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paras usaron hornos crematorios


Los ’paras’ también tenían crematorios en Antioquia. Por primera vez, un ex paramilitar se refiere al uso de este mecanismo de desaparición forzada en el Valle de Aburrá. La Fiscalía investiga con base en su testimonio y se espera que otros ex combatientes aporten más información.
Colombia. La orden impartida a finales de la década del noventa por los comandantes de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) de desaparecer a sus enemigos "de cualquier manera", para no dejar rastros y evitar que las cifras de homicidios crecieran de manera desproporcionada en las zonas urbanas, tuvo en Medellín y el área metropolitana una de las expresiones más crueles de la guerra paramilitar: la utilización de hornos crematorios.
De este macabro mecanismo se han tenido referencias de su existencia en Norte de Santander. Paramilitares de las Auc que operaron en esa región del país, entre ellos Iván Laverde Zapata, alias ‘el iguano’, han confesado ante fiscales de la Unidad Nacional de Justicia y Paz que en áreas rurales del corregimiento Juan Frío, de Villa del Rosario, y Puerto Santander, se construyeron hornos crematorios para incinerar a sus víctimas.
En Medellín el tema de los hornos crematorios de las Auc no pasaba de ser un rumor desde hace varios años. En el mundo de la criminalidad se decía con insistencia que los paramilitares se llevaban a la gente y "la quemaban" para desaparecerla, pero nadie ofrecía información precisa que permitiera afirmar o desmentir el asunto.
No obstante, la realidad le viene ganando terreno al rumor gracias al empeño de varios investigadores judiciales adscritos a Justicia y Paz que rastrean el tema desde hace varios meses. Hoy ya tienen datos concretos, aunque parciales, que los están llevando a constatar que sí se dio esa práctica de desaparición forzada, pero, como ellos mismos admiten, aún falta más información.
Los datos iniciales que develan esa realidad los viene aportando desde hace varios meses un ex paramilitar que decidió colaborar con la justicia. Verdadabierta.com tuvo acceso a varios apartes de los testimonios entregados a los funcionarios judiciales, a través de los cuales es posible dimensionar la extrema crueldad a la que llegaron los grupos armados ilegales de extrema derecha en Medellín, varios municipios del área metropolitana y en el Oriente antioqueño.
Verdadabierta.com reserva la identidad del ex paramilitar que ha venido aportando su testimonio para contribuir a la verdad de lo ocurrido en la capital antioqueña y municipios vecinos durante la etapa de penetración y consolidación de los bloques paramilitares de las Auc.
"Hay muchos muertos que no se han encontrado porque aquí en Medellín, a las afueras, a una hora, se encontraban unos hornos crematorios. Hubo mucha gente quemada. Yo presencié esos hechos", le confesó el ex paramilitar a los investigadores.
Según su narración, entre los años 1995 y 1997, los paramilitares retenían a sus víctimas, las mataban y muchas de ellas fueron arrojadas al río Cauca, por los lados del suroeste antioqueño. "Los cuerpos se abrían, se les echaban piedras y se arrojaban al río. Botando muertos muchos de las Auc cayeron presos".
A ese problema se le sumó el incremento del índice de homicidios en buena parte de los municipios del Valle de Aburrá y en otros más donde los paramilitares estaban entrando a combatir con la subversión. Del Estado Mayor de las Auc, liderado para esos años por Carlos Castaño Gil, vino la orden de desaparecer a las víctimas. Fue así como surgió la idea de construir un horno crematorio: "La idea del horno la dio ‘Doblecero’ y la materializó Daniel Mejía".
Para esos años, Mauricio García, alias ‘Doblecero’, era el comandante del Bloque Metro y Daniel Alberto Mejía Ángel, alias ‘Danielito’, se había integrado al bloque Cacique Nutibara, facción de las Auc que estuvieron bajo el mando de Diego Fernando Murillo Bejarano, alias ‘don Berna’.
"De la construcción se encargó Daniel Mejía, era de las Auc y de la Oficina de Envigado", dijo el ex paramilitar. "Yo escuché que el horno costaba entre doscientos y quinientos ‘palos’ (millones de pesos) y lo estrenaron con un tipo de nombre Alberto, de la Oficina de Envigado. Lo echaron vivo ahí porque se había robado una plata. El horno lo manejaba un señor que le decían ‘Funeraria’, creo que se llama Ricardo; dos señores le hacían mantenimiento a las parrillas y a las chimeneas, porque se tapaban con grasa humana".
Sobre su ubicación, el paramilitar señaló que estaba en una finca del municipio de Caldas, sur del Valle de Aburrá. "Hay que pasar el casco urbano. Se sale de Caldas por ahí media hora en vehículo. Está ubicado en una finca muy grande. La entrada, para esa época, era una puerta blanca".
Ya dentro de la propiedad, el ex paramilitar describió con detalles el inmueble: "la primera casa en obra negra y enseguida de la casa había como una especie de depósito, y más atrás, como a 70 u 80 metros, funcionaba supuestamente una ladrillera. Se veían dos chimeneas en el techo. En la entrada había un primer piso con antejardín bien decorado y de ahí a mano derecha se bajaba por unas escalas como de cinco metros, cuando se llegaba al final se observaba un horno grande de panadería industrial".
Sobre el horno como tal detalló lo siguiente: "la puerta era hermética, de palanca, se cerraba y quedaba incrustada en un marco de pared, tenía vidrios muy gruesos, como blindados. En la parte de afuera contaba con tres botones, un botón rojo para prender y los otros dos para graduar la temperatura. Por dentro, el horno era metálico y tenía como una especie de mesón firme, tenía resistencias, unas abajo del mesón, como una especie de parrillas. A los lados del mesón también había resistencias. Al fondo de la pieza quedaban dos ventiladores. Nos decían que ahí no podíamos fumar. Olía como a chicharrón quemado. En el horno solo cabía una persona. Los cuerpos eran enganchados al mesón. Cuando subían la temperatura los cuerpos se levantaban. Mucha gente se moría antes de entrar al horno".
Según sus cálculos, en la semana eran conducidas allí entre 10 y 20 personas. Y se tenía un procedimiento para ello: "cuando nosotros llegábamos con las personas, vivas o muertas, tocábamos y nos decían ‘esos insumos llévelos para el fondo’. Llegábamos hasta adentro, los llevábamos en bolsas para que no botaran sangre. Los desangrábamos. Nos preguntaban ‘¿quién manda eso?’. Alías ‘J’ y Daniel mandaban mucho. Llevaban una carpeta donde anotaban todo. El que anotaba era un señor como de 45 años, bajito, cejón. Nosotros entrábamos y teníamos que esperar las cenizas. El procedimiento duraba como 20 minutos, pero cuando estaba encendido eran como cinco minutos. Luego se las mostrábamos a ‘J’ o a Daniel, y luego las botábamos al río o a donde ellos dijeran".
Ante los investigadores judiciales no negó su participación en la comisión de varios crímenes bajo esa modalidad. "A unos los llevé muertos y a otros los llevé vivos. Llevé más de cincuenta muertos y vivos más de quince".
Entre las víctimas que recuerda se encuentran dos hermanos de apellido Vanegas, ganaderos de profesión, quienes fueron retenidos en el sector de Belén, suroccidente de Medellín, por orden de Daniel Mejía. Según los paramilitares, los hombres fueron asesinados porque financiaban un frente de la guerrilla de las Farc. Con su muerte en el horno crematorio, se puso a funcionar para toda clase de personas, pues según el relato del ex paramilitar, hasta ese momento era usado para "personalidades solamente".
Otra de las personas que recuerda que fue incinerado allí fue el narcotraficante Julio César Correa Valdés, conocido en el mundo de la mafia como Julio Fierro y esposo de la modelo Natalia Paris. Su deceso se produjo, según el testimonio de este ex paramilitar, a finales de agosto de 2001. Según relatos periodísticos de ese año, este narcotraficante venía adelantando conversaciones con la DEA para someterse a la justicia de Estados Unidos y colaborar como informante para obtener beneficios jurídicos.
"De ello se enteraron en Antioquia, entonces se reunieron Salvatore Mancuso, Carlos Castaño y Daniel Mejía. Castaño ordenó que cogieran a Julio Fierro. A él lo retuvieron en el municipio de Guarne varios hombres de Daniel. La orden era que no lo mataran. De Guarne lo llevaron en helicóptero hasta Córdoba, donde Carlos Castaño. Le querían quitar unas propiedades. Natalia Paris viajó también hasta allá porque le iban a quitar unas propiedades que estaban a nombre de ella. A Julio lo regresaron a Medellín en helicóptero, para hacerle la extinción de dominio, luego lo mataron y el cuerpo lo llevaron al horno".
Lo más paradójico de lo narrado por este ex paramilitar es que ofrece una versión que podría aclarar lo ocurrido con alias ‘Danielito’, desaparecido desde el 25 de noviembre de 2006, dos semanas después de abandonar el centro de reclusión de La Ceja, Antioquia, donde permanecían recluidos los jefes de las Auc. De allí salió porque contra él no pesaba orden de captura de alguna.
"Él fue víctima de su propio invento", dijo el ex paramilitar entrevistado por los funcionarios judiciales. "A Daniel lo desaparecieron junto con diez de sus escoltas en ese horno". Una noche me llamó un amigo y me dijo ‘se tragaron a Daniel, el patrón’, y nunca más supe de él. Tampoco sé que pasó después con ese horno".
Investigadores sociales de la Universidad de Antioquia que trabajan sobre este tipo de fenómenos criminales y que solicitaron la reserva de la fuente, indicaron que la existencia de hornos crematorios en Norte de Santander y en Antioquia evidencia que se trata de una manera de "industrializar la criminalidad". Había una orden superior de "desaparecer las víctimas a toda costa" y en ese sentido es que aparecen los desmembramientos, las fosas, los ríos y los hornos como técnicas eficaces de acabar con el llamado "enemigo".
Lo que revela este tipo de criminalidad, agregan los investigadores sociales, es su carácter sistemático y selectivo, "lo que quiere decir que toda esa criminalidad fue planificada, tanto que no se puede perder de vista que los paramilitares tuvieron escuelas en donde preparaban a los combatientes en diversas actividades. Allí los convertían en máquinas de guerra" a través de una división interna del trabajo, especificada por técnicas criminales.
La Fiscalía espera que otros ex paramilitares, ya sea que estén postulados a los beneficios de Justicia y Paz, privados de la libertad por crímenes juzgados por la justicia ordinaria o libres, sin requerimientos de la justicia, contribuyan a precisar aún más los detalles sobre este tipo de desaparición forzada, con el fin no solo de establecer la ubicación exacta del horno crematorio, sino de identificar a las víctimas que fueron conducidas a esa macabra máquina de la muerte.

10 de mayo de 2010
9 de mayo de 2010
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los falsos positivos de don mario


Los hombres de ’Don Mario’ cuentan cómo se hicieron falsos positivos en el Meta. Según ex paramilitares, entre 2002 y 2004, unos 200 hombres del Ejército en el Meta estuvieron involucrados en el asesinato de personas que luego eran presentadas como guerrilleros y ’paras’ muertos en combates. Por cada guerrillero muerto, el estado paga 1.500 dólares.
Colombia. A lo largo de tres días de versiones libres ante la Unidad de Justicia y Paz, los hombres de Daniel Rendón Herrera alias ’Don Mario’ confesaron sobre presuntos acuerdos entre las autodefensas en Meta con algunos oficiales del Batallón XXI Vargas, con sede en Granada, para asesinar personas, bien sea civiles inocentes o en otros casos a sus propios hombres, que después eran presentados por este destacamento militar como resultados de combates.
En estos casos, según el paramilitar alias ‘Chatarro’, ex jefe del Frente Hernán Troncoso, estarían involucrados por lo menos unos 200 militares. Entre los oficiales que han sido nombrados en las versiones libres están el coronel Cabuya de León, el mayor Ricardo Efraín Arcos Rosero, el capitán Tamayo, el capitán Peña, el capitán Ricardo Rivera Sánchez y los tenientes Bastidas, ‘Chupo’ y Torres del batallón XXI Vargas y de la Brigada Móvil 4 en el Meta.
En estas versiones conjuntas los paramilitares alias ‘Don Mario’; Manuel de Jesús Pirabán, alias ‘Pirata’; Luis Arlex Arango, alias ‘Chatarro’; Benjamín Parra, alias ‘Cony’, y Mauricio de Jesús Roldán Pérez, alias ‘Julián’, aceptaron que cometieron estos asesinatos entre 2002 y 2004.
Según la Fiscalía, a raíz de estas confesiones miembros del CTI están investigando más de 100 casos en los que presuntamente los paramilitares del Bloque Centauros, en complicidad con miembros del Ejército, asesinaron a personas por fuera de combate.
‘Chatarro’ dijo además que los funcionarios del CTI de la Fiscalía que hacían los levantamientos de cadáveres se dieron cuenta de que todo era un montaje por las heridas, la trayectoria de las balas o las necropsias que los presuntos guerrilleros o ‘paras’ muertos en combate quienes en realidad fueron ejecutados.
Pero el miedo a sufrir atentados los silenció. ‘Chatarro’ añadió que el coronel Cabuya de León, quien era comandantes del Batallón XXI Vargas, les pidió a los ‘paras’ "hacerle la vuelta a la gente del CTI con fusiles AK-47 (que son los que usa la guerrilla)" y dejar varios guerrilleros muertos en la zona para simular un combate entre los funcionarios y las Farc."
En la audiencia del pasado miércoles, los ex jefes paramilitares del Bloque Centauros dijeron que una de las personas encargadas del contacto con los militares implicados en estos falsos positivos era conocido con el alias de ‘Mazamorro’.
Según se dijo en la versión, ‘Mazamorro’ era un guía del Ejército que también trabajaba con los paramilitares. Agregaron que está muerto y salía a hacer operativos con militares del Batallón XXI Vargas.
Estos son los distintos modos que confesaron los desmovilizados para hacer falsos positivos:

De la Discoteca a la Fosa
Según lo contado por los paramilitares, una de las estrategias de los paramilitares del Bloque Centauros era reclutar jóvenes en discotecas, burdeles y bares de Villavicencio y ciudades de la región para entregárselos al Ejército borrachos en la madrugada. A las pocas horas algunos oficiales del Batallón XXI Vargas los presentaban uniformados, con botas de caucho y viejos fusiles como guerrilleros o paramilitares muertos en combate. En algunos casos, los entregaban vivos y en otros muertos.
‘Chatarro’ contó el caso de dos jóvenes que fueron asesinados en 2003 en un sitio conocido como la ‘Y’ de Puente de Oro, en el Meta. En uno de éstos episodios relató que sacaron a unos hombres borrachos de una discoteca de Villavicencio y los convencieron de ingresar a las autodefensas, que para muchos muchachos era símbolo de poder y una fuente regular de dinero.
Los subieron a una camioneta, los esposaron y los uniformaron, diciéndoles que eso hacía parte del entrenamiento. En la ‘Y’ de Puente de Oro los ‘paras’ se encontraron con un suboficial del Ejército y dos o tres soldados. Los militares le entregaron a uno de los paramilitares un fusil Galil 556, el arma del Ejército, para así poder simular un combate. El ‘para’ asesinó a uno de los jóvenes. El otro fue ejecutado por los soldados. En la madrugada el suboficial reportó el supuesto combate y los dos muertos por radio a sus superiores.

‘Paras’ con Armas del Ejército
Otra de las formas utilizadas por los paramilitares era la de asesinar a inocentes con armas que les entregaban miembros del Ejército como fusiles Galil, y de esta forma cuando se hiciera el examen de medicina legal no hubiera dudas de que fueron bajas en operativos de los militares.
Benjamín Parra, alias ‘Cony’, ex jefe del Bloque Centauros en San Juan de Arama, contó que de esta forma fue como asesinó a un hombre, presunto colaborador de las Farc, con un arma que le entregó un teniente al que solo identificó con el apellido Bastidas quien al parecer pertenecía al Batallón XXI Vargas
‘Cony’ recordó que después de balearlo dos o tres veces, en presencia del teniente Bastidas, le puso un arma en las manos y la disparó. Sin embargo para que no quedaran rastros del montaje, ‘Cony’ le puso al muerto una granada en las manos y la hizo estallar. Ya cometido el crimen la tropa hizo un tiroteo para simular un combate y reportaron el cadáver como una baja. El paramilitar también contó que trataban de no amarrar la gente que capturaban, para que no quedaran marcas en las muñecas que delataran los montaje.
En la audiencia también relataron el caso de dos paramilitares que, al parecer, fueron entregados a personal del Batallón XXI Vargas porque cometieron faltas graves. ‘Cony’ dijo que este caso se acordó con ‘Mazamorro’ que, cuando los hombres llegaran a un sitio en una carretera del Llano, él les dispararía con "un fusil Galil que era de un militar".

Falso Campamento
Otra de las maniobras utilizadas por los ’paras’ para cometer asesinatos y presentarlos como ‘falsos positivos’ fue hacer falsas bases paramilitares y asesinar algunos civiles uniformados. Luego de cometer los asesinatos las autodefensas le entregaban las coordenadas del supuestos campamento al Ejército, que llegaba después y los mostraba a la opinión pública como resultados en su lucha contra las Auc.
‘Chatarro’ recordó que en 2001 uno de sus hombres, experto en hacer campamentos, levantó una falsa base en Llanogrande, un pueblo del Meta, con material de intendencia, información de las autodefensas, carpas, trincheras. Allí llevaron y asesinaron a uno o dos jóvenes que habían "reclutado" en un burdel de Villavicencio.
Unas horas después, supuestamente un capitán al que solo identificaron con su apellido Rivera del Batallón XXI Vargas se "tomó" el campamento de las autodefensas. "(Los militares) hacían un show publicitario con eso", dijo ‘Chatarro’.

De ‘Paras’ a ‘Guerrilleros’
Los ex combatientes del Bloque Centauros hablaron de otro tipo de prácticas para camuflar a sus propios hombres muertos en combates con la guerrilla, para después convertirlos en resultados positivos del Ejército.
Mauricio de Jesús Roldán Pérez, alias ‘Julián’ recordó que en 2003 él y un capitán de apellido Peña coordinaron un combate contra las Farc en Mesetas. El enfrentamiento, que duró casi cinco horas, dejó un cabo, un soldado y diez paramilitares muertos.
El oficial del Batallón XXI Vargas le pidió a ’Julián’ que le entregara los cuerpos de los ‘paras’ muertos para presentarlos como guerrilleros muertos por el Ejército. Un camión de la funeraria se los llevó y los dejó en El Castillo, otro municipio del Meta. Allá los militares los reportaron como guerrilleros muertos en combate, lo que generó protestas de los familiares.

Reclutados para Falsos Positivos
Otra de las modalidades que tenía el Bloque Centauros para "entregarles positivos" a miembros del Ejército consistía en reclutar personas, que eran tratados como ‘paras’ normales, para que fueran reconocidos por la población como de las Auc.
Bajo esa modalidad, supuestamente fue entregado a miembros del Batallón XXI Vargas un joven conocido con el alias de ‘El Zarco’. Al respecto, ‘Cony’ dijo que ’Zarco’ trabajó con él algunos días y después lo entregó al ejército "uniformado y creo que con un AK-47".
El ex paramilitar dijo que este positivo presuntamente se pactó con ‘Mazamorro’ y aclaró que la víctima "trabajó 15 días con nosotros, pero se sabía que era para positivo".
Otra persona que fue reclutada y terminó como "positivo" fue un joven que supuestamente perteneció a la guerrilla. Según contó ‘Cony’, ‘Mazamorro’ le llevó al ex guerrillero para que trabajara con ellos, pero ‘Chatarro’ le ordenó que lo entregaran como positivo.
El ex paramilitar contó que estos hechos ocurrieron a finales de 2004 y el operativo para cuadrar el falso positivo con el Batallón XXI Vargas fue arreglado con ‘Mazamorro’. Agregó que él le disparó a la víctima, quien quedó uniformada y armada en algún punto de la vía Los Mandarinos.
Una víctima más bajo esta modalidad fue alias ‘Malojo’. De acuerdo con ‘Cony’, la víctima trabajó dos o tres veces con ellos, pero debido a indicios de que le estaba dando información a la guerrilla, fue asesinado y entregado a miembros de Batallón XXI Vargas.
El desmovilizado agregó que la víctima fue entregada por alias ‘Pepero’ y ‘Mazamorro’ en la vía Mesetas – San Juan. La víctima fue asesinada vistiendo ropa de civil y se dejó con una pistola. Posteriormente fue presentado como muerto en combate.

‘Paras’ Entregados para Evitar Problemas Internos
Los desmovilizados también mencionaron casos en los que entregaron a sus hombres para que fueran presentados como miembros de grupos ilegales asesinados en combate.
Entre los casos que mencionaron se encuentra el de un ex jefe paramilitar en Mesetas al que apodaban ‘Pepero’. Según ‘Chatarro’, el grupo acordó asesinarlo porque se "desmandó contra la población", pero para no generar problemas con sus subalternos y la familia, decidieron convertirlo en un falso positivo.
‘Chatarro’ explicó que le ordenó a ‘Cony’, quien acordó con ‘Mazamorro’ montar un operativo falso con miembros del Batallón XXI Vargas. Al respecto, ‘Cony’ dijo que este hecho ocurrió a finales de 2004 y que su cuerpo fue abandonado en cercanías de un cementerio.
‘Chatarro’ también habló de otro caso en el que un miembro de las autodefensas fue entregado como "positivo" para evitar enfrentamientos internos. En esta ocasión la víctima fue alias ‘Andrés’, el hijo de un paramilitar del grupo.
El ex jefe paramilitar explicó que ordenó entregarlo al Ejército porque "le dijo a ‘Policía’ que quería matarme porque yo ordené matar a su papá, quien se dijo fue asesinado por las Farc". Por esta razón, ‘Chatarro’ le dijo a ‘Cony’ que "lo mataran bajo esta modalidad, que lo dieran de bajo la modalidad de falso positivo" para evitar problemas con la familia.
Sobre este caso ‘Cony’ dijo que organizó el falso positivo con ‘Mazamorro’. Y agregó que "le disparé, le dejé una pistola y salí del lugar. Más adelante escuché un tiroteo". En esta ocasión los ex paramilitares también señalaron como cómplices y responsables a miembros del Batallón XXI Vargas.

Bajas de ‘Paras’ para el Ejército
‘Julián’ contó que en muchas ocasiones les entregaron a miembros del Batallón XXI Vargas los guerrilleros que asesinaban en sus operativos.
El primer caso que contó ocurrió en 2003, cuando los ‘paras’ emboscaron a varios guerrilleros en el Cerro de Lejanías, que queda en Albania. Según ‘Julián’, después del combate, ellos capturaron a dos guerrilleros y se los entregaron a militares del Batallón XXI Vargas.
‘Julián’ también contó que en una ocasión los ‘paras’ asesinaron a dos guerrilleros de un puesto de avanzada en Puerto Esperanza y  los entregaron a un grupo de contraguerrilla del Ejército que operaba en el área de Medellín del Ariari.
El desmovilizado contó que les entregaban las víctimas a los militares porque "uno sentía que ellos tenían que dar bajas permanentes. Para bajarles esa presión, les dábamos nuestras bajas, para que así sus superiores no los presionaran y nos dejaran quietos".

Otros Casos
En 2003, en La Rochela, en un punto ubicado en la vía entre Puente de Oro y Puerto Lleras los paramilitares les entregaron dos jóvenes a miembros del Batallón XXI Vargas porque estaban presionando a ‘Chispas’ y sus hombres.
Según el desmovilizado, el escuadrón contraguerrilla de la zona no tuvo éxito en una ofensiva contra la guerrilla, y por esta razón, les pidieron víctimas para presentarlas como supuestos jefes financieros de la guerrilla muertos en combate.
Sobre las víctimas, ‘Chatarro’ dijo que "creo que fueron sacadas de ‘Villavo’ (Villavicencio), como siempre".
Otro caso relatado en la audiencia de versión libre de los jefes del Bloque Centauros fue el de un hombre que supuestamente miembros del Batallón XXI Vargas asesinaron en el barrio La Esperanza de San Juan de Arama. De acuerdo con los ex paramilitares, ellos entregaron a un hombre de 27 años, a quien los militares lo hicieron pasar por una calle y lo asesinaron.
Los paramilitares también contaron que asesinaron a dos jóvenes en la segunda mitad de 2004 en un sitio conocido como Palma Seca, cerca a San Juan y que las vistieron de camuflado. Los dos jóvenes "se reportaron como muertos en combate de las Auc" y se entregaron con fusiles AK-47 al Ejército.
Los desmovilizados contaron que no todos los militares estaban implicados en casos de falsos positivos. ‘Pirata’ contó que a comienzos de 2002 les llevaron a dos jóvenes de Villavicencio a hombres del capitán Rivera, para que los asesinaran en una supuesta emboscada. Los dos jóvenes sobrevivieron al ataque y fueron capturados porque algunos militares del operativo evitaron que los asesinaran para presentarlos como positivos.
Según contó ‘Pirata’, las dos víctimas delinquían en Villavicencio y estuvieron durante tres días con los paras antes de ser enviados a la emboscada. Agregó que los dos jóvenes estuvieron presos durante año y medio.

10 de mayo de 2010
9 de mayo de 2010
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protegen a desplazados


Tribunal vuelve a proteger tierras de desplazados en Montes de María. El Tribunal Superior de Cartagena decidió revertir la decisión de un juez y mantuvo la protección sobre las tierras de desplazados en la zona baja de El Carmen de Bolívar y que habían sido vendidas a terratenientes.
Colombia. Este falló revoca la sentencia del 23 de febrero del 2010 del Juzgado Promiscuo del Circuito de El Carmen de Bolívar contra el Comité Departamental de Atención a la Población Desplazada, por considerar que se desconoció la decisión de proteger las tierras con el fin de poner freno al creciente desplazamiento en la zona.
Con esta decisión se benefician directamente a 64 familias del predio Tacaloa de 1.600 hectáreas, adjudicado por el antiguo Incora, ubicado enseguida del corregimiento de El Salado.
Muchas de estas tierras en los Montes de María tenían una restricción: por ser tituladas por el Incora sólo podían ser vendidas 15 años después de la adjudicación y sólo podían comprarlas campesinos sin tierras o minifundistas. Por eso el gobierno, junto con Acción Social, la Gobernación de Bolívar y la Defensoría del Pueblo, creó un comité que protegió miles de hectáreas de desplazados, cuya venta sólo se puede realizar después de un estudio detallado de cada solicitud.
"Es una noticia que marca un precedente muy importante para evitar que se sigan dando las compras masivas de tierra y nuevos desplazamientos", consideró  Ana Teresa Bernal, presidenta de la Comisión Regional de Restitución de Bienes (CRRB).
El Fallo señala que no se deben levantar las medidas de protección de territorios de campesinos víctimas de la violencia y del despojo masivo  por parte de grupos armados.
Bernal hizo un  llamado a los campesinos del país para que no cedan a las presiones de vender sus tierras con el argumento de las obligaciones, aún por encima de sus derechos. Así lo ha informado la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación (Cnrr) en varias ocasiones.
 
El Fallo
La sala de decisión civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena, con fecha 4 de mayo del año, resolvió revocar la sentencia del 23 de febrero del 2010 proferida por el Juzgado Promiscuo del Circuito de El Carmen de Bolívar contra el Comité Departamental de Atención a la Población Desplazada, en ésta se levantaba la protección adoptada por el citado Comité para impedir la compra y venta de las fincas afectadas por desplazamiento forzado en la zona baja del Carmen de Bolívar.
El fallo inicial del Juzgado del Carmen de Bolívar desconocía la protección de bienes decretada por el Comité Departamental de Atención a la Población Desplazada, a través de la Resolución del 3 de Octubre de 2008, que dispuso declarar en inminente riesgo de nuevos fenómenos de desplazamiento por las tensiones interiores originadas por la compra y venta masiva indiscriminada de tierras, en la zona baja del municipio de El Carmen de Bolívar que podían alterar el orden socioeconómico de la región de los Montes de María.
Esta nueva decisión del Tribunal fue solicitada por la Defensoría, la Gobernación, la Procuraduría Agraria y la Comisión Cnrr, ya que la sentencia del Juzgado del Carmen le abría peligrosamente las puertas a las compras masivas de predios incorados en los años 80 y 90 en los Montes de María, profundizando la concentración de la tierra y agravando aún más la crisis económica y social de la población campesina desplazada por varias décadas de violencia y masacres.
Para Artura Zea, coordinador de la Cnrr en Bolívar, "este nuevo fallo judicial resuelve parcialmente el grave problema de ventas de predios, ya que al mantener la protección de las tierras de los desplazados impide que siga la compra masiva de tierras, en la cual inversionistas y empresarios se han aprovechado comprando casi 70 mil hectáreas a precios irrisorios en los últimos años después de la muerte de Martín Caballero, comandante del Frente 35 de las Farc".

Predios Vendidos a Bajo Precio
A comienzos de marzo, la Cnrr reveló que que un grupo de 20 campesinos que vendieron sus tierras a una persona en febrero de 2008 y que éste les pagó por cada hectárea 200 mil pesos.
Según la denuncia el único documento que tienen de la transacción es la copia de un poder conferido por cada uno de los parceleros suscrito ante la notaría de El Carmen de Bolívar.
No obstante, los campesinos indicaron que no sabían que firmaron un poder. Asimismo, expresaron que no sabían que ese era un documento de venta, en el que se afirmaba que iban recibir 20 millones de pesos, pero terminaron recibiendo entre $4.500.000 y $5.000.000.
En ese documento se confiere poder a este intermediario para que prometa y venda el inmueble, agregándose que "además mi apoderado podrá representar mis intereses en lo que al desarrollo y perfeccionamiento de este negocio jurídico respecta, con ello podrá de acuerdo a las circunstancias que se presenten, proponer cambios clausulares, suscribir otro sí, otorgar, firmar las escrituras del caso, y en fin todas las actuaciones o trámites judiciales y extrajudiciales que le sean del caso para cumplir cabalmente con este mandato".
El poder también indica que "con la suscripción de este documento recibieron a entera satisfacción el precio de venta de $20.000.000."

10 de mayo de 2010
9 de mayo de 2010
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condenan a hernando molina


Por aliarse con ’Jorge 40’. Según la Corte, que lo condenó a siete años, el político se alió con los ’paras’ para ganar las elecciones a la gobernación del Cesar en 2003. El ex gobernador del Cesar Hernando Molina fue recapturado en Valledupar.
Colombia. La Corte Suprema de Justicia condenó el ex gobernador de Cesar del Partido Liberal Hernando Molina Araújo a siete años y seis meses de prisión por concierto para delinquir por sus nexos con Rodrigo Tovar Pupo, alias ‘Jorge 40’.
También ordenó que se investige a Molina por crímenes de lesa humanidad que cometieron paramilitares en el Cesar.
El político fue recapturado en Valledupar por agentes del CTI de la Fiscalía. En enero de este año la Corte Suprema le había concedido la libertad condicional por haber cumplido las tres quintas de la pena que corresponde al delito de concierto para delinquir. Sin embargo Molina Araujo estaba a la espera de la sentencia para definir su situación jurídica.
En 2003 Molina se presentó a las elecciones como candidato único, después de que otros aspirantes como Abraham Romero y Cristian Moreno Panezo, actual gobernador, abandonaron la carrera electoral por presiones, intimidaciones y amenazas de los paramilitares contra ellos, sus familiares y sus electores.
A raíz de la renuncia de los candidatos, miles de ciudadanos en el Cesar promovieron el voto en blanco como protesta a las amenazas e intimidaciones de los ‘paras’.
El caso de Molina es uno de los más representativos de la parapolítica en la Costa Caribe. De acuerdo con un artículo de Revista Semana publicado en febrero de 2007, sobre Molina ya se tejía una historia negra. Su entrañable amistad con ’Jorge 40’ es conocida por todos en Valledupar. En los círculos políticos, tanto de sus aliados como de la oposición, muchos aseguran que sus vínculos con las autodefensas en el pasado llegaron a ser tan estrechos, que a Molina se le conocía con el alias de ’Comandante 35’ y que antes de ser gobernador participó en varios actos criminales como la masacre de El Cafetal, en Villanueva.
El caso contra Molina Araujo ha estado manchado por varias irregularidades. Desde 2004 la investigación  contra el ex gobernador estuvo congelada en las oficinas del CTI de Valledupar. No fue sino hasta 2007 que el caso fue transferido a Bogotá y que el expediente empezó a caminar.
En marzo de 2009, Augusto De Hoyos, alias ‘Memo’, uno de los testigos de los encuentros entre Molina y ‘Jorge 40’, denunció amenazas contra sus padres y familiares cercanos. El desmovilizado también dijo que desconocidos lo llamaron para que cambiara sus declaraciones contra de Molina Araújo.
Hernando Molina Araújo es hijo de la asesinada política Consuelo Araujo Noguera, ‘La Cacica’, primo hermano de la ex canciller María Consuelo Araújo y del ex senador Álvaro Araújo, condenado en marzo de este año a nueva años de prisión por parapolítica. El ex gobernador es además hijastro del ex procurador Edgardo Maya, quien en varias declaraciones justificó la candidatura de Molina como fruto de un acuerdo político.

Elección bajo Sospecha
En la sentencia, la Corte ratifica que "la candidatura ‘única’ de Molina Araújo y su posterior elección a la Gobernación del Cesar no fue el resultado de consensos partidistas o de una expresión democrática, sino una decisión originada en los acuerdos y compromisos con el Bloque Norte de las autodefensas liderado por ‘Jorge 40’, que se evidencia con el obligado retiro de la aspiración de Cristian Moreno a ese cargo de elección popular y los hechos de Chimichagua."
El Alto Tribunal sustenta este hecho a partir de un recuento sobre la conformación de grupos paramilitares en el departamento de Cesar y la participación del Bloque Norte de las Auc al mando de ‘Jorge 40’, en los "procesos políticos" y "debates electorales" del departamento.
"‘Jorge 40’ era quien disponía qué movimiento político podía presentar listas a una Corporación y cuáles dirigentes partidistas debían hacer parte de las mismas y cuáles ocupar los renglones señalados por él" señaló la Corte.
Según la Corte, esta influencia militar y política de los paramilitares en el Cesar quedó manifiesta en las elecciones a gobernador de 2003, cuando Hernando Molina se presentó como candidato único, mientras sus más fuertes contrincantes, Christian Moreno Panezo y Abraham Romero, se retiraron tras las amenazas y obstáculos que el Bloque Norte impuso sobre sus campañas.
En el caso de Moreno Panezo, la Corte apoyó sus declaraciones por cuanto confirmó que su campaña se vio afectada por miembros del Bloque Norte que le impidieron realizar "acciones propias de la campaña", puesto que su candidatura "no tenía aval de esa organización al margen de la ley". "Lo que las autodefensas le impiden a Moreno Panezo no es el ejercicio de la política sino el derecho a ser elegido, esto es a presentarse como candidato" resalto la Corte.
Por su parte, "a principios del mes de abril Abraham Romero anuncia su aspiración también a ese cargo de elección popular, pero finalmente no se somete a la consulta interna del partido Liberal aduciendo falta de garantías ni tampoco se inscribe como candidato ante las autoridades electorales".
Tras estos hechos, resulta claro para la Corte que "la candidatura ‘única’ de Hernando Molina Araújo a la Gobernación del departamento de Cesar en octubre de 2003, no puede ser vista como resultado de la dinámica de los procesos electorales".
La estrategia de los paramilitares, según la Corte, se basó en la intimidación o la presión sobre candidatos con el propósito de consolidar candidaturas "únicas" para cargos de elección pública. Sobre esta afirmación, la Corte agrega que a pesar que muchos testimonios dan cuenta del desarrollo de "elecciones libres" en el departamento, esto se explica en la medida en que las amenazas de los paramilitares no fueron contra las poblaciones directamente sino contra candidatos ajenos al proyecto político de los paramilitares.
Para el Alto Tribunal, el alto número de votos en blancos producidos durante esas elecciones es consecuencia directa de la falta de opciones diferentes a Molina Araújo. "De ahí, que independientemente de las razones que finalmente hayan motivado a 71.085 sufragantes a votar en blanco, lo cierto es que a los aspirantes fue a quienes se les impidió ser candidatos, de modo tal que ante la falta de opciones electorales y no políticas, el beneficiado no fue otro que el mismo Molina Araújo no por circunstancias del azar sino como resultado de su compromiso con las autodefensas".
La influencia de los paramilitares en procesos electorales en el Cesar no está demostrada sólo en el caso de la contienda electoral de 2003. Para la Corte son igualmente válidos casos como el de Juana Ramírez Bautista, quién en 2007 hizo públicas las amenazas que los paramilitares hicieron contra su candidatura a la Cámara de Representantes en el 2002.
"Una muestra de esa intromisión (de los paramilitares)… se da en el caso de Juana Ramírez Bautista, cuando en enero de 2002 el mismo "Jorge 40" le hace saber que el Movimiento de Renovación Liberal MRL ha sido vetado por supuestos actos de corrupción, cometidos por quienes en su representación habían regido los destinos de la ciudad de Valledupar" aseguró la Corte en su decisión.
Para este propósito, también se incluye el caso Julio Blanco Nobles, candidato a la alcaldía de Chimichagua quien renunció a su candidatura por el secuestro de su hermano.
Sin embargo, sobre este caso, la Corte compulsó copias para investigar la veracidad de las declaraciones de Blanco Nobles, quien finalmente fue elegido alcalde, según declaraciones de Moreno Panezo,  "dado que su candidatura se acordó el 12 de octubre de 2003, en la reunión llevada a cabo en la finca La Guajira con la participación de los paramilitares ‘Rubén’, ‘Rafael’ y ‘Omega’, de Hernando Molina y de otros dirigentes políticos de la región".
La Corte concluye afirmando que "Hernando Molina Araújo se concertó con la finalidad de promover un grupo armado al margen de la ley, pues con su candidatura ‘única’ a la Gobernación de Cesar en octubre de 2003 logró el posicionamiento del proyecto político del Bloque Norte de las autodefensas con la asunción del cargo de Gobernador mediante elección popular, conforme ha quedado demostrado en esta sentencia".
Como situación especial, la Corte no otorgó credibilidad  a las declaraciones de uno de los testigos claves de este caso, Augusto De Hoyos, quién señalaba al gobernador como una de las personas que colaboraba con los paramilitares en las "finanzas y apoyo". Las razones de la Corte están relacionadas con sus continuas retractaciones y posibles falsos señalamientos alrededor de los hechos analizados y por lo cual la Corte ordenó una investigación.
En la misma sentencia, la Corte ordenó ‘compulsar copias de lo actuado para que se investigue a Hernando Molina Araújo por los delitos atribuidos al grupo paramilitar del que hacía parte, incluyendo aquellos de ‘lesa humanidad’.

7 de mayo de 2010
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explicaciones del das


Vea cuáles eran las razones que invocaba el DAS para seguir a dirigentes políticos como Carlos Gaviria, Gustavo Petro, Antonio Navarro Wolff, Piedad Córdoba, Álvaro Leyva y Gloria Cuartas. Documento revelado por Caracol Radio.

Colombia. En un documento que hace parte del expediente que se venía adelantando contra el fallecido ex jefe del controvertido G-3, Jaime Fernando Ovalle, se ordenan seguimientos contra varios dirigentes políticos de la oposición, de quienes se tienen hojas de vida detalladas, fotografías y justificación de la persecución.
 Inicialmente, hay un oficio sin firma, con fecha del 5 de octubre de 2004, que dice en la parte inferior en manuscrito: "entregado a la doctora Marta Inés Leal (xxxx)", en el que se solicita información de inteligencia de Carlos Gaviria Díaz, Gustavo Petro, Álvaro Leyva, Carlos Lozano, Luis Eduardo Garzón, Antonio Navarro Wolff, Gloria Cuartas, Piedad Córdoba y Wilson Borja.
 Posteriormente hay una hoja de vida detallada de cada uno de los dirigentes políticos, con fotografía, número de cédula de ciudadanía, filiación política, anotaciones de interés y lo que resulta inaceptable: una presunta justificación para adelantar los seguimientos en su contra.

Carlos Gaviria Díaz:
- Según el DAS, "busca el debilitamiento del poder Ejecutivo, especialmente de los organismos de seguridad del Estado".

Gustavo Petro:
- "Mantiene relaciones con los principales líderes internacionales de la izquierda, lo cual constituye una amenaza para el Estado colombiano".
- "Sostiene una relación personal de amistad y cooperación con Hugo Chávez".
- "Consultor político de ONG como Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo".
- "Utiliza información errada para desprestigiar a las autoridades".
 
Álvaro Leyva Durán:
De acuerdo con el dossier del DAS que ahora está en poder de la Fiscalía, el ex precandidato presidencial Álvaro Leyva Durán es "consultor de las Farc en asuntos políticos".

Carlos Arturo Lozano Guillén:
Para el DAS, la orden para adelantar seguimientos contra el director del semanario Voz, se justifica en que supuestamente, Lozano es "representante de las Farc encargado de difundir su ideología".
 
Luis Eduardo Garzón:
Al ex alcalde se le perseguía porque supuestamente "utiliza la Alcaldía Mayor de Bogotá para crear y fortalecer las redes de apoyo urbano de la izquierda al igual que lo hacen los terroristas de las Farc y el ELN".
 
Antonio Navarro Wolff:
Según el DAS, el actual gobernador de Nariño es el "principal opositor de las políticas del Gobierno, especialmente aquellas relacionadas con la Seguridad Democrática".
 
Piedad Córdoba:
El DAS justifica el seguimiento contra la congresista liberal porque es "cercana a directivos del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo e importantes personalidades políticas interesadas en que el proyecto político del presidente Uribe fracase".
 
Gloria Cuartas:
Dice el expediente que la ex alcaldesa de Apartadó es "cercana a diferentes ONG y organizaciones proclives a los lineamientos de grupos terroristas (Farc y ELN), lo cual constituye una amenaza para el orden constitucional". También, que es "opositora personal del Dr Álvaro Uribe Vélez desde su alcaldía en Apartadó" y que "sostiene relaciones que pueden constituirse como un riesgo a la Seguridad Democrática, como es el caso de su amistad con el general ecuatoriano René Vargas Pazzos, opositor de la actual administración y posible candidato presidencial en su país, quien se alinea ideológicamente con los objetivos de los grupos insurgentes".

6 de mayo de 2010
5 de mayo de 2010
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guerra política del das


Gustavo Petro calificó de delitos de lesa humanidad las irregularidades cometidas desde el interior del DAS. El Polo calificó las irregularidades en el DAS como un delito de lesa humanidad que hace parte de una estrategia de guerra política coordinada desde la Casa de Nariño.
Colombia. Felipe Muñoz, director del DAS, rechazó los argumentos de la oposición y aceptó que el DAS debe ser objeto de reestructuración.
En el que puede considerarse su último debate de control político en el Congreso, el senador y candidato presidencial del Polo, Gustavo Petro, expuso lo que según él son cabos sueltos del escándalo de espionaje que tiene enredados a varios ex funcionarios del DAS.
Y como si se tratara de un rompecabezas, Petro decidió encajarlos para lanzar una hipótesis: "el DAS orquestó una estrategia de guerra política en la que incurrió en delitos de lesa humanidad".
 
Guerra Política
Cuatro fueron las piezas con las que Petro sustentó su hipótesis de que en el DAS se maquinó una guerra política. Esas piezas, en su mayoría, se sustentaron en los hechos irregulares revelados desde hace 15 meses por la revista SEMANA y varios de los memorandos de las cuestionadas divisiones del departamento de inteligencia –GONI y G3-, en los que se impartieron órdenes a detectives del DAS y que tenían como "blanco" dirigentes de oposición, magistrados de las altas Cortes, defensores de derechos humanos y periodistas.
La primera, la campaña de desprestigio a partidos políticos de oposición. Según Petro, las cuestionadas divisiones del DAS recibieron instrucción para que a través de manipulación de encuestas, seguimientos a dirigentes, y manejo de información, se desprestigiara a organizaciones políticas como el Polo Democrático. Según el senador, las tesis de la división interna del Polo, las campañas de desprestigio a la administración de Bogotá, tuvieron origen en el DAS.
La segunda pieza, las interceptaciones telefónicas a magistrados de la Corte Constitucional pretendían conocer quiénes estaban a favor y en contra de la reelección. Petro aseguró que a quienes estaban en contra los "amenazaron y chantajearon" para que votaran a favor de la constitucionalidad del proyecto. Recordó la amenaza a una de las hijas de una magistrada en un colegio al Norte de Bogotá.
La tercera pieza, el caso de la periodista Clara Julieta Duque, quien en 2004 denunció amenazas de detectives del DAS. La periodista investigaba el asesinato de Jaime Garzón. Petro recordó que hay miembros del departamento de inteligencia señalados de participar en ese homicidio.
La cuarta pieza, y quizás la más sorpresiva del debate, se relaciona con una supuesta irregularidad producida en el segundo atentado contra Germán Vargas Lleras. Según Petro, en las gacetas del DAS en donde se impartían órdenes de la estrategia de guerra política se habla del uso de métodos terroristas, incluido el de explosivos, y allí aparecen fotos del atentado contra el hoy candidato presidencial.
Petro preguntó si el DAS no habría participado en ese atentado, al relatar que el conductor, adscrito al organismo de inteligencia, no lo recogió en la noche que se produjo el atentado. "Es el mismo modo de actuar de escoltas del DAS en los homicidios de Luis Carlos Galán, Bernardo Jaramillo y Carlos Pizarro".

Delitos de Lesa Humanidad
Con base en las piezas de ese rompecabezas, Petro adujo argumentos jurídicos para calificar que las irregularidades del DAS son delitos de lesa humanidad. Según el estatuto de Roma, dijo el senador del Polo, estos ataques son "generalizados y sistemáticos y premeditados" sobre un grupo poblacional, a través de persecución a un grupo fundado en principios políticos, hubo asesinatos de activistas de derechos humanos, hubo tortura psicológica.
Petro dijo que los delitos de lesa humanidad deben ser juzgados por la justicia colombiana, pero que si esta no puede o no quiere investigarlos, deben ser juzgados por la justicia internacional.
Por eso el senador Luis Carlos Avellaneda afirmó que pedirán la competencia de la justicia internacional para que investigue esta "empresa criminal contra la democracia".

Desde la Casa de Nariño
Los senadores del Polo fueron más allá y ante el Congreso de la República consideraron que esta estrategia de guerra política fue coordinada desde la casa de Nariño. Primero, porque el DAS está adscrito al Ejecutivo, y segundo, porque -afirmaron- el Presidente de la República sí sabía, basándose en recientes testimonios del ex director del DAS, Jorge Noguera, quien le dijo a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia que le entregaban esa información al propio Jefe del Estado.

"Gobierno Respeta los Derechos Humanos"
El director del DAS, Felipe Muñoz, reconoció que la justicia ha descubierto que el organismo ha sido infiltrado por estructuras criminales, las cuales censuró. Sin embargo, defendió cualquier insinuación de que estas conductas, que calificó de aisladas, hayan tenido origen en la Casa de Nariño. "No he recibido instrucción distinta del Presidente de la República de utilizar los elementos del DAS para combatir el terrorismo y la ilegalidad".
En su defensa, Muñoz aseguró que escándalos del DAS han ocurrido en toda la historia del organismo, incluso en gobiernos anteriores, y que por eso el Ejecutivo presentó un proyecto, el cual es discutido en el Congreso, para reestructurar el departamento de inteligencia.
Además afirmó que el 80 por ciento de las pruebas que tiene la Fiscalía para sustentar sus hipótesis en las investigaciones que adelanta contra más de una decena de ex funcionarios, comprometidos con estas conductas de espionaje, fueron entregadas por el propio DAS, "de manera voluntaria y con la instrucción del presidente de encontrar los responsables y colaborar con la Justicia".
Muñoz rechazó uno a uno los argumentos expuestos por Petro, y en el caso del atentado contra Germán Vargas Lleras, aseguró que la Fiscalía capturó a tres milicianos de las Farc tras comprobar su participación en dicho atentado.
El ministro del Interior, Fabio Valencia Cossio, defendió al presidente de la República. En su argumentación, expuso los avances del gobierno en materia de seguridad, protección a sindicalistas, garantías a la oposición, y fortalecimiento de la justicia de magistrados de las altas Cortes, y recurrió a recientes reconocimientos de organismos internacionales frente a los avances en materia de defensa de los derechos humanos del actual gobierno.
 Por eso se preguntó: "¿un Presidente, que ha luchado por defender los derechos humanos, puede ordenar que se viole la intimidad y la integridad de las personas?" 
Valencia Cossio también reseñó un resumen cronológico de escándalos del DAS, también por interceptaciones ilegales, en los gobiernos de César Gaviria, Ernesto Samper y Andrés Pastrana, y señaló que el actual gobierno no ha advertido que obedecían a una estrategia orquestada por los gobiernos de las señaladas épocas.
Los argumentos de parte y parte, ratificaron en pleno Congreso, que hubo irregularidades en el DAS. Sin embargo, el país aún no resuelve el principal interrogante: ¿quién promovió esos hechos? Todo quedará en la órbita de la justicia.

6 de mayo de 2010
5 de mayo de 2010
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amenazan a sacerdote


Sacerdote atribuye amenazas a alianza de agentes del Estado con paras. Las intimidaciones están en unos grafitos que han aparecido desde el pasado 22 de abril en la capital colombiana.
Colombia. El jesuita colombiano Javier Giraldo consideró hoy que las nuevas amenazas de muerte que ha recibido hacen parte de una serie de acciones contra defensores de los derechos humanos y comunidades vulnerables en las que es evidente la coordinación entre agencias del Estado y grupos paramilitares.
En todas ellas "es evidente la coordinación entre organismos de seguridad, fuerzas armadas del Estado y grupos paramilitares", sostuvo el sacerdote en respuesta a una declaración previa del gobierno sobre las intimidaciones de las que él ha sido víctima.
En un comunicado divulgado hace dos días, el vicepresidente colombiano, Francisco Santos, rechazó las amenazas contra Giraldo e instó a las autoridades judiciales a que investiguen el origen y responsabilidad de ellas.
Las intimidaciones están en unos grafitos que han aparecido desde el pasado 22 de abril en la capital colombiana.
Uno de ellos invita a una "acción nacional" en "contra del cura marxista", mientras que otra dice que "Javier Giraldo" es igual a "muerte".
Giraldo está vinculado con el Centro de Investigación y Educación Popular (Cinep), de su orden religiosa, y también acompaña experiencias como la de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó (noroeste), conformada por antiguos desplazados que en 1997 se declararon neutrales ante el conflicto armado interno.
En su réplica, el jesuita criticó que el vicepresidente Santos no haya hecho mención de unas "calumnias elaboradas en las Brigadas XVII y XV del Ejército" como factor previo a "la campaña difamatoria y amenazante que se expresa en los grafitos".
Son calumnias en la que "se trata de hacer aparecer a las comunidades de paz de Urabá y zonas humanitarias del bajo Atrato como apoyos o expresiones de la insurgencia, método muy característico de este gobierno para estigmatizar a quienes luego quiere destruir", rechazó Giraldo.
El sacerdote dijo que Santos también omitió referirse a los atentados y amenazas, secuestros e intentos de secuestro, ataques y chantajes a líderes de las mismas comunidades y sus acompañantes, entre ellos religiosos.
Son asentamientos de afrodescendientes y mestizos que reclaman los territorios colectivos que les han sido usurpados por empresarios agropecuarios apoyados por el gobierno, las fuerzas de seguridad y los paramilitares, resaltó Giraldo.

En este sentido observó que la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, que acompaña a estas comunidades, considera de "elemental justicia" apoyarlas en sus reclamos territoriales.
Los paramilitares implicados "revelan una fuerza y una expansión muy grande y no están en extinción como lo afirma el señor vicepresidente", apuntó el religioso.

6 de mayo de 2010
5 de mayo de 2010
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sigue el reclutamiento forzado


Y amenazas a víctimas: Mapp OEA. Aunque el organismo destaca los avances en Justicia y Paz, advierte sobre el reclutamiento forzado por bandas criminales y el riesgo que corren las víctimas al reclamar sus derechos.
Colombia. El décimo cuarto informe de la Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia Mapp-OEA, señala que el reclutamiento de jóvenes para la guerra está afectando a los desmovilizados.
Según la Mapp, los desmovilizados siguen siendo víctimas de amenazas, hostigamientos, desplazamientos y asesinatos por parte de bandas criminales emergentes. Por esta razón, el organismo internacional sugiere al gobierno crear una estrategia nacional integral que impida el reclutamiento.
Adicionalmente el documento señala que las víctimas principales de las bandas emergentes son líderes comunitarios y sociales, funcionarios públicos, comunidades indígenas y afrocolombianas, quienes representan un obstáculo en el desarrollo de su actividad ilegal.
Aunque el informe destacó los resultados de la fuerza pública contra las bandas criminales, también advirtió que la capacidad de adaptación de estas bandas en los lugares donde realizan las actividades delictivas. Por ejemplo, luego de los operativos en Córdoba y el Bajo Cauca, la Misión señala que estos grupos se desplazaron hacia el Golfo de Morrosquillo, en donde la población civil ha sido la más afectada.

Se Reactivan las Masacres
Según cifras del Observatorio de Derechos Humanos de Vicepresidencia, citadas por el informe, entre enero y octubre de 2009 en el país se presentaron 24 masacres, en zonas en las que se encuentran las Bandas. Estas masacres fueron en Envigado (Antioquia), El Banco (Magdalena), Puerto Wilches (Santander), Cartago (Valle del Cauca) y Bajo Cauca (entre los municipios de Caucasia y Nechí en Antioquia). Esta alerta ya había sido anunciada por la Misión en su informe pasado.
Además, las bandas emergentes continúan amenazando a las poblaciones con panfletos, extorsiones y toques de queda. A lo anterior se suma, el aumento de los índices de violencia, en especial en las tasas de homicidio, en las principales ciudades del país como Cali, Bogotá y Medellín.

Justicia y Paz
En cuanto a Ley de Justicia y Paz, la Mapp reconoce logros como el aumento del número de víctimas registradas, los resultados de las exhumaciones realizadas y algunos programas pilotos en materia de restitución de tierras. No obstante, resalta la invisibilidad e inseguridad en las que están cayendo las víctimas.
Los departamentos con mayor número de victimas amenazadas y asesinadas debido a su participación en el proceso de Justicia y Paz son Córdoba, Chocó y la región de Urabá.
Adicionalmente, la verificación que realiza la Mapp deja ver que el mayor riesgo lo tienen los líderes y las víctimas que reclaman la restitución de tierras. Es el caso de dos grupos de víctimas a quienes se les restituyeron sus casas en Barrancabermeja, pero luego fueron desplazadas.      
La Misión expresó preocupación por la "poca celeridad y desarticulación" en los procesos de reparación colectiva. El informe señala que los esfuerzos que se realizan en esta área están permeados por la desinformación y la falta de participación de las víctimas en los proyectos que supuestamente deberían beneficiarlas. Además deja al descubierto el desinterés en la discusión sobre el proyecto de  la Ley de Víctimas.

Los Riesgos de la Reintegración
La Misión de Observación destaca que las recurrentes amenazas y atentados contra los desmovilizados y sus familiares han influido en los procesos de Justicia y Paz, dificultando la búsqueda de la verdad para las víctimas. En algunos casos las intimidaciones a familiares de ex comandantes paramilitares extraditados y postulados a la Ley de Justicia y Paz, han hecho que estos amenacen con retirarse del proceso, como en el caso de alias ‘Don Berna’.
Según la Policía Nacional entre 2003 y marzo de 2010, 2.290 desmovilizados han sido asesinados. Los departamentos de Antioquia, Córdoba y Cesar presentan los mayores número de muertos.
El informe hace énfasis en el éxito del proceso de desmovilización de las Auc, sin embargo reconoce que en muchas comunidades persiste el sentimiento de que los desmovilizados reciben mayores beneficios que las víctimas. También persiste una prevención y desconfianza  de las comunidades hacia ellos.
Con el fin de afianzar los avances obtenidos después de la desmovilización de los paramilitares el informe recomienda mejorar las condiciones de seguridad en las zonas en donde aparezcan brotes de violencia, trabajar en la reconciliación, aplicar adecuadamente la Ley de Justicia y Paz y avanzar en la reparación de las víctimas.

Avances y Retrocesos
El décimo cuarto informe de la Mapp-OEA señala también que:

- 32 postulados han entregado 5.539 bienes al Fondo Nacional de Reparación a las víctimas, cuyo valor asciende a 8.700 millones de pesos.

- A 6 de octubre de 2009 se diligenciaron 269.781 formularios de solicitud de reparación por vía administrativa.

- A 31 de octubre de 2009, según datos del Comité Interinstitucional de Justicia y Paz, se habían presentado 280.420 víctimas al proceso de Justicia y Paz.

- Según el estudio "Medición de la Percepción de Seguridad del Reintegrado", citado por la Mapp, realizado a finales de 2008 y contratado por la Gobernación de Antioquia, de 2.704 desmovilizados participantes activos en talleres de atención psicosocial, sólo un 17.9% ha recibido ofertas para reingresar a grupos armados ilegales.

- Según el sistema de información de Justicia y Paz, a diciembre de 2009 la Fiscalía ha exhumado 2.901 restos humanos encontrados en 2.388 fosas. Hay 606 cuerpos con identificación indiciaria (ADN), 900 están reconocidos plenamente y 786 fueron entregados a su familia.

6 de mayo de 2010
4 de mayo de 2010
©verdad abierta 
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