Blogia
mQh

colombia

acusan a ex para de asesinato


De defensor de derechos humanos.
Colombia. Un fiscal de Derechos Humanos y DIH acusó a alias ‘Canoso’, ex paramilitar de la Sierra Nevada de Santa Marta, por el asesinato de José Carrascal Russo, gerente de la Cooperativa de Desplazados del Atlántico.
José del Carmen Gelvez Albarracín, alias ‘Canoso’, fue acusado como presunto responsable de los delitos de desaparición forzada agravada y homicidio agravado. Este procesado se acogió a sentencia anticipada por el delito de concierto para delinquir agravado.
El defensor de derechos humanos desapareció el 7 de marzo de 2003 en Santa Marta. Sus restos fueron encontrados el 26 de junio de 2006, a través de las confesiones que hicieron desmovilizados en Justicia y Paz.
En este proceso se han acogido a sentencia anticipada Miguel Alejandro Vásquez García, Elkin Pabón Polo, Wilmer Toro Vega y John Jairo Coronado Guerra.

12 de mayo de 2010
7 de mayo de 2010
©verdad abierta 
rss

recapturan al turco hilsaca


Agentes del CTI capturaron al empresario Alfonso Hilsaca Elejaude en Cartagena, luego de que la Fiscalía decidiera llamarlo a juicio por sus presuntos vínculos con ‘paras’.

Colombia. En segunda instancia, un fiscal delegado ante la Corte Suprema llamó a juicio a Hilsaca por el delito de concierto para delinquir con los ‘paras’ y por tanto ordenó que fuera recapturado por miembros del CTI.
El 11 de marzo, dicho fiscal cerró la investigación contra Hilsaca por sus presuntos nexos con el Bloque Héroes de los Montes de María de las Auc, al argumentar que había duda en los testimonios de desmovilizados que señalaban al empresario momposino.
En ese momento, la Fiscalía ordenó además su libertad luego de precluir la investigación por presuntos nexos con paramilitares del Frente Héroes de los Montes de María y por el que se encontraba detenido.  Hilsaca fue apresado en Cartagena el 15 julio del año pasado por su sus supuestos nexos con paramilitares de Bolívar. También es investigado por el asesinato de cuatro prostitutas en Cartagena. Hace unos meses logró que lo remitieran a un centro de salud por problemas de salud.

El Proceso contra Hilsaca
En varias versiones libres los postulados Uber Enrique Banquez Martínez, alias ‘Juancho Dique’, Alexis Mancilla García, alias ‘Zambrano’, y Eugenio Reyes Regino alias ‘Geño’ lo señalaron como presunto colaborador del Bloque Héroes de los Montes de María de las autodefensas.  Pero ‘Juancho Dique’ fue uno de los desmovilizados que se retractó de los señalamientos contra Hilsaca, mientras que alias ‘Geño’ se retractó pero luego volvió a confirmar sus acusaciones.
El proceso se remonta a abril de 2008, cuando, ante un fiscal de Justicia y Paz, el desmovilizado ex jefe del Bloque Héroes de los Montes de María, Uber Banquez Martínez, alias Juancho Dique, manifestó que el homicidio de cuatro prostitutas había sido ordenado por un empresario propietario de una discoteca en la Plaza de los Coches frente a la Torre del Reloj, que los miembros de la red urbana de sicarios de las Auc en Cartagena hablarían del caso, porque tenían la orden de contar la verdad.
Posteriormente comparecieron ante Justicia y Paz los miembros del frente Héroes de los Montes de María, Eugenio Reyes Regino, alias geño, exjefe del frente, y Emiro Correa Viveros, alias Convivir (Ver El ‘Turco’ contra la pared), quienes de manera clara señalaron a Hilsaca como autor intelectual del homicidio de las prostitutas y de un reciclador en el corregimiento de Pasacaballos, además del homicidio del abogado Alberto Yaguma por un lío de tierras en el año 2005, también en Cartagena.
Por el homicidio de las prostitutas se encuentran presos dos fiscales, José Alfredo Jaramillo Matiz, exfiscal 11 de Justicia y Paz, y Fabio Severiche, luego de que el primero de ellos se reuniera con el empresario cartagenero en mayo del año pasado en un restaurante de Barranquilla con el fin de llegar a un acuerdo para que Juancho Dique no se volviera a referir al caso de las cuatro mujeres asesinadas a cambio de quinientos millones de pesos. Hilsaca grabó la conversación y la entregó a la fiscalía. (Ver Exfiscal de justicia y paz irá a la cárcel por presunto intento de chantaje), el fiscal Jaramillo fue destituido inmediatamente.
Sin embargo, la investigación contra Hilsaca se enredaría luego de que el fiscal Jaramillo Matiz aceptó ante la sala penal de la Corte Suprema su responsabilidad en la extorsión al empresario y fue condenado a cinco años y ocho meses de cárcel. El otro fiscal capturado, Fabio Severiche, de la Unidad de Derechos Humanos de Cartagena, según se ha conocido en la investigación, presuntamente fue el puente entre Hilsaca y el fiscal Jaramillo. Severiche aun espera que la fiscalía le resuelva su situación jurídica.
La investigación por el presunto delito de concierto para delinquir por el cual fue detenido Hilsaca, se produjo después de que los miembros del frente del Canal del Dique, alias Convivir y alias Geño señalaron que su jefe, alias Juancho Dique, se reunió con Hilsaca en sus oficinas y en la base del frente en una finca a orillas del Canal del Dique y que, por el caso del homicidio de las cuatro mujeres, Hilsaca le pagó a otro desmovilizado de las Auc conocido con el alias de ’El Pollo’, en las propias oficinas de Construcciones Hilsaca, seis millones de pesos. Hilsaca ha negado que todo haya ocurrido.
Los desmovilizados también señalaron a Hilsaca de presentarle a ’Juancho Dique’en 2001 como nuevo comandante del frente a los alcaldes de los municipios de Arjona, Maríalabaja, Turbaco y Turbana, en una reunión en las oficinas del empresario en Cartagena. Pero Convivir y Geño fueron más lejos. Los ex paras sostuvieron que Hilsaca contribuía con las finanzas del frente e incluso narraron que, cuando necesitaban dinero, Hilsaca les daba una orden y ellos iban a unas oficinas, donde les entregaban el efectivo. El empresario también ha dicho que todo esto es una invención de los paramilitares.
Hilsaca siempre ha negado su relación con los grupos paramilitares y dice que se trata de una persecusión en su contra de parte de personas que no aceptan que sea un empresario exitoso.

¿Quién es Hilsaca?
El empresario Alfonso Hilsaca Eljadue es oriundo de Mompós, municipio ubicado en el centro del departamento de Bolívar a orillas del río Magdalena. Hilsaca comenzó su fortuna después de retirarse de Ecopetrol empresa con la que ingresó a trabajar en el campo de Cicuco. Hijo de inmigrantes árabes, se crió en medio de la tragedia y la ausencia paterna, pues su padre fue asesinado por la guerrilla. A comienzos de los años noventa se retiró de Ecopetrol y se fue a vivir a Magangué, puerto a orillas del Río Magdalena con una intensa actividad comercial por ser el centro de la depresión momposina y un municipio con comunicación terrestre y acuática con varios centros urbanos de los departamentos de Bolívar, Sucre, Magdalena, Cesar y Santander. En Magangué montó una discoteca y comenzó a apoyar candidatos a la alcaldía del municipio, quienes después le pagaban con jugosos contratos alcanzando a amasar una pequeña fortuna que le permitió, gracias a las relaciones que comenzó a establecer con los políticos bolivarenses, incursionar en contrataciones departamentales y regionales.
Hilsaca comenzó a ser notorio a mediados de los años noventa cuando se trasladó de Magangué a Cartagena al parecer por amenazas que le hizo la guerrilla, años en que se convirtió en contratista de Corelca y del Ministerio de Minas en un proyecto de la administración Samper, el Plan de Expansión Eléctrica de la Costa Caribe, Planiep, que le dejaría enormes utilidades.
Pero su presencia en la política bolivarense y cartagenera comenzó a tornarse incómoda, cuando se dijo que en la campaña para alcaldía y gobernación del año 2000, financió a varios candidatos, quienes habrían quedado comprometidos a pagarle con contratos. Pero el alcalde que más comprometió su administración con Hilsaca fue Alberto Barboza Senior, elegido para el periodo 2004 – 2005, compromisos que habrían quedado confirmados con la discusión que se dio para el otorgamiento de la licencia y la concesión del relleno sanitario de Cartagena otorgado a Construcciones Hilsaca. En la última década su firma ha participado en varias licitaciones y en financiación de campañas políticas a la gobernación de Bolívar, la alcaldía de Cartagena y de la gran mayoría de municipios de Bolívar.
A través de su empresa Construcciones Hilsaca, ha obtenido contratos de concesión para operar alumbrados públicos y acueductos de municipios como El Carmen de Bolívar, Mompós, Turbaco y Arjona. También participó en la construcción del Alcantarillado Sanitario de Bocagrande junto con otras empresas. Durante años, acosado por los medios y adversarios, ha manifestado que él creció con dificultades, que se ha envejecido prematuramente de tanto trabajar, que ha sufrido mucho él y su familia, pues ante tanto señalamiento no ha podido tener cuentas bancarias y a sus hijos los ha tenido que sacar de colegios para evitar el maltrato de los compañeros.
Alfonso Hilsaca es propietario de canteras, ganaderías, concesiones mineras, zonas de desarrollo industrial y decenas de propiedades urbanas en Cartagena, Mompós y Magangué. Hasta el día de hoy a la fiscalía habían llegado denuncias en su contra, pero sólo las revelaciones de los desmovilizados Uber Banquez Martínez, alias ‘Juancho Dique’, Emiro Correa Viveros, alias ‘Convivir’ y Eugenio Reyes Regino, alias ‘Geño’, miembros todos del Frente Héroes de los Montes de María, parecen haber dado la suficiente certeza al organismo judicial para expedir en su contra una orden de captura. En el día de hoy el empresario Alfonso Hilsaca ha estado rindiendo declaración ante la fiscal Tercera Especializada de Cartagena, acusado por los presuntos delitos de concierto para delinquir agravado, pues las declaraciones de los desmovilizados del grupo paramilitar lo relaciona como miembro de ese bloque paramilitar.

12 de mayo de 2010
10 de mayo de 2010
©verdad abierta 
rss

duque cerca de la exclusión


’Ernesto Báez’ muy cerca de ser excluido de Justicia y Paz. Un Fiscal pidió excluir a Iván Roberto Duque, alias ’Ernesto Báez’, del proceso porque no ha colaborado con la justicia colombiana ni ha aceptado crímenes como asesinatos.
Colombia. Durante una audiencia de formulación de cargos, la Fiscalía 14 de la Unidad de Justicia y Paz notificó al desmovilizado jefe político del Bloque Central Bolívar esta decisión.
La solicitud fue radicada ante la Sala de Conocimiento de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá, donde tres magistrados decidirán el futuro jurídico del ex paramilitar.
Báez no ha querido responsabilizarse de crímenes que le endilga la justicia como asesinatos y amenazas, entre otros, al asegurar que su papel en las Auc solo fue político.
Para la Fiscalía, el desmovilizado no ha contado las verdades que exige la ley de Justicia y Paz o no ha reconocido crímenes por los que ha sido procesado.

Continuidad de ‘Báez’
El pasado 3 de febrero, luego de condenar a siete años y medio de prisión al ex representante Dixon Ferney Tapasco por sus nexos con el Frente Cacique Pipintá de ’Ernesto Báez’, la Sala Penal de la Corte compulsó copias a la Unidad Nacional de Justicia y Paz para que estudiara la continuidad del ex paramilitar en el proceso de paz, ya que, al parecer, incumplió con pactos de la Ley de desmovilización.
En la sentencia a Tapasco por concierto para delinquir, el Alto Tribunal afirmó que "(...) Al margen de ello y como quiera que el concierto es una conducta bilateral en la que todos los que intervienen actúan por fuera de la ley, no se puede decir que la ilegalidad sea patrimonio exclusivo del doctor Tapasco Triviño, pues al haber actuado por fuera de los acuerdos con el gobierno y con el apoyo del Frente Cacique Pipintá, Iván Roberto Duque, alias ’Ernesto Báez’ incurre en desacato a los pactos que se refiere la ley de Justicia y Paz, razón que amerita que se expidan copias de lo pertinente en orden a que la jurisdicción correspondiente estudie la exclusión del proceso de justicia y paz del líder paramilitar".
En la fecha que se dieron los pactos entre ’Báez’ y los políticos de Caldas, el gobierno le expidió un salvoconducto que él utilizó para presionar o hacer pactos con políticos para sacar un provecho electoral y lograr la elección de sus socios políticos, como ya lo demostró la Corte Suprema con la condena a Tapasco.
Al parecer, antes del inicio de las campañas para el Congreso del 2006, la línea liberal de Dixon Ferney Tapasco iba a incumplir la división electoral que los paramilitares trazaron, haciendo proselitismo en Pácora, municipio del norte de Caldas, zona destinada a garantizar la elección de Emilio Enrique Ángel Barco. En ese momento, ’Báez’ utilizó el salvoconducto para hacer cumplir los pactos.
En la sentencia, la Corte sostiene que "(...) ’Báez’, quien amparado en el salvoconducto que le había entregado el Gobierno Nacional con ocasión del proceso de desmovilización de las autodefensas, y con el respaldo del Frente Cacique Pipintá, organización ilegal que no participaba del proceso de paz, impuso la disciplina a que invitaba la estrategia de sectorización electoral".

¿Quién Es ’Ernesto Báez’?
Iván Roberto Duque, conocido en los grupos paramilitares como ’Ernesto Báez’, nació en Aguadas, Caldas, el 9 de mayo de 1955. Estudió derecho en la Universidad de Caldas, donde fundó su primer grupo de derecha y se integró al Partido Liberal. Poco después, graduado con honores, empezó a ejercer políticamente, primero como alcalde de La Merced y luego como asesor de la Asociación Campesina de Ganaderos y Agricultores del Magdalena Medio, Acdegam. Fue ahí donde conoció fuertes simpatizantes de las autodefensas, como el fallecido Pablo Emilio Guarín, quien Duque considera como su mentor.
En 1989, algunos ex integrantes de la Acdegam crearon el Movimiento de Reconstrucción Nacional, Morena. Duque aceptó el cargo de concejal en Puerto Boyacá, desde donde dirigió enfrentamientos con la guerrilla y sindicalistas de la región. Más adelante, al acabarse Morena, fue secretario de gobierno de Boyacá y asesor del gobernador. Su puesto en la gobernación de Boyacá le duró hasta que fue encarcelado en la Modelo por cargos de homicidio múltiple, entre ellos el del concejal de Puerto Boyacá Jairo Hernández, ocurrido en 1991.
Al salir de la cárcel, se reunió con Carlos Castaño para gestar juntos el proyecto de las Autodefensas. Desde entonces, se dio a conocer como "Ernesto Báez de la Serna" líder del Bloque Central Bolívar, el cual llegó a contar con 5.500 hombres y 29 frentes en 10 departamentos; aún cuando él no acepte haber ejercido autoridad militar sobre ningún grupo paramilitar, solo colaboración política.
’Ernesto Báez’ se desmovilizó el 12 de diciembre de 2005, entregando 282 armas (268 largas, 14 de apoyo), 26.386 unidades de munición de diferente calibre, 63 granadas, 12 radios portátiles y 1 radio de base.
El 28 de noviembre de 2008 la Fiscalía de Justicia y Paz le imputó parcialmente varios crímenes por concierto para delinquir y homicidio agravado. Actualmente rinde versiones libres y se encuentra detenido en la cárcel de máxima seguridad de Itagüí.

12 de mayo de 2010
10 de mayo de 2010
©verdad abierta
rss

hh y el cura, condenados


Condenan a ’HH’ y ’El Cura’ por asesinato de dos personas en Cauca. Los dos paramilitares fueron condenados por el asesinato de dos personas en Santander de Quilichao.
Colombia. Los ex cabecillas del Bloque Calima de las autodefensas, Ever Velosa García y Elkin Casarrubia Posada, fueron condenados a 17 años de prisión por un juzgado especializado de Popayán por el delito de homicidio agravado.
En diligencia de sentencia anticipada ante un fiscal de Derechos Humanos y DIH, los dos ex jefes aceptaron su responsabilidad en las muertes de Arturo Alarcón Muñoz y Henry Samboní Silva.
El doble homicidio fue perpetrado por hombres de ese grupo armado ilegal, quienes el 19 de enero de 2001 llegaron en motocicletas hasta un establecimiento público de la vereda El Llanito, municipio de Santander de Quilachao (Cauca), donde dispararon en contra de esas dos personas.
Velosa García, extraditado a Estados Unidos, y Casarrubia Posada reconocieron ser coautores del hecho criminal por línea de mando.

11 de mayo de 2010
©verdad abierta
rss

capturan a ex alcalde de sahagún


Y a contratistas por nexos con Mancuso.
Colombia. La Fiscalía investiga a los funcionarios por presuntamente haber desviado dineros públicos que terminaron en manos del ex jefe paramilitar.
Agentes del Cuerpo Técnico de Investigación, Seccional Montería, capturaron a un ex alcalde y a cuatro ex contratistas de Córdoba, que están investigados por su presunta responsabilidad en delitos contra la administración pública y por supuestos nexos con las autodefensas.
De acuerdo con la investigación, entre 2001 y 2003 la Gobernación de Córdoba celebró contratos de capacitación por 100 millones de pesos, recursos provenientes del Plan de Atención Básica, PAB. La Fiscalía estableció que esos dineros terminaron en el manos del grupo encabezado por Salvatore Mancuso Gómez.
Los aprehendidos fueron identificados como: José Antonio Duque Nader, ex alcalde de Sahagún (Córdoba), y los ex contratistas Ingrid Beltrán Esquivia, Neyla de Jesús Enamorado Torregrosa, Vinicio Javier Bolaño Sánchez y Omar Antonio Morales Bautista.
Los procesados rendirán indagatoria ante un fiscal especializado por los delitos de concierto para delinquir y peculado por apropiación.

11 de mayo de 2010
©verdad abierta 
rss

persiste pobreza en colombia


Pese a los miles de millones de dólares de ayuda estadounidense, Colombia sigue luchando por reducir la pobreza.
[Juan Forero] Algarrobo, Colombia. Ocho años después de que el presidente Álvaro Uribe asumiera la presidencia y empezara a recibir miles de millones de dólares en ayuda estadounidense para destruir a las guerrillas marxistas, Colombia es hoy un país más seguro para sus 45 millones de habitantes y los inversores extranjeros que han llegado acá.
Pero tercos altos niveles de pobreza muestran una dura realidad: pese a la mayor seguridad y fuerte crecimiento económico, Colombia no ha sido capaz de aliviar de modo significativo la miseria que contribuye al conflicto que se arrastra desde hace 45 años y el tráfico de drogas que está detrás.
Lo que aquí los cientistas sociales califican como resultados mediocres en la lucha contra la pobreza se ha convertido en un tema de campaña para las elecciones de mayo, en las que los votantes colombianos elegirán a un presidente que suceda a Uribe, el más estrecho aliado de Washington en el continente. A menos que se pueda reducir firmemente la tasa de pobreza del 43 por ciento, expertos en el conflicto dicen que Colombia podría incluso empeorar, pese a la continuada ayuda militar estadounidense.
"No solamente hay pobreza significante, sino además parte de la pobreza es la más extrema imaginable", dijo el representante Jim McGovern (demócrata de Massachusetts), que desde 2001 ha viajado extensamente por Colombia. "La pobreza realmente está en la raíz de gran parte de los conflictos que ocurren".
Esa pobreza, y la gran brecha en Colombia entre ricos y pobres, es particularmente evidente en ciudades a lo largo de la costa Caribe, como esta comunidad de caminos de tierra y granjas olvidadas. Aquí en Algarrobo (población, doce mil habitantes), una adinerada e influyente familia, los Dávila, recibieron un millón de dólares en subsidios como parte de un programa del ministerio de Agricultura que prestó decenas de millones de dólares a campesinos ricos en todo el país. Aquí los críticos dicen que hace una diferencia que los Dávila posean una de las plantaciones de palma más productivas y rentables en kilómetros a la redonda.
Los campesinos de subsistencia en el campo circundante, entretanto, siguen siendo desesperadamente pobres, entre los millones de colombianos del campo dejados atrás mientras América Latina se ha hecho más rica con el auge de las materias primas en la última década. Esos campesinos, arañando una vida al norte de la sabana que encendió la imaginación del autor ganador del premio Nobel, Gabriel García Márquez, dijeron que ellos no han recibido nada del estado.
"Al contrario, me cobraron impuestos", dijo Beatriz Mesa, 44, que hace poco abandonó la agricultura.
Las revelaciones sobre los subsidios a los Dávila y otras familias, dadas a conocer por primera vez en octubre por la revista Cambio, han provocado un debate a veces agrio sobre si el gobierno de Uribe ha gobernado para los ricos o para los pobres. Fiscales federales están investigando si los hacendados ricos han cometido fraude con el programa de subsidios.
Para sus partidarios en Washington, e inversores en todo el mundo, el gobierno colombiano basa su éxito en los golpes que propina al movimiento guerrillero que parecía antes invencible, en una campaña realizada con 7.3 billones de dólares de ayuda estadounidense desde 2000. Desde entonces la economía ha florecido, y ha duplicado su producción desde 2002, cuando Uribe asumió la presidencia. La inversión extranjera en Colombia es la cuarta más alta en América Latina.
La otra Colombia es la de una creciente desigualdad, el único país en América Latina en el que la brecha entre ricos y pobres ha crecido en los últimos años, de acuerdo a un informe de la Comisión Económica para América Latina de Naciones Unidas (CEPAL). El porcentaje de colombianos que viven en situación de indigencia también subió, de 20.2 por ciento en 2007, a casi 23 por ciento en 2008, prácticamente doblando el promedio de la región.
El conflicto con la guerrilla, entretanto, ha desplazado a cinco millones de personas en los últimos veinticinco años y ha ayudado a provocar que más del sesenta por ciento de los colombianos rurales sigan siendo pobres, de acuerdo a Ricardo Bonilla, experto en pobreza de la Universidad Nacional de Bogotá.
El número de colombianos viviendo en la pobreza bajó de 51 por ciento en 2002 a casi 43 por ciento en 2008, de acuerdo a la CEPAL, pero el contraste con los grandes vecinos latinoamericanos es fuerte. En Brasil, desde 2003 más de 32 millones de personas se han incorporado a la clase media, y en Perú la pobreza cayó del 55 por ciento en 2002 y 36.2 por ciento seis años después.
El gobierno colombiano dice que bajo Uribe el gasto social per cápita se ha duplicado, millones de niños más asisten a escuelas públicas, y el programa de transferencia directa de dinero pasó de cubrir a 220 mil familias a casi tres millones.
"Ahora llegamos a millones de personas que están en una red de protección social bien estructurada y mantenida", dijo Diego Molano, alto funcionario de gobierno para la lucha contra la pobreza.
Marcelo Giugale, director para la reducción de la pobreza en América Latina del Banco Mundial, está de acuerdo, agregando que reducir la pobreza en más de un uno por ciento por año, como ha hecho Colombia, "es respetable".
Pero incluso funcionarios de gobierno reconocen que la pobreza sigue siendo generalizada en el campo. Los peones indigentes son relegados a los suelos más pobres y no poseen títulos sobre las tierras que trabajan, mientras que un territorio del tamaño de Virginia está en manos de narcotraficantes y políticos corruptos, dice Alejandro Reyes, experto en tierra y autor del reciente libro ‘Guerreros y campesinso: el despojo de la tierra en Colombia’.
Reyes dice que el gobierno de Uribe otorga prioridad a canalizar la ayuda a través de los grandes hacendados porque el gobierno cree que son los más indicados para reactivar la economía rural. "El gobierno piensa que los campesinos son malos productores, que no saben ahorrar, no saben cómo utilizar las tecnología", dice Reyes.
Esa filosofía fue cristalizada a través del programa de ingreso agrícola garantizado, que proporciona la mayor parte del fondo de 250 millones de dólares anuales para el azúcar, el aceite de palma y otros importantes sectores agrícolas.
En este estado desesperadamente pobre de Magdalena, cuatro familias recibieron la mayor parte de los diez millones de dólares otorgados en 2007y 2008, según archivos. Entre los beneficiados se encuentran varias ramas de la políticamente influyente familia Vives, que recibió 6.5 millones de dólares.
Alfonso Vives Caballero, cuya hacienda recibió cerca de doscientos mil dólares y es uno de los que está siendo investigado, dijo en una entrevista que había respetado las reglas al solicitar el subsidio y que no hubo un acuerdo previo con el gobierno. En una visita a su plantación de palma de 202 hectáreas, un capataz mostró cómo se usaba el dinero para instalar un sistema de riego moderno.
Aquí en Algarrobo, Juan Manuel Dávila fue uno de los grandes beneficiarios. Los investigadores están tratando de determinar si evadió los límites sobre la suma que puede recibir tras distribuir entre miembros de su familia las 1450 hectáreas de su propiedad y una modelo colombiana que sale con su hijo.
Los campesinos pobres que viven aquí, sin embargo, no resienten la ayuda. Simplemente preguntaron por qué el estado no les otorgó subsidios a ellos.
"Los pequeños campesinos también necesitan ayuda", dijo Elimeleth Rodriguez, miembro de una familia de agricultores.

10 de mayo de 2010
19 de abril de 2010
©washington post
cc traducción mQh
rss

los asesinatos en el palacio de justicia


El general Arias Cabrales dice que no tuvo responsabilidad directa sobre los liberados. El general que comandó la retoma del Palacio de Justicia sugirió que si hubo desapariciones los responsables habría que buscarlos en Edilberto Sánchez Rubiano y Alfonso Plazas Vega, que tuvieron jurisdicción sobre los rehenes liberados.
Colombia. El general Jesús Armando Arias Cabrales se defendió de la acusación que la Fiscalía hizo en su contra y advirtió que no tuvo competencia directa sobre los liberados en la retoma del Palacio de Justicia.
Jesús Armando Arias Cabrales debía romper su silencio y defenderse de las acusaciones de la Fiscalía que lo señaló como coautor de la desaparición de once rehenes durante la retoma del Palacio de Justicia.
En el juicio, no se oyó la voz del general. Se excusó de hacerlo por problemas de salud. Pero a través de un vocero señaló los principales argumentos por los cuales se declaraba inocente de los cargos que le sindican.
En su defensa, Arias Cabrales rechazó el argumento de que, por ser el comandante de la Decimotercera Brigada del Ejército, en la época de los hechos (6 y 7 de noviembre de 1985), era responsable directo de los rehenes que eran recatados del Palacio de Justicia, tras la toma armada del M-19.
Y admitió que pudo haber procedimientos irregulares al reconocer que la Fiscalía ha demostrado que sí hubo personas desparecidas, pero aseguró que los responsables deben ser quienes sí tuvieron control directo del procedimiento adelantado con los civiles rescatados.
En ese sentido, el vocero que tenía el poder de la voz de Arias Cabrales señaló que los responsables deberían ser el comandante del B2 del Ejército, el coronel Edilberto Sánchez Rubiano, quien comandaba los procedimientos desplegados en la Casa del Florero y quien comandaba la Escuela de Caballería, y el coronel Alfonso Plazas Vega, si se admite la tesis de la Fiscalía de que a ese lugar fueron conducidos civiles y que podrían haber sido objeto de "vejámenes".
"Las responsabilidades tienen que ser individuales -dijo el vocero de Arias-. El general sabía que había rehenes rescatados, que eran conducidos a la Casa del Florero, pero no podía saber qué hacían sus subalternos y si ellos perseguían otros fines criminales".
Respecto de Sánchez Rubiano, y en general de quienes eran sus subalternos, el vocero de Arias Cabrales señaló que en operaciones para el reestablecimiento del orden público, como enmarcó el operativo de recuperación del Palacio de Justicia, cada unidad táctica sabía de antemano las funciones que debía desplegar.
Y además, señaló que la única instrucción que impartió de forma directa al entonces comandante del B2 del Ejército, fue sugerir la Casa del Florero como su centro operativo para reseñar los antecedentes de quienes eran rescatados.
"Si hubo procedimientos irregulares, torturas, como lo señaló un testigo de la Fiscalía, en la Escuela de Caballería, esa responsabilidad era exclusiva del resorte del comandante de esa unidad, entonces el comandante debía reportarle al general Arias Cabrales, pero ese reporte no existe".
Con esa intervención, el vocero de Arias señaló que la responsabilidad de determinados procedimientos con civiles eran competencia del coronel Plazas Vega. "El general no tuvo nada que ver, se presentaron desafueros en instancias inferiores, en otras unidades adscritas a la Decimotercera Brigada, pero por estar en la cúspide de una pirámide de mando, responder por lo que hicieron los demás, eso no se puede aceptar".

El Análisis de las Comunicaciones
El vocero de Arias cuestionó la tesis de la Fiscalía en la que acogió como pruebas unas comunicaciones radiotelefónicas entre los militares que comandaron el operativo. Primero señaló que esas comunicaciones fueron "viles interceptaciones ilegales". Segundo, que el lenguaje cifrado no corresponde con el sentido atribuido por la Fiscalía.
Al hacer referencia a la frase "si aparece la manga que no aparezca el chaleco", el vocero del general en retiro advirtió que esa interpretación es simple y que se le dio el sentido de ser una orden para desaparecer personas, lo cual rechazó.

La Cadena de Mando
El otro argumento controvertido por Arias Cabrales fue la sindicación de la responsabilidad de los rehenes por el solo establecimiento de una cadena de mando entre los comandantes de las unidades.
Arias Cabrales recordó que por conducto regular, por escala jerárquica, su inmediato subalterno, el fallecido coronel Luis Carlos Sadovnick, entonces jefe del Estado mayor y subcomandante de la Decimotercera Brigada, fue absuelto por la Fiscalía pese a que en las comunicaciones era este oficial quien impartía las órdenes por los radioteléfonos.
Y que en la investigación en contra del general Rafael Samudio Molina, para la época Ministro de Defensa e inmediato superior de Arias Cabrales, este fue absuelto por la Fiscalía, cuando, según el vocero de Arias Cabrales, el oficial conocía las órdenes impartidas y, según las comunicaciones, hay "expresiones más comprometedoras".
Con esa teoría, Arias Cabrales pretende que la juez desvirtúe el señalamiento de que, por haber sido el comandante de la Brigada encargada de la retoma, responda por las responsabilidades individuales.

La Responsabilidad del Testigo Estrella
El general en retiro, a través de su vocero, también cuestionó al testigo estrella de la Fiscalía, el suboficial Édgar Villamizar, quien reveló las torturas de las que fueron objeto cinco rehenes del Palacio, en la Escuela de Caballería.
"Si este oficial, describió las torturas a civiles en la Escuela de Caballería e incluso señala que dos personas fueron asesinadas, quiere decir que ayudó a encubrir un delito y debe ser investigado por esa complicidad", dijo el vocero de Arias Cabrales.
Esta fue la primera vez que el oficial de mayor rango, investigado por los hechos del Palacio de Justicia, defendía su inocencia. Sus argumentos serán analizados por la juez 51 penal de Bogotá, quien recibió la petición de la Fiscalía y la parte civil de condenar al oficial a la máxima pena y la petición de la Procuraduría de absolverlo.

10 de mayo de 2010
6 de mayo de 2010
©semana
rss

los desaparecidos en colombia


Los desaparecidos: un contador sin fin. En los últimos años un sistema unifica los casos de personas que salieron de sus casas y no volvieron, por diversas razones; pero los familiares de quienes, se presume, fueron desaparecidos a la fuerza se quejan de que les exijan registrar "presunta muerte" para acceder a ayuda humanitaria.
Colombia.A lo largo de los últimos años, el contador de las personas desaparecidas ha venido sumando y sumando casos.
En 2007 fueron reportadas a Medicina Legal 4.323 personas que salieron de sus casas, nunca volvieron y no se sabe dónde están. En 2008, ingresaron 15.696 al sistema y en 2009 fueron 18.236, según el informe Forensis del año pasado.
Las cifras se incrementaron cuando el Cuerpo Técnico de Investigación, la Unidad de Justicia y Paz de la Fiscalía y la Comisión de Búsqueda de Personas Desaparecidas empezaron a incluir los casos que tenían en la plataforma central que maneja Medicina Legal.
"Es importante aclarar que las fechas de desaparición de los casos ingresados en el Registro Nacional de Desaparecidos no ha sido limitada, por lo cual existen registros de desaparición desde principios del siglo XX, incluyendo los reportes realizados ante el Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre Desapariciones Forzadas e Involuntarias, asociados a las décadas de los 70, 80 y 90", explica el Forensis.
Del total de registros que se hicieron en los últimos tres años, 7.065 se consideran, por ahora, desapariciones forzosas. Es decir, estas personas se encuentran en un lugar desconocido porque, posiblemente, alguien los llevó contra su voluntad.
El resto de casos registrados por Medicina Legal se presume que obedecen a gentes que por crisis familiares, económicas o sociales decidieron salir de sus casas y no volver nunca.

Jóvenes Desaparecidos y Mujeres Solas
Del informe Forensis llama la atención que la mitad de todos los desaparecidos registrados se encuentran entre los 20 y 40 años de edad. Y de cada 100 desaparecidos, 78 son hombres.
Es decir, la mayor cantidad de víctimas de la desaparición son hombres en plena edad productiva. En consecuencia, a las mujeres les toca "asumir roles de liderazgo en ámbitos familiares, laborales y sociales, ante la ausencia de la imagen masculina", según escribió la sicóloga Diana Ramírez en un artículo publicado en el informe de Medicina Legal.
Y son mujeres las que con insistencia han liderado largas batallas jurídicas para que se reconozca su condición de víctimas y se creen mecanismos que les ayuden a encontrar a sus parientes perdidos.
Por fin, lograron que el Congreso aprobara la Ley 589 de 2000, en la que se tipifica el delito de desaparición forzada, después de 13 años de impulsar proyectos.
La batalla más reciente la iniciaron el pasado 22 de abril la Fundación Nydia Erika Bautista para los derechos Humanos y el Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad (Dejusticia).
Ahora, lo que buscan es que las víctimas de desaparición forzada sean tenidas en cuenta como víctimas de la violencia política y reciban los mismos beneficios que las víctimas de masacres, homicidios y secuestros que cometen actores del conflicto.
La argumentación de los abogados que interpusieron la demanda es que la Ley 418 de 1997, que tipifica cuáles son las víctimas del conflicto armado colombiano, no hizo referencia específica a los desaparecidos. Buscan que se corrija esa norma y se incluyan puntualmente a estas víctimas también.
En el artículo 15 de esta ley, dice que "se entiende por víctimas, aquellas personas de la población civil que sufren perjuicios en su vida, grave deterioro en su integridad personal y/o bienes, por razón de actos que se susciten en el marco del conflicto armado interno, tales como atentados terroristas, combates, ataques y masacres entre otros".
Como se ve, la norma no menciona la desaparición forzada. "De tal modo que las personas que han sufrido perjuicios como consecuencia de esta conducta únicamente podrían ser consideradas como víctimas de la violencia política en el evento de que la desaparición se produzca en alguno de los cinco eventos especificados en la norma", alega el texto de la demanda.
Es cierto que durante masacres, atentados o combates puedan presentarse desapariciones. Pero no son los únicos eventos en los que ocurren. "La desaparición forzada es una conducta autónoma que ha sido recurrente en el marco del conflicto armado y que como tal es también fuente autónoma de perjuicios. Por tales razones la norma efectivamente excluye a las víctimas de desaparición forzada", argumentan los abogados.
El artículo 49 de esa misma ley dice quiénes serán los beneficiarios de las ayudas que ofrece el Estado para las víctimas del conflicto. Puntualmente, se refiere a "quienes sufran perjuicios por causa de homicidios u otros atentados o agresiones contra la vida, la integridad física, la seguridad o la libertad personales, cometidos por móviles ideológicos o políticos, o sean objetos de amenazas referentes a la comisión de atentados o agresiones de esta naturaleza".
En este caso, puede interpretarse que una persona desaparecida es víctima de un atentado contra la libertad personal. Pero en el texto de la demanda se alega que la mención específica de los desaparecidos "era el único modo de garantizar la efectiva inclusión de las víctimas de esta conducta".

Darlos por Muertos
Como consecuencia de esta omisión, a los parientes de las personas desaparecidas deben hacer más trámites que una víctima cualquiera para acceder a los auxilios.
Sus casos son tomados como muertes. Esto quiere decir que deben aportar los registros civiles de defunción por muerte presunta para recibir la ayuda humanitaria.
Se trata de algo "desproporcionado, puesto que la lucha de los familiares ha sido en gran medida un esfuerzo por encontrar a sus familiares vivos. Esa exigencia de la declaración de muerte presunta implica obligar a los familiares a abandonar dicha esperanza de lucha", según argumentan los abogados que redactaron la demanda.
La sicóloga Ramírez dijo que "la desaparición forzada es uno de los delitos que afecta en mayor medida los derechos fundamentales de las víctimas, en especial los familiares, quienes ante la incertidumbre del destino de la persona o sus restos, afrontan situaciones sociales, psicológicas y familiares, que no les permiten elaborar un duelo que, suspendido, se convierte en parte del proyecto de vida y motivación para una búsqueda indefinida de verdad y justicia".
Por eso, los abogados insisten en que los familiares de estas víctimas no tienen por qué declarar la muerte de sus parientes desaparecidos. "Tienen derecho a acceder a todas las medidas de atención humanitaria previstas en la Ley 418 de 1997 y en las normas que la desarrollan, sin necesidad de adelantar procesos de declaración por muerte presunta".

10 de mayo de 2010
6 de mayo de 2010
©semana 
rss