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acusados por masacre de macayepo


Diez años después, la Fiscalía acusa a Joaquín García por masacre de Macayepo. Un fiscal antiterrorismo acusó a Joaquín García Rodríguez como presunto determinador de la masacre de Macayepo, corregimiento de El Carmen de Bolívar, en la que fueron asesinadas 12 personas por paramilitares.
Colombia. De acuerdo con la decisión García Rodríguez incurrió supuestamente en los delitos de homicidio múltiple agravado y concierto para delinquir agravado.
El procesado, según lo establecido, presuntamente fue cómplice en la promoción, conformación, organización y financiamiento de grupos de autodefensa que delinquieron en Sucre.
El 16 de octubre de 2000, 80 hombres de las Autodefensas Unidas de Colombia masacraron a 12 campesinos de este corregimiento de Carmen de Bolívar.
Macayepo no fue una masacre aislada. Por el contrario, hizo parte de una violenta cadena de matanzas emprendida por los paramilitares de la región en un intento por obtener el control de los Montes de María. Los corregimientos localizados en esa región, entre ellos Macayepo, están localizados en un corredor estratégico que da un fácil acceso desde el sur de Bolívar hacia todos los departamentos de la Costa Atlántica.
En la zona había presencia de cerca de 300 guerrilleros de los frentes 35 y 37 de las Farc bajo el mando de ‘Martín Caballero’, quienes desde 1998 libran una guerra territorial contra un grupo de 80 paramilitares del Bloque Norte de las Auc, al mando de Rodrigo Antonio Mercado Pelufo (alias ‘Cadena’ o ‘Pelufo’). Este grupo de paramilitares fue señalado por las autoridades de ser el mismo que entre febrero de 2000 y enero de 2001 realizó cinco grandes masacres en la zona de Montes de María, las cuales dejaron un trágico saldo de más de 100 muertos y 4.000 desplazados. Entre ellas la de El Salado, que ocurrió el 18 de febrero de 2000, en donde fueron asesinadas 36 personas, y la de Chengue, en la que fueron masacradas 27 personas el 17 de enero de 2001
Las investigaciones por estas matanzas están siendo llevadas a cabo por la unidad de derechos humanos de la Fiscalía General. De las cinco que ocurrieron en los Montes de María, la de Macayepo, radicada bajo el expediente número 915, es la que más lento ha avanzado.
Un ex fiscal que participó en el caso Macayepo afirmó a SEMANA que la aparición de este casete sin duda podría arrojar luces en la investigación por esta atroz masacre. Claro está que tampoco se puede descartar la posibilidad de que, en efecto, como lo afirma el senador García Romero, él nada tenga que ver con los trágicos hechos y esta grabación no se trate más que de macabras coincidencias. Será tarea de las autoridades esclarecerlo.
En contra de García Rodríguez la Fiscalía ratificó la orden de captura en su contra. Por la masacre de Macayepo, la Corte Suprema de Justicia condenó al ex congresista Álvaro García Romero a 40 años de prisión en sentencia del 23 de febrero último.
García es prófugo de la justicia.

La Conversación Que Salpica a García
El 3 de junio de 2006, Semana publicó una conversación entre el condenado ex senador Álvaro García y el ganadero Joaquín García, en el que se revelaron sospechosas coincidencias con las circunstancias que permitieron que los paramilitares cometieran la masacre de Macayepo.
La conversación telefónica que dura un poco más de dos minutos dio pistas a las autoridades sobre los nexos entre un senador, el hacendado y la masacre ocurrida el 16 de octubre de 2000 en el corregimiento de Macayepo.
En la conversación Joaquín García, quien es un conocido hacendado con fincas en la zona de Tolú Viejo, Sucre, dialoga con Alvaro García Romero sobre la necesidad de conseguir el apoyo del actual gobernador de Sucre (perteneciente al movimiento político de García) para mover tropas en unas fincas alrededor de las zonas de El Aguacate y Pajonalito, localidades vecinas de Macayepo, debido a una grave situación que no especifican de qué se trata.
Según explicó García Romero en su momento, el hacendado le pidió ayuda para recuperar su ganado robado. "Los ganaderos ya están cansados de darle plata a la guerrilla e incluso tres meses antes de Macayepo los subversivos dinamitaron fincas de la zona", dijo.
Las coincidencias de esta conversación extraña —y aparentemente cifrada— con la masacre comienzan con el hecho de que justamente por ese corregimiento de El Aguacate fue por donde ingresaron los paramilitares que cometieron la matanza en Macayepo. Además en la grabación, efectuada el 6 de octubre de 2000, el senador afirma que "…yo considero que esa decisión es una decisión que no es fácil tomarla hoy pero es fácil tomarla en 10 días…". Y 10 días después, el 16 de octubre de 2000, ocurrió la matanza. Cuando SEMANA le preguntó a García Romero sobre este aparte de la conversación afirmó que se trata de "simples coincidencias".
Otra casualidad que despertó sospechas de las autoridades que investigaron es el hecho de que los dos interlocutores comenten acerca de un "man verde" que resulta incómodo y que sería bueno cambiarlo por uno que "no joda" y se "haga el loco". Y precisamente el comandante de Policía del departamento, coronel Rodolfo Palomino, que había hecho operativos exitosos contra los paramilitares, fue trasladado de su cargo cinco semanas después de la conversación, el 16 de noviembre de 2000, según confirmó SEMANA con fuentes policiales y de prensa.

Sin embargo, en la sentencia contra García Romero la Corte Suprema considera que el ex senador había preparado el terreno a las Autodefensas para que cometieran el múltiple crimen.
Para la Corte, Álvaro García Romero participó desde 1997 en la conformación de las autodefensas en Sucre. Según el Alto Tribunal, el entonces senador asistió en ese año a un reunión en la finca Las Canarias, de propiedad de Miguel Nule Amín, en la que se decidió unificar los diferentes grupos de paramilitares y conformar el Bloque Héroes de los Montes de María.
A esa reunión asistieron, según el relato de la Corte, comandantes de las autodefensas, reconocidos integrantes de la dirigencia política local y acaudalados ganaderos del centro y norte del departamento.
Entre los que participaron estuvieron el ganadero Joaquín García Rodríguez, reconocido auspiciador de esta clase de organizaciones; Javier Piedrahíta, otro entendido en la materia; Salvatore Mancuso y el Senador Álvaro García Romero, en la cual, luego de finiquitados los temas de financiación y sostenimiento del nuevo grupo, Piedrahíta postuló para su comandancia a Rodrigo Mercado Peluffo, alias ‘Cadena’.
También da cuenta de que, entre 1997 y 1998, en el restaurante Carbón de Palo  de Sincelejo, se produjo otra reunión con la asistencia del ganadero Joaquín García, Salvador Arana Sus, Miguel Navarro y Ángel Daniel Villarreal Barragán, ex Alcalde y Alcalde en ejercicio del municipio de Sucre (Sucre), respectivamente, y varios jefes paramilitares de la región de La Mojana, entre ellos Éder Pedraza Peña, alias Ramón Mojana, escenario en el cual se acordó que el grupo de este último operaría en la jurisdicción territorial de los municipios sucreños de Guaranda, Majagual y Sucre, entre otros, que conforman las provincias de La Mojana y San Marcos, al sur del departamento. Según contó Jairo Castilla Peralta, alias ’Pitirri’, allí se acordó que el senador García Romero y Arana Sus, gestionarían la consecución de sesenta millones de pesos ($60.000.000) para dotar de armamento y demás aspectos logísticos al grupo.
Estas dos reuniones le dan a la Corte la justificación para plantear que hubo un pacto criminal entre paramilitares y varios sectores de la sociedad sucreña que contó con el apoyo en el Congreso de García Romero y el ex representante a la Cámara Erick Morris Taboada, también condenado.

10 de abril de 2010
9 de abril de 2010h
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atentan contra ex gobernador


Trino Luna. El parapolítico salió ileso de un atentado con granada contra su casa.
Colombia. El ex gobernador del Magdalena, condenado por parapolítica, salió ileso de un atentado contra su casa. Esta mañana, desconocidos lanzaron una granada que, según la policía, sólo causó daños materiales. Sin embargo las autoridades realizarán un consejo de seguridad para evaluar las situaciones del político, que ha recibido amenazas.
Trino Luna, que viene de una de las familias políticas tradicionales del Magdalena, fue detenido en marzo de 2007 y fue condenado a tres años y ocho meses por parapolítica, después de acogerse a sentencia anticipada.
Luna aceptó tener vínculos con Rodrigo Tovar Pupo, alias ‘Jorge 40’ y Hernán Giraldo Serna, ex jefes paramilitares en Magdalena, que amenazaron a los otros candidatos a la gobernación del Magdalena en las elecciones de 2003, cuando Luna, del Partido Liberal, sacó 237 mil votos, el 81 por ciento del total, siendo el único candidato a la contienda.
La sentencia señaló que "es claro que el señor Trino Luna, en ejercicio de la política, de forma libre y consciente, solo al afán del poder político regional, se incorporó a grupos de paramilitares, que bajo el mando de Rodrigo Tovar Pupo, alias ‘Jorge 40’y Hernán Giraldo, ejerciendo fuerza militar, hicieron que fuera elegido gobernador del Departamento del Magdalena, con lo cual se evidencia que incurrió en concierto para delinquir".

5 de abril de 2010
30 de marzo de 2010
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ordenan detención de parapolíticos


Medida de detención contra 23 parapolíticos del Urabá.
Colombia. Medida de aseguramiento, detención preventiva sin beneficio de excarcelación, les fue impuesta a 23 personas por el fiscal antiterrorismo que las investiga por sus presuntos nexos con el Bloque Elmer Cárdenas de las autodefensas.
De acuerdo con la decisión adoptada por el fiscal instructor, los procesados incurrieron supuestamente en el delito de concierto para delinquir agravado.
Según lo establecido en la investigación, Fredy Rendón Herrera, alias ‘el Alemán’, ex cabecilla del mencionado bloque, diseñó un plan para controlar políticamente al Urabá antioqueño, lo que implicó hacer presencia en juntas veredales, alcaldías, concejos municipales; y alcanzar curules en la Asamblea de Antioquia y en la Cámara de Representantes.
La influencia de ese grupo armado ilegal se hizo evidente en las elecciones de 2000, 2003 y 2006, principalmente. Los afectados con la medida de aseguramiento son, entre otros: Gustavo Germán Guerra Guerra, alcalde de Arboletes; Alberto José Jiménez Martínez, aspirante en 2006 a la Cámara de Representantes; Benjamín Eduardo Díaz Rodríguez, ex alcalde de Necoclí; Guillermo Ceren Villorina, notario único del Círculo de Turbo; William Saleme Petro, ex diputado a la Asamblea; Carlos Nascar Pájaro Torres, ex alcalde de San Juan de Urabá; Gladis Elena Bedoya Ramírez, funcionaria de la Alcaldía de Apartadó; y Jairo Alberto Banquet Páez, ex concejal de Turbo.

5 de abril de 2010
31 de marzo de 2010
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córdoba después de los paras


En los últimos cuatros años, luego de la desmovilización de los paramilitares, los homicidios, extorsiones, amenazas y hurtos contra la población, el comercio y las residencias se dispararon. Bandas criminales, guerrilla y narcotráfico buscan heredar el territorio y los negocios que dejaron las Auc.
Colombia. Contrario a lo que se esperaba con la desmovilización de las Autodefensas, la violencia en Córdoba- cuna de los paramilitares- ha vuelto a resurgir.
Las dos últimas masacres en Montelíbano y Puerto Libertador, que en un solo fin de semana dejaron 16 muertos, no son hechos aislados, sino la evidencia de que en Córdoba los paramilitares, guerrillas, bandas criminales y narcotráfico siguen vigentes en la región. La disputa por el control de negocios lícitos e ilícitos amenazan con superar la época de terror de las desmovilizadas Autodefensas Unidas de Colombia.
Es así como en Córdoba el desplazamiento, el reclutamiento, el robo de tierras a campesinos y las extorsiones continúan. Aunque acciones como los secuestros, el abigeato (robo de ganado) y los actos de terrorismo han disminuido, la violencia y la pobreza son los principales retos que enfrenta el departamento para su desarrollo.
Estas son algunas de las conclusiones de un informe de la Universidad del Sinú y su Centro de Estudios Sociales y Políticos, actualizado a finales de febrero de este año, en el que identifican las amenazas a la seguridad y orden público de Córdoba tras la desmovilización de los ’paras’. El 18 de enero de 2005, 925 paramilitares del Bloque Sinú-San Jorge que delinquieron en este departamento, dejaron las armas en Santa Fe de Ralito, Tierralta.
Este bloque tuvo presencia territorial en gran parte del departamento de Córdoba. Se extendía en los municipios que cubren el sur de este departamento y particularmente en Montelíbano, Puerto Libertador, Tierralta y Valencia, hasta los límites con el Urabá antioqueño, pero disponía  adicionalmente de un grupo urbano que actuaba en Montería y Cereté.
El Bloque Sinú-San Jorge surge de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá. Este grupo paramilitar dependía en última instancia de los principales mandos políticos y militares de las Auc: Salvatore Mancuso, Vicente Castaño, Carlos Castaño. Su comandante directo en el momento de la desmovilización fue Jairo Andrés Angarita, alias ’Andrés’, el segundo después de Salvatore Mancuso.
Los reductos no desmovilizados se reagruparon rápidamente y mediante acuerdos, amenazas, negociaciones y reclutamientos  conformaron dos grandes grupos antagónicos (Los Paisas-Los Rastrojos y Aguilas Negras-Autodefensas Gaitanistas) ya con áreas controladas y en disputa.
Según la Policía, en Colombia existen seis bandas criminales producto del crecimiento, reestructuración, fusión y reclutamiento de las 16 que emergieron después de la desmovilización. Son conocidas con los nombres de Los Urabeños, Los Paisas, Los Machos, Renacer, Ejército Revolucionario Popular Anticomunista (Erpac) y Los Rastrojos con 3.700 hombres que manejan 1.170 redes pequeñas dedicadas a cometer delitos diversos con presencia en 159 municipios de 18 departamentos.
De acuerdo con investigaciones de la organización no gubernamental Corporación Nuevo Arco Iris los nuevos grupos armados ilegales o neoparamilitares se encuentran en 300 municipios con 11.000 efectivos aproximadamente. Por su parte la Fundación Ideas para la Paz, que también hizo una investigación sobre estas organizaciones, advierte que por acción de estos grupos el país "no está exento de la emergencia y consolidación de una tercera generación de paramilitares".
El informe considera que subvalorarlos sería peligroso porque "tienen potencial para dar el salto hacia la búsqueda del reconocimiento político". Human Rights Watch en su reciente estudio "Herederos de los paramilitares: la nueva cara de la violencia en Colombia",2010, asegura que el surgimiento de estas estructuras, con más de 4.000 miembros en 24 de los 32 departamentos, citando fuentes oficiales,  "coincidió con el incremento del desplazamiento, los despojos de tierras, las amenazas contra sindicalistas y otros hechos violentos en el país" y el Gobierno "no ha tomado medidas efectivas para identificar, investigar y sancionar a los funcionarios del Estado que tolerarían a los grupos sucesores".
Esta situación ha provocado que desde 2006, según el informe, el número de homicidios se haya disparado incluso por encima del promedio nacional, 512 homicidios en 2008 y 532 en 2009, es decir, una tasa de homicidios de 34 por ciento por cada 100 mil habitantes, mientras que a nivel nacional es de 32 e internacional es de 10.
Según el reporte Montelíbano, Puerto Libertador, Tierralta y Valencia, municipios del sur de Córdoba, continúan teniendo el mayor número de asesinatos y presencia armada de grupos ilegales, pero el problema se ha extendido ahora a casi todo el departamento en poblaciones como San Antero, Lorica, San Pelayo, Puerto Escondido, San Bernardo del Viento, Buena vista, Planeta Rica y Pueblo Nuevo.
Aunque las causas de estos homicidios son diversas, muchos de ellos están asociados al enfrentamiento entre grupos armados ilegales.
Un dato preocupante es que desde 2005, 160 desmovilizados han sido asesinados, también han sido víctimas periodistas, concejales, ex alcaldes, defensores de víctimas e indígenas Embera Katios y Zenúes.
Aunque las acciones de estos grupos armados no tienen una característica, se han conocido casos en los que estos grupos amenazan constantemente a la población para que los apoyen con recursos, información, en el traslado y el cuidado de armas y drogas, utilizando a campesinos para cruzar zonas minadas, y adquiriendo tierras "a través de amenazas y extorsiones".
Por ejemplo, habitantes de La Doctrina en el municipio de Lorica hablan de un toque de queda "no declarado" impuesto por estas bandas criminales. Además se ha conocido que en el Alto Sinú hombres armados restringieron el acceso de concejales a varias zonas durante la pasadas elecciones parlamentarias. 
El Gobierno ha hecho varios consejos de seguridad en la región en los que se implementaron medidas como más hombres del Ejército y la Policía y del personal de inteligencia para combatir los grupos armados así como la creación de un centro de coordinación integral y fiscalías especializadas para investigar hechos relacionados con bandas criminales. Además se han establecido restricciones al tránsito.
Sin embargo, estas medidas  han sido ineficaces pues la violencia continúa en ascenso y el estudio plantea que, más que un aumento de la fuerza pública y las medidas policiales, lo que necesita Córdoba es una política social que acabe con las raíces de la violencia.
"Existe una enorme preocupación por el conflicto armado, el narcotráfico, la pobreza y la inseguridad ciudadana. Es un hecho sabido que la fuerza pública es necesaria pero insuficiente. En Córdoba tenemos estos cuatro factores operando pero no contamos con una estrategia social integral. Todos los análisis que se hacen indican que la situación persistirá o agravará si no tomamos medidas rápidas y efectivas. En consecuencia, propongo conformar un grupo interdisciplinario que elabore y presente un plan de actividades que nos permita buscar salidas a esta compleja y grave situación", concluye el informe.

Córdoba en Cifras
De acuerdo con informes de Policía Nacional, los delitos más frecuentes en Córdoba entre 2002 y 2009 son homicidios comunes (2483 casos) principalmente en Montería, Tierralta, Montelibano y Puerto Libertador; secuestros (37 casos), extorsión (77 casos) y hurtos a personas, comercio, motocicletas y residencias, perpetrados tanto por grupos armados como por delincuencia común y organizada.
Según cifras de Acción Social, hasta septiembre de 2009, el departamento había recibido a 125 mil desplazados por la violencia mientras que había expulsado a 122 mil personas (desde municipios como Tierralta, Puerto Libertador, Montelíbano, Valencia y Montería).
Frente a las desmovilizaciones, los Centros de Servicios en Montería y Tierralta registraron hasta 2009 3.783 desmovilizados pertenecientes a diversos grupos armados. El número de casos de víctimas de la violencia que solicitaron reparación individual por vía administrativa en Córdoba entre 2008 y 2009 fue de 4.342 personas.
Las autoridades erradicaron por aspersión más de 14 mil hectáreas de cultivos de uso ilícito y más de 5 mil por erradicación manual en municipios como Puerto Libertador, Tierralta, Montelíbano y Valencia. Fuentes del Ejército reportaron que al finalizar el 2009 quedaban algo más de 11 mil hectáreas con cultivos de coca, específicamente, en el Parque Nacional Paramillo.
Otras amenazas y panfletos de grupos armados se han dirigido a  indigentes, drogadictos, homosexuales, prostitutas y delincuentes en municipios como Chinú, Planeta Rica, Sahagún, y algunas partes de Montería. De 2008 a 2009, el aumento de casos relacionados con panfletos amenazantes subió de 16 a 82 casos.
Según el Informe Nacional de Competitividad 2009-2010, elaborado por el Consejo Privado de Competitividad con datos de 2006 y 2008, Montería ocupa el último puesto entre 15 capitales de Colombia estudiadas. Dentro de las debilidades del departamento se encuentra su baja tasa de alfabetismo (84.1%), baja cobertura en el sistema de seguridad social en salud (60%), alta tasa de mortalidad en menores de un año, pobreza en un 44.5%, mínima inversión en innovación y desarrollo tecnológico, baja cobertura de servicios públicos domiciliarios, aunque con alta productividad laboral.
"Hay una larga lista de debilidades presentes en todas las ciudades: pobreza, inequidad, desempleo, informalidad, cobertura y calidad de la educación superior, transporte, inseguridad, impuestos e ingresos que no alcanzan", reveló el informe.

5 de abril de 2010
29 de marzo de 2010
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por asesinatos condenan a tolemaida


Condenan a ’Tolemaida’ por asesinar a dos sindicalistas de la Drummond. Un Juzgado Especializado de Bogotá, Descongestión-OIT, condenó a 30 años y cuatro meses de prisión a alias ‘Tolemaida’, por el homicidio de Valmore Locarno y Víctor Hugo Orcasita, sindicalistas de la multinacional Drummond.
Colombia. Alias ’Tolemaida’ era el jefe del Frente Jhon Jairo López del Bloque Norte que delinquía en Cesar donde cometieron el doble crimen, y cuya responsabilidad aceptó durante la audiencia preparatoria de juicio. El fiscal de Derechos Humanos y DIH a cargo del caso acusó a Ospino Pacheco junto con Rodrigo Tovar Pupo alias ’Jorge 40’, ex cabecilla del ’Bloque Norte’ de las autodefensas, en enero de 2009.
Los hechos que se investigan ocurrieron el 12 de marzo de 2001, cuando el bus en el que viajaban Locarno Rodríguez y Orcasita Amaya, presidente y vicepresidente de Sintramienergética, respectivamente, fue interceptado por hombres de las autodefensas a la altura de la vereda Casa de Zinc, municipio de Bosconia (Cesar). Los paramilitares luego de identificar a los sindicalistas asesinaron en el sitio a Locarno, y se llevaron en una camioneta a Orcasita, cuyo cadáver fue hallado horas después a un costado de la vía que comunica a Bosconia con Valledupar.
En una sentencia contra el paramilitar Jairo de Jesús Charris Castro conocido con el alias de ’El Viejo Miguel’ o ’Miguel’, condenado por el asesinato del presidente y vicepresidente de Sintramiernegética Valmore Locarno Rodríguez y Víctor Hugo Orcasita Amaya, un juez especializado de Bogotá pidió a la Fiscalía que investige a los directivos de la empresa Drummond, Gary Drummond(presidente de la multinacional), Jean Atkins, Augusto Jiménez (presidente en Colombia), Alfredo Araújo (gerente de relaciones con la comunidad) y el coronel Luis Carlos Rodríguez (jefe de seguridad) por su presunta participación en el crimen.
Alias ‘Tolemaida’, fue capturado en diciembre de 2009 en el estado Táchira (Venezuela) y deportado a Colombia, actualmente está preso en la cárcel La Picota de Bogotá y en abril se espera que comience versiones libres ante Justicia y Paz.
El caso por el asesinato de Orcasita y Locarno está ahora en una Corte de Alabama, Estados Unidos, donde se investiga la participación de altos directivos de la multinacional carbonera en el homicidio.
Este paramilitar se unió al Bloque Norte y llegó a ser muy cercano de alias ’Jorge 40’. Las autoridades calculan que tuvo a su mando a 400 hombres responsables de unos 300 asesinatos en La Jagua de Ibírico desde 2000. Se desempeño como comandante del frente Jhon Jairo López del Bloque Norte.
También se le acusa de ser culpable de masacres, asesinatos selectivos, desplazamiento y desapariciones forzadas mientras estuvo al frente de un grupo del Bloque Norte de las Auc.
‘Tolemaida’ también está implicado con el homicidio de Marilys Hinojosa jueza promiscua de Becerril, Cesar. El crimen fue cometido el 27 de enero de 2003, cuando varios hombres que se movilizaban en una camioneta interceptaron a la funcionaria en la vía entre Codazzi y Becerril, y luego la mataron.
En una versión libre Alcides Mattos Tabares, alias ‘Samario’, dijo que la jueza Marilys Hinojosa se había reunido en dos oportunidades con Óscar José Ospino Pacheco, alias ‘Tolemaida’, cabecilla del frente ’Jhon Jairo López’ del Bloque Norte, y con un capitán del Ejército adscrito al Batallón Guajiros, con el objetivo de entregarles información judicial en contra de las autodefensas.
De acuerdo con el postulado, el grupo ilegal también se enteró que presuntamente la jueza estaba colaborando con la guerrilla, mediante la supuesta entrega de los movimientos de las tropas del Ejército Nacional y las autodefensas. Así mismo, aseguró, que la víctima era familiar de la compañera sentimental de Juvenal Ovidio Palmera Pineda, alias ‘Simón Trinidad’.

Cómo Fue el Crimen
Según lo establecido en el expediente del juicio contra Jairo de Jesús Charris Castro alias ’El Viejo Miguel’, el asesinato fue comandado por alias ’Adinael’ jefe urbano del Frente Juan Andrés Álvarez, y también participaron los paramilitares ’Cebolla’, ’Piter’, ’Sixto Arturo Fuentes’, ’Gordo Peye’, ’Brandon’ y ’El Viejo Miguel’.
Algunos de los testigos, que pertenecieron a las Auc, revelaron además que para cometer el crimen contaron con la colaboración del jefe de seguridad de la Drummond, el coronel Luis Carlos Rodríguez, quien el día del asesinato llamó a ’El Viejo Miguel’ para informarle que los buses en los que se desplazaban los dos sindicalistas ya habían salido, con la intención de que éste le avisara a los paramilitares. ’Miguel’ le respondió al coronel que tratara el tema con Blanco, y luego le contó a ’Tolemaida’ de la llamada de Rodríguez. De estos hechos, el juez concluyó que "si hubo comunicación desde el interior de la empresa para avisar a los homicidas el momento en que salían los buses".
Los paramilitares al mando de ’Adinael’ interceptaron en dos vehículos al bus que iba a Valledupar en el sitio conocido como Casa de Zinc, y bajaron a todos sus pasajeros, incluídos los dos sindicalistas. Allí ordenaron que Valmore Locarno Rodríguez les entregara el arma con la que se protegía y le dispararon asesinándolo en el acto. Después le pidieron la cédula a todos los trabajadores. A uno de ellos " lo llevaron hasta la camioneta, en la cual se transportaban, y desde el interior de ésta hay una persona que no baja el vidrio del vehículo e indica que no es al que están buscando, por lo que lo dejaron ir", según dice el fallo del juez.
Los ’paras’ entonces escogieron a Orcasita, quién también iba en el bus, y se lo llevaron. Después de la media noche lo asesinaron en el corregimiento de Loma Colorada, en el Cesar, en donde fue encontrado torturado.
Para el juez la causa de la muerte violenta del presidente y vicepresidente del sindicato de la Drummond, se encuentra "inescindiblemente ligado a la lucha sindical" y por eso abre un nuevo capítulo que se creía cerrado en el proceso por los vínculos entre la multinacional y los paramilitares en el Cesar.
Según informó El Espectador en desarrollo de esta investigación agentes del CTI capturaron en los últimos días en Bosa, suroccidente de la capital, a José Aristides Peinado, alias ’Peinado’, a quien el fiscal instructor afectó con medida de aseguramiento intramural, como presunto responsable del delito de homicidio agravado. Este procesado fue recluido en la cárcel de máxima seguridad de Cómbita (Boyacá).
Por este crimen también fue condenado a nueve años de cárcel al ex paramilitar Alcides Manuel Mattos Tabares, alias ’Samario’.
La condena fue proferida por el Juzgado 11 Penal del Circuito Especializado de Bogotá, que avaló la diligencia de sentencia anticipada cumplida por Mattos Tabares ante un fiscal de la Unidad de Derechos Humanos.

El Caso contra la Drummond en los Estados Unidos
Hasta ahora los directivos de la Drummond habían salido exonerados de cualquier responsabilidad con el asesinato de los sindicalistas de su empresa en Colombia. En 2002 los familiares de Valmore Locarno, Victor Orcasita y Gustavo Soler, líderes del sindicato de la Drummond asesinados en 2001, demandaron a la Drummond en una Corte Federal en Estados Unidos. Los demandantes argumentaron que la Drummond contrató paramilitares para que asesinaran y torturaran a los tres sindicalistas.
En noviembre de 2007 una Corte de Alabama, Estados Unidos, falló en primera instancia que la Drummond y su presidente en Colombia, Augusto Jiménez, no eran culpables por el asesinato de los tres sindicalistas.
El 11 de diciembre de 2007 los demandantes apelaron la decisión de la Corte. En diciembre de 2008 la Corte de Apelación No 11 de Atlanta mantuvo el veredicto.
En marzo de 2009 los familiares de los sindicalistas volvieron demandar la Drummond. Esta vez un testigo clave que estuvo en prisión durante el juicio fue liberado y testificará en el juicio.
En mayo de 2009 los abogados Conrad & Scherer LLP y Ivey Law Firm emprendieron un pleito federal contra la Drummond por la responsabilidad de la compañía en el homicidio de 67 colombianos. Según los abogados la Drummond habría "dejado a las Auc tener una base militar en los terrenos de la empresa y suministrado combustible, electricidad y comida a los paramilitares". La demanda también cita una reunión entre dirigentes de la Drummond y líderes de la Auc en noviembre de 2001 donde se habrían planeado los asesinatos de los sindicalistas.
Las acusaciones son contra Drummond Company, Inc., Augusto Jiménez, presidente de Drummond Colombia, Alfredo Araujo, director de relaciones comunitarias de la empresa y James Atkins, director de seguridad de Drummond Colombia.

4 de abril de 2010
31 de marzo de 2010
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piden enjuiciar a representantes


Procuraduría pide llamar a juicio a Odín Sánchez y Édgar Torres. El Ministerio Público consideró que la Corte Suprema debe acusar a los ex representantes Odín Sánchez y Édgar Eulises Torres, por sus presuntos vínculos con el Bloque Élmer Cárdenas de las Auc.
Colombia. El Procurador Segundo Delegado para la Investigación y el Juzgamiento Penal, Jesús Villabona, presentó un concepto ante la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, en el que indica que en este proceso "se reúnen los requisitos sustanciales para calificar la investigación con pliego de cargos".
La Procuraduría considera que las pruebas recaudadas durante la investigación, demuestran que los ex representantes por el Chocó realizaron un acuerdo con los paramilitares del Bloque Élmer Cárdenas, para que respaldaran sus aspiraciones electorales.
Por esta razón, el Ministerio Público solicitó que se llame a juicio a los ex congresistas como "presuntos autores responsables del delito de concierto para delinquir agravado, en la modalidad de promover grupos al margen de la ley".

Los Casos de Torres y Sánchez
A mediados de abril de 2009, la Corte Suprema abrió investigación preliminar contra los ex representantes a la Cámara Édgar Ulises Torres y Odín Sánchez, por sus vínculos con el Bloque Élmer Cárdenas.
Cuatro meses después, el 31 de agosto, Édgar Eulises Torres fue capturado y Odín Sánchez se entregó a las autoridades, luego de que la Corte dicta orden de captura.
Durante una versión libre ante la Unidad de Justicia y Paz de la Fiscalía, el ex jefe paramilitar Freddy Rendón Herrera, alias ’El Alemán’, dio un listado de 23 políticos que supuestamente tuvieron alianzas con los ’paras’, entre los que mencionó a Édgar Eulises Torres.
Posteriormente, el ex jefe del Élmer Cárdenas sostuvo esta versión ante magistrados auxiliares de a Corte, señalando que Torres y Odín Sánchez hicieron parte de su proyecto político en Chocó.
‘El Alemán’ le explicó a la Corte que sí se hicieron alianzas y pactos con varios de los políticos del Chocó para llegar a diferentes cargos públicos, como el Congreso, alcaldías o la Gobernación. El ex jefe paramilitar aseguró que sostuvo numerosas reuniones con políticos de la región que consideraba "amigos de la causa".
Agregó que le hizo un préstamo de 400 millones de pesos a Édgar Ulises Torres, que el congresista le prometió pagarle con los contratos que se ganaría una vez elegido.

5 de abril de 2010
29 de marzo de 2010
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victoria con un precio


Victoria de negros colombianos tiene un precio. Líder comunitario se protege las espaldas después de una batalla jurídica que desterró a una flotilla de rastras para dragar oro ilegales en el pueblo de Paimado.
/Chris Kraul] Paimado, Colombia. Cuando algo suena en la noche, Benedesmo Palacios no solo se sobresalta, sino además coge su revólver.
¿Quién podría reprochárselo? El padre afro-colombiano de ocho hijos dirigió los exitosos esfuerzos de su comunidad en la ribera del río para expulsar a una flotilla de embarcaciones contaminantes que drenaban el río a la búsqueda de oro, y ahora teme ser un hombre marcado.
"Tengo los nervios de punta. Tengo miedo de que me estén siguiendo y no confío en nadie", dijo Palacios, que es presidente del concejo comunitario de Paimado. "He oído que tienen a dos asesinos a sueldo para matarme. Pero eso está en manos de Dios".
Tres años de apelaciones al gobierno para que prohibiera los drenajes ilegales en ese tramo del río Quito frente a esta aislada comunidad en el noroeste de Colombia finalmente dieron fruto en mayo pasado, cuando la policía se dejó caer repentinamente y requisó la flotilla de dieciséis procesadores de mineral.
Las incautaciones fueron un día de fiesta en la lucha de las comunidades afro-colombianas de la región para reclamar los derechos territoriales que les fueron garantizados a principio de los años noventa y que están finalmente ejerciendo, en parte gracias a los programas de capacitación jurídica financiados por organizaciones de ayuda internacionales.
Para la mayoría de los negros pobres en Paimado, la expulsión fue una fecha histórica, liberando al pueblo de maquinarias que dejaban cicatrices en el ambiente y desviaban el curso de un río que se había formando en el curso de varios siglos.
Pero otros dicen que la minería es el único estímulo económico asequible al estado desesperantemente pobre de Choco y que los drenajes deben continuar. Varios dueños de maquinarias requisadas han iniciado acciones legales en un intento por reanudar este mes las operaciones.
Las embarcaciones en forma de caja succionan toneladas de mineral al día, chupando el lecho y riberas del río. En Paimado fueron la causa del derrumbe de siete casas y de importantes pérdidas de cosechas, dijo José Romana, oficinista del ayuntamiento de Río Quito, al que pertenece Paimado. Teme que los derrames del mercurio utilizado en el refinamiento y la obstrucción de los comederos hayan terminado con las zonas de pesca.
"Los drenajes no nos aportaron nada, solamente erosión, grupos armados, prostitución y discordia en la comunidad", dijo Luis Carlos Romana, 27, mientras repartía hielo en el sofocante pueblo de dos mil habitantes.
Pero el dueño de las rastras requisadas dijo que las embarcaciones extraían cada una hasta trescientos cuarenta gramos al día, generando seis mil dólares de ganancias -gran parte de las cuales circulaban en la economía local.
Rechazó las acusaciones de ilegalidad diciendo que las rastras son "informales", una clasificación usada comúnmente en América Latina para describir empresas que, aunque no están realmente permitidas, son toleradas por las autoridades.
El hombre, que se negó a dar su nombre para no alertar a las autoridades, dijo que los funcionarios locales no titubean a la hora de controlar las ventas de oro y recaudar el impuesto del cuatro por ciento.
"La extracción ilegal puede ser algo oscuro o escondido", dijo el dueño. "Nosotros operamos a plena luz del día, con cielo abierto".
Pero juristas de la comunidad afro-colombiana no están de acuerdo.
"Las rastras operan sin licencias, no son controladas por nadie y son ilegales", dijo el abogado Carlos Rivas, un nativo de Choco que trabaja en Bogotá, la capital colombiana.
La Constitución de 1991 y una ley subsecuente ahuecaron la condición semi-soberana de las ciento veinte comunidades negras en el Choco. Pero esos derechos, incluyendo la autonomía sobre ochocientas mil hectáreas, no están garantizados, dijo el abogado Richard Moreno. Moreno es asesor jurídico de Cocomacia, el concejo que representa a las ciento veinte comunidades.
"Ha sido un proceso de evolución retrasado por la ignorancia de las leyes", declaró un funcionario de la Fundación Panamericana para el Desarrollo, una rama de la Organización de Estados Americanos que ha proporcionado ayuda jurídica y económica en el Choco desde 2006.
"Pero estamos viendo pequeños signos de progreso en el reconocimiento de las autoridades del derecho de estas comunidades al control territorial que deben ejercer los afro-colombianos mismos", dijo el funcionario, que pidió reserva de su identidad por razones de seguridad.
En los últimos tres años, a medida que el precio del oro se empinaba por las nubes, aparecieron rastras en muchas partes del Choco, donde los ríos son el principal medio de transporte. Las rastras se construyen ilegalmente en la capital del estado, Quibdo, bajo las narices de las autoridades locales que son pagadas para que hagan la vista gorda, dicen funcionarios de la organización de ayuda.
Interrogado sobre si podría proporcionar los nombres de los funcionarios o políticos que respaldan la minería por dragado por ser beneficiosas para el Choco, el dueño anónimo dijo: "Sí, pero están los dos en la cárcel" por nexos con grupos paramilitares.
Aunque negó todo conocimiento de las amenazas contra Palacios, dijo que el requisamiento de las rastras ha convertido a Palacios y otros líderes comunitarios en poderosos enemigos.
"Aquí, en la política, los que están contra la minería están contra el progreso", dijo el Padre Ulrich Kollwitz, sacerdote de la diócesis de Quibdo.
Palacios es acompañado por un guardaespaldas de la policía cuando viaja a Quibdo. "La semana pasada había un tipo filmándome y tuve que sacar mi pistola para que dejara de hacerlo", dijo.
Pero no tiene ninguna intención de abandonar su lucha, la que interpreta como una lucha entre los intereses económicos y la justicia y el medio ambiente. Dijo que ha rechazado sobornos de dos mil quinientos dólares por rastra.
"El dinero no es importante", dijo Palacios. "La verdadera pregunta es qué vamos a dejar a nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos".

3 de abril de 2010
19 de enero de 2010
©los angeles times
©traducción mQh
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comisión de la verdad para colombia


Corte apenas "ha arañado" verdad sobre paramilitares.
Bogotá, Colombia. La Corte Suprema apenas "ha arañado" la verdad en torno a lazos del paramilitarismo con la sociedad colombiana y de allí que mantenga su propuesta de crear una Comisión de la Verdad, indicó el magistrado Jaime Arrubla, presidente del máximo tribunal en una entrevista divulgada el domingo en el diario El Espectador.
"A la Corte le ha tocado develar, por su competencia (en juzgar a políticos)...ese tipo de relaciones (con el paramilitarismo). Pero es importante caer en la cuenta que no sólo los políticos se involucraron con los paramilitares. Pudo haber comerciantes, empresarios, ganaderos y muchos otros que compartían ese designio criminal", dijo el magistrado al diario.
Por investigar "falta mucho. La Corte apenas ha arañado la verdad. Por eso, esta corporación propuso una Comisión de la Verdad. Hacia allá hay que encaminarse para entender la dimensión del desastre criminal que se cometió en Colombia", agregó.
Al menos 10 legisladores han sido condenados a prisión en los últimos cuatro años por nexos con los paramilitares, según informes de la Corte Suprema. Decenas más están en prisión a la espera de que la Corte se pronuncie sobre sus casos.
En total, más de 80 congresistas y ex congresistas, cerca de un tercio de los 268 integrantes del Senado y la Cámara de Representantes, han pasado por los estrados judiciales por esos presuntos nexos con bandas del paramilitarismo, acusadas aquí del asesinato de miles de personas desde fines de los años 80.
Arrubla no dio detalles sobre esa comisión de la verdad, una iniciativa surgida entre los mismos magistrados del alto tribunal asegurando que en el caso del paramilitarismo había que avanzar más allá de lo meramente penal y establecer claramente lo ocurrido con las víctimas.

29 de marzo de 2010
©el nuevo herald 
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