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condenan a paramilitar por asesinato


Condenan a ’Juancho Prada’ por asesinato de ex alcalde de Aguachica. [Si no puedes entrar, pincha comentar...]
Colombia. Luego de aceptar ante la Fiscalía su responsabilidad en el crimen del ex alcalde de Aguachica (Cesar), Luis Fernando Rincón López, el ex jefe de autodefensas Juan Francisco Prada Márquez fue sentenciado a 14 años y cuatro meses de prisión por el Juzgado Penal del Circuito Especializado de Valledupar.
Rincón López fue ultimado por hombres del grupo encabezado por Prada Márquez, alias ‘Juancho Prada’, en la finca Las Palmas, corregimiento de Buturama, jurisdicción de Aguachica, el 15 de agosto de 2000, cuando adelantaba campaña para lograr su reelección a la alcaldía de esa población.
Alias ‘Juancho Prada’ en diligencia para sentencia anticipada reconoció ante un fiscal de Derechos Humanos y DIH haber incurrido en el delito de homicidio agravado, en calidad de determinador.

30 de junio de 2010
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le compraba armas al ejército


Hijo de Hernán Giraldo aseguró que compraba armas a militares. Ante Justicia y Paz, Daniel Giraldo, alias ‘El Grillo’, dijo que le compraba armas a un teniente del ejército y a quien el grupo armado supuestamente le entregaba cadáveres para falsos positivos.
Colombia. Alias ‘El Grillo’ rindió versión libre sobre en Barranquilla y allí relató cómo los paramilitares de la Sierra Nevada contaron con la supuesta complicidad de varios miembros de la Fuerza Pública en Magdalena. Este paramilitar habla diariamente con su padre Hernán Giraldo, extraditado en abril de 2008, a quien le consulta las decisiones que toma y su padre le dijo que se acogiera a Justicia y Paz y contara todo lo que sabe sobre los nexos de las Auc con las autoridades y políticos.
En esta, su primera versión ante justicia y paz, reconoció haber participado en unos veinte homicidios, en el desplazamiento forzado de los campesinos de la Sierra Nevada de Santa Marta en noviembre de 2001 provocado por el enfrentamiento entre el Bloque Norte de Rodrigo Tovar Pupo, alias Jorge 40, y el Frente Resistencia Tayrona, en la desaparición de personas a las que el grupo asesinaba y sepultaba. También reconoció que antes de la desmovilización abrieron las tumbas e incineraron  los huesos y cuerpos de sus víctimas para que no quedaran rastros de los hechos, orden que dio el denominado "Estado Mayor" de las autodefensas.
Daniel Giraldo creció a la par de su padre, el extraditado jefe paramilitar Hernán Giraldo alias ’el Patrón’, fue comandante en la Quebrada del Sol y en Don Diego, y en 2004, fue nombrado jefe militar del Frente cuando uno de sus comandantes, Norberto ‘Beto’ Quiroga, conocido con el alias de 5.5, se recuperaba de una enfermedad. ’El Grillo’ también fue comandante de seguridad de su padre. Fue capturado en Falan, Tolima, el pasado 19 de enero, por el delito de concierto para delinquir y aunque los términos en la justicia ordinaria están vencidos y podría recuperar la libertad, su padre le aconsejó que permaneciera en justicia y paz.
El ex paramilitar contó en su versión de dos días ante la Fiscal Novena de Justicia y Paz, Zeneida López Cuadrado, los supuestos nexos que el grupo sostuvo con el teniente del ejército Leonardo Miranda Ortega, a quien conoció en Guachaca un día que se lo presentó Luis Edgar Medina Flórez, alias ‘Chaparro’. Según el desmovilizado, el día que lo conoció Medina Flórez  le regaló al teniente una pistola en acero inoxidable con tres proveedores.
También agregó que quien tenía una relación de apoyo militar con el oficial era jefe militar del Resistencia Tayrona que controlaba la región de San Pedro de la Sierra y uno de los miembros del grupo de mayor confianza de Hernán Giraldo. Las autodefensas supuestamente le entregaban al teniente Miranda personas a quienes ellos daban de baja y el teniente presuntamente los presentaba como dados de baja en combate y gracias a esa ‘efectividad’ en la lucha antisubversiva el oficial fue condecorado. ‘Beto’ Quiroga se los entregaba con camuflado y brazaletes de la guerrilla.
Los paramilitares, según la versión de ’El Grillo’ le entregaban al militar armas inservibles, que aparentemente eran incautadas a los grupos armados irregulares, tanto guerrilleros como paramilitares, y después éstas eran presentadas por el ejército como recuperadas en la lucha contraguerrillera.
El desmovilizado dijo que el trato que ’Beto Quiroga’ supuestamente tenía con el teniente contemplaba la entrega de gente y armamento malo y a cambio el teniente le entregaba granadas de mano y munición. Según el relato del desmovilizado en una ocasión el mismo ingresó a la Escuela Militar José María Córdoba en Bogotá, en compañía del teniente y compraron uniformes, material de intendencia, chapusas, chalecos, camuflados y botas de uso exclusivo de las fuerzas armadas.
Después de la compra, Giraldo le preguntó qué cómo hacían para pasarlo por el aeropuerto sin contratiempos. Entonces, según la versión del paramilitar, el teniente le dijo que él se lo enviaba a un conductor del Batallón José María Córdova adscrito a la Segunda Brigada del Ejército y éste se encargaría de entregarlo a ‘Beto’ Quiroga. "El teniente nos decía que lo que necesitáramos, que él estaba a la orden. Llegaron a tal grado de confianza, que el teniente en una ocasión lo invitó a una fiesta de graduación de cadetes", dijo el paramilitar en un aparte de la versión libre.
Pero si con el teniente las cosas funcionaban, con Almanza el conductor del ‘camión blanco’ del batallón también eran oportunas y convenientes para el grupo armado. Gracias a esa relación, alias ‘Beto’ Quiroga se movilizaba camuflado por el departamento como miembro del ejército. Pasaba de una zona a otra sin ningún riesgo de ser capturado. Dijo ‘El Grillo’, que ellos llegaban a San Pedro de la Sierra, corregimiento de Ciénaga, y a otras poblaciones, se encontraban con el teniente y no les decía nada. El teniente comandaba, según ‘El Grillo’ un ‘Escuadrón de la Muerte’ que habría operado entre los años 2000 y 2005 en el departamento de Magdalena. Y le pusieron así por los falsos positivos que daban con gran regularidad. El teniente Miranda comandaba al parecer una unidad antinarcóticos que patrullaba la Sierra Nevada y gracias a los resultados fue condecorado y ascendido. Almanza se encuentra hoy como jefe de patio en la Cárcel de El Bosque de Barranquilla y tenía muy buenas relaciones con la alta oficialidad del Batallón Córdova con sede en Santa Marta.
La fiscal le pregunta si tuvo conocimiento de otras acciones en las que el grupo hubiera sido apoyado por la fuerza pública. Daniel Giraldo recordó que en una ocasión en que la guerrilla atentó contra Hernán Giraldo en el año 2000, Jairo Musso coordinó el apoyo de la fuerza aérea de la Base del Atlántico. Él avión fantasma, dice, nos ayudó, teníamos comunicación por radio con ellos y les dimos la posición de la guerrilla y el avión hizo dos o tres bombardeos, eso fue el 15 de febrero de 2000’.

Las Guerras en la Sierra
Daniel Giraldo Contreras tenía cuatro años cuando murió su madre. Desde entonces, 1986,  recuerda que no se despegaba su padre, Hernán Giraldo Serna, el jefe de uno de los grupos de autodefensa más antiguos del país. Como el muchachito no dejaba de llorar, su padre lo llevaba para donde fuera montado en la grupa del caballo. Recorrió en su infancia toda la Sierra Nevada y a los catorce años el ex jefe paramilitar le regaló su primer fusil, pero ya había tenido armas cortas.
Daniel Giraldo comenzó a portar armas desde los 14 años y se cree, por lo que el mismo Hernán Giraldo y sus hombres han contado, que es uno de los 38 hijos que el jefe paramilitar tuvo durante 40 años de control de la Sierra Nevada. Sus hermanos mayores son Alberto, Amparo y alias Rambo, con quienes se encuentra distanciado porque se apoderaron del ganado de su padre y lo vendieron. También porque se aliaron con la banda de ‘Los paisas’ y Daniel se alió con los ‘urabeños’ de alias Don Mario y terminó expulsándolos.
Pero durante los casi quince años que militó en el grupo armado fue testigo de varias guerras, entre otras con la banda del ‘Negro Adán’ Rojas. Con estos se enfrentaron a finales de 1999 por el asesinato de Emérito Rueda, un amigo de Hernán Giraldo, a quien los Rojas asesinaron en un hecho confuso, pues los Rojas han dicho que ellos salieron a la Troncal a robarse una Toyota, la primera que apareciera y cuando bloquearon la vía  se encontraron el señor Rueda que iba armado y en el intercambio de disparos lo mataron.
Ese asesinato provocó el enfrentamiento entre los hombres de Giraldo y la banda de los Rojas a finales de 1999, a pesar de que existía una amistad entre los jefes y se habían dividido el control de la Sierra. Pero a Giraldo le ponían quejas permanentes de los Rojas, quienes abusaban de su poder. Después de varios días de combate los Rojas fueron expulsados y un grupo de 20 hombres armados se pasaron para el grupo de Giraldo, entre otros Eduardo Vengoechea Mola, alias ‘El Flaco’ y Eliseo Cadena.
El enfrentamiento entre Rojas y Giraldo ocurrió después de la fuga de Adán Rojas de la cárcel. Cuando llegó a la base le dio la orden a alias ‘Caleño’ y al ‘Cabo’ de la Pava, un miembro activo del Ejército, que salieran a la carretera y se robaran una Toyota de estacas, que se fueran por los lados de la Drummond, pero salieron a la carretera por Calabazo. En el enfrentamiento fue asesinado el cabo De la Pava, a quien los Rojas recogieron y arrojaron en la orilla de la carretera frente al Sena para que lo recogieran y no fueran a relacionar un caso con el otro. De la Pava fue sepultado con honores.
Dos años después, los Rojas se unirían a Carlos Castaño, Salvatore Mancuso y Jorge 40, que le declararon la guerra a Giraldo cuando éste se negó a unificar sus fuerzas con las del Bloque Norte, derrotándolo y quitándole el mando militar y el 60 por ciento de los ingresos que obtenía hasta entonces las conocidas Autodefensas de Magdalena y Guajira, las mismas que después de la confrontación a comienzos de 2002 se llamarían Frente Resistencia Tayrona, subalterno al Bloque Norte.
De la guerra con la banda del ‘negro’ Adán Rojas, el grupo pasó a enfrentar una de las peores crisis por un error de Jairo Musso, conocido con el alias de ‘Pacho’, actualmente extraditado. Musso ordenó asesinar a tres agentes antinarcóticos en el restaurante ‘El ‘Pechiche’ en el que murieron Heriberto Cordero Guerrero, José Gregorio García Sanguino y Fabián Alexander Torralba Vásquez, así como los hermanos Edgar y José Orlando Lara García, dos turistas, y Teodoro de Jesús León Gravini.
Esta masacre, dijo, enojó mucho a Hernán Giraldo, pues, según sus palabras, dijo que lo que él había hecho en 20 años, lograr la convivencia entre las comunidades con las autoridades,  alias ‘Pacho’ Musso lo había dañado con las patas en una noche. ‘Después de eso, a partir del año 2001 había presencia permanente de antinarcóticos, tanto así que ‘el Guajiro’ subió para decirnos que nos moviéramos porque el ejército iba subiendo. Nos desplazamos de la vereda El Filo a La Estrella y de ahí hasta el cero de la piedra blanca, pero nos fuimos más arriba, a  Las Nubes y allá llegaron los helicópteros de antinarcóticos persiguiéndonos por la masacre de los tres agentes en El Pechiche’.
Después de la guerra con Los Rojas, Giraldo dijo que como comandante fue nombrado Walter Torres, a quien conocían también con el alias de ‘02’, y es recordado como uno de los más sanguinarios jefes que hayan conocido en la Sierra Nevada. En esa época, año 2000 y 2001, comenzó la práctica del desmembramiento de las víctimas. Según Giraldo, Beto Quiroga decía que era más fácil hacer un hueco pequeño. Los patrulleros recibían entrenamiento en una escuela en Machete Pelao que duraba tres meses, en la que les enseñaban cómo descuartizar, cómo tomar zonas, formas de patrullaje y qué hacer en caso de combates. A la escuela acudían los paramilitares uniformados con camisa y dril color caqui y morral azul. Al final del curso Castaño les entregaba un diploma firmados por Carlos Mauricio García, alias ‘Doble Cero’ o ‘Rodrigo’.
Después de la guerra con el Bloque Norte en el 2002, quedaron como comandantes Tolima, Monoleche y Walter Torres. Pero para firmar los términos de cómo funcionaría en adelante la organización, Rodrigo Tovar puso como condición para reunirse con Hernán Giraldo que enviaran a los comandantes Beto Quiroga, Tolima y Daniel Giraldo, como garantía de que respetarían su vida. Los dos primeros no aceptaron y en el caso de El Grillo Hernán Giraldo le dijo que decidiera él mismo, porque Beto y Tolima dijeron que no iban apara allá. "Yo le dije a Giraldo que si con eso se arreglaba el conflicto yo iba", dijo en su versión ’El Grillo’.
Giraldo estuvo en Santa Fe de Ralito durante un mes, mientras duraron las conversaciones entre Giraldo y Jorge 40 en las que acordaron un armisticio. Jorge 40 y Carlos Castaño le pedían a Hernán Giraldo que les entregara a Jairo Musso por la masacre de los tres agentes antinarcóticos en el restaurante ‘El Pechiche’, pero Giraldo no accedió a esa petición.
Se refirió a hechos que ya han sido mencionados por otros postulados, como el asesinato de Gentil Cruz, el representante de una ONG francesa que estaba comprando tierras al parecer para los indígenas, contrariando una orden de Hernán Giraldo en el sentido de que los campesinos no podían vender la tierra. El mismo Hernán Giraldo dio la orden al ‘Flaco’ Vengoechea Mola. Gentil Cruz tenía una parcela en la vereda El Orinoco. El mismo Daniel reconoció haber asesinado a un señor a quien conocían como ‘El Zarpazo’, porque estaba vendiendo sus tierras a los indígenas.
La justicia tendrá que investigar las sindicaciones de este ex paramilitar.

30 de junio de 2010
29 de junio de 2010
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narváez ordenó matar a garzón


José Miguel Narváez, el ex subdirector del DAS, fue cobijado con detención preventiva sin beneficio de excarcelación por la Fiscalía como supuesto determinador del homicidio del periodista Jaime Garzón.
La Fiscalía General de la Nación ordenó la detención del ex subdirector del DAS, José Miguel Narváez, a quien acusa como presunto determinador del asesinato del periodista Jaime Garzón, ocurrido en agosto de 1999.El Fiscal General (e), Guillermo Mendoza Diago, señaló que la medida de aseguramiento se dictó con base en el trabajo adelantado por miembros de la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía, quienes recopilaron pruebas de la presunta participación de ex funcionarios del DAS en el homicidio del humorista y periodista, entre ellos, Narváez.
El 19 de octubre de 2009 Narváez había sido vinculado a los asesinatos de Jaime Garzón y del senador de la UP, Manuel Cepeda Vargas. El periodista fue asesinado el 13 de agosto de 1999 por órdenes de Carlos Castaño.
Los testimonios de por lo menos cinco ex jefes paramilitares señalan que Narváez fue quien influyó en que Carlos Castaño ordenara el asesinato de Garzón. Pero los señalamientos en su contra van mucho más allá del homicidio del humorista.
Narvaéz también está relacionado como uno de los personajes principales tras el secuestro de la senadora Piedad Córdoba por parte de los paramilitares. No menos comprometedor es que en las diferentes versiones de los ex comandantes de las AUC no sólo lo vinculan con esos episodios, entre otros, sino que también queda en evidencia que desde hace por lo menos una década presuntamente fue instructor, ideólogo y un hombre que pudo influir en los paramilitares para ejecutar muchas de sus acciones. "Se reunió en varias ocasiones con Carlos Castaño y conmigo para enseñarnos a combatir a los comunistas.
Estuvo en algunas escuelas de formación de cuadros de mando y tuvo la oportunidad de adoctrinar ideológicamente a esos hombres", dijo Salvatore Mancuso en su versión libre desde la cárcel en Estados Unidos en febrero de este año, al referirse a Narváez. "Él disparaba contra todo el mundo y decía que era lícito combatir comunistas, sin importar donde se encontraran. Nos sorprendió por la fogosidad con la que habló. Luego nos dijo que tomáramos nota y sacó una lista de 50 ONG que, según él, eran propiedad de la guerrilla. Después le dije a Carlos: ’ese señor es un gran terrorista’."
"Me sorprendió cuando lo vi de segundo de Noguera en el DAS", afirmó recientemente en diferentes medios Freddy Rendón, alias el ’Alemán’.
Testimonios similares a los de estos dos ex paramilitares también han rendido ante las autoridades Diego Murillo, alias ’Don Berna’; Iván Roberto Duque, alias ’Ernesto Báez’, y Jorge Iván Laverde, alias el ’Iguano’. Son estas versiones, entre otras pruebas, las que hoy tienen tras las rejas a Narváez. Lo sorprendente es que aunque algunas de esas versiones llevan años y algunos de los hechos que relacionaban a Narváez también son conocidos desde hace algún tiempo.
’El Iguano’ por ejemplo aseguró que en 2008 el ex subdirector Nacional del DAS, José Miguel Narváez, sugirió a Carlos Castaño Gil, para que asesinara al periodista y humorista Jaime Garzón.
Narváez es un ex empresario, oficial de la reserva del Ejército, que durante varios años trabajó como asesor del Ministerio de Defensa en temas de inteligencia. Fue catedrático de la Escuela Superior de Guerra y subdirector del DAS durante unos pocos meses en la era de Noguera. En diferentes épocas ha sido asesor de la Federación de Ganaderos (Fedegán), cargo que ocupó hasta hace poco antes de ser arrestado. En las Fuerzas Militares siempre ha estado relacionado con los sectores más cuestionados, como el general Rito Alejo del Río.

Narváez y el Juicio contra Jorge Noguera
En la audiencia del juicio contra Jorge Noguera celebrada el pasado 20 de mayo, Narváez habló sobre algunas irregularidades cometidas al interior del DAS que nunca fueron investigadas por la justicia. Entre ellas, la creación de una agencia de inteligencia anexa al DAS que robaba información y expedientes para paramilitares y narcotraficantes, y que además cometía asesinatos.
Según dijo el ex funcionario, el 11 de febrero de este año solicitó a la Corte Suprema de Justicia declarar en el proceso que se adelanta contra Jorge Noguera con el propósito de establecer "la verdad de lo ocurrido" con relación al DAS".
Aseguró que algunos hechos e irregularidades fueron denunciados por él cuando trabajaba como sub director del DAS y que nunca fueron investigados por la Fiscalía. La mayoría de estos hechos se relacionan con la supuesta infiltración de paramilitares en el DAS.

‘Macaco’ y el DAS
Narváez habló sobre una grabación que le fue entregada en 2005 por una agente del DAS, Sonia Rodríguez Briceño, en la que dos agentes de inteligencia del DAS conversaban sobre un supuesto plan de los paramilitares comandados por alias ‘Macaco’ para crear una agencia de inteligencia paralela al DAS que sería coordinada por Enrique Ariza, en ese momento, Director de Inteligencia del organismo.
La grabación, según Narváez, incluía un plan para atentar contra él y contra un general de la Policía que eran considerados un obstáculo para la creación de esa agencia.
Según Narváez, con esta grabación se dirigió a la oficina de Jorge Noguera y tras explicarle la situación, ordenaron una investigación interna sobre estos hechos. Narváez asegura que hasta hoy no se ha dado ningún resultado sobre estas grabaciones. "Mi deseo es saber qué pasó con las denuncias que hice porque parece como si se estuviera ocultando la investigación" señaló Narváez.

Varela, Miguel Arroyave y el DAS
Narváez habló también sobre dos reuniones que tuvo en 2005 con un ex funcionario del DAS, llamado Carlos Moreno Roa, quien fue declarado insubsistente por Noguera ese mismo año, y quien presuntamente tenía información sobre la infiltración de paramilitares en el DAS.
En esas reuniones, grabadas por Narváez, el ex funcionario le dijo que había asesinado gente por orden del entonces jefe de inteligencia del DAS, Enrique Ariza. Se refirió también a expedientes del DAS que había sido robados del organismo y que vinculaban al narcotraficante Wilber Varela alias ‘Jabón’ con funcionarios de la fuerza pública. Estos expedientes, según el relato, fueron entregados a Varela.
El ex funcionario habló de otras irregularidades que vinculaban a Ariza con los paramilitares, entre ellas, sus nexos con el Bloque Centauros de las AUC y con su ex comandante Miguel Arroyave a quien supuestamente le vendió información de inteligencia por 150 millones de pesos.
Tras estas reuniones, Narváez aseguró que hizo las respectivas denuncias ante el entonces fiscal general, Mario Iguarán, pero hasta hoy, cinco años después de esas presuntas denuncias, "nada ha pasado".

Noguera, Narváez y el DAS
Sobre su desempeño en el DAS, Narváez negó cualquier vínculo con grupos paramilitares, así como cualquier nexo con el ex jefe de informática del DAS y ficha clave de los paramilitares en el organismo, Rafael García. Narváez aseguró que durante su administración en el DAS se adelantaron más de 17 operaciones en contra de grupos paramilitares.
De igual forma, negó tener conocimiento de algún tipo de nexo entre Noguera y grupos paramilitares.
Narváez reconoció en audiencia la existencia del denominado ‘G-3’, grupo de análisis de inteligencia al interior del DAS que monitoreaba actividades de ONG en el país, pero negó su participación en las actividades de este grupo o como creador del mismo, afirmaciones hechas por el coordinador de ese grupo, Fernando Ovalle.
Narváez está preso por el delito de concierto para delinquir en el caso de las ‘chuzadas’ del DAS desde el 3 de agosto de 2009, bajo custodia del Ejército Nacional en Facatativá. Su caso está asignado al juzgado Sexto Especializado de Bogotá y se encuentra en etapa de interposición de recursos de nulidad.

Contra Narváez se adelantan también investigaciones en la unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía por el asesinato de Jaime Garzón y Manuel Cepeda Vargas, iniciadas con base en los testimonios de alias ‘El Iguano’ y ‘Don Berna’ respectivamente.
Narváez trabajó como subdirector del DAS del 1 de junio de 2005 al 25 de octubre del mismo año hasta que fue declarado insubsistente. Antes de desempeñar ese cargo, Narváez había trabajado como asesor externo del Ministerio de Defensa durante la administración de Martha Lucía Ramírez y posteriormente como asesor externo del DAS hasta 2004.

Narváez y las Auc
La más reciente mención a Narváez por parte de los paras corrió por cuenta de Salvatore Mancuso quien aseguró que lo conoció en 1996 en un campamento de Carlos Castaño y desde entonces se encontraron en varias reuniones convocadas por diferentes jefes paramilitares.
Sobre los nexos de Narváez con grupos paramilitares, Mancuso señaló que el ex funcionario del DAS se presentó a las Auc como profesor de la Escuela Superior de Guerra, y como tal, les dio instrucción militar en más de una oportunidad.
Como hecho especial, el ex jefe paramilitar habló sobre una oportunidad en la que Carlos Castaño le pidió a Narváez que lo "ayudara" con un comandante del Ejército en Urabá que  estaba propinando fuertes golpes a las estructuras paramilitares en esa zona del país.
En otra versión libre desde Estados Unidos ante la Fiscalía, Salvatore Mancuso, alias ‘El Mono Mancuso’, aseguró que el ex subdirector del DAS dictó clases a miembros de las autodefensas sobre lucha anticomunista en varias oportunidades.
Esta no es la primera vez que ex paramilitares mencionan el nombre de Narváez y sus presuntos nexos con paramilitares. En junio de 2008, alias ’El Iguano’ también había hecho referencia a las clases que impartió Narváez a paramilitares en campamentos del Sur de Bolìvar y Córdoba, coincidiendo con el relato de Mancuso.
Mancuso aseguró que entre 1998 y 2002, Narváez, que para ese entonces se desempeñaba como profesor de la Escuela Superior de Guerra, dictó una cátedra llamada "¿Por qué es licito matar comunistas en Colombia?" a un grupo de paramilitares entre los que se encontraban él y Carlos Castaño.
El ex jefe paramilitar aseguró al despacho octavo de la Unidad de Justicia y Paz, que se reunió en más de cinco ocasiones con Narváez en las fincas "Veintiuno" y "Quince" de las autodefensas en Urabá, entre los años 1998 y 2002. "El hombre encargado de difundir los ideales de la democracia y la paz a los mayores de Colombia, se reunió en varias ocasiones con Carlos Castaño y conmigo para enseñarnos a combatir a los comunistas", dijo.
El contenido de las presuntas cátedras iba orientado a justificar el exterminio de sectores sociales involucrados con la guerrilla, entre ellos, hacía énfasis en sindicatos, políticos activos y miembros desmovilizados de la guerrilla. Dentro del grupo de personas estudiadas en la clase figuraba Wilson Borja, quien fue declarado como objetivo militar por parte de las AUC. Borja fue víctima de un atentado el 15 de diciembre de 2000, por los que fueron responsabilizados militares en complicidad con paramilitares.
Según Mancuso, Narváez tenía influencia sobre Carlos Castaño, pero que el jefe paramilitar tenía reservas sobre el ex subdirector del DAS y sus conceptos porque le parecían demasiado radicales: "Cree que todos son guerrilleros", le dijo.
A lo largo de su Versión Libre, Mancuso aceptó haber recibido de manos de Carlos Castaño una lista con los nombres de varias personalidades nacionales que debían ser asesinadas por sus presuntos nexos con la guerrilla. En el listado figuraban los nombres de Álvaro Leiva Durán, Wilson Borja, Gustavo Petro, Piedad Córdoba y un ex parlamentario de Arauca de quien no supo referir el nombre: "Puede ser Octavio Sarmiento o Luis Alfredo Colmenares, tal vez, las autodefensas mataron a los dos", aseguró.
El ex jefe paramilitar confesó que las autodefensas que comandó en Córdoba recibían semanalmente informes de inteligencia de las manos de alias ‘Caballo’ y Wilfredo Ortiz, este último identificado por el ex jefe paramilitar como un miembro activo de la policía de Córdoba en 1994.
La Fiscalía deberá determinar si estos señalamientos son suficientes para llevar a juicio al ex funcionario.

30 de junio de 2010
29 de junio de 2010
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primera condena de justicia y paz


Después de cinco años de Justicia y Paz, se dictó la primera sentencia contra dos  jefes del paramilitarismo, ‘Diego Vecino’ y ‘Juancho Dique’, por crímenes contra la comunidad de Mampuján, un corregimiento de María La Baja, Bolívar.
Colombia. Los ex jefes paramilitares Edward Cobos Téllez alias ’Diego Vecino’ y Úber Banquez Martínez alias ‘Juancho Dique’ fueron condenados por el Tribunal Superior de Bogotá a penas ordinarias de 39 y 38 años respectivamente por la masacre de 11 campesinos y el desplazamiento de 300 familias en Mampuján el 10 y 11 de marzo de 2000.
Sin embargo los dos desmovilizados, por estar cobijados por la ley de Justicia y Paz tendrán una pena alternativa de ocho años.
El Tribunal encontró culpables a ‘Diego Vecino’ y a ‘Juancho Dique’ de los delitos de concierto para delinquir, homicidio, desplazamiento, secuestro, hurto, porte ilegal de armas y uso de prendas de las FF.AA.
El Tribunal calificó la masacre y el desplazamiento de Mampuján de graves infracciones al Derecho Internacional Humanitario y de Lesa Humanidad por haber atacado civiles inocentes.
El Tribunal también determinó la indemnización que deberán recibir las víctimas para ser reparadas.
La reparación individual se basó en las condenas a Colombia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Por homicidio, los paramilitares tendrán que pagar 240 millones por familias víctimas, con un máximo de 40 millones de pesos por víctimas sobrevivientes.
Por desplazamiento, cada familia deberá recibir 120 millones de pesos, es decir 17 millones por cada desplazado. El Tribunal también otorgó una indemnización por los secuestrados de 30 millones de pesos.
Las víctimas, que habían pedido un promedio de 645 millones de pesos por cada familia apelarán la decisión.
Ahora la Corte Suprema de Justicia tendrá que resolver el caso, que marcará un precedente para juzgar los miles de desmovilizados del paramilitarismo y para determinar con cuánto se reparará a las víctimas de masacre, desaparición, desplazamiento, secuestro y robo, entre otros.
En este multimedia de VerdadAbierta.com presenta cuatro claves para entender fallo de la justicia colombiana sobre cómo los paramilitares desplazaron a la comunidad de Mampuján, al occidente de Sucre:

Cara a Cara con los Victimarios
El juicio contra ‘Juancho Dique’ y ‘Diego Vecino’ fue la primera oportunidad para que las víctimas confrontaran a los paramilitares responsables de once asesinatos  y el desplazamiento de una comunidad entera. Apartes de algunas de las preguntas que las víctimas le hicieron a los dos ex ‘paras’.
Durante la audiencia de los paramilitares ‘Diego Vecino’ y ‘Juancho Dique’, varias víctimas de Mampuján se vieron cara a cara con los responsables de su desplazamiento forzado y asesinatos de miembros de su comunidad.
En este juicio histórico, varios miembros de la comunidad de Mampuján le preguntaron a los victimarios sobre los motivos, quiénes estuvieron detrás de los múltiples crímenes que cometieron contra sus familiares y amigos.

"¿Qué sintió al torturar a mi familia?"
Marta Posso, hija y hermana de tres de los campesinos que fueron asesinados en la madrugada del 11 de marzo de 2000 en Las Brisas, le preguntó a Úber Banquez Martínez, jefe del Frente del Canal del Dique de las Auc, ‘Juancho Dique’ y a Édwar Cobos Téllez, alias ‘Diego Vecino’, jefe político del Bloque Héroes de los Montes de María, sobre la manera como los paramilitares torturaron y asesinaron a sus familiares.
 
"¿Será que no tienen corazón? No sé qué estaban pensando en ese momento", les dijo, Marta, quien perdió a su padre y a dos hermanos a manos de los ‘paras’. Interrogó a ‘Juancho Dique’: "¿Qué sintió al torturar a mi familia? ¿Estaba drogado?"
El ex ‘para’ le contestó que Rodrigo Mercado Pelufo, alias ‘Cadena’, su jefe en el Bloque Héroes de los Montes de María, ordenó asesinar a todos los hombres sin misericordia. "La orden era darles un tiro y degollarlos".  ‘Juancho Dique’ dijo que no sabía cómo expresar lo sucedido en los Montes de María, "donde muchas masacres iban a quedar impunes, ya que llevaban más de 10 años sin reconocerlas".
‘Dique’ aceptó que las personas sacrificadas y desplazadas no eran guerrilleros de las Farc como habían dicho en su momento para justificar el crimen y le pidió perdón a Marta Posso: "Les pido perdón, y que de mi parte no se va a dar la repetición…. Estoy arrepentido por todo este daño que hicieron las autodefensas", dijo.
‘Vecino’ dijo que estar frente a sus víctimas y verlas "es una manera de recordar todo el daño causado, de recordar que la organización a la cual pertenecía sembró tragedia y luto en los colombianos". Añadió que no hay ninguna justificación para lo que hicieron y dijo que su responsabilidad como ex jefe político del grupo ilegal era "la misma o mayor que la de personas que la de la personas que accionó el fusil".
Era un ‘Vecino’ diferente al que había llegado a justicia y Paz en 2005, altivo, sin ningún viso de arrepentimiento ni ganas de colaborar con la justicia. Pero los beneficios que le ofrece la ley resultaron un poderoso aliciente para que cambiara de actitud. Más aún cuando tiene una orden de extradición suspendida por la Corte, con la condición de que colaborara con las víctimas.
Vecino, al final, pidió perdón, consciente de que "no es obligación conceder el perdón, siento que el perdón de Dios está lejos; pero el perdón humildemente se puede pedir y libremente algún día se puede conceder. Les pido humildemente a todas las víctimas de Mampuján y de los Montes de María, perdón por todo el daño causado, por tanto sufrimiento y por haberles desgraciado sus vidas… Perdón, mil veces perdón, infinitas veces perdón… ".

"Señores, Yo Quiero Regalarles la Vida (Dos Biblias)"
Mampuján es una comunidad con numerosos cristianos evangélicos, para quienes el perdón es un elemento central de su vida. Alexander Villarreal, un campesino de 32 años, se acercó a sus victimarios y les dijo: "Vine muy fuerte a verles la cara, me causa mucho dolor y confusión. Es difícil, como campesino, estar acá. Pero el que está enfermo es el que no puede perdonar"
Alexander Villareal, le preguntó: "¿Por qué no atendió los pedidos de las personas para que no las mataran? Usted sabe halar los gatillos, las víctimas no". Mirando fijamente a ‘Diego Vecino’ le dijo que si su arrepentimiento era real, o sólo quería beneficiarse.
En seguida ‘Diego Vecino’ respondió: "De lo único que estoy seguro es que estoy comprometido con la verdad" y Alexander le dijo: "Su perdón lo recibimos con el corazón abierto" y añadió que "el perdón de Dios no está tan lejos si sus palabras son de arrepentimiento".
Para mostrar su intención real de disculpar a los dos desmovilizados Alexander Villareal se acercó a ellos y les entregó dos biblias y un abrazo.
"Señores, yo quiero que me permitan regalarles la vida (dos biblias), lo que yo considero es la vida, porque ella dice que está viva y penetra hasta los huesos, las coyunturas y hasta los tuétanos, los pensamientos y las intenciones que hay en el corazón del hombre. Consideramos como comunidad, que ustedes nos dan tristeza, pero hoy hablamos de paz y de reconciliación".

"¿Quién Estaba detrás de la Masacre?"
Algo que las víctimas preguntaron de manera reiterada fue quién ordenó la masacre. Aunque ‘Diego Vecino’ y ‘Juancho Dique’ contestaron que el ex jefe ‘para’ Rodrigo Mercado Peluffo, alias ‘Cadena’ estaba detrás del crimen, la insistencia de las víctimas finalmente lo hizo aceptar que oficiales del Batallón de Fusileros de Infantería de Marina No. 3 con sede en Malagana fueron cómplices del hecho.
‘Juancho Dique’ dijo que la orden de arremeter contra Mampuján venía de la oficina de inteligencia de la base de Malagana. También recordó que él tenía una lista con centenares de nombres y números de cédulas de presuntos guerrilleros que les había pasado el Ejército para que los ‘paras’ los identificaran y los asesinaran en sus operativos.
‘Dique’ añadió que ‘Cadena coordinó la llegada y la salida de los paramilitares a Mampuján con la fuerza pública. Dijo que después de la masacre las autodefensas salieron en varios camiones por la carretera que comunica a Sincelejo y Cartagena y que pasaron sin ningún problema frente a estaciones de Policía y la base de Malagana.
‘Vecino’ dijo que los oficiales de la Armada mandaron a hacer el operativo ya que estaban "afanados porque la guerrilla les hacía retenes y pescas milagrosas a uno o dos kilómetros del batallón, por eso se aliaron con la organización". Agregó que "en Mampuján no me queda duda que hubo complicidad de la base de Malagana".
Los desmovilizados prometieron una lista con los nombres de los oficiales implicados. También dijeron que sectores económicos y políticos, aunque no precisaron cuáles, tenían intereses en esas masacres.

"Nosotros No Los Perdonamos"
Aunque la mayoría de las víctimas que intervinieron en la audiencia contra ‘Juancho Dique’ y ‘Diego Vecino’ les entregaron su perdón, algunas personas que les pidieron explicaciones dejaron claro que el dolor que ocasionaron no podía ser olvidado.
La hija de Dalmiro Rafael Barrios, una de las figuras más respetadas de la comunidad conocido como El Rey del Ñame, preguntó cuáles fueron sus últimas palabras antes de ser asesinado. Dijo que nunca va olvidar lo que le hicieron, que cada día recuerda más a su padre y recordó que su abuela cumple el 11 de marzo, el mismo día que asesinaron a Dalmiro Barrios, y que de regalo, cada año, le toca ir al cementerio.
Por eso concluyó, frente a sus victimarios: "Nosotros no los perdonamos".

"¿Porqué Dijeron Que Todos Éramos Guerrilleros?"
Para los campesinos de Mampuján, que vieron a los suyos masacrados y abandonaron sus tierras, lo que más daño les hace es que aún los señalen como guerrilleros a pesar de que en Mampuján ni ‘paras’ ni fuerza pública encontraron campamentos de las Farc. En estos diez años han tratado de limpiar su nombre, de rescatar su honra, y esa tal vez ha sido la prueba más difícil. Por eso uno de los puntos más importantes es que la justicia, los ‘paras’ y el Estado rechace esas acusaciones y que así se restablezca la verdad.
‘Diego Vecino’ y ‘Juancho Dique’ les tocó aceptar que todos los campesinos asesinados eran inocentes y "fue al azar que matamos la gente". ‘Juancho Dique’ añadió que "Rodrigo (Cadena) dijo que la orden era desplazar a todos, que era un corredor de la guerrilla y no quería ver población civil".
El ex jefe del frente del Canal del Dique  terminó diciendo que "los grupos ilegales lo terminan absorbiendo a uno como un pulpo, uno va creciendo ciego, uno asesina ciego".

"¿Quién Era el Encapuchado Que Señaló a los Campesinos?"
Las víctimas de Mampuján recuerdan que la noche del 10 de marzo de 2000 decenas de paramilitares bajaron de tres camiones y le ordenaron a todos los habitantes ponerse en fila.
Después, uno por uno, pasaron delante de un hombre encapuchado que lista en mano, verificaba sus identidades. Para los sobrevivientes conocer la identidad del hombre con pasamontañas ha sido un punto de suma importancia, pues desconocen si era alguien del Ejército, un jefe paramilitar o un campesino de la región.
Las respuestas de los desmovilizados sin embargo sembraron dudas entre sus víctimas pues ‘Juancho Dique’, que estaba ese día en Mampuján, dijo que "no hubo encapuchado, pero yo no estaba en la plaza, sólo participé en el operativo después". ‘Diego Vecino’ además añadió: "Muchos paramilitares eran de la zona, por eso usaban pañoletas y gafas. Pero dicen que el encapuchado era yo, estoy dispuesto a decir que fui yo".
Aunque la respuesta causó suspicacias entre las víctimas, ‘Juancho Dique’ aclaró que sabía "que había un listado que venía de la fuerza pública, por eso verificamos si algunas cédulas correspondían".
VerdadAbierta.com entrevistó a unos de los desplazados de Mampuján que asistió a las audiencias de los juicios que se desarrollaron en Bogotá.
Estas víctimas hablan de sus expectativas del proceso de Justicia y Paz, de cómo se sintió en el tribunal, del perdón la reparación y demás temas relacionados con la tragedia de este pueblo de Sucre.

30 de junio de 2010
29 de junio de 2010
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más sobre santiago uribe


El mayor (r) Meneses vuelve a hablar de nexos del hermano del presidente con ’paras’. En declaraciones ante la Fiscalía y en una entrevista con Noticias Uno, el ex oficial reiteró sus acusaciones contra el hermano del presidente Uribe por conformar un grupo paramilitar en Yarumal.
Colombia. El mayor (r) de la Policía Juan Carlos Meneses volvió a señalar a Santiago Uribe de haber organizado los 12 Apóstoles, un grupo paramilitar que delinquió en Yarumal, Antioquia, a principios de los noventa.
En junio de este año el ex oficial le había dicho al periódico estadounidense Washington Post y a un grupo de juristas convocados por Adolfo Pérez Esquivel, Nobel de la Paz, que el hermano del presidente Uribe conformó los 12 Apóstoles cuando él era comandante de la Policía de Yarumal.
La semana pasada Hernando Castañeda, fiscal delegado del Tribunal Superior, viajó a Argentina para escuchar el testimonio de Meneses, que además le entregó la grabación de una presunta conversación entre él y el coronel (r) de la Policía Pedro Manuel Benavides, que fue su antecesor en Yarumal.
El ex oficial además le entregó documentos que según él muestran su presunta cercanía con Álvaro Uribe: una foto del 2002 que lo muestra posando junto a Alvaro Uribe delante de la Basílica del Señor de los Milagros de Buga y dos certificados de las condecoraciones que le dio Uribe en 1996 y 1997, cuando todavía era gobernador de Antioquia.

Presunta Conversación
Noticias Uno reveló apartes de un presunto diálogo telefónico entre él y Benavides, que fue su antecesor como comandante de la Policía en Yarumal y que, según dice Meneses, presuntamente colaboró con los 12 Apóstoles.
Meneses grabó la llamada según dijo para cuidar su espalda. Sin embargo la justicia tendrá que determinar si la voz de la grabación corresponde a la del coronel (r) Benavides.
Este es parte del supuesto diálogo entre los dos ex oficiales:

Coronel (r) Benavides:
"Es que uno puede manejar esa situación. Santiago, cuando supimos de Santiago, yo por lo menos conocí de Santiago el día que asaltaron ahí en su finca. A partir de ese momento empezamos a trabajar prácticamente en conjunto. En constante comunicación, con información y todo, para evitar que lo fueran a joder":

Mayor (r) Meneses:
"De todas maneras yo pienso una cosa, Uribe mientras tenga el poder no va a ser guevón de dejar enredar al hermano y al defender al hermano, por ende tiene que defendernos a nosotros".
"Es lo que pienso. Lo otro es que ahora Uribe diga no pues mi hermano no tiene nada que ver, pero aquí les tengo estos y nos deje solos".
"En el momento en que Uribe nos ponga en bandeja ya toca es decir. Definitivamente nosotros nunca fuimos, lo único que hicimos fue recibir".

Coronel (r) Benavides:
"Plata para no meternos, recibimos plata y recibimos las pensiones de Santiago, para que la gente hiciera lo que quisiera por allá en esos municipios"
"Yo no maté gente, yo no le hice allá como dicen ellos en operativo. Yo lo que decidí hijueputa fue la información que ellos me daban la trabajaba, toda esa gente.
"Hice varios operativos hermano, hijueputa… es que no fueron uno, hijueputa…yo hice cualquier operativos allá"

El diario argentino Página 12 también reveló otros aparte de la presunta conversación entre Meneses y Benavides

Mayor (r) Meneses:
"Había dos grupos que nos daban dinero. Estaba el grupo de comerciantes y hacendados que nos daban dinero para la gasolina, papelería y cosas así".

Coronel (r) Benavides:
"Claro..."

Mayor (r) Meneses:
"Después estaba el otro grupo, el de Santiago..."

Coronel (r) Benavides:
"Claro... y ahora ves cómo nos pagan".

La Entrevista de Meneses y Canal Uno
Según le dijo el mayor (r) Juan Carlos Meneses Quintero a Noticias Uno, Pedro Manuel Benavides, su antecesor como jefe de la Policía en Yarumal, Antioquia, le presentó Santiago Uribe.
"Al llegar al a finca, Santiago Uribe me saluda, me da la bienvenida, me hace relación al grupo que viene liderando él,  trabajando a órdenes de él, específicamente a cometer asesinatos, con el apoyo de la Policía Nacional".
Agregó que los miembros de este grupo "asesinaban personas al margen de la ley, como guerrilleros, extorsionistas, vendedores de estupefacientes y consumidores".
También habló sobre La Carolina, la hacienda de Santiago Uribe, ubicada en los Llanos de Cuibá, cerca de Yarumal: "La Carolina albergaba una pista de entrenamiento de paramilitares. Santiago Uribe me dijo: ‘estos muchachos son míos’. Eran unos quince hombres, que usaban prendas militares, fusiles R15, AK 47, escopetas. Santiago Uribe tenía una ametralladora terciada, una Ingram".
El antiguo oficial también le dijo a Noticias Uno que la Policía coordinó con los 12 Apóstoles para presentar personas asesinadas por el grupo ilegal como positivos de la fuerza pública y que Santiago Uribe presuntamente le daba un millón y medio de pesos mensuales por su colaboración.
Meneses también reiteró que el presidente Álvaro Uribe conocía las actividades ilegales de su hermano Santiago. "Yo a Álvaro Uribe Vélez en la época no lo conocí, sólo por los comentarios de su hermano y de las autoridades. Santiago Uribe decía que (Álvaro Uribe) estaba muy bien rodeado, de personalidades, que estaba respaldado y cualquier investigación en contra de él no iba a prosperar porque tenía muy buenos amigos", dijo frente a las cámaras de Noticias Uno.
En la entrevista Meneses terminó diciendo que una parte de los miembros de los 12 Apóstoles fueron después asesinados para que no hablaran. "Los que lo conocían todo el andamiaje, fueron asesinados, el relojero, los hermanos Pemberty, alias ‘Pelo de Chonta’ y otros tres jóvenes,  alias ‘Rodrigo’ y un oficial, el teniente Téllez fue asesinado.

29 de junio de 2010
28 de junio de 2010
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tuto castro con orden de captura


Ordenan captura de ’Tuto’ Castro por robo de tierras, asesinatos y desplazamiento. La Fiscalía ordenó capturar a Augusto Francisco Castro Pacheco, alias ‘Tuto’ Castro, por los asesinatos y los despojos de tierras de varios campesinos en Magdalena.
Colombia. ‘Tuto’ Castro, quien es hermano del ex congresista Jorge Castro Pacheco -recientemente condenado por parapolítica a siete años y medio de cárcel-, fue jefe de un grupo paramilitar que azotó los municipios de Chivolo y El Difícil en Magdalena.
Este grupo paramilitar, al mando de ‘Jorge 40’, asesinó y desplazó cientos de familias campesinas de la región, a las que después les arrebataron sus tierras a través de amenazas y raras maniobras con del Incora.
Por estos hechos, el ente investigador sindicó a ‘Tuto’ Castro por los delitos de desaparición forzada, desplazamiento forzoso, falsedad en documento público y homicidio agravado.
En una investigación publicada en abril del año pasado, VerdadAbierta.com estableció que entre 2002 y 2003, en medio de los desplazamientos masivos, el Incora inició un extraño proceso que le daría una nueva estocada a los campesinos víctimas de ‘Jorge 40’.
El entonces gerente regional para el Magdalena, José Fernando Mercado Polo, firmó, entre el 25 de octubre de 2002 y el 24 de abril de 2003, varias resoluciones de revocatoria de títulos de propiedad que tenían los 37 campesinos a quienes, al despuntar los noventa, el Incora había adjudicado colectivamente la finca El Encanto, en zona rural de Pivijay.  Cuando Mercado Polo decretó que les quitaba las tierras, allí ya no había campesinos, pues todos habían huido cuando los paramilitares los sacaron a la fuerza.
Estas revocatorias pasaron por un comité evaluador que visitó las fincas y certificó que habían sido abandonadas, y eso sirvió de coartada a Mercado Polo para quitarles las tierras. También adujo que los campesinos habían dejado de pagar las cuotas correspondientes al préstamo de la Caja Agraria por el 30 por ciento del valor de la tierra.
En las resoluciones, conocidas por VerdadAbierta.com, el gerente certificó que se notificó por edicto a los campesinos para escucharlos en descargos y ninguno de ellos se presentó. Por eso se le designó un curador para el caso a quien se le notificó la decisión. El Curador no solicitó ninguna prueba, como se puede observar en el expediente.
En ninguna parte del expediente suministrado por el Incoder – que asumió las funciones del Incora tras su liquidación en mayo del 2003- se dice o investiga el motivo del abandono de las tierras por parte de estos campesinos que habían vivido en ellas por casi dos décadas.
Lo que es más extraño, es que dentro del grupo de parceleros revocados se encuentra Antonio Fernández Buelvas, titular de 32 hectáreas de tierras y quien fue asesinado por hombres de ’Jorge 40’ en 1997 cuando intentó volver a su parcela.
Muchos de estos campesinos no hicieron la correspondiente denuncia de desplazamiento en la época en que fueron expulsados por los paramilitares, lo que en teoría hubiese protegido sus propiedades y evitado la revocatoria de los títulos. También dejaron de pagar sus obligaciones porque se encontraban huyendo de las amenazas de muerte y en muchos casos apenas tenían para sobrevivir.

Otros Vinculados en el Proceso
La Fiscalía también dictó orden de captura contra Luis Efraín Castillo Ramos, alias ‘El Viejo’, segundo al mando de ‘Tuto’ Castro’; y contra Miguel Guillermo Castro Gnecco, también conocido como Armando Castro o Armando Iglesias, quien es primo de los Castro.
Por otro lado, el pasado 2 de junio fueron capturados Jorge Luis Escorcia Orozco y Manuel Agustín Perea Bolaño. Y también se encuentran detenidos Edmundo Jesús Guillén Hernández, alias ‘Caballo’; Jaime Maravit Pérez Pérez, alias ‘Bondo’; Óscar José Ospino Pacheco, alias ‘Tolemaida’ y Jorge Luis Escorcia Orozco.
De acuerdo con RCN Radio, las autoridades también estudian la vinculación en este proceso del Incoder y varios ex notarios de los municipios de El Difícil, Plato y Tenerife (Magdalena), por los delitos de falsedad en documento público, sobre hechos ocurridos en la región de La Palizúa, Canal y La Pola en el municipio de Chivolo y San Ángel de este mismo departamento.
En el caso del Incoder se investiga la compra nuevamente de terrenos que se habían adquirido por el entonces Incora (1981-1998).
En el proceso se espera que ’Jorge 40’ diga quiénes fueron sus testaferros para devolverle las tierras a los campesinos.

29 de junio de 2010
21 de junio de 2010
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los problemas de justicia y paz


Después de cinco años, esta semana se conocerá la primera sentencia contra dos paramilitares en Justicia y Paz. Se necesita con urgencia un gerente para el proceso.
Colombia. Úber Bánquez, alias ‘Juancho Dique’, y Edward Cobos alias ‘Diego Vecino’, serán los primeros condenados en Justicia y Paz. Las víctimas piden que los juicios sean televisados. Si las cosas siguen como van, dentro de tres años la mayoría de los desmovilizados que están en Justicia y Paz pedirán que los dejen en libertad por haber cumplido ocho años en la cárcel, aunque no los hayan terminado de juzgar. Apenas la próxima semana se emitirá la primera sentencia. En el banquillo de los acusados estarán Úber Bánquez, alias ’Juancho Dique’, y Edward Cobos, alias ’Diego Vecino’, y frente a ellos las víctimas de Mampuján y San Cayetano, en Bolívar, que piden ser reparados por 11 muertes y el desplazamiento masivo de 663 personas. Este se considera un juicio piloto que marcará la pauta de los que siguen, y en el que ya se deben haber corregido los problemas que se han tenido.
La ley se promulgó para ayudar a la desmovilización de 32.000 paramilitares. El gobierno postuló para acogerse a la ley a unos 4.600, pero solo una tercera parte de ellos iniciaron versión libre. Aún así han confesado más de 8.000 crímenes de los cuales ya les han sido imputados por la Fiscalía más de 4.000. De estos, apenas 55 están en proceso de legalización ante los jueces, tres ya sufrieron incidente de reparación y apenas uno está listo para sentencia. Mientras tanto, 80.000 víctimas acreditadas esperan los juicios. Estas cifras dan una dimensión del embudo en el que se ha convertido un proceso que todos esperaban sería expedito.
La lentitud de la justicia se explica por tres razones. Por un lado, que nadie esperaba que los paramilitares confesaran tantos crímenes, tan crueles ni tan complejos. Eso ha implicado que se refuercen los fiscales (hay 59) y sus auxiliares, los defensores públicos que apoyan a las víctimas (hoy hay 190) y también todo el esquema de reparación.
En segundo lugar, se ha trabajado con la metodología de ensayo-error. La Ley de Justicia y Paz es nueva para todo el mundo y prácticamente no hay experiencias internacionales que sirvan de modelo. La Corte Suprema dio el año pasado la clave de cómo hacer bien las cosas cuando anuló la primera sentencia que se había proferido contra alias ’el Loro’. El alto tribunal les ordenó a los fiscales y jueces que no solo miraran los hechos de violencia confesados sino el contexto en el que fueron cometidos. Aunque muchos fiscales se sintieron frustrados porque tuvieron que reenfocar su trabajo, hoy la mayoría coincide en que este timonazo le dio sentido a todo el proceso, pues garantiza una verdad más completa.
Pero aunque se logró mayor claridad, no se ha resuelto el problema de la celeridad. Las versiones libres han durado en algunos casos más de cuatro años. La sola legalización de cargos a un paramilitar de la costa atlántica duró tres meses; el incidente de reparación de Mampuján, donde estuvieron la juez, la fiscal, 11 defensores, las víctimas y hubo transmisión por circuito cerrado en tres sitios, duró 12 días. Por eso, dada la cantidad de delitos confesados, los tiempos y los recursos no dan y necesariamente los ocho años de pena se cumplirán antes de que se dicten la mayoría de las sentencias.
Los magistrados del tribunal y muchos fiscales creen que todo el proceso de Justicia y Paz necesita un gerente o un alto comisionado, una instancia del gobierno que coordine las actividades de las entidades involucradas y que busque fórmulas para acelerar el proceso. Un papel que debería haber jugado el Ministerio de Justicia, si hubiese existido en estos años.
Las víctimas también empiezan a demandar que, ahora que los juicios han entrado en la etapa pública, se cumpla con la idea original de transmitirlos por televisión, pues en los juicios hablan víctimas y victimarios y, por lo menos en el caso de Mampuján, hubo reclamos, contrición, confrontación y hasta perdón y reconciliación. De eso se trata el proceso, y sería bueno que el país pudiera verlo. Porque en medio de la vorágine de las noticias muchos ignoran que, cinco años después, Justicia y Paz ha entrado en una etapa crucial.

29 de junio de 2010
28 de junio de 2010
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así no se pide perdón, presidente


El hijo de Manuel Cepeda Vargas rechazó la forma en la que el presidente Uribe pidió perdón por el asesinato de su padre, el ex senador por la UP. Solicita que se acate la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la condena al Estado colombiano por el crimen.
[Iván Cepeda]  Colombia. Para Iván Cepeda, hijo del asesinado dirigente político Manuel Cepeda y electo representante a la Cámara, la declaración del presidente Uribe es inaceptable, debido a los "términos y el espíritu" con los que se pronunció el Mandatario luego de que se conociera la condena al Estado colombiano por el crimen del líder de la UP.
El pasado jueves, durante una rueda de prensa, el presidente Uribe pidió perdón por el asesinato Cepeda Vargas, quien fue ultimado el 9 de agosto 1994 por un grupo conformado por militares y paramilitares, pero el mandatario no quiso reconocer que el mismo fuera un crimen de estado.
Al respecto, Uribe dijo que pese a no conocer la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, su obligación era condenar ese tipo de hechos violentos, pero que él no podía "decir que el Estado asesinó al senador Cepeda o al uno o al otro, lo que sí puedo decir es que los asesinaron y que eso es muy grave y que eso no puede repetirse".
La Cidh condenó a Colombia por el asesinato de Cepeda Vargas y en uno de los apartes de la sentencia obliga al Estado colombiano a pedir perdón en un acto público en el Congreso de la República, con la presencia de los familiares del inmolado líder de la UP, y en ésta debe reconocer la responsabilidad del Estado por omisión en el crimen.
Pero, antes de realizarse este acto, el presidente Uribe pidió perdón a los familiares de Cepeda en una rueda de prensa, que no fue bien recibida por el hijo del político asesinado.
En una carta de cinco puntos, Cepeda rechazó las declaraciones del Presidente porque "en sus palabras no se hace el reconocimiento de la responsabilidad estatal por el crimen perpetrado el 9 de agosto de 1994 contra el senador Cepeda Vargas por integrantes del Ejército Nacional en complicidad con miembros de grupos paramilitares".
Para Cepeda, la declaración del Presidente no reúne las condiciones previstas en la sentencia de la Corte Interamericana, la cual ordena "que la petición de perdón debe realizarse en un acto solemne, ante las dos cámaras del Congreso de la República, con transmisión en directo por los medios de comunicación oficiales, en la fecha conmemorativa del asesinato, en presencia de los familiares del Senador y de los líderes sobrevivientes de la Unión Patriótica".
Por otro lado, el presidente Uribe señaló en la rueda de prensa que "no se puede implorar, exigir a la justicia internacional que obligue al Estado colombiano a pedir perdón y al mismo tiempo adelantar falsas acusaciones, proceder con odio a maltratar injustamente a compatriotas, a maltratar injustamente la honra de los gobiernos".
Sobre estas afirmaciones de Uribe, Cepeda considera que son "difamatorias" y "no toman en consideración que la sentencia del tribunal internacional determinó que en otras oportunidades usted incurrió en similares conductas que han violado el derecho al buen nombre de las víctimas en este caso".
El congresista electo insiste en que la petición de perdón requiere que se "admita sin ambigüedad la verdad de los hechos, la demostración de la voluntad para esclarecerlos y la enunciación de los destinatarios de la petición -nombrar a las víctimas y dirigirse específicamente a ellas-".
Por último, Cepeda le recuerda al Presidente que su deber constitucional es acatar las decisiones de la justicia internacional. Y va más allá al señalarle que en el asesinato de su padre "le cabe responsabilidad personal" por "la creación de las empresas de seguridad Convivir, que usted lideró con entusiasmo, estimuló el surgimiento de las Autodefensas Unidas de Colombia, el mismo grupo ilegal que asesinó al senador Cepeda en complicidad con miembros del Ejército Nacional".
El electo representante también señala que "uno de los presuntos autores de este crimen, el señor José Miguel Narváez, fue nombrado por usted subdirector del DAS y ha sido su colaborador cercano".
En la lectura de la Cidh, el Gobierno aceptó cumplir todos los puntos de la condena y se espera que en los próximos días los familiares de Cepeda acuerden la forma cómo se realizará esta ceremonia y el correspondiente pago de la indemnización que otorgó la Corte.
También hay expectativa por la exigencia de que el caso se reabra y se investige quiénes fueron los autores intelectuales del asesinato. Por este crimen la justicia condenó a dos suboficiales del Ejército, pero la Cidh consideró que el mismo fue realizado por una alianza entre paramilitares y agentes del estado que todavía no han sido investigados.

El Caso de Manuel Cepeda
Manuel Cepeda fue asesinado el 9 de agosto de 1994, luego de que fuera elegido senador por la Unión Patriótica para el periodo 1994-1998.
A las nueve de la mañana, cuando Cepeda se dirigía al Congreso de la República acompañado de su conductor y de su escolta, fue interceptado por varios individuos, entre ellos los sargentos del Ejército, Hernando Medina Camacho y Justo Gilberto Zúñiga Labrador, quienes hicieron varios disparos que impactaron en el vehículo y asesinaron a Cepeda.
Después de cinco años de investigaciones, un juez penal de Bogotá condenó en diciembre de 1999 a los militares a 43 años de prisión, como coautores del asesinato del Senador.
Posteriormente, el 10 de diciembre de 2008, el Consejo de Estado condenó a la Nación por omisión en la protección de Cepeda. Por esta razón, la Sección Tercera del Consejo de Estado ordenó el pago de indemnizaciones por perjuicios para el hijo, la esposa y la hermana de Cepeda, por un monto de 587 millones de pesos para cada uno, sumando además los 910,3 millones de pesos adicionales que tendrá que pagar el Estado por concepto de perjuicios materiales.

La Condena de la Cidh
En un fallo histórico la Cidh también encontró responsable al Estado colombiano por el asesinato de Manuel Cepeda Vargas.
La Corte ordenó al Estado colombiano pagar 330 mil dólares a los familiares de Manuel Cepeda por daños inmateriales y para cubrir los costos legales. El hijo del Senador dijo que "voy a entregar esos dineros a un fondo que hemos constituido para garantizar la educación de hijos y nietos de sobrevivientes de la Unión Patriótica".
Además dispuso que el Estado colombiano reconozca públicamente su responsabilidad en la falta de protección, el asesinato y por no garantizar que se investigara el crimen y que se hiciera justicia.
En su sentencia, la Cidh considera que el Estado violó los derechos a la vida, puesto que hubo un "patrón sistemático de violencia contra los miembros de la UP" y responsabilizó del mismo a agentes del Estado en una alianza con miembros del Ejército y grupos paramilitares. Además concluye que el Estado, en especial la justicia colombiana, no cumplió con su deber de investigar apropiadamente el crimen.

La Reparación Simbólica a la Familia Cepeda
La Corte, no sólo obliga el Estado a pagarle una indemnización a la familia Cepeda, sino que también le ordena aceptar públicamente su responsabilidad  por el asesinato del líder político.
Iván Cepeda declaró a los medios: "La sentencia ordena que se haga un acto de desagravio en el Congreso de la República, y que por boca del Presidente de la República se pida perdón públicamente por este hecho y también se reconozca la responsabilidad del Estado".
Además el Estado tiene que producir un documental sobre la vida de Cepeda como político y periodista del semanario comunista Voz, que deberá ser transmitido por el canal institucional y en un acto público en Bogotá, y además, hacer una publicación escrita sobre Cepeda.
También dicta que el Estado debe crear una beca, administrada por la Fundación Manuel Cepeda Vargas para un estudiante en periodismo en una universidad pública de Colombia.
La Cidh también condena el Estado a publicar en el diario oficial las principales conclusiones de la sentencia.
Sobre la indemnización económica, Iván Cepeda declaró que entregará "esos dineros a un fondo que hemos constituido para garantizar la educación de hijos y nietos de sobrevivientes de la Unión Patriótica".

29 de junio de 2010
©29 de junio de 2010
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