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mancuso condenado a 39 años

mqh - 23 de mayo de 2010 - 05:55 - colombia

Condenan a 39 años a Mancuso por masacre en Tibú.

Colombia. El ex jefe paramilitar Salvatore Mancuso fue condenado a 39 años y diez meses de prisión por un juez de la República que lo halló responsable del delito de homicidio agravado por una masacre en Tibú, Norte de Santander.
Los hechos investigados por un fiscal de Derechos Humanos y DIH ocurrieron el 6 de abril de 2000, cuando miembros de las AUC incursionaron en los barrios La Unión y El Triunfo de Tibú (Norte de Santander), donde asesinaron con tiros de pistola a 20 personas e hirieron a otras cinco.
Mancuso Gómez, extraditado a EE.UU., también fue condenado por el juzgador a multa de 2.666 salarios mínimos mensuales vigentes.

22 de mayo de 2010
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das fue infiltrado por extrema derecha

mqh - 23 de mayo de 2010 - 05:50 - colombia

’Paras’ y ’narcos’ infiltraron el DAS: Narváez. El ex subdirector del DAS, José Miguel Narváez, aseguró que los paramilitares infiltraron el DAS y que él lo había denunciado. Sin embargo, el ex funcionario es investigado por concierto para delinquir con los ’paras’.

Colombia. En la audiencia a Jorge Noguera, el ex subdirector del DAS, José Miguel Narváez habló sobre algunas irregularidades cometidas al interior del DAS que nunca fueron investigadas por la justicia. Entre ellas, la creación de una agencia de inteligencia anexa al DAS que robaba información y expedientes para paramilitares y narcotraficantes, y que además cometía asesinatos.
Según dijo el ex funcionario, el 11 de febrero de este año solicitó a la Corte Suprema de Justicia declarar en el proceso que se adelanta contra Jorge Noguera con el propósito de establecer "la verdad de lo ocurrido" con relación al DAS".
Aseguró que algunos hechos e irregularidades fueron denunciados por él cuando trabajaba como sub director del DAS y que nunca fueron investigados por la Fiscalía. La mayoría de estos hechos se relacionan con la supuesta infiltración de paramilitares en el DAS.

‘Macaco’ y el DAS
Narváez habló sobre una grabación que le fue entregada en 2005 por una agente del DAS, Sonia Rodríguez Briceño, en la que dos agentes de inteligencia del DAS conversaban sobre un supuesto plan de los paramilitares comandados por alias ‘Macaco’ para crear una agencia de inteligencia paralela al DAS que sería coordinada por Enrique Ariza, en ese momento, Director de Inteligencia del organismo.
La grabación, según Narváez, incluía un plan para atentar contra él y contra un general de la Policía que eran considerados un obstáculo para la creación de esa agencia.
Según Narváez, con esta grabación se dirigió a la oficina de Jorge Noguera y tras explicarle la situación, ordenaron una investigación interna sobre estos hechos. Narváez asegura que hasta hoy no se ha dado ningún resultado sobre estas grabaciones. "Mi deseo es saber qué pasó con las denuncias que hice porque parece como si se estuviera ocultando la investigación" señaló Narváez.

Varela, Miguel Arroyave y el DAS
Narváez habló también sobre dos reuniones que tuvo en 2005 con un ex funcionario del DAS, llamado Carlos Moreno Roa, quien fue declarado insubsistente por Noguera ese mismo año, y quien presuntamente tenía información sobre la infiltración de paramilitares en el DAS.
En esas reuniones, grabadas por Narváez, el ex funcionario le dijo que había asesinado gente por orden del entonces jefe de inteligencia del DAS, Enrique Ariza. Se refirió también a expedientes del DAS que había sido robados del organismo y que vinculaban al narcotraficante Wilber Varela alias ‘Jabón’ con funcionarios de la fuerza pública. Estos expedientes, según el relato, fueron entregados a Varela.
El ex funcionario habló de otras irregularidades que vinculaban a Ariza con los paramilitares, entre ellas, sus nexos con el Bloque Centauros de las AUC y con su ex comandante Miguel Arroyave a quien supuestamente le vendió información de inteligencia por 150 millones de pesos.
Tras estas reuniones, Narváez aseguró que hizo las respectivas denuncias ante el entonces fiscal general, Mario Iguarán, pero hasta hoy, cinco años después de esas presuntas denuncias, "nada ha pasado".

Noguera, Narváez y el DAS
Sobre su desempeño en el DAS, Narváez negó cualquier vínculo con grupos paramilitares, así como cualquier nexo con el ex jefe de informática del DAS y ficha clave de los paramilitares en el organismo, Rafael García. Narváez aseguró que durante su administración en el DAS se adelantaron más de 17 operaciones en contra de grupos paramilitares.
De igual forma, negó tener conocimiento de algún tipo de nexo entre Noguera y grupos paramilitares.
Narváez reconoció en audiencia la existencia del denominado ‘G-3’, grupo de análisis de inteligencia al interior del DAS que monitoreaba actividades de ONG en el país, pero negó su participación en las actividades de este grupo o como creador del mismo, afirmaciones hechas por el coordinador de ese grupo, Fernando Ovalle.

Las Amenazas en Su Contra
Finalmente, Narváez hizo referencia a supuestos sufragios que le fueron entregados en diciembre de 2005 y sobre los cuáles hizo las respectivas denuncias. A los tres años de la denuncia, según Narváez, la Fiscalía le respondió declarando la investigación archivada.
En el momento de su retiro del DAS, Narváez aseguró que entrego un informe a la oficina de la Presidencia de la República sobre todos las actividades que realizó y las irregularidades que tuvo conocimiento al interior del DAS.
"A mis denuncias no les hacen caso, pero las que hacen terceros y testigos de oídas en mi contra sí caminan rápido. Quieren acallar mis denuncias, desacreditar mis denuncias e impedir que personas relacionadas a los hechos denuncien" señaló Narváez durante la audiencia.
Narváez está preso por el delito de concierto para delinquir en el caso de las ‘chuzadas’ del DAS desde el 3 de agosto de 2009, bajo custodia del Ejército Nacional en Facatativá. Su caso está asignado al juzgado Sexto Especializado de Bogotá y se encuentra en etapa de interposición de recursos de nulidad.
Contra Narváez se adelantan también investigaciones en la unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía por el asesinato de Jaime Garzón y Manuel Cepeda Vargas, iniciadas con base en los testimonios de alias ‘El Iguano’ y ‘Don Berna’ respectivamente.
Narváez trabajó como subdirector del DAS del 1 de junio de 2005 al 25 de octubre del mismo año hasta que fue declarado insubsistente. Antes de desempeñar ese cargo, Narváez había trabajado como asesor externo del Ministerio de Defensa durante la administración de Martha Lucía Ramírez y posteriormente como asesor externo del DAS hasta 2004.

Narváez y las Auc
La más reciente mención a Narváez por parte de los paras corrió por cuenta de Salvatore Mancuso quien aseguró que lo conoció en 1996 en un campamento de Carlos Castaño y desde entonces se encontraron en varias reuniones convocadas por diferentes jefes paramilitares.
Sobre los nexos de Narváez con grupos paramilitares, Mancuso señaló que el ex funcionario del DAS se presentó a las Auc como profesor de la Escuela Superior de Guerra, y como tal, les dio instrucción militar en más de una oportunidad.
Como hecho especial, el ex jefe paramilitar habló sobre una oportunidad en la que Carlos Castaño le pidió a Narváez que lo "ayudara" con un comandante del Ejército en Urabá que estaba propinando fuertes golpes a las estructuras paramilitares en esa zona del país.
En otra versión libre desde Estados Unidos ante la Fiscalía, Salvatore Mancuso, alias ‘El Mono Mancuso’, aseguró que el ex subdirector del DAS dictó clases a miembros de las autodefensas sobre lucha anticomunista en varias oportunidades.
Esta no es la primera vez que ex paramilitares mencionan el nombre de Narváez y sus presuntos nexos con paramilitares. En junio de 2008, alias ’El Iguano’ también había hecho referencia a las clases que impartió Narváez a paramilitares en campamentos del Sur de Bolívar y Córdoba, coincidiendo con el relato de Mancuso.
Mancuso aseguró que entre 1998 y 2002, Narváez, que para ese entonces se desempeñaba como profesor de la Escuela Superior de Guerra, dictó una cátedra llamada "¿Por qué es licito matar comunistas en Colombia?" a un grupo de paramilitares entre los que se encontraban él y Carlos Castaño.
El ex jefe paramilitar aseguró al despacho octavo de la Unidad de Justicia y Paz, que se reunió en más de cinco ocasiones con Narváez en las fincas Veintiuno y Quince de las autodefensas en Urabá, entre los años 1998 y 2002. "El hombre encargado de difundir los ideales de la democracia y la paz a los mayores de Colombia, se reunió en varias ocasiones con Carlos Castaño y conmigo para enseñarnos a combatir a los comunistas", dijo.
El contenido de las presuntas cátedras iba orientado a justificar el exterminio de sectores sociales involucrados con la guerrilla, entre ellos, hacía énfasis en sindicatos, políticos activos y miembros desmovilizados de la guerrilla. Dentro del grupo de personas estudiadas en la clase figuraba Wilson Borja, quien fue declarado como objetivo militar por parte de las AUC. Borja fue víctima de un atentado el 15 de diciembre de 2000, por los que fueron responsabilizados militares en complicidad con paramilitares.
Según Mancuso, Narváez tenía influencia sobre Carlos Castaño, pero que el jefe paramilitar tenía reservas sobre el ex subdirector del DAS y sus conceptos porque le parecían demasiado radicales: "Cree que todos son guerrilleros", le dijo.
A lo largo de su Versión Libre, Mancuso aceptó haber recibido de manos de Carlos Castaño una lista con los nombres de varias personalidades nacionales que debían ser asesinadas por sus presuntos nexos con la guerrilla. En el listado figuraban los nombres de Álvaro Leiva Durán, Wilson Borja, Gustavo Petro, Piedad Córdoba y un ex parlamentario de Arauca de quien no supo referir el nombre: "Puede ser Octavio Sarmiento o Luis Alfredo Colmenares, tal vez, las autodefensas mataron a los dos", aseguró.
El ex jefe paramilitar confesó que las autodefensas que comandó en Córdoba recibían semanalmente informes de inteligencia de las manos de alias ‘Caballo’ y Wilfredo Ortiz, este último identificado por el ex jefe paramilitar como un miembro activo de la policía de Córdoba en 1994.
Mientras que Jorge Iván Laverde Zapata alias ’El Iguano’ confesó en 2008 que el ex subdirector Nacional del DAS, José Miguel Narváez, sugirió a Carlos Castaño Gil, para que asesinara al periodista y humorista Jaime Garzón.
También señaló que Narváez fue clave en el secuestro de la senadora liberal Piedad Córdoba. Según Laverde, Narváez fue quien llevó a Carlos Castaño Gil varias grabaciones entre la parlamentaria y el jefe guerrillero Francisco Galán, en las que criticaban al ex jefe de las AUC.
La Fiscalía deberá determinar si estos señalamientos son suficientes para llevar a juicio al ex funcionario.

Narváez y los Casos de Jaime Garzón y Manuel Cepeda
El 19 de octubre de 2009 Narváez fue vinculado a los asesinatos de Jaime Garzón y el senador de la UP, Manuel Cepeda Vargas.
El Consejo de Estado, en decisión tomada el 10 diciembre de 2008, condenó a la Nación tras encontrar que hubo omisión en la protección del entonces senador Manuel Cepeda Vargas, dirigente de la Unión Patriótica asesinado el 9 de agosto de 1994.
Según El Tiempo, a pesar de las denuncias hechas por el mismo Cepeda sobre amenazas contra su vida, y sumado a la medida cautelar que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos había dictado para pedir la protección del dirigente político, el Consejo determinó la culpabilidad por omisión del Estado colombiano que llevaría al asesinato de Cepeda.
Según los mismos demandantes, Cepeda habría denunciado las amenazas contra su vida al DAS, la Policía, la Fiscalía, el Defensor del Pueblo, la Procuraduría y los altos mandos militares, estos últimos, quienes presuntamente tuvieron participación en el crimen.
La muerte de Cepeda sería concebida dentro de la "Operación Golpe de Gracia", operación iniciada con el asesinato de José Millar Chacón, secretario del Partido Comunista, el 25 de noviembre de 1993. Estas muertes se sumarían a la muerte de más de 3000 militantes de la Unión Patriótica y el Partido Comunista desde la década del 80, entre quienes se encontraban candidatos presidenciales, parlamentarios y alcaldes pertenecientes a estos movimientos políticos.
Con esto, la Sección Tercera del Consejo de Estado ordenó el pago de indemnizaciones por perjuicios para el hijo, la esposa y la hermana de Cepeda, por un monto de 587 millones de pesos para cada uno, sumando además los 910,3 millones de pesos adicionales que tendrá que pagar el Estado por concepto de perjuicios materiales.
Por este caso, la justicia colombiana acusó a Carlos Castaño como autor intelectual y a dos militares, Hernando Medina Castaño y Justo Gil Zúñiga, como coautores del asesinato.

22 de mayo de 2010
20 de mayo de 2010
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amenazas durante sepelio

mqh - 23 de mayo de 2010 - 05:22 - colombia

Denuncian intimidaciones en sepelio de líder de La Alemania en San Onofre. Durante el sepelio del líder de los desplazados de la finca La Alemania, Rogelio Martínez, familiares y defensores de derechos humanos denunciaron que desconocidos los estaban grabando con una cámara de video.

Colombia. Varios familiares, amigos y defensores de derechos humanos se reunieron este viernes 21 de mayo en San Onofre, Sucre, para sepultar al líder de los desplazados de la finca La Alemania. Alrededor de las 9 de la mañana vieron con extrañeza que un vehículo cuatro por cuatro blanco de plazca JBI 890 con vidrios polarizados, daba vueltas alrededor del sitio donde se realizaban las honras fúnebres.
Los sujetos, que estaban de civil y se identificaron supuestamente como miembros de la Policía, fueron abordados por los campesinos que, cuando se dieron cuenta que los estaban grabando y tomando fotos, les quitaron una cámara.
En otro incidente, otros lugareños relataron que al mediodía, cuando el cortejo se dirigía al cementerio, cuatro sujetos armados que se movilizaban en una camioneta Captiva pasaron por la casa de la madre del líder asesinado y, según contaron, les mostraron las armas a los vecinos. Además, los sujetos siguieron el cortejo, sin que nadie se atreviera a abordarlos.
Defensores de derechos humanos habían pedido medidas de seguridad para las honras fúnebres de Martínez, pero se quejaron de que no hubiera presencia de uniformados en la mañana cuando debía ser sepultado en el cementerio local de San Onofre. También que la Fuerza Pública se dedicara a fotografiar y grabar en video a los asistentes al sepelio.
Este viernes, un grupo de defensores de derechos humanos se tomó la sede del Ministerio del Interior y Justicia para protestar por el asesinato de Martínez. Los 25 activistas se instalaron en el primer piso del ministerio ubicado en el centro de Bogotá exigiendo la presencia del titular de la cartera, Fabio Valencia.
Rogelio Martínez fue asesinado el pasado martes 18 de mayo en inmediaciones a San Onofre cuando se desplazaba en una moto. Al parecer varios encapuchados pusieron un retén cerca del predio La Alemania y bajaron a Martínez de un mototaxi, golpearon al conductor y mataron de tres tiros en la cabeza al líder campesino.
Desde hacía varios años la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz y el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice) denunciaron las graves amenazas contra Rogelio Martínez y la comunidad de la finca La Alemania. Martínez fue uno de los líderes que se atrevió a denunciar el robo de la finca por Rodrigo Mercado Pelufo alias ‘Cadena’, desaparecido jefe del Bloque Héroes de los Montes de María y que reclamaba la devolución de las tierras a pesar de los evidentes riesgos. También fue de los pocos campesinos que se atrevió a regresar.
Rogelio era uno de los integrantes de las 52 familias que conforman la Empresa Comunitaria Alemania, que era propietaria de 556 hectáreas ubicada en los Montes de María, a 20 minutos de San Onofre, y a las que el Incora en 1997 les adjudicó este predio. Entre 2000 y 2002 estas familias fueron obligadas a desplazarse y 15 de ellos fueron asesinados por paramilitares.
Desde 2006 Martínez era el representante legal de la Empresa Comunitaria La Alemania, una cooperativa a la que adhirieron todos los parceleros del predio. Su posición lo hizo oponerse a los paramilitares y a reclamar las tierras de la comunidad.
En julio de 2008, comenzaron las intimidaciones contra Martínez. En varias ocasiones, el campesino denunció que desconocidos le hacían llamadas a su teléfono móvil pidiéndole información sobre guerrilleros.
En 2008, Rogelio y otras familias decidieron volver bajo su propio riesgo a la vereda La Alemania, sin embargo allí aparecieron nuevas amenazas. El 24 de diciembre de ese año, en San Onofre, Rogelio fue abordado por un desmovilizado del Bloque de los Héroes de los Montes de María, conocido como ‘El Garrapata’ o ‘El 15’, quien le dijo que estaba incomodando a los paramilitares con la información sobre las fosas comunes y el robo de tierras. El ex paramilitar en tono de amenaza le dijo que "el gobierno les estaba pagando, pero cuando se acabara la cuota volverían a las armas". La única defensa de Rogelio fue responderle que ellos estaban tras sus derechos, y lo único que estaba haciendo era recuperar su tierra.
El 1 de enero de 2009 circularon versiones en San Onofre que miembros de las ‘Águilas Negras’ entrarían a la vereda La Alemania y asesinarían a los campesinos que habían retomado sus tierras. A los pocos días, el 15 de enero, cinco hombres de civil y armados interceptaron a Rogelio y de nuevo lo amenazaron.
El crimen se produjo a pocos días que Martínez y otros líderes desplazados se reunieran con el Grupo de derechos humanos del G-24, conformado por representantes del gobierno, de Ongs y de la comunidad internacional donde se iban a discutir sobre la violencia y el desplazamiento en Sucre y Bolívar.
A pesar de los constantes llamados de protección al Estado, Rogelio Martínez se sumó a los por lo menos 15 muertos de La Alemania, un asesinato que a todas luces hubiera podido ser evitado.
Desde 1998 hasta 2001 estas familias fueron desplazadas y en 2001 el predio fue ocupado por ‘Cadena’. Según denuncias de los campesinos, durante cinco años La Alemania se convirtió en centro de operaciones paramilitares. Además, las autodefensas saquearon y desmantelaron las mejoras que hicieron los campesinos. Las víctimas al mismo tiempo vieron cómo se incrementaron las deudas con el Banco Agrario con las que adquirieron la propiedad.
No obstante, los campesinos denunciaron que el Incoder solicitó el embargo de la propiedad desconociendo la condición de desplazados de los campesinos y las amenazas en su contra, justo cuando, al parecer, los paramilitares se habían interesado en quedarse con la finca.
En 2007, a pesar del desplazamiento y la ocupación del predio por los ‘paras’, el Banco Agrario le vendió la deuda a la empresa privada de cobranza Cisa (Central de Inversiones S.A.) quien a su vez se la dio a Covinoc, otra firma de cobranza.
Sin embargo, gracias a varias acciones legales, el predio fue protegido y tiene medida cautelar, que prohíbe su transferencia o venta. Pero La Alemania sigue en remate y en riesgo de pasar a otras manos a bajos precios.

22 de mayo de 2010
21 de mayo de 2010
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muerte en vereda la alemania

mqh - 23 de mayo de 2010 - 04:43 - colombia

La larga lista de víctimas de la vereda La Alemania en San Onofre. Con la muerte de Rogelio Martínez ya son 15 los campesinos asesinados por reclamar la devolución de la finca La Alemania en San Onofre, Sucre, que los paramilitares les robaron hace diez años.

Colombia. Desde hace diez años 52 familias desplazadas de la finca La Alemania en San Onofre, Sucre, luchan por recuperar sus tierras robadas por Rodrigo Mercado Peluffo, alias ’Cadena’ y sus hombres. Rogelio Martínez era desde 2006 el representante legal de los desplazados, posición que lo expuso a numerosas amenazas de muerte que terminaron concretándose el pasado martes.
Rogelio Martínez fue asesinado a las seis de la mañana en la finca La Alemania, del corregimiento Las Pavas de San Onofre. Un testigo citado por la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (Codhes) dijo que varios encapuchados pusieron un retén cerca del predio y bajaron a Martínez de un mototaxi. Golpearon al conductor y mataron de tres tiros en la cabeza a Rogelio Martínez.
Desde hacía varios años la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz y el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice) venían denunciado las graves amenazas contra Rogelio Martínez y la comunidad de la finca La Alemania. Martínez fue uno de los líderes que se atrevió a denunciar el robo de la finca por Rodrigo Mercado Pelufo alias ‘Cadena’, desaparecido jefe del Bloque Héroes de los Montes de María y que reclamaba la devolución de las tierras a pesar de los evidentes riesgos. También fue de los pocos campesinos que se atrevió a regresar.
Aunque Martínez tenía protección del Estado desde hacía unos meses, no alcanzó a escapar de la saña de los ‘paras’ que golpean desde hace más de diez años la comunidad de la finca La Alemania. Con el asesinato de Martínez ya son 15 los muertos en la pelea por estas tierras, en las que ‘Cadena’ después de masacrar a tres campesino, despojó los sobrevivientes y estableció una base donde asesinó, violó y desapareció a decenas de personas.
Según la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, Rogelio Martínez era uno de los integrantes de las 52 familias que conforman la Empresa Comunitaria Alemania, que era propietaria de 556 hectáreas ubicada en los Montes de María, a 20 minutos de San Onofre, y a las que el Incora en 1997 les adjudicó este predio.
Desde 1998 hasta 2001 estas familias fueron desplazadas y en 2001 el predio fue ocupado por ‘Cadena’. Según denuncias de los campesinos, durante cinco años La Alemania se convirtió en centro de operaciones paramilitares. Además, las autodefensas saquearon y desmantelaron las mejoras que hicieron los campesinos. Las víctimas al mismo tiempo vieron cómo se incrementaron las deudas con el Banco Agrario con las que adquirieron la propiedad.
Sin embargo, los campesinos denunciaron que el Incoder solicitó el embargo de la propiedad desconociendo la condición de desplazados de los campesinos y las amenazas en su contra, justo cuando, al parecer, los paramilitares se habían interesado en quedarse con la finca.
En 2007, a pesar del desplazamiento y la ocupación del predio por los ‘paras’, el Banco Agrario le vendió la deuda a la empresa privada de cobranza Cisa (Central de Inversiones S.A.) quien a su vez se la dio a Covinoc, otra firma de cobranza.
Sin embargo, gracias a varias acciones legales, el predio fue protegido y tiene medida cautelar, que prohíbe be su transferencia o venta. Pero La Alemania sigue en remate y en riesgo de pasar a otras manos a bajos precios.

Los 15 Muertos de La Alemania
A finales de los noventa los paramilitares llegaron a San Onofre. Roberto Mercado, alias ‘Cadena’, que era matarife, fue ascendiendo y se volvió uno de los jefes paramilitares del pueblo. Golpeó con mucha fuerza a la gente que creció con él.
En la finca La Alemania ‘Cadena’, y ahora sus heredero, han dejado una larga lista de muertos. Según la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz el 27 de septiembre de 1998 hombres al mando de ‘Cadena’ asesinaron a Nilson Herrera.
El 30 de marzo de 2000 un grupo de 70 paramilitares comandados por Uber Martínez, alias ‘Juancho Dique’, lugar-teniente de ‘Cadena’, ingresó a La Alemania y asesinó a Vidal Martínez, Oscar Martínez y Orlando Fernández.
A raíz de estos crímenes se produjo el desplazamiento del 80 por ciento de los habitantes de La Alemania y veredas aledañas. La masacre consolidó la presencia de los ‘paras’ que instalaron ahí un campamento. Además las autodefensas se robaron los animales, dañaron las cosechas y amenazaron los campesinos que se negaron a salir del predio.
Los paramilitares le prohibieron a los habitantes de La Alemania circular entre las cuatro de la tarde y las seis de la mañana, advirtiéndoles que no respondían por quien saliera a esas horas.
El 8 de Agosto de 2000 paramilitares retuvieron a Prisciliano Herrera, uno de los socios de la Empresas Comunitaria, a la entrada de La Alemania y lo acusaron de ser presunto informante de la guerrilla. Según los campesinos los ‘paras’ lo vistieron de camuflado y lo entregaron ‘Cadena’. Al día siguiente encontraron su cadáver en la vía a Tolú.
En esa finca en mayo de 2001 los investigadores del CTI de Santa Marta Fabio Luis Coley, Jorge Luis de La Rosa y sus acompañantes Sadith Elena Mendoza y Aida Cecilia Padilla fueron secuestrados. Después en la finca El Palmar ‘Cadena’ los mandó a asesinar y una semana después botó los cuerpos al mar.
A mediados de 2002, ‘Cadena’ logró que las últimas seis familias de la Empresa Comunitaria La Alemania se desplazaran y así controlar toda la propiedad.
El 24 de marzo de 2002, paramilitares asesinaron a Alejandro Barón, hijo de un socio de la Empresa Comunitaria. Un año después, el 27 de marzo de 2004 los ‘paras’ asesinaron a otro socio, Alacil Baena Mejía. Al parecer el cuerpo de Alacil también se encuentra enterrado en una de las fosas comunes que aun no se han descubierto en La Alemania.
El 18 marzo de 2003 fueron asesinadas Nurys y Lesther Barón Contreras, hijas de una integrante de la Empresa Comunitaria. En octubre de 2003 fue desaparecida Iromaldys Sanmartín Contreras. Sus restos fueron entregados a su padre por la Fiscalía el 7 de septiembre 2006.
El 14 de julio de 2005, alias ‘Cadena’ deja el predio en pleno proceso de desmovilización y los campesinos denuncian que uno de sus hombres, conocido con el alias de ‘Barragán’ asumió el control de la finca.
Según reporta la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz cuando los campesinos intentaron volver y recuperar sus predios, ‘Barragán’ los amenazó y les dijo que el predio era de propiedad de alias ‘Raquel’. Por temor las familias de la Empresa Comunitaria salieron del lugar.
Con el apoyo de la Infantería de Marina con sede en San Onofre, los campesinos lograron entrar a sus predios el 16 de febrero de 2006. En esa fecha Rogelio Martínez se convirtió en el representante legal de la Empresa Comunitaria Alemania y junto a su familia regresaron a La Alemania. En 2007 otras familias se unieron al retorno, pero trabajando en el día en la propiedad y regresando a San Onofre por la noche.
Sin embargo, el 11 de abril de 2007, uno de los campesinos socios de la empresa cooperativa, Garibaldi Berrío Acosta fue encontrado asesinado, después de haber sido secuestrado de su predio.
En octubre de 2007, 30 hombres armados y algunos encapuchados, varios de ellos reconocidos por la comunidad como antiguos hombres de ‘Cadena’, entraron a La Alemania, y amenazaron a varios campesinos.

Las Amenazas contra Rogelio Martínez
Desde 2006 Rogelio Martínez se volvió el representante legal de la Empresa Comunitaria La Alemania, una cooperativa a la que adhirieron todos los parceleros del predio. Su posición lo hizo oponerse a los paramilitares y a reclamar las tierras de la comunidad.
En julio de 2008, comenzaron las intimidaciones contra Martínez. En varias ocasiones, el campesinos denunció que desconocidos le hacían llamadas a su teléfono móvil pidiéndole información sobre guerrilleros.
En 2008, Rogelio y otras familias decidieron volver bajo su propio riesgo a la vereda La Alemania, sin embargo allí aparecieron nuevas amenazas. El 24 de diciembre de ese año, en San Onofre, Rogelio fue abordado por un desmovilizado del Bloque de los Héroes de los Montes de María, conocido como ‘El Garrapata’ o ‘El 15’, quien le dijo que estaba incomodando a los paramilitares con la información sobre las fosas comunes y el robo de tierras. El ex paramilitar en tono de amenaza le dijo que "el gobierno les estaba pagando, pero cuando se acabara la cuota volverían a las armas". La única defensa de Rogelio fue responderle que ellos estaban tras sus derechos, y lo único que estaba haciendo era recuperar su tierra.
El 1 de enero de 2009 circularon versiones en San Onofre que miembros de las ‘Águilas Negras’ entrarían a la vereda La Alemania y asesinarían a los campesinos que habían retomado sus tierras. A los pocos días, el 15 de enero, cinco hombres de civil y armados interceptaron a Rogelio y de nuevo lo amenazaron.
El crimen se produjo a pocos días que Martínez y otros líderes desplazados se reunieran con el Grupo de derechos humanos del G-24, conformado por representantes del gobierno, de Ongs y de la comunidad internacional donde se iban a discutir sobre la violencia y el desplazamiento en Sucre y Bolívar.
A pesar de los constantes llamados de protección al Estado, Rogelio Martínez se sumó a los por lo menos 15 muertos de La Alemania, un asesinato que a todas luces hubiera podido ser evitado.

22 de mayo de 2010
19 de mayo de 2010
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paras salpican al das, ejército y policía

mqh - 20 de mayo de 2010 - 04:46 - colombia

Paras’ salpican a decenas de miembros del DAS, Ejército y Polícia en Meta y Guaviare. ‘Don Mario’, ‘Pirata’, ‘Chatarro’ y otros ex jefes ‘paras’ revelaron detalles sobre cómo miembros de la Policía, el Ejército y el DAS presuntamente les colaboraban. Los desmovilizados salpicaron de nuevo al general Mario Montoya y a 20 oficiales y suboficiales.

Colombia. Once desmovilizados del Bloque Centauros de Miguel Arroyave entregaron una lista de oficiales y suboficiales de la Policía, del Ejército, agentes del DAS que ayudaban las autodefensas en Meta y Casanare. Los ex paramilitares implicaron a más de 20 personas que tendrán que ser investigados por la justicia.
Uno de los oficiales salpicados por ‘Don Mario’ fue el general (R) Mario Montoya del Ejército, de quien aseguró que colaboró con el Bloque Centauros. En febrero de 2010 el ex paramilitar dijo que Montoya, ex comandante del Ejército y actual embajador en República Dominicana, ayudó a Miguel Arroyave en su guerra contra Héctor Buitrago, alias ‘Martín Llanos’.
En esta ocasión dijo que Arroyave contactó al general Montoya través de un familiar del oficial que vivía en la finca Ranchería, en el Meta. Allí acordaron que Yesid Nieto, esmeraldero asesinado en Guatemala en octubre de 2007, sería el empalme entre los ‘paras’ y el general Montoya.
Según los testimonios de los ex ‘paras’ más de 200 millones por mes eran pagados a miembros de la Fuerza Pública para asegurar su complicidad. También dijeron que el Ejército y la Policía cuidó una reunión entre Manuel Mejía Múnera, alias ’El Mellizo’ y Daniel Rendón Herrera, alias ’Don Mario’ que en ese momento ya eran buscados por la justicia. Los desmovilizados también acusaron al DAS y al Gaula de haber hecho operativos conjuntos para robar toneladas de cocaína. Así quedó claro que los paramilitares se desplazaban y delinquían sin demasiados obstáculos en grandes zonas de los Llanos orientales.
Daniel Rendón Herrera, alias ‘Don Mario’; Manuel de Jesús Pirabán, alias ‘Pirata’; Luis Arlex Arango, alias ‘Chatarro’; Benjamín Parra, alias ‘Cony’; Edilson Cifuentes, alias ‘Richard’; Miguel Rivera, alias ‘Wilson W’; Mauricio de Jesús Pérez, alias ’Julián’; Francisco Antonio Arias, alias ‘Pacho’; Jhon Alexander Guzmán, alias ‘Negro Brayan’; Diego Hurtado Jaramillo, alias ‘Negro Colombia’ y José Forero, alias ‘Pernicia’, desmovilizados del Bloque Centauros, rindieron versión libre conjunta sobre sus nexos con la Fuerza Pública ante el despacho quinto de Justicia y Paz de la Fiscalía.
Edilson Cifuentes, alias ‘Richard’, quien fue el jefe militar del Frente Guaviare, dijo que en ese departamento los paramilitares le entregaban entre 50 y 80 millones de pesos por mes a la Fuerza Pública. Por su parte Luis Arlex Arango, alias ‘Chatarro’, ex jefe del Frente Hernán Troncoso que delinquía en el occidente del Meta, recordó que sobornaban a miembros de la Policía y del Ejército hasta 120 millones de pesos por mes.

La Agenda Secreta de ‘Chatarro’
Luis Arlex Arango, alias ‘Chatarro’, ex jefe del Frente Hernán Troncoso, dijo que en 2004 miembros de la Policía le incautaron una agenda donde estaba el listado de oficiales y agentes de la Policía que supuestamente eran sobornados por los paramilitares.
Según contó, en ese año, policías de Bogotá atacaron una casa en La Meseta, vereda de El Dorado, en donde vivían Mauricio de Jesús Pérez, alias ‘Julián’ y él. Los dos ex jefes escaparon, pero perdieron la libreta en la que tenían anotados pagos por cerca de 500 millones de pesos que le había hecho en los últimos meses a agentes de la fuerza pública.
Para tratar de remediar la pérdida, ‘Chatarro’ asegura que contactó al mayor Juan Carlos Silva Gelvez de la Sijín en Villavicencio quien tenía bajo su custodia la agenda. El paramilitar aparentemente le ofreció 50 millones de pesos para recuperarla, pero al mismo tiempo Miguel Arroyave hizo una contraoferta por 70 millones.
En 1998 el mayor Silva Gelvez ya había sido investigado por sus presuntos nexos con Carlos Castaño, cuando era comandante de la estación de San Juan Nepomuceno, Bolívar.
‘Chatarro’ dijo que Arroyave ya estaba en conflicto con otros paramilitares del Bloque Centauros. "Arroyave me quería dejar sin piso", dijo ‘Chatarro’ porque él era cercano a Manuel de Jesús Pirabán, alias ‘Pirata’. Arroyave le mandó al mayor Silva borrar algunos nombres. Pero el mayor supuestamente dejó los apellidos de los oficiales más cercanos a ‘Pirata’ y sus hombres, quienes al parecer fueron destituidos.
El paramilitar recordó que el conflicto con Arroyave se originó porque "quería quitarse todo los obstáculos de encima". En junio de 2002 ‘Don Mario’ huyó del Llano porque Arroyave tenía planeado asesinarlo. ’Chatarro’ dijo que para ’Pirata’ y él Arroyave tenía las mismas intenciones y que por eso terminaron asesinándolo.
Sin embargo varias investigaciones también establecieron que Arroyave se enfrentó a Pedro Oliveiro Guerrero, alias ‘Cuchillo’, ‘Pirata’, ‘Chatarro’ y otros paramilitares por el control de los Llanos, donde se movían toneladas de cocaína cada mes.
La Policía y el Ejército custodiaron una reunión entre ‘Don Mario’ y ‘El Mellizo’
Otro episodio en el que supuestamente hubo nexos de los ’paras’ con la Fuerza Pública fue en una supuesta reunión entre Miguel Ángel Mejía Múnera, narcotraficante y ex jefe del Bloque Vencedores de Arauca, y ‘Don Mario’ ocurrida, según los desmovilizados, entre 2003 y 2004 en El Dorado, Meta.
Según lo contado por ’Don Mario’, ‘el Mellizo’ Mejía Múnera le pidió ayuda con la Fuerza Pública. Después de la reunión en una finca, cerca de quince personas, entre jefes paramilitares, escoltas y acompañantes, se fueron a una discoteca de El Dorado, donde bailaron y tomaron.
‘Don Mario’ dijo que miembros de la Policía y el Ejército estaban en los alrededores de la discoteca, aparentemente cuidando a los dos ex jefes paramilitares y sus acompañantes, que en ese momento ya estaban en la lista de los más buscados por la justicia.

Drogas y Policía en Villavicencio
‘Don Mario’ y ‘Wilson W’, quien era el jefe de un comando urbano en Villavicencio, contaron que uno de los enlaces del Bloque Centauros era un oficial de rango capitán y a quien identificaron solo con su apellido Rojas, también mencionaron al sargento Pinzón y un agente conocido como ‘Conejo’ del Gaula de la Policía en Villavicencio. Según ‘Wilson W’, los ’paras’ les entregaban al mes cinco millones.
Uno de los casos relatados fue uno en el que Miguel Arroyave llamó a ‘Wilson W’ para que robara, junto a agentes del Gaula, una tractomula cargada con una tonelada de cocaína en Acacías que pertenecía a dos narcos conocidos con los alias de ‘Monotulio’ y ‘Mordoco’, quienes no le habían pagado a Arroyave el impuesto de gramaje. Por la información Arroyave pagó mil millones de pesos .
Los paramilitares y los agentes del Gaula siguieron en carro el camión de los ‘narcos’. En la vía a Casanare el ex ‘para’ interceptó la tractomula, apresó el chofer y se identificó como agente de la Policía. Después le entregaron el cargamento de droga a José Gustavo Arroyave, alias ‘Andrés’, el primo de Miguel Arroyave.
Después del operativo el capitán Rojas y el sargento Pinzón se reunieron con ‘Don Mario’ para pactar el porcentaje del decomiso con el que se quedarían. ‘Don Mario’ acordó entregarles 450 millones de pesos en Bogotá.

Capitán Harry Amézquita del Escuadrón Móvil de Carabinero (Emcar) de la Policía
El capitán Amézquita fue citado por varios ex jefes del Bloque Centauros. Los ayudó con transporte de armas en carros de la Policía, información sobre procesos judiciales contra las autodefensas, advertencias sobre operativos de la Fuerza Pública en el Meta.
‘Pirata’, ex jefe militar del Bloque Centauros, dijo que conoció a Amézquita cuando todavía era teniente y que siempre les colaboró en la zona de Villavicencio y Casanare. Cuando se enfrentaron a los Buitrago, Amézquita ayudó a Arroyave llevándole armas y material de intendencia en vehículos de la Policía entre San Martín, Meta, y Barranca de Upía, Casanare, donde los ‘paras’ estaban peleando los peores combates.
‘Chatarro’ dijo que le daba a Amézquita entre ocho y diez millones de pesos por mes, pero dijo que otros jefes también le pagaban cuotas para asegurar su colaboración. ‘Chatarro’ recordó que hablaba casi todos los días con el oficial del Emcar.
En 2003 este el policía le dijo que tenía un proceso por concierto para delinquir en la Fiscalía de Villavicencio. Para neutralizar la investigación Amézquita le pidió 30 millones de pesos y le propuso hacer un montaje: en una casa de San Juan de Arama, Meta, ‘Chatarro’ dejó una gran cantidad de armas y una cédula a nombre de Luis Arlex Arango, la identidad verdadera de ‘Chatarro’, pero con número, foto y huella dactilar falsos.
Después denunciaron la caleta falsa, que fue allanada por la Policía y el CTI. La idea de ‘Chatarro’ y de Amézquita era que así se desviaría la investigación.
‘Wilson W’ fue otro de los ex paramilitares que dijo que Amézquita colaboraba con ellos. Dijo que le daba un millón y medio de pesos mensuales a cambio de información sobre operativos de las autoridades y sobre investigaciones en su contra. "Supe de muchos informes de la Sijín, la Sipol, Antinarcóticos, el Rime (Regional de Inteligencia Militar del Ejército)", dijo el ex ‘para’.
Según los ex paramilitares el capitán Amézquita salió de la Policía y fue asesinado en Puerto Gaitán, Meta, por miembros de una banda emergente.
Estos son algunos de los casos relatados por los paramilitares y que tendrán que ser investigados por la justicia:

Agentes del DAS
Según el testimonio de varios de los ex ‘paras’ del Bloque Centauros, Miguel Arroyave coordinó varios operativos con la Fuerza Pública para robar cargamentos de cocaína. ‘Wilson W’ recordó que dos agentes del DAS lo ayudaron a recuperar un camión con 193 kilos de cocaína en Bogotá.
‘Wilson W’ siguió desde Villavicencio el camión y en Bogotá, junto a Francisco Antonio Arias, alias ‘Pacho’ y dos agentes del DAS, lo asaltaron. ‘Pacho’ después llevó el camión a una bodega en Sandandresito, un barrio comercial de Bogotá.

Teniente Jorge Wilson Serna de la Policía
‘Chatarro’ recordó que este oficial, que fue entre 2002 y 2003 comandante del puesto de El Castillo, Meta, recibía cinco millones de pesos mensuales de las autodefensas. Dijo que conoció al agente en una reunión en 2002 con el capitán Amézquita y cinco oficiales más de la Policía en El Castillo.
En 2008 Jorge Wilson Serna era capitán, presidente del comité jurídico del grupo de contratos de la Escuela de Cadetes de la Policía.

Capitán Quijano del Escuadrón Móvil de Carabinero (Emcar) de la Policía
Los paramilitares tenían otro contacto en el Emcar del Meta, agencia de la Policía estratégica pues tienen gran movilidad y mando en numerosos municipios. Según ‘Don Mario’ el capitán Quijano veía a Miguel Arroyave casi una vez por semana. Dijo que eran familiares, pues Quijano es hijastro de uno de los hermanos de Arroyave.
La primera vez que Arroyave y Quijano se vieron, el capo le dio 20 millones de pesos y acordaron una colaboración constante por cinco millones de pesos mensuales, dijo ‘Pirata’ en la versión libre. Añadió que Quijano y Arroyave tenían comunicación directa con un Avantel.

Capitán Capacho del Batallón XIX Joaquín París del Ejército
Edilson Cifuentes, alias ‘Richard’, que fue uno de los jefes militares del Frente Guaviare del Bloque Centauros, dijo que en ese departamento contaron con una fuerte colaboración del capitán Capacho que recibía tres millones de pesos mensuales.
El oficial se comunicaba con frecuencia con ‘Richard’ para indicarle dónde iban a estar los soldados, además de coordinar operativos conjuntos. "Él me decía hay tropa en tal sitio, y yo movía a mis hombres", dijo ‘Richard’. Cuando el oficial se iba de vacaciones, los ‘paras’ le daban cinco a diez millones de pesos y también unas novillas.

Teniente José Joaquín Guillermo Domínguez de la Policía
Según ‘Chatarro’ el oficial, que fue comandante de las estaciones de Vistahermosa y El Castillo recibía dos millones y medio de pesos por mes por su colaboración. El oficial fue presentado a ‘Chatarro’ por el capitán Amézquita.

Capitán Chitiva de la Policía
‘Richard’ recordó que Pedro Oliveiro Guerrero, alias ‘Cuchillo’ le presentó el capitán Chitiva que colaboró con los ‘paras’ en Mapiripán.

Suboficial Cristancho del Sijín de la Policía
Este suboficial del Sijín de la Policía era, según ‘Chatarro’, el encargado de "campanear" los operativos de la Fuerza Pública a los paramilitares. Lo que quiere decir que les advertía cuándo, cómo y donde las autoridades iban a hacer operativos contra ellos.
José Forero, alias ‘Pernicia’, que actuó en Lejanías, dijo que Cristancho le entregó fusiles.

Policías y Ejército en San Juan de Arama
Los paramilitares dijeron que la colaboración con las autoridades en este pueblo era esporádica, pues el Bloque Centauros controlaba gran parte del municipio y no necesitaban la ayuda de la Policía. ‘Chatarro’ dijo que incluso le prohibieron a la Policía salir del casco urbano del municipio.
Sin embargo recordaron que el cabo Hugo Gil Barreto y el agente Reina recibía dinero de los ‘paras’.
Los paramilitares le daban hasta 700 mil pesos mensuales al agente Reina para, según dijo ‘Chatarro’, "calmarle la sed de justicia". Reina les pasaba información de operaciones de la Policía en la región y omitía arrestar jefes paramilitares, pues sabía donde se hospedaban en el pueblo.

Policías y Ejército en Vistahermosa
‘Don Mario’, ‘Pirata’ y sus hombres dijeron que en Vistahermosa, al sur del Meta, fue difícil penetrar la Fuerza Pública por la notable presencia del narcotráfico en la región. Los Policías, según dijeron los paramilitares, manejaban el tráfico de gasolina en Vistahermosa, que casi siempre se destinaba a los laboratorios de cocaína de la región. "Por eso no se dejaban manejar, estaban sobrados de plata", dijo ‘Chatarro’.
Sin embargo la Brigada Móvil Doce del Ejército y los paramilitares tenían una coexistencia pacífica. Aunque los soldados sabían dónde estaban los ‘paras’, pues pocos kilómetros separaban sus campamentos, no los atacaban.

Policías y Ejército en Mesetas, Meta
‘Chatarro’ recordó que los policías de este municipio de pie de monte llanero recibían entre cinco y siete millones de pesos mensuales de los paramilitares. Según ‘Cony’, que delinquió en Mesetas un teniente de la Policía y cuatro sargentos los dejaban actuar sin problemas. Podían estar armados, tomando en tiendas y durmiendo en casas del pueblo sin ningún contratiempo.
Los ex paramilitares también dijeron que en Mesetas varios oficiales del Batallón XXI Vargas colaboraban con ellos. El mayor Rosero Belalcazar recibía cinco millones de pesos y el capitán Tamayo dos millones para coordinar operativos conjuntos, recibir información sobre los movimientos de la tropa. Los dos oficiales del Ejército ya habían sido denunciados por organizar ‘falsos positivos’ con paramilitares.

Oficiales del Batallón XXI Vargas:
- Coronel Cabuya de León: ex comandante del Batallón XXI Vargas. Recibió millones de pesos del Bloque Centauros y presionó para obtener positivos en colaboración con los paramilitares.
- Mayor Lizarazo: colaboraba con información sobre la ubicación de sus tropas.
- Capitán Rivera.
- Teniente ‘Chupo’: que fue identificado como Jalyl Rosemberg Torres Vega, y que recibía un millón de pesos mensuales de los paramilitares. Le entregaba a los ‘paras’ reportes diarios. Jalyl Rosemberg Torres Vega es hoy en día comandante del Gaula Militar en Santander.
- Teniente Bastidas: recibía entre 500 mil y un millón de pesos, además de gasolina y estufas para las tropas. Le prestó en varias oportunidades metralletas M 60 a las autodefensas.
- Sargento Téllez: Trasmitía información de la unidad militar y les entregaba material de intendencia.
- Sargento Londoño.

19 de mayo de 2010
18 de mayo de 2010
©verdad abierta

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suspenden entrega de tierras en chocó

mqh - 20 de mayo de 2010 - 03:55 - colombia

La Corte Constitucional ordenó la suspensión del proceso porque falta claridad sobre quiénes son los propietarios de las 29 mil hectáreas, en su mayoría utilizadas en cultivo de palma africana. El gobierno acató la orden.

Colombia. La Corte Constitucional ordenó este martes suspender el proceso de restitución administrativa y entrega física de los territorios colectivos de la cuenca del río Curvaradó, en Chocó, hasta cuando se haga un censo completo de los habitantes de la zona y se haga una elección de las autoridades del Consejo Comunitario. El gobierno ya suspendió la entrega.
La población negra de estos territorios fue desplazada desde finales de los 90 después de sufrir atroces episodios de violencia por parte de grupos paramilitares. Cuando regresaron, encontraron que sus fincas estaban sembradas con palma africana y tenían letreros de grandes empresas palmeras que declaraban su propiedad de esas tierras.
En el proceso por recuperar su territorio, la violencia volvió a caer contra las víctimas. Por eso, la Corte Interamericana de Derechos Humanos otorgó medidas cautelares para que el Estado colombiano defendiera con todos los métodos necesarios la vida de estos desplazados.
En 2009, la Corte Constitucional también encontró violaciones a los derechos de estas personas y ordenó que el gobierno hiciera todo lo posible por restituir sus tierras y brindarles garantías para vivir tranquilos.
Pero la Defensoría del Pueblo, al cabo de varios meses, encontró que nada se estaba cumpliendo. El 31 de diciembre pasado, emitió un informe donde advirtió de la presencia de grupos armados ilegales en territorios colectivos de poblaciones negras y en resguardos indígenas.
La Defensoría también alertó de la indebida intervención de particulares y empresas en los procesos internos de los consejos comunitarios y de las autoridades tradicionales de los indígenas.
Esa intervención, según la Defensoría, se hizo por medio del repoblamiento del territorio para facilitar la negociación de sus recursos; la financiación y promoción de asambleas, reuniones y espacios de decisión de consejos comunitarios para conformar autoridades locales afines con sus intereses, específicamente, en Curvaradó; la intromisión en el proceso de retorno de las personas desplazadas, y la financiación de campañas de descrédito en contra de los acompañantes humanitarios y comunidades.
Semana.com documentó en su momento cómo es que personas extrañas a las comunidades están explotando la madera chocoana sin tener en cuenta a las autoridades afrocolombianas o burlándose de ellas.
En ese contexto que denunció la Defensoría se ha presentado una crisis de autoridad entre los pobladores de esa zona. "Existe un conflicto interno de gobernabilidad en las comunidades asociado a la falta de claridad sobre quiénes son los representantes legítimos de las Comunidades Afrocolombianas de la cuenca del río Curvaradó, ya que en la actualidad, el Consejo Mayor de Curvaradó está representado por tres juntas directivas distintas, una elegida en abril de 2008, otra elegida en septiembre de 2009 y la tercera elegida en abril de 2010", cita la Corte Constitucional en el Auto en el que ordenó suspender la entrega.
La Defensoría consideró "necesario la realización de un censo de propietarios del territorio colectivo, a través de un proceso participativo de las comunidades de las cuencas de Curvaradó".
En consecuencia, la Corte acató la observación y suspendió la entrega de las tierras.
SEMANA, en su última edición, había anticipado que el próximo miércoles el Ministerio del Interior iniciaría la entrega de los terrenos, pero advertía que este proceso podía ser el punto de partida de una nueva causa de violencia en la región.
El problema, argumentó la revista, es que los beneficiarios de la entrega son señalados por otro sector de la comunidad de no ser sus auténticos representantes de los habitantes de la zona, sino fruto de una división facilitada por los palmicultores.
Este martes, el gobierno anunció la suspensión de la restitución de las 29 mil hectáreas de tierra, tal y como lo ordenó la Corte Constitucional.

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hurtado y moreno irán a fiscalía

mqh - 20 de mayo de 2010 - 02:21 - colombia

María del Pilar Hurtado, ex directora del DAS, y Bernardo Moreno, Secretario general de la Presidencia, tendrán que comparecer a interrogatorio en la Fiscalía General de la Nación por el caso de los seguimientos ilegales a diferentes personalidades.

Colombia. La Fiscalía General de la Nación anunció este martes la decisión de llamar a interrogatorio al Secretario General de la Presidencia de la República, Bernardo Moreno, y a la ex directora del DAS, María del Pilar Hurtado, dentro del proceso que se adelanta por los seguimientos ilegales en contra de magistrados, políticos de oposición, periodistas y defensores de derechos humanos.
Es la primera vez que Moreno es requerido por la Fiscalía General de la Nación dentro del proceso que se adelanta por estos hechos.
La decisión fue adoptada por el fiscal general (e.), Guillermo Mendoza Diago. Aún no se ha definido la fecha de las diligencias, pero una vez el despacho del Fiscal escuche al funcionario del Gobierno y a la ex directora del Departamento Administrativo de Seguridad, decidirá si imputa cargos en su contra o no.
Por estos mismo hechos, Bernardo Moreno enfrenta un proceso disciplinario en la Procuraduría. El pasado mes de febrero, el jefe del Ministerio Público, Alejandro Ordóñez, dictó pliego de cargos en contra del Secretario general de la Presidencia, Bernardo Moreno, al considerar que se extralimitó en sus funciones al reunirse con personal de inteligencia, supuestamente para confirmar o desvirtuar si existía alguna influencia del empresario Ascencio Reyes, de quien se sospechaba tenía vínculos con el narcotráfico y que acompañó a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia en un viaje a Neiva en noviembre de 2007.
Jorge Lagos, ex director de inteligencia del DAS (quien se encuentra bajo medida de aseguramiento y enfrenta cargos por concierto para delinquir, prevaricato por acción y abuso de autoridad), admitió que estuvo en dos oportunidades en la Casa de Nariño para hablar de la investigación ‘Paseo’, como se bautizó a este seguimiento.
La primera vez, dijo, se entrevistó con el secretario de Prensa de la Presidencia, César Mauricio Velásquez, para entregarle los resultados de la investigación del viaje a Neiva. La segunda vez, asistió a la sede presidencial en compañía de la ex directora del DAS, María del Pilar Hurtado, y de Fernando Tabares, ex director de operaciones del organismo de inteligencia (enfrenta las mismas circunstancias judiciales de Lagos). Los tres, afirmó Lagos, se encontraron con el secretario general de la Presidencia, Bernardo Moreno, para reconocer en una fotografía al empresario Reyes.
Conocida la decisión del Ministerio Público, Moreno se declaró "presto a aclarar ante la Procuraduría General de la Nación" su participación en "al parecer, una extralimitación de funciones al solicitar información reservada relacionada con el señor Ascencio Reyes".
"La opinión pública puede tener la seguridad de la transparencia en mis actuaciones y del cumplimiento de mis deberes, los que siempre han estado ajustados a las normas legales", dijo Moreno en febrero.
En entrevista con SEMANA, Moreno fue enfático al afirmar que no se extralimitó en sus funciones.
Pero el pasado 10 de abril, durante la audiencia de imputación de cargos en contra de Tabares y Lagos, y los también ex funcionarios del DAS Bernardo Murillo, Luz Marina Rodríguez y Germán Ospina, el fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia, Misael Rodríguez, sorprendió con la entrega de un informe en el que aseguró que los seguimientos ilegales a magistrados "se direccionaron desde la Casa de Nariño". Las revelaciones provocaron la reacción de diferentes sectores, incluso, sobre el tema se pronunció el presidente de la Corte Suprema (e.), Jaime Arrubla.
Citando declaraciones de ex funcionarios del DAS, Rodríguez habló de reuniones en la Casa de Nariño llevadas a cabo entre los días 21 y 24 de abril de 2008.
"Hay una reunión en la Casa de Nariño, a la que asiste el señor capitán Jorge Alberto Lagos, con el jefe de prensa de dicho lugar, el señor César Mauricio Velásquez, para informarle sobre los resultados de esas pesquisas (…) También señala el señor Lagos que asistió el señor José Obdulio Gaviria a esa reunión", sostuvo Rodríguez.
Y agregó: "Tres días después, el 24 de abril de 2008, donde asiste la directora del Das, María del Pilar Hurtado, y el señor (Jorge) Lagos. Concurren también el secretario general de la Presidencia, Bernardo Moreno, José Obdulio Gaviria, Jorge Mario Eastman y Edmundo del Castillo".
María del Pilar Hurtado, quien también es mencionada por varios de los testigos incluidos por Rodríguez en su informe, tendrá que explicarle a la Fiscalía, además, la información contenida en correos electrónicos que deja en evidencia su conocimiento de las acciones que desde el organismo que presidía se adelantaban en contra de magistrados de la Corte Suprema de Justicia (ver Los E-mails del DAS).
Los correos, revelados por SEMANA, revelan que a los miembros del alto tribunal no sólo les hacían seguimientos y les ’chuzaban’ los teléfonos, sino que se hicieron operativos en los que participaron decenas de detectives para investigar, de manera ilegal, el patrimonio del Presidente de la Corte Suprema.
En el caso específico de las interceptaciones, seguimientos y búsqueda de información privada y personal sobre magistrados de la Corte, la ex directora Hurtado y otros funcionarios del DAS han tratado de justificar esas acciones afirmando que "el blanco" nunca fueron los magistrados. Han dicho que la información que recolectó durante meses el DAS sobre magistrados fue producto de otra investigación contra el abogado Ascencio Reyes, quien según el DAS estaría relacionado con la mafia, y se trataba de verificar si éste estaba intentando infiltrar a la Corte.
Con ese argumento también se ha tratado de justificar la entrega de información confidencial a funcionarios de la Casa de Nariño, la cual posteriormente fue filtrada a la prensa. Sin embargo, los correos internos del DAS a los que tuvo acceso SEMANA demuestran otra cosa y deja sin piso el argumento que los magistrados no fueron el blanco principal del organismo de inteligencia de la Presidencia.
Una de las primeras pruebas de ello es un correo enviado por la subdirectora de operaciones a la jefe del DAS, María del Pilar Hurtado, el 2 de abril de 2008 a las 12:15 de la tarde. "Doctora, en relación con su requerimiento me permito informarle que el señor Ramiro Bejarano Guzmán registra en catastro un inmueble en la carrera (...) apartamento (...), registrado en la notaria 11. Así mismo el señor Valencia Copete César Julio registra un inmueble en la calle (...). Continuamos con las labores de verificación en las diferentes notarías ya que son más de ochenta en toda la ciudad", dice el correo electrónico de respuesta a la orden impartida por la entonces directora.
En otra comunicación, el 18 de abril de 2008, Leal le informa a Hurtado sobre las pesquisas y le anexa el listado de las notarías a las que acudieron sus agentes encubiertos. "Dra. este es un avance acerca de la tarea que usted solicitó. Le envío reporte de las notarías consultadas con información recolectada hasta la fecha. Hasta el momento se han visitado 18 notarías situadas en el sector norte y hasta la fecha no se han obtenido resultados positivos. La información recolectada en estas notarías se ha realizado de forma presencial a cubierta". En el mail, Leal incluye también los correos que a su vez le han enviado cinco detectives sobre las verificaciones.
En este correo del 23 de abril, Leal nuevamente entrega un reporte a la directora del DAS sobre los avances que sus sabuesos han encontrado contra el abogado y columnista Ramiro Bejarano: "Doctora en relación con lo que requirió. El señor (Bejarano) cuando trabajó en esta casa (DAS) registró su firma en la notaría 50 que está ubicada acá en el sector. En esa notaría indican que ese registro era válido mientras él ocupaba el cargo (director del DAS).
Estos son tan sólo tres de los correos internos que existen en los que queda en evidencia que el DAS estaba en una abierta ’cacería’ para tratar de ubicar ilegalmente bienes del presidente de la Corte y su abogado, labor para la cual destinaron un importante grupo de detectives.
Hurtado, al igual que Moreno, enfrenta un pliego de cargos en la Procuraduría por abuso de su cargo y extralimitaciones del mismo.

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uribe implicado en espionaje

mqh - 18 de mayo de 2010 - 18:06 - colombia

Revelan detalles sobre la trama de escuchas ilegales que escandalizó a Colombia. Funcionarios de Uribe, implicados en el espionaje. Seis testigos de la investigación judicial, según publicó la revista Semana, confesaron que hombres cercanos al mandatario colombiano recibían los informes de las escuchas ilegales a opositores, periodistas y jueces.

[Katalina Vásquez Guzmán] Medellín, Colombia. Oscuros detalles sobre las escuchas ilegales a opositores, periodistas y magistrados se siguen conociendo tras un año desde la primera denuncia. Nuevamente es la Casa de Nariño (palacio de gobierno) la señalada de ordenar las conocidas "chuzadas" del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), organismo de inteligencia que depende directamente del presidente Alvaro Uribe Vélez. Esta vez seis testigos de la investigación judicial, según publicó la revista Semana, confesaron que altos funcionarios de Uribe recibían los informes de las operaciones clandestinas. Como siempre, Bogotá desmintió esta versión.
A dos semanas de las elecciones presidenciales, la revista entregó testimonios de ex funcionarios del DAS que hoy son los principales testigos y, supuestamente, conocen las razones por las cuales el despacho presidencial ordenó los seguimientos, que incluían a defensores de derechos humanos, entre ellos el director de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco. Uno de los testigos fue funcionario de la Subdirección de Análisis del DAS y relató que en 2007 recibió órdenes para "trabajar temas que fueran sensibles para el gobierno", precisando que "para ese año muchos de los esfuerzos y recursos que se aplicaban para control de ONG, oposición y algunos periodistas se reenfocaron a raíz de la parapolítica", el otro gran escándalo del gobierno Uribe que mostró cómo los parlamentarios de sus partidos hicieron pactos con narcos y paramilitares. Unos sesenta de ellos están en la cárcel y procesados por supuestos nexos con la mafia. Por las "chuzadas" son dieciocho los ex funcionarios que están siendo procesados por la Justicia, y más de cien fueron despedidos.
El testigo contó a la revista nacional que por instrucción del jefe de contrainteligencia tuvo que averiguar quiénes estaban revelando los detalles de la parapolítica. "Para eso la única forma era ‘trabajar’ a la Corte. Se diseñaron labores de monitoreo de comunicaciones y vigilancia. Se buscaba saber con quién hablaban los magistrados y qué decían los testigos sobre algunos políticos que pudieran salpicar al gobierno", explica.
El material grabado vía telefónica o incluso en reuniones era destruido después de determinar qué "debía ir a la Casa de Nariño. Yo personalmente, siguiendo instrucciones, entregué datos sobre esos temas" relata el testigo, señalando como receptores a las manos derechas de Uribe, el secretario general, Bernardo Moreno; el jurídico, Edmundo del Castillo; y José Obdulio Gaviria, primo del narcotraficante Pablo Escobar Gaviria y asesor del presidente Uribe.
La revista Semana además publicó la macabra historia de cómo se asesinan los agentes del organismo de inteligencia para, aparentemente, acallar los testimonios que están aclarando qué hay detrás del episodio de las escuchas. Durante el Hallowen de 2009, en una fiesta de agentes del DAS, se armó un tiroteo que dejó como resultado dos muertos y varios heridos. "Nuevos testimonios y datos sobre lo que ocurrió esa noche tienden un manto de duda sobre la versión oficial del detective borracho al que en medio de los tragos le dio por asesinar a sus amigos y compañeros", describe la revista. "Esas muertes tuvieron un efecto intimidatorio dentro de la gran mayoría de detectives del DAS y, paralelamente, terminaron convirténdose en obstáculos de las investigaciones de la Fiscalía sobre las ‘chuzadas’ ilegales de teléfonos", explican los reporteros.
Al conocerse los artículos periodísticos, la Presidencia de la República negó que esté comprometida en el escándalo y publicó un comunicado donde "rechaza enfáticamente la versión publicada en la revista Semana, en la que supuestos testigos anónimos hacen acusaciones a funcionarios de esta institución". El gobierno explica que las denuncias forman parte de un complot para restarle crédito en plena campaña electoral. El 30 de mayo son las elecciones presidenciales y el candidato oficialista, Juan Manuel Santos, perdió su primer lugar en las más recientes encuestas, según expertos en parte por las denuncias que enlodan el gobierno Uribe que, para cerrar el capítulo, está presionando al Congreso para que apruebe una ley que liquide el DAS.

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