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trasladan a plazas vega a la picota


Días después de haber sido condenado a 30 años de prisión por la desaparición de once personas en la retoma del Palacio de Justicia, el coronel retirado deberá dejar el Hospital Militar para ir al centro penitenciario.
Colombia. Trece días después de que condenaran a 30 años de prisión al coronel (r.) Alfonso Plazas Vega por la desaparición de once personas en la retoma del Palacio de Justicia en 1985, se ordenó su traslado inmediato a la cárcel La Picota.
Desde agosto de 2009, Plazas Vega se encuentra interno en el Hospital Militar. Sin embargo, hace apenas unos días los médicos entregaron un concepto a la juez Tercera Penal del circuito de Bogotá en el que señalaban que a pensar de los trastornos de ansiedad que presentaba, él tenía la capacidad de evaluar situaciones, elegir un curso de acción y hasta dejar constancia escrita de un proceso de decisión, por lo que no habría ningún tipo de impedimento para ser trasladado a un centro penitenciario. En este caso, a La Picota.
Por lo tanto, la juez María Stella Jara notificó al Inpec para que se dé el traslado inmediato de Plazas a la cárcel.

23 de junio de 2010
22 de junio de 2010
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los vendió como falsos positivos


Desmovilizados contaron como entregaban "falsos positivos" al batallón La Popa. La Unidad de Justicia y Paz de la Fiscalía logró documentar por versiones de desmovilizados del Bloque Norte varios casos de paramilitares y civiles que supuestamente fueron entregados vivos a miembros del Ejército para presentarlos como muertos en combate.
Colombia. Hombres de ’Jorge 40’ entregaron a varias personas vivas que supuestamente fueron asesinadas y que después fueron presentados como muertos en combate.
El Bloque Norte de Rodrigo Tovar Pupo, alias ‘Jorge 40’ y miembros del Batallón de Artillería No. 2 La Popa con sede en Valledupar, Cesar, presuntamente coordinaron para que paramilitares le entregaran al Ejército decenas de civiles y miembros de las autodefensas vivos que después fueron presentados como muertos en combates.
El despacho 3 de Justicia y Paz logró documentar estos casos después de varias versiones libres de John Jairo Hernández Sánchez, alias ‘Centella’, Randys Julio Torres Maestre, alias ‘El Niño’, Adolfo Guevara Cantillo, alias ’101, en las que los desmovilizados narraron cómo realizaron estos crímenes en supuesta complicidad con miembros de ese batallón militar.
Los ex ‘paras’ dijeron que el coronel Hernán Mejía, ex comandante del Batallón La Popa, fue clave en la realización de estos crímenes. Hoy en día el coronel Mejía enfrenta un juicio acusado de vínculos con paramilitares.
Uno de los casos de los llamados falsos positivos es la masacre de 18 miembros de las autodefensas el 27 de octubre de 2002 entre Mariangola y Los Venados, veredas de Bosconia, caso fue presentado como un combate entre el ejército y el Eln, y que es investigado por la unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía.
Según un informe del sargento Perea, del Batallón La Popa, el 27 de octubre a las 5 y media de la mañana el Ejército se enfrentó con el Frente 6 de diciembre del ELN, que realizaban un retén en una carretera en las estribaciones de la Sierra Nevada. Según el suboficial después de un combate 18 guerrilleros murieron.
John Jairo Hernández Sánchez , alias ‘Daniel Centella’, que fue chofer del ex jefe ‘para’ David Hernández Tojas, alias ‘39’, contradijo el testimonio del sargento. En versión libre dijo que los muertos eran de las autodefensas, que una parte estaba bajo el mando de alias ‘El Alacrán’ y que el resto del grupo eran de alias ‘611’ o ‘Patricia’. El desmovilizado dijo que el hecho "también fue una entrega que se le hizo al coronel Mejía, para beneficios del coronel Mejía, para poder trabajar en concordancia con ‘39’ (David Hernández, la mano derecha de ‘Jorge 40’)".
Según relató ‘Daniel Centella’, él vio cuando alias ‘28’ le entregó brazaletes del Eln a alias ‘611’ para darle credibilidad al supuesto operativo. Añadió que entre los supuestos guerrilleros muertos estaba el ‘comandante 90’ y una mujer que acaba de tener un hijo. Después del asesinato de la madre, alias ‘400’ o ‘Salomón’ se hizo cargo del bebé pero no lo pudo cuidar suficientemente y este murió.
El ex ‘para’ se dio cuenta de que era un falso positivo unos meses después "ya que la legalización se la habían entregado a La Popa, para legalizarlos a todos, para que dejaran trabajar a la gente". Según ‘Daniel Centella’ el coronel Mejía le devolvió a los ‘paras’ parte de las armas incautadas en el operativo.
Varios parientes de las víctimas sostienen además que unos días antes del supuesto combate desconocidos vinieron a ofrecerles trabajo en una finca. Volvieron a saber de ellos cuando ya los habían asesinado y presentado ante la prensa como guerrilleros del Eln.
Otro de los hechos que documentó la Fiscalía sucedió el 9 de junio de 2004 en la zona rural de Valledupar, Cesar. Allí José Rafael Bula, un campesino de 24 años, fue presentado por tropas de la contraguerrilla Zarpazo del Batallón de la Popa como un supuesto paramilitar, muerto después de un presunto combate con la guerrilla.
Sin embargo, la madre de la víctima le reportó a la justicia que un día antes de la desaparición de Bula, desconocidos fueron a su casa y se llevaron a la fuerza a su hijo. Al día siguiente este apareció reportado como muerto en combate por tropas del batallón La Popa.
En versión libre John Jairo Hernández Sánchez, alias ‘Daniel Centella’, dijo que él y Rodolfo Lizcano Rueda, alias ‘38’ le entregaron José Rafael Bula vivo al Gaula del Ejército para que el comandante de la unidad los "dejara mover por ese corredor". Después asesinaron al joven en una finca, lo uniformaron y lo presentaron como guerrillero, pero el desmovilizado confirmó "que ese muchacho no era guerrillero ni nada".
Otro de los casos que presuntamente compromete tropas del Batallón La Popa con falsos positivos es la muerte de Ronald José Blanquicet, Cristian Alberto Bustamante y Rafael Ignacio Puerta, quienes fueron asesinados el 9 de septiembre de 2004 en la zona rural de Valledupar.
Según los miembros del Ejército implicados, ese día en la madrugada salieron a patrullar en la zona de Puente Callao y se encontró con un grupo de civiles que no obedeció la orden de "alto", a lo que se dio un tiroteo que dejó los tres civiles muertos. En el reporte del Ejército estas tres personas fueron presentadas como supuestos miembros de las autodefensas, lo que confirmó un presunto documento con membrete del Bloque Norte de las Accu, en el que se reportan los nombres de los muertos.
‘Daniel Centella’ confirmó que los jóvenes hacían parte de las autodefensas, sin embargo dijo que no murieron en un enfrentamiento sino que se los entregaron al sargento Rueda para que los presentara como muertos en combate. El desmovilizado dijo además que "le entregaba 2 millones de pesos por mes al suboficial del Ejército y que además le entregó fusiles R 15, unas granadas y pistolas para que fuera más verosímil la versión de un combate."
 ‘Daniel Centella’ también dijo que Jaider Valderrama, Iván Navarro e Iván Alvernia, todos menores de 25 años, no eran paramilitares muertos en combate como los presentaron miembros del Batallón La Popa el 22 de marzo de 2003.
Según los militares, las tres víctimas murieron tras la operación Marcial, en La Mesa, un corregimiento de Valledupar, en el amanecer del 22 de marzo después de un combate contra las autodefensas. Familiares de Iván Navarro dijeron que el 21 de marzo la víctima se fue a una finca a trabajar, pero que dos días después apareció en el periódico como paramilitar muerto en combate.
‘Daniel Centella’ dijo que las autodefensas le entregaron los tres jóvenes al coronel Hernán Mejía, ex comandante del Batallón La Popa, para que los presentara como "positivos". El desmovilizado contó que él los llevó un carro amarrados en hasta un río en la vía a El Palmar, cerca de Valledupar. Dijo que después en el Ejército "les pusieron unas cosas para que aparecieran que fueron en combate (sic)" y que los cadáveres fueron presentados a la prensa como miembros de las autodefensas.
Randys Julio Torres Maestre, alias ‘El Niño’, del Bloque Norte, también relató varios casos de falsos positivos que contaron con la supuesta complicidad directa del coronel Hernán Mejía. El desmovilizado relató un caso donde él y dos ‘paras’ se reunieron con el oficial el 15 de julio de 2003 en el Batallón La Popa para planear una operación entre Guatapurí y Chemesquema, veredas de Valledupar.
Dijo que salieron en camiones del Ejército a las diez de la noche y después de caminar toda la noche en la madrugada se toparon con presuntos guerrilleros que capturaron vivos. Contó que poco después les dispararon a diez o quince metros de distancia, subieron los cadáveres a los camiones y después, según relata "los presentaron de manera oficial ante el país y las autoridades como dos subversivos dados de baja, pero la verdad es que se trató de dos homicidios".
La justicia tendrá que investigar la veracidad de lo dicho por los desmovilizados en sus versiones libres.

22 de junio de 2010
©20 de junio de 2010
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orden de captura de tuto castro


Por robo de tierras, asesinatos y desplazamiento. La Fiscalía ordenó capturar a Augusto Francisco Castro Pacheco, alias ‘Tuto’ Castro, por los asesinatos y los despojos de tierras de varios campesinos en Magdalena.  
Colombia. ‘Tuto’ Castro, quien es hermano del ex congresista Jorge Castro Pacheco -recientemente condenado por parapolítica a siete años y medio de cárcel-, fue jefe de un grupo paramilitar que azotó los municipios de Chivolo y El Difícil en Magdalena.
Este grupo paramilitar, al mando de ‘Jorge 40’, asesinó y desplazó cientos de familias campesinas de la región, a las que después les arrebataron sus tierras a través de amenazas y raras maniobras con del Incora.
Por estos hechos, el ente investigador sindicó a ‘Tuto’ Castro por los delitos de desaparición forzada, desplazamiento forzoso, falsedad en documento público y homicidio agravado.
En una investigación publicada en abril del año pasado, VerdadAbierta.com estableció que entre 2002 y 2003, en medio de los desplazamientos masivos, el Incora inició un extraño proceso que le daría una nueva estocada a los campesinos víctimas de ‘Jorge 40’.
El entonces gerente regional para el Magdalena, José Fernando Mercado Polo, firmó, entre el 25 de octubre de 2002 y el 24 de abril de 2003, varias resoluciones de revocatoria de títulos de propiedad que tenían los 37 campesinos a quienes, al despuntar los noventa, el Incora había adjudicado colectivamente la finca El Encanto, en zona rural de Pivijay.  Cuando Mercado Polo decretó que les quitaba las tierras, allí ya no había campesinos, pues todos habían huido cuando los paramilitares los sacaron a la fuerza.
Estas revocatorias pasaron por un comité evaluador que visitó las fincas y certificó que habían sido abandonadas, y eso sirvió de coartada a Mercado Polo para quitarles las tierras. También adujo que los campesinos habían dejado de pagar las cuotas correspondientes al préstamo de la Caja Agraria por el 30 por ciento del valor de la tierra.
En las resoluciones, conocidas por VerdadAbierta.com, el gerente certificó que se notificó por edicto a los campesinos para escucharlos en descargos y ninguno de ellos se presentó. Por eso se le designó un curador para el caso a quien se le notificó la decisión. El curador no solicitó ninguna prueba, como se puede observar en el expediente.
En ninguna parte del expediente suministrado por el Incoder – que asumió las funciones del Incora tras su liquidación en mayo del 2003- se dice o investiga el motivo del abandono de las tierras por parte de estos campesinos que habían vivido en ellas por casi dos décadas.
Lo que es más extraño, es que dentro del grupo de parceleros revocados se encuentra Antonio Fernández Buelvas, titular de 32 hectáreas de tierras y quien fue asesinado por hombres de ’Jorge 40’ en 1997 cuando intentó volver a su parcela.
Muchos de estos campesinos no hicieron la correspondiente denuncia de desplazamiento en la época en que fueron expulsados por los paramilitares, lo que en teoría hubiese protegido sus propiedades y evitado la revocatoria de los títulos. También dejaron de pagar sus obligaciones porque se encontraban huyendo de las amenazas de muerte y en muchos casos apenas tenían para sobrevivir.

Otros Vinculados en el Proceso
La Fiscalía también dictó orden de captura contra Luis Efraín Castillo Ramos, alias ‘El Viejo’, segundo al mando de ‘Tuto’ Castro’; y contra Miguel Guillermo Castro Gnecco, también conocido como Armando Castro o Armando Iglesias, quien es primo de los Castro.
Por otro lado, el pasado 2 de junio fueron capturados Jorge Luis Escorcia Orozco y Manuel Agustín Perea Bolaño. Y también se encuentran detenidos Edmundo Jesús Guillén Hernández, alias ‘Caballo’; Jaime Maravit Pérez Pérez, alias ‘Bondo’; Óscar José Ospino Pacheco, alias ‘Tolemaida’ y Jorge Luis Escorcia Orozco.
De acuerdo con RCN Radio, las autoridades también estudian la vinculación en este proceso del Incoder y varios ex notarios de los municipios de El Difícil, Plato y Tenerife (Magdalena), por los delitos de falsedad en documento público, sobre hechos ocurridos en la región de La Palizúa, Canal y La Pola en el municipio de Chivolo y San Ángel de este mismo departamento.
En el caso del Incoder se investiga la compra nuevamente de terrenos que se habían adquirido por el entonces Incora (1981-1998).
En el proceso se espera que ’Jorge 40’ diga quiénes fueron sus testaferros para devolverle las tierras a los campesinos.  
Con información de RCN Radio.

22 de junio de 2010
21 de junio de 2010
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los paras invisibles


En Valle y Cauca se da un fenómeno curioso con los paramilitares: tras cinco años de su desmovilización, la verdad sigue sin saberse. ¿Qué pasa?
Colombia. La masacre de Naya, en la que el Bloque Calima al mando de ´HH´ asesinó a más de 100 campesinos, es uno de los casos más sonados de impunidad en el proceso de Justicia y Paz. A diferencia de otras regiones, en el sur todavía no se sabe la verdad.
"Ya van 10 años de completa impunidad". Así resume Héctor Carabalí lo que ha sido para él y para otras 380 familias que padecieron las atrocidades del Bloque Calima de las autodefensas estos años en los que supuestamente debía imperar la verdad, la justicia y la reparación.
Esa verdad, que en teoría debía estar contándose desde 2005 cuando arrancó en todo el país el proceso de Justicia y Paz, en esta región parece seguir sepultada. "Lo poco que conocemos ha sido gracias a nuestras gestiones, y aunque denunciamos lo que sabemos, nuestros abogados nos dicen que esos casos están archivados", aseguró Carabalí, representante de la asociación de víctimas Siglo XXI.
Lo que no entienden es por qué si en regiones como la costa Atlántica ya se conocen verdades que desencadenaron escándalos de parapolítica y de paraeconomía, e incluso ya se ha llegado a audiencias de reparación, en el Valle y Cauca parece como si no se hubiera movido una sola hoja. Aún no han salido a relucir los nombres de políticos, empresarios y agentes del Estado que colaboraron o se beneficiaron de las AUC.
Hay quienes culpan de esa impunidad al mismo proceso de Justicia y Paz por no garantizar la continuidad de las audiencias, y a que buena parte de los paramilitares que están dando versiones están en cárceles de Medellín y no en la región.
El jefe de la unidad de Justicia y Paz de la Fiscalía, Luis González, explica que los mandos del Bloque Calima no se habían postulado en los términos que obliga la ley y esa es la gran causa de que aún no se sepa la verdad en esa región del país. "Donde no hay postulados es mucho más difícil reconstruir la verdad, y hace apenas dos meses empezamos a tenerlos para el caso específico del Bloque Calima", le dijo a SEMANA.
El Bloque Calima, integrado por 557 hombres, se desmovilizó en diciembre de 2004. A través de cuatro frentes hicieron presencia en al menos una veintena de municipios entre Valle y el norte de Cauca. Su fuente de financiación era el impuesto al gramaje de coca que cobraban a los narcotraficantes de la región.
A esa organización se le endilgan 70 masacres, 400 fosas comunes, el crimen selectivo de por lo menos 350 personas y el desplazamiento de 20.000 campesinos e indígenas. Una de las masacres más recordadas es la del Naya, ocurrida en 2001, donde fueron asesinadas cerca de 100 personas.
Salvo el caso del ex gobernador de Cauca Juan José Chaux, los dos únicos congresistas del Valle presos -Juan Carlos Martínez y Luis Carlos Restrepo- están enredados más por sus presuntos nexos con capos de la mafia que con las autodefensas.
A comienzos de 2009, Éver Velosa García, alias ’HH’, jefe del Bloque Calima, prendió un pequeño ventilador en el que alcanzó a mencionar nombres de algunos políticos y militares. Aún no se sabe si los mandos medios que involucraron a concejales y alcaldes de Valle y Cauca ratificaron lo dicho dentro de Justicia y Paz.
Fiscales de la región precisaron que en la actualidad hay 129 paramilitares postulados, pero solo 16 de ellos rinden versiones. "De esas declaraciones recibidas se compulsaron 191 copias y se han hecho siete imputaciones", dijo una fuente oficial.
En carta blanca, eso quiere decir que la justicia tiene en sus manos verificar denuncias que involucran a 191 personas sobre si tuvieron una presunta relación con el Bloque Calima y sus atrocidades.
Mientras esa verdad sale a flote, las víctimas de la región siguen padeciendo la violencia que daban por extinta. En los tres últimos años, media docena de sus líderes fueron asesinados y otros están amenazados; el caso más reciente fue el de Alexander Quintero, baleado el 23 de mayo cerca de su casa en Santander de Quilichao, Cauca.
Quintero era considerado pieza clave para reconstruir la memoria histórica de los vejámenes a los que fueron sometidos cerca de 100 campesinos en abril de 2001, cuando el Bloque Calima anunció su llegada sangrienta al Naya. "La protección que le tenía el gobierno era un policía para que todos los días pasara revista en su casa y firmara un libro", dijo Clemente Lucumí, alcalde de Buenos Aires, Cauca.
Todos ellos aún esperan con resignación conocer en detalle quiénes ordenaron desmembrar cuerpos, arrojar cadáveres al río Cauca, violar a sus mujeres, llenar de fosas comunes sus campos y desterrar a sus familias. En julio próximo, Héctor Carabalí y su comunidad van a conmemorar lo que ellos llaman una década de impunidad.

22 de junio de 2010
21 de junio de 2010
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desmovilizado asesinó a funcionario


Acusan a desmovilizado por el asesinato de funcionario de la Defensoría en Barranquilla.
Colombia. Un ex paramilitar y miembro de la banda de Los Paisas será llamado a juicio por el asesinato de un funcionario de la Defensoría del Pueblo en Barranquilla.
Al calificar el mérito del sumario un fiscal de DD.HH y DIH acusó a William Ariza Antequera, alias ‘Job’, por su presunta responsabilidad en el crimen de Pedro Pérez Orozco, funcionario de la Defensoría del Pueblo en Barranquilla.
Pérez Orozco fue ultimado con disparos de armas de fuego el 3 de octubre de 2005, cuando salía de su residencia en la capital del Atlántico.
De acuerdo con la providencia del fiscal instructor, el procesado, ex integrante de autodefensas y miembro de la banda ’Los Paisas’, responderá en calidad de coautor de los delitos de homicidio agravado y concierto para delinquir.

19 de junio de 2010
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el chance y los paramilitares en el urabá


Raúl Hasbún aseguró que César Pérez supuestamente contactó a paramilitares para que entraran como socios a una empresa de chance que él estaba creando en el Urabá. El político lo niega rotundamente. VerdadAbierta.com encontró que empleados de esta sociedad de apuestas han trabajado en la Universidad Cooperativa, que preside Pérez.
Colombia. En una versión libre en Medellín, Raúl Hasbún alias ’Pedro Bonito’, ex comandante del Frente Arlex Hurtado de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (ACCU), dijo que entre los años 2001 y 2003 hizo parte de una empresa concesionaria del chance en el Urabá antioqueño por invitación al parecer del ex congresista y diputado antioqueño César Pérez García.
Según Hasbún Mendoza, Pérez García supuestamente buscó en el año 2001 a Mauricio Enríquez, un miembro de las ACCU que cumplía funciones de relaciones públicas con políticos y empresarios antioqueños, con el fin de ofrecerle participación a los paramilitares en una empresa de chance que estaba constituyendo para esa época, llamada Full Apuestas S.A. El objetivo era comercializar el chance desde el municipio de Dabeiba, occidente de Antioquia, hasta Arboletes, en el norte de Urabá, a través de Apuestas El Zodiaco.
Alias ‘Pedro Bonito’ dijo que una vez recibió el mensaje de Pérez García se comunicó con Vicente Castaño para que le permitiera hacer el acuerdo. En su declaración, aseguró que tras el visto bueno de Castaño, viajó a Medellín en compañía de Byron Alfredo Jiménez Castañeda, alias ’Mono Pepe’, mano derecha de Vicente y administrador de sus negocios, y de Mauricio Enríquez, para escuchar directamente la propuesta del cacique político, con quien, según él, se reunieron en las oficinas de la Universidad Cooperativa de Colombia.
Según Hasbún Mendoza, en el supuesto encuentro con Pérez García acordaron que no tendrían ningún problema en que la empresa de chance entrara a la zona, para lo cual se dispuso de una participación de los paramilitares del 10 al 15 por ciento. Además, los voceros de las ACCU acordaron que la empresa de apuestas aportaría a los paramilitares cerca de 5 millones de pesos mensuales por municipio en los que tuvieran el manejo del chance.
El ex paramilitar explicó que su participación y la de alias ‘Mono Pepe’ en esa sociedad duró dos años. Luego dijo que Enríquez le vendió sus acciones a Pérez García. La Fiscalía está por establecer si se dio la presunta intervención de Hasbún en la sociedad ya que en los papeles no aparece su nombre.
Consultado por Verdadabierta.com sobre estos señalamientos, el ex congresista antioqueño negó cualquier vínculo con los paramilitares y con empresas de apuestas permanentes. "Yo le quiero responder con base en la verdad: como diputado no puedo estar vinculado a ningún proyecto que salga de la Asamblea Departamental", y aseveró que "no hemos estado vinculados a los juegos de suerte y azar".
Pérez García también negó que se hubiera reunido con Hasbún, Jiménez y Enríquez en la sede de la universidad en Medellín, según declaró Hasbún a la justicia. "A mi oficina nunca ha llegado nadie con semejante apellido, ni siquiera por equivocación", y agregó que su contacto con esa subregión de Antioquia ha sido a través de la educación: "A Urabá fui a fundar la Universidad Cooperativa. Mientras la gente se preocupa por tener hectáreas de banano, yo me preocupo por la formación de hombres".

Las Coincidencias
Para constatar las declaraciones de Hasbún al respecto de este asunto, VerdadAbierta.com investigó los documentos de las empresas. Encontró que, en efecto, como aseguró Pérez García, él no aparece relacionado con ninguna de las empresas adjudicatarias del chance en Antioquia. Sin embargo, constató que varias personas que aparecen en los documentos de constitución de la empresa Full Apuestas S.A. en 2001 han tenido vínculos con la Universidad Cooperativa de Colombia, institución de educación superior fundada en Medellín por César Pérez García en 1964, de la que actualmente es su rector y presidente del consejo superior.
Full Apuestas S.A. se constituyó como sociedad anónima el 23 de abril de 2001 en la Notaría Quinta de Medellín. De acuerdo con este documento, la sociedad se creó con un capital de 400 millones de pesos y sus accionistas fueron: Ochoa Asociados Ltda., Inversiones y Apuestas El Zodiaco S.A., Ángela María Montoya Sánchez, Augusto Gómez Pérez y José Albán García Martínez.
El primer gerente y asesor jurídico que tuvo Full Apuestas fue el abogado Alberto Cardona Jaramillo. Cardona Jaramillo es directivo de la Universidad Cooperativa de Colombia desde 1998, año de creación de la sede de la institución educativa en el municipio de Apartadó, Urabá antioqueño. Actualmente es director regional en esa seccional y decano de la Facultad de Derecho.
En la escritura de constitución de Full Apuestas también aparece el nombre de Edith Carmona Aristizábal, como la primera revisora fiscal suplente. Carmona Aristizábal se desempeñó como coordinadora general de la Universidad Cooperativa de Colombia, sede Apartadó, entre los años 2002 y 2005.
Y una tercera coincidencia es que dos hermanos de la actual secretaria académica de la Universidad Cooperativa, Carmen Morelos Fajardo, quien ha trabajado en la institución desde 1998, aparecen vinculados a Full Apuestas S.A. y a una de las firmas que figuran como socias.
Según la escritura de constitución de Full Apuestas S.A., Germán Morelos Fajardo, un reconocido ganadero de Urabá, aparece como miembro suplente de la asamblea de socios; además, para esa época era uno de los directivos de la firma Inversiones y Apuestas El Zodiaco. Por su parte, Jhony Alberto Morelos Fajardo fue revisor fiscal suplente de Full Apuestas S.A. según certificado de Cámara de Comercio de Medellín del 25 de junio de 2004.
Otro de los aspectos que llama la atención tiene que ver con la licitación de la concesión de la explotación del chance para el periodo 2001 – 2006 en el  Antioquia. La Beneficencia de Antioquia le otorgó la concesión a las empresas Le Apuesto, La Montaña, Gildardo Echeverri, Mayapuestas, Q.A.P. Juegos, Megapuestas y Full Apuestas S.A.
Para el año de la concesión del chance, el gerente de la Beneficencia de Antioquia fue Adolfo León Palacio Sánchez, quien actualmente se desempeña como vicerrector administrativo y miembro suplente del consejo superior de la Universidad Cooperativa de Colombia; además, es uno de los más activos militantes del movimiento Convergencia Libera, que ha orientado el político.
Consultado sobre su incidencia en la adjudicación del chance, Pérez García aseguró que no tuvo ninguna injerencia en ella ni participó de ninguna de las empresas concesionarias. "La investigación no se tiene que hacer confrontando las personas sino yendo a la fuente", dijo.
De acuerdo con certificados de la Cámara de Comercio de Medellín, la firma Full Apuestas S.A. cambió su razón social por JNA S.A., según escritura pública número 2056 del 26 de julio de 2004, y el 19 de enero de 2006 se aprobó su liquidación final.
Cuando se trató de precisar si tenía algún tipo de vínculo económico con las empresas Full Apuestas S.A. y Apuestas El Zodiaco, Pérez García respondió: "yo no tengo que hacerme cargo de lo que no tengo que ver, tal vez ante un juez. Yo tengo la generosidad de responderle porque respeto la profesión de periodista, pero no para someterme a un interrogatorio de parte. Además, la prueba no puede ser testimonial, no puede ser lo que ellos están haciendo ellos permanentemente, causándole perjuicios a la gente".

Otros Señalamientos contra Pérez
Pero no sólo Hasbún Mendoza ha hecho referencia al político antioqueño. Fredy Rendón Herrera, alias ‘el Alemán’, ex comandante del Bloque Elmer Cárdenas de las ACCU, también ha explicado en sus versiones ante fiscales de Justicia y Paz los supuestos nexos de Pérez García con la organización paramilitar.
Según este ex paramilitar, el político supuestamente fue muy cercano a las autodefensas desde mediados de los años ochenta, en particular de Fidel Castaño y Ariel Otero en la subregión del Magdalena Medio.
Sobre las presuntas relaciones de Pérez García con los paramilitares del Magdalena Medio en la década del ochenta, el diputado explicó: "Todo el mundo sabe que los hermanos Castaño eran del corregimiento El Tigre, de Amalfi, hoy de Vegachí. Yo pertenezco a la región del Nordeste, soy de Remedios, ¿pero es que es malo conocer a alguien? Le estoy respondiendo en honor de la verdad. Nosotros en la política conocemos muchas personas y yo no lo niego, soy de la región del Nordeste, y si dijera lo  contrario estaría faltando a la verdad. Nunca tuvimos ningún trato, pero que sabíamos que eran de El Tigre, sí".
Además, alias ‘El Alemán’ complementó lo dicho por Hasbún y narró que una vez que supo de la llegada de una empresa de chance a Urabá que se conocía como Apuestas El Zodíaco, supuestamente sus directivos fueron llamados por paramilitares bajo su mando para acordar el pago de recursos por su presencia en la zona, y fue así como se enteró que entre sus socios estaba Raúl Hasbún y ‘Mono Pepe’.
No es la primera vez que los desmovilizados han señalado supuestos vínculos entre empresas del chance y los paramilitares. En su versión ante Justicia y Paz, Hasbún Mendoza también hizo referencia a la firma Apuestas Unidas de Urabá S.A., que gerencia Martha Norela Zea Mora, madrastra del empresario del transporte Hugo Albeiro Quintero Restrepo, dueño de Bellanita de Transportes, que opera en el municipio de Bello, Antioquia, y quien está detenido desde el 25 de septiembre de 2008 por sus presuntos nexos con grupos paramilitares.
Según Hasbún, la gerente de Apuestas Unidas de Urabá S.A. tenía vínculos con alias ‘Mono Pepe’ en el tema de finanzas y para el año 2000 le aportada a la organización paramilitar entre 4 y 5 millones de pesos por municipio en la subregión del Urabá antioqueño.
Esta empresa fue una de las ocho firmas de apuestas que en 2002 aportó dinero a la campaña electoral del entonces candidato a la Presidencia de la República, Álvaro Uribe Vélez. Según el registro del Fondo de Partidos y Campañas Electorales, Apuestas Unidas de Urabá consignó 20 millones de pesos a la campaña Uribe 2002 – 2006.
Para alias ‘El Alemán’, en la financiación de grupos paramilitares en Urabá participó mucha gente y según dice, "el que ponga la mano en el fuego se quema". Además, advirtió que muy seguramente las versiones ante los fiscales de Justicia y Paz subirán cada vez de nivel, y lo que se ve ahora no es más que el comienzo de lo que vendrá después.
Ya serán entonces los fiscales e investigadores judiciales los encargados de establecer si las versiones sobre los nexos entre empresarios de las apuestas y paramilitares en Urabá son ciertas o no, y el ex congresista Pérez García dará a la justicia las explicaciones del caso sobre las coincidencias halladas entre empleados de la universidad que creó y funcionarios de las empresas del chance mencionadas por Hasbún.

19 de junio de 2010
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rodrigo mercado peluffo, monstruo


‘Cadena’ fue uno de los jefes más temidos de los Montes de María. Bajo su mando se cometieron las masacres de Macayepo, El Salado, Ovejas y Mampuján. Desapareció en 2005 en pleno proceso de desmovilización.
Colombia. Rodrigo Mercado Peluffo nació en septiembre de 1965 en Macayepo, un remoto corregimiento de Carmen de Bolívar, en el corazón de los Montes de María. De niño, vivía con sus padres en una finca de 50 hectáreas y poseía apenas unas cuantas vacas. ‘Cadena’, que estudió hasta séptimo bachillerato, es recordado porque le ayudaba a su tía en una tienda del pueblo, era fanático de los caballos, las peleas de gallos y las armas.
Mercado recorría las veredas de la región buscando ganado, pues era el matarife del pueblo, y cuando veía guerrilleros se lo informaba la Armada Nacional. Por eso la guerrilla tomó represalias y asesinó parte de su familia.
Sin embargo ‘Cadena’ siguió como informante y además que se convirtió en guía de la Armada durante casi dos años. Cuando se había agotado su información y los militares no lo necesitaban  más, ’Cadena’ se fue a trabajar como escolta de un reconocido ganadero de la región que fundó las primeras cooperativas de seguridad de la zona.
De estas primeras Convivir hacían parte Edwar Cobos, alias ‘Diego Vecino’, que se volvió uno de los principales jefes del Bloque Héroes de los Montes de María y Uber Enrique Banquez, alias ‘Juancho Dique’, jefe del Frente Canal del Dique. Con los años ‘Cadena’ pasó de ser un sicario a convertirse en la cabeza del Bloque Héroes de Montes de María. Rodrigo Cadena dominaba a sangre y fuego el Golfo de Morrosquillo, de  San Onofre, Sucre, hasta San Bernardo del Viento, Córdoba.
Sus primeras masacres fueron las de Pichilín y Colosó, ambas ocurridas en diciembre de 1996, y en las cuales murieron 15 personas. Esto apenas serían los primeros crímenes que aterrorizaron los Montes de María.
En septiembre 1998, ’Cadena’ asistió al curso para comandante de grupo de las Autodefensas Unidas de Colombia. A partir de ahí empezó a ordenar las peores masacres. El 17 de febrero de 2000 un numeroso grupo de paramilitares al mando de ’Cadena’ entraron al corregimiento El Salado, en Bolívar. Reunieron a la gente en la cancha de fútbol y allí torturaron a cerca de 40 personas antes de darles muerte. Según las necropsias, los muertos presentaban mutilaciones, heridas de cuchillo y señales de haber sido duramente golpeados con garrotes.
En octubre de 2000, repitieron la ronda de la muerte en Macayepo, el propio pueblo de ’Cadena’, donde quince campesinos murieron a machete y garrote. Y el 17 de enero ‘Cadena’ y sus hombres arremetieron contra Ovejas, un corregimiento de Chengue, donde mataron con mazos 24 campesinos, muchos de ellos conocidos de su verdugo. Luego incendiaron el pueblo y se replegaron hacia la hacienda El Palmar, en San Onofre, el sitio que para entonces todos en la región reconocían como el cuartel general de ’Cadena’.
El Palmar, finca que le robaron a la familia Rhenals, fue otro de los sitios donde ‘Cadena’ ejerció su poder. Testimonios de campesinos y pescadores de la región dicen que hay cientos de cadáveres en fosas comunes. En 2005 la Fiscalía encontró 72 cuerpos en El Palmar, la mayoría con signos de tortura y de mutilaciones.
Pero la hacienda de ‘Cadena’ también era un sitio estratégico para el tráfico de coca. Su posición cerca a los corregimientos de Verrugas y  de Rincón del Mar, a orillas del Caribe, facilitó el envío, según las autoridades, de más de tres toneladas de cocaína por año. Así ‘Cadena’ se volvió rico y se volvió uno de los principales aliados de políticos de la región y además adquirió comercios y cientos de hectáreas de tierra.
‘Cadena’ logró pactar con gran parte de la clase política de Sucre, entre ellos Álvaro ‘El Gordo’ García, uno de los caciques políticos del departamento, condenado a 40 años de cárcel por su complicidad en la masacre de Macayepo; Salvador Arana, ex gobernador condenado a 40 años por su participación en el homicidio de Edualdo Díaz; Jorge Eliécer Anaya, ex gobernador condenado a siete años de prisión por parapolítica; Eric Morris, ex gobernador y congresista, condenado a seis años de cárcel; Muriel Benito Rebollo, ex congresista condenada a cuatro años.
Pero ‘Cadena’ también permeó las alcaldías de San Onofre, Tolú, Toluviejo, Coveñas, Arjona, Sincé, Colosó entre otros, que han llevado a decenas de alcaldes y concejales a la cárcel.
En 2005 ‘Cadena’ vivía en Santa Fe de Ralito, Córdoba, donde el gobierno y los ‘paras’ estaban negociando la desmovilización. Pero en julio de ese año el jefe paramilitar desapareció cuando iba a la finca de Carmel Cogollo, ganadero cercano a los paramilitares. Según las autoridades, desconocidos interceptaron la camioneta en la que se desplazaba en Todos Pensamos, una vereda de Montería, lo asesinaron y quemaron el vehículo.
Sin embargo las autoridades aún no han encontrado el cadáver de ‘Cadena’ y muchos habitantes de los Montes de María dicen que el ex jefe ‘para’ no está muerto y se esconde en la región.

Alias usados: ‘Cadena’

Estructuras: Bloque Héroes de los Montes de María

Ubicación geográfica: Los departamentos de Sucre y Bolívar.

Víctimas que le atribuye la justicia: El Bloque Héroes de los Montes de María tiene registradas 6.686 víctimas en el Sistema de Información de Justicia y Paz (SIJYP).

La justicia además lo acusa de ser el autor intelectual del asesinato de la fiscal Yolanda Paternina en agosto de 2001.
También le sindican del asesinato de los miembros del CTI Fabio Luis Coley Coronado y Jorge Luis de la Rosa Mejía y sus acompañantes Sadith Elena Mendoza Pérez y Aida Cecilia Padilla Mercado, que desaparecieron en mayo de 2001 en Rincón del Mar.
‘Cadena’ también es acusado de haber planeado y ejecutado las masacres de El Salado, Chengue, Macayepo, Ovejas y Mampuján.
La muerte de Edualdo Díaz, ex alcalde de El Roble, Sucre, también fue, según la Fiscalía, ordenada por ‘Cadena’.
Situación a junio de 2010: Sus restos siguen desaparecidos, sin embargo ha sido condenado a 40 años de cárcel por la masacre de Macayepo y a 37 años de cárcel por el asesinato de Yolanda Paternina.

19 de junio de 2010
11 de junio de 2010
©verdad abierta
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advierten peligro de fraude en colombia


La oposición colombiana duda de la transparencia de la votación. Ayer se confirmó la denuncia del opositor Gustavo Petro acerca de la participación del candidato Santos, oficialista y favorito del próximo domingo, en la junta directiva de la empresa que imprime, transporta y vigila los votos.
[Katalina Vásquez Guzmán] Medellín, Colombia. Faltan tres días para definir el nuevo presidente de Colombia y la oposición cuestiona las garantías de transparencia en las votaciones. Los dos candidatos, Juan Manuel Santos y Antanas Mockus, se enfrentan previamente en debates televisados, mientras los ex candidatos y sus partidos protagonizan escándalos de temporada electoral. Ayer se confirmó la denuncia del opositor Gustavo Petro acerca de la participación de Santos, oficialista y favorito para reemplazar a Álvaro Uribe, en la junta directiva de la empresa que imprime, transporta y vigila los votos. La transparencia del organismo que ejecuta las presidenciales quedó en duda, pero a estas alturas parece que ni el millonario contrato ni los comicios del domingo tienen vuelta.
Esa organización, la Registraduría Nacional del Estado Civil, contrató a un consorcio temporal por unos 45 millones de dólares para producir los tarjetones electorales, llevarlos en blanco a los puestos de votación en todo el país y recogerlos marcados tras la votación del ciudadano. Su función también es imprimir y distribuir los formatos donde se registra la sumatoria de votos, así como el censo electoral por mesa, los certificados de votación, las bolsas para los votos no marcados y los listados de firmas de votantes. Es decir, tienen el control de casi todo el proceso manual de las elecciones, que en Colombia es todavía artesanal.
"Aquí hay un acto muy oscuro de la Registraduría (...) No es transparente con el proceso electoral que las empresas que hacen este tipo de labor tan delicada hayan tenido durante tantos años y muy recientemente como parte de su junta directiva precisamente al candidato a la presidencia", dijo en rueda de prensa Gustavo Petro, ex candidato del Polo Democrático Alternativo, quien obtuvo un millón y medio de votos en la primera ronda de votaciones. Según los documentos revelados por el ex senador, Santos aceptó el nombramiento en la junta de Thomas Greg & Sons Limited en el año 2002. Esta firma, junto con Thomas Greg & Sons, Thomas Greg & Sons de Colombia, y Thomas Greg Express realizaron una unión temporal para contratar la millonaria suma con la Registraduría y obtener el control del proceso electoral. La nueva empresa se llama Distribución Procesos Electorales 2010 (Disproel) y algunos de sus dueños, según Petro, pertenecen a la familia Bautista, "que ha trabajado en la dirección de la campaña de Santos Presidente", como dice su comunicado de prensa que además trae los documentos escaneados que soportan la denuncia.
Entre ellos aparece la carta firmada por Santos en septiembre de 2002 y la aceptación de su nombramiento, como prueba de que el candidato oficialista sí fue parte de los directivos de Thomas. "Al aceptar esta honrosa designación quiero agradecerles sobremanera su deferencia y estaré listo a participar en la próxima reunión del 18 de septiembre", escribe el economista que, según las encuestas, obtendrá el 60 por ciento de los votos en la segunda vuelta contra 20 por ciento del independiente Mockus.
Santos estuvo en la junta de Thomas hasta el año 2006, "un mes antes de que fuera ministro de Defensa", explicó Petro. El líder de la oposición le pidió a la Registraduría que aclare si en las votaciones del 20 de junio "hay garantías teniendo a cargo de la logística en el proceso electoral a empresas afines a Juan Manuel Santos". Al respecto, ni el organismo oficial ni la campaña del ex ministro ofrecen una explicación. "Es una denuncia totalmente infundada, entonces no hicimos ningún tipo de pronunciamiento", le dijo a Página/12 Adriana Villegas, directora de comunicaciones de la Registraduría.
Entre las funciones de Disproel también está la "recolección de la copia del formulario E14 en cada uno de los puestos de votación del país". Este formulario, según denuncias que empezaron a circular en la red social Facebook, fue alterado para favorecer a Santos en varias ocasiones. En uno de los casos, Santos apareció con cero voto en el formulario manual, y tras ser recogido por Disproel y sistematizado, el candidato del Partido Verde salió con 88 votos. Esto ocurrió en la mesa 19 del puesto Modelia Sur de Bogotá. Sin embargo, el gobierno y los santistas continúan en silencio. La Misión de Observación Electoral de la OEA informó que no tiene prueba de fraude en las elecciones del 30 de mayo.

18 de junio de 2010
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