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para juzgado por reclutamiento de niños


Comienza imputación contra ’El Alemán’ por reclutamiento de niños.
Colombia. La Unidad de Justicia y Paz comienza la formulación de cargos en contra del ex jefe de las Auc, Fredy Rendón Herrera, alias ’El Alemán’, por los delitos de concierto para delinquir agravado, reclutamiento de menores y homicidio.
La Fiscalía 48 de Justicia y Paz formulará cargos por el reclutamiento entre 1996 y 2005 de 331 menores en Antioquia y Chocó.
Igualmente, al procesado se le harán cargos por el homicidio agravado del alcalde de Unguía (Chocó), Rigoberto de Jesús Castro Mora, perpetrado el 27 de noviembre del año 2000 en el sitio Palos Blancos de la citada población.
El Bloque Élmer Cárdenas escondió por tres años la desmovilización silenciosa de 156 menores que estuvieron en la guerra. Ahora son considerados víctimas.
Según un artículo de Semana, en octubre de 2005 ocurrió una desmovilización silenciosa. Lejos de las cámaras y casi en la clandestinidad, 156 niños que hacían parte de las filas del Bloque Élmer Cárdenas de las autodefensas, que operaba en Urabá bajo el mando de Freddy Rendón, el ’Alemán’, se encontraron con sus familiares en la escuela El Mello, de Necoclí, y volvieron a sus casas. El gobierno nunca se enteró de este evento, ni el país lo habría hecho si no es porque durante las versiones libres un fiscal de Justicia y Paz le mostró al ’Alemán’ un libro donde aparece un reportaje del fotógrafo Julián Lineros y en el que se puede ver, en medio de un entrenamiento militar, los rostros de varios menores. Sólo en ese momento el ex paramilitar y sus abogados entendieron la gravedad del tema. El reclutamiento de menores es un crimen de lesa humanidad castigado duramente por las cortes internacionales y hasta ahora ha sido un delito invisible, y del que pocos -casi ninguno- paramilitares han hablado.
El estado mayor del Bloque Élmer Cárdenas se reunió y consideró que los menores debían volver a sus hogares, y que si los entregaban al Bienestar Familiar, los separarían de sus familias. Por eso decidieron hacer una "devolución" de los niños a sus madres, directamente. Sin embargo, esto no era lo que estaba establecido en los procedimientos con el gobierno.
En un gran evento, donde participaron más de 300 personas, los muchachos, con sudaderas, camisetas y tenis nuevos, y su millón de pesos en el bolsillo, formaron en una cancha. Una improvisada tarima sirvió para los discursos, en los que se les prometió una vida nueva, con casa propia o parcela. El ’Alemán’ y los otros comandantes empezaron a leer en una lista, uno por uno, los nombres de los muchachos, y en ese momento se lo entregaban directamente a la mamá o al papá.
El problema es que estos 156 niños quedaron completamente por fuera del proceso de reincorporación. Como oficialmente nunca existieron, no fueron desmovilizados, no han tenido acceso a educación, atención sicosocial o proyectos productivos. Apenas ahora la Fiscalía está recorriendo la región, tratando de encontrarlos a todos, y vincularlos al proceso no como desmovilizados, sino como víctimas que tienen derecho a una reparación. Todos son ya mayores de edad y al igual que todos los jóvenes de esa región, están sin empleo y recibiendo ofertas de volver a las armas, esta vez con las bandas emergentes del narcotráfico que comanda ’Don Mario’.
Esta desmovilización pasó inadvertida para el gobierno y para la OEA, que le hacía seguimiento al proceso. Inexplicablemente, ni unos ni otros preguntaron qué había pasado con los menores, hasta cuando el tema salió en una versión libre, y hace pocos meses se presentó la controversia y entre Freddy Rendón y el alto comisionado Luis Carlos Restrepo hubo mutuas recriminaciones.
De todos modos, el ’Alemán’ ya confesó el reclutamiento, y varias víctimas -especialmente madres de hijos menores que murieron en combate- exigen reparación. Este será el primer delito por el que este ex jefe paramilitar reciba imputación de cargos. Sin embargo, queda planteada la duda sobre qué pasó en los otros bloques, pues oficialmente Bienestar Familiar recibió menos de 300 menores desmovilizados, lo que no corresponde con la realidad de unos grupos armados que usaron a los niños como carne de cañón.

3 de julio de 2010
2 de julio de 2010
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demanda contra macaco en eua


Se trata de la primera demanda civil en nombre de víctimas colombianas de violaciones de derechos humanos que se presenta contra un líder de las AUC.
Estados Unidos / Colombia. Una organización internacional de derechos humanos presentó una demanda civil contra el ex jefe paramilitar Carlos Mario Jiménez, alias ‘Macaco’, en un tribunal de Estados Unidos por "tortura, ejecución sumaria, crímenes de guerra y delitos de lesa humanidad".
Se trata de la primera demanda civil en nombre de víctimas colombianas de violaciones de derechos humanos que se presenta contra un líder de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), dijo hoy el Centro de Justicia y Responsabilidad (CJA).
El CJA, con sede en California, anunció en un comunicado que interpuso la acción judicial en un tribunal del sur del estado de Florida en nombre de Jesús Cabrera Jaramillo, hijo de la abogada Alma Rosa Jaramillo, y de los familiares de Eduardo Estrada, campesino y líder comunitario.
Según la organización, paramilitares bajo el mando de "Macaco" torturaron y asesinaron a Jaramillo y a Estrada en el 2001, quienes eran líderes del Programa de Desarrollo y Paz Magdalena Medio (PDP).
El PDP es una organización no gubernamental que promueve la democracia, los derechos civiles, y los derechos humanos para las poblaciones locales e indígenas en la región del Magdalena Medio, en Colombia, precisó el CJA.
En ese momento la abogada Jaramillo fue secuestrada por paramilitares siguiendo órdenes de "Macaco" y "le torturaron hasta la muerte. Sólo se pudo recuperar su torso".
Dos semanas más tarde, Estrada fue abatido a tiros en presencia de un familiar "por un paramilitar a las órdenes de ’Macaco’", que era, de acuerdo con el CJA, el principal líder de uno de los grupos de paramilitares "más crueles de Colombia" conocido como el Bloque Central Bolívar (BCB), de las AUC.
"Además de estas muertes, los paramilitares del BCB son responsables de la ejecución de más de veinte miembros, entre 1997 y 2007", afirmó el CJA.
El CJA preparó el caso en colaboración con la Comisión Colombiana de Juristas (CCJ) y lo presentó en un tribunal estadounidense junto con abogados de la firma Wilson, Sonsini, Goodrich & Rosati.
‘Macaco’ fue acusado de narcotráfico y lavado de dinero en tribunales de Washington y Florida.
El ex paramilitar se acogió en el 2003 al plan de desmovilización del Gobierno colombiano y en 2005 a la Ley 975 de Justicia y Paz.
La Ley, informó el CJA, contempla una importante reducción de la condena para los paramilitares que cometieron graves violaciones de derechos humanos a cambio de entregarse, dejar las armas, devolver los bienes usurpados y realizar una confesión libre y veraz de los delitos cometidos.
El 7 de mayo de 2008, ‘Macaco’, junto con más de una docena de otros miembros de las AUC, fue extraditado a Estados Unidos para enfrentar un proceso penal, lo que "privó a miles de víctimas colombianas de su derecho a la verdad, la justicia y la reparación".
"A pesar de la gravedad de los delitos cometidos, ninguno de los líderes paramilitares extraditados está imputado por delitos contra la humanidad", indicó el CJA.
Almudena Bernabéu, abogada internacional y directora de justicia transicional del CJA, dijo que la extradición de ex líderes de las AUC "ha vaciado de contenido el proceso de Justicia y Paz".
El proceso, agregó, a pesar de ser "injusto y nunca una verdadera medida de justicia transicional, es lo único que las miles de víctimas tenían y estaba produciendo algún resultado".
Bernabéu informó que tras más de dos años de trabajo con las víctimas y "nuestros colegas colombianos, es una satisfacción para mí y todos en CJA poder facilitar el acceso a la justicia y los tribunales estadounidenses a las víctimas colombianas para ejercitar un derecho legítimo que les otorga la ley aquí y que les pertenece".
El CJA es una organización que promueve el fin de la tortura y otras violaciones a los derechos humanos alrededor del mundo y utiliza el litigio transnacional y los tribunales nacionales con el fin de procesar a los responsables de esas violaciones.

1 de julio de 2010
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mampuján recurre sentencia


Las víctimas de Mampuján apelan la primera sentencia de Justicia y Paz. Aunque después de cinco años de Justicia y Paz por fin se logró condenar a dos ex ‘paras’, las víctimas rechazaron la decisión y apelaron. El problema de fondo es saber si hay voluntad y dinero para reparar los sobrevivientes de la violencia paramilitar.
Colombia. El martes pasado una audiencia colmada de abogados de víctimas, funcionarios de la Comisión de Reparación y Reconciliación (Cnrr), empleados de la Defensoría del Pueblo y periodistas esperaban con impaciencia el primer fallo de Justicia y Paz en casi cinco años de proceso.
El Tribunal Superior de Bogotá juzgó a los dos ex jefes paramilitares Edwar Cobos, alias ‘Diego Vecino’ y Úber Bánquez, alias ‘Juancho Dique’ por la masacre de 11 campesinos y el desplazamiento de 300 familias en Mampuján, un corregimiento de María La Baja, Bolívar, el 10 y 11 de marzo.
Si bien la magistrada Uldi Teresa Jiménez condenó a los dos ex jefes paramilitares ‘Diego Vecino’ y ‘Juancho Dique’ a una pena alternativa de ocho años de cárcel por contribuir con la justicia, la verdad y la reparación, lo que todos los asistentes esperaban era el monto de la reparación que el Tribunal establecería para las víctimas.
Como este fue el primer fallo de Justicia y Paz, tenía que marcar un precedente para la reparación de las más de 281 mil víctimas del paramilitarismo registradas hasta hoy ante la Fiscalía.
Para los hijos, los padres y los esposos de los 11 campesinos que asesinaron las autodefensas el Tribunal ordenó que el Fondo Nacional de Reparación les pague 40 millones a cada uno de los miembros, con un máximo de 240 millones para toda la familia. Y que los hermanos de los asesinados sean indemnizados con cuatro millones de pesos.
Cada uno de los 1081 desplazados de Mampuján recibirá por su parte 17 millones de pesos, con un máximo de 120 millones de pesos por familia y las siete personas que fueron secuestradas, que los ‘paras’ usaron como guías en la arremetida contra el pueblo, obtendrán 30 millones de pesos.
La magistrada Uldi Teresa Jiménez tasó el total de la reparación en 20 mil millones de pesos, además de ordenar inversiones al Estado para construir escuelas, puentes, carreteras, redes de servicios públicos y programas económicos y educativos en Mampuján.
Sin embargo las pretensiones de las víctimas estaban muy por encima de lo que  dictó el Tribunal, pues por cada familia de víctimas de la masacre pedían un promedio de mil millones de pesos y por cada familia desplazada entre 460 y 500 millones de pesos. Por eso todos los abogados de las víctimas apelaron la decisión, así como la Procuraduría, la Fiscalía y los paramilitares.
Lo que pudo establecer VerdadAbierta.com es que la estrategia de las víctimas fue pedir grandes cantidades de dinero para llegar a un acuerdo intermedio, sin embargo les sorprendió que sólo les dieran 40 millones de pesos por víctima de homicidio y 17 por desplazado.
Al final del juicio una defensora de víctimas le dijo a VerdadAbierta.com que no les quedaba otra vía que apelar: "Con la reparación administrativa (la que el Estado otorga sin pasar por un juicio) le dan a la víctima  de asesinato, desplazamiento o desaparición unos 15 millones de pesos. Para qué someter las víctimas, todo el aparato judicial, al Estado a tanto desgaste para tan poquito".
Sin embargo, es claro que por ser el primer fallo de Justicia y Paz, la decisión de la magistrada Jiménez es la base para los demás juicios y reparaciones que deberán asumir los desmovilizados de las Auc. Por eso el Tribunal buscó llegar a un monto realista frente al Fondo de Reparación y al presupuesto nacional.

¿Cómo Llegó el Tribunal a Esta Cifra?
Según los cálculos de la magistrada Uldi Teresa Jiménez, la masacre y el desplazamiento de Mampuján sólo representan 0,39 por ciento de los crímenes de los ‘paras’ en Colombia.
Así, con base en el promedio que cada víctima de Mampuján reclama, 645 millones de pesos, el monto total de reparación para todos los sobrevivientes de la violencia paramilitar en Colombia alcanza 610 billones de pesos, más de tres veces el presupuesto de 2010 del estado colombiano.
Por eso el Tribunal basó su cifra final en lo que el Estado colombiano le tocó pagar a víctimas de las autodefensas por las condenas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh) por las masacres de Pueblo Bello y de Ituango: alrededor de 240 millones de pesos por familia.
Sin embargo, abogados de las víctimas le dijeron a VerdadAbierta.com que "estos cálculos deslegitiman el proceso, no se puede calcular cómo si todas les víctimas fueran a ser reparadas al mismo tiempo. Además no está probado que las 280 mil víctimas registradas en realidad lo sean".
Otro defensor añadió: "Acá no hacemos consideraciones presupuestales, estamos hablando de vidas destruidas, de muertos, masacres".

¿Dónde Conseguir el Dinero para Reparar?
A pesar de las diferencias sobre el monto de reparación, la magistrada Uldi Teresa Jiménez constató un evidente problema con el Fondo Nacional de Reparación, que sólo cuenta con 33 mil millones de pesos para reparar las 280 mil víctimas de los ‘paras’. Lo que quiere decir, en palabras de la magistrada Jiménez, que el dinero "sólo alcanzaría para atender 0,39 por ciento de las víctimas" o a darle a cada una 118 mil pesos, menos de la mitad de un salario mínimo.
"El fondo del problema es saber qué voluntad tiene el Estado para reparar a las víctimas. De todos modos hay que meterse la mano al bolsillo, la pregunta es saber qué tan hondo" le dijo a VerdadAbierta.com un defensor de víctimas de la Defensoría del Pueblo.
Según la ley de Justicia y Paz, la reparación tiene que salir del Fondo Nacional de Reparación, que maneja Acción Social. El Fondo está constituido por dineros mixtos que salen del presupuesto del gobierno; los bienes y el dinero que los ‘paras’ han entregado voluntariamente y otra parte constituida por eventuales donaciones extranjeras.
El problema es que los ‘paras’ hasta ahora han entregado sólo 33 mil millones de víctimas (entre bienes y dinero en efectivo), por eso el Tribunal ordenó nuevas medidas para que se obtengan más recursos y así garantizar la reparación a las víctimas de estos dos ex paramilitares.
En primer lugar, el fallo pidió que los parapolíticos también tengan que responder a las víctimas y que sus bienes tienen que pasar al Fondo Nacional de Reparación. También dictó que las posesiones de los políticos que están siendo juzgados por sus presuntos nexos con los ‘paras’ tienen que ser cobijadas por medidas cautelares mientras se define su situación judicial.
Por otra parte el Tribunal le pidió a la Justicia y Paz de la Fiscalía crear una unidad especializada en análisis financiero que se dedique a buscar e identificar los bienes que los paramilitares desmovilizados esconden y que también encuentre a todas las víctimas de robos de tierra en el país.
La sentencia también le exigió a la Fiscalía recuperar todos los bienes de ex paramilitares que ahora están en extinción de dominio, ya que estos terminan en manos de la Dirección Nacional de Estupefacientes y no en las del Fondo Nacional de Reparación.
El Tribunal además propuso crear un impuesto especial para todas las empresas que de una manera u otra financiaron a los paramilitares, como la multinacional estadounidense Chiquita. El dinero iría directamente a las víctimas.
Por último el Tribunal expresó que las posesiones de los herederos de los ‘paras’ muertos, como los hermanos Castaño o Rodrigo Mercado, alias ‘Cadena’, tienen que trasladarse al Fondo de Reparación.
Ahora la Corte Suprema de Justicia tendrá que tomar el caso contra ’Juancho Dique’ y ’Diego Vecino’ y determinar cómo y de cuánto será la reparación a las más de 281 mil víctimas de los ’paras’.

1 de julio de 2010
30 de junio de 2010
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santos debe declarar por parapolítica


El presidente electo de Colombia tendrá que presentarse el próximo 12 de julio ante la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia.
Colombia. El presidente electo de Colombia, Juan Manuel Santos, fue llamado a declarar por la Corte Suprema de Justicia, en el proceso que le sigue al ex senador Mario Uribe Escobar por presuntos nexos con paramilitares, informaron hoy medios locales.
Por solicitud de la defensa de Uribe Escobar, Santos fue citado por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia el próximo 12 de julio.
Santos, quien ganó la Presidencia el pasado 20 de junio en la segunda vuelta en la que derrotó al ex alcalde de Bogotá, Antanas Mockus, del Partido Verde, tomará posesión de su cargo el próximo 7 de agosto.
La Corte también llamó a declarar en este mismo juicio al presidente de la Empresa Colombiana de Petróleos (Ecopetrol, estatal), Javier Gutiérrez.
Uribe Escobar, primo del  presidente Álvaro Uribe, es investigado por supuestos vínculos con grupos paramilitares de extrema derecha con quienes presuntamente pactó ayudas para alcanzar un escaño en el congreso colombiano en las elecciones de 2002.
La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia ordenó, en abril de 2008, la detención de Escobar, que se produjo en su casa de Medellín, capital del departamento de Antioquia.
El político, ex presidente del Congreso, fue vinculado con paramilitares en confesiones de Jairo Castillo Peralta, alias ‘Pitirri’, un testigo de la Corte Suprema de Justicia.
Según ‘Pitirri’, Uribe Escobar, al parecer, se reunió en varias ocasiones con jefes de las disueltas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC, paramilitares), con quienes habría suscrito varios pactos.
El extraditado jefe de las AUC, Salvatore Mancuso, también declaró que se había reunido con Uribe Escobar en 2002, antes de las elecciones de marzo de ese año.

1 de julio de 2010
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sólo seis días en la cárcel


En tres años de detención, Plazas Vega sólo ha pasado 6 días en prisión convencional. El pasado viernes 25 de junio, el coronel (r) Alfonso Plazas Vega, condenado a 30 años de prisión, fue trasladado a la Escuela de Infantería, que será su sitio de reclusión. Familiares de los desparecidos del Palacio de Justicia demandarán al Inpec por no recluirlo en una prisión convencional.
Colombia. La "prisión hospitalaria" del coronel Alfonso Plazas Vega ha sido una de las más largas y conocidas de la historia judicial en Colombia. Desde el 26 de agosto del 2009, una habitación del Hospital Militar, en el centro de Bogotá, se había convertido en su sitio de reclusión luego de que, en julio del 2008, la Fiscalía decidió privarlo de la libertad por considerarlo responsable de la desaparición forzada de 11 personas durante la retoma del Palacio de Justicia.
En la noche del pasado viernes 25 de junio, en medio del mayor sigilo, Plazas Vega salió del hospital y fue recluido en una casa fiscal de la Escuela de Infantería, en el Cantón Norte de Bogotá, que será su sitio de reclusión mientras el Tribunal Superior de Bogotá estudia la apelación que interpuso su defensa a la sentencia del Juzgado Tercero Especializado, que lo condenó a 30 años de prisión por el delito de desaparición.
El traslado fue ordenado por Instituto Nacional Penitenciario (Inpec), que, en cumplimiento de la mencionada sentencia, dispuso esa guarnición militar como lugar de reclusión del oficial.
La decisión fue rechazada por los familiares de los desaparecidos del Palacio de Justicia, quienes recordaron que Plazas Vega ha interpuesto numerosos mecanismos jurídicos, todos ellos fallidos, con el objetivo de dilatar su proceso y de eludir la decisión de la justicia colombiana.
 
Contemplan Denuncia
Por eso, con la sentencia del Juzgado Tercero Especializado de Bogotá, los abogados de la defensa, parte civil en este proceso, contemplan denunciar al actual director del Inpec, coronel (r) Carlos Alberto Barragán, por "fraude a resolución judicial".
Según los abogados de los familiares, la sentencia proferida el pasado 9 de junio del 2010 establece que Plazas Vega debe pagar su condena en un sitio de reclusión. "La escuela de Infantería no es un sitio de reclusión establecido por la legislación colombiana, y en la sentencia no se da ningún tipo de beneficio, como prisión domiciliaria o reclusión especial", señala uno de los abogados.
La parte civil del proceso tampoco descarta remitir este hecho al Tribunal Superior de Bogotá "como un elemento más del incumplimiento a esta sentencia" y dejar un precedente al considerar que "los beneficios extrajurídicos" a favor del coronel (r) Plazas Vega son un irrespeto a los familiares de los desaparecidos.
Para ello, piensan poner en evidencia los numerosos recursos jurídicos interpuestos por la defensa del oficial para dilatar el proceso y, sobre todo, dejar de manifiesto que, a pesar de haber sido privado de la libertad desde julio del 2007, Plazas Vega sólo ha estado seis días recluido en una prisión convencional.
 
Hospital por Cárcel
Desde cuando Plazas Vega se entregó a la justicia, el 16 de julio de 2007, en cumplimiento de una medida de aseguramiento proferida por la Fiscalía, ha alternado reclusión en guarniciones militares y luego en el Hospital Militar, aduciendo quebrantos de salud física y mental, e incluso inconvenientes a su seguridad personal.
Sólo el 21 de agosto del 2009, luego de que Medicina Legal certificó que su estado de salud no le impide soportar una prisión, el Inpec cumplió con su traslado al pabellón R – Sur de la penitenciaría La Picota en Bogotá, el mismo donde actualmente están recluidos varios congresistas y políticos condenados o investigados por el escándalo de la ‘parapolítica’.
Ese día, el traslado no estuvo exento de escándalo, pues, según los familiares del oficial, agentes del Inpec "entraron a la fuerza" a la habitación del hospital, "le bajaron la pijama y lo inyectaron". Pero otra fue la versión del Inpec, quien señaló que Plazas Vega recibió a los agentes "con gritos, lanzado sillas y fueron los propios médicos quienes tuvieron que aplicarle un calmante", según un comunicado que el organismo penitenciario expidió para la época.
Plazas Vega sólo estuvo hasta el 26 de agosto, cuando, según informaron los medios de comunicación, sufrió una baja de tensión. Seis días y cinco noches estuvo una de las celdas del pabellón de ‘parapolíticos’, custodiado por dos agentes especiales las 24 horas, ante los temores de que el coronel atentara contra su vida.
Desde esa fecha, Plazas Vega ha permanecido interno en el Hospital Militar. Incluso a pesar de que cuatro constancias de Medicina Legal, desde ese entonces, han certificado su "buen estado de salud".
El más reciente de esos dictámenes oficiales se produjo el pasado 17 de abril en el que el Instituto certifica: "... en ninguno de los exámenes se evidencia ideación delirante ni alteración sensoperceptiva (...) Los diagnósticos anotados por los tratantes en la Historia Clínica del Hospital Militar a saber, trastorno de ansiedad generalizada y trastorno de adaptación, (....) por definición no comprometen el funcionamiento mental superior de manera grave". Ese dictamen concluyó en que "... no se encuentran síntomas o signos en que indiquen la necesidad del manejo intrahospitalario".
Sin embargo, sicólogos del Hospital Militar han advertido que Plazas no está en condiciones de soportar una prisión en un centro penitenciario. Pero no se conoce si el Inpec dispuso su traslado a una guarnición militar sustentado en estas opiniones clínicas.
 
Sin Beneficios
Pero más allá de discutir opiniones clínicas, lo que los familiares de las víctimas de los desaparecidos del Palacio de Justicia buscan es que quien ha sido declarado responsable por la Justicia cumpla una condena ajustada a la ley y sin beneficios, porque se trata de un delito de lesa humanidad.
Durante el proceso, las víctimas han cuestionado algunas de las gavelas que ha sido objeto el coronel Plazas Vega, quien estando sujeto a un a medida cautelar de privación de la libertad, ha tenido, desde celular las 24 horas del día, hasta la custodia y el traslado por parte de miembros del Ejército, y no de guardias del Inpec, como establece la Ley.
Incluso, en junio de 2009, la juez que conoció el caso de Plazas Vega se pronunció con indignación por el hecho de que el oficial en retiro siguiera ejerciendo funciones de catedrático en la Universidad Nueva Granada, pese a estar en reclusión. Daba clases de "Guerra Jurídica", y el Ejército explicó que hacían parte de su "redención de pena", argumento injustificable porque en ese entonces apenas estaba culminando la etapa de juicio, y ni siquiera había una condena en su contra.    

El Punto Final
Aunque la evasión de una reclusión penitenciaria ha sido una de las constantes en este proceso, el caso de Plazas Vega también será recordado como uno de los más dilatados.
El ex comandante de la Décimo Tercera Brigada del Ejército tuvo ocho abogados distintos en dos años; sus defensores recusaron en cinco oportunidades a la juez María Stella Jara; en dos oportunidades reclamaron vencimiento de términos; dos hábeas corpus fueron presentados reclamando libertad inmediata; una vez se pidió el traslado del proceso a la justicia penal militar; y en una oportunidad recusó a la fiscal que investigó el caso.
Otros procesos paralelos en el caso de los desaparecidos del Palacio de Justicia también se han visto envueltos por maniobras jurídicas que han buscado su dilación. Y las partes vinculadas a la investigación, más allá de fortalecer sus argumentos de defensa, han reucurrido a este tipo de recurso con el fin de evadir la acción judicial.
Otra prueba de ello es el proceso contra el ex comandante del B2 del Ejército, coronel Edilberto Sánchez Rubiano, y cuatro suboficiales adscritos a esta misma dependencia. Ellos siguen a la espera de una decisión de la justicia, pero hoy se encuentran en libertad por vencimiento de términos.   
En el caso de Plazas Vega, aún queda el recurso de apelación a la sentencia condenatoria, para que el caso del coronel llegue a su punto final. Su defensa interpuso este recurso en el Tribunal Superio de Bogotá, que a final de año podrá decidir si ratifica la sentencia de primera instancia o revoca esa decisión.
A esta segunda instancia le quedaría un escenario definitivo en la justicia ordinaria, como es la casación ante la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia.
Pero también hay un eventual escenario internacional. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con sede en Washington, tiene abierto un expediente por los desaparecidos del Palacio de Justicia.
Los familiares de las víctimas le han pedido a este tribunal dar tránsito del proceso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con el argumento de las presiones que ha hecho la rama ejecutiva tras la condena en Colombia a Plazas Vega.
Si es la Corte, con sede en Costa Rica, la que analice el proceso, deberá determinar la desaparición de once rehenes del Palacio de Justicia es un crimen de Estado.

1 de julio de 2010
28 de junio de 2010
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la sentencia de manuel cepeda


Yo sí leí completa la sentencia del caso Manuel Cepeda Vargas.
[Germán Contreras Mejía] Pero parece que el presidente Uribe no, y seguro que la mayoría de los colombianos tampoco, y les informo, que al presidente Uribe, con todo y lo que lo aprecio por el servicio que le ha prestado al país, no se le puede creer todo.
El siguiente fragmento expone una parte del análisis de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre la responsabilidad del estado colombiano en relación a las circunstancias que rodearon el acto criminal que le cegó la vida el entonces senador Manuel Cepeda Vargas.

"Por ende, en ese referido contexto, la ejecución del Senador Cepeda Vargas fue propiciada, o al menos permitida, por el conjunto de abstenciones de varias instituciones y autoridades públicas de adoptar las medidas necesarias para proteger su vida, entre las cuales destaca la falta de investigación adecuada de las amenazas en el marco de un alegado plan de exterminio de dirigentes de la UP. Es claro que, en este caso, la ejecución de un Senador de la República no podría haberse llevado a cabo sin la planificación (supra párr. 101) y coordinación necesarias (infra párrs. 114 y 115). Fue a partir de ese momento que comenzó a concretarse el incumplimiento de las obligaciones de respetar y garantizar su derecho a la vida, dadas las graves faltas en los deberes estatales de prevención y protección" (Fragmento de la sentencia del caso Manuel Cepeda Vargas, CIDH).

Los perpetradores materiales, dos sargentos del ejercito, salieron hace rato, purgando condenas de 10 y 11 años. Pero lo que produce una desilusión terrible, fue la primera sanción impuesta por sus superiores militares: Represión Severa = Amonestación verbal fuerte en frente de la tropa formada. Por un asesinato? Desde luego fue apelada, y la primera condena fue de 43 años, que luego se redujo a 26, y terminó convertida en el tiempo antes mencionado. Por esto y otras joyas que se describen en la sentencia de la CIDH, es que la declaración del presidente Uribe da pena. Es un acto bárbaro tergiversar las cosas de esa manera. Y en los puntos resolutivos, lean lo que dice la CIDH. No pude haber una condena más clara y explícita al Estado colombiano: es un crimen de estado. El que no crea, que se lea la sentencia completa antes de agarrarme a piedra.

"La Corte declara por unanimidad, que:

1. Acepta el reconocimiento parcial de responsabilidad internacional efectuado por el Estado, en los términos de los párrafos 13 a 23 de la presente Sentencia.

2. El Estado violó los derechos a la vida e integridad personal, reconocidos en los artículos 4.1 y 5.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en relación con el artículo 1.1 de la misma, en perjuicio del Senador Manuel Cepeda Vargas, en los términos de los párrafos 67 a 126 de este Fallo.

3. El Estado violó los derechos a las garantías judiciales y protección judicial, reconocidos en los artículos 8.1 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en relación con el artículo 1.1 de la misma, en perjuicio del Senador Manuel Cepeda Vargas y sus familiares, en los términos de los párrafos 127 a 167 de este Fallo.

4. El Estado violó los derechos a la protección de la honra y la dignidad, la libertad de pensamiento y expresión, la libertad de asociación y los derechos políticos, reconocidos en los artículos 11, 13.1, 16 y 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en relación con el artículo 1.1 de la misma, en perjuicio del Senador Manuel Cepeda Vargas, en los términos de los párrafos 168 a 179 de esta Sentencia.  

5. El Estado violó los derechos a la integridad personal, protección de la honra y de la dignidad, derecho de circulación y de residencia, reconocidos en los artículos 5.1, 11 y 22.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en relación con el artículo 1.1 de la misma, en perjuicio de Iván Cepeda Castro, María Cepeda Castro, Olga Navia Soto, Claudia Girón Ortiz, María Estella Cepeda Vargas, Ruth Cepeda Vargas, Gloria María Cepeda Vargas, Álvaro Cepeda Vargas y Cecilia Cepeda Vargas, en sus respectivas circunstancias, en los términos de los párrafos 180 a 210 de este Fallo.

6. No corresponde emitir un pronunciamiento sobre la alegada violación de los artículos 41 y 44 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en perjuicio del Senador Manuel Cepeda Vargas, ni sobre el alegado incumplimiento del artículo 2 de la misma" (Fragmento de la sentencia del caso Manuel Cepeda Vargas, CIDH).

La Unión Patriótica (UP), un partido derivado de los Acuerdos de la Uribe con las FARC-EP, en la época del presidente Betancur, fue considerado como el brazo político de dicha guerrilla. A la UP se integraron miembros del Partido Comunista Colombiano (PCC), entre ellos Manuel Cepeda Vargas (Q.E.P.D), y el hoy vicepresidente electo Angelino Garzón, quien también pasó a la UP.
Dicha fuerza fue perseguida sistemáticamente hasta casi ser exterminada. (Lo admite el exfiscal Armando Iguarán, sentencia de la CIDH). La UP buscó el cambio desde la oposición de izquierda, alcanzó varias curules en el congreso, alcaldías, concejales y diputados, incluso estuvo en la Asamblea Nacional Constituyente del 91 para redactar la nueva constitución del país.
Su exterminio sistemático, como expresó el Expresidente Samper, en un aparte de la sentencia del aquí mencionado caso, se debe a la intolerancia y la McArtización de la política. A largo plazo ese genocidio le hizo un daño enorme al país porque radicalizó aun más a las FARC, y definitivamente extinguió la posibilidad real de alcanzar la paz por la vía negociada, cuando aun era viable. Los que teníamos esto en mente, no le dimos muchas esperanzas al proceso del Caguán. Por el precedente, aun fresco en la memoria de la guerrilla del genocidio de la UP. Los diálogos fueron una farsa. Para las FARC: parte de la estrategia para llegar al poder por la vía armada aplicando uno de los tantos principios del Tsun Tsu, y para Pastrana.... que le dijeran presidente, al menos por 4 años, y expresidente toda su vida.
El presidente Uribe afortunadamente enderezó la situación, y recuperó el terreno perdido en materia de seguridad nacional, y se avanzó en como nunca antes en la historia del país, en la presencia y consolidación del Estado en todo el territorio nacional.
Una de las lecciones de este emblemático caso de asesinato sobre el que la CIDH se acaba de pronunciar la semana pasada, es que no importan las "buenas" intenciones que se tengan para preservar la democracia, porque cuando se ejecuta el asesinato de un político y además luego se encubre como lo describe la sentencia, se destruye la confianza institucional, se destruye la confianza en los valores que fundaron la república, se destruye la civilidad, la autoridad emanada de los ciudadanos con derechos, y se convierte el país en un coliseo donde se sacrifican ciudadanos a voluntad, de quién?, del que o los que se ha(n) arrogado el derecho de llamarnos a los demás brutos, y desprecian la fuerza del voto, de la democracia, y de los derechos que se adquieren al nacer en un país democrático.

1 de julio de 2010
©1 de julio de 2010
27 de junio de 2010
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criminales quieren justicia y paz


Paras que no están en Justicia y Paz ayudan a esclarecer crímenes en Casanare. La colaboración de ex combatientes de las Autodefensas Campesinas de Casanare permitió aclarar varios asesinatos, desapariciones y desplazamientos, que llevaban casi una década en la impunidad.
Colombia. Aunque no están postulados a Justicia y Paz porque fueron capturados antes de la desmovilización, 14 presos de las Autodefensas Campesinas de Casanare (ACC) apoyaron la versión libre de José Reinaldo Cárdenas, alias ‘Coplero’, uno de los pocos miembros de este grupo que está rindiendo versión libre, y lograron esclarecer más de 58 crímenes que hasta ahora no se habían resuelto.
A la audiencia ante el despacho 16 de Justicia y Paz participaron, además de ‘Coplero’, Josué Darío Orjuela, alias ‘Solín’, ex jefe de todas las escuadras urbanas de Casanare; Alexander Urbina, alias ‘Careloco’, ex jefe militar de las ACC; Jairo Espejo Rivera, alias ’Yimmy’, ex jefe en Boyacá, entre otros. Los ex ‘paras’ esperan que, con su colaboración, los postulen a Justicia y Paz.
Las Autodefensas Campesinas del Casanare fueron creadas por Héctor Buitrago y sus dos hijos Héctor Germán, alias ’Martín Llanos’ y Nelson Orlando, alias ‘Caballo’ a finales de los años setenta. ’Martín Llanos’ alcanzó a negociar con el gobierno la desmovilización de las ACC, pero finalmente Luis Eduardo Linares alias ‘HK’, mando militar del grupo obstaculizó la dejación de armas, lo que explica que sean tan pocos los ex combatientes de las ACC en Justicia y Paz. En abril pasado Héctor Buitrago, alias ’El Viejo’, fue arrestado por la Policía.
Uno de los casos que se pudieron solucionar con la colaboración de 14 presos de la ACC fue el de tres personas que fueron envenenadas con cianuro por los ‘paras’. Según los ex paramilitares en la audiencia, otros combatientes a quienes identificaron con los alias de ‘Chocolate’, ‘Camargo’ y ‘Tinije’, secuestraron a estas personas en una camioneta y se los llevaron a la vereda Río Chiquito en Aguazul.
Allí los retuvieron una semana, los torturaron y los interrogaron sobre sus presuntos vínculos con la guerrilla. Después los asesinaron, "’Solín’ tenía la orden de ensayar una arma tóxica para torturar".
Contaron que este paramilitar les echó cianuro en la boca, un veneno letal que impide la circulación del oxígeno en el organismo. Las tres personas se retorcieron por los efectos del veneno, y después fueron ultimados con machetes y desmembrados. Los ex ‘paras’ contaron que luego los enterraron en una fosa en Mata Redonda.
Otro caso que logró esclarecer la Fiscalía fue el asesinato de cinco personas, el 15 de julio de 1999, a quienes identificaron como Jacobo y Javier Chaparro, que eran menores de edad, Ángel José Varón, Jorge Camacho y Carlos Rubiano, que las autodefensas asesinaron por ser supuestos miembros de un banda que robaba ganado.
Estas personas fueron decapitadas y sus cuerpos fueron arrojados en el parque principal de Villanueva cubiertos con plásticos negros.
Los ‘paras’ contaron que asesinaron a estas cinco personas porque supuestamente el comandante de la Policía de Villanueva no quería colaborarles y para, al parecer, mostrar la ineficacia del oficial a los habitantes del municipio y a sus superiores, y así presionar para que fuera relevado. Según la Fiscalía, desprestigiar los miembros de la fuerza pública que se negaban a cooperar fue una de las tácticas que las autodefensas usaron en Casanare para poco a poco infiltrar completamente las autoridades.
Por este crimen Fabio Leguizamón Pulido fue condenado a 40 años de prisión por un tribunal de Yopal.
Otro de los hechos que la Fiscalía logró aclarar fue el del asesinato y desaparición en septiembre de 2001 de  un campesino de apellido Valbuena y de su hija, que tenía seis meses de embarazo cuando se cometió el crimen.
Según dijeron los ex ‘paras’ de las ACC, las autodefensas secuestraron al padre y a la hija, a quienes señalaron de presuntos colaboradores de la guerrilla. Los criminales además les robaron el carro y se los llevaron a Río Chiquito, vereda de Aguazul, donde los retuvieron tres días.
En ese sitio, los paramilitares los interrogaron torturándolos y se los llevaron a un sitio conocido como Hato Tamarindo, donde los asesinaron con machetes y cuchillos. ‘Coplero’ agregó en la versión libre: "le dije a ‘Chanfle’ que lo ultimara, yo evadí por la muchacha que tenía cuatro meses de embarazo y por eso no me quedé, esperé una hora mientras pasaban los hechos". Después de matarlos, los ’paras’ desmembraron a las dos víctimas y los enterraron en una fosa.
Según documentó la Fiscalía, se volvió sistemático para las ACC torturar a sus víctimas y después desaparecerlos en fosas. Los ‘paras’ trataban de hacer las sepulturas lo más pequeño posible para dificultar su ubicación. "La reglas era que si las autoridades encontraban un cuerpo, la orden de ‘Martín Llanos’ era asesinar al paramilitar que lo había enterrado", le dijo a VerdadAbierta.com un investigador judicial.
La estrategia de la Fiscalía es ahora tratar de postular estos 14 presos a Justicia y Paz para impulsar nuevas revelaciones sobre parapolítica, masacres, desapariciones y reclutamiento de menores en Casanare. Así  ‘Solín’ prometió entregar la ubicación de más de 300 fosas e información sobre políticos del departamento si los incluyen en  Justicia y Paz.
La solicitud de postular más miembros de las ACC a la ley de Justicia y Paz cuenta con el respaldo de asociaciones de víctimas y de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación (Cnrr). Según el Noticiero del Llano podrían ser más de 150 ex miembros de la ACC que están detenidos y que piden ser admitidos en Justicia y Paz.
Este intento de reconstruir los peores episodios de la violencia en Casanare fue resaltado por las víctimas de los ‘paras’ que asistieron a la audiencia. Voceros de la Fundación Yovany Quevedo, una organización de víctimas en Casanare, dijeron que era la primera vez que estaban satisfechos de una versión libre de ex miembros de las ACC.
La presencia de ‘Solín’ en la audiencia fue clave porque era uno de los segundos de Héctor Germán Buitrago, alias ‘Martín Llanos’ y estaba en el estado mayor de las ACC. ‘Solín’ tenía mando sobre más de 800 paramilitares y fue el que entregó el video donde el ex gobernador de Casanare Miguel Ángel Pérez le recibe 500 millones de pesos a ‘Martín Llanos’, que sirvió para condenar el político.
"‘Coplero’ solo no puede esclarecer todos los hechos, y hemos venido colaborando con Justicia y Paz de manera voluntaria, pero siempre con el propósito de que el gobierno nos dé la oportunidad de entrar a Justicia y Paz, para poder esclarecer la totalidad de los hechos de la organización a la que pertenecimos", dijo ‘Solín’ en entrevista con Llano 7 días.
Por eso varias víctimas dijeron en la audiencia que no les servía que los ex paramilitares de las ACC estuvieran en la justicia ordinaria, pues para ellas es importante que se haga luz en casos claves, en un departamento donde hay casi tres mil desaparecidos.

1 de julio de 2010
25 de junio de 2010
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modifican norma de extradición


Gobierno modifica la norma para extraditar paramilitares. Dice el gobierno que con esta norma "busca garantizar el cumplimiento de los compromisos internacionales adquiridos" por el país.
Colombia. El Gobierno colombiano modificó la norma para autorizar las extradiciones de detenidos a otros países, informó este lunes el Ministerio del Interior y Justicia.
Los ajustes están contenidos en el decreto 2288 del 25 de junio de este año, en el que se precisa que las personas que estén siendo juzgadas por la Ley de Justicia y Paz no serán extraditadas de "manera inmediata, sino que se diferirá a un año, prorrogable a juicio del Gobierno".
El documento detalla que el aplazamiento de las extradiciones queda supeditado a que los requeridos tengan crímenes por esclarecer en Colombia, que estén contribuyendo con la verdad dentro de la Ley de Justicia y Paz y que tengan víctimas en el país.
La Ley de Justicia y Paz amparó la desmovilización de 53.037 combatientes paramilitares y guerrilleros entre agosto de 2002 y abril pasado, y permitió conocer 40.455 hechos de violencia, según un estudio de la oficina del Comisionado para la Paz.
"Con esta norma, el Gobierno Nacional busca garantizar el cumplimiento de los compromisos internacionales adquiridos por Colombia, entre ellos, que también sean juzgados los delitos que sean cometidos en el exterior y cuyo posible autor se encuentre en el país, manteniendo la garantía del juzgamiento en territorio nacional", dice el comunicado de prensa del Ministerio del Interior y Justicia.
Aclara, sin embargo, que no habrá lugar "a diferir la extradición" en los casos en que el "requerido" no contribuya en forma efectiva con el esclarecimiento de la verdad, justicia y reparación o cuando haya incurrido en conductas delictivas después de la desmovilización.
En los últimos meses el Gobierno de Álvaro Uribe y la Corte Suprema de Justicia han chocado porque el tribunal ha negado la extradición de varios ex jefes paramilitares, entre ellos Daniel Rendón Herrera, alias ‘Don Mario’; su hermano Freddy Rendón Herrera, alias ‘El Alemán’, y Edward Cobos Téllez, alias ‘Diego Vecino’.
Según la Corte, antes de atender los requerimientos de otros Estados, los ex paramilitares deben responder ante las víctimas y la justicia, de acuerdo con la Ley de Justicia y Paz.
Hace dos semanas, Uribe, que ha extraditado a Estados Unidos desde 2002 a más de 1.100 personas, anunció que iba a "introducir modificaciones" a esta figura.
El mandatario colombiano había expresado recientemente su disconformidad con la Sala Plena de la CSJ por su negativa a aprobar nuevas solicitudes de extradición de ex jefes paramilitares reclamados por Estados Unidos bajo cargos de narcotráfico y financiación al terrorismo.

1 de julio de 2010
29 de junio de 2010
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