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paras quieren acuerdo nacional

mqh - 08 de julio de 2010 - 05:50 - colombia

Ex jefes ’paras’ quieren aportar en el debate en torno al acuerdo de unidad nacional. En carta remitida a Gustavo Petro e Iván Cepeda, ex comandantes de las Auc manifiestan su "voluntad política" de hacer parte de un acuerdo nacional que contemple reparación a víctimas, devolución de tierras, y verdad sobre el fenómeno paramilitar.

Colombia. Víctimas y tierras, un eventual componente del acuerdo de unidad nacional planteado por el presidente electo Juan Manuel Santos, y el que estaría dispuesto a dialogar con uno de sus contradictores, Gustavo Petro, motivó a ocho ex jefes paramilitares recluidos en La Picota a manifestar sus intenciones de "participar y aportar" en ese debate.
Jefes desmovilizados de las Autodefensas como Fredy Rendón Herrera, alias ‘El Alemán’; Édgar Cobos Téllez, alias ‘Diego Vecino’; Rodrigo Pérez Alzate, alias ‘Julián Bolívar’; Jesús Ignacio Pérez Roldán, alias ‘Monoleche’; y Raúl Hasbún, entre otros, suscribieron una carta dirigida al propio Gustavo Petro e Iván Cepeda (dirigentes del Polo Democrático).
Ellos, en la misiva, se declaran "atentos y muy interesados en participar y aportar, por los medios que se nos facilite, en el debate que insinúa la propuesta al nuevo Gobierno".
"Nos parece que el problema concreto del acaparamiento de la tierra, la usurpación y concentración de la propiedad agraria, la violencia y desplazamiento en el campo, y la consiguiente injusticia social contra el campesino, temáticas en las que tanto han persistido ustedes, atienden y comportan situaciones no conocidas, las cuales por esta razón tampoco han sido abordadas dentro del contexto de la llamada verdad verdadera (...) aquella que nosotros conocimos, vivimos y protagonizamos durante más de 25 años de permanencia en los escenarios del conflicto", dicen.
Fue Gustavo Petro quien, en campaña, lideró en la agenda el problema de la tierra, las víctimas y el desplazamiento. Por eso, los jefes ‘paras’ piden interlocución a Petro, en caso de que los diálogos del ex candidato presidencial continúen con el nuevo gobierno.
En la carta, los ex jefes paramilitares no piden en los dirigentes del Polo una representación, pero le aclaran a Gustavo Petro que en sus cálculos sobre los 4 millones de hectáreas de tierra productiva, en poder de las mafias, no debe hacer referencia únicamente a las casi dos docenas de ex comandantes desmovilizados inmersos en el proceso de Justicia y Paz.
Lo que los ex jefes ‘paras’ le insinúan a Petro es que sus cálculos, "acaso discretos", deben abarcar a todos aquellos quienes hicieron parte del fenómeno paramilitar: "donde campean políticos, empresarios, funcionarios del alto nivel, grandes contratistas, inversionistas extranjeros y miembros de la fuerza pública".
En la carta, los desmovilizados de las Auc, quienes tras la extradición de 14 de sus más importantes jefes se han convertido en los principales voceros de quienes están inmersos en el proceso de justicia y paz, reiteran los presupuestos de verdad y reparación como básicos para construir la paz.
Por eso piden que ese compromiso no sea exclusivo de quienes "materializaron la guerra", sino que vincule a quienes tuvieron relación con el paramilitarismo.
"La parapolítica, como la parainstitucionalidad, la paraeconomía, entre otros, tienen su puesto en el banquillo de los acusados, como hoy lo tenemos en las cárceles quienes, hartados de la guerra, asumimos el gesto honesto de renunciar a la violencia, presentándonos ante Colombia con el único rostro que tenemos".

Carta con Alcances Significativos
El electo congresista Iván Cepeda, quien como miembro del Polo se apartó de la postura de Gustavo Petro de participar en diálogos con el nuevo gobierno, valoró la carta de los ex jefes paras al advertir que tiene "alcances significativos".
Uno de estos alcances, según Cepeda, es que los desmovilizados reconocen que ellos son sólo "la punta del iceberg" del paramilitarismo, lo que permite dar una "real idea de la dimensión y la profundidad que tuvo este fenómeno" y que la verdad sobre las tierras arrebatadas a los campesinos "están en manos de agentes muy poderosos de la sociedad".
Cepeda, en diálogo con Semana.com, también valoró el hecho que los paramilitares "en aras de la verdad y la devolución de tierras contemplan acciones para la reparación de las víctimas".
Por eso, el congresista electo no descartó que se pueda producir una respuesta a esta carta, previas consultas con el Polo Democrático y el Movimiento de Víctimas de Agentes del Estado, organizaciones a las cuales pertenece.
"No sería la primera vez que se producen este tipo de conversaciones (con los ex jefes ‘paras’), siempre que haya un compromiso de reparar a las víctimas e informar a las autoridades competentes toda la verdad", dijo.

7 de julio de 2010
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acusado de desaparición de enfermera

mqh - 08 de julio de 2010 - 04:04 - colombia

Acusan a ’Cuchillo’ de la desaparición de una enfermera en Calamar, Guaviare.

Colombia. Un juzgado de Villavicencio acusó a Pedro Olivero Guerrero alias ’Cuchillo’ de la desaparición de la enfermera María Cristina Cobo Mahecha.
A partir del recaudo probatorio aportado por un fiscal de Derechos Humanos y DIH, el Juzgado Tercero Penal del Circuito Especializado de Villavicencio condenó a 31 años y ocho meses de prisión a Pedro Oliverio Guerrero Castillo, alias ‘Cuchillo’, por la desaparición forzada de una enfermera adscrita a la Alcaldía de Calamar (Guaviare).
Los hechos investigados por la Fiscalía ocurrieron el 19 de abril de 2004, vereda La Marina en la vía que de San José de Guaviare conduce a Calamar, donde la enfermera María Cristina Cobo Mahecha fue bajada de un vehículo de servicio público por unos hombres, presumiblemente del grupo de alias ‘Cuchillo’, que se la llevaron sin que hasta la fecha se conozca su paradero.
Cobo Mahecha, quien era almacenista de la Alcaldía, hacía una especialización en gerencia hospitalaria en Bogotá, desde donde viajaba a Calamar, cuando fue desaparecida. En su providencia el juzgador también condenó a alias "Cuchillo" a multa de diez salarios mínimos mensuales legales vigentes.

La Historia de María Cristina
Un año después de su nacimiento, el 16 de marzo de 1975 en El Castillo, Meta, María Cristina perdió a su padre, Rufino Cobo. Era agente de la Policía y murió de hambre y frío después de extraviarse en una comisión en el Alto de la Línea en Quindío.
A Paulina, su madre, le tocó empezar de cero. Se fue con sus dos hijas donde su madre en Villavicencio, a vivir en una casita de tablas y latas en un barrio de invasión. A las pocas semanas unos vecinos llegaron corriendo a su trabajo, gritando que su rancho se había quemado con las dos niñas adentro.
María Cristina, que sólo tenía 15 meses, sufrió quemaduras en el 80 por ciento del cuerpo. A los diez días su hermana murió de bronconeumonía por las heridas. Pero ella se aferró a la vida y terminó en un hospital de Bogotá, donde no se movió de la cama en meses, sometiéndose a repetidas cirugías de reconstrucción. Su madre cuenta sollozando que le tocó pedir plata para sostenerse y vivir en la capital mientras duraba la recuperación de su hija.
Los daños del fuego, que hubieran podido ser una carga para toda la vida, fueron una motivación suplementaria para salir adelante. Su madre recuerda que aprendió muy rápido a leer y a escribir y que desde pequeña se ocupaba de sus muñecas como una doctora. Aunque su infancia fue difícil y sus compañeros la rechazaban, siempre se esforzó para ver el lado positivo de su tragedia y salir adelante.
Cuando María Cristina terminó el bachillerato en el Inem de Villavicencio su familia decidió, en medio de esfuerzos, pagarle estudios de enfermería en la Universidad del Llano. "Aunque quería ser doctora, dijimos que se metiera de enfermera y sacrificamos todo para que saliera profesional". Ella mientras trabajaba de día en la clínica La Grama en Villavicencio y de noche asistía a clases.
"El día que se graduó fue el más feliz de mi vida", dice mostrando una foto de su hija tomada en mayo de 2002, diploma en mano, con su uniforme blanco y una enorme sonrisa. Terminó con un promedio de 4.9, uno de los más altos de su generación, y se fue a hacer su año de práctica rural en Calamar, un municipio en mitad del Guaviare, que es considerado como la puerta de la selva, donde se citan parte de los problemas del país: colonización, coca, guerrilla, paramilitarismo.
En Calamar logró afianzarse como enfermera, al servicio de la gente. En el pueblo y sus zonas rurales organizó brigadas de salud, hizo campañas contra el embarazo no deseado, en una región en la que muchas mujeres son madres a los 13 o 14 años. Su madre recuerda que nunca decía que no, si le tocaba irse a caballo a atender a alguien, a conseguir una droga, lo hacía.
El cariño que gozaba María Cristina era tal que los campesinos la recompensaban con yuca, frutas y pescado. Cuando terminó su año de práctica, esta enfermera siguió su trabajo con la comunidad de Calamar desde la alcaldía. Además se inscribió a un curso de postgrado en Gerencia Hospitalaria en la Escuela de Administración Pública de Bogotá, donde iba cada dos semanas en bus. "Su sueño era irse a vivir a España, le cortaron las alas, no la dejaron crecer", dice con pesar su madre.
Pocos días antes de su desaparición ella recuerda que la llevó a la terminal de transportes. "Yo tenía un presentimiento, le dije que me dejara acompañarla porque de pronto era la última vez que nos veíamos", dice hoy.
El 19 de abril de 2003, según se enteraron después sus familiares, paramilitares del Bloque Centauros la retuvieron cerca a Calamar. La acusaron de ser colaboradora de la guerrilla y la torturaron con saña. Le arrancaron sus uñas una por una con un alambre, preguntándole por sus supuestos vínculos con las Farc.
María Cristina lo negó hasta el final, implorando que la mataran y gritando que la dejaran ver a su familia. Los ’paras’ siguieron con la tortura. Le dispararon en la pierna y le cortaron los brazos con un machete. Después la decapitaron y jugaron fútbol con su cabeza. Además le quitaron su tarjeta débito y le robaron cuatro millones de pesos que tenía en el banco.
"La acusaron de guerrillera, lo único que ella hacía era atender a los heridos, fueran ’paras’ o de las Farc, era su ética, su deber", recuerda la madre de María Cristina.
Aún hoy, aunque ya se hayan identificado los culpables de esta atrocidad, Paulina busca el cuerpo de su hija. Poco después de la desaparición recorrió la región, preguntándole a paramilitares, autoridades, campesinos donde está. Las pocas respuestas que ha recibido son amenazas o teorías poco creíbles de un supuesto crimen pasional.
En 2004 ubicó un médico de los paramilitares y le preguntó qué sabía de la la muerte de su hija. El ex ’para’ describió ante la Fiscalía los pormenores de la tortura, asesinato y desaparición de María Cristina Cobos. Acusó a Edilson Cifuentes Hernández, alias ’Richard’ y a Juan Pablo Hernández Sanabria, alias ’Ronald’ del hecho. El médico de los ’paras’ está hoy desaparecido también.
La confesión fue después ratificada por ’Richard’ en versión libre y se comprometió a ubicar los restos. El ex paramilitar sin embargo no ha ido a exhumarla. "Lo único que quiero es encontrarla para llevarle flores, una vela, ya no me importa si los meten presos, sólo que hagan un gesto humanitario", sentencia Paulina, que a raíz de la muerte de su hija sufrió un cáncer del seno.
Mientras pueda doña Paulina seguirá buscando a María Cristina, el orgullo de su vida. Escribe un libro sobre su hija, con la poca plata que alcanza a juntar va a congresos de víctimas y cada vez que puede viene a Bogotá, a indagar, a llevar papeles, a presionar y a combatir el olvido.
Después de 6 años de su desaparición, la justicia acusa al prófugo ex jefe paramilitar por el asesinato de María Cristina.

7 de julio de 2010
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el jefe de las auc en montes de maría

mqh - 08 de julio de 2010 - 04:01 - colombia

"’Cadena’ me hizo golpe de estado": ’Diego Vecino’. VerdadAbierta.com entrevistó a Edward Cobos Téllez, alias ‘Diego Vecino’, quien fue jefe de las Auc en los Montes de María.

Colombia. El desmovilizado reveló detalles de cómo llegó al paramilitarismo, cuáles fueron sus socios, cómo se expandió, cómo intentaron sustituir la clase política local por una más popular, y cómo ’Cadena’ le hizo golpe de Estado para robarse las administraciones del Golfo de Morrosquillo.
Antes de convertirse en jefe paramillitar en una de las cinco regiones donde este grupo fue más cruento en el país, Edward Cobos Téllez se dedicó desde muy joven a la ganadería.
Nació el 25 de julio de 1968 en Bucaramanga, Santander. Se crió en una familia de clase media dedicada a la agricultura y la ganadería. Este desmovilizado jefe paramilitar cuenta que en diferentes ocasiones él y su familia fueron víctimas de ataques de grupos guerrilleros.
Relata que a los doce años recibió un disparo en la cabeza tras una emboscada que guerrilleros del M19 le hicieron a su familia porque no pagaron una extorsión. También cuenta que las Farc le asesinaron a un tío y que él fue secuestrado en dos ocasiones por grupos guerrilleros.
A mediados de los años 90, por intereses comunes con algunos ganaderos azotados por la guerrilla, Cobos, quien era administrador de varias fincas en Sucre y Córdoba, terminó metido de paramilitar. Desde ese entonces es conocido como ‘Diego Vecino’, y afirma que es el gestor del "proyecto político y social", con el que los paramilitares permearon diferentes instituciones de elección popular en la Costa y captaron recursos públicos.
‘Diego Vecino’ dejó las armas el 15 de julio de 2005 con el Bloque Héroes de los Montes María, grupo al que la Fiscalía le ha documentado más de 10.200 delitos. El pasado 17 de febrero la Corte Suprema de Justicia negó su extradición a Estados Unidos, para que primero responda por sus crímenes en Colombia. Esta es su historia como paramilitar.

Su Llegada a la Costa
A finales de 1990 ‘Diego Vecino’ deja su tierra natal para atender los negocios familiares en Córdoba. Su familia alquiló unas tierras en el Alto Sinú y se dedicó a la siembra de algodón y maíz. Posteriormente se dedicó a la ganadería.
Tras la muerte de su padre, quien fue miembro directivo del Fondo Ganadero de Santander y falleció el 12 de noviembre de 1992, ‘Diego Vecino’ asume la administración de la finca La Nueva Colombia, en el corregimiento de Las Palomas, en Montería.
Al año siguiente asume como administrador general de la sociedad anónima Comercializadora Continental S.A, que agrupaba varias fincas de la zona, entre ellas, Las Melenas, en donde posteriormente se realizaría una reunión entre ganaderos y paramilitares.

Las Guerrillas en los Montes de María
Durante la entrevista el ex jefe paramilitar contó cómo llegaron las Farc a esta zona entre Sucre y Bolívar. Según él, las Farc llegaron a los Montes de María en 1993 producto de las derrotas que tuvieron con los paramilitares en Urabá. "A la medida que la guerrilla iba perdiendo esos espacios, ella iba buscando en Los Montes de María tal vez resguardo, por eso llega el Frente 37", explica.
De este modo, es como en 1993 y 1994 inician las extorsiones a los comerciantes de la región. De acuerdo con el relato de ‘Diego Vecino’, muchos comerciantes, incluido él, les pagaron extorsiones a un comandante del Frente 37 conocido con el alias de ‘Currucu’.
Según el ex jefe paramilitar, él fue el primer ganadero que secuestraron las Farc, cuando el 24 de agosto de 1995, este grupo guerrillero asaltó y bombardeó la finca Las Melenas.

La Entrada a los ‘Paras’
‘Diego Vecino’ afirma que conoció a Carlos Castaño a través del ganadero antioqueño Javier Francisco Piedrahíta, quien para ese entonces tenía una Convivir que operaba entre Córdoba y Sucre.
El ex paramilitar cuenta que entre 1996 y 1997, Piedrahíta lo invitó a una reunión con Castaño en Urabá. Según ‘Diego Vecino’, el ganadero "claramente me dice que es con Carlos Castaño, que él quería que yo fuera, quería que lo conociera".
En esa reunión, Castaño explicó que planeaba unir los diferentes grupos de autodefensas del país y crear las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc). ‘Diego Vecino’ reconoce que posteriormente se reunió con el asesinado jefe paramilitar en varias ocasiones y lo describe como "un encantador de serpientes, en el sentido de un hombre que lo atraía a uno, daba gusto sentarse hablar con él sobre su visión de país".
Esa no fue la única vez en la que se reunieron ‘Diego Vecino’ y Carlos Castaño. El desmovilizado reconoce que a finales de 1998 Castaño lo convenció para que liderara el "proyecto político y social" de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá en Sucre. Por esta razón, ‘Diego Vecino’ ingresó al grupo del desparecido jefe paramilitar Rodrigo Mercado Pelufo, alias ‘Cadena’, quien desde 1996 ya estaba en las filas de los hermanos Castaño.

La Parapolítica y ‘Diego Vecino’
Luego de consolidar su poder militar entre Sucre y Bolívar, los hermanos Castaño buscaron distintas formas para infiltrarse en instituciones del Estado para obtener beneficios políticos y económicos. El encargado de liderar estos escenarios en los Montes de María fue ‘Diego Vecino’.
El ex jefe de las Auc le contó a VerdadAbierta.com que su estrategia se basó en organizar a las comunidades para que "escogieran" a sus líderes y gobernantes, tanto en elecciones para cargos del Ejecutivo y del Legislador.
Según ‘Diego Vecino’, uno de los objetivos de esta estrategia era combatir el caciquismo y las roscas políticas. Es así como uno de los primeros en llegar al poder con el apoyo de los paramilitares fue Sabas Balseiro, quien ganó las elecciones para la Alcaldía de San Onofre para el periodo 2001-2003.
Uno de los argumentos que el desmovilizado utilizó para que los simpatizantes de las Auc fueran elegidos, se basó en que llegaran a los puestos públicos personas oriundas de veredas y corregimientos, que nunca tuvieron representantes de esas regiones.
Para lograr esto, los hombres de ‘Diego Vecino’ elaboraron censos y juntaron los votos de diferentes regiones. Bajo esta modalidad, Guillermito Gómez llegó al Concejo de San Onofre, representando los corregimientos de Rincón y Verruga.
En esa ocasión los ‘paras’ ubicaron tres concejales más, y uno de ellos representaba las poblaciones de La Libertad, Buenos Aires, Bajonal y Pajonalinto.
Otra de las personas que se convirtieron en políticos con el apoyo de ‘Diego Vecino’ y su grupo paramilitar fue Nelson Stanp. Según el ex jefe paramilitar, Stanp era un abogado reconocido en San Onofre, que se hizo amigo de ‘Cadena’ y atendía casos de ‘paras’ capturados.
Con la ayuda del grupo paramilitar, Stanp fue elegido diputado de Sucre en las elecciones de 2003 para el periodo 2004-2007. Al respecto, ‘Diego Vecino’ afirma que "’Cadena’ y yo lo llevamos a la Asamblea, y fuimos la mayor votación para las elecciones del 2003. Lo llevamos a la Presidencia de la Asamblea".
Para el ex jefe paramilitar, uno de los mayores logros de su "proyecto político" fue haberse ganado las cinco alcaldías del Golfo de Morrosquillo en las elecciones de 2003. De esta manera, los ‘paras’ tenían control en los municipios de San Onofre, Toluviejo, Tolú, Coveñas y San Antonio de Palmito.
Otros parapolíticos que mencionó ‘Diego Vecino’ en la entrevista son: Oliverio Oliver, en la Alcaldía de Sincé; Rafael Tovos, en la Alcaldía de Sampués; Walberto Estrada, en la Asamblea de Sucre (junto con Nelson Stanp); Jorge Anaya, en la Gobernación de Sucre, y Muriel Benito, en la Cámara de Representantes en 2002.

Cazando Caciques Políticos
‘Diego Vecino’ le contó a VerdadAbierta.com que se atribuye la derrota de los Guerra Tulena y de los Guerra de la Espriella en las elecciones del Congreso de 2002. Según él, por los paramilitares se quemaron Julio César Guerra, candidato al Senado y su fórmula a la Cámara; además de Antonio Guerra, que aspiraba al Senado y Aníbal Monterrosa que era su fórmula a la Cámara.
Otro de los caciques que estaban "entre ceja y ceja" de ‘Diego Vecino’ para que no llegara al Congreso es el hoy condenado ex senador Álvaro ‘El Gordo’ García. El ex jefe paramilitar señala que aunque García llegó al Congreso, su votación se redujo.

"El Golpe de Estado de ‘Cadena’"
‘Diego Vecino’ declara que después de 2003, él recibió un "golpe de estado" por parte de ‘Cadena’, que era el encargado de la parte militar del bloque, para apropiarse de recursos públicos y hacer alianzas con los políticos tradicionales.
Por esta razón, el ex jefe paramilitar considera que el manejo político de los paramilitares en Sucre "terminó siendo demasiado degradado, demasiado sucio. Esas alianzas, el juego al que se prestó, y al que se prestó ‘Cadena’, fue por un único interés económico".
‘Diego Vecino’ afirma que ‘Cadena’ dispuso parientes y personas cercanas en diferentes cargos públicos. Entre las personas que nombró asegura que Oswaldo Ayala, un cuñado de ’Cadena’, fue nombrado Secretario de Educación; y una sobrina de su esposa, fue designada directora del hospital de San Onofre.
Por otro lado, agrega que los paramilitares apoyaron la candidatura de Jorge Anaya para la Gobernación de Sucre, por las presiones que ejerció ‘Cadena’; mientras que inicialmente él planeaba apoyar a Édgar Martínez.

Manejo de Recursos Públicos y Contratos
Para controlar la contratación de los municipios del Golfo de Morrosquillo, ‘Diego Vecino’ y los alcaldes de esos cinco municipios crearon una cooperativa a la que denominaron Coopsabana.
El ex jefe paramilitar explica que creó esa cooperativa para que hiciera la interventoría de los contratos y no se robaran el dinero de las obras públicas. Según él, ese control se realizó para demostrar que su proyecto político sí daba resultados, "porque a mí me interesaba mostrar que esas nuevas administraciones eran distintas (…) que estaban comprometidas con el desarrollo económico y social de los municipios", señala.
Pero según ‘Vecino’, tras el "golpe de estado" que le dio ‘Cadena’, Coopsabana se convirtió en el "peor factor de desangre del erario". De acuerdo con su relato, esa cooperativa se volvió la principal contratista de todos los municipios y la dueña de los contratos de Coveñas, que se quedó con el dinero de grandes obras que no realizó.
Entre las obras que menciona el ex jefe paramilitar se encuentra el acueducto de Coveñas. Según él, "Coopsabana contrató el acueducto y hoy no hay un vaso de agua".
Para ‘Vecino’, una de las posibles causas de la desaparición de ‘Cadena’ se debe a la lucha por el control de los millonarios recursos de la contratación pública. El desmovilizado asegura que por este enfrentamiento, también fueron asesinados dos de las personas más allegadas a ‘Cadena’ en la parte financiera: Willer Cobo y Humberto Frasser.
El ex jefe paramilitar asegura que Frasser fue el primer representante legal de Coopsabana, pero que luego de una pelea con ‘Cadena’, fue reemplazado por Robert Chávez, quien fue jefe de Presupuesto en la alcaldía de Coveñas de Pedro Patrón en 2002.

La Reunión de Las Canarias
‘Diego Vecino’ habló de esta reunión que los paramilitares hicieron en 1997 con varios ganaderos y comerciantes de Sucre. A ella asistieron él -cuando todavía era ganadero-, Salvatore Mancuso y Carlos Mario García, alias ‘Doble Cero’.
El ex jefe paramilitar asegura que en esa reunión Mancuso y Javier Piedrahíta hablaron de su Convivir en Córdoba, mientras que ‘Doble Cero’ habló del proyecto paramilitar.
Entre los asistentes a la reunión que mencionó se encuentran Javier Piedrahíta, Miguel Ángel Nule, Joaquín Garcia, Elías Vélez, Humbertico Guevara Tamara, Jaime Isaac Nadér, Gustavo Vergara Razo, Gustavo Vergara Razola, Ángel Villareal, entre otros.
‘Vecino’ le dijo a VerdadAbierta.com que no recordaba si el ex senador Álvaro García, que recientemente fue condenado a 40 de cárcel por parapolítica y la masacre de Macayepo, asistió a esta reunión.
En sentido contrario, la Corte Suprema estableció que el ex congresista García sí participó en esa reunión y sostiene que ésta se decidió unificar los diferentes grupos de paramilitares y conformar el Bloque Héroes de los Montes de María.
Según la Corte, entre los asistentes estuvieron el ganadero Joaquín García Rodríguez, reconocido auspiciador de esta clase de organizaciones; Javier Piedrahíta, Salvatore Mancuso y el Senador Álvaro García Romero, en la cual, luego de finiquitados los temas de financiación y sostenimiento del nuevo grupo, Piedrahíta postuló para su comandancia a Rodrigo Mercado Peluffo, alias ‘Cadena’.

‘La Gata’ y ‘El Turco’ Hilsaca en El Carmelo
El ex jefe paramilitar dijo que sólo vio en una ocasión a la empresaria del chance Enilse López -conocida como ‘La Gata’- y al comerciante momposino Alfonso ‘El Turco’ Hilsaca. Ese encuentro fue en la finca El Caramelo, en donde los ‘paras’ se reunieron con varios políticos para definir la Gobernación de Bolívar en 2003.
Entre los asistentes que ‘Vecino’ mencionó se encuentran los ex congresistas Vicente Blel, William Montes y José María Imbeth, y en ésta se definió apoyar la candidatura de Libardo Simancas.
‘Vecino’ aseguró que ‘La Gata’ fue a esa reunión con un obispo de Magangué porque ‘Juancho Dique’ la declaró objetivo militar y quería asesinarla. Sobre Hilsca, dijo que en esa ocasión estaba presente y no lo volvió a ver más.

Narcotráfico en el Golfo de Morrosquillo
En la entrevista con VerdadAbierta.com, ‘Diego Vecino’ negó que estuviera al frente de envíos de cocaína al exterior, como lo ha señalado el desmovilizado alias ‘Convivir’. De acuerdo con su versión, por orden de Vicente Castaño, sólo se encargó del cobro de extorsiones a narcotraficantes que sacaban alcaloides por esa región, desde octubre de 2001.
El ex jefe paramilitar calcula que por el Golfo salieron anualmente entre 30 y 35 toneladas de cocaína, entre 2002 y 2004. Agregó que la cocaína procedía diferentes partes del país y que en su zona los paramilitares no sembraron coca ni tuvieron laboratorios de procesamiento.
Sobre las extorsiones, el desmovilizado explicó que inicialmente los ‘paras’ cobraban 100 mil pesos por cada kilogramo de cocaína, y posteriormente cobraron 200 mil pesos por kilo. ‘Diego Vecino’ dijo que la mitad de esos dineros se la tenía que mandar a Vicente Castaño, y la restante era para el Bloque.
Según el ex jefe paramilitar, narcotraficantes de diferentes partes del país sacaban la droga con información de la Armada y la Fuerza Aérea. "Salían esas lanchas con los reportes de los aviones de la Fuerza Aérea y de la Armada Nacional que están para el control de la intervención aérea y marítima del narcotráfico (…) del S3 de la Armada Nacional en Cartagena salían los reportes de la ubicación de las lanchas y las corbetas y, los barcos nacionales e internacionales en agua nacionales para que las lanchas pudieran marcar sus rutas y evadir esa presencia de la fuerza pública".

7 de julio de 2010
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acusados de asesinato de periodista

mqh - 08 de julio de 2010 - 03:58 - colombia

Fiscalía acusa a dos desmovilizados del asesinato de un periodista en La Guajira.

Colombia. La Fiscalía dictó resolución de acusación contra dos desmovilizados del Frente Contrainsurgencia Wayúu por el asesinato del periodista Jaime Rengifo Ravelo.
Como presuntos responsables del crimen del periodista Jaime Rengifo Ravelo fueron acusados por un fiscal de Derechos Humanos y DIH dos ex integrantes de autodefensas.
Rengifo Ravelo fue asesinado el 20 de abril de 2003, cuando un hombre le disparó en la recepción del Hotel Venecia de Maicao (Guajira).
Los afectados con la decisión del funcionario judicial son: José Gregorio Álvarez Andrade, alias ’Pedro’, y Jairo Alonso Samper Cantillo, alias ’Lucho’, ex miembros del Frente de Contrainsurgencia Wayúu.
Esos procesados fueron acusados por los delitos de homicidio agravado y concierto para delinquir. Además, Álvarez Andrade responderá por el delito de fabricación, tráfico y porte de armas de fuego o munición.
Los dos paramilitares están presos de la libertad en la cárcel Modelo de Barranquilla.

7 de julio de 2010
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condenados por desaparición forzada

mqh - 07 de julio de 2010 - 05:34 - colombia

dos paramilitares por desaparición forzada en San Onofre.

Colombia. Por su responsabilidad en la desaparición forzada de varios civiles fueron condenados a 264 meses de prisión dos desmovilizados paramilitares del Frente Héroes de Montes de María.
Así lo determinó el Juzgado Penal del Circuito Especializado de Sincelejo, Sucre, al considerar fundada la acusación que por los delitos de concierto para delinquir agravado y desaparición forzada presentó la Fiscalía General de la Nación en contra de Edgar de Jesús Ríos Rivera y Jarlon de La Rosa Pájaro.
Un representante del ente acusador, perteneciente a la Unidad Nacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, DIH, acopió suficiente material probatorio que demostró la participación de los desmovilizados en incurrieron en desapariciones, extorsiones, y hurtos en el municipio sucreño de San Onofre.
Los ex militantes del Héroes de montes de María deberán continuar privados de su libertad, como hasta ahora, informaron fuentes de la Fiscalía General de la Nación.

6 de julio de 2010
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condenan a medio kilo

mqh - 07 de julio de 2010 - 05:21 - colombia

Condenan a desmovilizado por masacre en Curumaní, Cesar.

Colombia. Un juez de Valledupar condenó a 26 años y ocho meses de prisión a Esneider Santiago González, alias ‘Medio Kilo’, por la masacre de siete personas, entre ellas la personera de Curumaní (Cesar), perpetrada el 25 de julio de 1999 en jurisdicción de ese municipio.
De acuerdo con la investigación de la Fiscalía, ‘Medio Kilo’ y hombres de las autodefensas bajo su mando montaron un retén ilegal a pocos kilómetros de Curumaní e interceptaron a los vehículos que transitaban por allí. Luego de identificar a los ocupantes, apartaron a cinco personas y las ultimaron en el lugar.
Las víctimas fueron identificadas como: Abel Quintero, Luis Humberto Gil Grajales, Zenén Alfonso Carrascal Durán, José Gregorio Fanner Montejo y Eduardo Madarriaga Carballo. Después, los agresores se desplazaron hasta la vivienda de la personera, Esther Camacho Sangregorio, y la asesinaron. La séptima víctima fue José Alberto Manzano, muerto a la entrada de Curumaní.
Alias ‘Medio Kilo’, postulado en Justicia y Paz, fue condenado por los delitos de homicidio en concurso con secuestro extorsivo y concierto para delinquir.

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acusan a jorge 40

mqh - 07 de julio de 2010 - 05:02 - colombia

La primera imputación de crímenes a ’Jorge 40’. La Fiscalía radicó la primera imputación contra Rodrigo Tovar, alias ’Jorge 40’, por crímenes que dejaron más de 500 víctimas. Esta es la primera acusación formal contra el extraditado jefe paramilitar que no colabora con Justicia y Paz desde abril de 2008 cuando tuvo su última versión libre.

Colombia. Por haber cometido u ordenado crímenes contra 533 personas, hechos ya confesados en versión libre, la Fiscalía Tercera de Justicia y Paz radicó ante un magistrado de control de garantías de la sala penal del Tribunal Superior de Barranquilla, solicitud para audiencia de imputación contra el ex jefe paramilitar del Bloque Norte, Rodrigo Tovar Pupo, alias ‘Jorge 40’, quien se encuentra detenido en Estados Unidos, a donde fue extraditado el 14 de abril de 2008 junto con otros ex jefes paramilitares.
Los hechos a imputar están relacionados con homicidios, masacres, desaparición forzada, tráfico y porte ilegal de armas, secuestro, hurto, reclutamiento de menores, tortura, terrorismo, todas cometidas en concurso (concierto para delinquir) y del cual resultaron como víctimas directas 533 personas, la gran mayoría de las cuales se encontraban en estado de indefensión y eran civiles protegidos por el DIH.
Aunque muchos de los hechos fueron cometidos por los diferentes frentes, en las pocas audiencias a las que asistió antes de ser extraditado, Rodrigo Tovar Pupo, alias ‘Jorge 40’, los reconoció por haber dado la orden y haber sido informado de los mismos.
Entre los hechos más graves que le imputarán está la masacre de Nueva Venecia, una incursión en la que participaron 60 hombres armados que ingresaron a los pueblos palafíticos de la Ciénaga Grande del Magdalena asesinando a 39 personas a quienes acusaban de ser colaboradores del Eln. Este hecho ha sido reconocido por varios exparamilitares en versión libre, como alias ‘Caballo’, quien afirmó que la orden salió del municipio de Pivijay y fue comandada por Tomás Gregorio Freyle Guillén, alias ‘Esteban’, asesinado posteriormente.
Según relató Edmundo Guillén Hernández, conocido con el alias de ’Caballo’ en una versión libre el 16 de diciembre de 2009 ante el fiscal de la Unidad de Justicia y Paz, el comando paramilitar que cometió la masacre el 22 de noviembre del año 2000 en el pueblo palafito de Nueva Venecia, partió de Pivijay, Magdalena. La orden, o quien más influyó en alias ‘Esteban’ para asesinar a las treinta nueve personas que murieron en esa incursión de los grupos armados, presuntamente la dio el ganadero Saúl Severini Caballero, quien se desmovilizó con el Bloque Norte el siete de marzo de 2006.
‘Caballo’ perteneció al frente Bernardo Escobar cuyos comandantes fueron alias ‘Esteban’, muerto en el 2001 y alias ‘Rafael’, quien lo remplazó hasta la desmovilización. La zona de operaciones de este frente, adscrito al Bloque Norte, cubría los municipios de Pivijay, Salamina, Gamarra, Remolino, Cerro de San Antonio, Piñón, Sábanas de San Ángel y sus corregimientos.
Guillén Hernández dijo que, el día de la masacre, la mayoría del grupo partió del caserío Las Piedras, municipio de Pivijay, rumbo a Salamina donde se embarcaron en unas chalupas enviadas por alias ‘Parmenio’ de Calamar, municipio de Bolívar a orillas del Canal del Dique. Desde Salamina se fueron por el río y un poco antes del puente Pumarejo que comunica a Barranquilla con Palermo, Magdalena, tomaron el caño Clarín donde mataron a los primeros pescadores con las bayonetas de sus fusiles para no hacer ruido.
El Caño Clarín es uno de los varios canales que alimenta la Ciénaga Grande del Magdalena desde el río homónimo, donde están, entre otros los pueblos palafitos de El Morro o Nueva Venecia, Buenavista y Bocas de Aracataca, donde también ocurrió una masacre perpetrada por el mismo grupo en el mes de enero del mismo año, diez meses antes. El grupo de paramilitares inició su recorrido por el caño Clarín aproximadamente a las ocho de la noche y en su trayecto, antes de llegar a la Ciénaga de Pajaral, asesinaron a una docena de pescadores que a esa hora estaban en sus faenas de pesca. Es común la pesca nocturna.
La Fiscalía también imputó la masacre de Bahía Portete, el 18 de abril de 2004, en la que unos 150 paramilitares al mando de Arnulfo Sánchez González, alias ‘Pablo’ y José María Barros Ipuana, alias ‘Chema Bala’, irrumpieron en camperos y motos en varias rancherías de Bahía Portete, en la Alta Guajira. Fueron rancho por rancho; mataron y decapitaron ancianos, quemaron niños vivos, se robaron la "tumas" o piedras sagradas de trueque, destruyeron el centro de salud y profanaron el cementerio. Dejaron 12 wayúus muertos y se llevaron a 33 más que nunca aparecieron.
Los paramilitares les dieron 24 horas para sacar las familias y los cuerpos de las víctimas que habían quedado tirados en Bahía Portete. "Ocho mujeres fuimos a recogerlos, eso era horrible, como una pesadilla... las personas estaban muriéndose de sed, tomando agua del mar, con los pies destrozados", relata Débora Barros, una matrona Wayuú que se ha encargado de que esta masacre no quede en la impunidad. Unas 320 familias huyeron a Venezuela. algunos atravesando el desierto a pie. Solo en ese país la Defensoría del Pueblo los atendió por tener doble nacionalidad. Desde entonces se les volvió una obsesión encontrar los restos de sus familiares desaparecidos, porque sin ellos no encontrarán la paz interior y la de sus muertos.
Por la masacre de Bahía Portete hay cinco expedientes abiertos. Uno de estos acabó en un juicio contra José María Barrios Ipuana, alias ’Chema Bala’, cabecilla del Frente Contrainsurgencia Wayuu que fue condenado a 40 años de cárcel por los delitos de homicidio agravado y una indemnización a las familias sobrevivientes.
Un segundo juicio se inició contra Carmen Barros, hermana de ’Chema Bala’, ‘Jorge 40’, ‘Pablo’ y otros paramilitares. Se les acusa ante un juzgado de Bogotá por desplazamiento, masacre, desaparición forzada, tortura, genocidio y concierto para delinquir.
En noviembre de 2007 Rodrigo Tovar Pupo, alias ‘Jorge 40’ reconoció ser responsable de la masacre porque "habían identificado que se dedicaban al secuestro y al robo". Dijo además que ‘Chema Bala’ hacía parte de su estructura, sin embargo tres meses después de la su confesión lo extraditaron a Estados Unidos. Lo mismo le ocurrió a ‘Chema Bala’ quien nunca reconoció su participación en la masacre.
Aunque los paramilitares se hacían llamar el Frente Contrainsurgencia Wayúu y obedecían a ’Jorge 40’, llegaron a la región sobre todo para quedarse con el viejo negocio del contrabando y el tráfico de cocaína, armas y gasolina de Venezuela. Para ver más detalle del contexto en que se dió esta masacre y de sus causas ver: ‘El drama del orgulloso pueblo wayúu’ de María Teresa Ronderos.

La Masacre de Villanueva
La Fiscalía también le imputó al ex jefe paramilitar la masacre de Villanueva, en La Guajira, el 7 de diciembre de 1998, en la que fueron asesinadas 11 personas.
Según informó El Tiempo, el bullicio y las parrandas de ese día festivo solo duraron hasta las dos de la madrugada, cuando un comando paramilitar incursionó en el pueblo, que además de hostigar el puesto de Policía, asesinó a 11 personas.
Los paramilitares llegaron haciendo tiros al aire y lanzando luces de bengala para impedir la salida de 55 policías que estaban en la estación e impedir que éstos repelieran el ataque.
En los barrios El Cafetal y San Luis, donde se escucharon los primeros disparos, todos pensaron al principio que eran juegos pirotécnicos, pero el tableteo de los tiros hizo refugiar a toda la población en sus casas.
Los paramilitares estuvieron recorriendo el pueblo entre las 2 y 4 de la madrugada que está al pie de la serranía del Perijá, zona por donde tiene influencia el frente Luciano Ariza del Eln y el frente 59 de las Farc.
Fue durante estas horas que dieron muerte a José Aníbal Garcerón Mejía, de 16 años, estudiante de noveno grado del colegio Roque de Alba; Julio Contreras Rincones, 22 años, estudiante del mismo plantel y se alistaba para recibir grado el 18 de diciembre; los hermanos Nefer Augusto y Alexander Enrique David López, 25 años; Bartolomé Contreras Molina, 28; José Luis Rosado Quintero, Javier Enrique Olmedo Campo, Ramiro Campo Peñaloza, Jeison José Daniel Roja, José Dangond Quintero, Elis Fabián Montero y Erinón José Damián Rojas.
Resultaron heridos Leonel y Alfredo López, Enrique y Petra Molina, quienes fueron trasladados a Valledupar.
La Fiscalía también le imputará a ’Jorge 40’ crímenes que ocurrieron en Barranquilla, Baranoa, Campo de la Cruz, Candelaria, Luruaco, Malambo, Piojó, Repelón, Sabanalarga, Sabanagrande, Soledad (Atlántico); Dibulla, Villanueva, Uribia (La Guajira); Astrea, Bosconia, Codazzi y Valledeupar (Cesar); El Píñon, Ariguaní, Cerro de San Antonio, Chivolo, Zona Bananera, Sitio Nuevo, Plato, Pijiño, Pivijay y Remolino en Magdalena.
Entre las víctimas se encuentran varias personas que ejercían como concejales y alcaldes en los anteriores municipios, sindicalistas, defensores de derechos humanos, secretarios de salud que no aceptaron entregar la contratación al grupo armado, campesinos, pescadores, ganaderos que resistieron a la vacuna o denunciaron atropellos y una docena de miembros del grupo conocidos con los alias de ‘Bladimir’, ‘Jor’ o ‘Yor’, ‘Fabían’, ‘Pataepalo’, ‘El Chino’, ‘El Niño’, ‘El Doctor’, ‘La Guajira’, ‘El Edil’, ‘La Perra’, ‘Rangel’, Mano de Hierro’ y ‘Matambú’.
También se considera como víctima al Estado porque el grupo que comandó Rodrigo Tovar Pupo, cometió delitos contra la seguridad pública, como lo son el terrorismo, el concierto para delinquir, amenazas contra personas protegidas, la instigación, la utilización ilegal de uniformes privativos de la fuerza pública, así como también la fabricación, tráfico y porte ilegal de armas de fuego y municiones de uso privativo de las Fuerzas Armadas de Colombia.
Los hechos que le imputarán en audiencia que se debe programar con las autoridades judiciales norteamericanas, ocurrieron entre los años 1998 y 2005 en los departamentos de Atlántico, Cesar, La Guajira y Magdalena, en los que delinquía el Bloque Norte del cual era el cabecilla principal. Si todo sale bien, la audiencia se estaría realizando en noviembre.

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no les alcanza para pagar

mqh - 05 de julio de 2010 - 23:46 - colombia

La primera sentencia de Justicia y Paz por la masacre de Mapuján obliga al Estado a pagar más de 100.000 millones de pesos. No hay plata para tantas víctimas.

Colombia. El martes 29 de junio, la magistrada Uldi Teresa Jiménez impuso la primera sentencia de Justicia y Paz en Bogotá contra alias ‘Juancho Dique’ y ‘Diego Vecino’. Este fallo será el modelo en los más de 4.000 hechos que ya han sido imputados a los desmovilizados.
Seguramente la culpa es del fútbol, pero una de las noticias más importantes de la semana pasó prácticamente inadvertida. El martes anterior, en la tarde, en el auditorio del Tribunal Superior de Cundinamarca, la magistrada Uldi Teresa Jiménez profirió la primera sentencia contra los paramilitares que se acogieron al proceso de Justicia y Paz. El fallo deja al desnudo una realidad de a puño: o el país se dedica a conseguir presupuesto para reparar a las víctimas o no podrá cumplir con lo que ordenan los jueces. La reparación de Mampuján, un caserío de Bolívar donde hubo 11 muertes y el desplazamiento de todo un pueblo, cuesta la módica suma de 117.000 millones de pesos.
La magistrada ordenó pagar no más de 240 millones a cada familia que perdió a un ser querido y no más de 120 a cada familia de desplazados, así como realizar inversiones para reconstruir el caserío. Las víctimas quedaron insatisfechas y apelaron porque esos montos son la mitad de lo establecido en las cortes internacionales. Pero los estándares globales de reparación económica tienen ribetes de tragicomedia.
En cinco años, el Fondo de Reparación solo ha logrado obtener 32.000 millones de los bienes entregados por los paramilitares. Es decir, todo el fondo alcanza apenas para una cuarta parte de esta sentencia, que es solo por una masacre. De hecho, los jefes paramilitares Juancho Dique y Diego Vecino, los dos condenados, entregaron apenas una casa, cuatro predios rurales y unos carros ya casi inservibles. Según la propia magistrada Jiménez, los hechos de Mampuján solo representan el 0,39 por ciento de los crímenes de las AUC, pues ya hay registradas 280.000 víctimas. Esta reparación corresponde a un solo hecho pero hay 4.000 que ya han sido imputados y el doble en proceso de ser legalizados. Es decir que hay un problema financiero muy grave.
Jiménez les exige a las autoridades tomar medidas que hasta ahora no estaban contempladas. Ordena que los bienes de los congresistas condenados por parapolítica entren al Fondo de Reparación, y medidas cautelares a los bienes y propiedades de los que están siendo investigados por vínculos con las autodefensas. Eso puede ser mucho más fácil que encontrar los testaferros de los paramilitares, y obviamente puede haber mucho dinero en juego. Pero será una batalla política y jurídica sin precedentes. También le sugiere al Congreso crear un impuesto para las empresas que financiaron grupos paramilitares y le pide a la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación que consiga dinero en el exterior. También que los bienes de los paramilitares en extinción de dominio entren al fondo.
Desde el punto de vista de los derechos, nadie objeta que las víctimas merecen ser reparadas de manera generosa. Pero desde la perspectiva de la viabilidad de las políticas, lo que deja planteado este fallo es que en cuanto a la reparación, el país va rumbo al fracaso.
El presidente de la Comisión de Reparación y Reconciliación, Eduardo Pizarro, ha dicho en muchas ocasiones que lo único que ha funcionado en el contexto internacional es la reparación por vía administrativa, como la hizo Chile. Allí las víctimas tuvieron acceso privilegiado a programas de salud, crédito, educación y memoria histórica. Pero eran un universo más pequeño, y la reparación se hizo en un contexto de transición política. En Colombia se ha optado por dos mecanismos simultáneos: una reparación administrativa, que paga 17 millones a cada víctima, y la vía judicial, que es más onerosa.
Lo que ha quedado claro es que el país debe buscar una salida. En ese sentido parecen ir los acercamientos entre Gustavo Petro y el presidente electo, Juan Manuel Santos. "Lo que yo propongo no tiene costo fiscal porque es una confesión alrededor del tema de las tierras", dice Petro, quien también considera que el tema de las víctimas tiene que ser un propósito nacional. Pizarro parece estar de acuerdo: "Llegó el momento de un gran diálogo nacional sobre la Ley de Justicia y Paz", dice. Ojalá sea más temprano que tarde.

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