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condenados por masacre de apartadó


Cinco ex ‘paras’ condenados por la masacre de San José de Apartadó. La justicia impuso penas entre seis y 40 años de cárcel para paramilitares que participaron en la masacre en la que fueron asesinados cinco adultos y tres niños.
Colombia. Varios juzgados de Antioquia condenaron a cinco ex paramilitares del frente Héroes de Tolová de las Auc por haber participado en la masacre de San José de Apartadó, ocurrida el 21 de febrero de 2005. Ese día fueron asesinadas ocho personas fueron asesinadas por paramilitares en complicidad con miembros de la Brigada XVII del Ejército.
El Juzgado Segundo Penal de Antioquia encontró culpables a Bionor Vargas Flórez y a Eulises Burgos del homicidio de los campesinos de San José y los condenó a 40 años de prisión.
Por su parte el Juzgado Primero Penal de Antioquia condenó a Jorge Luis Salgado David a una sentencia anticipada 16 años y ocho meses de cárcel. El despacho también condenó a Esaut José Feria Martínez a una sentencia de seis años de prisión y una multa de dos mil salarios mínimos.
José Joel Vargas Flórez, otro ex paramilitar que actuaba bajo las órdenes de Diego Murillo Bejarano, alias ‘Don Berna’, fue sentenciado a 20 años de prisión por el Juzgado Adjunto al Primero Penal de Antioquia.
La Fiscalía estableció que el 21 de febrero de 2005 ‘paras’ del Bloque Héroes de Tolová guiaron tropas de la Brigada XVII del Ejército y después asesinaron a cinco adultos y tres niños en veredas de San José de Apartadó, un corregimiento de Apartadó, en Urabá antioqueño.
En Mulatos Alto asesinaron a machetazos a Luis Eduardo Guerra y su esposa Beyanira Aleiza, así como a Deyner Andrés, hijo de Guerra, de 11 años, cuyo cuerpo fue decapitado.
En La Resbalosa los ‘paras’ mataron a Alfonso Bolívar Tuberquia, su esposa Sandra Milena Muñoz, y sus hijos Natalia, de 5 años, y Santiago, de 2 años, así como Alejandro Pérez, jornalero de oficio.
En 1997, los habitantes de San José de Apartadó declararon su pueblo "Comunidad de Paz", un espacio neutral a la guerrilla, los paramilitares, el Ejército y la Policía, decisión que le costó a la comunidad campesina señalamientos con todos los actores del conflicto.
Pocos días después de la masacre la Comunidad de Paz denunció que unidades militares de la XVII Brigada el Ejército habían participado en la masacre junto a un grupo de paramilitares del bloque Héroes de Tolová de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc) bajo el mando de Diego Fernando Murillo Bejarano, alias ‘don Berna’.
Sin embargo el Gobierno y el Ejército negaron la versión y responsabilizaron a la guerrilla, gracias al testimonio de un supuesto ex miembro de las Farc que dijo que las familias fueron asesinadas porque querían abandonar la comunidad.
En marzo de 2005 el presidente Álvaro Uribe dijo que: "En esta comunidad de San José de Apartadó hay gente buena, pero algunos de sus líderes, patrocinadores y defensores están seriamente señalados, por personas que han residido allí, de auxiliar a las Farc y de querer utilizar a la comunidad para proteger a esta organización terrorista".
Sin embargo la versión estatal empezó a caer con versiones libres de desmovilizados del Bloque Héroes de Tolová que dijeron que el Ejército perpetró la masacre con ellos.
Uno de ellos fue José Luis Salgado David, alias ‘Kiko’, quien narró cómo habían sido asesinados los niños: "estaban debajo de la cama. La niña era muy simpática, de unos 5 o 6 años y el peladito también era curiosito (...) Propusimos a los comandantes dejarlos en una casa vecina, pero dijeron que eran una amenaza, que se volverían guerrilleros en el futuro".
 Otros paramilitares que participaron en la masacre y admitieron su participación en el crimen ante las autoridades judiciales fueron Adriano José Cano Arteaga, alias ‘Melaza’, y Joel José Vargas, alias ‘Pirulo’. De ella también hizo referencia Diego Fernando Murillo Bejarano, alias ‘don Berna’, en su primera y única audiencia de versión libre realizada en junio de 2009 desde Estados Unidos, donde purga una condena de 30 años por delitos asociados al narcotráfico.
Las confesiones le permitieron a la Fiscalía proferir orden de captura contra el ex capitán Gordillo Sánchez y abrir investigación contra 66 militares de la Brigada XVII. Con el paso del tiempo se depuraron las responsabilidades penales y hoy son juzgados diez uniformados.

Las Condenas por la Masacre
En marzo de 2010, un juez de Medellín condenó a 20 años de prisión al capitán del Ejército Guillermo Gordillo. Además, tres ex autodefensas del Bloque Héroes de Tolová, Joel Vargas, José Cano y José Luis Salgado, se sometieron a sentencia anticipada y confesaron su participación en el crimen.
Además, la justicia está estableciendo cuál fue la participación en la masacre de 10 militares de la Brigada XVII: el coronel Orlando Espinoza Beltrán, el mayor José Fernando Castaño López, el teniente Alejandro Jaramillo Giraldo, el sargento Ángel María Padilla Petro, el cabo primero Sabaraín Cruz Reina, el subteniente Jorge Humberto Milanés Vega, el sargento Henry Agudelo Guasmayan Ortega, el cabo tercero Ricardo Bastidas Candia, el subteniente Edgar García Estupiñan y el sargento Darío Brango Agamez.
El 21 de junio pasado, la Fiscalía capturó nueve ex paramilitares en un operativo en Montería, Sincelejo y Riohacha para que rindan indagatoria por la masacre. El 26 de junio Hebert Veloza García, alias ‘HH’, aceptó desde Estados Unidos varios crímenes perpetrados en 2001 en la Comunidad de Paz de San José de Apartadó.

29 de junio de 2010
28 de junio de 2010
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hh se acoge a sentencia anticipada


Por 13 asesinatos.
Colombia. El ex jefe de los bloques Bananero y Calima de las Acu, Ever Veloza García, ‘HH’, aceptó su responsabilidad por línea de mando de 13 asesinatos.
Los crímenes fueron cometidos por hombres de ‘HH’ durante 2001 y 2002, los departamentos de Valle del Cauca, Cauca y Antioquia. Un fiscal de Derechos Humanos y DIH indagó al paramilitar en Nueva York donde se encuentra detenido afrontando un juicio por narcotráfico.
Entre las víctimas reconocidas por ‘HH’ están Enoc Samboní, Arnildo Navia Fernández, Henry Rentería, Francisco Martínez, Carlos A. Advíncola Ordía, Mario Advíncola, Carlos Advíncola García, José Gil Mosquera, Bernardo Aramburu, Elí Estupiñán Caicedo, Mariel Rivas Baloyes (15 años), Augusto William Alzate Barbosa, y Gonzalo Antonio Ríos Salinas.
Igualmente, el ex jefe paramilitar reconoció su responsabilidad en el incendio de varias viviendas de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó (Antioquia) el 5 de marzo de 2001.

29 de junio de 2010
25 de junio de 2010
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la prueba contra santiago


Grabación parece implicar a hermano del presidente Uribe, Santiago Uribe, como jefe de una banda paramilitar.

[Santiago O’Donnell] El martes pasado, en punto a las ocho de la mañana, el mayor retirado de la Policía Nacional colombiana Juan Carlos Meneses se presentó en el consulado de su país en Buenos Aires, frente a la Plaza San Martín, para ratificar su denuncia contra el hermano del presidente y presentar la prueba.
Antes de entrar parecía inquieto. En el bar de la esquina contó que su familia en Colombia había sufrido seguimientos y amenazas. De traje y corbata, espalda contra la pared, tomaba jugo de naranja mirando para todos lados. Pidió que lo acompañen hasta la puerta del consulado y que lo esperen a la salida. Venía a testificar en una causa en la cual casi todos los testigos están muertos. El miedo casi se podía tocar.
Declaró durante cuatro horas y quince minutos ante el fiscal delegado del Tribunal Superior, Hernando Castañeda, que había viajado a Buenos Aires para recibir el testimonio de Meneses en el marco de la causa 13609A, caratulada "Conformación de grupos al margen de la ley y concierto para delinquir". Después salió, cambió dos veces de taxi y se refugió en su escondite, antes de partir de regreso a Venezuela, donde Naciones Unidas le reconoce status de refugiado político.
Respondía así a una citación de la Fiscalía General de Colombia para ratificar su testimonio del mes pasado, también en Buenos Aires, ante un grupo de juristas convocados por el Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel. Ante ellos Meneses había acusado a Santiago Uribe Vélez, hermano del presidente de su país, de haber formado y financiado a un notorio grupo paramilitar de los años ’90, los llamados Doce Apóstoles, en la localidad de Yarumel, estado de Antioquia.
Según Meneses, el grupo mixto de policías y paramilitares operaba desde la finca La Carolina, propiedad de Santiago Uribe, y los jefes policiales de la zona recibían un canon mensual para dejar actuar a los Doce Apóstoles y proveer al grupo de armas y apoyo logístico. También dijo que el mismo Santiago le transmitió que su hermano, el presidente Alvaro Uribe Vélez, le había dado cobertura política y judicial a los crímenes de los Doce Apóstoles, primero como senador por Antioquia y luego como gobernador del estado. Meneses además admitió que liberó la zona para siete crímenes cometidos por los Doce Apóstoles, según él, por orden de Santiago Uribe. Los crímenes ocurrieron durante los meses de 1993 en los que Meneses fue jefe policial de Yarumel. Dijo que en un caso se abstuvo de actuar en un asesinato cometido por uno de los paramilitares en el medio de la calle, a plena luz del día, a pocos metros del cuartel policial. Dijo que en otro caso la ejecución extrajudicial de un supuesto extorsionador buscado por los Doce Apóstoles derivó en una masacre donde murieron el buscado y su padre y fueron baleados dos menores de edad.
La prueba que Meneses le trajo al fiscal es una conversación que el arrepentido le habría grabado en secreto a su viejo jefe, el coronel Pedro Manuel Benavídez, en la que hablan de Santiago Uribe. El uso del modo potencial responde a que aún no ha sido sometida a peritajes judiciales para verificar que la voz que aparece es la del coronel y que la cinta no ha sido adulterada.
De todos modos es la prueba que presenta el mayor Meneses ante la Justicia colombiana. Coincide además con un testimonio de identidad reservada en la causa, que a su vez coincide con testimonios de familiares de víctimas que aparecen en el informe Nunca Más elaborado por organismos no gubernamentales de Colombia. Todos ellos acusan a Santiago Uribe de tener nexos con los Doce Apóstoles. Será la Justicia colombiana la que determine el valor de la conversación entre el mayor y el presunto coronel, grabada claro está sin el consentimiento de una de las partes. Pero lo que se dice en esa cinta no deja de ser interesante.
Meneses presentó dos pruebas más, ambas para demostrar su cercanía con el presidente colombiano. Primero, una foto del 2002 que lo muestra posando sonriente junto a Alvaro Uribe delante de la Basílica del Señor de los Milagros de Buga. Segundo, dos certificados de las condecoraciones que le dio Uribe en 1996 y 1997, cuando todavía era gobernador. "Creo que soy el único policía que recibió dos veces de Uribe la medalla Anastasio Girardot, que es la máxima condecoración que otorga el estado de Antioquia", había dicho Meneses antes de declarar, mientras tomaba su jugo de naranja.
Habría que recordar que después de la primera confesión de Meneses ante Pérez Esquivel y los juristas, Santiago Uribe contestó que Meneses era un testigo poco confiable porque había sido un policía muy problemático, pasado a retiro por problemas disciplinarios. En cambio Meneses asegura que los hermanos Uribe usaron su influencia para cerrarle todas sus causas judiciales y que él se jubiló cuando le dio la gana, y que aún percibe su pensión policial.
¿Y qué dice la cinta? Para empezar, hay que decir que el audio es de muy mala calidad, de a ratos se escucha bien, de a ratos no. La cinta dura unos 26 minutos pero sólo en seis o siete se escucha una conversación. Hablan primero en la vereda de una calle céntrica, en medio del bullicio y los bocinazos, después siguen en lo que parece un bar o cabaret, con una fuerte música de fondo. Lugares públicos con mucho ruido: se nota que hay desconfianza.
El coronel Benavídez es un personaje clave en la trama de los Doce Apóstoles. Era el jefe policial de Yarumel cuando el grupo paramilitar empezó a operar. Cuando Página/12 publicó por primera vez el testimonio de Meneses tanto los hermanos Uribe como el presidente electo Francisco Santos salieron a negar los dichos del arrepentido. Pero fue el jefe de la Policía Nacional, general Oscar Naranjo, quien más se empeñó en desvirtuar las acusaciones, y lo hizo apelando a una supuesta declaración del coronel Benavídez. Según Naranjo, cuyo hermano está preso en Alemania por narcotráfico, Meneses también habría sido comprado por los narcos. Naranjo dijo que tras escuchar el testimonio de Meneses citó al coronel a su despacho para tomarle declaración. Según Naranjo, el coronel habría dicho que dos veces Meneses intentó comprar su testimonio en contra de Santiago Uribe a cambio de 500 millones de pesos colombianos, unos 250 mil dólares. Naranjo dijo que el dinero que supuestamente ofreció Meneses provenía de "los Comba", un notorio grupo narco que opera en Colombia.
Pero en la cinta el hombre a quien Meneses llama "mi coronel" dice otra cosa.
El diálogo empieza con Meneses diciendo que está preocupado porque ha escuchado que se habría reabierto una causa judicial en contra de ellos. Meneses dice "parece que Amaya anda jodiendo", en referencia al oficial Amaya, quien según Meneses actuaba de nexo entre la policía y el grupo paramilitar. Amaya sería el testigo de identidad reservada que habría vinculado a Santiago Uribe con los crímenes de los Doce Apóstoles. El "coronel" intenta tranquilizar a su interlocutor. "Escuché que Amaya anda perdido, parece que está desaparecido", dice con tono risueño.
Pero lejos de relajarse, Meneses contesta que le preocupa la situación porque muchos de los Doce Apóstoles han sido asesinados, y nombra a varios. Meneses le pide al coronel que "averigüe bien" qué pasa con la causa. "Yo estoy tranquilo porque yo no maté a nadie, yo no participé en los operativos", contesta "mi coronel".
Meneses pregunta por Santiago Uribe. "Mi coronel" responde: "A Santiago Uribe lo conocí cuando asaltaron su finca y desde entonces empezamos a trabajar juntos. El me daba información sobre delincuencia y yo la trabajaba".
Meneses pasa al tema del financiamiento.
Meneses: "Había dos grupos que nos daban dinero. Estaba el grupo de comerciantes y hacendados que nos daban dinero para la gasolina, papelería y cosas así".
Coronel: "Claro..."
Meneses: "Después estaba el otro grupo, el de Santiago..."
Coronel: "Claro... y ahora ves cómo nos pagan".

Al final de la cinta, Meneses dice que hay que ser cuidadosos y coordinar las acciones entre ellos. Sugiere que podrían declarar ante la Corte Penal Internacional. Propone hacer una declaración en una escribanía y dejarla en poder de sus esposas ante cualquier eventualidad. El coronel parece dudar. "El problema es que van a preguntar por qué no lo dijimos antes", acepta Meneses. "Juntémonos mañana a la mañana y veamos los pasos a seguir", ofrece. Termina la cinta.
Sin ser abogado uno podría presumir que se trata de una prueba valiosa pero no definitiva. La voz que habla con Meneses reconoce haber "trabajado" con Santiago Uribe contra "la delincuencia" y, tácitamente, haber recibido dinero de él. También manifiesta sentirse traicionado o abandonado por la familia presidencial. Si esa voz es la de Benavídez, el coronel debería explicarle a la Justicia el sentido de sus palabras.
Al día siguiente de declarar, ya sin traje, Meneses parece más aliviado y con ganas de hablar. La cita es en un bar de San Telmo. Un tío del arrepentido que vive en Buenos Aires vigila discretamente la puerta de entrada. Otro familiar hace guardia en la vereda de enfrente.
Meneses quiere hablar de la muerte, de la muerte de cada uno de los Doce Apóstoles: "Pelo de chonta", los hermanos Barlati, Rodrigo, "el relojero", el teniente Téllez: todos muertos. Amaya, "desaparecido". El coronel Benavídez, para que no desconfíen de él, se mudó a una cuadra del cuartel general de la policía metropolitana en Medellín. "Piensa que así va a salvar su vida", dice Meneses, sacudiendo su cabeza, entre incrédulo y desconcertado. Por suerte para él, Meneses no tiene problemas de autoestima.
Insiste con la muerte. Ahora quiere hablar de las personas que denunciaron a Uribe en el pasado y que también terminaron muertos. Menciona al profesor universitario Jesús María Valle Jaramillo, presidente del Comité Permanente para los Derechos Humanos, asesinado en febrero de 1998, en Medellín, luego de denunciar la "connivencia" entre los paramilitares y el entonces gobernador Uribe. Menciona al paramilitar Francisco Villalba, uno de los ejecutores de la masacre de El Aro (1997), asesinado, también en Medellín, en abril del año pasado, luego de declarar que Alvaro Uribe Vélez estuvo involucrado en la planificación y la logística de la masacre en su condición de gobernador de Antioquia. Menciona a Pedro Juan Moreno Villa, un ganadero de Antioquia que llegó a ser secretario de Gobierno de Uribe, cuando éste era gobernador, pero después se distanció y empezó a denunciar al gobierno de Uribe por casos de corrupción desde su revista La Otra Verdad. Moreno Villa y su hijo murieron cuando su avión cayó en el 2006 en la zona de Uraba. En el 2008 el jefe paramilitar Salvatore Mancuso dijo que Moreno Villa conocía detalles de la masacre de El Aro. Hace tres semanas el general Rito Alejo del Río, procesado por sus vínculos con los paramilitares, declaró en una audiencia pública que la muerte de Moreno Villa no fue un accidente, sino que murió asesinado. "¿Y los asesinos dónde están?", pregunta Meneses. "¿Por qué nadie los encuentra?"
No tiene mucho más para decir. Paga los dos cafés y se va. Pasa por el Serpaj para hablar con unos abogados, se saca unas fotos y se pierde en las calles de Buenos Aires. No tendrá a dónde ir pero parece apurado. Claro, la muerte lo persigue.

27 de junio de 2010
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vicepresidente estudia informe onu


El vicepresidente Angelino Garzón se reunirá con representantes de la ONU, entre otras cosas, para hablar de los desafíos que le esperan en la materia. Así vio Naciones Unidas el respeto por las garantías de los colombianos en 2009.
Colombia. El próximo vicepresidente de la República, Angelino Garzón, tiene entre sus muchas funciones la de asesorar al presidente en la adopción de políticas sobre derechos humanos y derecho internacional humanitario.
Para hacerlo, antes de posicionarse en su cargo está empapándose de lo que pasa, y estableciendo contactos con quienes tendrá que trabajar durante el gobierno de Santos.
Por eso, se reunirá este jueves con Christian Salazar, el representante en Colombia de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. En el encuentro, según Garzón, se hablará sobre varios temas, entre los que se encuentran los desafíos que le esperan para mejorar la situación de derechos humanos en el país.
Aunque la ONU reconoce algunas mejoras en la materia, tiene un preocupante panorama que plantea muchos retos. En el último informe anual, el de 2009, el organismo se mostró alarmado por las interceptaciones y los seguimientos ilegales que agentes del DAS les hicieron a defensores de derechos humanos, políticos de la oposición, funcionarios de la justicia, periodistas y altos funcionarios del Gobierno como el Vicepresidente.
"La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, un Relator Especial de las Naciones Unidas y la oficina en Colombia fueron también objeto de vigilancia. Estas acciones, en muchos casos, tenían como objetivo neutralizar las labores desarrolladas por las víctimas, a quienes se consideraba "blancos legítimos" por ser potenciales opositoras de las políticas gubernamentales", dice en el informe.
En el documento, también se lee que "las acciones ilegales incluyeron interceptaciones de teléfonos y correos electrónicos, seguimientos, hostigamientos y amenazas, robos de información e ingresos ilegales a oficinas y domicilios. Esto provocó un clima de miedo e inseguridad y, en algunas ocasiones, sabotaje y descrédito del trabajo de los defensores y las defensoras de derechos humanos. Las acciones contra las mujeres incluyeron amenazas directas contra sus hijos y sus hijas, en ocasiones con manifiesto contenido sexual violento".
Estas conductas vulneran el artículo 12 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que dice: "Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques a su honra o a su reputación. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra tales injerencias o ataques".

Violencia contra Activistas y Sindicalistas
Pero esta no es la única forma como se han vulnerado los derechos de los defensores. "La oficina en Colombia constató un aumento de las intimidaciones y las amenazas de muerte a través de panfletos y correos electrónicos contra defensores y defensoras de derechos humanos, líderes y lideresas sociales y comunitarios y miembros de otros grupos marginados", dice el informe de la ONU. Esto, para el organismo, merece especial preocupación.
Igualmente, en el documento se hace una mención especial a la violencia contra homosexuales y activistas que promueven sus derechos y los de las víctimas que buscan recuperar sus tierras después de haber sido desplazadas o que se oponen a abandonar sus lugares de vivienda ante las presiones de grupos armados.
Según la ONU, los ataques contra las personas LGBT aumentaron en Bogotá, Cali, Medellín y Cúcuta, mientras la Corte Constitucional, en su sentencia C-029 de 2009, subrayó la falta de protección de las parejas del mismo sexo.
A menudo, estos líderes reciben señalamientos, incluso, por empleados estatales. Al respecto, "la oficina en Colombia ve con preocupación que algunos funcionarios, civiles y militares han continuado realizando declaraciones contra defensores y defensoras de derechos humanos, acusándoles o sugiriendo que su trabajo es contrario a los intereses del Estado o que son simpatizantes de la guerrilla. Tales señalamientos aumentan los factores de riesgo de los defensores y las defensoras y pueden limitar sus actividades, lo que provoca autocensura y profundiza la desconfianza entre el Estado y la sociedad civil", dice el informe.

Ejecuciones Arbitrarias
Respecto a los civiles muertos por militares y presentados como bajas en combate, la ONU resaltó una disminución en las quejas recibidas entre 2008 y 2009. Según se lee en el documento, en 2009, la Unidad Nacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario de la Fiscalía registró siete casos, frente a 144 de 2008 y 464 de 2007.
La ONU vio con satisfacción las políticas emitidas por el Gobierno para evitar que miembros de las fuerzas militares participaran de crímenes de personas inocentes para presentarlas como logros en la guerra. Pero también tuvo en cuenta que "el Relator Especial sobre las ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, durante su visita en junio de 2009, reconoció los esfuerzos realizados por el Gobierno, al tiempo que expresó preocupación por la brecha existente entre las políticas y su aplicación".
Respecto a las declaraciones que han dado altos mandos militares y funcionarios del Gobierno en cuanto a que la gran cantidad de denuncias sobre ejecuciones son mentiras que buscan cuestionar las operaciones militares, la ONU consideró que "las 109 resoluciones de acusación formuladas, los 38 casos con condena y las tres sentencias absolutorias en este tema ponen en entredicho tales señalamientos, al menos en algunos casos".

Violencia Sexual
Respecto a los casos de violencia sexual cometidos por los actores armados, la ONU dice que las cifras "siguen siendo incompletas y segmentadas". Sin embargo, tiene en cuenta los datos de Medicina Legal, que dicen que en 2000 se registraron 12.732 casos y para 2008 aumentaron a 21.202.
"Resulta especialmente preocupante constatar que en casi el 86 por ciento de estos casos, las víctimas eran niñas, en su mayoría de entre 10 y 14 años", resalta el documento.
Para la ONU, es alarmante la gran cantidad de casos de violencia sexual contra mujeres y niñas recibidos el año pasado, en los que los presuntos responsables son las Farc y paramilitares rearmados, que hasta han creado redes de prostitución, trata de personas y esclavitud sexual "en algunas ocasiones con la tolerancia, e incluso colaboración, de algunos miembros de la Policía Nacional, particularmente en Medellín".
Algunas denuncias señalan como posibles responsables de las violaciones sexuales a miembros de la fuerza pública en Antioquia, Arauca, Bogotá, Bolívar, Cesar, Chocó y Guaviare. Por lo general, dice la ONU, sus víctimas eran niñas.

Tortura
"Colombia sigue sin contar con una fuente confiable de cifras oficiales sobre tortura y tratos crueles, inhumanos y degradantes. Los datos existentes no parecen reflejar ni la magnitud del problema ni su real impacto. El temor de las víctimas a represalias, la falta de confianza en las instituciones, la ausencia de acompañamiento legal y sicosocial apropiados, la falta de medidas de protección adecuadas y diferenciadas y la estigmatización social de las víctimas, son factores que dificultan la plena comprensión de la magnitud del problema", dice el organismo internacional en su informe.
La ONU registró que en 2009, la Fiscalía estaba investigando 10.545 casos de tortura física y sicológica que se practicaron en concurso con otros crímenes como desaparición forzada, secuestro y violencia sexual. "Algunos grupos sociales son particularmente vulnerables a la tortura, como las mujeres, los niños y niñas, jóvenes, personas privadas de libertad y personas LGBT, especialmente en Antioquia", dice la ONU.

Desaparición Forzada
En su último informe sobre los derechos humanos en Colombia, Naciones Unidas dijo que a diciembre de 2009, el Registro Nacional de Desaparecidos había identificado 37.300 casos, "de los cuales casi 10.000 correspondían a casos de desaparición forzada".
La ONU registró que la mayoría de estos hechos permanece en la impunidad y aún no se han identificado ni los responsables ni los motivos para desaparecer a esas personas. "En el marco de la lucha contra bandas de criminalidad organizada, especialmente en Medellín, se han reportado casos de desaparición forzada atribuidos a la Policía Nacional".
De acuerdo con la información que se tiene, "las víctimas de desaparición forzada siguen siendo principalmente hombres jóvenes de escasos recursos o desempleados y habitantes de áreas urbanas marginales o zonas rurales aisladas", registra la ONU.

Derecho Internacional Humanitario
Durante 2009, se atribuyó a las Farc y al ELN un número elevado de homicidios de personas civiles, dice la ONU. Particularmente, el organismo mostró preocupación por el incremento de muertes violentas de indígenas, que aumentó el año pasado en 63 por ciento en relación con 2008. "Además, sus líderes, y representantes fueron víctimas frecuentes de señalamientos y amenazas. Algunas de las comunidades más afectadas se encuentran en Antioquia, Caldas, Cauca, Nariño y Putumayo".
La ONU registró que la fuerza pública, particularmente el Ejército, fue señalada como responsable de algunas violaciones al DIH. "Se registraron homicidios; ataques indiscriminados; desplazamientos forzados; actos de pillaje, tortura y tratos crueles, inhumanos y degradantes; amenazas e impedimentos arbitrarios al libre tránsito de personas y bienes. En ocasiones, las restricciones a la circulación de alimentos pudieron haber afectado los niveles de desnutrición de la población, particularmente en la niñez", dice el informe.
El documento registró también que "miembros de la fuerza pública continúan ocupando ocasionalmente escuelas, viviendas u otros bienes civiles, y ubicando puestos militares a su alrededor. En la medida en que son decisiones deliberadas, es necesario revisar minuciosamente las causas que llevan a las unidades operativas en el terreno a ignorar la capacitación recibida en derecho internacional humanitario y a incumplir las directivas ministeriales y del Alto Mando Militar". En esas acciones, según la ONU, los militares se han involucrado en la vida cotidiana de la gente hasta el punto de utilizar niños para actividades de inteligencia o acciones militares.

Desplazamiento Forzado
"Se registraron desplazamientos forzados en casi todo el territorio nacional, siendo más frecuentes en aquellas zonas donde se desarrollan hostilidades. En 2009, el impacto de los desplazamientos forzados provocados por grupos armados ilegales surgidos del proceso de desmovilización de organizaciones paramilitares en los departamentos de Antioquia, Chocó, Córdoba y Nariño fue particularmente preocupante", registró la ONU en su informe.
Entre las razones de los desplazamientos, el organismo enumera el despojo de tierras, que siguen en poder de los victimarios y sus testaferros. "Además, es de suma preocupación que se registren numerosas amenazas y asesinatos contra personas que lideran o participan en procesos de restitución de tierras", dice el informe.
Ese es el más reciente panorama de derechos humanos en Colombia que ha expuesto Naciones Unidas. El vicepresidente electo ya debe conocerlo y sabe que le espera bastante trabajo para los próximos cuatro años.

24 de junio de 2010
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cidh condena a estado colombiano


¿Por qué la Cidh condenó al Estado por el asesinato de Manuel Cepeda? Casi 16 años después de haber sido asesinado por dos militares que actuaron en complicidad con paramilitares, la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado colombiano por el asesinato del líder político de la UP.
Colombia. En un fallo histórico la CIDH encontró responsable al Estado colombiano por el asesinato de Manuel Cepeda Vargas, dirigente político y entonces Senador de la Unión Patriótica (UP), ocurrido el 9 de agosto de 1994.
Según el hijo de Manuel Cepeda, el Representante a la Cámara Iván Cepeda, "la Corte señala que el caso de Manuel Cepeda es el de un crimen de Estado, que fue objeto de una estructura organizada en la que participaron altos mandos militares, miembros de la fuerza pública; y también por otra parte, miembros y jefes de grupos paramilitares".
La Corte ordenó al Estado colombiano pagar 330 mil dólares a los familiares de Manuel Cepeda por daños inmateriales y para cubrir los costos legales. El hijo del Senador dijo que "voy a entregar esos dineros a un fondo que hemos constituido para garantizar la educación de hijos y nietos de sobrevivientes de la Unión Patriótica".
La Cidh dispuso además que el Estado colombiano reconozca públicamente su responsabilidad en la falta de protección, el asesinato y por no garantizar que se investigara el crimen y que se hiciera justicia.
En 1994, las amenazas contra el Senador y los miembros de la UP eran de conocimiento público. Entre finales de los ochenta y comienzos de los noventa más de tres mil militantes de la UP fueron asesinados, crímenes que también son procesados por la Cidh.
La Cidh considera que el Estado violó los derechos a la vida, puesto que hubo un "patrón sistemático de violencia contra los miembros de la UP" y responsabilizó del mismo a agentes del Estado en una alianza con miembros del Ejército y grupos paramilitares. Además concluye que el Estado, en especial la justicia colombiana, no cumplió con su deber de investigar apropiadamente el crimen.
"El aparato judicial no hizo los esfuerzos suficientes para resolver un caso con un impacto nacional e internacional tan importante", dice uno de los apartes del fallo.
Además resalta que el proceso disciplinario contra los suboficiales del Ejército culpables del magnicidio  "resultó particularmente ineficaz", pues ni siquiera se les destituyó de las Fuerzas Militares. Con respecto al proceso penal, que concluyó con una sentencia de 43 años contra los dos procesados, la Cidh resalta que esta fue disminuida varias veces y los culpables siguieron delinquiendo cuando se supone estaban encarcelados. Eso, según la Cidh, "indica una insuficiencia del Estado para perseguir y sancionar adecuadamente graves violaciones a los derechos humanos
Por eso la Corte Interamericana solicita que las investigaciones judiciales deben seguir de manera eficaz y que el Estado tiene la obligación de sancionar a todas las personas implicadas en este crimen.
Otro aspecto importante de la sentencia es que el asesinato de Cepeda se cometió en un contexto de persecución política contra militantes de la UP, un movimiento político que surgió luego de las conversaciones de paz entre el gobierno de Belisario Betancourt y las Farc. Según la Corte, el Estado colombiano violó los derechos a la honra, el libre pensamiento y los derechos políticos, por las constantes declaraciones de funcionarios que vinculaban las Farc con la UP.
Le ordena al Estado darle a los familiares del Senador asesinado seguridad y protección, ya que a pesar de que han pasado casi de 16 años desde el asesinato, varios miembros de la familia Cepeda están amenazados.

La Reparación Simbólica a la Familia Cepeda
La Corte, no sólo obliga el Estado a pagarle una indemnización a la familia Cepeda, sino que también le ordena aceptar públicamente su responsabilidad  por el asesinato del líder político.
Iván Cepeda declaró a los medios: "La sentencia ordena que se haga un acto de desagravio en el Congreso de la República, y que por boca del Presidente de la República se pida perdón públicamente por este hecho y también se reconozca la responsabilidad del Estado".
Además el Estado tiene que producir un documental sobre la vida de Cepeda como político y periodista del semanario comunista Voz, que deberá ser transmitido por el canal institucional y en un acto público en Bogotá, y además, hacer una publicación escrita sobre Cepeda.
También dicta que el Estado debe crear una beca, administrada por la Fundación Manuel Cepeda Vargas para un estudiante en periodismo en una universidad pública de Colombia.
La Cidh también condena el Estado a publicar en el diario oficial las principales conclusiones de la sentencia.
Iván Cepeda dijo: "La primera repercusión que tiene este fallo es que abre la posibilidad de que otro gran caso que tiene en sus manos la Corte Interamericana, que es el caso colectivo de la Unión Patriótica tenga una sentencia ejemplar. La sentencia que se produce en el caso Cepeda va a marcar seguramente las líneas jurisprudenciales que seguirá la Corte Interamericana con relación del caso colectivo de la UP.

El Caso Cepeda
El asesinato de Cepeda fue el primer caso que asumió esta corte internacional sobre un político colombiano.
El asesinato de Manuel Cepeda se produjo el 9 de agosto de 1994, luego de que resultara elegido como senador por la Unión Patriótica para el periodo 1994-1998.
En 1993, Cepeda denunció la existencia del plan denominado "Golpe de Gracia", que tenía como objetivo eliminar a los dirigentes de la Unión Patriótica y del Partido Comunista Colombiano, y solicitó que se implementaran medidas de seguridad para proteger a varios dirigentes de estas colectividades.
La ejecución de dicho plan empezó con el asesinato de José Millar Chacón, secretario del Partido Comunista, el 25 de noviembre de 1993.
El 9 de agosto de 1994 cerca de las 9 a.m. cuando el Cepeda se dirigía al  Congreso de la República acompañado de su conductor y de su escolta, fue interceptado por varios individuos, entre ellos los sargentos del Ejército, Hernando Medina Camacho y Justo Gilberto Zúñiga Labrador, quienes hicieron varios disparos que impactaron en el vehículo y asesinaron a Cepeda.
El Estado de Colombia ha reconocido que el Senador Manuel Cepeda se encontraba amenazado de muerte. El 8 de agosto de 1994 el Senador recibió una carta con una lista en la que figuraba su nombre y en la que se señalaba que él y otros líderes políticos serían ejecutados.
Estas muertes se sumaron a los asesinatos de más de tres mil militantes de la Unión Patriótica y el Partido Comunista desde la década del 80, entre quienes se encontraban candidatos presidenciales, parlamentarios y alcaldes pertenecientes a estos movimientos políticos.

Condena de 2 Militares
Después de cinco años de investigaciones, un juez penal de Bogotá condenó en diciembre de 1999 a los sargentos del Ejército, Hernando Medina Camacho y Justo Gilberto Zúñiga Labrador a 43 años de prisión, como coautores del asesinato del senador Manuel Cepeda.
En esa misma sentencia, fue absuelto el jefe paramilitar Carlos Castaño Gil como uno de los autores intelectuales. Al respecto, Iván Cepeda, hijo del asesinado senador, escribió en un artículo para la revista Semana que "las condenas y la absolución se produjeron en medio de inmensas presiones: la esposa y una de las hijas del testigo principal del caso fueron "desaparecidas", otros testigos, que sostenían la culpabilidad de Castaño, se retractaron y algunas de las piezas probatorias fueron destruidas".
En el mismo artículo, el vocero del Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado, afirma que "un equipo mixto actuó compartiendo funciones: los paramilitares organizaron en Medellín el robo del carro con el que se llevó a cabo el asesinato de mi padre y enviaron un grupo de dos sicarios -dirigidos en Bogotá personalmente por Castaño-; por su parte, los militares se encargaron de las "labores de inteligencia", designaron, por órdenes del Alto mando, a los dos suboficiales uno de los cuales fue el ejecutor del asesinato - y efectuaron las tarea de encubrimiento".  

Primera Condena al Estado
El 10 de diciembre de 2008, el Consejo de Estado condenó a la Nación por omisión en la protección de Cepeda. Por esta razón, la Sección Tercera del Consejo de Estado ordenó el pago de indemnizaciones por perjuicios para el hijo, la esposa y la hermana de Cepeda, por un monto de 587 millones de pesos para cada uno, sumando además los 910,3 millones de pesos adicionales que tendrá que pagar el Estado por concepto de perjuicios materiales.
A pesar de las denuncias hechas por el mismo Cepeda sobre amenazas contra su vida, y sumado a la medida cautelar que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos había dictado para pedir la protección del dirigente político, el Consejo determinó la culpabilidad por omisión del Estado colombiano que llevaría al asesinato de Cepeda.
Según los mismos demandantes, Cepeda habría denunciado las amenazas contra su vida al DAS, la Policía, la Fiscalía, el Defensor del Pueblo, la Procuraduría y los altos mandos militares, estos últimos, quienes presuntamente tuvieron participación en el crimen.
Después de que el Consejo de Estado condenara en diciembre de 2008, al Estado colombiano a indemnizar a la familia del senador de la Unión Patriótica Manuel Cepeda Vargas, su hijo Iván decidió no recibir el dinero. Dijo que lo iba a donar a un fondo para beneficiar con educación a los hijos de las víctimas del genocidio de la UP. Y agregó que también iba a donar la indemnización de la Cidh.

24 de junio de 2010
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declaraciones contra coronel mejía


En el juicio contra el militar, alias ’Daniel Centella’ dijo que el militar y el ex comandante paramilitar alias ‘39’ eran amigos y confirmó casos de falsos positivos en el Batallón la Popa y el suministro de material de intendencia de los militares a los ‘paras’. Hombres de ’Jorge 40’ entregaron a varias personas vivas que supuestamente fueron asesinadas y que después fueron presentados como muertos en combate.
Colombia. Ante el Juzgado Cuarto Especializado de Bogotá, John Jairo Hernández Sánchez alias ‘Daniel Centella’, ex militar y desmovilizado del Bloque Norte de las AUC, reveló detalles de los supuestos nexos entre el coronel Hernán Mejía, ex comandante del Batallón La Popa en Valledupar y el ex comandante paramilitar alias ‘39’.
Sus declaraciones se dieron en medio del juicio que se adelanta en contra del coronel del Ejército Hernán Mejía, el teniente coronel José Pastor Ruíz Mahecha, el teniente Nelson Javier Llanos, el sargento primero Aureliano Quejada y el suboficial retirado Efraín Andrade Perea, por los presuntos delitos de concierto para delinquir, conformación de grupos armados al margen de la ley y homicidio.
Según el desmovilizado, entre ellos dos existía una "relación de amistad" que se hizo evidente cuando el coronel Mejía se desempeño como comandante del Batallón La Popa en Valledupar. "Él (Mejía) constantemente visitaba al comandante ‘39’… a veces llegaba como civil y a veces como uniformado… llegaba en una camioneta roja y se reunía en privado con el comandante… era una amistad mutua…" señaló el ex paramilitar.
‘Daniel Centella’ manifestó que la relación entre Mejía y ‘39’ era de trabajo "mancomunado", puesto que en más de una ocasión  los paramilitares le entregaron gente a los militares  para que los presentaran como bajas de la guerrilla o de los mismos paramilitares (falsos positivos), a cambio de material de intendencia y de comunicaciones.
El desmovilizado contó que en una ocasión llevó  ‘Jorge 40’ a una cita con el coronel Mejía en la finca El Prado, en la vía que conduce desde Valledupar al corregimiento La Mesa. El desmovilizado señaló que una vez se encontraron, ‘40’ se subió junto con sus escoltas en el carro de Mejía con destino desconocido.

Falsos Positivos
‘Daniel Centella’ se refirió a dos casos de ‘falsos positivos’ presentados entre 2003 y 2004 en los que los paramilitares colaboraron con los militares. El primero de ellos, hacía marzo de 2003, mientras Mejía era comandante del Batallón La Popa, se dio en la región de El Palmar. En esa ocasión, los paramilitares bajo órdenes de alias ‘39’, entregaron con vida tres personas, al parecer campesinos, que posteriormente fueron presentados por el Batallón como paramilitares dados de baja.
Según ‘Daniel Centella’, a la media hora de haber entregado a esas tres personas, los militares fingieron un combate que dio como resultado la muerte de esos campesinos. Esta operación, según el ex paramilitar, fue planeada días atrás en una reunión celebrada entre Mejía y ‘39’ en el corregimiento La Mesa.
El segundo hecho se presentó en 2004, cuando Mejía ya había sido trasladado, y fue el caso en el que los paramilitares entregaron al Batallón otras tres personas que posteriormente fueron presentadas también como muertos en combate.

Operación Tormenta
El desmovilizado se refirió también a los hechos de la Operación Tormenta en la que fueron dados de baja 18 presuntos guerrilleros del ELN en octubre de 2002. ‘Centella’ confirmó que quienes fueron dados de baja eran paramilitares.
Según el ex paramilitar, estos paramilitares fueron llevados hasta el lugar de los hechos por el comandante ‘39’ bajo el pretexto de hacer un robo de ganado. En realidad se trataba de una purga interna que estaba haciendo ‘39’ en las filas paramilitares ante diversos casos de indisciplina.
El desmovilizado señaló que, hasta donde tuvo conocimiento, en el lugar de los hechos no hubo ninguna clase de enfrentamiento. Según él, escuchó a través del radio al comandante ‘90’, al mando de esos 18 hombres, pidiendo ayuda y que se comunicaran con el Batallón para que los militares los dejaran de atacar.
En versión libre rendida a mediados del año pasado, ‘Daniel Centella’ dijo que los muertos eran de las autodefensas, que una parte estaba bajo el mando de alias ‘El Alacrán’ y que el resto del grupo eran de alias ‘611’ o ‘Patricia’. El desmovilizado dijo que el hecho "también fue una entrega que se le hizo al coronel Mejía, para beneficios del coronel Mejía, para poder trabajar en concordancia con ‘39’ (David Hernández, la mano derecha de ‘Jorge 40’)".
Según relató ‘Daniel Centella’, él vio cuando alias ‘28’ le entregó brazaletes del Eln a alias ‘611’ para darle credibilidad al supuesto operativo. Añadió que entre los supuestos guerrilleros muertos estaba el ‘comandante 90’ y una mujer que acaba de tener un hijo. Después del asesinato de la madre, alias ‘400’ o ‘Salomón’ se hizo cargo del bebé pero no lo pudo cuidar suficientemente y este murió.

Intercambio de Favores
Para Hernández, la relación entre el Batallón La Popa y los paramilitares se entendía como un intercambio de favores. Mientras los paramilitares les traían gente para que presentaran como ‘bajas guerrilleras o de paramilitares’, los militares a cambio les regalaban material de intendencia.
Según esta versión, el contacto al interior del batallón que les suministraba los recursos era el sargento viceprimero Marques. Este oficial era quien presuntamente hacía las entregas del material de guerra, entre ellas, camuflados, botas, carpas, munición, granadas de mano y para mortero, radios portátiles, entre otros.

Amenazas y Sobornos
Durante la audiencia, y mientras el coronel Mejía lo interrogaba, el ex paramilitar manifestó su preocupación por los señalamientos que había hecho en contra de Mejía y por los supuestos intentos de sobornos que el militar le había propuesto para que no declarara en su contra.
"Yo sé que me voy a morir por las afirmaciones que estoy haciendo contra usted… yo lo conozco a usted…y por favor… no me mande a ofrecer plata que yo no le voy a recibir nada" señaló el ex paramilitar.
Así mismo, invitó al coronel Mejía a contar la "verdad" de los hechos ante la justicia.  "Respóndale a la justicia por lo que usted hizo… usted sabe que tiene cosas que responderle a la justicia… respóndale así como estoy respondiendo yo".

Los Falsos Positivos del Batallón La Popa
El despacho 3 de Justicia y Paz logró documentar varios casos de falsos positivos  después de varias versiones libres de John Jairo Hernández Sánchez, alias ‘Centella’, Randys Julio Torres Maestre, alias ‘El Niño’, Adolfo Guevara Cantillo, alias ’101, en las que los desmovilizados narraron cómo realizaron estos crímenes en supuesta complicidad con miembros de ese batallón militar.
Los ex ‘paras’ dijeron que el coronel Hernán Mejía, ex comandante del Batallón La Popa, fue clave en la realización de estos crímenes. Hoy en día el coronel Mejía enfrenta un juicio acusado de vínculos con paramilitares.
Uno de los casos de los llamados falsos positivos es la masacre de 18 miembros de las autodefensas el 27 de octubre de 2002 entre Mariangola y Los Venados, veredas de Bosconia, caso fue presentado como un combate entre el ejército y el Eln, y que es investigado por la unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía.
Según un informe del sargento Perea, del Batallón La Popa, el 27 de octubre a las 5 y media de la mañana el Ejército se enfrentó con el Frente 6 de diciembre del ELN, que realizaban un retén en una carretera en las estribaciones de la Sierra Nevada. Según el suboficial después de un combate 18 guerrilleros murieron.
John Jairo Hernández Sánchez , alias ‘Daniel Centella’, que fue chofer del ex jefe ‘para’ David Hernández Tojas, alias ‘39’, contradijo el testimonio del sargento. En versión libre dijo que los muertos eran de las autodefensas, que una parte estaba bajo el mando de alias ‘El Alacrán’ y que el resto del grupo eran de alias ‘611’ o ‘Patricia’. El desmovilizado dijo que el hecho "también fue una entrega que se le hizo al coronel Mejía, para beneficios del coronel Mejía, para poder trabajar en concordancia con ‘39’ (David Hernández, la mano derecha de ‘Jorge 40’)".
Según relató ‘Daniel Centella’, él vio cuando alias ‘28’ le entregó brazaletes del Eln a alias ‘611’ para darle credibilidad al supuesto operativo. Añadió que entre los supuestos guerrilleros muertos estaba el ‘comandante 90’ y una mujer que acaba de tener un hijo. Después del asesinato de la madre, alias ‘400’ o ‘Salomón’ se hizo cargo del bebé pero no lo pudo cuidar suficientemente y este murió.
El ex ‘para’ se dio cuenta de que era un falso positivo unos meses después "ya que la legalización se la habían entregado a La Popa, para legalizarlos a todos, para que dejaran trabajar a la gente". Según ‘Daniel Centella’ el coronel Mejía le devolvió a los ‘paras’ parte de las armas incautadas en el operativo.
Varios parientes de las víctimas sostienen además que unos días antes del supuesto combate desconocidos vinieron a ofrecerles trabajo en una finca. Volvieron a saber de ellos cuando ya los habían asesinado y presentado ante la prensa como guerrilleros del Eln.
Otro de los hechos que documentó la Fiscalía sucedió el 9 de junio de 2004 en la zona rural de Valledupar, Cesar. Allí José Rafael Bula, un campesino de 24 años, fue presentado por tropas de la contraguerrilla Zarpazo del Batallón de la Popa como un supuesto paramilitar, muerto después de un presunto combate con la guerrilla.
Sin embargo, la madre de la víctima le reportó a la justicia que un día antes de la desaparición de Bula, desconocidos fueron a su casa y se llevaron a la fuerza a su hijo. Al día siguiente este apareció reportado como muerto en combate por tropas del batallón La Popal.
En versión libre John Jairo Hernández Sánchez, alias ‘Daniel Centella’, dijo que él y Rodolfo Lizcano Rueda, alias ‘38’ le entregaron José Rafael Bula vivo al Gaula del Ejército para que el comandante de la unidad los "dejara mover por ese corredor". Después asesinaron al joven en una finca, lo uniformaron y lo presentaron como guerrillero, pero el desmovilizado confirmó "que ese muchacho no era guerrillero ni nada".
Otro de los casos que presuntamente compromete tropas del Batallón La Popa con falsos positivos es la muerte de Ronald José Blanquicet, Cristian Alberto Bustamante y Rafael Ignacio Puerta, quienes fueron asesinados el 9 de septiembre de 2004 en la zona rural de Valledupar.
Según los miembros del Ejército implicados, ese día en la madrugada salieron a patrullar en la zona de Puente Callao y se encontró con un grupo de civiles que no obedeció la orden de "alto", a lo que se dio un tiroteo que dejó los tres civiles muertos. En el reporte del Ejército estas tres personas fueron presentadas como supuestos miembros de las autodefensas, lo que confirmó un presunto documento con membrete del Bloque Norte de las Accu, en el que se reportan los nombres de los muertos.
‘Daniel Centella’ confirmó que los jóvenes hacían parte de las autodefensas, sin embargo dijo que no murieron en un enfrentamiento sino que se los entregaron al sargento Rueda para que los presentara como muertos en combate. El desmovilizado dijo además que "le entregaba 2 millones de pesos por mes al suboficial del Ejército y que además le entregó fusiles R 15, unas granadas y pistolas para que fuera más verosímil la versión de un combate."
 ‘Daniel Centella’ también dijo que Jaider Valderrama, Iván Navarro e Iván Alvernia, todos menores de 25 años, no eran paramilitares muertos en combate como los presentaron miembros del Batallón La Popa el 22 de marzo de 2003.
Según los militares, las tres víctimas murieron tras la operación Marcial, en La Mesa, un corregimiento de Valledupar, en el amanecer del 22 de marzo después de un combate contra las autodefensas. Familiares de Iván Navarro dijeron que el 21 de marzo la víctima se fue a una finca a trabajar, pero que dos días después apareció en el periódico como paramilitar muerto en combate.
‘Daniel Centella’ dijo que las autodefensas le entregaron los tres jóvenes al coronel Hernán Mejía, ex comandante del Batallón La Popa, para que los presentara como "positivos". El desmovilizado contó que él los llevó un carro amarrados en hasta un río en la vía a El Palmar, cerca de Valledupar. Dijo que después en el Ejército "les pusieron unas cosas para que aparecieran que fueron en combate (sic)" y que los cadáveres fueron presentados a la prensa como miembros de las autodefensas.
Randys Julio Torres Maestre, alias ‘El Niño’, del Bloque Norte, también relató varios casos de falsos positivos que contaron con la supuesta complicidad directa del coronel Hernán Mejía. El desmovilizado relató un caso donde él y dos ‘paras’ se reunieron con el oficial el 15 de julio de 2003 en el Batallón La Popa para planear una operación entre Guatapurí y Chemesquema, veredas de Valledupar.
Dijo que salieron en camiones del Ejército a las diez de la noche y después de caminar toda la noche en la madrugada se toparon con presuntos guerrilleros que capturaron vivos. Contó que poco después les dispararon a diez o quince metros de distancia, subieron los cadáveres a los camiones y después, según relata "los presentaron de manera oficial ante el país y las autoridades como dos subversivos dados de baja, pero la verdad es que se trató de dos homicidios".
La justicia tendrá que investigar la veracidad de lo dicho por los desmovilizados en sus versiones libres.

Las Acusaciones contra Mejía
En mayo de 2008, la Fiscalía dictó medida de aseguramiento contra el coronel Hernán Mejía Gutiérrez y el teniente coronel José Pastor Ruiz Mahecha  por los presuntos delitos de concierto para delinquir, conformación de grupos armados al margen de la ley y homicidio. La misma orden cobija al sargento primero Aureliano Quejada y al suboficial retirado Efraín Andrade Perea. Los militares permanecen recluidos en una guarnición militar en Bogotá. Con ellos, son 32 militares del Batallón la Popa en Valledupar investigados, principalmente por falsos positivos.
La investigación contra estos oficiales se inició en 2007, cuando el ex ministro de Defensa Juan Manuel Santos, anunció en una rueda de prensa que el Coronel Mejía Gutiérrez sería relevado por las denuncias de un ex suboficial, que fue su escolta. El ex suboficial afirmó que el Coronel cometió varios asesinatos en un afán por mostrar resultados como comandante del Cesar. Así mismo señaló que Mejía se alió con el Bloque Norte.
Cuando Mejía llegó al Batallón conformó un escuadrón especial de 14 militares, conocido como el grupo Zarpazo especializado en reacción rápida a los ataques de los ilegales. Sospechosamente, cada vez que el grupo realizaba operativos producía bajas. Además entre 2002 y 2004 aumentaron los asesinatos de indígenas kankuamos en la zona, crimen que alcanzaron la cifra de 53 homicidios sólo en el primer semestre de 2003. Los kankuamos denunciaron al Batallón La Popa ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, como responsables de varias de esas muertes.
Otro de los casos que está investigando la Fiscalía es el asesinato de 18 supuestos guerrilleros del Eln en octubre del 2002. Los cadáveres aparecieron vestidos de camuflado y con brazaletes del Eln, pero en los calzoncillos tenían las iniciales de AUC. Además, cuando los asesinaron, sus familiares denunciaron que no eran guerrilleros.
Según testigos se trató de una purga interna dentro del grupo paramilitar Mártires del Cacique de Upar orquestada por el Coronel Mejía y el difunto jefe paramilitar David Hernández, alias ’39’, quien era amigo de infancia de Mejía, según el ex escolta del Coronel. En 2004, Hernández fue asesinado por tropas del coronel Mejía, pero varios testigos señalan que ’Jorge 40’ fue el que ordenó su muerte.
Mejía y varios de sus hombres también son investigados por los asesinatos de dos supuestos guerrilleros en el Batallón en junio de 2002. Las dos personas fueron capturadas, torturadas, asesinadas y presentadas como positivos.-
El ex suboficial también confesó que coronel Mejía y él se reunieron con todos los jefes paramilitares del Bloque Norte: ’Jorge 40’, Hernán Giraldo, Oscar José Ospino, alias ’Tolemaida’, Enrique López, alias ’Omega’ y ’39’. Según el testigo, ese día Mejía y ’Jorge 40’ acordaron que él iba a recibir un sueldo de 30 millones de pesos mensuales a cambio de que el ejército no se metiera con las autodefensas. De acuerdo con el relato Mejía le entregó fusiles Galil a alias ’39’ y sus hombres para que lo ayudaran con falsos positivos.
El testigo aseguró que estos asesinatos se cometieron con la complicidad de fiscal Alix Cecilia Daza Martínez, quien durante varios años fue juez superior de Valledupar y que después fue nombrada directora de Fiscalías de Valledupar por el ex fiscal  general Luis Camilo Osorio como directora de Fiscalías de Valledupar.

23 de junio de 2010
22 de junio de 2010
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ratifican condena de salvador arana


El Consejo Superior de la Judicatura negó una tutela con la que el ex gobernador de Sucre pretendía que se revocara la sentencia que dictó la Corte Suprema de Justica en su contra.
Colombia. En el pasado mes de diciembre, el ex gobernador y embajador en Chile fue condenado por la CSJ a 40 años de cárcel por el asesinato del alcalde del Roble Eudaldo Díaz Salgado.
Por esta razón, Arana, quien fue el primer político en ser condenado por su responsabilidad en crímenes cometidos por paramilitares, apeló la sentencia a través de una tutela que negó este martes la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura.
De este modo, la sentencia de la Corte sigue en pie y el gobernador tendrá que cumplir la pena en prisión.

La Sentencia de la Corte
La sentencia proferida por la Corte Suprema es histórica. Impone una de las condenas más altas, 40 años de cárcel y más de 2300 millones de pesos de multa, para un político y no sólo por vínculos con grupos paramilitares sino por su participación en el crimen de un adversario político.
En este sentido, la Corte Suprema crea un nuevo precedente para juzgar a ‘parapolíticos’ al reconocer como ‘delitos de lesa humanidad’ para este caso los crímenes cometidos por el ex gobernador de Sucre en complicidad con grupos paramilitares.
Arana fue condenado como determinador de los delitos de desaparición forzada y homicidio agravado por "razones políticas" (en el caso del ex alcalde de El Roble, Eudaldo Díaz Salgado), y por el delito de promoción de grupos armados al margen de la Ley.
Con base en los testimonios y las pruebas recogidas, la Corte consideró que "la desaparición forzada de Díaz Salgado ocurrió con ocasión de la actividad ilegal desplegada por el grupo armado liderado por Rodrigo Antonio Mercado Pelufo (alias ‘Cadena’) a instancias de las directrices de éste e influenciado en su actuar por Salvador Arana Sus".
Citando las acusaciones hechas por la Fiscalía, el Alto Tribunal reconoce la responsabilidad de Arana por el crimen de Díaz cuando afirma que "en las variadas reuniones que sostenía el Gobernador con los paramilitares se impartieron órdenes en torno a lo que debía ser el juego de poderes: asumió qué se debía eliminar y con ello retirar de manera definitiva a quien denunciaba la inconformidad con el manejo de lo público, mientras que Mercado Pelufo sentenció que el Alcalde señalado debía ser eliminado previa su desaparición, suceso final para el cual se esperaba que Arana diera la orden y Pelufo actuara".
Para la Corte, la responsabilidad de Arana está demostrada cuando se tienen en cuenta declaraciones de ex paramilitares y testigos presenciales del asesinato de Díaz como Libardo Duarte, Sadys Enrique Ríos Pérez, Jairo Antonio Castillo Peralta y Juan Pablo Viloria Flórez, quienes confirmaron que "el acusado (Arana), a través de miembros del grupo paramilitar dominante en la zona, logró que el 5 de abril de 2003, retuvieran a Díaz Salgado…y a partir de esa fecha lo ocultaran sin que nadie reconociera que lo habían privado de la libertad, no obstante el reclamo público de su familia".
En cuanto al delito de promoción de grupos armados, la Corte comprobó que el ex gobernador de Sucre se reunió en repetidas ocasiones y de manera ‘voluntaria’ con el grupo paramilitar que lideró el desaparecido jefe paramilitar ‘Cadena’. En esas reuniones, Arana estableció pactos con los paramilitares en los que se comprometió a coordinar esfuerzos para la creación de un grupo paramilitar para el departamento de Sucre.
"El doctor Salvador Arana Sus se concertó con el Bloque Norte de las autodefensas en un escenario en donde, como ha quedado demostrado, esa fuerza ilegal había irrumpido militarmente y requería de espacios políticos para garantizar su expansión…".
Con estos argumentos, el Alto Tribunal decidió condenar a Arana por los delitos mencionados y compulsar copia del expediente para identificar otros posibles delitos de lesa humanidad cometidos por el grupo paramilitar "del cual hizo parte".
Con esta decisión, la Corte abre la puerta para juzgar a los políticos vinculados con grupos paramilitares no sólo (y como hasta ahora se había hecho) por el delito de concierto para delinquir que asignaba condenas de máximo 7 años, sino por crímenes de lesa humanidad para los cuales se aplican penas hasta de 60 años de cárcel.
La Corte sienta el precedente para otros casos que se siguen actualmente contra otros políticos como el de Álvaro ‘El Gordo’ García, ex senador de Sucre, quien es procesado no sólo por sus vínculos con paramilitares sino como autor intelectual de la Masacre de Macayepo perpetrada en el año 2000.
De igual forma, la sentencia de la Corte advierte que si persisten casos de ‘impunidad’ relacionados con estos hechos, se remitirán copias a la Corte Penal Internacional para que este tribunal se pronuncie sobre los mismos.

El Proceso contra Arana
En noviembre de 2005 se inició la investigación contra Salvador Arana a partir de declaraciones de alias ‘Pitirri’, ex guardaespaldas de Joaquín García –actualmente asilado en Canadá- y de varios desmovilizados. No fue sino hasta un año después cuando ordenó su captura –estando prófugo de la justicia-.
En ese momento la Corte Suprema envió copia del expediente a la Fiscalía en el que se investigaba a Arana por su responsabilidad en la conformación de grupos paramilitares en Sucre –como el Bloque Héroes de los Montes de María de alias ‘Cadena’- y por la desviación de recursos departamentales a este tipo de organizaciones.
Salvador Arana fue prófugo de la justicia hasta mayo de 2008, fecha en la que fue capturado por agentes del CTI escondido dentro del closet de un lujoso apartamento en Santa Marta. La Fiscalía lo buscaba bajo los cargos de concierto para delinquir agravado, desaparición forzada y homicidio agravado
Los cargos están relacionados con la desaparición y homicidio de Eudaldo Díaz, ex alcalde de El Roble y contradictor político de Arana, cuando se desempeñaba como gobernador de Sucre entre 2001 y 2003. Después de ocupar este cargo el político sucreño fue nombrado por el presidente Álvaro Uribe Vélez como embajador colombiano en Chile entre 2003 y 2005.
El asesinato de Díaz se presentó en abril de 2003, un mes después de haber hecho públicas las amenazas en su contra en un concejo de seguridad celebrado en Corozal y precedido por el presidente de la República Álvaro Uribe. Díaz desapareció el 5 de abril y su cuerpo apareció cinco días después en una carretera que comunica Sampués y Sincelejo.
De acuerdo con la investigación, Arana acudió a alias ‘Cadena’ para pedirle que asesinara a Díaz, tras las constantes acusaciones en su contra por supuestos malos manejos de los recursos públicos y por sus vínculos con paramilitares mientras era gobernador de Sucre.
En agosto de 2008, el caso es trasladado a Bogotá, en donde se inició el juicio.
Entre los testigos contra Arana estuvieron paramilitares como alias ‘Diego Vecino’, jefe del Bloque Héroes de los Montes de María, ‘Cadena’ y alias ‘Convivir’.
‘Diego Vecino’ aseguró que desconocía los hechos y circunstancias bajo las cuales asesinaron a ‘Tito’ Díaz porque no se encontraba en la zona en el momento en que ocurrieron los hechos.
Antes de desaparecer, Díaz advirtió a su familia que si algo le pasaba, el único responsable sería Arana. Desde entonces la familia Díaz ha liderado e impulsado la investigación para encontrar a los responsables del crimen, por lo que ha sido amenazada constantemente hasta el punto de tener que varios miembros de esa familia les ha tocado exiliarse.
A finales de abril de este año, ante el Juzgado Primero Especializado de Bogotá, la Fiscalía y la Procuraduría pidieron la condena para el ex gobernador de Sucre por los delitos de concierto para delinquir agravado, desaparición forzada y homicidio agravado.
La petición de la Fiscalía y la Procuraduría se basó en los testimonios de Sadys Enrique Ríos, Juan Pablo Viloría Flores y Jairo Castillo alias ‘Pitirri’, quienes señalaron que Arana tenía vínculos con grupos paramilitares al mando de alias ‘Cadena’.
Finalmente, el pasado 29 de octubre, el Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de Cundinamarca condenó a 28 años de cárcel a Diana Luz Martínez, ex directora de la cárcel La Vega, como cómplice del asesinato de Díaz, y a Emiro José Correa alias ‘Convivir’ y José Tomas Torres alias ‘Orbitel’, como sus autores materiales.
Martínez fue llamada a juicio en febrero de 2008 por homicidio agravado y concierto para delinquir con los paras. Según los paramilitares, la directora de la cárcel les otorgó un permiso extramural y durante esa licencia ‘Orbitel’ y ‘Convivir’ asesinaron a Edualdo Díaz.

23 de junio de 2010
22 de junio de 2010
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amenazan a jueza de caso plazas vega


Jueza que condenó al coronel Plazas Vega sale del país por amenazas. Antes de salir de Colombia, Jara pidió en un oficio al Inpec que trasladara de inmediato al militar a una prisión, dijo una fuente cercana.
Colombia. La jueza María Stella Jara, que condenó a 30 años de cárcel al coronel en retiro Alfonso Plazas Vega por su responsabilidad en la desaparición de 11 personas en la ocupación del Palacio de Justicia en 1985, abandonó el país tras recibir amenazas, informó Jorge Molano, un abogado de las victimas.
Antes de salir de Colombia, Jara pidió en un oficio al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) que trasladara de inmediato al militar a una prisión, dijo Molano.
El coronel condenado se encuentra recluido hace meses en el hospital Militar de Bogotá y los médicos consideran que "no está en condiciones" para ser trasladado a la cárcel.
Molano aclaró a Caracol Radio que la jueza se marchó de Colombia por amenazas contra su vida y de la de su hijo y aclaró que el hostigamiento lo venía recibiendo desde el año pasado.
Su salida del país sigue a la decisión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que el pasado 11 de junio le otorgó medidas de protección y solicitó al Gobierno colombiano que adoptara "las medidas necesarias para garantizar la vida y la integridad personal" de Jara y de su hijo.
La jueza ha "recibido amenazas por presuntos grupos armados al margen de la ley", señaló ese día el organismo dependiente de la Organización de Estados Americanos (OEA).
Días antes, Jara había condenado al coronel Plazas Vega por la desaparición de varios empleados, así como de la guerrillera Irma Franco, en el operativo de recuperación del Palacio de Justicia tomado en noviembre de 1985 por la desmovilizada guerrilla del Movimiento 19 de Abril (M-19).
La acción dejó en dos días un centenar de muertos, entre ellos diez magistrados de las cortes, civiles, militares, policías y guerrilleros, así como once desaparecidos.

23 de junio de 2010
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