturado en Medellín por agentes del CTI después de que la Corte Suprema de Justicia librara una nueva orden de captura en febrero de este año.
El proceso de Mario Uribe Escobar había vuelto al terreno de la Corte Suprema, luego de que el Fiscal General encargado lo hubiera dejado libre el 19 de agosto de 2009 pero vinculado al proceso por sus presuntos nexos con paramilitares.
Ahora la Corte considera, en su acusación, que Uribe y los paramilitares se aliaron para lograr el poder político en lo que llamaron "estados liberados".
"Nunca satisfechos y en procura de lograr una representación política que compartiera sus idearios de "Nación", desde aproximadamente el año 2001 diseñaron un plan de expansión que les permitiera obtener una representación nacional a través de aliados que o bien llegarían por primera vez al Congreso, o estándolo, coadyuvarían a la afirmación de sus propósitos. En ese sentido, diseñaron una propuesta convencional que entre otros lideraron Miguel de la Espriella y Eleonora Pineda, el uno un curtido político del Departamento de Córdoba y la otra concejal de un pueblo apartado de la Región del San Jorge con aspiración de convertirse a nivel nacional en la representante de las autodefensas", dice la Corte en su comunicado anunciando la decisión.
Para la Sala, "la alusión a la manera como operó el aparato paramilitar en sus orígenes, permite explicar mediante una visión de conjunto, la razón de ser de la gravedad del injusto que se atribuye al doctor Uribe Escobar, al pactar con Salvatore Mancuso, líder de esas fuerzas ilegales, la promoción de grupos armados al margen de la ley que inicialmente fueron concebidos como un medio de presión sobre pueblos enteros, pero que luego pretendieron asumir la condición de "actores" políticos, con el respaldo y auspicio de quienes ostentaban la condición de representantes del Estado".
La acusación de la Corte se centra en los resultados atípicos que tuvo Mario Uribe en Sahagún, Montelíbano, Planeta Rica y Chinú. El análisis de las votaciones de 1998, 2002 y 2006 deja la pregunta de "cómo puede alguien (refiriéndose a Mario Uribe), quien quiera que sea, que no es de la región y que tiene una vinculación de otra especie más que política, obtener unos niveles de votación como nunca los había tenido y luego volver a sus cauces normales sin mayor explicación".
En Montelíbano, Uribe obtuvo en 1998 sólo ocho votos. En 2002 sacó 4.087 votos y en 2006, con 13 votos, volvió a sus niveles normales. O sea que en las elecciones de 2002 aumentó su caudal electoral 510 veces. Este comportamiento "atípico" se reproduce en los otros municipios, que para la época tenían una fuerte presencia paramilitar, con aumentos de votaciones entre 42 por ciento y 1200 por ciento.
Aunque Mario Uribe explica el aumento de sus votaciones gracias a alianzas con políticos locales como Otto Bula y Mariano Cura Demoya, la Corte no se explica cómo en las elecciones parlamentarias de 2006 tales resultados no se reprodujeron.
La duda de la Corte sobre los resultados atípicos se refuerza con los testimonios de varios dirigentes locales del movimiento Colombia Democrática, partido de Mario Uribe, que dijeron que no conocen a Mariano Cura Demoya y que nunca lo vieron haciendo proselitismo en la región.
Uribe además tenía que saber que aliándose con Eleonora Pineda en la región de San Jorge se estaba juntado con alguien que tenía notorios nexos con Salvatore Mancuso. Según la Corte "no es improbable que Eleonora Pineda haya celebrado un compromiso electoral con Mario Uribe y que el mismo (compromiso) lo haya avalado Salvatore Mancuso".
En versión libre de Salvatore Mancuso dice que es imposible que Mario Uribe no supiera qué tipo de relación existía entre él y Eleonora Pineda. El ex jefe de las Auc dice que "si yo le mando (a Mario Uribe) una razón con Eleonora, me imagino que él le habrá preguntado, Eleonora qué tipo de relaciones tienes tú con el Comandante Mancuso o por qué me está citando".
La Corte añade que Eleonora Pineda, como aliada de los ‘paras’, también tuvo resultados extraños en los municipios donde Mario Uribe aumentó de forma atípica su caudal electoral, lo que permite demostrar un acuerdo entre Mancuso y los dos políticos.
En conclusión la Corte dice que "es altamente probable que Mario Uribe Escobar se hubiese reunido con Salvatore Mancuso no para hablar exclusivamente del proceso de paz, sino para delinear un apoyo en una zona especialmente conflictiva".
La Corte sin embargo desvirtuó los testimonios de varios ex ‘paras’ que vinculan a Mario Uribe con el robo de tierras en Sahagún y Caucasia en 1998, con la complicidad en el asesinato de un campesino en su finca La Palmira en Hispania, Antioquia y con la colaboración del Bloque Élmer Cárdenas para presionar los votantes del Urabá antioqueño para favorecer a Mario Uribe.

El Proceso contra Mario Uribe Escobar
Desde mediados de la década del noventa, el ex senador Mario Uribe Escobar habría estado a la sombra del paramilitarismo: lo han dicho ex integrantes de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc) ante la justicia y lo confirman los casos de cinco congresistas de su movimiento político que hoy están vinculados a investigaciones por parapolítica, uno de cuales fue condenado recientemente a 40 años de cárcel.
No ha sido fácil para este abogado de la Universidad de Antioquia, primo del Presidente de la República, Álvaro Uribe Vélez, fundador del partido Colombia Democrática y uno de los políticos antioqueños más reconocidos en los últimos 30 años, librarse de esos señalamientos que hoy lo llevan de nuevo a la cárcel para que responda por el delito de concierto para delinquir agravado.
La investigación en su contra comenzó el 26 de septiembre de 2007, cuando la Corte Suprema de Justicia lo llamó a indagatoria. En este alto tribunal valoraron los testimonios aportados por varios ex paramilitares, quienes lo señalaron de haber usado sus relaciones con la Auc para comprar tierras baratas en Córdoba y de hacer acuerdos políticos para alcanzar una curul en el Senado de la República en las elecciones del 2002.
El proceso arrancó en noviembre de 2006, cuando la Corte Suprema de Justicia escuchó los testimonios del ex paramilitar Jairo Castillo Peralta, alias ‘Pitirri’, quien declaró desde Quebec, Canadá, donde se encuentra exiliado, que Uribe Escobar se reunió dos veces con varios paramilitares, la primera vez a finales de 1998 en Sahagún, Córdoba, y al año siguiente en Caucasia, Antioquia. Según este testigo, en esas reuniones se discutió la compra de tierras a bajo precio para tener el control en esas regiones.
Si bien Uribe Escobar rebatió esos señalamientos alegando que no tenía tierras a su nombre en esas regiones del país, su situación se complicaría el 15 de mayo de 2007 cuando compareció en Medellín ante fiscales de la Unidad de Justicia y Paz el ex comandante de las Auc Salvatore Mancuso.
El ex jefe paramilitar declaró que el entonces candidato al Senado lo buscó para que le ayudara a conseguir votos en zonas de influencia de las Auc en Córdoba y Sucre, donde Mancuso era ampliamente conocido. De acuerdo con este ex comandante, en dos encuentros estuvo la ex Representante a la Cámara Eleonora Pineda, quien fue condenada por sus nexos con el paramilitarismo.
La versión fue corroborada el 23 de agosto de ese año por Mancuso ante funcionarios de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia. Allí explicó que le había pedido a Eleonora Pineda que le presentara a Mario Uribe, con quien la congresista había hecho una coalición política. Según dijo, ese encuentro tenía como punto central hablar "del tema del apoyo político a nuestras aspiraciones de lanzar un proceso de negociación".
En esa ocasión Mancuso explicó que la reunión duró entre 45 minutos y una hora, pero admitió que era la primera vez que se reunía con él y que no recordaba si ese encuentro fue antes o después de marzo de 2002, fecha de las elecciones de ese año. Luego hizo referencia a una segunda reunión, sobre la que no entregó mayores detalles, salvo que nunca le solicitó a las personas que vivían en las zonas bajo su influencia que votaran por Mario Uribe, y aclaró que sus candidatos eran Miguel de la Espriella y Eleonora Pineda. Según él, la ex Representante organizó el apoyo del político antioqueño.
En declaraciones a la Corte Suprema de Justicia el 18 de septiembre de 2007, Pineda hizo referencia a una de las reuniones entre Mancuso y Uribe Escobar, pero advirtió que se realizó después de las elecciones de marzo de 2002. Según dijo, ella le comentó al senador Uribe que unos amigos del municipio de Tierralta, Córdoba, lo querían conocer y sólo en el camino hacia una zona conocida como El 15, le contó que el encuentro sería con Salvatore Mancuso.
Los tres testimonios sirvieron de base para que la Corte expidiera orden de captura en su contra el 22 de abril de 2008. Al conocer de ello, Uribe Escobar y sus abogados se trasladaron de inmediato a la Embajada de Costa Rica, donde solicitó asilo político, pues consideraba que había una injusta persecución en su contra. No obstante, el gobierno del país centroamericano le negó la petición, por lo que se vio obligado a entregarse a las autoridades y acabó recluido en la cárcel La Picota, de Bogotá.

13 de julio de 2010
©verdad abierta 
rss



anuncian reforma agraria en colombia


La tierra del olvido. Con el nombramiento de un peso pesado como Juan Camilo Restrepo en el Ministerio de Agricultura, Juan Manuel Santos manda el mensaje de que su intención de transformar el campo en Colombia va en serio. ¿Será verdad tanta belleza?
Colombia. En Colombia prometer una reforma agraria tiene el mismo grado de credibilidad que garantizar una victoria absoluta en la guerra contra el narcotráfico. Aunque nadie duda que es crucial para el país -todos los diagnósticos sobre cómo reducir la violencia rural incluyen un capítulo sobre la necesidad de impulsar el campo colombiano democratizando la tenencia de la tierra-, pocos piensan que sea algo más que una quimera. Más aún después del terror paramilitar de los 80 y 90, que resultó en el desplazamiento forzado de más de cuatro millones de campesinos. Por eso llama la atención que el presidente electo no pare de hablar del tema.
Primero fue la reunión de hace dos semanas con Gustavo Petro, el ex candidato presidencial del Polo Democrático Alternativo, férreo opositor del gobierno de Álvaro Uribe y del mismo Santos cuando era ministro de Defensa. Allí Santos se comprometió a incorporar ideas de Petro en su política de tierras.
Luego, el jueves pasado, el mandatario electo, al anunciar en París el nombramiento de Juan Camilo Restrepo, destacó el "bagaje jurídico" del futuro ministro de Agricultura, ya que "una de las propuestas que tenemos es devolverles las tierras a los campesinos, que estaban en manos de los narcotraficantes, para hacer una verdadera reforma agraria".
Esa reforma, según conoció SEMANA, ya está en elaboración. Desde hace varios meses, un grupo liderado por Alejandro Reyes, tal vez el colombiano que más ha estudiado la distribución de la propiedad en Colombia, ha ido diseñando una detallada propuesta para el nuevo gobierno. Incluye medidas como aumentar los impuestos prediales a tierras improductivas, la revocatoria de resoluciones del antiguo Incora que fueron utilizadas en décadas pasadas para usurparles predios a campesinos y proyectos de ley para agilizar la extinción de dominio y facilitar la entrega de tierras a los desplazados. De las 530.000 hectáreas incautadas a los narcotraficantes y paramilitares, apenas 100.000 están disponibles hoy para ser repartidas.
Se habla incluso de invertir la carga de la prueba a los propietarios en zonas donde hubo masivo desplazamiento. En otras palabras, tendrían que demostrar la legalidad de su posesión. Su premisa es sencilla: el país no puede tolerar el despojo violento de tierras ni el aprovechamiento de terceros, aunque sean ocupantes de buena fe, de un bien tomado a la fuerza.
Una dificultad adicional es que nadie sabe cuántas tierras están en manos de narcotraficantes, paramilitares y sus testaferros. Algunos han calculado que entre tres y cuatro millones de hectáreas. Según Reyes, en por lo menos 500 municipios del país -la mitad- hay evidencia de compras non sanctas. Lo único claro es que son predios y tierras en áreas muy fértiles y productivas. Los jefes paramilitares han entregado apenas 17.000 hectáreas como su cuota de reparación a las víctimas.
Al designar a Restrepo, un ex ministro de Hacienda y Minas con amplia experiencia en el tejemaneje político, Santos ha dado un mensaje contundente de que el tema de tierras será prioridad en el gabinete. En entrevistas a medios, incluyendo SEMANA, el futuro Ministro de Agricultura reiteró la decisión del nuevo gobierno de meterle la muela a esta causa fundamental para el país.
Del éxito de su gestión depende que Colombia por fin aproveche los 15 millones de hectáreas aptas para agricultura -hoy apenas son productivas cinco millones- y utilice mejor sus tierras. Un informe del Instituto Agustín Codazzi, que saldrá en las próximas semanas, entregará el mapa definitivo del uso de la tierra en Colombia. Su conclusión es fulminante: no podría ser peor.

11 de julio de 2010
©semana 
rss


interrogan a funcionarios uribistas


Por ‘chuzadas’, a interrogatorio cuatro funcionarios de la entraña de Uribe. Jorge Mario Eastman, viceministro de Defensa; José Obdulio Gaviria, ex asesor presidencial; Edmundo del Castillo, secretario jurídico de la Presidencia; y César Mauricio Velásquez, jefe de prensa de la Casa de Nariño fueron llamados a interrogatorio por la Fiscalía.
Colombia. La Fiscalía Delegada ante la Corte Suprema de Justicia llamó a interrogatorio a los cuatro funcionarios y ex funcionarios por el escándalo de las interceptaciones ilegales. Así lo dio a conocer el Fiscal General, Guillermo Mendoza Diago la noche del miércoles.
Aunque el ente investigador encontró razones para interrogar a los integrantes del Gobierno en la investigación por interceptaciones y seguimientos ilegales hechos por el Departamento Administrativo de Seguridad, DAS, la diligencia no significa que se abra un proceso en su contra.
El Fiscal explicó que la cita es para escuchar la versión de los funcionarios y determinar si existen méritos para imputarles cargos o si el organismo debe precluir la investigación.
El ente acusador investiga en donde está el origen de las decisiones del DAS que siguió ilegalmente llamadas y cuentas de opositores, periodistas, magistrados y organizaciones de derechos humanos.
Los funcionarios y ex funcionarios de la Presidencia, así como el asesor externo (Gaviria), han sido mencionados en la Fiscalía por miembros del  DAS que han sido interrogados.
A través de un comunicado los citados expresaron su voluntad de atender el requerimiento de la justicia. Aducen que "siempre hemos obrado con estricto apego a la Ley y a la ética".
Además, dijeron que "somos los primeros interesados en que se conozca la verdad y se aclaren estos hechos".
Es la primera vez que en estas investigaciones se llama a personas cercanas al presidente Uribe.
Un total de 18 funcionarios o ex funcionarios del DAS y cuatro de sus ex directores son investigados por este escándalo en el que salió a la luz, incluso que fueron interceptadas personalidades extranjeras como la iraní Shirin Ebadi, Nobel de Paz de 2003, y al director para América de Human Rights Watch (HRW), el chileno José Miguel Vivanco.
La ex directora del DAS María del Pilar Hurtado también deberá dar su versión el próximo 9 de julio ante la Fiscalía General de la Nación y  para el 14 de julio fue citado el secretario General de la Presidencia, Bernardo Moreno.

11 de julio de 2010
8 de julio de 2010
©semana
rss


el iguano pide perdón


’El Iguano’ pide perdón a sus víctimas por sus crímenes en Norte de Santander. Cometió más de ocho mil asesinatos.
Colombia. En el segundo día de audiencias del juicio a Jorge Iván Laverde, el paramilitar pidió perdón a sus víctimas por cientos de crímenes cometidos en Norte de Santander.
"Yo le pido perdón a usted y toda la gente de Norte de Santander y a todas las que les causamos daños en Colombia (…) no hemos evadido nuestra responsabilidad y aquí estamos para someternos a la justicia y construir la verdad".
Dijo el entonces comandante del Frente Fronteras del Bloque Catatumbo, Jorge Iván Laverde Zapata, alias ‘El Iguano’, durante la audiencia de reparación integral a las víctimas que inició ayer en el Tribunal de Justicia y Paz, en Bogotá.
La afirmación la hizo luego de escuchar a Isabel Zoraida Jaimes, esposa del fiscal Carlos Arturo Pinto, asesinado en el 2001. La mujer expresó que no ha existido reparación integral a las víctimas y que el Estado ha pecado por omisión.
Según el fiscal octavo delegado de la Unidad Nacional de Justicia y Paz, Leonardo Cabana Fonseca, dijo que esta es la primera vez que el confeso ex paramilitar pide perdón en público. Antes lo había hecho, pero con las autoridades.
‘El Iguano’ manifestó que su grupo se desmovilizó para no seguir causando daño a la población en general y porque se dieron cuenta de que las directrices del comando principal, impartidas por Castaño Gil y Mancuso Gómez, eran equivocadas.
"Nosotros fuimos los primeros sorprendidos al despertar del todo el daño que hicimos nosotros mismos (…) no dormimos pensando cómo construir la verdad y cómo explicar qué pasó con cada una de las víctimas".
Luego de la intervención de Laverde Zapata, el fiscal Cabana Fonseca pidió a la magistrada que los delitos cometidos por el desmovilizado paramilitar no queden en la impunidad y se repare a las víctimas, individual y colectiva.
Peticiones que sustentó con la Ley 975 de 2005 que tiene como objeto facilitar la reparación, el cese de la violencia, procesos judiciales efectivos, respetar y hacer valer los derechos de las víctimas.
La Fiscalía responsabilizó al ‘Iguano’ de las incursiones armadas y asesinatos selectivos cometidos en Cúcuta, Villa del Rosario y Puerto Santander, durante los nueve años de operación de Frente Fronteras del Bloque Catatumbo, entre 1996 y 2005.
Cabana Fonseca presentó tres archivos de audio de las diligencias de Salvatore Mancuso en las que da a conocer cuáles eran los objetivos trazados por el comando central del grupo paramilitar en Cúcuta, relacionados con el combate de la guerrilla y la limpieza social.
Llamó la atención cómo el Frente Fronteras permeó las instituciones del departamento, en los ámbitos políticos, militares y judiciales, con el ánimo de cumplir con las órdenes de Salvatore Mancuso.
El organismo investigador también responsabilizó a Jorge Iván Laverde Zapata de violar los derechos a la vida y a la libertad contemplados en la Constitución Política de Colombia.
‘El Iguano’ es responsable del asesinato de 8.696 personas en la zona de Norte de Santander donde operó. Hasta el momento a reconocido en versión libre 32 casos con 171 víctimas fatales.
Los casos más sonados son los asesinatos de los fiscales Carlos Arturo Pinto y María del Rosario Silva Ruiz; el candidato a la Gobernación de Norte de Santander Tirso Vélez, el asesor de la Alcaldía de Cúcuta Alfredo Enrique Flórez y el abogado Jairo Obregón Sabogal.

Más Casos
La relación de incursiones y víctimas dejadas por el frente Fronteras, de acuerdo con el registro de acusación de ‘El Iguano’ continúa así:

-El 5 de mayo del 2002, en el barrio Antonia Santos, por ‘andar en malos pasos’, los paramilitares mataron a Jairo Barbosa Pérez, Adalbert Alberto Pardo Arias, Cristian Alexis Monsalve y Miguel Ángel Flórez Carreño.

-Por la misma razón, ‘paracos’ motorizados de esa organización acribillaron a José Luis Santander Amaya, Willington Eduardo Rubio Toloza y Mauricio Pacheco Pérez, el 18 de mayo del 2002, en Atalaya.

-La noche del 20 de mayo de ese año, los jóvenes Kennedy Hernando Silva Rolón, Ever Duarte Ortega y Diego Ortiz Andrade corrieron desde la cancha de fútbol del barrio Cundinamarca hasta la iglesia Santísima Trinidad, donde los asesinaron miembros de las Auc.

-A las 5:30 de la tarde del 24 de junio del 2002, dos pistoleros entraron disparando a un billar del barrio 28 de Febrero. En el ataque murieron Jhon Freddy Daza Vanegas, Ramón Elías Peñaranda Ortiz y Edilson Peñaranda.

-Los hermanos Jesús María, José Ángel y Aníbal Castro Núñez fueron ajusticiados porque los vincularon con la subversión. El triple crimen perpetrado en el barrio La Ermita ocurrió el 23 de julio del 2002.

Meses después, ‘El Iguano’ se enteró que la información sobre los presuntos vínculos de estas víctimas con la guerrilla resultó ser falsa, y como represalia contra el informante, ordenó su muerte.

-En la vereda El Mestizo de El Zulia, los ‘paracos’ de ese bloque mataron a Gloria Inés Marín, Roger Narciso Guzmán, Miguel Ángel Lizcano Calderón y Pedro Arturo Niño, de la organización social Amurcavir, el 23 de septiembre del 2002.

-En una denominada ‘barrida a bala’ cinco paramilitares asesinaron en un billar de Bellavista a Jorge Alexander Sanabria Camacho, Nelson Omar Peñaloza García y Adalberto Rojas Ortiz.

-El 3 y 6 de diciembre del 2002, en Cenabastos por no cumplir con el pago de la contribución forzada impuesta por los ‘paracos’, fueron asesinados José Joaquín Fierro Ortega, Daniel Rincón Suárez, Luis Esteban Patiño, José Ascencio Castellanos y Andrés Osorio Castellanos.

-Ese año la escalada mortal del frente Fronteras se cerró el 20 de diciembre en el barrio Nuevo Milenio, al acusarlos ‘de arreglar radios de comunicaciones a la guerrilla’, acribillaron a Edison Eduardo Obregón Mora, José Ernesto Corredor López y Eduardo Obregón Ruiz.

-El 25 de junio del 2003, en el barrio San Martín fueron asesinados Eward Dubiel Reyes Robayo, Wilder González y Álvaro Ibáñez.

-En la avenida 7 con calle 6, en el centro de Cúcuta, los ‘paras’ dejaron un sangriento mensaje a las trabajadoras sexuales al acribillar a Martha Rubiela Rodríguez, Graciela Jaramillo Jaramillo y Blanca Bohórquez Guzmán.

11 de julio de 2010
9 de julio de 2010
©colprensa
©verdad abierta 
rss


la reunión entre garcía orjuela y las auc


Desmovilizados cuentan detalles de reunión entre Carlos García Orjuela y jefe de las Auc. Desmovilizados del Bloque Tolima dieron detalles de una reunión del ex presidente del partido de la U con un jefe de las Auc. También contaron que las Auc recibía dinero de diez alcaldías del departamento.
Colombia. Ante la Corte Suprema de Justicia, Ricaurte Soria Ortiz, ex jefe financiero y militar del Bloque Tolima de las Auc, ratificó los vínculos entre el grupo paramilitar y varios alcaldes del departamento de Tolima, así como con el ex congresista Carlos García. El desmovilizado se refirió también a una reunión de los paramilitares con García y sobre vínculos del Bloque con la fuerza pública.
Soria Ortiz es uno de los testigos centrales en el caso contra Carlos García. Durante la audiencia, el desmovilizado ratificó declaraciones en las que afirmó haber sido testigo de una reunión entre el comandante del bloque alias ‘Elías’ y el ex congresista hacia finales de 2001 en la vereda La Chamba.
Sobre la reunión de La Chamba, en el municipio de El Guamo, el desmovilizado aseguró que al encuentro asistió tanto García como ‘Elías’ y discutieron sobre proyectos económicos del departamento. Según el ex paramilitar, la idea del Bloque Tolima era gestionar macro proyectos en el departamento con políticos de la zona para aumentar el nivel de regalías que llegaban a las alcaldías que eran controladas por ellos.  
El desmovilizado explicó que actualmente teme por su vida a raíz de las declaraciones que ha hecho contra varios miembros del Ejército.
En la misma audiencia, otros dos desmovilizados del Bloque Tolima de las AUC, José Albeiro García alias ‘Germán o Teniente’ y Edwin Carvajal Rojas, declararon igualmente sobre la  presunta reunión entre el ex congresista García y el ex jefe paramilitar ‘Elías’. Mientras el primero aseguró haber sido testigo de la llegada de García al punto de reunión en inmediaciones de El Guamo, el segundo sólo aseguró haber escuchado de otros paramilitares las versiones sobre el encuentro del ex congresista con los paramilitares.
El ex senador Carlos García es procesado por la justicia  a raíz de varios testimonios de desmovilizados del Bloque Tolima de las AUC quienes aseguraron que el ex congresista se reunió en dos oportunidades con ellos entre octubre y diciembre de 2001, en zona cercana al municipio de El Guamo (Tolima) para acordar apoyo político y financiero de los paramilitares a García en las elecciones para Congreso que se realizaron en 2002. En septiembre de 2009, la Fiscalía General de la Nación confirmó el llamado a juicio contra García por el delito de concierto para delinquir.
Soria aseguró que hasta antes de su captura en mayo de 2002, el Bloque Tolima obtuvo recursos de diez alcaldías del Tolima. Los municipios en mención fueron San Luís, Guamo, Valle San Juan, Saldaña, Purificación, Natagaima, Coyaima, Ataco, Chaparral, Río blanco y Ortega.
Según el desmovilizado, esas alcaldías proporcionaban apoyo económico al bloque a través de pagos mensuales y anuales. Mientras algunas de esas alcaldías hacían  aportes cada mes de hasta 3 millones al Bloque para su mantenimiento y la compra de víveres, otras alcaldías como la de Purificación  aportaban periódicamente  60 millones de pesos, "incluso al año llegaban a aportar 1200 millones de pesos al grupo" aseguró el desmovilizado.
"Esos eran los municipios bajo mi mando y de quienes recibíamos recursos. Directamente esas eran las alcaldías que aportaban al Bloque Tolima de las AUC" señaló.
Aunque no dio muchos detalles, Soría explicó que esos aportes habían sido acordados previamente con los alcaldes a través de una reunión celebrada en el municipio de San Luís. En ese encuentro, los alcaldes se comprometieron a hacer esos pagos. "Se habló del presupuesto de las alcaldías y de qué parte de ese presupuesto iba para apoyar al Bloque Tolima. Allá se adquirieron unos compromisos de cuanto se iba a pasar al Bloque" agregó Soria.
El ex paramilitar aseguró que en el caso de las alcaldías, el Bloque Tolima definía quien podía hacer campaña a la alcaldía y quién no. "El comandante del bloque, alias ‘Elías’, siempre dijo que quien quería hacer política tenía que pedirle permiso a él".
Respecto a sus relaciones con la fuerza pública, y sin mencionar a ningún oficial específicamente, Soria señaló que hasta el momento de la desmovilización del Bloque, el grupo paramilitar siempre mantuvo nexos con unidades militares que tenían jurisdicción en el departamento del Tolima. "La fuerza pública trabajó con nosotros hasta que se desmovilizaron todos los hombres", explicó Soria.

El Caso contra García Orjuela
García, quien fue presidente del partido de la U y ex presidente del Congreso, renunció a su cargo a principio de 2009 para ser investigado por el ente acusador.
De acuerdo con declaraciones rendidas por varios paramilitares recluidos en la cárcel de Picaleña, en Ibagué, el congresista se reunió con miembros del bloque Tolima, con quienes al parecer hizo alianzas políticas para las elecciones del 2002. En esos comicios, García Orjuela logró 30.662 votos.
A principio de 2009, en entrevista para NoticiasUno, el ex paramilitar Ricardo Soria Ortiz, principal testigo de la Corte Suprema en contra de García Orjuela, aclaró algunos interrogantes que existían frente a su testimonio.
Desde la cárcel de Picaleña, el ex paramilitar del Bloque Tolima, afirmó haber sido testigo del encuentro entre un vocero de Carlos Castaño y el ex senador García. De igual forma, reveló algunos detalles sobre las relaciones de su grupo con el ex congresista Jaime Yépez, investigado también por parapolítica.
El ex paramilitar ratificó sus señalamientos en contra de García Orjuela, negando que lo hayan extorsionado o le hayan pagado, razones por las cuales la Procuraduría estaba cuestionando su testimonio. De acuerdo con NoticiasUno, el paramilitar aseguró: "Eso es mentiras, él sabe que se reunió con las Autodefensas Unidas de Colombia, que él quiera tapar eso es otra cosa´
Soria Ortiz, ex financista del Bloque Tolima, aseguró que la reunión en la cual escoltaba al ex jefe de ese bloque, conocido con el alias de ‘Elias’, se produjo en la vereda La Chamba del municipio del Guamo, y en ella había un enviado de Carlos Castaño conocido con el alias de ‘Político’. "Él sabe que se reunió con el comandante Elías y Político irá a contar la verdad, mientras no haya amenazas, él va a contar la verdad..." afirmó Soria Ortiz.
La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia había dictado medida de aseguramiento contra el senador por el delito de concierto para delinquir agravado y fue capturado en Santa Marta el 25 de julio de 2008.
El ex congresista actualmente se encuentra detenido.

8 de julio de 2010
7 de julio de 2010
©verdad abierta
rss


las auc en el norte de santander


La Fiscalía contó cómo las Auc se tomaron Norte de Santander. En el incidente de reparación que se le sigue a ‘El Iguano’, la Fiscalía demostró cómo las autodefensas infiltraron las instituciones del Estado: Ejército, Policía, Das, Inpec, Fiscalía y el mundo político.
Colombia. En pocos sitios del país como en Norte de Santander las Autodefensas Unidas de Colombia lograron articular de manera tan clara y contundente su proyecto de tomarse todos los niveles de poder.
Este fue el panorama que presentó el fiscal octavo de la Unidad de Justicia y Paz, Leonardo Cabana, en el juicio contra el ex jefe del Frente Fronteras del Bloque Catatumbo de las Auc, Jorge Iván Laverde alias ‘El Iguano’.
En el departamento fronterizo alias ‘El Iguano’, fue el hombre que aplicó con saña las órdenes de Salvatore Mancuso y de los hermanos Castaño (Carlos y Vicente): combatir la guerrilla por cualquier medio e imponer un férreo dominio sobre toda la sociedad nortesantandereana.
Para la Fiscalía quedó claro que "no eran mandos medios los que colaboraron con las Auc, eran los encargados de proteger los ciudadanos en más alto grado". En la red de funcionarios que presuntamente ayudaron el establecimiento del paramilitarismo están ex comandantes de batallones del Ejército, el coronel activo de la Policía, William Montezuma, ex directores de la Fiscalía regional, ex directores de la seccional del Das, altos funcionarios del Inpec, gobernadores, senadores y alcaldes.
En el incidente de reparación contra ‘El Iguano’, que fue el principal comandante del Frente Fronteras del Bloque Catatumbo, el fiscal Cabana mostró la importancia de reconstruir la institucionalidad en Norte de Santander para lograr una verdadera reparación para las víctimas de los ‘paras’.
Según el Fiscal, entre 1999 y 2004, período en el que delinquió el Bloque Catatumbo, los ‘paras’ llegaron a tener complicidades a los más altos niveles del departamento, lo que dejó un alto nivel de desconfianza entre los habitantes de la región fronteriza.

Nexos del Coronel William Montezuma
Una de las instituciones que los ‘paras’ lograron permear en Norte de Santander fue la Policía.
El coronel William Montezuma, en ese entonces mayor y directo departamental de la Sijín, era según la Fiscalía, una ficha clave de las autodefensas. Según varios testimonios de desmovilizados, el oficial presuntamente les pasaba informaciones, les decía cómo iban las investigaciones judiciales contra ellos y les advertía sobre operativos policiales con antelación.
En versión libre de febrero de 2010, Albeiro Valderrama, alias ‘Piedras Blancas’, quien era comandante en Pamplona, dijo que los ‘paras’ asesinaron a María Ruth Granados y a sus dos hijos en 2003 por informaciones que presuntamente les pasó el entonces mayor Montezuma.
El desmovilizado dijo que él vio el oficial reunirse con Carlos Enrique Rojas Mora, alias ‘Gato’, el ex comandante político del Bloque Catatumbo, en el restaurante Laura de Cúcuta, donde les indicó que las víctimas eran presuntos colaboradores de la guerrilla.
En otra versión libre José Mauricio Moncada Contreras, alias ‘Mocoseco’, financista del Bloque, confirmó lo dicho por ‘Piedras Blancas’ y dijo que 15 días después del asesinato él y ‘Gato’ le entregaron 10 millones de pesos al coronel Montezuma por la información y la colaboración.
El coronel Montezuma es en la actualidad comandante de la Policía de Nariño.

Los Lazos con el Ejército
La Fiscalía aseguró además que existieron nexos entre el Bloque Catatumbo y algunos oficiales del Ejército.
En 1999 los hermanos Castaño y Salvatore Mancuso tomaron la decisión de crear un nuevo bloque de las Auc en el departamento, que supuestamente tenía una fuerte presencia guerrillera y además por ser fronterizo tenía obvios intereses para la organización criminal.
Cuando ‘El Iguano’ llegó al departamento, junto a cinco paramilitares más, ya existía un grupo paramilitar en Cúcuta, Los Polleros. Supuestamente, esta banda ya había tendido un puente con el coronel (r) Víctor Hugo Matamoros, entonces comandante del Batallón Grupo Mecanizado Maza.
‘El Iguano’ dijo en un testimonio revelado en la audiencia que "en 1999 todas las acciones que hicimos fueron gracias a Matamoros, que coordinaba, pues donde íbamos nunca entraba la fuerza pública. Manteníamos una o dos horas en enfrentamientos y nadie hacía presencia".
La Fiscalía demostró que varios miembros del Batallón Maza también hacían parte de Los Polleros y terminaron en las filas del Bloque Catatumbo.
Desde 2008 el coronel Matamoros está capturado por su presunta participación en la masacre de La Gabarra, donde murieron seis campesinos en mayo de 1999.
Otro alto oficial que presuntamente ayudó a los ‘paras’ a tomarse el departamento a sangre y fuego fue el mayor (r) Mauricio Llorente, comandante del batallón de Contraguerrillas 46 Héroes de Saraguro, con sede en Tibú.
Según contó la Fiscalía, el mayor Llorente, que fue condenado en 1997 a 40 años de cárcel por su participación las masacres de La Gabarra y Tibú, facilitó el paso de varios camiones llenos de paramilitares que asesinaron a más de 30 campesinos y civiles. Además el oficial le ordenó a varios de sus hombres que guiaran los ‘paras’ a sus objetivos.
A esta declaración se suma el testimonio de Giovanni Velázquez, alias ‘Bryan’, un ex soldado del Batallón Héroes de Saraguro, quien aseguró ante la Fiscalía que el coronel Matamoros y el mayor Llorente lo mandaron a Córdoba para organizar junto a los hermanos Castaño la llegada de los paramilitares en Norte de Santander.
El teniente Leonardo Rodríguez fue otro militar que colaboró con los ‘paras’. En 2002 se unió a las autodefensas, en las que asumió el alias de ‘Andrés Bolívar’, uno de los jefes de finanzas del Bloque Catatumbo.
La Fiscalía también aseguró que miembros del Ejército también se prestaron para coordinar ‘falsos positivos’ con los hombres de ‘El Iguano’. Uno de los casos más claros es el de alias ‘La Churca’, que fue presentado por los militares como un ‘para’ que mataron tras un enfrentamiento.
Sin embargo, ‘El Iguano’ y Carlos Andrés Palencia aceptaron en versiones libres que ellos lo asesinaron porque ‘La Churca’ se emborrachó y mató a una joven en un bazar, la víctima resultó ser la hija de un concejal de Cúcuta.
Al día siguiente, el Ejército le dijo al diario La Opinión que lo habían matado después de "hacer un operativo de inteligencia, donde tenían un plan envolvente para capturarlo, pero que ‘La Churca’ al verse rodeado abrió fuego contra los militares".

Las Fugas del Inpec
La Fiscalía de Justicia y Paz también dijo que el Inpec en Norte de Santander también fue infiltrado por el Bloque Catatumbo de ‘El Iguano’.
En noviembre de 2000 la Fiscalía capturó ‘El Iguano’ en Cúcuta, cuando este ya era señalado por las autoridades como el jefe de los paramilitares en la región. Sin embargo, unos días después ‘El Iguano’ logró fugarse de la clínica Los Samanes, donde supuestamente estaba internado por una operación del apéndice.
La Fiscalía logró establecer que cuando se enteraron de la captura, los Castaño enviaron a Cúcuta a uno de sus hombres de confianza, Lorenzo González Quinchía, alias ‘Yuda’, para sacar a ‘El Iguano’ de la cárcel.
Según la Fiscalía, González Quinchía es hoy un próspero empresario de minas en Chocó, pero según varios desmovilizados era el hombre de los hermanos Castaño que iba a cada bloque de las Auc para revisar que todo estuviera en orden.
Según ‘El Iguano’, González Quinchía supuestamente se reunió con Mario Arévalo Perdomo, director de la cárcel Modelo de Cúcuta y Hernán Darío Mejía Petrocelli subdirector del penitenciario para organizar su fuga. Unos días después González Quinchía fue a ver a ‘El Iguano’ en uno de los patios de la Modelo, donde le contó el plan de fuga.
Los ‘paras’ volvieron supuestamente a recurrir a la ayuda de los dos funcionarios del Inpec cuando capturaron a Omar Yesid López Alarcón, alias ’Gustavo 18’, comandante urbano. ‘El Iguano’ dijo en versión libre que las autodefensas le entregaron a Arévalo y Mejía Petrocelli 180 millones de pesos para facilitar la fuga de ‘Gustavo 18’, que salió de la cárcel Modelo de Cúcuta escondido en un bote de basura.
Para estas fugas la Fiscalía también cree que los ‘paras’ contaron con la ayuda de la Policía ya que tenían que custodiar los presos.

La Fiscal de los ‘Paras’
Otra institución que, según el argumento del Fiscal Cabana, fue ’capturada’ por el Bloque Catatumbo fue la Dirección Regional de la Fiscalía, que supuestamente investigaba, judicializada y capturaba a los paramilitares pero que en realidad se alió con ellos.
Según dijo el Fiscal Cabanas, Ana María Flórez Silva, directora de Fiscalía para Norte de Santander y Arauca, Magali Yaneth Moreno Vera, asistente de la Fiscal y Carlos Pinzón, del CTI, "hacían parte directamente de la organización y mantenían una comunicación constante con el Frente Fronteras y les informaban sobre las diligencias".
‘El Iguano’ dijo, en una versión libre dijo que "‘El Gato’ andaba en los carros de la Fiscalía en Cúcuta", además aseguró que varios asesinatos fueron cometidos por información proporcionada por la directora de la institución, que los ‘paras’ apodaban ‘Batichica’.
El desmovilizado añadió que Magali Moreno, la asistente de la Fiscal, le avisaba a los paramilitares sobre operativos en su contra y a quién iban a capturar. Por este motivo, según el fiscal, el detective del CTI Carlos Pinzón fue asesinado junto a su novia Carolina Osma por hombres de ‘El Iguano’, porque los paramilitares consideraban que colaboraba con la guerrilla.
Albeiro Valderrama, alias ’Piedras Blancas’, uno de los comandantes en Cúcuta y en Pamplona, le dijo que coordinó con la Fiscalía para hacer un ’falso positivo’. Según contó, la Fiscal Flórez le dijo que la estaban presionando para mostrar resultados contra las autodefensas.
Por eso, según ’El Iguano’, sus hombres emborracharon a dos jóvenes y los dejaron en una casa, donde además dejaron documentos, explosivos y una pistola, que había servido para asesinar a más de 10 personas en la región.
Unas horas más tarde la Fiscalía allanó la casa y arrestó a los dos jóvenes, que presentaron como los comandantes ‘Diomedes’ y ‘Escorpión’ de las autodefensas. Las dos personas fueron condenadas a 40 años de prisión por el arma que las autoridades encontraron y en la actualidad aún están esperando a que se revise su proceso.
La Fiscalía también reveló una conversación telefónica entre Magali Moreno, conocida por los ‘paras’ como ‘Perla’ y Carlos Enrique Rojas Mora, alias ‘Gato’. En la grabación la funcionaria le advierte al paramilitar que tuviera cuidado, pues estaba en curso un operativo antinarcóticos desde Bogotá.
Por estos nexos, Ana María Flórez y Magali Moreno fueron condenadas en 2007 a más de 11 años de prisión.

El DAS y Rito Alejo del Río
Otra institución permeada por ‘El Iguano’ fue el Das, que también contó cómo se reunió con el general (r) Rito Alejo del Río.
Jorge Enrique Díaz, que fue director seccional del Das y Viterbo Galvis Mogollón, subdirector seccional, colaboraron activamente con el Bloque Catatumbo. Según la Fiscalía él alto funcionario le pasó a las autodefensas información sobre varias víctimas como el abogado Jairo Ernesto Obregón Sabogal y Carlos Salvador Bernal, defensor de derechos humanos asesinado en Cúcuta, el 1 de abril de 2004.
‘El Iguano’ dijo que Díaz "era más autodefensa que Das". El paramilitar señaló al detective Efraín Morales, alias ‘El Compadre’, de haberlos ayudado.
El ex jefe ‘para’ también recordó que una vez se reunió con Jorge Díaz y el general (r) Rito Alejo del Río, a quién ya conocía cuando delinquía en Urabá. Según dijo, Díaz le informó que Raúl Reyes se escondía en Rubio, una ciudad en el Táchira, Venezuela, y que querían que los ‘paras’ hicieran un operativo y lo asesinaran en el país vecino.
Carlos Andrés Palencia, alias ‘Visaje’, comandante urbano del Frente Fronteras, dijo en versión libre que en una reunión Díaz le pasó una lista con los nombres del abogado Jairo Ernesto Obregón Sabogal y de Carlos Eduardo Caicedo, ex candidato a la alcaldía de Cúcuta, que fueron asesinados por la organización criminal.
En 2005 el cadáver de Díaz fue encontrado en Mérida, Venezuela. ‘El Iguano’ aceptó que lo mandó a asesinar.

Los Políticos del Frente Fronteras
La ficha política de las Auc en Norte de Santander fue, según ‘El Iguano’, Ricardo Elcure Chacón, a quién financió la campaña política en 2003 para la gobernación. ‘El Iguano’ supuestamente le entregó 200 millones de pesos al político, pero a cambio los ‘paras’ ganaban cinco por ciento de toda la contratación departamental.
En 2009 Elcure, del partido Colombia Democrática de Mario Uribe, fue condenado a seis años de cárcel por ‘parapolítica’.
Para la alcaldía de Cúcuta, ‘El Iguano’ dijo que apoyó a Ramiro Suárez Corzo, del partido Colombia Viva. Suárez fue alcalde entre 2004 y 2007, pero el 7 de septiembre de ese año fue capturado acusado de ser el presunto autor intelectual del asesinato del ex asesor de la Alcaldía Alfredo Enrique Flórez.
Sin embargo, Suárez fue liberado en abril de 2009, pero siguen las investigaciones contra el ex alcalde por ‘parapolítica’.
Todas las informaciones del artículo están apoyadas en versiones libres y en indagatorias entregadas por la Fiscalía en la audiencia de reparación de Iván Laverde, alias ’El Iguano’ ante el Tribunal Superior de Bogotá. La Justicia tendrá que establecer e investigar la verdad de los datos aportados por la Fiscalía.

8 de julio de 2010
©verdad abierta 
rss


condenan a iglesia católica colombiana


Iglesia católica, condenada a pagar indemnización por crimen que cometió un sacerdote. La indemnización fijada asciende a los 600 millones de pesos. El abogado de las víctimas confirmó la decisión, en primera instancia, contra la Iglesia católica colombiana.
Colombia. Un juez condenó a la Iglesia católica colombiana a pagar una indemnización por el caso de un sacerdote condenado y encarcelado por el asesinato de su amante, una mujer de 31 años, y de la hija de ambos, una niña de 5, informó este miércoles el abogado de las víctimas.
El jurista Nicolás Martínez confirmó, en diálogo con RCN La Radio, que el fallo en primera instancia contra la Iglesia Católica fue emitido por un juez de Belén de Umbría, Risaralda, en cuya zona rural fueron hallados en febrero de 2007 los restos de la mujer y de su hija. La indemnización fijada asciende a 600 millones de pesos.
Según Martínez, el juez encontró responsabilidad de la Iglesia en este caso porque el celibato ordenado por esa institución fue "totalmente influenciable" para el sacerdote que cometió el crimen, identificado como José Francey Díaz Toro.
De acuerdo con las investigaciones, el crimen ocurrió dentro de la parroquia que Díaz Toro dirigía en el municipio de Mistrató, en Risaralda.
Los cuerpos de la mujer, identificada como María del Carmen Arango, y de la pequeña María Camila fueron encontrados incinerados el 15 de febrero de 2007 en una zona rural cercana a Belén de Umbría.
En noviembre de ese mismo año fue detenido y encarcelado Díaz Toro, acusado por la Fiscalía de homicidio agravado. Posteriormente se le condenó a 23 años de prisión.

7 de julio de 2010
©semana 
rss