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declararán don mario y jorge pirata


‘Don Mario’ y ‘Jorge Pirata’ declararán en juicio a ex gobernador de Guaviare.
Colombia. La Corte Suprema dio vía libre al juicio al ex gobernador de Guaviare, Oscar de Jesús López,  y llamó a declarar a los ex jefes paramilitares ‘Don Mario’ y ‘Jorge Pirata’.
La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia negó la petición de nulidad hecha por la defensa del ex gobernador de Guaviare, Oscar de Jesús López, y dio vía libre al arranque del juicio que se le adelantará  por  sus supuestos nexos con grupos paramilitares al mando de alias ‘Cuchillo’.
El Alto Tribunal ratificó su competencia para juzgar a López y llamó a declarar a los ex paramilitares Daniel Rendón Herrera alias ‘Don Mario’ y Manuel de Jesús Piraban alias ‘Pirata’,  quiénes en sus últimas declaraciones ante Justicia y Paz salpicaron a varios ex gobernadores del suroriente del país.
La orden de captura en contra de López fue emitida a finales de marzo de 2009 por un fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia, con base en las evidencias que vinculan al gobernador con el prófugo cabecilla paramilitar Pedro Oliverio Guerrero alias ‘Cuchillo’ y con el desaparecido Vicente Castaño Gil.
Tanto López como su padrino político, el ex gobernador de ese departamento Nevio Echeverri, y varios funcionarios han sido señalados por antiguos paramilitares de ser cercanos a las autodefensas de Vicente Castaño y al grupo de Pedro Olivero Guerrero, alias ’Cuchillo’.
"Es una medida de aseguramiento por concierto para delinquir agravado. Se trata de vínculos con las autodefensas", explicó el fiscal Mario Iguarán, quien solicitó en ese momento que el mandatario regional fuera suspendido de su cargo.
La decisión del fiscal se presentó tres meses después que la propia Fiscalía iniciara la investigación contra el gobernador. López es investigado por haber creado una empresa minera con el jefe paramilitar y narcotraficante alias ‘Cuchillo’.
De acuerdo con un artículo de Revista Semana, Óscar López, y otras cuatro personas, que no fueron identificadas, crearon, en agosto de 2005, la empresa Exploración y Explotación Minera del Llano, con el objetivo de explorar y comercializar recursos minerales.
Unos meses más tarde, el 30 de mayo de 2006, López y los demás integrantes de la empresa decidieron ceder el 30 por ciento de las acciones de la compañía a alias ’Cuchillo’, según quedó registrado en las escrituras públicas radicadas en una notaría. El 30 de agosto de ese mismo año, ’Cuchillo’ cedió las acciones que tenía en la compañía.
El gobernador Óscar López rindió indagatoria a principios de marzo, para que respondiera por su presunta responsabilidad en el delito de concierto para delinquir agravado.
Óscar López, miembro del Partido Conservador Colombiano, fue elegido como gobernador de Guaviare para el período 2007-2011.

16 de mayo de 2010
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por masacre investigarán a césar pérez


Corte investigará a César Pérez por masacre en 1988.
Colombia. La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia asumirá la investigación en contra del ex congresista César Pérez García, vinculado a la masacre que tuvo lugar en Segovia, Antioquia, en 1988, en la que fueron asesinadas 43 personas por parte de grupos paramilitares.
El exparlamentario había perdido su curul en 1996, luego de ser vinculado a un proceso por cohecho, y había sido absuleto como supuesto coautor del crimen perpetrado por las Autodefensas, en momentos en que la esa región del país contaba con una alta influencia por parte de grupos guerrilleros como las Farc y el ELN.
Teniendo en cuenta la capacidad de cobertura y operaciones con las que contaban los insurgentes en la zona, la Fuerza Pública había atribuido el crimen a las organizaciones rebeledes.
Sin embargo, la gran aceptación y simpatía con la que contaba el movimiento político de izquierda, Unión Patriótica, en la zona, generó dudas sobre el origen de la masacre, lo que derivó en una investigación que atribuyó la autoría del ataque a un grupo denominado "Muerte a revolucionarios del nordeste".
La Corte, haciendo uso de la jurisprudencia que sugiere investigar a los dirigentes vinculados con el paramilitarismo como presuntos coautores de sus crímenes, decidió retomar el caso por el cual había sido absuelto Pérez García, considerado por el alto tribunal como un delito de lesa humanidad.
Pérez es gerente de la Universidad Cooperativa.

16 de mayo de 2010
13 de mayo de 2010
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confesiones de paras extraditados


En la madrugada del 13 de mayo de 2008, el Gobierno extraditó a 14 jefes de las Auc, para que respondieran por delitos de narcotráfico en Estados Unidos. Han pasado dos años y esto es lo que han dicho seis de ellos en sus pocas apariciones ante la justicia colombiana.
Colombia. Al cumplirse dos años de la extradición de los principales jefes de las Auc, el balance sobre sus compromisos con la verdad, la justicia y la reparación ha sido a cuentagotas. Sólo seis de los extraditados han continuado su proceso judicial en Justicia y Paz, mientras que otros se retiraron de las versiones libres.
Luego de la masiva extradición, el presidente Uribe explicó que el Gobierno extraditó a los ex paramilitares porque "algunos de ellos habían reincidido en el delito después de su sometimiento a la Ley de Justicia y Paz, otros no cooperaban debidamente con la justicia y todos incumplían con la reparación de las víctimas al ocultar bienes o demorar su entrega".
De este modo, fueron enviados a Estados Unidos Diego Fernando Murillo Bejarano, alias ’Don Berna’; Francisco Javier Zuluaga Lindo, alias ’Gordo Lindo’; Manuel Enrique Torregrosa;  Salvatore Mancuso Gómez, alias ’El Mono’; Diego Alberto Ruiz Arroyave, primo de Miguel Arroyave; Guillermo Pérez Alzate, alias ’Pablo Sevillano’; Ramiro Vanoy, alias ’Cuco Vanoy’; Juan Carlos Sierra, alias ’El Tuso’; Martín Peñaranda, alias ’El Burro’; Edwin Mauricio Gómez Lara; Rodrigo Tovar Pupo, alias ’Jorge 40’; Hernán Giraldo Serna, alias ’El Patrón’; Nondier Giraldo Giraldo y Eduardo Enrique Vengoechea.
Posteriormente, el 3 de marzo de 2009, el Gobierno también envió a Estados Unidos a Miguel Mejía Múnera, alias ‘El Mellizo’, para que responda por narcotráfico. Dos días después también fue extraditado el ex jefe de los bloques Bananero y Calima de las Auc, Ever Veloza, alias ’HH’.
Respecto a las dificultades que se presentarían para que los desmovilizados continuaran con sus confesiones y el proceso de reparación, el Presidente dijo que Estados Unidos debía facilitar las condiciones "en caso de existir el deseo y la voluntad de parte de los extraditados de seguir colaborando con las autoridades judiciales colombianas, confesando hechos delictivos y dando bienes, relato de hechos y manifestaciones de perdón".
Y agregó que "nada impedirá a los ciudadanos extraditados sigan confesando crímenes y entregando bienes. La efectiva y eficaz colaboración incidirá en beneficios de Ley 975", señala el Gobierno.
No obstante, han sido pocos los ex jefes de las Auc que han continuado colaborando con la justicia colombiana en la Corte Suprema y también han sido contadas sus apariciones en versiones libres ante la Unidad de Justicia y Paz de la Fiscalía. Pero éstas intervenciones han contribuido a casos por parapolítica y a esclarecer algunos crímenes en el proceso de justicia transicional en la Fiscalía.
Por la falta de un acuerdo de cooperación de la justicia de Estados Unidos con Colombia, la Corte Suprema de Justicia decidió frenar la extradición de paramilitares a EE.UU hasta tanto no colaboren con el esclarecimiento de sus crímenes en nuestro país.
Esto ha sido lo que han confesado los paramilitares ante la Corte Suprema y la Fiscalía General de la Nación.
Salvatore Mancuso es el representante del Bloque Catatumbo, como tal, debe responder por todos los hechos documentados a este grupo.

Salvatore Mancuso
El primero en reanudar las versiones libres desde Estados Unidos fue Salvatore Mancuso, ex jefe de los bloques Norte y Catatumbo de las Auc. Pasaron seis meses para que, desde Washington el 10 de noviembre de 2008, Mancuso confesara crímenes ante Justicia y Paz.

En esa versión el ex jefe paramilitar salpicó al fallecido Pedro Juan Moreno, quien fuera secretario de Gobierno del gobernador Álvaro Uribe Vélez. Aseguró que se reunió con él y los hermanos Carlos y Vicente Castaño en 10 ocasiones.
También dijo que Moreno y el ex superintendente de Seguridad Germán Arias fueron sus principales aliados en la conformación de las cooperativas de seguridad Convivir.
Mancuso contó que cuatro helicópteros, uno de ellos de la Gobernación de Antioquia y otro de la IV brigada del Ejército, sobrevolaron Ituango cuando los paras masacraban a sus habitantes. También acusó al general retirado Carlos Alberto Ospina quien, como comandante de la IV Brigada del ejército, de haber sido cómplice de los paramilitares en la masacre de El Aro.
En abril del año pasado, el ex jefe paramilitar habló sobre narcotráfico. Mancuso contó que entre 1999 y 2004 su grupo paramilitar produjo y comercializó 119 mil kilogramos de coca que equivalían al 15 por ciento del negocio de la droga en el Catatumbo. Según cálculos del jefe paramilitar, las Farc manejaban el otro 85% que correspondía a unos 801 mil kilogramos de coca.
Entre el grupo de narcotraficantes que fueron protegidos por las autodefensas en Córdoba y Catatumbo, estaban Hernando Gómez Bustamante, alias ‘Raguño’, uno de lo máximos cabecillas del cartel del norte del valle, quien recibió de los paramilitares 60 mil kilogramos de coca. ’Rasguño’ fue extraditado a los Estados Unidos en el 2007.
Mancuso también señaló que tuvo negocios con Fabio Ochoa Vasco, alias ‘Kiko Chiquito’; Cristian Sale, hijo del empresario Giorgio Sale;  ‘El Tuso Sierra’, quien se entregó como supuesto miembro del Bloque Héroes de Granada de las Autodefensas y fue extraditado en mayo del 2008; José Antonio Herrera Hernández, alias ‘Toño Cacao’, narcotraficante extraditado en 2006; Jorge Luis Hernández Villazón, alias ’Boliche’; ‘Lucho Castillo’; Italo Cianci; y José Israel Guzmán, alias ‘El Arquitecto’.
El jefe paramilitar aseguró que le entregaron 5 mil kilogramos a los hermanos Carlos y Vicente Castaño, quienes fueron los jefes de las Auc.
El 30 de septiembre de 2009, cuando iba a realizar su versión libre número diez, el ex jefe paramilitar anunció que no volvería a rendir versiones, porque no podía documentar los crímenes que él y sus hombres cometieron . Sin embargo, aclaró que no renunciaba al proceso de Justicia y Paz, porque continuaría asistiendo a las imputaciones de cargos en los tribunales de Justicia y Paz. Su imputación de cargos inició en diciembre de 2008, y a diferencia de otros desmovilizados que están en Colombia, su imputación parcial de cargos no ha terminado.
Mancuso también ha declarado desde Estados Unidos en escenarios diferentes a las versiones libres. Durante dos audiencias del juicio al ex director del DAS Jorge Noguera, el ex jefe paramilitar salpicó a un numeroso grupo de funcionarios y militares del país.
El balance de Mancuso es que ha sido uno de los que ha insistido en los vínculos de los ’paras’ con la campaña de Álvaro Uribe en 2002. En esa audiencia el ex jefe paramilitar dijo que varios jefes paramilitares se reunieron en 2001, en una llamada Conferencia Nacional de Autodefensas, en la que supuestamente definieron respaldar un candidato que fuera afín con el movimiento paramilitar.
Entre los convocados, además de ‘El Mono’ Mancuso, estaban el entonces máximo jefe de las Auc, Carlos Castaño; Diego Fernando Murillo Bejarano alias ‘Don Berna’; Carlos Mauricio García, alias ‘Doble Cero’, entre otros. Los jefes paramilitares hablaron con varias de las poblaciones del norte del país sobre la necesidad de apoyar a "un candidato con ideología  afín a las autodefensas" en temas como la seguridad y la lucha contra la subversión.
El candidato escogido por los ‘paras’ fue el ex gobernador Álvaro Uribe Vélez, con cuya campaña, según Mancuso, establecieron contactos, aunque no precisó nombres. Sin embargo, sí se refirió a casos en los que se entregó dinero a la campaña a través de comandantes paramilitares de la región como alias ‘Andrés’.
Dentro de los acusados por Mancuso también se encuentran el candidato presidencial Juan Manuel Santos, quien según el ex jefe paramilitar, le propuso a Carlos Castaño darle un supuesto golpe de Estado al entonces presidente Ernesto Samper. El extraditado también dijo que el vicepresidente Francisco Santos les propuso que crearan un grupo paramilitar en Bogotá. Así mismo, Mancuso dijo que las Auc apoyaron la campaña del presidente Uribe en 2002.
Entre los militares que mencionó se encuentra el acutal embajador de Colombia en República Dominica, el general (r) Mario Montoya. Según el extraditado, el general (r) Montoya le pidió que no se desmovilizara.

Guillermo Pérez Alzate, Alias ’Pablo Sevillano’
Guillermo Pérez Alzate, alias ’Pablo Sevillano’, ex jefe paramilitar del Bloque Libertadores del Sur que delinquió en Nariño, ha rendido nueve versiones libres entre el 24 de marzo y el 2 de octubre de 2009.
En su primera versión libre desde Florida, ’Pablo Sevillano’ confesó el reclutamiento ilegal de 67 menores de edad en Nariño y los asesinatos de 39 porque supuestamente tenían vínculos con la guerrilla.
En sus últimas versiones el ex ‘para’ confesó el asesinato de paramilitares al interior de su grupo por diferentes motivos. En esa ocasión también habló de lso supuestos nexos de las Auc con militares en el sur del país.
Sobre los nexos con militares, el extraditado aseguró que era común la comunicación entre unidades de inteligencia del Ejército y cabecillas paramilitares y que la información le servía a los ‘paras’ para asesinar civiles que eran señalados como presuntos colaboradores de la guerrilla por miembros del Ejército.
Uno de los militares mencionados por el ex cabecilla paramilitar fue el coronel retirado del Ejército Alirio Antonio Urueña, vinculado a la masacre de Trujillo, Valle, quien presuntamente se convirtió en una fuente de información para realizar los crímenes del Bloque Libertadores del Sur.
Según la versión de ’Sevillano’, los paramilitares también contaban con el apoyo de militares de la Regional de Inteligencia Militar del Ejército (Rime), una unidad que se encarga de hacer operaciones de inteligencia, interceptar teléfonos y pagar recompensas para realizar sus operativos. Según ‘Pablo Sevillano’, Rodrigo Vásquez, alias ‘Canoso’ era el enlace entre los paramilitares y el Ejército en Pasto.

Miguel Ángel Mejía Múnera, Alias ‘El Mellizo’
Miguel Ángel Mejía Múnera, el penúltimo de los ex jefes paramilitares en ser extraditados, reanudó sus versiones libres el 27 de octubre del año pasado. Durante cuatro días y desde Washington, este ex jefe paramilitar del Bloque Vencedores de Arauca confesó asesinatos, masacres y habló de supuestos nexos de las Auc con políticos y militares.
Entre las personas que salpicó se encuentra el ex gobernador de Arauca Julio César Acosta Bernal. De acuerdo con el relato de ‘El Mellizo’, él patrocinó su campaña electoral y agregó que el político usó los ‘paras’ para eliminar opositores y críticos.
Por otro lado, también dijo que las Auc apoyaron la candidatura del presidente Uribe en 2002. Sobre este hecho, el extraditado aseguró que los hermanos Castaño ordenaron a todos los bloques y frentes de las Auc que apoyaran la primera candidatura de Uribe a la presidencia en 2002. "Las Autodefensas pusimos a Uribe, sino tendríamos a un Chávez en Colombia", agregó.
También aseguró que la muerte de su hermano Víctor Manuel Mejía Múnera, asesinado en 2008, y la de Vicente Castaño tuvieron que ver con los nexos que tenían con la institucionalidad. "(El asesinato de Castaño) fue prácticamente una orden de la Casa de Nariño porque Castaño sabía demasiadas cosas sobre las relaciones de los ‘paras’ y el gobierno y (la del hermano) porque le pagaba a la ley por todo lado".
En su segunda versión libre, ’El Mellizo’ profundizó sus acusaciones contra Julio Cesar Acosta, gobernador de Arauca entre 2004 y 2007. El ex jefe del Bloque Vencedores de Arauca aseguró que Acosta le pasó una lista de personas del departamento a Félix Bata, alias ‘Tolima’, para que se encargara de sus opositores y críticos.
Uno de los casos relatados por ’El Mellizo’ fue el de Juan Alejandro Plazas Lemónaco, quién era registrador de Arauca, y presuntamente fue una de las primeras víctimas de Acosta.
En una versión de febrero de 2009 Ferney Alvarado, alias ‘Cúcuta’, confesó ser el autor material del crimen. Dijo que Julio Cesar Acosta le dio la orden porque necesitaba sacarse a Plazas de encima para ganar las elecciones. ‘Cúcuta’ asesinó con un tiro en la cabeza al ex registrador el 10 de julio de 2003 cuando estaba almorzando en un restaurante del centro de Arauca. Según ‘Cúcuta’, menos de una semana después del homicidio recibió 10 millones de pesos de Acosta.
Según ‘El Mellizo’ otra de las personas asesinadas por ordenes de Acosta fue Efraín Varela, director de la emisora Meridiano 70. Varela era abogado, especialista en resolución de conflictos y fue periodista en varias radios del departamento. En Meridiano 70 tenía programas de actualidad política, donde denunciaba las irregularidades, la corrupción y la violencia en Arauca.
El ex paramilitar también se responsabilizó por cinco masacres en Arauca. Según el paramilitar, en la masacre Floramarillo y Cravo Charrosus, en la que fueron asesinadas 12 personas entre el 19 y el 20 de mayo de 2004, sus hombres contaron con la colaboración de miembros de la Brigada Móvil Cinco del Ejército.
El ex jefe ‘para’ aseguró que el operativo fue planeado con la Brigada Móvil Cinco del Ejército al mando del coronel William Cruz. El oficial les entregó un computador con mapas de la región en los que indicaban los sitios donde estuvieron sus tropas los días de la masacre. Según ’El Mellizo’, el coronel repartió celulares a los ‘paras’ para que pudieran comunicarse con él en cualquier momento para coordinar las maniobras. El Ejército se comprometió a tapar las salidas de la zona para que los presuntos auxiliadores de la guerrilla no se pudieran escapar.

Ramiro ’Cuco’ Vanoy
El ex jefe del Bloque Mineros de las Auc, Ramiro Vanoy, alias ‘Cuco Vanoy’, tan sólo ha rendido dos versiones libres, mientras que en Colombia lo hizo en 12 ocasiones. El extraditado dio sus versiones libres desde Miami, Florida, el 22 y 23 de enero de 2009.
’Cuco Vanoy’ y Francisco Javier Zuluaga Lindo, alias ’Gordolindo’, fueron los primero paramilitares condenados en Estados Unidos por narcotráfico. A principios de octubre de 2009, la Corte Federal del Sur de la Florida los condenó a 24 y 21 años de prisión por los delitos de tráfico de drogas y lavado de activos.
Los dos ex paramilitares fueron acusados por la Fiscalía de Estados Unidos por tres cargos de conspiración para importar y distribuir cocaína desde Colombia, Las Bahamas, México, hacia los condados de Broward y Dade en el distrito sur de la Florida, entre el 17 de diciembre de 1997 y el 4 de noviembre de 1999. También de realizar transacciones financieras tipificadas en Estados Unidos como lavado de dinero.
El 29 de julio, ’Gordolindo’ y ’Cuco Vanoy’ se declararon culpables de importar a Estados Unidos toneladas de cocaína, con lo que aspiraban a una pena menor a la establecida por el juez Michael Moore.
Por otro lado, el 20 de mayo del año pasado, la Fiscalía 15 de la Unidad Nacional de Justicia y Paz, ante un magistrado de Control de Garantías, le imputó 33 cargos por reclutamiento de menores, 12 homicidios en persona protegida y cinco desapariciones forzadas, de las que fueron víctimas un concejal, un inspector de policía, un maestro y varias mujeres de municipios del norte y Bajo Cauca antioqueño.
En la diligencia realizada en Medellín, y trasmitida a Miami (EE.UU.) donde se encuentra recluído Vanoy, la Fiscalía también le imputó cargos en los delitos de secuestro, amenaza, narcotráfico y tráfico de armas. Además fue acusado de utilización de medios y métodos ilícitos de guerra, y violación a los derechos de asociación a los miembros del Sindicato de Trabajadores Oficiales de Antioquia, con sede en Tarazá (Antioquia).

Diego Fernando Murillo Bejarano, Alias ’Don Berna’
El ex jefe del Bloque Cacique Nutibara, que delinquió en Antioquia y principalmente en Medellín, Diego Fernando Murillo, alias ‘Don Berna’, sólo ha rendido tres versiones libres desde Nueva York. Lo hizo durante el 23 y 25 de junio de 2009.

En su primera versión libre desde Nueva York, ‘Don Berna’ habló sobre nexos de militares con las Auc. Uno de los hechos a los que se refirió fue la ‘Operación Orión’ que lanzó el estado entre 16 y 19 de octubre de 2002 en la Comuna 13 de Medellín. El extraditado reiteró que en ésta hubo "participación de miembros de la fuerza pública, en el caso particular de los generales Montoya y Gallego" y explicó que ese operativo oficial lo había coordinado con ambos oficiales, con varios meses de anticipación a través de uno de sus hombres, Elkin Loaiza, quien, según aseguró, actuaba bajo su orientación.
‘Don Berna’ contó que semanas antes de la ejecución de la ‘Operación Orión’, hombres del Bloque Cacique Nutibara (BCB) habían hecho inteligencia en distintos barrios de esa comuna, lo que les permitió tener la ubicación precisa de quienes ellos habían señalado como guerrilleros de las Farc, el Eln y los Comandos Armados del Pueblo (Cap) que actuaban allí. "Varios de mis hombres entraron con la fuerza pública encapuchados porque muchos de los que allí vivían los conocían", dijo.
Así mismo, ‘Don Berna’ acusó a miembros de las fuerzas armadas de estar involucrados en la masacre de ocho personas que realizaron paramilitares del Bloque Héroes de Tolová (BHT) en la Comunidad de Paz de San José de Apartadó. Dijo que hubo complicidad con tropas del Batallón Vélez, adscrito a la XVII Brigada del Ejército, con sede en el municipio de Carepa, Urabá antioqueño. Aseveró que el mayor José Fernando Castaño, quien, según él, ordenó la muerte de los niños.
Murillo Bejarano narró que el mayor Castaño le había dado la orden a los paramilitares de que mataran "a los niños porque según él cuando crecieran serían guerrilleros". En esa masacre fueron asesinados los menores Santiago Tuberquia Muñoz de 2 años y su hermana Natalia Andrea de 6 años; Deiner Andrés Guerra Tuberquia de 11 años; y Beyanira Areiza Guzmán de 17 años. Junto a ellos perecieron Luis Eduardo Guerra, Sandra Milena Muñoz, Alfonso Bolívar y Alejandro Pérez. Todos habían sido descuartizados.
El Fiscal de Justicia y Paz le preguntó si tenía evidencias que dieran soporte a sus graves acusaciones. ‘Don Berna’ no dio pruebas, y dijo que siempre hubo coordinación con miembros de las fuerzas armadas. "En las zonas de influencia nuestra siempre se coordinó cualquier operativo con ellas, siempre hubo un apoyo y una colaboración mutua, y en este caso no es ninguna excepción".
Al igual que ‘El Mellizo’, ‘Don Berna’ envió una carta a Colombia en la que expresa que su encierro total es un obstáculo para que se esclarezca la verdad en Colombia. ’Don Berna’ y ’El Mellizo’ también relacionaron su extradición con lo que aseguraron sobre presuntos nexos que tenían con políticos y autoridades públicas. ’Don Berna’ fue más allá y suspendió indefinidamente su participación a Justicia y Paz porque, según djo, sus familiares y asesores estan en peligro en Colombia.
El 22 de abril de 2009, ’Don Berna’ fue condenado a 31 años de cárcel por un juez del Distrito Sur de Nueva York, quien lo encontró culpable por delitos de narcotráfico.

Éver Veloza, Alias ’HH’
Antes de ser extraditado, Ever Veloza, alias ’HH’, rindió 15 versiones libres en febrero de 2009. Desde que se encuentra en Estados Unidos, el antiguo jefe de los bloques Calima y Bananero de las Auc, no ha rendido ni una diligencia de confesiones de hechos.
Sin embargo, el pasado 5 de mayo, la la Fiscalía 17 Delegada ante Justicia y Paz inició la formulación de un total de 88 cargos delictivos, que incluyen 76 homicidios, entre ellos de varios sindicalistas y miembros de la Unión Patriótica; 34 casos de reclutamiento de menores; tres masacres; y 3.500 desplazamientos forzados perpetrados durante su permanencia en las filas paramilitares como comandante de los bloques Bananero, que operó en la zona norte del Urabá antioqueño, y del Calima, que tuvo su accionar criminal en los departamentos del Valle del Cauca y el Cauca.
No obstante, la funcionaria judicial aclaró que esta formulación de cargos era parcial, por cuanto se tienen registros de por lo menos 6.000 víctimas que alegan que fueron afectadas por los grupos armados que comandó alias ‘HH’ y por los cuales tendrá que responder posteriormente.
Los cargos que comenzó a formularle la Fiscalía se basan en hechos ya confesados por el postulado en versiones realizadas en los años 2007 y 2008, y los mismos se circunscriben a acciones criminales cometidas por alias ‘HH’ directamente o por hombres bajo su mando desde que ingresó a las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (ACCU) hasta cuando se desmovilizó en 2004, haciendo parte de las AUC.

16 de mayo de 2010
13 de mayo de 2010
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paras siguen matando en urabá


Ya son seis los líderes de víctimas muertos en Urabá. Hay sospechas por parte de las víctimas de que el líder Albeiro Valdés fue envenenado. En el Urabá antioqueño han sido seis los campesinos asesinados en el proceso de reclamación de tierras robadas por paramilitares.
Colombia. Denuncias en el Urabá indican que grupos paramilitares estarían asentados en Necoclí, desde donde actúan contra los campesinos que reclaman tierras expropiadas.
En circunstancias que aún son confusas murió Albeiro Valdés Martínez, líder del proceso de restitución de tierras en el Urabá antioqueño. Su cadáver fue encontrado el pasado martes en un paraje apartado de la vía que une los municipios de Turbo y Necoclí.
Sobre las causas de su muerte, en Turbo se han evidenciado dos posiciones que enfrentan a los médicos del hospital local y a la Asociación de Víctimas para la restitución de tierras y bienes (Asovirestibi). De un lado, se ha certificado por parte del centro asistencial que Valdés Martínez falleció de muerte natural; de otro, voceros de las víctimas insisten en que fue envenenado.
"Como la discusión es muy grave, le hemos solicitado a todas las autoridades que se haga un informe detallado sobre las causas del deceso de Albeiro. Nosotros tenemos información que indica que fue por envenenamiento", dijo Carmen Palencia, presidenta de la Asociación. "Vimos las fotos del cadáver, luego vimos el cadáver y hemos hablado con la gente y todo indica que fue envenenado".
Según Palencia, a este líder campesino lo venían presionando los paramilitares para que devolviera unas tierras que le habían sido destituidas en noviembre del año pasado en el proceso que adelantan varias instituciones regionales y nacionales en esta subregión de Antioquia.
Lo último que se supo de él es que el pasado lunes se reunió con varios de sus familiares en el municipio de Carepa y luego fue recogido por un hombre en una motocicleta del cual se desconoce su identificación quien lo llevaría a una reunión citada por paramilitares de la región.
Al final de la tarde del lunes, Albeiro se comunicó con voceros de la Asociación de Víctimas para informar que ya había concluido la reunión y se disponía a salir de Turbo hacia el corregimiento El Totumo, de Necoclí, donde vivía con su familia. A partir de ese momento, según la Asociación, se perdió todo rastro del labriego y no se volvió a saber nada de él hasta el día siguiente, cuando fue encontrado su cuerpo sin vida.
En el Urabá antioqueño, Valdés Martínez era considerado como un joven feliz y valiente, pese a los sufrimientos familiares que le había provocado la guerra. Su padre y su hermano fueron asesinados para despojarlos de sus tierras. A raíz de ese hecho, su familia se vio forzada a abandonar los predios. Además, fue presionado de manera insistente para que se integrara a las filas paramilitares, sin que aceptara ese ofrecimiento, pues era el hijo mayor de un hogar conformado por su madre y seis hermanos más por los cuales tenía que responder.
Durante los últimos años, este labriego adelantó diversos trámites judiciales para lograr la restitución de 105 hectáreas de tierra que les habían sido arrebatadas por paramilitares bajo el mando de Carlos Ardila Hoyos, alias ‘Carlos Correa’, uno de los primeros comandantes de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (ACCU) que tenía su centro de operaciones quedaba en Necoclí. A este jefe paramilitar se le ha atribuido el desplazamiento de numerosas familias de las veredas El Tigre y La Ceibita del Corregimiento El Totumo.
Si bien hasta el momento no se tiene una explicación científica sobre la muerte de Valdés Martínez, la Asociación de Víctimas sospecha que fue asesinado, pues hay antecedentes que llevan a esa conclusión.
Resulta que el 17 de noviembre del 2009, a Albeiro le fueron restituidas 35 hectáreas de tierra ubicadas en el corregimiento El Totumo, luego de demostrar que eran de su propiedad. En el acto de restablecimiento de sus derechos también se favoreció a seis familias más. Ese evento se realizó en las instalaciones del Comando de Policía de Urabá y contó con la presencia de representantes de la Comisión Regional de Restitución de Bienes de Antioquia, la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación, la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría Regional de Urabá, la Fiscalía de Justicia y Paz, la Alcaldía de Turbo, la Personería de Turbo, la Organización Internacional para las Migraciones, la Policía Nacional y de la Brigada XVII del Ejército.
A partir de ese día y luego de que se hiciera la restitución material de las tierras, Valdés Martínez comenzó a recibir amenazas por parte de vecinos del corregimiento, quienes se oponían a este procedimiento legal, y de grupos paramilitares que aún operan en la región, y que al parecer aún tienen intereses en esa subregión de Antioquia. Entre los señalados como promotores de amenazas se encuentran Jairo Humberto Echeverry Bedoya y Diego Echeverry Rico, quienes al parecer le compraron tierras a Nelly Durango López, supuesta viuda del comandante paramilitar alias ‘Carlos Correa’.
Según Carmen Palencia, estos enfrentamientos llevaron a Echeverry Bedoya a denunciar ante un grupo paramilitar que opera en Necoclí que Valdés Martínez estaba obrando de "sapo" ante el Ejército y los estaba señalando. "No era la primera vez que Albeiro se tenía que defender esas acusaciones, ya había ido una vez".
Con su muerte, según esta líder campesina, quedó demostrado que las denuncias para proteger a Albeiro Valdés Martínez no tuvieron eco entre las autoridades y su muerte es un reflejo de la falta de garantías por parte de las instituciones del Estado para reclamar aquellas tierras expropiadas por paramilitares.
"Este asesinato no nos debilita como asociación y seguiremos reclamando nuestras tierras", afirmó Palencia, pero reconoció que se debilitó la confianza que han tenido en las instituciones. "Estamos abandonados en nuestro trabajo de ayuda a las víctimas, seis muertos en dos años, sin resultados concretos lo demuestra".
El primero en perder la vida fue Juan Jiménez Vertel, asesinado el 19 de agosto de 2008 en el corregimiento El Reposo, de Apartadó; luego murió Benigno Gil Valencia, presidente de la Mesa Nacional Campesina, acribillado el 22 de noviembre de 2008 en Chigorodó; le siguió Jaime Antonio Gaviria, testigo del crimen de Gil Valencia y líder de la Mesa Campesina, fue asesinado el 5 de diciembre de 2008 en Chigorodó; luego ocurrió la muerte de Adriano Pino, abaleado en Medellín el 23 de febrero de 2009 en Medellín; y posteriormente, murió Ana Gómez, asesinada el 14 de abril de 2009 un paraje entre los municipios de Los Córdobas y Arboletes.
Agregó Palencia que también se ha debilitado la relación con el Gobierno nacional, que poco los ha apoyado en sus justas reclamaciones. "Hemos ayudado a restituir 129 predios a 179 familias por un valor de 20 mil millones de pesos y a estas personas Acción Social ni siquiera las reconoce como víctimas, negándoles la ayuda humanitaria para el retorno".
Por último, solicitó que se adelanten de inmediato las investigaciones penales del caso que conduzcan al esclarecimiento de esta muerte, y de encontrarse que fue un homicidio, se castiguen a los responsables, tanto materiales como intelectuales.

16 de mayo de 2010
13 de mayo de 2010
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condenan a ex senador castro pacheco


Por parapolítica. La Corte Suprema condenó a siete años y medio de prisión al ex congresista por el delito de concierto para delinquir. La Corte pidió que se le investigue por delitos de lesa humanidad.
Colombia. La Sala Penal de la Corte condenó al ex senador Jorge de Jesús Castro Pacheco, del Partido Colombia Viva, por sus nexos con el grupo paramilitar de Rodrigo Tovar Pupo, alias ‘Jorge 40’ y lo encontró responsable del delito de "concierto para promover grupos armados al margen de la ley".
La Corte condenó al ex senador a de 90 meses de prisión y 6.500 salarios mínimos legales mensuales de multa. Así mismo, lo inhabilitó por el mismo tiempo de la condena para ejercer cargos públicos.
Por último, el Alto Tribunal ordenó compulsar copia de las piezas procesales pertinentes para que el ex senador sea investigado por su presunta participación en delitos perpetrados por los paramilitares, con ocasión de su elección al Congreso de la República para el periodo 2002-2006.

La Condena de la Corte
La sentencia de la Corte confirma que Castro Pacheco "se unió a una causa paramilitar… del saber que estuvo y participó activamente, en por lo menos una de las reuniones convocadas y controladas por ‘Jorge 40’, comandante del Bloque Norte de las autodefensas, donde pactó su inclusión en la lista al Senado de la República secundando a Dieb Maloof Cuse, al igual que la alternancia de la curul siguiendo los lineamientos de un proyecto político-paramilitar, que después se materializó".
En efecto, el Alto Tribunal señala que el ex senador Castro Pacheco incurrió en el delito de concierto para delinquir agravado en la modalidad de promoción a grupos paramilitares con base en tres argumentos.
El primero, en la sentencia se comprobó la participación y asistencia de Jorge Castro Pacheco a la reunión del 10 de marzo de 2002 que terminó con la firma del ‘Pacto de Pivijay’, en la cual paramilitares y dirigentes políticos de Magdalena y Cesar acordaron una lista al senado encabezada por el senador Dieb Maloof, y cuyo segundo renglón era Castro Pacheco.
En este sentido, la Corte señala que "la suerte jurídica del doctor Dieb Maloof resulta de singular importancia para este caso, porque habiendo encabezado la lista al senado de la República que secundó Jorge Castro Pacheco, a partir de la cual ambos fungieron como congresistas alternándose la curul obtenida durante el período 2002-2006, si se acepta que el primero logró su elección apoyado por grupo paramilitares bajo égida de ‘Jorge 40’, por fuerza de lo lógico y absolutamente necesario, por lo menos desde el punto de vista objetivo, lo mismo sucedió con éste último…".
La influencia del Bloque Norte de las AUC al mando de ‘Jorge 40’ en Magdalena quedó demostrada en los comicios de 2002 en la medida en que dividieron el departamento en "distritos electorales" con el propósito que su lista obtuviera suficientes votos para alcanzar una curul en el Congreso, como efectivamente sucedió.
"Obsérvese que en municipios de la Zona Centro del Departamento del Magdalena, como Remolino, Pivijay, Salamina, Zapayán, Chivolo, Algarrobo, Sabanas de San Ángel y Ariguaní, la lista de candidatos al Senado de la República que en el año 2002 encabezó el doctor Dieb Maloof y secundó Jorge Castro Pacheco, siendo de circunscripción nacional, alcanzó a bordear la totalidad de los sufragios con porcentajes superiores al 78%, mientras que sin explicación distinta a la influencia paramilitar y sus "Distritos Electorales" en municipios aledaños del mismo espectro sociológico, como Fundación, Pueblo Viejo, Aracataca o Sitio Nuevo por el norte, y Plato, Santa Ana o Tenerife por el sur, tuvieron una acogida insignificante de incluso el 0 % en este último caso" señaló la Corte.
Uno de los testigos claves de esta acusación fue Franklin Lozano, ex alcalde de Zapayán (Magdalena), quien aseguró haber asistido a la reunión de Pivijay por convocatoria de ‘Jorge 40’ y haber sido espectador de la participación de Castro Pacheco en el encuentro.
En palabras de la Corte, los hechos de Pivijay se adecuan a un patrón de comportamiento replicado en distintos lugares de la Costa Atlántica, bajo influencia de grupos armados ilegales", es decir, este fue uno de los muchos pactos que celebraron entre políticos y paramilitares en otros departamentos como Cesar.
Segundo, la Corte confirmó los nexos entre Castro Pacheco y Rafael García, ex jefe de Informática del DAS y ficha clave de los paramilitares al interior del organismo. Para el Alto Tribunal es claro que Castro Pacheco tuvo una "relación de cercanía o  amistad con Rafael García" materializada por ejemplo en 18 visitas que Castro Pacheco realizó a las instalaciones del DAS y que según los registros se hicieron tanto a las oficinas del ex director Jorge Noguera como a las de García Torres.
De hecho, la Corte también se refirió a las declaraciones de García Torres en las que señala que Castro Pacheco asistió también a la reunión convocada por ‘Jorge 40’ que terminó con la firma del ‘Pacto de Chivolo’ en la que se apoyó la candidatura a la gobernación de Magdalena de José Domingo Dávila Armenta. Este testimonio concuerda con el de Franklin Lozano, quien también aseguró haber sido testigo de la participación de Castro Pacheco en la reunión de Chivolo.
Tercero, Castro Pacheco tenía una "afinidad política" con el proyecto político con los paramilitares, comprobada no sólo por sus actuaciones sino por personas cercanas a él que hacían parte del proyecto paramilitar.
En este caso, la Corte incluye a su hermano Augusto Castro Pacheco, a quien describe como "orgánico del bloque norte de las autodefensas, se hacía llamar con el alias de "Tuto" y ejerció bajo el mando de ‘Jorge 40’, hombre de su mayor lealtad, amistad y confianza,  desmovilizado por demás según él mismo lo reconoció". Así mismo, la Corte se refiere a Carmen Castro, ex alcaldesa del municipio de  Ariguaní (Magdalena), quien firmó también el ‘Pacto de Pivijay’. 
Como hecho especial, la Corte ordenó investigar a los ya condenados por ‘parapolítica’ Dieb Maloof, José Gamarra, Luís Eduardo Vives, Alfonso Campo Escobar, Salomón Saade, Jorge Luís Caballero y Mauricio Pimiento, quienes como beneficiaros políticos de los distritos electorales establecidos por ‘Jorge 40’, deberán responder por su presunta participación en crímenes de lesa humanidad.

El Proceso de Castro Pacheco
El 24 de mayo de 2007 la Fiscalía 15 Especializada de la Unidad Nacional Contra el Terrorismo inició la investigación previa contra el ex senador por sus posibles vínculos con grupos paramilitares.
Sin embargp, el 19 de febrero de 2008 Castro renunció al Senado, y el casó pasó a manos de la Fiscalía. Es así como el 12 de mayo de 2008, la Unidad de Fiscalías Delegada ante la Corte Suprema de Justicia dictó medida de aseguramiento, sin beneficio de libertad provisional, contra el ex senador por  ser "presunto responsable de la conducta punible de Concierto para delinquir (…), agravado por el Inciso Segundo de la citada codificación punitiva (Sic)".
Tres días después el ex congresista se presentó ante la Fiscalía de Barranquilla y fue detenido. Posteriormente y a raíz de un cambio de jurisprudencia, a Corte reasumió el caso y lo llamó a juicio.

La Acusación de la Fiscalía
En abril del año pasado, recopiló dos pruebas claves que demostraban los vínculos del ex senador Castro Pacheco con el extraditado paramilitar ‘Jorge 40’.
La primera prueba clave contra Castro Pacheco es el testimonio del ex director de informática del DAS, Rafael García. Según García, todo comenzó en 1999 cuando ‘Jorge 40’ buscó alianzas con políticos de la costa atlántica. "De esta injerencia de los paramilitares en la actividad política, resultaron algunos políticos beneficiados, entre ellos, Castro Pacheco" aseguró García en una de sus versiones libres ante la Fiscalía.
"Jorge Castro Pacheco fue designado como uno de los contactos entre el Bloque Norte y yo...lo que él hizo fue que a través de unos amigos se pintó la propaganda política en las paredes de los municipios del centro del departamento promocionando la candidatura suya a la gobernación; según me explicó el señor Castro, luego de cierto tiempo la persona cuyo nombre aparecía en esos murales era llamada por los jefes de las autodefensas de la región y estos le decían si podían continuar con su aspiración o no, fue así de esta forma como se definireron las candidaturas únicas para los municipios del área de influencia del bloque norte en el departamento de Magdalena" afirmó García.
De acuerdo con García, para las elecciones de 2002, el Bloque Norte de las Autodefensas se propuso alcanzar 3 curules al Senado y 3 a la Cámara. Para eso, Magdalena se dividió en distritos electorales, asignando en cada distrito a los políticos que supuestamente aceptaron el apoyo de ’Jorge 40’.
Entre los políticos beneficiados por esta repartición, García señaló al ex senador Dieb Maloof, primero en la lista del partido ’Colombia Viva’ (2002) en la cual Jorge Castro Pacheco figuró como segundo renglón y obtuvó, según García, los mismos beneficios electorales de Maloof gracias al apoyo de los paramilitares.
De acuerdo con la decisión de la Fiscalía, "la situación de Dieb Maloof como cabeza de lista al senado no puede evaluarse separadamente de la de su segundo renglón, Jorge Castro Pacheco, porque a ambos les asistía el interés de obtener los votos necesarios para ser elegidos. Entonces, el hecho de haberse acogido el primero a sentencia anticipada aceptando cargos por concierto para delinquir, precisamente, por su alianza electoral con las autodefensas ilegales, afecta directamente también a su segundo renglón Castro Pacheco". Maloof fue sentenciado en 2008 a pagar cuatro años y nueve meses de cárcel por sus vínculos con grupos paramilitares.
Para la Fiscalía, la repartición de votos no fue solo evidente en el testimonio de Rafael García, sino en los resultados electorales de 2002. Dieb Maloob obtuvo una votación a nivel nacional de 67.864 votos de los cuales 40.134 fueron logrados en el departamento de Magdalena, De esos 40.134 votos, consiguió 37.443 en municipios con gran presencia paramilitar como Pivijay, Ariguani, ’El Difícil’, Chivolo, Remolino, Salamina, Zapayan y Algarrobo.
Con estas razones, la Fiscalía rechazó los argumentos que la defensa de Castro Pacheco había utilizado para desvirtuar el testimonio de García. Los problemas mentales y las inconsistencias del testimonio de García esgrimidos por la defensa, fueron desvirtuados por la Fiscalía con base en las pruebas que Medicina Legal le practicó a García y,  en las pruebas documentales y testimoniales que la Fiscalía logró corroborar a lo largo del proceso "en cuanto al modus operandi (de los paramilitares) para apoyar a los candidatos a corporaciones públicas y lograr su adhesión".

El Pacto de Pivijay
La segunda prueba de la Fiscalía contra Castro Pacheco, es el documento encontrado en julio de 2006 en uno de los predios de ‘Jorge 40’  titulado ’Convenio político para el debate electoral del 10 de marzo de 2002, en la elección de Cámara de representantes y Senado de la República’ o ’Pacto de Pivijay’, firmado entre otros, por José Gamarra Sierra, Dieb Maloof y Jorge Castro, y en el que aparece en manuscrito el nombre de ‘Jorge 40’. 
Según la Fiscalía, "en el citado convenio (firmado el 22 de noviembre de 2001), varios candidatos al Congreso, alcaldes y algunos diputados acordaron que los votos que se lograran en dichas elecciones en marzo del año 2002 en los municipios de Pivijay, Sabanas de San Ángel, Ariguaní, Algarrobo… en donde José Gamarra Sierra contaba con bastante potencial electoral, le serían endosados a Dieb Maloof Cuse quien encabezaría la lista al Senado…De igual forma se anuncia como sería la partición burocrática, la financiación de la campaña y la destinación que tendrían los dineros obtenidos por reposición de votos".
Con esta prueba, la Fiscalía desvirtuó las declaraciones de ’Jorge 40’ quien aseguró en varias versiones libres que "las autodefensas ilegales no tenían incidencia en la actividad política de la región". Según la Fiscalía, la versión del ex jefe del Bloque Norte "se muestra oportunista e inclinada a no comprometer líderes políticos...ya que es inverosímil que con todo el dominio de las autodefensas en la región, se dejara sin control un asunto tan determinante como era la elección de miembros de corporaciones públicas".
Ante esta pruebas, la Vicefiscalía encontró ’indicios graves’ y ’motivos de credibilidad’ suficientes para imputarle a Castro Pacheco el delito de concierto para delinquir, en la modalidad de promoción de grupos armados al margen de la ley. "Las pruebas presentadas permiten ’creer’ que Castro Pacheco hizo alianzas con los paramilitares dirigidos por ’Jorge 40’ para obtener apoyo electoral en los comicios que se realizaron para el Congreso en 2002" aseguró la Fiscalía en su decisión.
Castro Pacheco, quien fue senador durante los períodos legislativos 1998-2002 y 2002-2006, ocupó temporalmente, durante la presente legislación, la curul que inicialmente fue obtenida por Dieb Maloof, que luego pasó a ser de Vicente Blel y que después Castro Pacheco le heredó a Jorge Enrique Gómez.
Jorge Castro Pacheco es hermano de Carmen Castro, ex alcaldesa de Ariguani, Magdalena, y de Augusto ‘Tuto’ Castro, quien fue uno de los hombres más cercanos a ‘Jorge 40’.

16 de mayo de 2010
12 de mayo de 2010
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das asesinó a sus propios hombres


En el punto más alto del escándalo del DAS, en octubre de 2009, dos detectives fueron asesinados. Lo que se presentó como un accidente trágico ahora toma un rumbo macabro.
Colombia. El sábado 31 de octubre de 2009 se convirtió en una de las noches más trágicas de la historia reciente del DAS. Dos detectives de esa entidad murieron y otros dos fueron gravemente heridos mientras estaban en una reunión. El hombre que disparó contra ellos fue uno de sus propios compañeros llamado Hernando Caballero. La versión oficial del DAS en su momento afirmó que se trataba de un desafortunado hecho que había sido consecuencia de una borrachera de Caballero, quien frente a un comentario desobligante de alguno de sus amigos sacó su arma y disparó contra todos los que estaban en la fiesta de Halloween que se llevaba a cabo en una finca cerca de Chía, Cundinamarca.
Tras anunciar también que Caballero había intentado suicidarse arrojándose a una chimenea, el DAS afirmó que prestaría toda la colaboración a las autoridades y dejaría a disposición de la Fiscalía al detective que disparó. Sin embargo, un par de días más tarde el hecho quedó en el olvido, y ahora, seis meses después de los acontecimientos, nuevos testimonios y datos sobre lo que ocurrió esa noche tienden un manto de duda sobre la versión oficial del detective borracho que en medio de los tragos le dio por asesinar a sus amigos y compañeros.
Varias cosas llamaron la atención de los investigadores que llegaron la noche del crimen a atender el caso que había sucedido a las 4 de la mañana. Entre los primeros en arribar a la escena había funcionarios adscritos al área de inteligencia del DAS, hecho que causó curiosidad, incluso a sus propios compañeros del área de policía judicial. "Cuando llegamos los de policía judicial, que somos los únicos que legalmente en el DAS tenemos facultades para atender esos casos, nos dimos cuenta de que había gente de inteligencia desde hacía rato en el lugar. También había Policía y Fiscalía pero ni a ellos ni a nosotros nos dejaron entrar durante varias horas -contó a SEMANA un detective del DAS que estuvo en el lugar-. Cuando entramos era evidente que se habían manipulado algunas cosas en la escena", afirma.
Los muertos, heridos y el agresor pertenecían a un grupo que por los días del crimen estaba en el ojo del huracán dentro del propio DAS. Todos hacían parte de un cuerpo de contrainteligencia especial que, entre sus misiones, tenía como objetivo controlar actividades para detectar posibles acciones de espionaje venezolano en territorio colombiano. Esa era parte de la tarea, aunque durante algún tiempo ese grupo -igual que otros que tenían fines legítimos- fue usado también para espiar a magistrados y políticos colombianos.
A mitad de año, parte de la información que manejaba ese equipo, considerada como de seguridad nacional, se perdió del DAS y en el interior se inició una exhaustiva búsqueda para tratar de recuperarla y averiguar quiénes la sacaron de la entidad. "Para ese momento ya había una cacería de brujas en el DAS a raíz del escándalo de las ’chuzadas’. Se crearon grupos para saber quiénes estaban contando las cosas y quiénes podían contar más sobre ese tema. La situación interna era muy complicada porque como parte de la cacería de las ’chuzadas’ había traslados y despidos. A eso se sumó lo del tema de Venezuela, -contó a SEMANA uno de los integrantes de esa unidad, que se salvó de morir la noche de Halloween porque no acudió a la cita-. Varios de los compañeros de ese grupo especial habían optado por contar lo que habían hecho para evitar traslados o despidos injustos. Unos iban a hablar del trabajo que se hacía contra Venezuela a venezolanos. Otros iban a buscar a los fiscales que llevaban el caso de las ’chuzadas’ para contar lo que sabían. El 29 de octubre el Ministro del Interior de Venezuela salió en televisión y mostró parte de los documentos del DAS sobre Venezuela. Dos días más tarde fue cuando asesinaron a los que iban a declarar", afirma el funcionario.
Los sobrevivientes de la noche de Halloween fueron celosamente custodiados por el DAS, y ellos, al igual que algunos de sus familiares, prácticamente quedaron aislados por meses, supuestamente por razones de seguridad. Sin embargo, esas muertes tuvieron un efecto intimidatorio dentro de la gran mayoría de detectives del DAS y, paralelamente, terminaron convirtiéndose en obstáculos de las investigaciones de la Fiscalía sobre las ’chuzadas’ ilegales de teléfonos. "Después de que matan a dos que iban a hablar, quién se iba a animar a contar algo sobre lo que estaba pasando. El mensaje era muy claro", dijo a SEMANA uno de los detectives que actualmente son investigados por el caso.
Las muertes de octubre pasado marcaron un punto muy crítico de lo que viene ocurriendo en el DAS en los últimos 15 meses. Las amenazas de muerte a funcionarios y sus familias que intentan acercarse a la Fiscalía para declarar, se han vuelto el pan de cada día. Aunque ya hay denuncias por esos hechos en la Justicia, muchos temen, incluso, denunciar que están siendo víctimas de amenazas. Traslados injustificados y destituciones masivas sin argumentos, también se han convertido en otra forma de advertencia. No menos sorprendente es que a pesar del escándalo que rodea a la entidad se haya creado y fortalecido un grupo llamado Gcoe (Grupo de Contrainteligencia Externa), que reemplazó muchas de las funciones que tenían otras unidades del DAS como el G-3 o el Goni, que fueron las puntas de lanza de los espionajes, ’chuzadas’, amenazas y seguimientos a magistrados, políticos, periodistas y miembros de ONG, entre otros. Resulta asombroso, por decir lo menos, que integrantes del G-3 y el Goni hayan sido reclutados para hacer parte de otro grupo que, como el Gcoe, está recorriendo los mismos pasos de los que hoy tienen al DAS y al gobierno en el peor de los escándalos. ’Orión’ o ’El proyecto X’ son dos de los nombres de las operaciones que ahora adelanta el DAS y que darán mucho de qué hablar, al igual que oscuras maniobras del pasado, como ’Transmilenio’, que se llevó a cabo contra políticos o magistrados, o ’Puerto Asís’, cuyos blancos eran periodistas.
A pesar de las amenazas y de la intimidación, en las últimas cinco semanas algunos detectives se han acercado a la Justicia para colaborar con sus testimonios, y eso ha permitido el avance de las investigaciones. Aunque la eventual liquidación del DAS fue planteada por el gobierno hace más de ocho meses, ha sido en el último mes -justo cuando funcionarios claves han manifestado su intención de hablar- cuando más desespero se ha visto por conseguir que el Congreso apruebe el proyecto de ley que al final acabaría con esa institución. "Es muy difícil entregarle facultades al gobierno para liquidar al DAS cuando justamente es este gobierno el que está siendo investigado por ’chuzar’ y perseguir. Es claro que hay que reformar el DAS, pero eso es algo que no puede hacer este gobierno. Aprobar en este momento la liquidación del DAS es casi ser cómplices de esconder la verdad. No podemos ser solidarios con acciones que como la liquidación en este momento lo que pretenden es esconder unos delitos y evitar que se llegue hasta los responsables y se conozca toda la verdad", dijo a SEMANA el senador liberal Luis Fernando Velasco.
Por desgracia, no todos son tan optimistas sobre el futuro de las investigaciones. "Le aseguro que lamentable e irónicamente el avance del caso va a terminar, porque como van las cosas aquí va a haber uno o varios muertos como en el Halloween del año pasado, y ahí se vuelve a trancar todo", afirmó uno de los detectives, que la próxima semana espera buscar a la Fiscalía para hablar.

16 de mayo de 2010
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la espía de uribe en la corte suprema


SEMANA revela quién fue la persona del DAS que se infiltró en las entrañas de la Corte Suprema de Justicia como parte de la estrategia de asedio y espionaje contra los magistrados. La información confidencial que la infiltrada recolectaba de la corte suprema iba para el das y palacio.
Colombia. Hace poco más de un mes, el espionaje del que habían sido objeto los miembros de la Corte Suprema de Justicia tuvo un interesante y grave desarrollo. Durante una audiencia de imputación de cargos contra varios ex funcionarios del DAS, un fiscal delegado ante la Corte reveló el testimonio de la detective Nancy Romero, quien afirmó que había desgrabado, y posteriormente destruido, un audio sobre una reunión privada de un grupo de magistrados en la Corte Suprema.
Romero le contó a la Fiscalía que en el segundo semestre de 2008 su jefe, Gustavo Sierra, quien trabajaba en la Subdirección de Análisis, le entregó un CD y le dijo que quienes hablaban en esa grabación eran magistrados y le dio palabras claves como "’reelección’ y ’extradición’ en información relacionada con el Presidente". Según Romero, Sierra le recomendó también que debía entregar el trabajo el lunes siguiente a primera hora, "debido a que se necesitaba para que la señora María del Pilar Hurtado, directora para la época, lo entregara al señor Presidente en una reunión previa a un consejo de seguridad".
La grave revelación de la Fiscalía dejaba en evidencia que fuera de ’chuzadas’, seguimientos y rastreo de bienes de forma ilegal contra miembros de la Corte, también se había llegado al extremo de infiltrar gente en las reuniones del alto tribunal. Como ha ocurrido desde que SEMANA destapó el escándalo, la primera reacción de sectores cercanos al gobierno fue la de tratar de desvirtuar el hecho. Algunos afirmaron que el testimonio de la detective no tenía valor ya que no había pruebas, pues el CD con las grabaciones de la sesión de los magistrados no existía y por lo tanto no había "prueba reina" de tal acto. El argumento era por lo menos ingenuo, pues es bien conocida la estrategia de miembros del DAS de destruir ese tipo de evidencia que los pueda incriminar. Lo que vino después de la revelación de la Fiscalía fue una cadena de especulaciones, con el fin de minar el caso de la infiltración. Se esparcieron rumores que afirmaban que los infiltrados eran las señoras de los tintos, los vigilantes etcétera. Todo con el objetivo de crear historias inverosímiles que le restaran credibilidad al tema de la infiltración. Sin embargo, la realidad no solo es que sí se penetró a la Corte, sino que el hecho fue mucho más ’hollywoodesco’ de lo que se conoce hasta ahora.

La Infiltrada
SEMANA supo de primera mano la identidad y la historia de la funcionaria del DAS que fue comisionada para espiar a los magistrados. Su segundo nombre es Luz, y esta revista se abstiene de revelar el resto de su identidad por razones de seguridad y para no entorpecer las investigaciones. Se trata de una curtida detective que llevaba un poco más de 10 años en el organismo de inteligencia y quien desde 2007 hasta hace un poco menos de dos meses fue la encargada de espiar para el DAS y el gobierno a la Corte Suprema de Justicia en su propia sede.
Con 1,70 metros de estatura, piel canela, ojos verdes, cabello castaño y un cuerpo llamativo, esta mujer que no llega a los 40 años, divorciada y con un pequeño hijo, siempre se ha caracterizado por ser amigable y muy "entradora", como la definen quienes la conocieron en la Corte y sus compañeros del DAS, quienes cariñosamente la llamaban ’la Gata’, por sus ojos verdes un poco rasgados.
Una de las últimas áreas en las que trabajó Luz fue en la Dirección de Protección del DAS, que es la dependencia encargada de prestar seguridad a personalidades y altos funcionarios del país. Para el año 2007, las investigaciones por parapolítica empezaron a generar enfrentamientos entre el Palacio de Nariño y la Corte. Conocer información de primera mano sobre lo que pasaba con los magistrados se había convertido en una prioridad para algunos miembros del gobierno y para el organismo de inteligencia de la presidencia, el DAS.
Unos grupos, siguiendo instrucciones, se dedicaron a ’chuzar’ y seguir a magistrados. Aunque esa estrategia permitía conocer algo de información para el gobierno, era indispensable saber qué discutían los magistrados en privado, algo a lo que no tenían acceso simplemente ’chuzando’ teléfonos. Era crucial tener a alguien adentro de la Corte. La elegida para esa misión fue Luz. Con el conocimiento de la dirección del DAS, la dirección de inteligencia y contrainteligencia, ella fue asignada a hacer parte de los esquemas de protección de miembros de la Corte.
Esto le permitiría no solo convertirse en la sombra de algunos de ellos sino tener acceso sin levantar sospechas a prácticamente cualquier lugar de las instalaciones de la Corte. Podía ver con quiénes se reunían, qué testigos iban, quiénes eran los investigadores de la Corte. Su personalidad le permitía entrar rápidamente en confianza con gente clave en el alto tribunal.
En lugares claves de la Corte se realizan inspecciones de rastreo para verificar que no haya micrófonos ocultos. Eso no fue un problema para Luz. Como se movía como ’Pedro por su casa’, registraba las reuniones que eran de interés en una grabadora que instalaba y retiraba sin dejar huella. Luz también lograba conseguir apartes claves de expedientes. Le entregaba esa información a Gustavo Sierra, funcionario de la dirección de análisis, quien a su vez se encargaba, según el material, de llevar los datos a sus jefes en el DAS o a miembros de la Casa de Nariño.
Luz estuvo en esas misiones hasta hace menos de dos meses. Durante los casi dos años en que estuvo infiltrada le tocó estar cerca de procesos que se adelantan en la Corte como parapolítica, yidispolitica, las ’chuzadas’, etcétera. El testimonio de la detective Romero, a quien le tocó desgrabar uno de esos CD, permitió descubrir la infiltración y encendió las alarmas en el DAS, ya que era obvio que se investigaría el caso.
Para tratar de lavarse las manos ante la inminencia del escándalo, la actual administración del DAS usó la facultad discrecional para sacar de la entidad a Luz, con el fin de poner distancia con el tema. Una jugada que de nada servirá. Entre otras razones porque el viernes de la semana pasada Gustavo Sierra, el hombre que recibía la información de Luz, decidió acogerse al principio de oportunidad y contará, entre otras cosas, a qué funcionarios les entregaba la información que recolectó la Mata Hari del DAS.

16 de mayo de 2010
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la reestructuración del das


El gobierno propone una cirugía general del DAS que contempla, en su reemplazo, una nueva agencia que se concentre en temas de inteligencia. Menos personal y funciones exclusivas de inteligencia son las propuestas del gobierno.
Colombia. Para el gobierno, las gravísimas irregularidades en las que se ha visto involucrado el DAS son una mera "sobrecarga de funciones" de ese organismo.
Las labores de Policía Judicial que venía desempeñando el DAS son, según el diagnóstico del Ejecutivo, el principal enfoque de la reestructuración del organismo de inteligencia. En esas funciones se han descubierto las principales irregularidades.
Por eso, las intenciones del gobierno de darle una nueva cara al DAS contemplan no sólo la creación de un nuevo organismo de inteligencia sino que este se concentre sólo en las funciones que, originalmente, tenía este Departamento desde que fue creado, hace casi 56 años.
Para que la ’cirugía’ al DAS sea una realidad el Ejecutivo se ha propuesto que antes del 20 de julio el Congreso haya aprobado una Ley que cambie estructuralmente las funciones del organismo.
Pero, ¿cuál es la ’cirugía’? El gobierno propone no sólo eliminar el DAS y darle paso a un nuevo departamento, sino que esta nueva entidad sólo se ocupe de las funciones propias de inteligencia y contrainteligencia, para prevenir y contrarrestar eventuales atentados a la seguridad nacional.
Las otras funciones, que hoy se alejan de este propósito y que son adelantadas por el DAS, tendrán nuevos dolientes, como la Policía, la Fiscalía y hasta el Ministerio del Interior.

Fin al DAS
El gobierno pretende darle sepultara al DAS y crear la Agencia Central de Inteligencia, ACI, la cual tendrá naturaleza de Departamento Administrativo, que orientará y coordinará las funciones a cargo de los organismos y entidades que conforman el Sector Administrativo de Inteligencia y seguridad de Estado.
Cinco serían las funciones de la ACI, que sólo se concentrarían en dos de las actuales funciones del DAS: la coordinación de la inteligencia y el control migratorio.
Según la propuesta del gobierno, éstas serían las cinco funciones de la nueva agencia de inteligencia:

1. La producción de la inteligencia civil estratégica y prospectiva del Estado, mediante la planeación, la recolección por medios abiertos, medios técnicos y fuentes humanas, el procesamiento, el análisis y la difusión de información para la toma decisiones.

2. La prevención, detección y/o neutralización de amenazas internas o externas que pongan en peligro las instituciones democráticas y la seguridad nacional.

3. El aseguramiento del control migratorio del Estado colombiano ejerciendo la autoridad de control del mismo, en desarrollo de la política fijada por el Gobierno Nacional.

4. La obtención de información oportuna y en tiempo real para la toma de decisiones estratégicas a través del intercambio y cooperación con otros organismos nacionales e internacionales que cumplan funciones de inteligencia y contrainteligencia de Estado o que cuenten con información de interés para la ACI.

5. El desarrollo de una cultura integral de inteligencia de Estado, de cooperación internacional y de respeto por los derechos humanos, por medio de la formación y especialización de los funcionarios y aspirantes de la ACI.

Traslado de Funciones
El gobierno considera que el DAS ha venido realizando diversas funciones, algunas de ellas complejas y opuestas a su misión central, como las relacionadas al ejercicio de funciones de Policía Judicial.
Por eso, considera que esas tareas deben ser excluidas de los objetivos futuros de la nueva entidad. Además de las funciones de Policía Judicial, actualmente el DAS también tiene asignadas las funciones de protección a personas, expedición del certificado judicial y enlace de Interpol.
Según el gobierno, todos estos roles son ajenos al oficio de un servicio de inteligencia civil especializado y no generan valor agregado a los procesos misionales.
Para ese efecto, la funciones de Policía Judicial sólo serán competencia de la Policía Nacional, a través de la Dijin y la Sijin, así como el CTI de la Fiscalía.
El certificado de antecedentes judiciales, que en la actualidad es expedido por el DAS, debe ser, según el proyecto, competencia de la rama judicial.
Mientras que el enlace con la Interpol también pasará a ser del resorte de la Policía, con el argumento que, excepto Colombia, todos los países -187 en total- que tienen acuerdos con la Interpol, tienen su enlace, precisamente, en la entidad policial.
Otra de las funciones que actualmente desempeña el DAS es la protección de personas. Para los ponentes del proyecto, esta función es una "inmensa carga".
El DAS colabora con el Programa de Protección de Derechos Humanos del Ministerio de Interior y de Justicia, el cual tiene por objeto apoyar al gobierno Nacional en la salvaguarda de la vida, integridad, libertad y seguridad de la población objeto que conforma dicho programa. En desarrollo de esto, el Departamento viene ejecutando labores de protección a personas que, por su condición o riesgo, han solicitado ser protegidos por el Estado colombiano.
Según el proyecto, la nueva Agencia Central de Inteligencia, no tendría estas funciones. Desaparecerían los agentes del DAS como miembros de esquemas de seguridad de personas protegidas. Será la Policía la que se encargue de esta función.

Reducción de Personal
Según el diagnóstico del gobierno, de los 6.500 funcionarios del DAS, el 17 por ciento tienen funciones de inteligencia, contrainteligencia y extranjería. Por eso, la planta de la nueva Agencia Central de Inteligencia se reduciría con el propósito de hacer más eficiente la entidad y ocupar a los servidores en las funciones que contempla este proyecto de ley.
Según los ponentes del proyecto, por cada funcionario dedicado a la labor de inteligencia hay seis que realizan labores diferentes. "Hay entonces, 1.052 funcionarios dedicados a Inteligencia y Contrainteligencia -labor propia de la naturaleza de la entidad- frente a 3.447 dedicados a Investigación criminal, protección y extranjería; esto, sin contar con los funcionarios de apoyo administrativo".
Este es uno de los aspectos más polémicos de la propuesta del gobierno, pues la liquidación del DAS significaría un impacto laboral pues más del 50 por ciento de los actuales servidores podrían quedar sin empleo.
Sin embargo, Felipe Muñoz, actual director del DAS, indicó que hay un convenio firmado con la Policía Nacional y la Fiscalía para que se homologuen cargos en esas entidades para quienes, eventualmente, dejen de pertenecer al DAS.
Muñoz también aclaró que el proyecto contempla incentivos para que varios funcionarios, cercanos a la edad de jubilación, pudieran llegar a un acuerdo para apartarse de la entidad.

¿Cortina de Humo?
El debate a este proyecto tiene múltiples críticas, especialmente en el Partido Liberal y el Polo Democrático, quienes radicaron ponencias que buscan el archivo de esta iniciativa de origen gubernamental.
Luis Fernando Velasco, senador del Partido Liberal, dijo que este proyecto "no es más que una cortina de humo" para distraer la atención del país sobre los resultados de los escándalos más recientes, "pretendiendo que sin existir responsables intelectuales de las interceptaciones ilegales, se termine con el DAS, creando con ello una opinión de toma de cartas en el asunto".
El senador afirmó que "el verdadero problema del DAS" no radica en la propia entidad, "sino en los hilos que detrás se mueven y que ordenaron los desmanes de las facultades de la entidad".
Pero más allá del tinte político, el principal argumento de la oposición al proyecto son los efectos laborales de la liquidación del DAS.
"Los empleados que serán desvinculados del DAS no tienen una propuesta estable que les asegure continuidad o estabilidad laboral". Según Velasco, la Policía y la Fiscalía "tendrán a su arbitrio recibir o no a los ex funcionarios del DAS", sin importar sus condiciones laborales y derechos adquiridos durante los años de servicio al Estado.
Esta posición es compartida por el senador Parmenio Cuéllar, del Polo, quien en el pliego de modificaciones al proyecto incluyó un parágrafo en el que contemple que la situación de los servidores del DAS no será desmejorada en ninguno de sus derechos.
Cuéllar es partidario de limitar las funciones del DAS, pero en ningún caso de eliminar la entidad.

Las Ponencias
El proyecto cuenta con la ponencia favorable que coordinó el representante Roy Barreras (la U), y que suscribieron senadores y representantes de los partidos Conservador, Cambio Radical, Convergencia Ciudadana y la U.
En esta ponencia, se propone bautizar a la nueva agencia de inteligencia con la sigla del Departamento Administrativo de Información de Inteligencia Nacional, DAIN.
También se debatirá una ponencia independiente del representante David Luna, quien modifica el proyecto original en los artículos que le dan competencia al gobierno para emitir decretos con fuerza de ley para establecer los mecanismos de empalme entre el DAS y la nueva entidad. David Luna propone que sea el propio Congreso quien tenga la competencia sobre el proceso de reestructuración.
Las otras ponencias son las de Parmenio Cuéllar, que propone no acabar con el DAS pero sí limitar sus funciones, y la de Luis Fernando Velasco quien propone archivar esta iniciativa del gobierno.
El Ministro del Interior, Fabio Valencia Cossio, y el director del DAS, Felipe Muñoz, tienen la misión de defender la llamada cirugía del DAS, y lo harán con el tiempo en contra. En mes y medio deberán sacar adelante ésta, una de las recientes misiones encomendadas por el presidente de la República.

16 de mayo de 2010
10 de mayo de 2010
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